Sentencia 1992-06913/24769 de julio 8 de 2016.

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Expediente: 24769

Radicación: 08001233100019920691301

Actor: María Beatriz Ardila Tapias y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional e Instituto Nacional de Transporte INTRA

Acción: Reparación Directa

Bogotá D.C., ocho de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones de la Sala.

1. Presupuestos procesales de la acción

1.1. Jurisdicción y competencia

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de las demandadas(6).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de su cuantía, en consideración a que el monto de la pretensión mayor(7)supera la cuantía exigida en el año 1992(8), época de radicación de las demandas, para que el asunto tuviera vocación de doble instancia.

1.2. Acción procedente

El Código Contencioso Administrativo prevé diferentes mecanismos procesales a los que pueden acudir los administrados, con el fin de llevar ante los jueces los conflictos que se suscitan entre ellos y la administración pública.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa.

Por ende, como en el presente caso se pretende obtener la reparación de un daño presuntamente causado por una omisión de la administración, es la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 ibídem la idónea reclamar la indemnización de perjuicios derivados de esta.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis 

1.3.1. Parte activa

El legítimo interés de quienes acuden como actores en cada uno de los procesos, deviene de la condición de víctimas directas, por resultar lesionados en los hechos, así como del parentesco de los familiares de los heridos y fallecidos, los que quedaron demostrados según se relaciona a continuación, por núcleos familiares(9):

VíctimaDemandantesparentescoprueba
José Dolores Piña   
RCD (fl. 6, cdno. ppal)Maritza Helena Piña ArdilaHijaRCN, fl. 3, c. ppal
    
Harold Antonio FigueroaHarold Antonio FigueroaLesionadoLesionado
Eduardo Molano HernándezFlor de María Forero SáenzCónyugeRCM, fl. 7, c.ppal
(Defunción acreditada del 15 de junio de 1990Nelson Molano ForeroHijoRCN, fl. 12, c.ppal
Registro civil de defunción fl. 8, cdno. ppal)Edgar Adolfo Molano ForeroHijoRCN, fl. 13, c. ppal
 Jairo Alberto Molano ForeroHijoRCN, fl. 14, c. ppal
 Freddy Molano ForeroHijoRCN, fl. 15, c. ppal
 Henry Molano ForeroHijoRCN, fl. 16. c. ppal
 Martha Yolanda Molano ForeroHijaRCN, fl. 17, c.ppal
 Sonia Rocío Molano ForeroHijaRCN, fl. 18, c. ppal
 Germán Darío Molano ForeroHijoRCN, fl. 20, c. ppal
 Luz Amparo Molano ForeroHijoRCN, fl. 21, c. ppal
 Oscar Mauricio Molano ForeroHijoRCN, fl. 22 c. ppal
 Uriel Eduardo Molano ForeroHijoRCN, fl. 19, c. ppal
Edgardo Barrios Páez
Registro civil de defunción (fl. 30, cdno. ppal 8)
Berenice Páez FlórezMadreRCN víctima fl. 8
 Edgardo Barrios HernándezPadreRCN víctima fl. 8
 Astrid de los Ángeles Barrios PáezHermanaRCN, fl. 9, c. ppal
 Dinora del Rosario BarriosHermanaRCN, fl. 11, c.ppal
 Arnold Barrios PáezHermanoRCN, fl. 10, c. ppal
 Gustavo Adolfo Pianeta AriasCuñado
Test. 174, c. 7 RCM 9, c. 8
Petrona Díaz González Ana de Jesús Blanco DíazHijaRCN, fl. 26, c. ppal
Defunción acreditada folio 28, cdno. ppalLeandra Blanco DíazHijaRCN, fl. 27, c. ppal
ocurrida el 16 de junio de 1990)Aurora Blanco DíazHijaRCN, fl. 28, c. ppal
 José Blanco DíazHijoRCN, fl. 29, c. ppal
 Juan Blanco CastilloCompañeroDamnificado (padre de los hijos)
José María Pacheco Fernández (RCD, fl. 32, cdno. ppal)Juana Isabel Fernández de PachecoMadreRCN víctima fl. 35
Carmen Martínez BermúdezCarlos Alberto Pérez JiménezCompañero Testimonio fl. 249, c. 10
(Defunción acreditada folio 37, cppalJuana Rosa Pérez MartínezHijaRCN, fl. 38, c. ppal
ocurrida el 16 de junio de 1990)Juan Gabriel Pérez MartínezHijaRCN, fl. 39, c. ppal
 Erick Pérez MartínezHijoRCN, fl. 40, c. ppal
 Erika Pérez Martínez HijaRCN, fl. 41, c. ppal
Carmen Martínez BermúdezRosana Martínez MartínezHijaRCN, fl. 46, c. ppal
 Franklin Villareal MartínezHijoRCN, fl. 12, c. 10
 Amelia Sofía Bermúdez MadreRCN víctima fl. 50
Jhon Jairo Vanegas MartínezJhon Jairo Vanegas MartínezLesionadoLesionado
 Jairo Manuel Vanegas DíazPadre RCN víctima fl. 55, c. 8
Carlos Martínez MartínezCarmen Martínez BermúdezMamáRCN víctima, fl. 58
 María Bernarda Fuentes GalarzaMadre del hijoRCN hijo común fl. 59
 Carlos Martínez RealesPadreRCN víctima, fl. 58
Delcy Jiménez PadillaDelcy Jiménez PadillaVíctimaLesionada
lesionada fl. 75, c. ppalCandelaria Padilla TabordaMadreRCN víctima fl. 70
 Eliécer Jiménez PadillaHermanoRCN fl. 71, c. ppal
 Maritza del Carmen Jiménez PadillaHermanaRCN fl. 72, cdno. ppal
 Neyla Isabel Jiménez PadillaHermanaRCN fl. 73, cdno. ppal
María del Carmen Vásquez María del Carmen VásquezVíctimaLesionada
Lesionada Fl. 91 ,cdno. ppal.Rafael Ignacio Vásquez ContrerasPadreRCN víctima fl. 84
 María Esperanza González OspinoMadreRCN víctima fl. 84
 Rafael Ignacio Vásquez GonzálezHermanoRCN fl. 85, cdno. ppal
 Manuel Alberto Vásquez GonzálezHermanoRCN fl. 86, cdno. ppal
 Jorge Enrique Vásquez GonzálezHermanoRCN fl. 87, cdno. ppal
 Elvia Lucila Vásquez GonzálezHermanaRCN fl. 88, cdno. ppal
 Luís Fernando Vásquez GonzálezHermanoRCN fl. 89, cdno. ppal
 Luz Marina Vásquez GonzálezHermanaRCN fl. 90, c. ppal
José de los Santos Blanco DíazJosé de los Santos Blanco Díaz VíctimaLesionado
 Aída Luque MárquezCónyugeMadre de los hijos
 José Luís Blanco LuqueHijoRCN fl. 98, cdno. ppal
 Cruz de Lina Blanco LuqueHijaRCN fl. 99, cdno. ppal
 Yanelis Esther Blanco LuqueHijaRCN fl. 100, cdno. ppal
 Ana Isabel Díaz VegaMadreRCN víctima fl. 101
Carmen Isabel Villareal PérezCarmen Isabel Villareal PérezVíctimaLesionada
Lesionada fl. 115, cdno. ppal.Domingo Javier Escorcia VillarealHijoRCN fl. 112, c. ppal
 Juan Antonio Reales VillarealHijoRCN fl. 113, c. ppal
 Pedro Antonio Reales VillarealHijoRCN fl. 114, c. ppal
Ramón Gutiérrez VisbalRamón Gutiérrez VisbalVíctimaLesionado
Lesionado fl. 146, cdno. ppalRocío Isabel Caballero VillarealCónyugeRCM, fl. 136, cdno. ppal
 Dora Visbal de GutiérrezMadreRCN víctima fl. 138
 Dora Estela Gutiérrez VisbalHermanaRCN fl. 139, cdno. ppal
 Ángel Custodio Gutiérrez VisbalHermanoRCN fl. 140, cdno. ppal
 Víctor Manuel Gutiérrez VisbalHermanoRCN fl. 141, cdno. ppal
 Mauricio Gutiérrez VisbalHermanoRCN fl. 142, cdno. ppal
 Cecilia María Villareal PérezSuegraRCN hija fl. 143, cdno. ppal
 Miguel Ángel Caballero VillarealCuñadoRCN fl. 144, cdno. ppal
 Juan Carlos Caballero VillarealCuñadoSin Prueba
 Janeth del Carmen CaballeroCuñadaRCN fl. 145, c. ppal
Deogracias Antonio AlcaláDeogracias Antonio AlcaláVíctimaLesionado
Lesionado fl. 156, cdno. ppalRosario Teresa Cerro de AlcaláCónyugeRCM, fl. 153, c. ppal
 Ana María Alcalá CerroHijaRCN, fl. 154, c. ppal
 Lina Margarita Alcalá CerroHijaRCN, fl. 155, c. ppal
Salvador Rodríguez Argúmedo Salvador Rodríguez ArgúmedoVíctimaLesionado
Lesionado fl. 167, c. ppalMaritza De la Paz Peña GálvezCónyugeRCM, fl. 161, c. ppal
 Irina Esther Rodríguez PeñaHijaRCN, fl. 162, c. ppal
 Iván David Rodríguez PeñaHijoRCN, fl. 164, c. ppal
 Luís Fernando Rodríguez PeñaHijoRCN, fl. 163, c. ppal
Josefina Castillo OcampoJosefina Castillo OcampoVíctimaLesionada
Lesionada fl. 174, cdno. ppalOscar Tapias LlerenaCónyugeRCM, fl. 170, cdno. ppal
 Oscar Antonio Tapias CastilloHijoRCN, fl. 171, cdno. ppal
 Lisbeth Tapias CastilloHijaRCN, fl. 172, cdno. ppal
 Álvaro Tapias CastilloHijoRCN, fl. 173, cdno. ppal
Mario Jiménez AlcázarMario Jiménez AlcázarVíctimaLesionado
Lesionado fl. 185, cdno. ppalValeriano Jiménez MartínezPadreRCN víctima fl. 184
 Mercedes Alcázar MartínezMadrecdno. ppal
Luís Alfredo Vera CabarcasLuís Alfredo Vera CabarcasVíctimaLesionado
 Sara María López MurilloCompañeraTEST. fl. 82, cdno. 10
 Luís Carlos Vera SoracáPadreRCN víctima fl. 194
 Laurina Isabel Cabarcas MercadoMadrecdno. ppal
Nelsy del Rosario Ortega GuzmánNelsy del Rosario Ortega GuzmánVíctimaLesionada
Lesionada fl. 204, c. ppalAlejandrina Guzmán de OrtegaMadreRCN víctima fl. 200
Adelis José Morales IglesiasAdelis José Morales IglesiasVíctimaLesionado
Lesionada fl. 211, cdno. ppalJorge Luís Morales BallestasHijoRCN, fl. 207, cdno. ppal
 José Rafael Morales BallestasHijoRCN, fl. 2078, cdno. ppal
 Fabián Morales BallestasHijoRCN, fl. 208, cdno. ppal
 José Cesáreo Morales PérezPadreRCN víctima fl. 210
Nadín José Figueroa GutiérrezNadín José Figueroa GutiérrezVíctimaLesionado
 Valentín Figueroa FigueroaPadreRCN víctima fl. 218,
 Magalis Esther Gutiérrez RomeroMadrecdno. ppal
 Naibeth Figueroa GutiérrezHermanaRCN, fl. 219, cdno. ppal
 Valentín Junior Figueroa G.HermanoSin Prueba
 Olinda Figueroa GutiérrezHermanaRCN fl. 220, cdno. ppal
 Lisbeth Figueroa GutiérrezHermanaRCN fl. 221, cdno. ppal
Rafael Clemente Medina AhumadaRafael Clemente Medina AhumadaVíctimaLesionado
 Margarita Rosa Ramos FábregasCónyugeRCM, fl. 228, cdno. ppal
 Félix Medina VegaPadreRCN víctima fl. 230,
 Aida Isabel Ahumada de MedinaMadrecdno. ppal
Dagoberto Gómez Julio (fl. 234, cdno. ppal)Dagoberto Gómez JulioVíctimaLesionado
Edwin Rafael Julio OteroEdwin Rafael Julio OteroVíctimaLesionado
 Esther María Otero CantilloMadreRCN víctima fl. 240
Manuel Polo CastroManuel Polo CastroVíctimaLesionado
Alejandro Manotas Polo (fl. 246, cdno. ppal)Alejandro Manotas PoloVíctimaLesionado
José David Heredia Cabarcas (fl. 250, cdno. ppal)José David Heredia CabarcasVíctimaLesionado
Iván Aly Álvarez CarrilloIván Aly Álvarez CarrilloVíctimaLesionado
 Arturo Enrique Álvarez CarrilloPadreRCN víctima, fl. 265,
 Josefina Isabel Carrillo de ÁlvarezMadrecdno. ppal
 Nubia Marina Álvarez CarrilloHermanaRCN, fl. 267, cdno. ppal
 Vespaciano Enrique Álvarez CarrilloHermanoRCN, fl. 268, cdno. ppal
 William Alfonso Álvarez CarrilloHermanoRCN, fl. 269, cdno. ppal
 Hebert Arturo Álvarez CarrilloHermanoRCN, fl. 270, cdno. ppal
 Wilson Jasir Álvarez CarrilloHermanoRCN, fl. 271, cdno. ppal

En esos términos, se tienen como legítimos interesados a todos aquellos que acreditaron, conforme a la relación que antecede, el vínculo civil, de parentesco o el carácter de damnificados, que justifica su interés en el asunto y se declarará la falta de legitimación en la causa de las personas que no lo hicieron, esto es, de los demandantes Juan Carlos Caballero Villareal y Valentín Junior Figueroa Gutiérrez, quienes no demostraron la condición en la que se presentaron al proceso. En efecto, el primero afirmó ser cuñado del señor Ramón Gutiérrez Visbal, lo que no demostró, al tiempo que tampoco acreditó relación de amistad, afecto o cercanía con él; el segundo demandó en calidad de hermano de Nadín Figueroa, vínculo de parentesco que no aparece acreditado, ni tampoco cualquier otra circunstancia que permita tenerlo como afectado en este asunto, carga de la prueba que correspondía a los actores en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declarará su falta de legitimidad por activa.

En cuanto a las demandantes María Beatriz Ardila Tapias y Yasmín Piña Ardila, como se destacó en el acápite del trámite procesal, fueron excluidas del grupo actor al ser admitida la demanda, decisión que quedó en firme, por lo que nunca integraron el extremo activo.

1.3.2. Pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, los demandantes le atribuyen a la Nación, a través del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, presuntas omisiones en las funciones a cargo de sus agentes, las que afirman fueron desatendidas en este caso particular, imputaciones que permiten advertir el legítimo interés de esa integrante de la pasiva. De igual manera se le atribuye al extinto INTRA la omisión de sus funciones en materia de vigilancia del transporte público terrestre, que a juicio de la actora determinó la ocurrencia de los lamentables hechos en los que se funda la demanda, de donde surge su legítimo interés para acudir como demanda. Empero, al ser suprimido dicho establecimiento público mediante el Decreto 2171 de 1992, sus obligaciones futuras(10) quedaron a cargo del Ministerio de Transporte que asumió las obligaciones de dicho Fondo, con lo cual operó la sucesión procesal hacia este último.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de manera que si se adelantan por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir de la ocurrencia de la causa del daño(11).

En el presente caso, el accidente de tránsito en el que resultaron afectadas las diferentes víctimas ocurrió el 15 de junio de 1990, tal como consta en el informe correspondiente y lo afirmaron en forma consistente todos los declarantes, por lo cual fuerza es concluir que atendidas las fechas de presentación de las demandadas relacionadas en la tabla número 1, lo fueron en la oportunidad prevista en la ley para ese efecto.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia verificará la Sala si se presentó en este caso una omisión atribuible a las demandadas, determinante en la causación del daño antijurídico, que permita endilgarles responsabilidad en los hechos que sirven de fundamento a la demanda.

3. Hechos probados.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, se encontró acreditado sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos:

3.1. El informe de accidente de tránsito No. 358330 (fl. 87, cdno. 5) se refiere al siniestro ocurrido el 15 de junio de 1990 en el kilómetro 85 + 900 de la vía Cartagena - Barranquilla, entre los autobuses de la empresa Expreso Cartagena de placas XKE 416 y XUS176, en vía de doble sentido, con una calzada, recta y con bermas. Se anotó como causa probable del accidente: “vehículo Nº. 1 fallas en luces delanteras fallas en el sistema eléctrico. Vehículo N. 2 fallos en los frenos. Exeso (sic) de velocidad” (fl. 286, cdno. 6).

Se adjuntó al informe una relación de personas que fallecieron en los hechos y que resultaron lesionadas, así:

Muertos: Carmen Martínez, Claudia Trejos, José Andrade, Roberto González.

Heridos: Deogracia (sic) Alcalá, Isidro Sarmiento, José David Heredia, Adolfo Jiménez, Mario Jiménez, Eligio Gómez, Alejandro Manotas, Adelis Morales, Necly Ortega, Oscar Túquerres, Adelia Morales, Ramón Gutiérrez, Rocío Caballero Gutiérrez, Carmen Vásquez, Josefina Castillo, José Blanco Díaz, Salvador Rodríguez, Jhon Jairo Vanegas, Dagoberto Gómez, Alba Roa, Alfredo Ahumada, Adelio Figueroa, Petrona Díaz González, Harold Figueroa Delgado y Delcy Jiménez (fl. 86, cdno. 5).

Aunque algunas de las víctimas demandantes no aparecen en el referido listado, su afectación particular en los hechos quedó acreditada en forma individual con sus historias clínicas, que dan cuenta de la atención ese mismo día o a partir del día siguiente con motivo de lesiones padecidas en el accidente; también se demostró con las certificaciones expedidas por las instituciones de salud que atendieron a los heridos el día del siniestro y con distintas pruebas testimoniales a las que se hará referencia al analizar el daño que individualmente padecieron, evidencias que en cada caso dieron cuenta de que los demandantes resultaron afectados en los hechos, por cuanto se movilizaban en alguno de los rodantes involucrados, tal como se verá al abordar la situación particular de cada uno; esto es, el hecho de no aparecer relacionados en el informe no permite desechar de plano su posible afectación, pues la acreditaron mediante otros medios de prueba, siendo claro que no puede valorarse con severidad el informe en el sentido de entender que quienes no aparecen allí relacionados no fueron afectados, por cuanto en las condiciones propias de una emergencia de la magnitud de la que se presentó, era improbable que se lograra identificar a todas las víctimas en el informe, pues es evidente que la prioridad de los cuerpos de emergencia debía ser proporcionarles atención pronta.

3.2. Sobre las condiciones del vehículo averiado, previas al accidente, y sobre su presunto paso por un retén de la Policía, se tiene lo siguiente:

3.2.1. Obra como prueba el testimonio del señor Constantino Segundo Castro Romero (fl. 107, cdno. 5), agente de policía que estuvo presente en el CAI ubicado en la vía Barranquilla - Cartagena la noche del accidente, en el momento en que el autobús de placa XKE-416 pasó por ese puesto de control. Señaló:

“Yo estaba ese día de servicio en el CAI, recibí cuarto turno, nos encontrábamos fuera del CAI, como es de costumbre es una vía que pasa toda clase de vehículo, dos vehículos de Barranquilla hacia Cartagena, serían por ahí siete pasada la noche. Frente al CAI una bomba de gasolina, como hay vehículo (sic) que entran ahí a tanquiar para proseguir la marcha venían los dos vehículos anteriores el delante venía normal con luces (sic) y todo el detrás (sic) venía pagando (sic) y prendiendo las luces las farolas pues yo no me percaté yo pensé que le estaba pidiendo vía al dealante (sic), pero como eran de la misma empresa los dos buses entraron a la bomba uno detrás de otro a tanquiar y recoger pasajeros ahí. Después que recogieron (sic) pasajeros prosiguieron la marcha con destino a Cartagena, como a los quince o veinte minutos de haberse ido los buses me vinieron a visisar (sic) que había un accidente (…) como lo dije anteriormente cuando los buses se dirigían de Barranquilla hacia Cartagena el delante iba con las luces prendidas y el de atrás ibaapagando (sic) y prendiéndolas luces pensando que lo que estaba (sic) haciendo era pidiendo vía (…) el bus que iba pidiendo vía no era que hacía cambio de luces de baja a alta, lo que el (sic) hacía era prender y apagar las luces.”

Se recibió el testimonio del agente de policía Soel Argirio Gutiérrez Giraldo (fl. 204, cdno. 6), presente en el retén de Baranoa al paso del rodante, quien entregó la siguiente versión de los hechos:

“El día 15 de junio de 1990, a eso de las 18.30 aproximadamente pasaba el vehículo de placas XKE416 de la empresa Expreso Cartagena, el vehículo pasó con su respectiva planilla de la citada empresa y con las luces en buen estado, las cuales cualquier persona las observa ya en ese momento cuando el bus pasaba me encontré en la parte de afuera del retén con un personal que se encontraba haciendo una encuesta a órdenes del INTRA y otras personas particulares que se encontraban a la espera de ser trasladados a algún lugar o destino. Preguntado. Diga el declarante cual (sic) era su función específica en el puesto de control de la Policía Vial. Contestó. Todo vehículo que pase en general se le piden los documentos respectivos, lo mismo que el vehículo del servicio público se le piden los documentos los cuales están en la obligación de portar, si es un vehículo tipo bus se le pide la planilla de la respectiva empresa y se observa (sic) todos los documentos que allí le falten. (…) pasó con luces encendidas o lo que llamamos farolas (…) yo me encontraba el día 15 de junio de 1990 a eso de las 18.30 horas aproximadamente en el puesto de control Terpel en la parte de afuera de la caseta en compañía de un personal que el INTRA contrató exclusivamente para hacer unas encuestas y unas personas particulares, cuando venía el bus de placa XKE-416, yo lo observé con sus respectivas luces y más adelante se orilló y paró y el ayudante del citado bus se bajó, me entregó la planilla, dialogué con él para pedirle el favor de llevar un joven que se encontraba sin dinero para el transporte, el cual él lo llevó y el ayudante no me manifestó ningún contratiempo del citado vehículo (…) yo soy agente de la Policía Nacional y bajo la responsabilidad y especialidad en la cual laboro, yo un vehículo que hubiera ido sin luces yo no lo dejo pasar, me hubiera visto en la penosa obligación de inmovilizarlo como lo hice (sic) el Código Nacional de Tránsito (…) aclaro que ninguna persona de los pasajeros me manifestó si el carro venía en mal estado para así colaborar con las autoridades de Colombia.”

3.2.2. También declaró el señor Pedro Pablo Caraballo Navarro (fl. 110, cdno. 5), sociólogo, presente en el lugar del control de policía de Baranoa por motivos labores, pues estaba realizando unas encuestas allí. Afirmó:

“Llegó un bus de Expreso Cartagena supuestamente el bus traía un problemas (sic) en sus lámparas. Al momento de llegar al retén en la vía que conduce hacia Baranoa nadie le manifestó al agente Gutiérrez[,] quien era quien encontraba en el puesto de control en ese instante, ya que sus compañeros estaban atiendo (sic) otros problemas de tránsito, porque estoy seguro que si el agente Gutiérrez le hubiesen informado del daño que presentaba el bus en sus lámparas no lo hubiera dejado pasar. Después que pasó el bus quince o veinte minutos después informaron al puesto de control de Baranoa que el bus antes mencionado colisionó con otro de la misma empresa (…) Al momento de llegar el bus al puesto de control observé que sus lámparas estaban en perfecto estado porque de lo contrario le hubiera manifestado al agente Gutiérrez que las lámparas presentaban deficiencia. (…) Preguntado. En el tiempo en que usted permaneció en el puesto de control de Baranoa se percató si los agentes asignado (sic) al mismo efectuaban o no pruebas para verificar el estado de las luces de los vehículos que por ahí transitaban en horas de la noche. Contestó. Los días que estuve en ese puesto, una semana de lunes a viernes, no me percaté si le hacían pruebas a los vehículos si estaban o no deficientes las luces, no recuerdo si se hacían o no.”

3.2.3. En la inspección judicial realizada al sitio del accidente se recibieron las declaraciones de Armando Enrique Miranda y Carlos Senén Llanos. El primero de ellos, quien se movilizaba en uno de los buses accidentados (fl. 153, cdno. 6), informó que abordó el vehículo en la ciudad de Barranquilla con destino a Cartagena y que antes de salir de la primera de dichas ciudades, más exactamente frente a la Gobernación, el vehículo se apagó y fue encendido nuevamente con la colaboración de los pasajeros. Más adelante, dice el testigo, pidió al conductor que le permitiera comprar un pollo y este le dijo que fuera mientras arreglaba las luces del carro, ya que continuaba la falla eléctrica:

“De allí, el señor conductor continuó su recorrido sin luz, solicitando la colaboración del compañero de trabajo de la misma empresa, donde fue solicitando un foco de mano, donde fue imposible esa ayuda, posteriormente el señor conductor del bus en que yo venía, continuó su recorrido con las luces apagadas, más adelante encontró una tractomula y el señor logró pegársele atrás, donde la mula entró al municipio de Galapa, al verse nuevamente en la oscuridad y sin guía, el señor conductor detuvo su marcha en la bomba de gasolina, donde mi persona invitó a varias personas a bajarse del vehículo que nos transportaba, bajarse de ese bus, varios pasajeros se bajaron, y otros continuaron su recorrido, donde en espacio de diez minutos se presentó un bus de la misma empresa “Expreso Cartagena”, donde logré subirme en compañía de varios pasajeros y donde me ubiqué para así transportarme a Luruaco (…) el bus donde me transportaba encendió las farolas, una licuadora que le servía de guía al bus que venía sin luz del cual yo me había bajado, de allí continuaron su recorrido normal, donde creí que al llegar al control del INTRA ubicado en la estación Terpel y Texaco, jurisdicción del municipio de Galapa, donde pensé que iba a ser detenido por los agente de control (sic) que se encuentra presente en ese retén y los buses hicieron entrega de la planilla donde los agentes no se percataron de la falla del bus, que venía sin luz. Posteriormente continuan (sic) su recorrido donde se observa que el bus no lograba una visibilidad para continuar su recorrido, hasta llegar a Sabanalarga, donde fue esperado por el auxiliar o compañero del bus que lo venía guiando.”

Señaló el testigo que luego de ello el bus averiado perdió contacto con el que le servía de guía y se accidentó, colisionó de frente contra otro bus que se movilizaba en el sentido contrario. Su declaración también la rindió, en similares términos, en el curso del proceso (fl. 40, cdno. 10) ante juez comisionado, narración en la que manifestó que al llegar al retén, el bus que inicialmente abordó seguía sin luces, pese a lo cual se le permitió seguir su camino.

El segundo testigo afirmó que inició su viaje en el mismo bus en Barranquilla, con destino a Cartagena y que este presentaba una falla eléctrica por la cual fue necesario que algunos pasajeros ayudaran a prenderlo empujado. Más adelante el conductor se bajó a tratar de arreglar el problema y luego siguió su marcha sin haberlo logrado. Indicó que antes de salir de Barranquilla se percataron los pasajeros de que el rodante no tenía luces internas, ni exteriores, por lo que siguió a una tractomula hasta Galapa, donde esta se desvió. Dijo:

“El bus sigue hasta la bomba, se estaciona y el chofer, se baja y empieza a reglar (sic) la batería y el fluido eléctrico cosa que no consigue en esos momentos, llega otro bus de la misma empresa y la mayoría de los pasajeros se bajan y hace un transbordo, los dos choferes se ponen de acuerdo porque el bus le quedan como veinte pasajeros se quedan dentro del bus, porque no hay cupo en el bus que acabó de llegar, los dos choferes se ponen de acuerdo para que el bus, que acaba de llegar lo trajera o le sirviera de guía ya que traía una licuadora que produce luz, sigue su marcha el uno delante y el otro atrás, hasta llegar al puesto del INTRA que se encuentra entre Galapa y Baranoa, el bus que trae licuadora se pasa delante unos cinco metros, después del retén, el bus que viene sin luz se estaciona frente a la ventanilla, donde revisan las planillas, y su vez que está ocupado por agentes de la Policía Vial, los ayudantes entregan las planillas y el agente de puesto las sella y se las entrega, y los buses siguen su marcha como venían, al llegar al municipio de Sabanalarga, el bus guía se para frente a la bomba de Esso, el bus que viene sin luz entra a la bomba, el chofer revisa nuevamente las baterías y nos que (sic) el fluido eléctrico está arreglado, por lo que autoriza al ayudante un niño como de 15 a 17 años a que nos cobre, el muchacho empieza a cobrar y los buses siguen la marcha como venía (…) cuando llegamos a la llantería que se encuentra a la salida de Sabanalarga, se bajó un pasajero que venía con nosotros en el bus sin luces o que tenía el mismo desperfecto, el bus que venía dando luz o que servía de guía tomó una ventaja como de 600 o 700 metros, por lo que el chofer aceleró la marcha a una velocidad de poco más o menos 130 o 140 por hora, tratando de alcanzárselo al bus que lo traía guiando (…) venía un bus de la misma empresa de la ciudad de Cartagena a la ciudad de Barranquilla y se produjo el accidente que hoy estamos lamentando.”

También rindió su declaración por separado en uno de los expedientes acumulados, en similares términos (fl. 36, cdno. 10).

En la inspección judicial se verificó la existencia del retén al que se hizo mención como “del INTRA - Policía Vial”, ubicado en un paso obligado para quienes se desplazan por la vía (fl. 156, cdno. 6).

3.2.4. El estudiante universitario Carlos Eduardo Rodríguez González (fl. 185, cdno. 6) también abordó el bus de placa XKE-416 antes de que este saliera de Barranquilla y aunque al momento de abordarlo no se percató si las luces exteriores funcionaban o no, sí percibió la oscuridad en el pasillo interior. Narró que al llegar a la estación de servicio de Galapa se bajaron varios pasajeros:

“Nos bajamos porque dijeron que el bus estaba dañado y cuando me bajo, pregunto cual (sic) es el daño, a los demás pasajeros que me acompañaban y me contestan que el bus no tiene luz, yo pensaba que el daño era de una llanta que era lo más común que se presenta en estas circunstancias y ahí es donde yo noto que el bus en su interior no trae luz, ni en la parte de afuera tampoco, me subo a esperar que arreglen el bus porque la gente comentaba que el conductor estaba en la parte de atrás arreglando el vehículo y momentos más tarde pasajeros que estaban debajo del bus se suben y nos dicen ya nos bamos (sic), ya el bus lo arreglaron, en ese momento se acercaba un bus de Expreso Cartagena y el arreglo no fue mecánico, el arreglo fue de palabra entre los dos choferes que habían acordado que el otro bus que llegaba lo fuese iluminando; los dos buses partieron, el bus donde viajaba yo seguía muy cerca al otro y el otro bus llevaba un faro giratorio que reflejaba la luz bastante intensa como los faros que acostumbran a llevar los carros bomberos, en ese momento que yo me entero que el bus todavía iba sin luz y que no le habían hecho ningún arreglo yo estaba bastante asustado y sabía que era un peligro la forma como me iba transportando, deseaba que en el Retén de Policía Vial detuvieran esta (sic) vehículo, los dos vehículo (sic) llegan al retén, primero lo hizo el bus que lo iba guiando y ahí mismo el bus donde yo viajaba, presentaron sus planillas, esto fue en un corto tiempo, no demoró mucho y un policía que estaba en el interior de la cabina que tiene un vidrio transparente hace el chequeo de la planilla y hay como dos policías más en la parte de afuera y ninguno de ellos dijo nada, el bus continúa su recorrido y llegamos al municipio de Sabanalarga, ambos buses se detienen en la bomba de gasolina que se encuentra frente al CAI que está frente de la carretera, se bajaron unos pasajeros de Sabanalarga, (…) el pasajero que venía al lado mío pide la parada, el bus se detiene mientras se baja el señor y el bus que nos viene guiando con las luces nos coge ventaja y el bus donde yo viajaba con el afán de alcanzarse al bus guía le dio más rápido, en ese instante venía otro de Cartagena hacia Barranquilla, los dos buses chocan de frente y se van hacia un lado de la carretera quedando pegados paralelamente (…)”

3.2.5. Los demandantes Alejandro Manotas Polo (fl. 99, cdno. 2), Harold Antonio Figueroa Delgado (fl. 203, cdno. 2) y Adelis José Morales Iglesias (fl. 101, cdno. 2) declararon ante comisionado sobre los hechos materia del proceso, siendo claro que sus dichos no pueden ser valorados como prueba testimonial por no tratarse de terceros ajenos a la litis, sino de los integrantes de una de las partes.

3.2.6. La señora Socorro Navarro de Navas (fl. 135, cdno. 2), quien también se movilizaba desde barranquilla en el bus averiado indicó:

[P]or la noche cogí el bus que iba hacia Cartagena, aproximadamente serían las siete de la noche cuando cogí el bus, hacia Cartagena, empezamos a andar como hora y media o dos horas antes de llegar a una parte que llaman Sabanalarga, antes, es que ahí hay un puesto del INTRA, más o menos duraron por ahí como unos diez o quince minutos, el policía le pleitaba (sic) a él y él también, no sé qué transacción que era lo que hacía y entonces la gente que iba ahí empezó a decir que apure que necesitamos llegar pronto, entonces más allá, por que (sic) el bus siguió, y como a los cinco minutos vimos que el bus iba sin luces, iba apagado, iba sin luz, nosotros con una señora que iba ahí que no sé como (sic) se llama, dijimos bueno este bus va sin luz y de pronto algún problema, entonces yo dije como no tengo problema me quedo aquí en la bomba de Sabanalarga, y ahí me bajé, unos se subieron y otros se quedaron de los que iban conmigo. Preguntado. Diga al juzgado si ud. antes de llegar al INTRA que menciona cerca de Sabanalarga se pudo percatar que el bus transitaba sin luces. Contestó. Nosotros sí vimos que ibamos (sic) sin luces y después se nos hizo raro que el chofer del bus, alegaba con el policía y luego sí fue que comentamos que iba sin luz, yo creo que arreglo (sic) a las buenas con el Policía por que (sic) el bus siguió así sin luces.

3.2.7. El testigo Juvenal Reyes Hernández (fl. 38, cdno. 10), pasajero del bus averiado, narró que antes de salir de Barranquilla iniciaron las fallas en el autobús que debió encenderse empujado; luego el conductor paró en la oficina de la empresa Coopetrán para revisar el sistema eléctrico y continuó hasta Galapa guiado por la luz de un carrotanque, seguidamente hizo otra parada para revisar las luces. Agregó:

Ahí fue cuando llegó un bus de Expreso Cartagena, el personal de pasajero del bus que no le venía la luz se pasó para el bus que llegó en esos momentos, los que quedábamos en el bus que iba sin luz, no hicimos el trasbordo al otro bus porque en sobre cupo (sic), entonces el chofer del bus nos avisó que el bus que iba delante de nosotros nos iba a guiar por medio de una farola que llevaba arriba (…) llegamos al peaje, no aclaro al puesto de la Policía Vial (sic), pensamos los pasajeros que podían detener el bus porque iba sin luz, en el puesto de Policía se encontraban dos agentes y un civil, le dieron pase al bus y seguimos la marcha es más no nos habían cobrado el pasaje, cuando ibamos (sic) llegando al municipio de Sabanalarga empezaron a cobrar los pasajes (…) a la salida de ese municipio se bajó una pasajera y fue cuando el bus de guía se le alejó al bus donde veníamos nosotros, entonces el chofer del bus donde veníamos nosotros trató de alcansarse (sic) al bus guía y fue cuando hubo la coalisión (sic)”.

3.3. La Directora General del INTRA, le informó al Tribunal a quo que para el 15 de junio de 1990 esa entidad no tenía injerencia alguna en los retenes de control de tránsito, ni sus funciones tenían que ver con el manejo de los retenes del país (fl. 100, cdno. 5).

3.4. Se allegó al expediente la Resolución 3532 de 1982, por medio de la cual el Director General de la Policía Nacional organizó el servicio especializado de policía vial en todo el territorio nacional (fl. 188 cdno. 3). A ese servicio especializado se le asignó la función de hacer cumplir las normas que rigen el tránsito de vehículos por las vías públicas del país.

4. Elementos de la Responsabilidad Estatal.

En los términos del artículo 90 Superior, el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de donde surgen los elementos que debe analizar el juzgador para verificar si hay lugar a la prosperidad de las pretensiones, a lo cual se procede:

4.1. El daño.

Por las particularidades del caso, esto es, por tratarse de uno con múltiples víctimas, que supuso la acumulación subjetiva de pretensiones y, a su vez, la acumulación de distintos procesos bajo una misma cuerda, habrá de analizarse el daño sufrido por cada una de las víctimas y la forma en que este quedó o no demostrado, a lo cual se procede:

Está acreditada la muerte de los señores: (i) José Dolores Piña, (ii) Eduardo Molano Hernández, (iii) Petrona Díaz González, (iv) José María Pacheco Fernández, (v) Carmen Martínez Bermúdez y (vi) Edgardo Barrios Páez, cuyos registros civiles de defunción se aportaron según quedaron relacionados en la tabla que antecede; su deceso constituye el daño antijurídico cuya indemnización pretenden los integrantes de sus núcleos familiares.

Por su parte, las demás víctimas acuden en calidad de lesionados, la que acreditaron así:

Carlos Martínez Martinez.

Fue hospitalizado desde el día del accidente hasta el 2 de agosto de 1990 (fl. 118, cdno. 10), con diagnóstico de politraumatismo y contusión cerebral, herida infectada en pierna izquierda y psicosis post conmoción, que fueron tratados durante el lapso de permanencia en la institución de salud. Así se refirió en la historia: “pte de nombre Carlos Martínez Martinez de 22 años de edad, de sexo masculino que ingresa el 5-XI-90 quien es hospitalizado para evaluación y manejo por presentar politraumatismo y magulladuras, lesión a nivel de cadera izquierda (…) se realiza manejo (…) se interviene quirúrgicamente el 7-09-90 por luxofractura de cadera izquierda, se efectúa artrodesis de cadera (…)”.

El testigo Gabriel Gómez Zambrano (fl. 478, cdno. 10), dijo que lo visitó en el Hospital Universitario a los 20 días del accidente y lo vio enyesado de la cadera, con una herida en la pantorrilla, otra en el pómulo derecho y escoriaciones en los brazos; “permaneció aproximadamente año y medio, tiempo en que lo volví a ver caminando gracias a la ayuda de unas muletas, los centros que le prestaron atención fueron un hospital de urgencias de Barranquilla, en el Hospital Universitario de Cartagena donde permaneció por varios meses y finalmente en la Clínica Madre Bernarda (…) antes del accidente dicho señor gozaba de plena salud”.

La Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social de Bolívar lo valoró y concluyó sobre su afectación: “sufrió accidente de tránsito que le ocasionó politraumatismos, herida que se infectó a nivel de pierna izquierda, que le deja cicatrices atróficas permanentes, fractura de cadera izquierda a la cual se le practicó artrodesis, que disminuye ángulos de movilidad de la articulación en forma permanente, con lo cual se ve disminuida su capacidad laboral en un 30%”.

Jhon Jairo Vanegas Martínez.

El testigo Orlando Pájaro Pardo (fl. 322, cdno. 10) declaró: “cuando yo fui a la casa de él a verlo, al niño lo encontré enyesado con un golpe en la cara y tenía la cara inflamada y estaba bastante desmejorado el niño. Estaba bastante mal. Todo golpeado”.

El Hospital Regional de Sabanalarga certificó que lo atendió con ocasión del accidente de tránsito del día 15 de junio de 1990 (fl. 50, cdno. 8) y le diagnosticó politraumatismo.

Delcy Jiménez Padilla.

El testigo Celio Manuel Ayola Castro (fl. 54, cdno. 10) declaró que a la referida víctima “las piernas no le sirven para andar, desde el caso del accidente que le pasó, tiene las piernas fracturadas y ha quedado inútil (…) sí perdió una pierna, perdió la pierna derecha, como ella es la menor de ellos ahí, se encuentran acongojado (sic) los hermanos por lo que le ocurrió a ella”.

La historia clínica, según lo certificó el Hospital Universitario de Cartagena, da cuenta de que fue hospitalizado desde el 23 de abril al 3 de agosto de 1990 con el siguiente diagnóstico: “fractura conminuta 1/3 ½ de tibia izquierda y amputación supracondilea miembro inferior derecho, durante su permanencia se le practicó lavado quirúrgico, debridamiento de muñón más fijación esterna (sic) de fractura y posteriormente injerto. En otra ocasión fue hospitalizado del 13 al 29 de diciembre de 1990 por osteosíntesis y se le practicó una resección ósea muñón miembro inferior derecho más injerto óseo inferior izquierdo.

El testigo Fabián Valdez Herrera (fl. 189, cdno. 6) también dio cuenta acerca de las graves lesiones padecidas por la referida víctima, que determinaron la amputación de una pierna.

La valoración por medicina laboral arrojó una incapacidad del 70% (fl. 232, cdno. 6).

María del Carmen Vásquez.

La testigo Juana Evangelina Lugo (fl. 50, cdno. 10) narró que la referida señora Vásquez padeció “fractura en la pelvis, vidrios enterrados en las manos, y en un ojo, rspaduras (sic) en las piernas, golpes en la cara y trauma (…) el período de convalecencia fue aproximadamente de año y medio, los dolores físicos numerosos, primero, por permanecer cuarenta días destinados por el médico a dormir en una cama dura, por tener la pelbis (sic) con fractura y el médico no dictaminó ni yeso ni venda, por lo tanto le fue más difícil (…) la curación de la pekbis (sic) sufrimiento en la uretra por la cual orinaba sangre, un vidrio que le sacaron del ojo de aproximadamente centímetro y medio y varios vidrio sacados de la mano”.

En la valoración realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal se consignó: “refiere retención urinaria frecuente. Ratificamos incapacidad definitiva de treinta y cinco (35) días dada en reconocimiento anterior. Secuela: deformidad física de carácter permanente debido a la cicatriz de la mano del miembro superior derecho. Para completar secuela solicito concepto urólogo” (fl. 345, cdno. 10).

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social rindió un dictamen médico legal sobre la afectación de la paciente, en el que concluyó que padeció una incapacidad laboral del 50% (fl. 231, cdno. 6). El testigo Rafael Diego Marrugo (fl. 501, cdno. 10) la visitó en el hospital, donde advirtió que se encontraba lesionada y con dolor en la cadera que le imponía permanecer inmóvil.

José de los Santos Blanco Díaz.

El Hospital Regional de Sabanalarga - Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis (fl. 102 cdno. 8) y que padeció politraumatismo y fractura de tibia. En efecto, adjuntó la historia clínica correspondiente (fl. 104, cdno. 8), en la que consta la atención que recibió en la época de los hechos y que se le ordenó interconsulta con el servicio de cirugía maxilofacial.

El reconocimiento por parte de la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social de Bolívar (fl. 247, cdno. 6) dio cuenta de lo siguiente: “presenta: fractura de tibia atendido en el Hospital Regional de Sabanalarga (Atl.). Fractura de piso de órbita derecha. Se practicó cirugía maxilofacial el 10 de julio de 1990. Secuelas. Ligero hundimiento malar derecho con cuadro de sinusitis crónica de lado derecho. De acuerdo a lo anterior concluyo que el paciente presenta una pérdida de su capacidad labora del 14%”.

Carmen Isabel Villareal Pérez.

La Clínica del Caribe remitió la historia clínica de la referida señora (fl. 1, cdno. 10), la que aunque ilegible da cuenta de la atención que le fue brindada a partir de las 4:30 de la mañana del 16 de junio de 1990, y del diagnóstico correspondiente a una fractura en el cuello del pie que requirió intervención quirúrgica.

Ramón Gutiérrez Visbal.

El Hospital Regional de Sabanalarga - Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis (fl. 146, cdno. 8) y que padeció politraumatismo, al igual que su cónyuge Rocío Caballero (fl, 150, cdno. 8).

Por su parte, la testigo Doris Doria declaró (fl. 276, cdno. 10): “como a los ocho días del accidente yo fui a visitarlos a su casa aquí en Cartagena, Ramón tenía fracturas en uno de los brazos y estaba con muchos golpes. La esposa de Ramón también estaba mal, con la clavícula partida, uno de los brazos y muchos golpes”.

Deogracias Antonio Alcalá.

El testigo Roberto Roa Castillo dio cuenta de las lesiones sufridas por el señor Alcalá en el accidente. Dijo: “sí sufrió golpes en la cara y los sufrió a consecuencia de un accidente de tránsito (…) en la boca a consecuencia de los golpes perdió varios dientes, en el (sic) que le tomaron varios puntos de sutura en los labios inferiores y superiores los tenía partidos, y debajo del labio inferior también tenía una herida, y tenía vidrios incrustados en la cara, en la pierna derecha también tenía una heridas (sic) bastante grave, y en la espalda tenía vidrios incrustados (…) duró de 15 a 20 días (…) a consecuencia de esas heridas tuvo un período de recuperación bastante lento”.

De la misma manera declaró Jaime Ruíz Blanco, sobre las lesiones que padeció el señor Alcalá en el accidente referido y dijo que con ocasión de los hechos tuvo una incapacidad de 15 días (fl. 88 - 89, cdno. 10).

El dictamen médico laboral al que fue sometido reveló la existencia de secuelas de tipo permanente “facial en septun nasal y labio superior, además la pérdida de los 2 incisivos superiores, con lo cual se ve disminuida su capacidad laboral en un 10%” (fl. 238, cdno. 6).

Salvador Rodríguez Argúmedo.

El Hospital Regional de Sabanalarga —Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis por herida “en región superciliar izquierda más trauma cerrada de pierna izquierda por accidente de tránsito” (fl. 167, cdno. 8).

El testigo Julio Ayola Lugo acompañó a la familia de la referida víctima al hospital en el que quedó hospitalizado luego de los hechos (fl. 310, cdno. 10) y le consta que allí permaneció con ocasión de las lesiones sufridas en el accidente.

Josefina Castillo Ocampo.

El Hospital Regional de Sabanalarga - Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis (fl. 174, cdno. 8). Por su parte, el Hospital Universitario de Cartagena (fl. 175, cdno. 8) la atendió en consulta externa el 22 de junio de 1990, con motivo de consulta “politraumatismo por accidente de tránsito”.

Mario Jiménez Alcázar.

Fue atendido en el Hospital Universitario de Cartagena en la época del accidente (fl. 187, cdno. 8) en la que se verificó que no padecía fracturas.

Luís Alfredo Vera Cabarcas.

El testigo Manuel Ramón, amigo personal de la víctima (fl. 82, cdno. 10) afirmó: “cinco días después del accidente fui a visitar al señor Luís Alfredo a su casa. Cuando yo lo fui a visitar él tenía un fuerte hematoma en la cabeza, y heridas en los pómulos y me decía que le dolía todo el cuerpo porque se sentía bastante golpeado, y que tenía mareos por ese golpe que había recibido en la cabeza (…) él estuvo internado en el Hospital Regional de Sabanalarga, aproximadamente de 5 a 6 días, y de allá lo trasladaron para Cartagena cuando la dieron de alta (…) el señor Luís Alfredo duró mes o mes y medio de convalecencia en su casa”.

Fue valorado por medicina laboral en el Departamento de Bolívar (fl. 233, cdno. 6) donde se verificó: “paciente con cicatrices en ambas mejillas, antiguas, con lo anterior se concluyó que el paciente presentó heridas que fueron suturadas, que le ocasionaron una deformidad permanente en el rostro, con desfiguración parcial leve, con disminución de su capacidad laboral en un 10%.

Nelsy del Rosario Ortega Guzmán.

El Hospital Regional de Sabanalarga —Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis (fl. 204, cdno. 8) y que padeció politraumatismo a causa de este. También demostró que le fueron ordenados medicamentos analgésicos (fl. 202, cdno. 8).

El testigo Francisco Ramón Baena (fl. 55, cdno. 10) señaló que se enteró del accidente y de las lesiones sufridas. Ella dijo que tenían que trozarle la pierna y que la otra no estaban todavía seguros (…) está inútil (…) al extremo que ella no deseaba vivir, porque yo como vecino, le preguntaba cómo se siente y ella me contestaba, hay Francisco (sic) en estas condiciones y no quiero vivir”.

Adelis José Morales Iglesias.

El Hospital Regional de Sabanalarga - Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis y que fue hospitalizado allí por politraumatismo (fl. 214, cdno. 8), herida en la extremidad inferior izquierda pie derecho y hombro derecho (fl. 215, cdno. 8).

Nadín José Figueroa Gutiérrez.

Fue atendido en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Cartagena (fl. 113, cdno. 10) el 2 de septiembre de 1990 con trauma en el brazo derecho con antecedentes de fractura dos meses atrás. Con dolor e inmovilidad en dicha extremidad. El diagnóstico fue fractura del brazo derecho (húmero) ocurrida el 15 de junio de 1990 (fl. 167, cdno. 10).

Dagoberto Gómez Julio.

El Hospital Regional de Sabanalarga - Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis y le diagnosticó politraumatismo (fl. 234, cdno. 8). Por su parte el Jefe de Atención Médica del Hospital Departamental (fl. 22, cdno. 10), hizo constar que el señor Gómez Julio presentaba fractura de tibia derecha como consecuencia de un accidente de tránsito.

Manuel Polo Castro.

El testigo Jorge Luís Coronado (fl. 25, cdno. 10), amigo del señor Polo Castro, señaló que este último sufrió un golpe en la cabeza, un golpe en el omoplato y un hematoma en la “espinilla”; refirió: “el señor tenía la frente inflamada, el homoplato (sic) lo tenía inflamado no podía mover el brazo, no se podía levantar de la cama debido al golpe que tenía en la espinilla y en general estaba bastante malogrado (…) aproximadamente duró unos quince (15) días.

El testigo Clodomiro de Jesús Zárate (fl. 27, cdno. 10) también informó, en similares términos, sobre las lesiones sufridas por el señor Polo.

Alejandro Manotas Polo (fl. 246, cdno. ppal).

El Hospital Regional de Sabanalarga - Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis (fl. 249, cdno. 8) y que padeció politraumatismo a causa del referido hecho.

José David Heredia Cabarcas (fl. 250, cdno. ppal)

El Hospital Regional de Sabanalarga —Atlántico certificó que le brindó atención médica con ocasión del accidente materia de la litis y que padeció una herida en la ceja derecha (fl. 253, cdno. 8).

Iván Aly Álvarez Carrillo.

La testigo Delicia Maldonado de Hamburger (fl. 105, cdno. 10) declaró sobre las lesiones padecidas en el accidente por el señor Álvarez Carrillo: “ya lo creían muerto, porque fue gravísimo, yo enseguida le avisé a la familia (…) cómo sería de grave que el hermano se desmayó al verlo con las piernas todas partidas y desangrándose (…) yo lo vi casi al mes o a los quince días, fui con un hijo, mi hijo se desbaneció (sic) porque eso lo tenía en carne viva, y fractura en las piernas y también tenía partidas las costillas (…) duró más de dos años y medio (…) él no se podía parar, por la partida de las piernas, le hicieron ocho o nueve operaciones”.

El testigo Erazmo Vizcaíno Reyes (fl. 28, cdno. 10) también declaró sobre la existencia de las lesiones y dijo que su recuperación tardó dos años y que para ella fueron necesarias alrededor de 10 intervenciones quirúrgicas. También declaró sobre ese punto la testigo Elsie Barros Quiroz (fl. 103, cdno. 10), quien dijo que la víctima duró casi tres años en recuperarse y precisó múltiples operaciones (de 10 a 12).

La Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Bolívar calificó las secuelas padecidas por la víctima, así: “el señor Iván Álvarez Carrillo sufrió accidente de tránsito que el ocasionó secuelas de tipo permanente que le dificulta sus funciones en la marcha, dolores en región lumbar por asimetría en los miembros inferiores, inestabilidad de la rodilla y tobillo izquierdos, secuela estética de las piernas permanentes con exostosis que pueden producir escoriaciones de la piel al tener contacto con superficies duras al caminar e inestabilidad de la marcha, con lo cual le disminuye su capacidad laboral en un 56%”.

Edwin Rafael Julio Otero.

El Director del Hospital de Luruaco (fl. 241, cdno. 8) hizo constar que: “el señor Edwin Julio Otero fue atendido en esta institución el día 20 de junio de 1990 debido a heridas sufridas el día 15 de junio 90, y que comprometieron piel y tejido celular subcutáneo de pierna derecha y región escapular izquierda”.

Harold Antonio Figueroa Delgado

Para acreditar las lesiones padecidas pidió oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal para que remitiera copia de la valoración que le realizó; empero, dicha entidad informó (fl. 79, cdno. 5) que “revisado[s] los libros estadísticos de personas examinadas, correspondiente a los años 1989 - 1990 - 1991 y 1992 (…) no hemos encontrado registrado el nombre de Harold Antonio Figueroa Delgado, lo cual nos hace pensar que dicho señor no ha sido examinado en esta Seccional en los años arriba relacionados, información que fue corroborada en oficio de 11 de diciembre de 1992 por parte del mismo ente público (fl. 93, cdno. 5). Tampoco se hicieron presentes los testigos citados por la parte actora en ese proceso (fl. 118, cdno. 5). Empero, sí aparece en el listado de heridos que acompaña al informe del accidente como una de las personas que resultaron afectadas en este.

Rafael Clemente Medina Ahumada.

Ninguna prueba se allegó acerca de su carácter de involucrado en los hechos, no fue incluido en la lista de heridos elaborada el día de los acontecimientos, ni se acreditó cuál fue la lesión presuntamente padecida por él, pues no reposa en el expediente la historia clínica de la eventual atención, ni hay constancia de esta, ni se aportó cualquier otro medio de prueba tendiente a acreditar su carácter de lesionado. En esas condiciones, no se demostró el daño cuya reparación pretende, razón que impide, sin otra consideración, la prosperidad de sus pretensiones y las de su núcleo familiar, por lo que el análisis del recurso, en lo que respecta a este actor se agota en el estudio del daño antijurídico, que al no estar demostrado impone mantener la decisión impugnada en cuanto negó las pretensiones.

Frente a los demás actores, quienes sí acreditaron el daño, entendido como el detrimento de una situación jurídicamente amparada, en este caso sus derechos a la vida y a la integridad física, según el caso, surge la necesidad de verificar si ese daño resulta o no imputable a las demandadas, a lo que se procede.

4.2. Imputación.

Se dirigió la demanda en contra del extinto Instituto Nacional de Transporte INTRA y de la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, bajo el argumento de que existía un puesto de control de tránsito a cargo de dichas entidades, por el cual pasó libremente uno de los autobuses accidentados a pesar de que no tenía luces exteriores y era de noche, lo que endilgan a un evidente incumplimiento de los deberes funcionales a cargo de dichas entidades. El mismo argumento sustenta la apelación.

Mediante el Decreto 770 de 1968 fue creado el Instituto Nacional del Transporte con el fin de ejecutar la política del Estado en materia de transporte terrestre, fluvial y de cabotaje. De igual manera se le entregó la potestad expresa para delegar en otras entidades, con aprobación del Gobierno, las competencias asignadas. En forma expresa se le asignó la competencia para “establecer y controlar la operación de retenes, básculas y terminales de transporte, de acuerdo con las autoridades competentes” y para “cumplir y hacer cumplir el Estatuto Nacional del Transporte”. También se previó que “todas las entidades públicas que desarrollen actividades relacionadas con el transporte, prestarán la colaboración que sea necesaria al Instituto Nacional del Transporte, para el cumplimiento de sus fines”.

En esas condiciones, aunque el INTRA fungía como ente ejecutor y encargado de controlar, entre otros aspectos, los retenes en las vías nacionales, es claro que desplegaba esa función de acuerdo con las autoridades competentes en cada específico sector y a través de los agentes de estas, quienes tenían la obligación de prestar la colaboración necesaria.

Por su parte, el Decreto 1344 de 1970 asignó a la Policía Vial la calidad de autoridad de tránsito(12), al tiempo que le entregó las funciones relativas a la dirección y vigilancia del tráfico(13), función que podía cumplir la Policía Nacional a través del referido cuerpo especializado(14) o de cualquier agente, previos los convenios respectivos con las autoridades departamentales y municipales(15).

En efecto, desde el 25 de octubre de 1955, con la expedición del Decreto 2826 se creó la Policía Vial como un cuerpo especializado de la Policía Nacional, encargado de hacer cumplir las normas de tránsito, disposición que no fue derogada ni expresa, ni tácitamente al crearse el INTRA, por lo que es claro que esa competencia la ejercía la referida fuerza armada.

El 19 de enero de 1982 el Director de la Policía Nacional organizó el servicio de Policía Vial, para que cumpliera sus funciones en todo el territorio nacional, correspondientes a la vigilancia y cumplimiento de las normas de tránsito de vehículos, personas y animales (fl. 188, cdno. 3), lo que se acompasa con lo certificado con destino al proceso por la Directora del INTRA, relativo a que la entidad a su cargo no tenía injerencia en el manejo y control de los retenes de control de tránsito, evidencia que no fue desvirtuada en el proceso.

Por el contrario, fue la Policía del Departamento del Atlántico la que dio cuenta de la existencia del puesto de control referido a lo largo del proceso, conocido como “Terpel” e identificó a los agentes que reconoció tener asignados a este (fl. 84, cdno. 5). En esas condiciones, lo demostrado es que el puesto de control referido estaba a cargo de la Policía Nacional y no se acreditó que fuera el INTRA el que ejercía control sobre su organización, funcionarios y labores, sino que funcionaba de acuerdo con las directrices y con el personal de la Policía Nacional.

Lo expuesto permite arribar a una primera conclusión, relativa a la imposibilidad de imputar el daño padecido por los actores al INTRA, en la medida en que: (i) el puesto de control al que se le atribuye la presunta falla no estaba adscrito a dicha entidad, (ii) ni esta tenía a su cargo por disposición legal, de acuerdo con el estudio que antecede, la obligación de controlar en forma específica la labor de las autoridades de tránsito o de disponer la forma en que se ejecutaría, esto es, no tenía control alguno jerárquico o de tutela frente a la actividad desarrollada por la Policía mediante sus agentes destinados al control del tránsito.

No ocurre lo mismo en cuanto concierne a la participación Policía Nacional, en razón de la función específica que le asignó el Código de Tránsito de la época en materia de control del tráfico y del cumplimiento de sus disposiciones, así como por la comprobada intervención de sus agentes en los hechos, lo que se demostró inclusive mediante los testimonios de quienes laboraban en el puesto de control la noche de los hechos y por virtud de las demás pruebas recaudadas, todas las cuales dan cuenta de: (i) la existencia del retén la noche de los acontecimientos, (ii) el hecho de que el bus averiado se detuvo allí y (iii) que en este prestaban guardia agentes de la Policía Nacional, en ejercicio de funciones públicas.

Ahora bien, las evidencias aportadas, en especial los diferentes testimonios referidos supra le otorgan certeza a la Sala en lo relativo a que, en efecto, el autobús de placas XKE 416 presentó un problema con su sistema eléctrico, desde el momento mismo en que inició su viaje desde Barranquilla hacia Cartagena, con las particularidades relatadas, correspondientes a que: (i) el conductor trató, sin éxito, de repararlo en la vía, (ii) durante algún trayecto se guio por las luces de un vehículo de carga y (iii) finalmente, decidió continuar el viaje guiándose por otro bus de la misma empresa que llevaba la misma ruta.

En efecto, todas las declaraciones de quienes viajaban como pasajeros del referido autobús son coincidentes sobre las referidas particularidades y también concuerdan con el dicho de los tres testigos (dos policías y un empleado del INTRA que levantaba la encuesta en el retén) que se encontraban en el puesto de control de tránsito, quienes afirmaron que dos autobuses llegaron al tiempo al sitio, lo que da plena credibilidad al hecho de que uno servía de guía al otro, tal como lo señalaron los pasajeros.

A esta altura es preciso señalar, sobre el mérito de dichos testimonios, que aunque como lo estimó el a quo, se ciñen sobre los declarantes algunos visos de sospecha, en cuanto a los pasajeros por haber sido afectados en el accidente(16) y, en relación con los agentes de Policía, por su relación de dependencia con la demandada y su directa participación en los hechos en los que eventualmente pudo verse comprometida su responsabilidad, ello no constituye razón válida ni suficiente para desestimar de plano sus declaraciones, sino que impone al juez una mayor rigurosidad al momento de su valoración, precisamente en relación con esas particulares razones y de cara a las demás evidencias.

Así lo prevé el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, que en modo alguno prevé el rechazo de los testigos en tales condiciones ni dispone que sus dichos carezcan de mérito, sino que por el contrario impone apreciarlos en la sentencia, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Es por ello que evaluados en forma rigurosa, como lo exigen las circunstancias personales de los declarantes, se encuentra que aun así estos guardan la debida coherencia que permite tener por cierto lo declarado, al tiempo que de su valoración atenta logra percibirse que no se trató de versiones acordadas o prefabricadas, pues cada una de ellas fue espontánea en cuanto al conocimiento que cada pasajero, desde su particular punto de vista, tuvo de los hechos y de la mayor o menor participación de cada uno en el acontecer fáctico descrito, no obstante lo cual coincidieron en detalles y particularidades de suma relevancia para el caso.

Por supuesto, la condición de cada uno de los declarantes permite ubicarlos en la escena de los hechos, lo cual también da cuenta de que tuvieron percepción directa de aquello sobre lo cual depusieron, situación que impide desechar de plano sus relatos, máxime cuando son de fundamental importancia para la decisión, pues ¿quién sino los sobrevivientes estaba en condiciones de dar cuenta de lo verdaderamente ocurrido?

Para la Sala los numerosos testimonios de los pasajeros permiten tener por cierto que los dispositivos de iluminación del autobús no funcionaron durante el fatídico viaje, lo que no pudo ser solucionado con los precarios esfuerzos del conductor y de los pasajeros, lo que determinó la decisión de viajar detrás de otro bus de la misma empresa, cuestión que aparece acreditada con suficiencia y que justifica la llegada simultánea de los dos rodantes al puesto de control de la Policía, tal como lo advirtieron al unísono los testigos, incluidos los agentes de policía allí presentes.

En esas condiciones, la Sala arriba a una primera conclusión, correspondiente a que el referido autobús no se encontraba en condiciones técnicas y mecánicas óptimas para transitar en horas de la noche, comoquiera que la ausencia de dispositivos de iluminación era una carencia tan grave y a tal punto insalvable que no permitía efectuar el desplazamiento en mínimas condiciones de seguridad.

La verificación del estado mecánico de los vehículos le correspondía para la época de los hechos a la autoridad de tránsito, al tenor de lo previsto el Código Nacional de Tránsito vigente: “Artículo 73º.—Las autoridades de tránsito revisarán periódicamente todos los vehículos, con el fin de verificar su correcto estado mecánico y el de los instrumentos de control y seguridad, y cuando comprueben graves deficiencias mecánicas o de higiene, podrá ordenar la inmovilización del vehículo, hasta que se corrijan”.

En efecto, ya desde aquella época estaba prevista la posibilidad legal de disponer la inmovilización del vehículo que no satisfacía las condiciones mínimas para circular, por lo que también se establecieron específicas causales en cuya presencia procedía ese tipo de medida. Así se estableció:

Los vehículos podrán inmovilizarse:

1. Cuando el vehículo no esté en condiciones mecánicas para funcionar adecuadamente, en especial cuando transite en deficientes condiciones de frenos, dirección o sin llevar luces o dispositivos ópticos o audibles o sin que éstos funcionen. 

2. Cuando el conductor no presente la licencia de tránsito del vehículo o su fotocopia autenticada.

3. Cuando el conductor se encuentre conduciendo en estado de embriaguez o drogadicción.

4. Cuando se transporten materiales inflamables o corrosivo, explosivos o venenosos o combustibles, sin las medidas de seguridad adecuadas.

5. Cuando sea conducido el vehículo por personas con licencia de conducción de categoría inferior a la autorizada.

6. Cuando el conductor esté en imposibilidad física de conducir.

Parágrafo. —La inmovilización a que se refiere el presente artículo no da derecho a las autoridades de tránsito a despojar al propietario o tenedor de la posesión del automotor. —Se resalta—

En relación con esa disposición, no cabe duda de que el estado del rodante ameritaba la adopción de una medida preventiva consistente en su inmovilización, a cargo de la Policía, a la que el orden jurídico destinó la guarda de la normas de tránsito.

En materia de acatamiento a las disposiciones de regulación del tráfico resulta evidente que el gran número de vehículos automotores excede sin duda la capacidad operativa de los encargados de su regulación en cualquier Estado, de modo tal que resulta imposible atribuirle una carga funcional de pleno y total cumplimiento a las autoridades competentes, pues sería materialmente imposible garantizar que no exista ninguna infracción a dichos mandatos.

En esas condiciones, para establecer la posibilidad de imputar el daño padecido por los actores a una omisión de la Policía, no basta con verificar el objetivo incumplimiento de la regulación de tránsito, que en efecto se presentó, sino que es menester establecer si, en el caso particular, las autoridades estuvieron en reales posibilidades de advertir la falla, caso en el cual sí se imponía una acción de su parte consecuente con las disposiciones de tránsito vigentes; esto es, para que se comprometa la responsabilidad del Estado en este caso es imperativo demostrar que los agentes estatales estuvieron en condiciones de advertir la infracción a las normas de tránsito, pese a lo cual nada hicieron, cuestión necesaria para establecer que se trató de una verdadera omisión y no simplemente de la imposibilidad de advertir la infracción, determinada por la evidente amplitud de la competencia que en tal materia le impone el ordenamiento jurídico.

Y, en efecto, de acuerdo con las pruebas del proceso sí quedó acreditada una omisión de tales características, tal como pasa a explicarse:

Es un hecho indiscutible, al que apuntan todas las evidencias recaudadas, aquel consistente en que el autobús de placa XKE 416 pasó por el puesto de control de Policía instalado antes del municipio de Sabanalarga (teniendo en cuenta el sentido de circulación del referido vehículo), en el que se detuvo por unos instantes, donde se encontraban los agentes de tránsito y un empleado del INTRA encargado de realizar una encuesta en el sitio.

Uno de los agentes allí presentes, el señor Castro Romero, quien como todos los testigos reconoció el hecho antes referido, dijo que a su llegada al puesto de control, el referido autobús prendía y apagaba las luces “como pidiendo vía”, hecho en el que pretende justificar el no haber advertido la falencia en el sistema de iluminación de bus.

Por su parte, el agente Gutiérrez Giraldo se limitó a referir que las luces del vehículo estaban en buen estado a su paso por el retén, que lo vio venir “con sus respectivas luces” y, por ello, no lo inmovilizó, lo que hubiera hecho de advertir la falencia.

Finalmente, el testigo Caraballo Navarro, sobre quien, contrario a lo afirmado por el a quo, también pesa la misma circunstancia de sospecha por ser dependiente del INTRA, también demandado en esta actuación, que lo había contratado para llenar unas encuestas, dijo haber observado que las “lámparas [del vehículo] estaban en perfecto estado”.

Estas declaraciones, además de sospechosas, no solo en razón del grado de dependencia de los declarantes respecto de las accionadas, sino de la eventual responsabilidad personal de los agentes involucrados, no ofrecen a la Sala convicción sobre la veracidad de lo declarado. Nótese cómo el primero de los referidos agentes menciona que: el autobús prendía y apagaba las luces “como pidiendo vía”, lo que no resulta verosímil con el resto de su relato de acuerdo con el cual este se detuvo en el retén; esto es, ¿por qué creer que pedía vía si en forma inmediata se iba a detener?. Lo expuesto hace ver dicha narración como una exculpación frente a su comportamiento omisivo, máxime cuando afirma que “venía prendiendo y apagando las luces” maniobra que de haber ocurrido resulta extraña, anormal y llamativa, dado que la experiencia indica que el cambio de luces se realiza entre bajas y altas, sin que conlleve la necesidad de quedar por momentos a oscuras, pues es claro que los hechos ocurrieron de noche. Y, de haber ocurrido así, también debió haber llamado la atención del policial tal hecho, de modo que le imponía verificar la razón de tal irregular situación, que no está ni ha estado prevista en las regulaciones de tránsito como una señal visual válida.

También es llamativo que el agente recordara que era precisamente el autobús que luego se accidentó y no el otro el que realizaba dicha presunta maniobra, o cualquier otro que se desplazara por esa vía, todo lo cual cierne un manto de duda sobre lo declarado.

Así ocurrió con el segundo agente, quien en forma enfática refirió que vio al bus con sus respectivas luces, lo que contradice el dicho de los pasajeros y de su mismo compañero —cuya versión fue la de que el bus prendía y apagaba las luces, la que de ser cierta sí debió llamar la atención de todos los presentes—, pero coincide con el encuestador del INTRA, quien dijo recordar que “las lámparas estaban en perfecto estado” aunque no era su función en el sitio de los hechos la verificación de tal circunstancia, condición en la cual lo lógico era que ello hubiera pasado inadvertido y no que se tuviera un recuerdo detallado de esa situación, condiciones de los relatos que minan su credibilidad.

Ahora bien, si el rodante transitaba con luces como lo afirman los tres referidos declarantes ¿cuál era la razón para que circulara inmediatamente detrás de otro de la misma empresa? Contrario a ello, la experiencia enseña que no había razón para que fueran despachados al mismo tiempo, como normalmente ocurre con el servicio de transporte de la misma empresa, pues no es normal ni frecuente que se programe el mismo itinerario para dos vehículos. Por el contrario, resulta más verosímil el hecho de que el bus que servía de guía partió de su lugar de origen tiempo después del primero y le dio alcance por razón de las fallas documentadas por los pasajeros que lo obligaron a detenerse al menos en tres oportunidades, hecho que también quedó plenamente demostrado.

También dan cuenta las evidencias de otro hecho relevante en la conducta de los agentes de Policía, siendo este el relativo a que, aunque todos los pasajeros afirmaron que antes de la llegada al retén la mayoría de ellos se bajó del bus averiado y subió al bus guía, al efectuar la revisión de la planilla, que reconocen haberlo hecho los agentes, no advirtieron la diferencia entre el número de pasajeros iniciales y los pocos que en ese momento se desplazaban en el vehículo, según lo declarado por quienes se cambiaron de bus y por quienes permanecieron en el accidentado.

Atendido lo anterior, es claro para la Sala que las autoridades de policía, representadas en los agentes que laboraban en el retén denominado “Terpel”, sí estuvieron en posibilidad real de evidenciar la grave falencia en los sistemas de iluminación del vehículo, que no podía pasar inadvertida en horas de la noche, pese a lo cual nada hicieron, omisión que constituye para el presente caso una falla del servicio que compromete la responsabilidad de la Policía Nacional.

Aún si se otorga pleno crédito al dicho del primero de los referidos policiales, quien hizo mención a que el autobús prendía y apagaba las luces, ese solo hecho debió generar en él inquietud sobre la razón de tal conducta, desvirtuada como quedó su tesis correspondiente a que ello obedecía a una presunta maniobra de adelantamiento, pues el rodante se detuvo inmediatamente después.

En esas condiciones, es claro para la Sala que los agentes de policía referidos omitieron la ejecución de su deber funcional de garantizar el acatamiento de las normas de tránsito y, como consecuencia, de impedir que continuara movilizándose el vehículo averiado en esas condiciones que atentaban contra la seguridad vial, pues estuvieron en reales posibilidades de advertir la irregular situación, pese a lo cual nada hicieron. Ese desconocimiento de los deberes obligacionales a cargo de los agentes estatales comprometió en el presente caso la responsabilidad de la Policía Nacional, lo que permite imputarle responsabilidad en los hechos.

5. Eximentes de responsabilidad en el caso concreto.

Ahora bien, aunque la posibilidad de imputar ese daño a la administración puede romperse por virtud de la acreditación de una causa extraña y ajena a la actividad estatal, ello solo operó respecto de una de las víctimas, el señor José Dolores Piña, quien según quedó acreditado con el informe del accidente (fl. 87, cdno. 5), era quien conducía el rodante de placa XKE-416. En efecto, como responsable de guiar el vehículo estaba obligado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el desplazamiento, lo que evidentemente no hizo. Su conducta fue a tal punto imprudente que puede calificarse, sin asomo de dudas, como gravemente culposa, pues no de otra manera puede ser denominado el desconocimiento consciente de los reglamentos de tránsito y de las mínimas reglas de la experiencia al conducir un vehículo por carretera en horario nocturno y sin luces. Su condición de ciudadano que se dedicaba profesionalmente a la conducción de vehículos de transporte público acrecentaba ese deber de cuidado que en forma evidente desconoció en ejecución de una conducta imprudente.

En efecto, pese a conocer el estado inadecuado del vehículo, se empeñó en continuar el viaje, en contravía de las normas de tránsito, con lo que puso en peligro en forma imprudente su propia vida, la de sus pasajeros y de los terceros, acción temeraria contraria al deber mínimo de diligencia exigible aún al descuidado y que permite calificarla como gravemente culposa. Por ende, se negarán las pretensiones de su núcleo familiar al aparecer acreditada dicha culpa como una eximente de responsabilidad para el caso concreto.

Sin embargo, esa imprudencia no se constituye en este caso como el hecho de un tercero que tenga la virtud de exonerar a la administración con respecto a las demás víctimas, pues es claro que la autoridad estuvo en posibilidad de impedir la continuidad de dicha conducta irregular y no lo hizo, por lo que la aludida actuación imprudente no logra romper la posibilidad de imputarle el daño al ente Estatal, comoquiera que esta se continuó concretando precisamente por razón de la omisión que se le endilga a la Policía Nacional representada por sus agentes. Este razonamiento no opera frente a la referida víctima, por cuanto la posibilidad de evitar la irregularidad estaba en cabeza suya en primera medida, por ser quien desplegó el comportamiento imprudente, no siéndole entonces dable a sus causahabientes obtener beneficio alguno de su propia culpa.

Para que el hecho de un tercero opere como causal eximente de responsabilidad debe corresponder efectivamente a una causa extraña en la producción del daño, ajena a la prestación del servicio, imprevisible e irresistible para la administración. Sobre las características que dicha eximente debe reunir para que pueda exonerar de responsabilidad a la administración, ha dicho la Corporación(17):

(i) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención(18).

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado(19).

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(20).

En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño.

Así las cosas, como en el presente evento se le imputa responsabilidad a la administración por omisión, por no haber impedido la continuación de la actividad riesgosa consistente en la movilización de un vehículo de servicio público en condiciones no aptas para ello, pese a que estuvo en reales posibilidades de impedir tal actividad en ejecución de las funciones cuyo incumplimiento se le reprocha, es claro que la actuación del conductor del rodante y de la empresa a la que este se encontraba afiliado, relativos a las condiciones de mantenimiento del autobús y al hecho de haberlo dispuesto para el viaje y continuado este sin las mínimas condiciones de seguridad, no se constituyen en elementos ajenos a la falla que se imputa a la demandada, sino que, por el contrario, eran las conductas que la autoridad estaba llamada a neutralizar, estuvo en posibilidad de hacerlo y no lo hizo.

Tal ha sido la interpretación de la Corporación sobre esa particular eximente de responsabilidad, en casos de omisión, en los que se ha considerado que no evitar el resultado que se tiene la obligación de impedir, equivale a producirlo, esto es, a partir del paso del automotor por el retén de la Policía, donde le fue permitido el paso, habiendo tenido la real posibilidad de inmovilizarlo, la conducta de que este se hubiera movilizado en la noche y sin luces derivó de una omisión de la administración, por lo que no puede considerarse como un hecho ajeno a su actividad que tenga la virtualidad de exonerarla de responsabilidad. Así lo ha dejado en claro de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corporación al señalar(21):

La doctrina es unánime al considerar que para que el hecho del tercero pueda configurarse como causal de exoneración de responsabilidad, es indispensable que pueda tenérsele como causa exclusiva del daño, producida en tales circunstancias que sea imprevisible e irresistible para que reúna las características de una causa extraña, ajena a la conducta de quien produjo el daño.

Se hace notorio que el hecho del tercero debe ser imprevisible puesto que si puede ser prevenido o evitado por el ofensor le debe ser considerado imputable conforme al principio según el cual "no evitar un resultado que se tiene la obligación de impedir, equivale a producirlo". Y debe ser irresistible puesto que si el causante del daño puede válidamente oponerse a él y evitarlo, luego no lo puede alegar como causal de exoneración.

Todos estos supuestos deben ser demostrados por quien alega el hecho del tercero como causal de exoneración de su responsabilidad.

En forma más reciente, esta Subsección afirmó(22):

De otro lado, se debe precisar que la causa extraña como excluyente de responsabilidad(23) requiere de varios presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad, exclusividad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño(24), aspectos que deben encontrarse debidamente demostrados en el proceso(25), punto en el que se debe tener en cuenta que cuando el suceso dañoso es previsible o resistible para aquélla, o provino parcial o totalmente de su conducta, se revela una falla del servicio al no haberlo prevenido, resistido o evitado pudiendo hacerlo, máxime cuando en su cabeza se radica el deber legal de precaución, por lo que la circunstancia extraña correspondiente no podría tener plenos efectos absolutorios o liberatorios de responsabilidad.

Conforme lo ha explicado la doctrina, sólo cuando el hecho o acto “ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(26). Así también lo han señalado los hermanos Mazeaud, cuando precisan que la causa extraña lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima”(27).

(…)

a la luz del ordenamiento jurídico colombiano —artículo 2344(28)del C.C.—, la concurrencia de causas también denominada con causalidad entre el comportamiento del aparato estatal y la actuación u omisión de un tercero que no sea vinculado a la litis, no genera a su favor efecto liberatorio alguno de las pretensiones indemnizatorios que se hubiesen incoado en su contra, en virtud de la solidaridad que surge entre ellos.

En esas condiciones, se insiste, como la demandada no solo estaba en condiciones aptas para ello, sino que tenía el deber legal de impedir que el autobús en condiciones mecánicas y eléctricas no aptas continuara su rumbo, no puede considerarse que la forma imprudente en que este fue usado para el transporte de pasajeros sea una causa extraña a la actividad estatal derivada de un tercero.

En lo que respecta a la conducta de los demás pasajeros del rodante KXE-416 no encuentra la Sala posible declarar que incurrieron en una culpa grave que exonere de responsabilidad a la administración, pues aunque conocieron el defecto del vehículo, no eran ellos quienes tenían a su cargo la ejecución de la actividad peligrosa, sino el conductor. Como pasajeros confiaron en que el transportador cumpliría con el deber de llevarlos a su destino y, aunque esa confianza pudo ser imprudente y posiblemente culposa, conocidas las condiciones del vehículo, no puede afirmarse que esa culpa fue grave, pues no puede reprochárseles el esperar que el transportador cumpliera con las obligaciones derivadas del contrato de transporte y tampoco podía exigírseles haber abandonado el vehículo en horas nocturnas sin certeza sobre la forma en que llegarían a sus destinos. Consta en el proceso que aquellos pasajeros que pudieron trasladarse al autobús guía lo hicieron y los que permanecieron en el averiado lo hicieron por cuanto el cupo de aquel no fue suficiente para transbordarlos a todos.

Así, aunque puede calificarse como imprudente haber permanecido en el vehículo pese a las fallas o no haberlas informado al personal de policía en el retén, se trata de una culpa leve, que no tiene la virtud de exonerar de responsabilidad a la administración, pues es la equivalente al incumplimiento del deber del buen padre de familia, quien se habría abstenido de continuar su viaje en ese tipo de rodante o quien habría dado aviso oportuno y ágil a la autoridad. Esto por cuanto, la culpa grave exige un descuido tal en el que ni aún el negligente hubiera incurrido, siendo claro que en las condiciones descritas bien pudo considerar aquella persona no previsiva que el transportador “sabía lo que hacía” y lo llevaría a su destino.

De igual manera, la vigilancia sobre la actividad riesgosa no estaba asignada a las víctimas, sino a la autoridad demandada, por lo que habiéndose percatado los policiales de la falla, como quedó demostrado, eran estos los llamados a actuar y no lo hicieron. Por el contrario, permitieron que el rodante continuara su rumbo por parte de los agentes de la administración, lo que sin duda generó en los pasajeros una situación de confianza legítima relacionada con la seguridad del viaje que las mismas autoridades autorizaron continuar.

6. Indemnización de Perjuicios.

6.1. Daño moral.

De tiempo atrás la jurisprudencia de esta jurisdicción ha presumido que la muerte de una persona genera grave aflicción a su núcleo familiar y determina una afectación moral que debe ser indemnizada. De igual manera, se ha establecido que las lesiones corporales también generan ese tipo de aflicción a quien las padece y a sus familiares. En los dos eventos la jurisprudencia de la Sección se ha unificado con el fin de establecer los parámetros o baremos indemnizatorios a aplicar en estos casos, atendido el grado de afectación de la salud en el caso de lesiones y el grado de parentesco en ambos eventos.

En los casos de muerte, se estableció en sentencia de unificación de esta Sección(29):

“A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.”

Por su parte, en casos de lesiones, se unificó la jurisprudencia en el sentido de establecer topes indemnizatorios de acuerdo con la gravedad de las lesiones y del nivel de las relaciones afectivas o de parentesco, así(30):

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno— filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e 8 inferior al 50%; a 30 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%.

De tal manera, para establecer la cuantía de la indemnización por daño moral en el presente caso, se dividirán los núcleos familiares demandantes en tres categorías, así: (i) víctima fallecida, a quienes se indemnizará conforme a lo precitados parámetros; (ii) víctima lesionada con calificación sobre el grado de afectación, para establecer el tope correspondiente, según los criterios de la jurisprudencia unificada, en atención a que la prueba científica sobre su grado de afectación no fue controvertida ni desvirtuada probatoriamente y (iii) víctima lesionada sin calificación sobre el grado de afectación o en condiciones probatorias particulares que requieren un trato diferenciado, a quienes se le indemnizará teniendo en cuenta las condiciones particulares que se acreditaron.

En cuanto al primer grupo se tiene la siguiente indemnización en salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de esta sentencia:

VíctimaFamiliar DemandanteVínculoIndemnización SMLMV
Eduardo Molano HernándezFlor de María Forero SáenzCónyuge100
 Nelson Molano ForeroHijo100
 Edgar Adolfo Molano ForeroHijo100
 Jairo Alberto Molano ForeroHijo100
 Freddy Molano ForeroHijo100
 Henry Molano ForeroHijo100
 Martha Yolanda Molano ForeroHija100
 Sonia Rocío Molano ForeroHija100
 Germán Darío Molano ForeroHijo100
 Luz Amparo Molano ForeroHijo100
 Oscar Mauricio Molano ForeroHijo100
 Uriel Eduardo Molano ForeroHijo100
Edgardo Barrios PáezBerenice Páez FlórezMadre100
 Edgardo Barrios HernándezPadre100
 Astrid de los Ángeles Barrios PáezHermana50
 Arnold Barrios PáezHermano50
 Gustavo Pianeta Ariasdamnificado15
 Dinora Barrios PáezHermana50
Petrona Díaz González Ana de Jesús Blanco DíazHija100
 Leandra Blanco DíazHija100
 Aurora Blanco DíazHija100
 José Blanco DíazHijo100
 Juan Blanco CastilloCompañero100
José María Pacheco FernándezJuana Isabel Fernández de PachecoMadre100
Carmen Martínez BermúdezCarlos Alberto Pérez JiménezCónyuge 100
 Juana Rosa Pérez MartínezHija100
 Juan Gabriel Pérez MartínezHijo100
 Erick Pérez MartínezHijo100
 Carlos Martínez MartínezHijo100
 Erika Pérez Martínez Hija100
 Rosana Martínez MartínezHija100
 Franklin Villareal MartínezHijo100
 Amelia Sofía Bermúdez de MartínezMadre100

Se reitera que frente a la otra víctima mortal, señor José Dolores Piña, no se incluyó indemnización en la tabla, por cuanto las pretensiones de su núcleo familiar no prosperan, según se indicó supra.

En cuanto al segundo grupo, esto es, aquel compuesto por los lesionados a quienes se les calificó el porcentaje de discapacidad derivado de las afecciones sufridas, conforme al análisis probatorio realizado al momento de efectuar el estudio del daño, la indemnización es la siguiente, conforme a los baremos establecidos por vía jurisprudencial:

VíctimaDemandante%PCLParentescoSMLMV
Carlos Martínez MartínezCarmen Martínez Bermúdez30Mamá60
 María Bernarda Fuentes Galarza Madre del hijo9
 Carlos Martínez Martínez víctima60
 Carlos Martínez Reales Padre60
Delcy Jiménez PadillaDelcy Jiménez Padilla70Víctima100
 Candelaria Padilla Taborda Madre100
 Eliécer Jiménez Padilla Hermano50
 Maritza del Carmen Jiménez Padilla Hermana50
 Neyla Isabel Jiménez Padilla Hermana50
María del Carmen Vásquez María del Carmen Vásquez50Víctima100
Lesionada Fl. 91, cdno. ppal.Rafael Ignacio Vásquez Contreras Padre100
 María Esperanza González Ospino Madre100
 Rafael Ignacio Vásquez González Hermano50
 Manuel Alberto Vásquez González Hermano50
 Jorge Enrique Vásquez González Hermano50
 Elvia Lucila Vásquez González Hermana50
 Luís Fernando Vásquez González Hermano50
 Luz Marina Vásquez González Hermana50
José de los Santos Blanco DíazJosé de los Santos Blanco Díaz 14Víctima20
 Aída Luque Márquez Cónyuge20
 José Luís Blanco Luque Hijo20
 Cruz de Lina Blanco Luque Hija20
 Yanelis Esther Blanco Luque Hija20
 Ana Isabel Díaz Vega Madre20
Iván Aly Álvarez CarrilloIván Aly Álvarez Carrillo56Víctima100
 Arturo Enrique Álvarez Carrillo Padre100
 Josefina Isabel Carrillo de Álvarez Madre100
 Nubia Marina Álvarez Carrillo Hermana50
 Vespaciano Enrique Álvarez Carrillo Hermano50
 William Alfonso Álvarez Carrillo Hermano50
 Hebert Arturo Álvarez Carrillo Hermano50
 Wilson Jasir Álvarez Carrillo Hermano50

En cuanto al tercer grupo, procede analizar sus particularidades, por lo que se pronunciará la Sala uno a uno frente a cada núcleo familiar, teniendo en cuenta que la sola comprobación de su afectación los sitúa en el nivel sexto de indemnización, que corresponde al mínimo a otorgar; a partir de allí, se aumentará de nivel y, por ende, los topes de indemnización, a partir de cada situación agravante de las lesiones, debidamente comprobada. En consecuencia se tiene:

Luís Alfredo Vera Cabarcas.

Aunque se calificó su afección con un 10% de disminución de capacidad laboral, también es cierto que de acuerdo con el mismo dictamen padeció una deformidad permanente en el rostro, con desfiguración facial leve (fl. 233, cdno. 6), por lo que no puede tasarse el valor de su indemnización únicamente con base en el porcentaje antes referido, pues aunque leve, haber padecido una (i) deformidad y (ii) ser esta en el rostro amerita una indemnización mayor, que la Sala estima, en relación con los dos referidos agravantes, en el tercer nivel de afectación previsto en la sentencia de unificación.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Luís Alfredo Vera CabarcasLuís Alfredo Vera CabarcasVíctima60
 Sara María López MurilloCompañera60
 Luís Carlos Vera SoracáPadre60
 Laurina Isabel Cabarcas MercadoMadre60

Jhon Jairo Vanegas Martínez.

Está acreditado que recibió golpes en la cara y politraumatismo el día del accidente, sin embargo, no se acreditaron secuelas, ni la gravedad de las contusiones, por lo que se indemnizará en la escala de afectación más baja (superior al 1% e inferior al 10%), así:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Jhon Jairo Vanegas MartínezJhon Jairo Vanegas MartínezLesionado10
 Jairo Manuel Vanegas DíazPadre10

Carmen Isabel Villareal Pérez.

También sufrió politraumatismo y fractura en un pie que requirió intervención quirúrgica, por lo que su grado de afectación es superior al de las víctimas que únicamente recibieron traumatismos, sin ruptura de huesos, por lo que se indemnizará su daño moral en aplicación del cuarto nivel de afectación, en los términos de la sentencia de unificación, pues, se insiste, su afectación conllevó (i) fractura e (ii) intervención quirúrgica para remediarla y finalmente padeció una desfiguración, aunque leve, por lo que puede calificarse como de una gravedad media, más allá de la calificación de 10% que le fue otorgada a su pérdida de capacidad laboral. Las referidas circunstancias agravantes demostradas justifican incrementar el porcentaje de indemnización.

Consta lo siguiente en el dictamen médico laboral: “Al examen físico se observa cicatriz poco aparente en frente, oreja derecha, cicatriz a nivel de tobillo derecho bimaleolar; con buena función de pierna tobillo y pie derechos. De acuerdo a lo anterior se concluyó que la paciente presentaba desfiguración parcial leve, con disminución de su capacidad laboral del 10%”.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Carmen Isabel Villareal PérezCarmen Isabel Villareal PérezVíctima40
 Domingo Javier Escorcia VillarealHijo40
 Juan Antonio Reales VillarealHijo40
 Pedro Antonio Reales VillarealHijo40

Ramón Gutiérrez Visbal.

Sufrió politraumatismo y testimonialmente se acreditó que ocho días después del accidente se pudo apreciar que aún continuaba con secuelas de los golpes sufridos y padeció fracturas. En esas condiciones, la ruptura de huesos se atenderá como criterio para establecer el grado de afectación, al igual que en el caso anterior; sin embargo, como no requirió intervención quirúrgica, estará un nivel por debajo, esto es, en el quinto. Así las cosas:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Ramón Gutiérrez VisbalRamón Gutiérrez VisbalVíctima20
 Rocío Isabel Caballero VillarealCónyuge20
 Dora Visbal de GutiérrezMadre20
 Dora Estela Gutiérrez VisbalHermana10
 Ángel Custodio Gutiérrez VisbalHermano10
 Víctor Manuel Gutiérrez VisbalHermano10
 Mauricio Gutiérrez VisbalHermano10
 Cecilia María Villareal PérezSuegra1,5
 Miguel Ángel Caballero VillarealCuñado1,5
 Juan Carlos Caballero VillarealCuñado1,5
 Janeth del Carmen CaballeroCuñada1,5

Rocío Caballero Villareal.

Cónyuge del señor Gutiérrez Visbal, demandó en nombre propio y sus familiares también reclaman por la afectación sufrida, la que será indemnizada en el cuarto nivel de afectación, por razón de la fractura de clavícula de la que dio cuenta la prueba testimonial recaudada y la pérdida de capacidad laboral del 20% que se le asignó con ocasión de esas lesiones (fl. 234, cdno. 6).

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Rocío Isabel Caballero Ramón Gutiérrez VisbalCónyuge40
 Rocío Isabel Caballero VillarealVíctima40
 Dora Visbal de GutiérrezSuegra6
 Dora Estela Gutiérrez Visbalcuñada6
 Ángel Custodio Gutiérrez Visbalcuñado6
 Víctor Manuel Gutiérrez Visbalcuñado6
 Mauricio Gutiérrez Visbalcuñado6
 Cecilia María Villareal Pérezmadre40
 Miguel Ángel Caballero Villarealhermano20
 Juan Carlos Caballero Villarealhermano20
 Janeth del Carmen Caballerohermana20

Para un total de indemnizaciones a favor de dichos demandantes, correspondiente a la sumatoria de las dos tablas que anteceden, así:

Ramón Gutiérrez Visbal60
Rocío Isabel Caballero Villareal60
Dora Visbal de Gutiérrez26
Dora Estela Gutiérrez Visbal16
Ángel Custodio Gutiérrez Visbal16
Víctor Manuel Gutiérrez Visbal16
Mauricio Gutiérrez Visbal16
Cecilia María Villareal Pérez41,5
Miguel Ángel Caballero Villareal21,5
Juan Carlos Caballero Villareal21,5
Janeth del Carmen Caballero21,5

Salvador Rodríguez Argúmedo.

Sufrió múltiples traumas y también requirió hospitalización, aunque se desconoce su duración, por lo que su afectación también se sitúa en el quinto nivel, con base en ese criterio de gravedad. En consecuencia, la indemnización del daño moral que corresponde, es la siguiente:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Salvador Rodríguez A.Salvador Rodríguez ArgúmedoVíctima20
 Maritza De la Paz Peña GálvezCónyuge20
 Irina Esther Rodríguez PeñaHija20
 Iván David Rodríguez PeñaHijo20
 Luís Fernando Rodríguez PeñaHijo20

Josefina Castillo Ocampo

Acreditó que recibió atención médica con ocasión del accidente y que siete días después acudió a consulta externa por los mismos hechos, por lo que su afectación, sin componentes agravantes, se fija en el sexto nivel, de acuerdo con el cual, se indemnizará así:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Josefina Castillo OcampoJosefina Castillo OcampoVíctima10
 Oscar Tapias LlerenaCónyuge10
 Oscar Antonio Tapias CastilloHijo10
 Lisbeth Tapias CastilloHija10
 Álvaro Tapias CastilloHijo10

Mario Jiménez Alcázar.

Su atención, según lo probado, se limitó a la verificación de que no padecía fracturas, por lo que también se indemnizará con fundamento en el nivel de menor afectación, así:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Mario Jiménez AlcázarMario Jiménez AlcázarVíctima10
 Valeriano Jiménez MartínezPadre10
 Mercedes Alcázar MartínezMadre10

Nelsy del Rosario Ortega Guzmán

Acreditó haber sufrido politraumatismo tratado con analgésico. Sin embargo, se agravó su padecimiento por (i) el presunto riesgo en el que estuvo una de sus extremidades, lo que le generó la (ii) grave aflicción documentada testimonialmente, razón por la cual su indemnización, atendidos dichos agravantes, se tasará conforme al cuarto nivel de afectación:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Nelsy del Rosario Ortega Nelsy del Rosario Ortega Víctima40
 Alejandrina Guzmán de OrtegaMadre40

Adelis José Morales Iglesias.

Según lo demostró, padeció lesiones por politraumatismo en el pie y el hombro, sin acreditar agravantes de su afectación, por lo que se indemnizará conforme al sexto nivel:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Adelis José Morales IglesiasAdelis José Morales IglesiasVíctima10
 Jorge Luís Morales BallestasHijo10
 José Rafael Morales BallestasHijo10
 Fabián Morales BallestasHijo10
 José Cesáreo Morales PérezPadre10

Nadín José Figueroa Gutiérrez.

Además del politraumatismo sufrió (i) fractura del húmero, que (ii) dos meses después del accidente le imponía continuar en busca de atención médica, por lo cual se indemnizará conforme al cuarto nivel, en razón de esas dos agravantes:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Nadín José Figueroa G.Nadín José Figueroa GutiérrezVíctima40
 Valentín Figueroa FigueroaPadre40
 Magalis Esther Gutiérrez Madre40
 Naibeth Figueroa GutiérrezHermana20
 Olinda Figueroa GutiérrezHermana20
 Lisbeth Figueroa GutiérrezHermana20

Dagoberto Gómez Julio.

Se probó que sufrió múltiples golpes en el accidente y fractura de tibia, por lo que se le indemnizará conforme al nivel quinto de afectación, en razón del agravante consistente en haber padecido dicha ruptura de uno de sus huesos.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Dagoberto Gómez JulioDagoberto Gómez JulioVíctima20

Manuel Polo Castro.

El politraumatismo sufrido requirió de 15 días de recuperación, por lo que se le indemnizará conforme al 5 nivel, en atención a ese último agravante:

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Manuel Polo CastroManuel Polo CastroVíctima20

Alejandro Manotas Polo (fl. 246, cdno. ppal)

Acreditó que se le atendió en institución médica por los traumas sufridos, sin demostrar agravantes de su situación médica, por lo que se indemniza en el nivel sexto de afectación.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Alejandro Manotas PoloAlejandro Manotas PoloVíctima10

José David Heredia Cabarcas (fl. 250, cdno. ppal)

Acreditó haber recibido atención por una herida en la ceja derecha. Sexto nivel de afectación.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
José David Heredia CabarcasJosé David Heredia CabarcasVíctima10

Edwin Rafael Julio Otero

Sus heridas comprometieron tejido celular subcutáneo y cinco días después del accidente aún recibía tratamiento médico. Un agravante que lo ubica en el quinto nivel de afectación.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Edwin Rafael Julio OteroEdwin Rafael Julio Oterovíctima20
 Esther María Otero Cantillomadre20

Deogracias Antonio Alcalá.

Aunque su afectación fue calificada como del 10% de pérdida de capacidad laboral, también se tiene en cuenta para efectos de la indemnización del daño moral la comprobada pérdida de dos piezas dentales como consecuencia del accidente, agravante por razón de la cual se indemnizará conforme al cuarto nivel de afectación.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Deogracias Antonio AlcaláDeogracias Antonio AlcaláVíctima40
 Rosario Teresa Cerro de AlcaláCónyuge40
 Ana María Alcalá CerroHija40
 Lina Margarita Alcalá CerroHija40

Harold Antonio Figueroa Delgado.

Únicamente se acreditó que resultó lesionado en el accidente, de conformidad con el informe levantado por las autoridades de tránsito, sin evidencia sobre el grado de afectación, por lo que se le indemniza conforme al mínimo nivel de afectación previsto en la sentencia de unificación antes citada.

VíctimaDemandanteVínculoSMLMV
Harold Antonio Figueroa S.Harold Antonio Figueroa S.Lesionado10

6.2. Daño material.

Para la tasación del daño material habrá de atenderse a la forma en que este quedó o no acreditado frente a cada núcleo familiar y teniendo en cuenta que todos ellos los reclaman en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, se abordará su estudio en forma individual.

6.2.1. Daño emergente.

Aunque todos los actores reclamaron indemnización por daño emergente (sin precisar en qué consistió este), solo cuatro de ellos acreditaron haber erogado sumas de dinero con ocasión del daño padecido, así:

La señora Carmen Villareal Pérez demostró haber pagado la suma de $951.198, erogación que tuvo lugar el 30 de julio de 1990, por concepto de gastos de hospitalización y servicios médicos en la Clínica del Caribe, dese el 16 de junio hasta el 28 de junio de 1990. Aportó certificación emitida por el prestador de los servicios (fl. 115, cdno. 8).

Nadín José Figueroa Sarmiento y Delcy Jiménez Padilla sufragaron gastos en el Hospital Universitario de Cartagena (fls. 165 y 197, cdno. 10), por valor de $300 pesos cada uno, en agosto de 1990. Allegaron los correspondientes recibos de caja.

Finalmente, el señor Dagoberto Gómez Julio sufragó el valor de una radiografía en noviembre de 1990, por valor de $7.000, lo que acreditó con el correspondiente recibo.

Esas sumas les serán reconocidas a los referidos demandantes, quienes probaron haberlas pagado, debidamente actualizadas con base en el IPC, de modo tal que el índice inicial habrá de corresponder a la fecha en que realizaron dichos pagos y el índice final al último conocido en la época de la sentencia, así

Demandantemes pagoíndice finalíndice inicialvr. Históricovr. Actualizado
Carmen Villareal PérezJul-90132,589,88$951.198$12.764.153
Dagoberto Gómez JulioNov-90132,5810,69$7.000$86.816
Nadín José Figueroa Ago-90132,5810,04$300$3.962
Delcy Jiménez Padilla Ago-90132,5810,04$300$3.962

Aunque uno de los testigos afirmó que el señor Vera Cabarcas perdió unos bultos de mercancía en el accidente, reconoció que fue por comentario del propio afectado que se enteró de tal situación, esto es, se trata de un testigo de oídas a quien no le consta la preexistencia de las mercancías presuntamente perdidas, ni que estas se transportaran efectivamente en el rodante, ni su cuantía.

Otro testigo dijo que el señor Salvador Rodríguez Argúmedo (fl. 310, cdno. 10) debió pagar sus gastos médicos, no se precisó en qué monto y aunque dijo haberle prestado dinero para el efecto, se extraña el comprobante de pago expedido por la entidad de salud que dé cuenta de que tales gastos no fueron asumidos por el sistema de seguridad social.

En esas condiciones, se negará el daño emergente pretendido por los demás actores, distintos a los que aparecen relacionados en la tabla que antecede, quienes no demostraron haberlo padecido, cuestión indispensable para que pueda ser reparado, pues, contrario a lo que sucede con el perjuicio extrapatrimonial que en ciertos casos se presume, no ocurre lo mismo con el material, por lo que correspondía en este caso a los actores demostrar las sumas que salieron de su patrimonio con ocasión del daño, por lo que solo se indemnizará este rubro del perjuicio a quienes probaron efectivamente haberlo padecido.

6.2.2. Lucro cesante.

6.2.2.1. Heridos en el accidente.

En lo relativo al lucro cesante, este se reconocerá a favor de las víctimas que resultaron lesionadas, que estaban en edad productiva, por el tiempo de la demostrada incapacidad para laborar que las heridas sufridas les generó. A quienes acreditaron secuelas de carácter permanente o algún grado de discapacidad, se les indemnizará, de acuerdo al porcentaje demostrado y hasta su vida probable bajo el entendido de que dicha pérdida de capacidad laboral los afectará por el resto de sus vidas y limitará su capacidad productiva. Si la pérdida es igual o superior al 50% se indemnizará en forma total, bajo el entendido de que tal grado de discapacidad resulta incompatible con la actividad laboral y, por ende, genera una imposibilidad plena para derivar el propio sustento.

Finalmente, se negará el reconocimiento de indemnización por este concepto a quienes no acreditaron la gravedad de sus lesiones o no probaron que estas les generaron incapacidad para laborar, bajo el entendido de que, en esas condiciones, no demostraron haber dejado de percibir las sumas que normalmente obtenían por el despliegue de su fuerza de trabajo.

Así se procede en forma individual frente a cada grupo familiar:

Carlos Martínez Martinez.

Criterios para la reparación.

Hospitalizado desde 16 de junio de 1990 hasta 2 de agosto de 1990, según historia y hospitalizado por otros meses más según prueba testimonial, de acuerdo con la cual tardó año y medio en recuperación. A partir de allí, padeció una discapacidad del 30%.

Nació el 8 de febrero de 1968 (fl. 58, cdno. 8), tenía 22 años en la época de los hechos y se desempeñaba en actividad productiva como vendedor de vísceras de res. Aunque no se probó su ingreso, se presume cuando menos que obtendría el salario mínimo con ocasión de su actividad. En razón a la época de los hechos, se tomarán los períodos de vida probable vigentes en 1990, determinados en la Resolución 996 de marzo de ese año expedida por la Superintendencia Bancaria. El salario mínimo será el actual, que es superior a la actualización con IPC del vigente en la época de los hechos y se incrementará en un 25%, correspondiente al factor prestacional reconocido por la jurisprudencia de la sección como parte integral del ingreso que habría de percibir todo trabajador.

Salario mínimo: $689.455 * 1.25 = $861.818

Con 22 años, tenía una expectativa de vida de 50,54 años (equivalentes a 606,48 meses), los que se distribuirán así:

18 meses, correspondientes al tiempo que permaneció sin actividad económica, por estar en recuperación de las graves heridas sufridas, los que se indemnizarán al 100%; 294,73 meses trascurridos a partir de la recuperación hasta la época del presente fallo, que se liquidarán como lucro cesante consolidado y los 293,75 meses restantes, hasta la vida probable, que se liquidarán como lucro cesante futuro, estos dos últimos, por el 30% del ingreso base, porcentaje correspondiente a la pérdida de capacidad laboral demostrada.

La base de liquidación es el salario mínimo, incrementado en un 25% correspondiente al factor

Fórmulas actuariales

A aplicar en todos los casos, con el fin de incluir en el cálculo el interés legal en forma positiva para los pagos atrasados y en forma negativa para los futuros:

Lucro cesante consolidado:

FORMULAS -24769-01
 

Donde:

S= Suma buscada

Ra= Renta actualizada

i = Interés Legal

n= número de meses transcurridos entre la fecha del hecho dañino y la fecha de la sentencia

Lucro cesante futuro

Comprende el período transcurrido entre la fecha del fallo y la de la vida probable o la época hasta la cual se extiende la indemnización, así:

FORMULAS -24769-02
 

S = Indemnización futura

Ra = Renta actualizada

n = Número de meses a indemnizar

i= Interés legal

Primer período consolidado:

FORMULAS -24769-03
 

S = $16.171.444

Segundo período consolidado

S = 861.818 * 30% = $258.545,4

FORMULAS -24769-04
 

S = $169.075.017

Período futuro

FORMULAS -24769-05
 

S = $40.361.300

Total lucro cesante = $225.607.761

Jhon Jairo Vanegas Martínez.

Aunque sufrió politraumatismo y estuvo enyesado, está acreditado que nació en noviembre de 1980 (fl. 51, cdno. 8), por lo que en la época de los hechos apenas contaba con 9 años de edad, esto es, no se encontraba en edad productiva, por lo que no puede indemnizarse el tiempo que permaneció en recuperación de sus heridas (el que tampoco se acreditó), pues en aquella época no era económicamente productivo. Se negará por tanto el lucro cesante reclamado.

Delcy Jiménez Padilla

Perdió las piernas, pues consta que una le fue amputada y la otra no quedó funcionalmente útil. Su incapacidad fue del 70%, sin embargo, se le indemnizará al 100%, según lo referido supra, desde el día del accidente en el que quedó en lamentables condiciones de salud y perdió su capacidad productiva.

Período consolidado (desde el accidente hasta la época del fallo)

S = $861.818

FORMULAS -24769-06
 

S = $631.342.413

Período futuro (desde el fallo hasta la vida probable, tenía 21 años en la época del accidente y una expectativa de vida de 51,37 años, esto es, de 616,44 meses, menos 312,76 consolidados 303,68).

FORMULAS -24769-07
 

S = $136.539.770

Total lucro cesante = $767.882.183

María del Carmen Vásquez

Sufrió graves lesiones que le determinaron una pérdida de capacidad laboral del 50%, esto es, no recuperó su capacidad productiva luego del accidente, por lo cual se indemnizará al 100% desde la época del daño. Contaba con 21 años de edad en la fecha del accidente (nació el 25 de octubre de 1969), esto es, estaba en plena edad productiva.

Período consolidado (desde el accidente hasta la época del fallo)

S = $861.818

FORMULAS -24769-08
 

S = $631.342.413

Período futuro (desde el fallo hasta la vida probable, tenía 21 años en la época del accidente y una expectativa de vida de 51,37 años, esto es, de 616,44 meses, menos 312,76 consolidados = 303,68).

FORMULAS -24769-09
 

S = $136.539.770

Total lucro cesante = $767.882.183

José de los Santos Blanco Díaz.

Tenía 39 años en la época del accidente (fl. 101, cdno. 8) y padeció lesiones que le determinaron una pérdida de capacidad laboral del 14%, por lo que se reconocerá su indemnización con base en dicho porcentaje de la base obtenida con el salario mínimo. Con 39 años tenía una expectativa de vida de 36,25 años. Los primeros 312,76 meses corresponden al lucro cesante consolidado:

S = $861.818 * 14% = $120.654,52

FORMULAS -24769-10
 

S = $88.387.937

Período futuro (desde el fallo hasta la vida probable; tenía 39 años en la época del accidente y una expectativa de vida de 36,25 años, esto es, de 435 meses, menos 312,76 consolidados = 122,24).

FORMULAS -24769-11
 

S = $11.096.830

Total lucro cesante = $99.484.767

Carmen Isabel Villareal Pérez.

Padeció una fractura del cuello en el pie, con incapacidad para laborar del 10%, porcentaje con fundamento en el cual se tasará su indemnización. Tenía 53 años de edad (fl. 2, cdno. 10) en la época de los hechos y, por ende, una expectativa de vida de 24,46 años, esto es, 293,52 meses, todos consolidados en la época de esta sentencia.

S = $86.181,8

FORMULAS -24769-12
 

S = $55.924.494

Total lucro cesante: $55.924.494

Ramón Gutiérrez Visbal.

No hay prueba de incapacidad o secuelas de las heridas padecidas. Con todo, sí está probado (i) que en la época de los hechos estaba en edad productiva, pues nació el 1 de julio de 1963 y (ii) que 8 días después del accidente continuaba en recuperación, tenía una fractura y golpes, que debieron determinar la imposibilidad de laborar, cuando menos por un período de dos meses, teniendo en cuenta la duración de la recuperación de otros pacientes también afectados con fracturas. En esas condiciones probatorias, se le reconocerá indemnización por el tiempo que prudencialmente debió tardar en recuperarse, para reanudar su actividad productiva y con base en el salario mínimo ante la ausencia de demostración de un ingreso superior.

S = $861.818

FORMULAS -24769-13
 

S = $1.727.830

Total lucro cesante = $1.727.830

Deogracias Antonio Alcalá.

Padeció 15 días de incapacidad, según se acreditó testimonialmente, y una discapacidad permanente del 10% determinada mediante al valoración del entonces denominado Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por lo que se le indemnizarán: totalmente los 15 días, en los que no pudo laborar y de ahí en adelante en un 10% hasta la vida probable, conforme a la metodología ya explicada. Tenía 40 años en la época de los hechos (fl. 238, cdno. 6) y una vida probable de 35,39 años, esto es, 424,68 meses (312,76 consolidados y 111,92 futuros).

Primer período consolidado:

FORMULAS -24769-14
 

S = $430.385

Segundo período consolidado

S = 861.818 * 10% = $86.181,8

FORMULAS -24769-15
 

S = $62.938.228

Período futuro

FORMULAS -24769-16
 

S = $7.423.390

Total lucro cesante = $70.792.003

Salvador Rodríguez Argúmedo.

Padeció una herida y trauma en una pierna, que le generó un período de hospitalización que no se precisó. Empero, se le reconocerá un mes de incapacidad, en razón de que sí hay constancia de que estuvo hospitalizado por razón de las heridas.

FORMULAS -24769-17
 

S = $860.770

Total lucro cesante: $860.770

Josefina Castillo Ocampo

Politraumatismo en el accidente, pero no se demostró incapacidad o período de hospitalización que permita establecer que se privó de su actividad productiva; tampoco acreditó secuelas temporales o definitivas que permitan ese reconocimiento, por lo cual no se le indemnizará por este rubro.

Mario Jiménez Alcázar

Fue atendido en el Hospital Universitario de Cartagena donde se verificó que no padecía fracturas. No demostró incapacidad o período de hospitalización que permita establecer que se privó de su actividad productiva; tampoco acreditó secuelas temporales o definitivas que permitan ese reconocimiento, por lo cual no se le indemnizará por este rubro.

Luís Alfredo Vera Cabarcas

Disminución de la capacidad laboral definitiva del 10%. Contaba con 21 años de edad en la época de los hechos (fl. 194, cdno. 8) y se acreditó se dedicaba al comercio como medio para obtener su sustento.

Período consolidado (desde el accidente hasta la época del fallo)

S = $861.818 * 10% = $86.181,8

FORMULAS -24769-18
 

S = $63.134.241

Período futuro (desde el fallo hasta la vida probable, tenía 21 años en la época del accidente y una expectativa de vida de 51,37 años, esto es, de 616,44 meses, menos 312,76 consolidados = 303,68).

FORMULAS -24769-19
 

S = $13.653.977

Total lucro cesante = $76.788.218

Nelsy del Rosario Ortega Guzmán

Aunque no hay prueba de su incapacidad, ni de una discapacidad derivada del accidente, sí se probó que estuvo convaleciente con ocasión de los traumas recibidos, por lo cual se le indemniza el equivalente a un mes de incapacidad, por cuanto la prueba testimonial dio cuenta de que debió permanecer en su casa en recuperación, estando en edad productiva de su vida (tenía 25 años en la época del daño fl. 200, cdno. 8).

FORMULAS -24769-20
 

S = $860.770

Total lucro cesante: $860.770

Adelis José Morales Iglesias

También se probó que recibió atención médica y que el politraumatismo sufrido le determinó hospitalización. Aunque no se precisó el tiempo, se le reconocerá un mes de indemnización por el tiempo en el que no pudo laborar, mientras se recuperaba de sus heridas.

FORMULAS -24769-21
 

S = $860.770

Total lucro cesante: $860.770

Nadín José Figueroa Gutiérrez

Consta que fue atendido y que padeció fractura del húmero que aún dos meses después de los hechos requería atención médica. Se le indemnizará el equivalente a dos meses, durante los que evidentemente no pudo ejercer actividad productiva (tenía 19 años en la época de los hechos, estaba en edad productiva fl. 218, cdno. 8).

S = $861.818

FORMULAS -24769-22
 

S = $1.727.830

Total lucro cesante = $1.727.830

Dagoberto Gómez Julio.

Estuvo hospitalizado por fractura de tibia, por lo que siguiendo los parámetros ya analizados de los otros pacientes, se le reconocerán dos meses de lucro cesante, siendo demostrado que, en efecto, padeció la ruptura de la tibia y el consecuencial lapso necesario para su recuperación.

S = $861.818

FORMULAS -24769-23
 

S = $1.727.830

Total lucro cesante = $1.727.830

Manuel Polo Castro

La prueba testimonial da cuenta de que duró 15 días en recuperarse del politraumatismo sufrido, por lo que se le indemnizará dicho lapso.

FORMULAS -24769-24
 

S = $430.385

Total lucro cesante = $430.385

Alejandro Manotas Polo (fl. 246, cdno. ppal).

Aunque consta que recibió atención médica, no hay prueba de hospitalización, incapacidad o discapacidad que permita inferir que la lesión sufrida le impidió ejercer su actividad productiva, de modo tal que no se le indemnizará suma alguna por ese concepto.

José David Heredia Cabarcas (fl. 250, cdno. ppal).

Aunque consta que recibió atención médica por una herida en la ceja derecha, no hay prueba de hospitalización, incapacidad o discapacidad que permita inferir que la lesión sufrida le impidió ejercer su actividad productiva, de modo tal que no se le indemnizará suma alguna por ese concepto.

Iván Aly Álvarez Carrillo.

Padeció una discapacidad permanente del 56%, producto de las graves heridas sufridas.

Se demostró que en la época de los hechos laboraba como ayudante de mecánica dental en la empresa Polipropilenos del Caribe, la cual certificó con destino al proceso que lo había contratado a término indefinido con un salario de $106.940, suma que traída a valor actual corresponde a:

106.940 *índice final (132,58) =$1.454.164,64
 índice inicial (9,75) 

Acreditado como está el nivel de ingresos de la víctima, se reconocerá su indemnización fundada en el valor de que lo que efectivamente producía en la época del daño, ingreso del que se vio privado con ocasión de las graves lesiones padecidas en el accidente. Tenía 23 años en la época de los hechos, de lo cual da cuenta su registro civil de nacimiento (fl. 268, cdno. 8), con una vida probable de 49,72 años, equivalentes a 596,64 (312,76 consolidados y 283,88 futuros).

Período consolidado (desde el accidente hasta la época del fallo)

S = $1.454.164,64

FORMULAS -24769-25
 

S = $1.065.278.068,14

Período futuro

FORMULAS -24769-26
 

S = $223.485.276

Total lucro cesante = $1.288.763.344

Edwin Rafael Julio Otero

Padeció heridas en la piel, fue atendido en forma ambulatoria y acudió cinco días después a consulta, por lo que no hay prueba de una efectiva imposibilidad de laborar con ocasión de las lesiones, ni se acreditó otra consecuencia adicional de estas con impacto en su capacidad de trabajo. En esas condiciones, no hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de lucro cesante.

Harold Antonio Figueroa Delgado

Solo aparece en el listado de heridos en los hechos, pero no probó incapacidad alguna derivada de traumas sufridos, ni que hubiera requerido hospitalización o padecido discapacidad alguna, por lo que no hay lugar a reconocimiento de lucro cesante a su favor.

6.2.2.2. Fallecidos en el accidente.

En cuanto a las víctimas mortales, se examinará cada evento particular para establecer si procede su reconocimiento y a favor de quién, con las fórmulas actuariales pertinentes y teniendo como parámetro la protección del núcleo familiar y el concepto de buen padre de familia en los términos de la reciente decisión de unificación jurisprudencial proferida por la Sección(31).

Eduardo Molano Hernández.

Fungía como conductor del autobús involucrado en los hechos que cubría la ruta Cartagena —Barranquilla, que se encontró de frente con el rodante sin luz. Se acreditó probatoriamente que su último salario fue de $47.370, suma que actualizada con base en el IPC corresponde a:

$47.370 *índice final (132,58) =$644.134,83
 índice inicial (9,75) 

Como dicha suma es inferior al salario mínimo actual, se reconocerá con este último la indemnización, pues en todo caso era evidente que no debía devengar suma inferior al salario mínimo legal mensual vigente como remuneración por sus servicios, por lo que la diferencia radica en una pérdida de poder adquisitivo del salario que devengaba y que no está llamado a soportar su núcleo familiar.

De tiempo atrás se ha presumido que los ingresos del jefe o jefa del hogar están destinados en gran medida a la atención de las necesidades del cónyuge y los hijos menores; en este caso particular la prueba testimonial corrobora tal hecho, pues fue enfático el declarante que depuso sobre la situación familiar en señalar que el señor Molano era el sustento económico de su familia.

Sus hijos: Nelson Molano Forero (fl. 12, cdno. 2), Edgar Adolfo Molano Forero (fl. 13, cdno. 2) y Uriel Eduardo Molano Forero (fl. 19, cdno. 2) eran mayores de 25 años en el momento de la muerte de su padre y no demostraron alguna circunstancia que les impidiera generar por sí mismos su propio sustento, de modo tal que a esa edad continuaran bajo la tutela de su progenitor.

Los demás hijos, todos menores de 25 años, serían eventuales destinatarios de la condena por lucro cesante, bajo el entendido de que habrían de beneficiarse de la ayuda de su padre hasta la referida edad; sin embargo, solo la señora Flor de María Forero Sáenz reclamó indemnización por tal concepto(32), por lo que se reconocerá a su favor y hasta su vida probable, pues nació en 1940 (fl. 10, cdno. 2) y, por ende, tenía la expectativa de vida menor (la víctima nació en 1944 fl. 6, cdno. 2), correspondiente a 35,39 años.

El período consolidado de la indemnización va desde la época del daño (junio de 1990 hasta la del fallo, julio de 2016), correspondientes a 312,76 meses). La base de liquidación es el salario mínimo más el 25% correspondiente al factor prestacional, menos el 25% correspondiente a los gastos propios de la víctima, así:

$689.455 * 1.25 = $861.818 - 25% = $646.363,5

FORMULAS -24769-27
 

S= $473.506.810,48

De ese valor se reconocerá el 50%, pues el restante sería destinado a los hijos, quienes no reclamaron indemnización por tal concepto.

S= $236.753.405

El período futuro corresponde al de la vida probable de la beneficiaria 424,68 meses, menos el período consolidado correspondiente a 312,76 meses, esto es, 111,92 meses.

FORMULAS -24769-28
 

S = $55.675.426/2

Total lucro cesante futuro = $27.837.713 (beneficiaria la cónyuge)

Total lucro cesante = $264.591.118

(para Flor de María Forero Sáenz)

Edgardo Barrios Páez.

Se acreditó que en la época de su lamentable deceso había cursado y aprobado nueve semestres en la Facultad de Educación de la Corporación Unicosta en Barranquilla, en el programa de Educación Física (fl. 10, cdno. 8). Así lo narraron los testigos (fls. 172 y s.s., cdno. 7) quienes afirmaron que laboraba en la actividad materia de sus estudios, como docente de educación física y con el fruto de su esfuerzo ayudaba económicamente a sus padres.

El testigo Antonio Miranda de León (fl. 172, cdno. 7), amigo personal de la víctima por un lapso superior a 15 años, declaró sobre la estabilidad del núcleo familiar, sus integrantes y las relaciones de afecto entre ellos. Sobre la ayuda económica que la víctima brindaba a sus padres, afirmó:

Cuando Edgardo se trasladó a Barranquilla a trabajar como profesor en un principio lo hizo por terminar en cuanto antes la tesis y a su vez porque podría ahorrar un poco de dinero con lo cual podría ayudar a sus padres, quienes como dije antes eran una familia humilde y Edgardo el único soltero de los hermanos. Una de las cosas en que en muchas ocasiones conversé con Edgardo en vida, fue el deseo de él de llegar a comprarle una casa a sus padres, ya que todo el tiempo ellos habían vivido alquilados, así como con una situación económica bastante precaria.

Por su parte, el testigo Jaime Alberto Villa Polo (fl. 176, cdno. 7), también amigo de la familia, dio cuenta de las especiales relaciones de afecto en el núcleo familiar:

Por ser un hombre esforzado y con anhelos de sacar a su familia adelante comenzó a trabajar en varias instituciones de Cartagena luego al comenzar nuevamente sus estudios en Barranquilla siguió laborando, su deseo era comprarle una casa a sus padres con los ahorros que venía haciendo, la mayor parte de sus ingresos era para ayudar al sostenimiento de su familia ya que contaban con pocos recursos y él se había convertido en la mano derecha de sus progenitores.

Las referidas declaraciones resultan verosímiles por cuanto aparece corroborada probatoriamente la información acerca de los estudios que había realizado el fallecido y el trabajo en el que se desempeñaba, así como su estado civil de soltero que le permitía brindar apoyo económico a su núcleo familiar, siendo este el propósito de su trabajo al no haber establecido un hogar independiente.

Según se acreditó el padre del fallecido nació el 3º noviembre del 1924 y la madre el 25 de marzo de 1936, por lo que en la época del daño contaban con 66 y 54 años de edad, respectivamente; por su parte, la víctima tenía 31 años de edad al momento de su deceso. Aunque la jurisprudencia de esta jurisdicción ha presumido que la ayuda de los hijos hacia los padres se prolonga, por regla general, hasta los 25 años de edad, cuando estos han de formar su propio hogar, lo cierto es que ello no impide que cuando quiera que se demuestre que ese apoyo se ha prolongado, pueda y deba indemnizarse a quién se ha visto privado de este.

Para el caso concreto es claro que en su condición de hijo soltero estaba en condiciones de apoyar a sus padres, con quienes conformaba un grupo familiar humilde, que requería dicha ayuda. El padre ya era un adulto mayor, con 66 años cumplidos, por lo que era esperable que requiriera el apoyo económico de su hijo y, en todo caso, está acreditado que este les prestaba una asistencia económica que perdieron con ocasión de su muerte, lo que se enmarca claramente dentro del concepto de lucro cesante que debe ser indemnizado.

Aunque es un álea la época hasta la cual se prolongaría esa ayuda, no duda la Sala que en las condiciones acreditadas, a mayor edad de su padres, la habrían requerido más y el hijo habría estado dispuesto a brindarla, al igual que sus tres hermanos, también demandantes y miembros de una familia con tan estrechas relaciones de afecto, como la descrita por los testigos.

Así las cosas, se reconocerá el lucro cesante hasta la vida probable de los padres de la víctima y, a favor de estos, bajo el entendido de que se privaron de la ayuda que percibían de su hijo.

Para establecer la base sobre la cual se calculará el lucro cesante, se tiene acreditado que la víctima devengaba $10.000 mensuales como profesor en el Colegio Padre Mañanet y $69.873 por 90 días de trabajo en el Colegio Gran Colombiano, que equivalen a $23.291 mensuales, para un ingreso mensual promedio de $33.291, que actualizados conforme al IPC, equivalen a $452.689,31, suma inferior al salario mínimo actual, por lo que se tendrá en cuenta este último para el cálculo de la indemnización, que es la remuneración mínima para el personal no calificado, siendo claro que la víctima ya tenía un grado de instrucción académica que justificaba al menos dichos ingreso, incluido el 25% correspondiente al factor prestacional.

Como se ha presumido que el hijo soltero destinaría el 75% de su ingreso a dicha ayuda, se calculará la indemnización sobre esa base, hasta la vida probable de ambos, siendo entendido que culminada la expectativa de vida de uno de ellos, el saldo liberado acrecería a favor del otro, también acreciendo el porcentaje de gastos propios de la víctima, por lo que de la última suma solo se reconocerá el 50% a favor de la madre, según la metodología acogida en la sentencia de unificación antes referida.

Toda la indemnización se causó en el período consolidado, pues la expectativa de vida mayor era de la madre con 23,67 años y la del padre correspondía a 14,48 (tablas de mortalidad vigentes en 1990 y que fueron aportadas como prueba en el expediente, fl. 119, cdno. 6). Así, el tiempo máximo ha de corresponder a la mayor de las expectativas de vida, que expresada en meses equivale a 284,04 meses.

Entonces:

Salario mínimo: $689.455 * 1.25 = $861.818/2= $646.363,5

FORMULAS -24769-29
 

S= $394.591.759

Períodos Renta a distribuirp1p2A pagar
DemandanteSaldos$394.591.759$241.389.467  
Edgardo Barrios Hernández173,76 $120.694.7330$120.694.733
Berenice Isabel Páez Flórez284,04 $120.694.733$153.202.292$197.295.880

Petrona Díaz González.

Los hijos de la señora Petrona Díaz González: Ana de Jesús Blanco Díaz, Leandra Blanco Díaz y José Blanco Díaz, todos mayores de 25 años en la época del deceso de su progenitora, no demostraron alguna condición especial que permita establecer que a pesar de su edad no estaban en situación de derivar su propio sustento. Igual ocurre con el padre de los hijos, a quien en virtud de esa situación se tuvo como damnificado, pues no acreditó la actualidad del vínculo afectivo.

Únicamente la hija, Aurora Blanco Díaz era menor de 25 años en la época de los hechos; solo tenía 18 (fl. 28, cdno. 8), por lo que será la destinataria del lucro cesante, hasta la época en que cumpliría los 25 años de edad (aproximadamente 7 años), siendo claro que su expectativa de vida era mayor para la época de los hechos(33).

En esas condiciones, bajo la presunción aceptada por la Sala de que devengaría cuando menos el salario mínimo, máxime cuando así lo requería para velar por el cuidado de su hija aún en edad de dependencia económica, se tasará la indemnización de perjuicios, en un 75% de dicho ingreso, descontado el porcentaje destinado presumiblemente por la víctima a los gastos propios de su subsistencia, previamente aumentado en un 25% por razón del factor prestacional reconocido jurisprudencialmente.

Aurora Blanco Díaz nació el 30 de octubre de 1971 (fl. 28, cdno. 8), por lo cual, en la época de los hechos, 15 de junio de 1990, contaba con un poco más de 18 años de edad, restándole seis años, cuatro meses y 15 días para alcanzar la edad de 25 años, período que será el que se indemnice y que expresado en meses equivale a 76,5.

Todo el período a indemnizar es consolidado, desde la época de los hechos, hasta la fecha en que alcanzaría los 25 años de edad.

S = $861.818 * 75% = $646.363,5

FORMULAS -24769-30
 

Total lucro cesante = $59.735.209

(para Aurora Blanco Díaz)

José María Pacheco Fernández

El señor José María Pacheco Fernández nació el 16 de enero de 1959 (fl. 33, cdno. 8), tenía 31 años en la época de los hechos, activo laboralmente, pues cuidaba una finca y con el producto de su ingreso sostenía a su progenitora, única quien reclama lucro cesante con ocasión de su fallecimiento. Los testigos José de los Reyes Grau y Vinicio de Jesús Tafur Piñeres (fls. 46 y 47, cdno. 10) declararon que el señor Pacheco vivía con su madre en la época del accidente y “todo lo que se ganaba por su trabajo era para ella, porque él veía por ella como buen hijo que era (…) él sí tenía hijos pero yo nunca le conocí mujer a él, porque los hijos los mantenía era la señora Juana Isabel”. También se afirmó en las declaraciones que “cuando él no podía venir a buscar el mercado, daba la orden para que le entregara a la mamá de él”, testimonio proveniente del comerciante dueño del negocio donde adquirían los víveres necesarios para su subsistencia.

Aunque no se acreditó el nivel de ingresos de la víctima, se aplica para este caso la presunción de que, siendo activo laboralmente devengaría cuando menos el salario mínimo legal mensual, incluido el factor prestacional. Como tenía hijos, aunque se afirme que no los mantenía, estaba a su cargo por virtud legal una obligación familiar que solo permite que el 50% de dicho ingreso se tenga en cuenta para liquidar la indemnización a favor de su madre.

La referida demandante Juana Isabel Fernández de Pacheco, nació el 14 de octubre de 1939 (fl. 34, cdno. 8), esto es, contaba con 50 años en la época del daño y una expectativa de vida de 26,87 (en meses 322,44), siendo entendido que a medida que su progenitora envejeciera, habría de requerir dicha ayuda y su hijo, del que derivaba su único sustento, mantendría ese apoyo, a lo cual, se insiste, estaba obligado por virtud de la ley.

Los primeros 312,76 corresponden al lucro cesante consolidado y los siguientes 9,68 al futuro. En esas condiciones se liquidará el lucro cesante a favor de la madre, así:

Salario mínimo: $689.455 * 1.25 = $861.818/2= $430.909

Consolidado

FORMULAS -24769-31
 

S= $315.671.206

Futuro

FORMULAS -24769-32
 

S = $4.064.813

Total lucro cesante = $319.736.020

(para Juna Isabel Fernández de Pacheco)

Carmen Martínez Bermúdez

En la época de su deceso contaba con 39 años de edad (fl. 50, cdno. 8), su hija Juana Rosa Pérez Martínez nació el 16 de febrero de 1982, Juan Gabriel Pérez Martínez el 8 de julio de 1983, Erik y Erika Pérez Martínez el 5 de septiembre de 1986. Por su parte, Rosanna Martínez Martínez nació el 12 de julio de 1970. No se reclamó lucro cesante para los otros hijos (fl. 24, cdno. 3). Aunque no se acreditó el nivel de ingresos de la víctima, ni que desempeñaba actividad económica productiva, se aplica para este caso la presunción de acuerdo con la cual los padres propenden por el sostenimiento de sus hijos como mínimo hasta los 25 años de edad, por lo que se liquidará lucro cesante a favor de ellos, con base en el salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en cuenta que se trataba de una persona en edad productiva. También se decretará indemnización a favor del compañero permanente, señor Carlos Alberto Pérez Jiménez, por razón de la afectación a la unidad del grupo familiar y, con ella, la merma en las condiciones patrimoniales y de ingresos del hogar, liquidación que tendrá lugar de acuerdo con las reglas señaladas supra. En cuanto al compañero, la indemnización se extenderá hasta la vida probable de la víctima, correspondiente a 36,25 años, de acuerdo con las tablas de mortalidad vigentes en la época de los hechos (Resolución 936 de marzo de 1990 expedida por la entonces denominada Superintendencia Bancaria). La indemnización de los hijos se agota en el período consolidado. La del cónyuge alcanza a abarcar período futuro.

La base de liquidación será el salario mínimo, más el factor prestacional, menos el 25% reconocido jurisprudencialmente como el destinado a los gastos propios de la víctima.

Salario mínimo: $689.455 * 1.25 = $861.818 - 25% = $646.363,5

El período consolidado a liquidar es de 312,76 meses, así

FORMULAS -24769-33
 

S = $473.506.810

Ese total se distribuirá entre los demandantes, según la tabla que sigue y conforme a las reglas ya explicadas a lo largo de la presente providencia.

El período futuro es el resultado de restar el consolidado (312,76) al de la vida probable de la víctima expresado en meses (435), para un total de 122,24.

FORMULAS -24769-34
 

S = $59.444.843 (de este valor se reconocerá el 50% al compañero sobreviviente, esto es, $29.722.421.

Períodos P1P2P3P4SaldoSubtotalLC FuturoTotal
Demandante $92.200.296$243.906.449$95.225.853$34.339.700$7.834.511   
Rosana Martínez Martínez60,9$9.220.030000 $9.220.0300$9.220.030
Juana Rosa Pérez Martínez200,06$9.220.030$30.488.30600 $39.708.3360$39.708.336
Juan Gabriel Pérez Martínez216,76$9.220.030$30.488.306$15.870.9760 $55.579.3110$55.579.311
Erik Pérez Martínez254,66$9.220.030$30.488.306$15.870.976$8.584.925 $64.164.2360$64.164.236
Erika Pérez Martínez254,66$9.220.030$30.488.306$15.870.976$8.584.925 $64.164.2360$64.164.236
Carlos Alberto Pérez Jiménez312,76$46.100.148$121.953.225$47.612.927$17.169.850$3.917.255$236.753.405$29.722.421$266.475.826

6. Daño a la salud.

Bajo la denominación de daño a la salud se resolverá la pretensión indemnizatoria de las víctimas(34) como “perjuicios fisiológicos”, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han diferenciado este daño del padecimiento moral propiamente dicho. En reciente pronunciamiento de unificación la Sección Tercera de la Corporación, luego de abordar el estudio del origen de las diversas denominaciones del perjuicio inmaterial, estableció que además del daño moral causado por las lesiones físicas que afectan el normal desenvolvimiento de una persona, también puede configurarse un daño a la salud, que es independiente de la afectación anímica de la víctima y que, en consecuencia, también amerita ser indemnizado para efectos de la reparación integral del daño. Así se afirmó(35):

“Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios -siempre que estén acreditados en el proceso -:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(36).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta Corporación -siempre que los supuestos de cada caso lo permitan- de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno”.

En este caso particular, quedó acreditado que con ocasión del accidente de tránsito tantas veces referido, quienes reclaman indemnización por tal concepto sufrieron lesiones corporales que dan lugar a indemnización de acuerdo con los siguientes parámetros(37):

De modo que, una vez desarrollado el panorama conceptual del daño a la salud, la Sala Plena de la Sección Tercera unifica su jurisprudencia en torno al contenido y alcance de este tipo de perjuicio inmaterial, en los términos que se desarrollan a continuación:

Para la reparación del daño a la salud se reiteran los Criterios contenidos en las Sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exps. 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 smmlv, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 smmlv, siempre que esté debidamente motivado.

Lo anterior, con empleo del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para lo que se emplearán -a modo de parangón- los siguientes parámetros o baremos:

Gravedad De La LesiónVíctima
Igual o superior al 50%100 smmlv
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 smmlv
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 smmlv
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 smmlv
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 smmlv
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 smmlv

En aplicación de ese precedente de unificación, se reconocerán a quienes reclamaron indemnización fundada en la afectación a la salud padecida, las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la sentencia.

A Carlos Martínez Martínez (PCL 30%): 60 (sesenta)

A Delcy Jiménez Padilla (PCL 70%): 100 (cien)

A María del Carmen Vásquez González (PCL 50%) : 100 (cien)

A Luís Alfredo Vera Cabarcas (PCL 10%): 20 (veinte)

A Iván Aly Álvarez Carrillo (PCL 56%): 100 (cien)

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas en la instancia, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esa forma.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la Sentencia de 29 de junio de 2001, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Segunda de Descongestión con sede en Medellín, negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Juan Carlos Caballero Villareal y Valentín Junior Figueroa Gutiérrez, quienes no demostraron la condición en la que se presentaron al proceso.

2. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, del accidente de tránsito ocurrido el 15 de junio de 1990 en el kilómetro 85,920 de la vía Cartagena - Barranquilla, en el que resultaron involucrados los autobuses de placas XKE416 y XU5176 de la empresa Expreso Cartagena.

3. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes el equivalente en pesos a la cantidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la sentencia relacionados en siguiente tabla, como indemnización por el daño moral padecido:

Adelis José Morales Iglesias10
Aída Luque Márquez20
Alejandrina Guzmán de Ortega40
Alejandro Manotas Polo10
Álvaro Tapias Castillo10
Amelia Sofía Bermúdez de Martínez100
Ana de Jesús Blanco Díaz100
Ana Isabel Díaz Vega20
Ana María Alcalá Cerro40
Ángel Custodio Gutiérrez Visbal16
Arnold Barrios Páez50
Arturo Enrique Álvarez Carrillo100
Astrid de los Ángeles Barrios Páez50
Aurora Blanco Díaz100
Berenice Páez Flórez100
Candelaria Padilla Taborda100
Carlos Alberto Pérez Jiménez100
Carlos Martínez Martínez160
Carlos Martínez Reales60
Carmen Isabel Villareal Pérez40
Carmen Martínez Bermúdez60
Cecilia María Villareal Pérez41,5
Cruz de Lina Blanco Luque20
Dagoberto Gómez Julio20
Delcy Jiménez Padilla100
Deogracias Antonio Alcalá40
Dinora Barrios Páez50
Domingo Javier Escorcia Villareal40
Dora Estela Gutiérrez Visbal16
Dora Visbal de Gutiérrez26
Edgar Adolfo Molano Forero100
Edgardo Barrios Hernández100
Edwin Rafael Julio Otero20
Eliécer Jiménez Padilla50
Elvia Lucila Vásquez González50
Erick Pérez Martínez100
Erika Pérez Martínez 100
Esther María Otero Cantillo20
Fabián Morales Ballestas10
Flor de María Forero Sáenz100
Franklin Villareal Martínez100
Freddy Molano Forero100
Germán Darío Molano Forero100
Gustavo Pianeta Arias15
Harold Antonio Figueroa Salgado10
Hebert Arturo Álvarez Carrillo50
Henry Molano Forero100
Irina Esther Rodríguez Peña20
Iván Aly Álvarez Carrillo100
Iván David Rodríguez Peña20
Jairo Alberto Molano Forero100
Jairo Manuel Vanegas Díaz10
Janeth del Carmen Caballero21,5
Jhon Jairo Vanegas Martínez10
Jorge Enrique Vásquez González50
Jorge Luís Morales Ballestas10
José Blanco Díaz100
José Cesáreo Morales Pérez10
José David Heredia Cabarcas10
José de los Santos Blanco Díaz 20
José Luís Blanco Luque20
José Rafael Morales Ballestas10
Josefina Castillo Ocampo10
Josefina Isabel Carrillo de Álvarez100
Juan Antonio Reales Villareal40
Juan Blanco Castillo100
Juan Carlos Caballero Villareal21,5
Juan Gabriel Pérez Martínez100
Juana Isabel Fernández de Pacheco100
Juana Rosa Pérez Martínez100
Laurina Isabel Cabarcas Mercado60
Leandra Blanco Díaz100
Lina Margarita Alcalá Cerro40
Lisbeth Figueroa Gutiérrez20
Lisbeth Tapias Castillo10
Luís Alfredo Vera Cabarcas60
Luís Carlos Vera Soracá60
Luís Fernando Rodríguez Peña20
Luís Fernando Vásquez González50
Luz Amparo Molano Forero100
Luz Marina Vásquez González50
Magalis Esther Gutiérrez Romero40
Manuel Alberto Vásquez González50
Manuel Polo Castro20
María Bernarda Fuentes Galarza9
María del Carmen Vásquez100
María Esperanza González Ospino100
Mario Jiménez Alcázar10
Maritza De la Paz Peña Gálvez20
Maritza del Carmen Jiménez Padilla50
Martha Yolanda Molano Forero100
Mauricio Gutiérrez Visbal16
Mercedes Alcázar Martínez10
Miguel Ángel Caballero Villareal21,5
Nadín José Figueroa Gutiérrez40
Naibeth Figueroa Gutiérrez20
Nelson Molano Forero100
Nelsy del Rosario Ortega Guzmán40
Neyla Isabel Jiménez Padilla50
Nubia Marina Álvarez Carrillo50
Olinda Figueroa Gutiérrez20
Oscar Antonio Tapias Castillo10
Oscar Mauricio Molano Forero100
Oscar Tapias Llerena10
Pedro Antonio Reales Villareal40
Rafael Ignacio Vásquez Contreras100
Rafael Ignacio Vásquez González50
Ramón Gutiérrez Visbal60
Rocío Isabel Caballero Villareal60
Rosana Martínez Martínez100
Rosario Teresa Cerro de Alcalá40
Salvador Rodríguez Argúmedo20
Sara María López Murillo60
Sonia Rocío Molano Forero100
Uriel Eduardo Molano Forero100
Valentín Figueroa Figueroa40
Valeriano Jiménez Martínez10
Vespaciano Enrique Álvarez Carrillo50
Víctor Manuel Gutiérrez Visbal16
William Alfonso Álvarez Carrillo50
Wilson Jasir Álvarez Carrillo50
Yanelis Esther Blanco Luque20

4. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes que a continuación se relaciona, las siguientes sumas, como indemnización del daño emergente padecido por ellos:

DemandanteA pagarEn letras
Carmen Villareal Pérez $12.764.153Doce millones setecientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos
Dagoberto Gómez Julio$86.816Ochenta y seis mil ochocientos dieciséis pesos
Nadín José Figueroa $3.962Tres mil novecientos sesenta y dos pesos
Delcy Jiménez Padilla $3.962Tres mil novecientos sesenta y dos pesos

5. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes las sumas que a continuación se relacionan, como indemnización del lucro cesante padecido por quienes resultaron heridos en los hechos:

BeneficiarioValorEn letras
Adelis José Morales Iglesias$860.770Ochocientos sesenta mil setecientos setenta pesos.
Carlos Martínez Martínez$225.607.761Doscientos veinticinco millones seiscientos siete mil setecientos sesenta y un pesos
Carmen Isabel Villareal Pérez$55.924.494Cincuenta y cinco millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos
Dagoberto Gómez Julio$1.727.830Un millón setecientos veintisiete mil ochocientos treinta pesos
Delcy Jiménez Padilla$767.882.183Setecientos sesenta y siete millones ochocientos ochenta y dos mil ciento ochenta y tres pesos
Deogracias Antonio Alcalá$70.792.003Setenta millones setecientos noventa y dos mil tres pesos
Iván Aly Álvarez Carrillo$1.288.763.344Mil doscientos ochenta y ocho millones setecientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos
José de los Santos Blanco Díaz$99.484.767Noventa y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete pesos
Luís Alfredo Vera Cabarcas$76.788.218Setenta y seis millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos
Manuel Polo Castro$430.385Cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco mil pesos
María del Carmen Vásquez$767.882.183Setecientos sesenta y siete millones ochocientos ochenta y dos mil ciento ochenta y tres pesos
Nadín José Figueroa Gutiérrez$1.727.830Un millón setecientos veintisiete mil ochocientos treinta pesos
Nelsy del Rosario Ortega Guzmán$860.770Ochocientos sesenta mil setecientos setenta pesos
Ramón Gutiérrez Visbal$1.727.830Un millón setecientos veintisiete mil ochocientos treinta pesos
Salvador Rodríguez Argúmedo$860.770Ochocientos sesenta mil setecientos setenta pesos

6. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, a pagar a cada uno de los demandantes las sumas que a continuación se relacionan, como indemnización del lucro cesante padecido por los familiares de quienes fallecieron en los hechos, así:

DemandanteA pagarEn Letras
Flor de María Forero de Sáenz$264.591.118Doscientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y un mil ciento dieciocho pesos
Edgardo Barrios Hernández$120.694.733Ciento veinte millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos
Berenice Isabel Páez Flórez$197.295.880Ciento noventa y siete millones doscientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta pesos
Aurora Blanco Díaz$59.735.209Cincuenta y nueve millones setecientos treinta y cinco mil doscientos nueve pesos
Juana Isabel Fernández de Pacheco$319.736.020Trescientos diecinueve millones setecientos treinta y seis mil veinte pesos
Rosana Martínez Martinez$9.220.030Nueve millones doscientos veinte mil treinta pesos
Juana Rosa Pérez Martínez$39.708.336Treinta y nueve millones setecientos ocho mil trescientos treinta y seis pesos
Juan Gabriel Pérez Martínez$55.579.311Cincuenta y cinco millones quinientos setenta y nueve mil trescientos once pesos
Erik Pérez Martínez$64.164.236Sesenta y cuatro millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos
Erika Pérez Martínez$64.164.236Sesenta y cuatro millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos
Carlos Alberto Pérez Jiménez$266.475.826Doscientos sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos veintiséis pesos

7. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, a pagar a cada uno de los siguientes demandantes las cantidades de salarios mínimos que a continuación se relacionan, como indemnización de daño a la salud padecido:

Carlos Martínez Martinez60
Delcy Jiménez Padilla100
María del Carmen Vásquez González100
Luís Alfredo Vera Cabarcas20
Iván Aly Álvarez Carrillo100

8. DECLARAR que operó la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima en relación con las pretensiones incoadas por el núcleo familiar del señor José Dolores Piña y, por ende, negar sus pretensiones.

9. NEGAR las pretensiones del señor Rafael Clemente Medina Ahumada y de su núcleo familiar, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

10. NEGAR las demás pretensiones de las demandas.

11. Sin condena en costas.

12. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

6 Código Contencioso Administrativo. “Artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley.”

7 Las mayores pretensiones de los actores en los diferentes procesos corresponden a lo reclamado a título de indemnización por daño moral y, en algunos eventos, bajo la denominación de perjuicio fisiológico, en cuantía equivalente a 1.000 gramos oro. Para la época de la presentación de las demandas, junio de 1992, el valor del gramo oro oscilaba correspondía a $7.506.22, por lo que cada una de dichas pretensiones, individualmente consideradas, era equivalente a $7.506.220.

8 De acuerdo con lo previsto en el Decreto 597 de 1988, el tope a partir del cual un asunto era conocido en primera instancia por los tribunales era la suma de $6.860.000, la que exceden las pretensiones de cada uno de los demandantes, según se anotó.

9 En la tabla se cita el folio contentivo de la prueba del parentesco, con las siguientes convenciones según el documento allegado para acreditarlo: RCM: Registro Civil de Matrimonio; RCN: registro civil de nacimiento. Los cuadernos a los que se hace referencia corresponden a los de cada uno de los expedientes acumulados en los que se encuentra el respectivo documento citado.

10 Artículo 122. Activos No Liquidados. Todos los activos, derechos y obligaciones que aún estuvieren a cargo del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito un (1) año después de entrar en vigencia este decreto, pasarán por virtud del mismo a propiedad de la Nación -Ministerio de Transporte.

11 Según su texto vigente antes de la reforma introducida por la Ley 446 de 1998.

12 “Artículo 3º.—Son autoridades de tránsito: (…) 6. La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de Policía Vial y Policía Urbana de Tránsito”.

13 Artículo 9º.—La Policía Vial ejercerá las funciones que le corresponden a la policía en materia de dirección y vigilancia del tránsito por las vías públicas, y tan ella como la policía nacional también podrán hacerse cargo de la organización y control del tránsito departamental o municipal, por convenios o acuerdos, dentro de sus facultades.

14 Agente de circulación: Cualquier miembro de la Policía Nacional, encargado de vigilar el cumplimento de las normas de transporte y tránsito. Se refiere especialmente al personal que constituye la policía vial, y accidentalmente a cualquier otro agente de policía que intervenga en asuntos de transporte y tránsito.

15 Artículo 9º.—La Policía Vial ejercerá las funciones que le corresponden a la policía en materia de dirección y vigilancia del tránsito por las vías públicas, y tan ella como la policía nacional también podrán hacerse cargo de la organización y control del tránsito departamental o municipal, por convenios o acuerdos, dentro de sus facultades.

16 Se hace referencia a los testimonios de pasajeros que no fungen como actores en este caso, pues la Sala no tiene como evidencia testimonial los de quienes tienen interés directo en las resultas de este proceso, según lo destacó supra.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 18148ª, M.P. Hernán Andrade Rincón.

18 Ver Sentencia de 18 de mayo de 1992, exp. 2466. En Sentencia de 22 de junio de 2001, exp. 13.233 dijo la Sala: “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (arts. 2.344 y 1568 Código Civil). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño”.

19 Sobre ese aspecto puede verse Mazeaud y Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II, pág. 237.

20 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 24 de agosto de 1989, exp. 5693, M.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 37999, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

23 Sentencia del 30 de noviembre de 2000, exp. 13329, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En similar sentido ver Sentencia del 11 de abril de 2002, exp. 73001-23-31-000-1995-2129-01(13122), C.P. Alier Enríquez Hernández; Sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 07001-23-31-000-1995-00004-01(15635), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

25 “De manera que no estando probados los hechos a partir de los cuales el Tribunal a quo configuró la culpa exclusiva de la víctima, resulta no menos que contradictoria su decisión de exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada por virtud de esa causa extraña, toda vez que la falta de prueba de esos hechos no permite cosa distinta que concluir la inexistencia del supuesto fáctico alegado, así como la imposibilidad de verificar las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad en las que habría podido encontrarse la entidad pública demanda respecto de la forma en la cual el señor Alberto de Jesus Ramírez Zapata condujo la volqueta y, por ende, desde este punto de vista le asiste razón a los apelantes”. Sentencia del 16 de julio de 2008, exp. 66001-23-31-000-1995-03079-01(16344), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

26 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

27 Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, pags. 332 y 333.

28 “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, ex. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera (Sala Plena), Sentencia de 22 de abril de 2015, exp. 19.146. Se determinó en esta providencia, a título de unificación de jurisprudencia, una nueva manera de calcular el lucro cesante dejado de percibir por un núcleo familiar, fundada en criterios de justicia material y en atención a la forma en que el buen padre de familia asume las obligaciones que le son propias, ayuda que es en últimas la que se pretende reparar. Por supuesto, tratándose de situaciones futuras e inciertas, la Sala reconoce que no es factible determinar con certeza la pérdida, pero se trata de estimar el valor de la reparación de modo que reduzca “la distancia entre la realidad, el deber ser y la decisión judicial”.

32 La pretensión se formuló así: “Tercera. La Nación, Ministerio de Defensa, (Policía Nacional, Policía Vial) y el Instituto Nacional del Transporte (INTRA, Policía Vial), indemnizarán a la esposa del occiso, señora Flor de María Forero Sáenz, los daños y perjuicios de orden material sufridos a consecuencia de la muerte de su esposo, así: el lucro cesante, determinado por el hecho consistente en haberse visto privada de su sostén económico, el cual será calculado sobre la base de un ingreso mensual del occiso equivalente a Trescientos Mil Pesos ($300.000) (...).

33 Contaba con 65 años de edad, por lo que su expectativa de vida, de acuerdo con las tablas de mortalidad vigentes en la época de los hechos ascendía a 15,20 años.

34 Reclamaron indemnización por perjuicios fisiológicos, en cuantía de 1000 gramos oro, para sí mismos, las siguientes víctimas directas: Carlos Martínez Martínez (fl. 21, cdno. 7); Delcy Jiménez Padilla (fl. 22, .cdno. 7); María del Carmen Vásquez González (fl. 25, c. 7); Luís Alfredo Vera Cabarcas (fl. 4, c. 7); e Iván Aly Álvarez Carrillo (fl. 55, cdno. 7).

35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre de 2011. Exp. 19031.

36 “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico.” GIL Botero, Enrique “Daño Corporal – Daño Biológico – Daño a la vida de relación”, pág. 10.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.