Sentencia 1992-07608/15176 de julio 1 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 54001-23-31-000-1992-07608-01(15176)

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernandez Enríquez

Bogotá, D.C., primero de julio del dos mil cuatro.

Actor: Dionisio Correa Camargo y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de enero de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la cual se decidió lo siguiente:

“1. Declarar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, administrativamente responsable de la muerte de Oscar Orlando Correa Calderón, ocurrida el 19 de octubre de 1991.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por perjuicios morales a cada uno de sus padres Dionisio Correa Camargo y Rosaura Calderón Cruz el equivalente en pesos colombianos a un mil (1.000) gramos oro fino. Así mismo, quinientos (500) gramos oro fino a cada uno de los hermanos Luis Dionisio Correa Calderón y Judith Marleny Correa Calderón. El precio interno del gramo de oro fino será el que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de esta sentencia, certificación que allegarán los beneficiarios con la correspondiente cuenta de cobro.

3. Esta condena devengará intereses comerciales en los primeros seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo y moratorios de ahí en adelante.

4. Devolver al demandante la suma consignada para efectos de gastos o su remanente” (fls. 245 a 257).

I. Antecedentes:

1. Mediante demanda presentada el 4 de septiembre de 1992 (fls. 3 a 9), por medio de apoderado, los señores Dionisio Correa Camargo, Rosaura Calderón Cruz de Correa, Luis Dionisio Correa Calderón y Judith Marleny Correa Calderón solicitaron que se declarara a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados a ellos “con ocasión de la muerte trágica y violenta de Oscar Orlando Correa Calderón ocurrida el día 19 de octubre de 1991 en el municipio de Cáchira (Norte de Santander), dentro de las instalaciones del comando de policía de dicho municipio”.

De acuerdo con lo anterior, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar, a favor de cada uno de los demandantes, la suma equivalente a 1.000 gramos de oro, por concepto de perjuicios morales.

En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron los siguientes hechos:

“(...) 4. Oscar Orlando Correa Calderón, 29 años, con el grado de sargento segundo de la Policía Nacional, para el 19 de octubre de 1991, ostentaba el cargo de comandante de la estación de policía del municipio de Cáchira en el departamento de Norte de Santander.

5. En la fecha anotada alrededor de las 19 horas, Oscar Orlando Correa Calderón se encontraba en compañía de los agentes de policía Carlos Lastra Páez, Raimer Silvera Sierra y Geovanny Mercado Cervantes en el establecimiento “el Rincón de los Abuelos” de la citada población y ubicado en frente de la estación de policía.

6. En las condiciones anotadas escucharon la detonación de un disparo de arma de fuego por lo cual Oscar Orlando, en su condición de comandante se dirigió al lugar de la detonación, esto es, dentro de las instalaciones de la estación. Allí se percató de que el agente de la institución Reinaldo Pineda Quiroga fue herido en una pierna por parte de su compañero de arma (sic) José Elí Ramírez Pérez. Dispuso que el herido fuera llevado a que se le prestara asistencia médica inmediata para lo cual fue acompañado por los agentes Jorge Enrique Bastidas y Álvaro Suárez López.

7. Luego, enterado de que los agentes José Gerardo Carvajal Jiménez y Luis Antonio Paipa Arias subieron a un alojamiento del segundo piso, supuestamente a armarse debido a que minutos antes habían tenido diferencias con los también agentes Reimer Silvera Sierra y Geovany Mercado Cervantes, subió al citado receptáculo a fin de mediar entre sus dos subordinados. Comoquiera que acto seguido llegó al sitio mencionado el agente José Elí Ramírez, ebrio y alimentando (sic) apasionadamente a Carvajal y a Paipa a que llevaran a cabo sus despropósitos incluso con consecuencias insospechadas, no solo Oscar Orlando, sino además el agente Luis Enrique Audivier Campiño alternaron ante los tres agentes belicosos para que renunciaran a sus fines.

8. En un momento determinado Carvajal desaseguró una granada IM-26, de dotación oficial, amenazante y peligroso, por lo cual Audivier que mediaba invitó apresuradamente a su comandante Correa Calderón, quien permaneció siempre en la puerta de entrada al aposento, a que desalojaran la habitación por cuanto la actitud y tono de Carvajal constituían un inminente peligro para la integridad de todos. Correa Calderón no rehuyó la situación planteada sino que la encaró con el fin de apaciguar los ánimos y hacer el orden dada su condición de comandante.

9. Luego se produjo una explosión que acabó en forma violenta con la vida de Oscar Orlando Correa Calderón. Además Ramírez Pérez sufrió heridas de consideración”.

2. La demanda fue admitida el 8 de octubre de 1992 y el auto respectivo fue notificado debidamente al representante de la entidad demandada, quien, en la oportunidad para contestar la demanda, solicitó la práctica de pruebas (fls. 115, 126 a 128).

4(sic). Vencido el período probatorio y fracasada la conciliación (fls. 212 y 213), el 6 de diciembre de 1993, se corrió traslado a las partes para alegar y al representante del Ministerio Público para rendir concepto (fl. 215).

La parte actora manifestó que fue la condición de policías lo que les permitió a los agentes Ramírez y Carvajal entrar a la estación y tomar las armas de dotación oficial para causarle daños al agente Correa Calderón. Adicionalmente afirmó:

“La administración en este caso no tuvo el debido cuidado en la protección de las armas de la República que puso al cuidado de sus funcionarios y agentes. No prever la posibilidad de dejarlas al cuidado de los mismos para que ellos, en determinadas circunstancias, las usen con propósitos contrarios a la ley y los reglamentos, constituye una falla por la que debe responder administrativamente”.

La apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional sostuvo que, con las pruebas allegadas al proceso, no es posible considerar demostrados los hechos alegados en la demanda, especialmente la falla del servicio.

El representante del Ministerio Público rindió concepto, manifestando lo siguiente (fls. 227 a 230):

“Es del parecer de esta procuraduría que en el caso materia de estudio se configura lo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha denominado la falla presunta del servicio, en tales casos no será necesario, entonces, demostrar el mal funcionamiento del servicio, sino que al actor le bastará probar el hecho dañoso, el perjuicio y que el instrumento causal de este pertenecía al servicio; invirtiéndose así la carga de la prueba a favor de la parte actora, correspondiéndole entonces a la demandada, esto es a la administración, demostrar los motivos de exculpación de sus actuaciones, aspecto este sobre el cual la actividad administrativa prácticamente no fue vista en el proceso”.

II. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia del 30 de enero de 1998, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió declarar administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los daños ocasionados a los demandantes con la muerte de Oscar Orlando Correa Calderón y la condenó en los términos citados al principio de esta providencia (fls. 245 a 257).

El a quo manifestó que, en este caso, se presentó una falla del servicio, pues, pese a que el sargento Correa tomó todas las medidas preventivas que se encontraban a su alcance, la organización de la estación de policía permitió a los agentes acceder fácilmente al arma de dotación oficial con la que ocasionaron el daño. En efecto, afirmó:

“falla entonces la Policía Nacional en su aspecto organizativo, puesto que la vivienda y sitio de trabajo en el mismo lugar, aunque pueda ser necesaria por razones de seguridad, puede dar lugar a diferentes conflictos, por razones de la convivencia, además de que ello significa el acceso de los agentes a armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de policía, como era la granada cuya explosión causó la muerte al sargento Correa Calderón, no estando (sic) siempre en condiciones de manejarlo (sic) con la prudencia debida, dado que como en el caso que nos ocupa, los agentes implicados en la explosión de la granada se encontraban en estado de embriaguez”.

III. Recurso de apelación:

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, el apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación.

En la sustentación, reiteró que de las pruebas que obran en el proceso no es posible derivar la responsabilidad de la entidad demandada; por el contrario, afirmó, es posible establecer que la muerte del sargento Correa “acaeció sin que la víctima en su calidad de comandante de la estación, hiciera uso de su autoridad reglamentaria con sus inferiores, para lograr controlar la situación, evitando así los hechos reseñados, constituyéndose, entonces, este actuar negligente, en una causal exonerativa de la responsabilidad administrativa, cual es la culpa de la víctima”.

Adicionalmente, sostuvo que la muerte del sargento Correa “es uno de los riesgos que están obligados a asumir los profesionales de las armas”. Por último, manifestó lo siguiente:

“(...) no es valedero aceptar la posición de esta corporación al manifestar que se da la falla de carácter organizacional por parte de la Policía Nacional, por el hecho de tener los agentes su vivienda en el mismo sitio de la estación, y a su vez reconocer que este aspecto organizativo se hace necesario por razones de seguridad; lo cual es lógico dada la misma naturaleza de la Institución y la función a ella encomendada por mandato Constitucional y legal”.

La apelación fue concedida el 29 de abril de 1998 y admitida el 6 de agosto de 1998 (fls. 264 y 271).

Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, la parte demandada reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación (fls. 284 y 285); la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 286).

IV. Consideraciones:

Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se tiene lo siguiente:

a. Oscar Orlando Correa Calderón era sargento de la Policía Nacional y, en el año 1991, se desempeñaba como comandante de la estación de policía del municipio de Cáchira en Norte de Santander.

Al respecto, resultan suficientes los testimonios de los agentes Audiver Campiño (fl. 19), Carlos Orlando Lastra (fl. 33) y Giovanny Mercado Cervantes (fl. 39), recibidos en el proceso disciplinario adelantado por la Policía Nacional, en los que se afirma que el señor Correa era el comandante de la estación mencionada. Adicionalmente, se encuentra el informe de policía del 20 de octubre de 1991, donde consta el mismo hecho (fl. 17).

b. El sargento Correa murió el 19 de octubre de 1991. Este hecho consta en el certificado del registro civil de defunción, expedido por el Notario Único del Círculo de Cáchira, en el que se afirma que esta ocurrió por heridas múltiples de arma explosiva (fl. 11).

c. La muerte se produjo en la estación de policía del municipio de Cáchira, por la explosión de una granada de propiedad de la Policía Nacional. En efecto, los testigos que declararon en el proceso disciplinario señalaron que el sargento Correa Calderón murió por la explosión de una granada que pertenecía a la institución y que había sido asignada a uno de los agentes miembros de la escuadra que dirigía el difunto.

Así, el agente José Gerardo Carvajal expresó:

“dándole la vuelta a la manzana entré a la pieza encontrando alló (sic) a los agentes Audiver y Paipa hablando con mi sargento ya que era costumbre por parte de mi sargento recoger el armamento cuando algún agente tomaba, pero al no ver mi fusil supuse que lo habían recogido y me dirigí a tomar una de las granadas que se encontraba en el fillar (sic), cuando la cogí el agente Ramírez Pérez discutía con mi sargento en la entrada de la habitación y el AG Paipa se encontraba sentado en mi pieza y en la cama de él, en ese momento se me abalanzó el agente Ramírez a raparme la granada y como no pudo me empujó sobre la cama del agente Paipa quedándome sentado sobre esta, luego el agente Ramírez se apoderó de la granada que tenía en el arnés y se dirigió hacia la puerta donde estaba mi sargento, fue cuando se sintió la explosión quedándome en el fondo de la pieza el agente Paipa y yo (sic), aturdido por la explosión, al pasar los segundos en medio de mi aturdimiento pude divisar la salida y al salir de allí me di cuenta que estaba herido, entonces me fui hacia el hospital todavía con la granada en la mano, puesto que en ningún momento la solté (...)” (fl. 57).

De otra parte, el agente Luis Antonio Paipa manifestó:

“(...) cuando al momento llegó el agente Carvajal observó la piesa (sic), cuando miró el fillar (sic) de propiedad de él sacó una granada del fillat (sic) la cual tenía guardada allí, teniéndola en la mano, cuando llegó el agente Ramírez volvió y trató a mi sargento con palabras soeces, dijo ármense paisanos, se fue para donde estaba el agente Carvajal le mandó las manos donde él tenía la granada forcejeándose para quitársela, como no pudo quitársela le pegó un empujón al agente Carvajal cayendo a la cama mía parte derecha. En ese momento el agente Audiver dijo salgamos mi sargento, fue cuando el agente Ramírez agarró el arnet (sic) de propiedad del agente Carvajal apoderándose de la granada que se encontraba en ese arnés, votó (sic) el arnés en la cama, cuando iba saliendo le hizo entrega de la granada a mi sargento y en ese momento fue la explosión (...) al momento llegaron al agente Ramírez Perez herido y allá fue cuando me di cuenta que mi sargento estaba muerto” (fl. 59).

d. La granada que causó la muerte del agente Correa fue accionada por agentes de policía que se encontraban vestidos de civil, en estado de embriaguez y fuera del servicio. Los hechos ocurrieron en el marco de una riña que se presentó entre los miembros de la escuadra, por motivos personales.

En relación con lo primero, se encuentran, en el expediente, los testimonios de los agentes Audiver Campiño (fl. 19), Giovanny Mercado (fl. 39), Roimer Silvera Sierra (fl. 43).

Campiño, en efecto, expresó lo siguiente:

“Preguntado: Sírvase informar si los agentes que fomentaron los hechos se encontraban uniformados, de civil, en servicio, o fuera del mismo. Contestó: Todos se encontraban de civil y fuera del servicio; cabe anotar que el agente Quiroga estaba uniformado en la esquina y que el impacto le rebotó a él accidentalmente, ya que el agente Ramírez le hizo el disparo fue al agente Silvera” (fl. 20).

Mercado manifestó, en sentido similar:

“Preguntado: Sírvase decirnos si el personal que se encontraba embriagado o ingiriendo bebidas embriagantes se encontraban (sic) uniformados de civil, en servicio o fuera del mismo. Contestó: Todos éramos de una misma escuadra estábamos francos en traje de civil a excepción de Paipa que estaba trabajando en construcción de una trinchera, mi sargento estaba uniformado” (fl. 39).

Y, finalmente, Silvera indicó:

“Preguntado: Sírvase decirnos si los presentes en el problema estaban uniformados de civil, en servicio o fuera del mismo. Contestó: Estábamos de civil, francos, mi sargento sí estaba uniformado” (fl. 43).

Resulta pertinente, además, la declaración del agente Giovanni Mercado Cervantes, quien hizo el siguiente relato:

“Siendo como las tres de la tarde nos fuimos a jugar un partido de billar con el AG Silvera Sierra, Lastra Páez Carlos, mi sargento Correa Calderón, estábamos jugando y como a eso de las cuatro y media llegaron los agentes Carvajal Jiménez, Paipa Arias y Ramírez Pérez José, llegaron medio embriagados, ellos brindaron trago y como no quisimos recibirles empezaron a insultarnos y a insultar al sargento, que por él o sea mi sargento era cucuteño tenía que tomar con ellos y no con nosotros, entonces empezó a insultarnos, entonces yo le dije a Carvajal y Ramírez quienes nos estaban insultando, les dije que respetaran, que me estaban ofendiendo a mi familia, entonces dijo que eso no le importaba, que si era tan hombre que peleara con él, en ese momento intervino mi sargento y me dijo que me fuera para el cuartel para evitar problemas, yo me fui para el cuartel ya que estaba en pantaloneta, me fui a bañar, entrando en el baño escuché la detonación el tiro del fusil, al rato escuche la detonación de la granada (...) ya como a las siete de la noche me di cuenta que mi sargento estaba muerto y los agentes Carvajal, Audiver, y Ramírez heridos” (fl. 39).

Adicionalmente, los declarantes Orlando Flórez Bautista (fl. 25), Giovanny Mercado Cervantes (fl. 39) y Audiver Campiño (fl. 19) indicaron que quienes tuvieron una participación directa en los hechos se encontraban en estado de embriaguez.

Y sobre los motivos personales de la riña declararon otros gentes en el proceso disciplinario. Así, el agente Carlos Armando Lastra manifestó lo siguiente:

“Preguntado: Tiene conocimiento cuáles fueron los móviles que originaron todas estas clases de problemas que dieron como resultados la muerte del señor comandante de la unidad y heridas en varios agentes. Contestó: En sí el problema se originó cuando Ramírez y Carvajal llegaron en estado de embriaguez al billar y empezaron a tirar indirectas que mi sargento estaba amangualado (sic) con los costeños y que eran los consentidos de él; mi sargento solo intervenía para que los agentes se calmaran” (fl. 33).

En este sentido también declaró el agente Luis Antonio Paipa

“Preguntado: Sírvase decirnos si usted tiene conocimiento de los móviles que dieron lugar a este problema. Contestó: El problema era que estaban discutiendo el agente Carvajal y Mercado por un turno que el agente nombrado no había prestado y el agente Ramírez discutía con mi sargento dizque porque mi sargento favorecía más a los costeños que a los paisanos (fl. 59).

Visto lo anterior y dado que la muerte del sargento Correa fue causada por agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera del servicio, vestidos de civil, en una riña originada en motivos personales, pero en el lugar del servicio y con arma de dotación oficial, se debe establecer si se trata de una falta personal del agente sin nexo con el servicio o si la existencia de los denominados vínculos espacial e instrumental, en este caso, resultan suficientes para establecer la imputabilidad del daño causado a la demandada.

En relación con la falla personal del agente, esta corporación ha precisado:

“... las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público(1). La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública. Así lo ha destacado la doctrina extranjera:

(...) no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación de responsabilidad a la administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de este pueda calificarse como propia del ‘funcionamiento de los servicios públicos’. Es decir que la conducta del agente de la administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público.

Por tanto, la administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce ‘en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda calificación jurídico-pública(2).

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”(3).

“En el test de conexidad acogido por la Sala en sentencia del 17 de julio de 1990, expediente: 5998, elaborado por la doctrina extranjera para establecer el nexo con el servicio de la falla personal de los agentes de la administración, se formulan las siguientes preguntas: ¿advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo?; ¿el agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión?

“Las preguntas formuladas en ese test deben responderse de manera negativa en el caso concreto, a partir de las pruebas que obran el proceso, por cuanto el perjuicio advino en horas que el agente no se encontraba de servicio; el lugar y los instrumentos con los cuales se causó eran ajenos a la prestación del mismo; el agente no actuó con el deseo de ejecutar una actividad propia de su función ni bajo su impulsión...”(4) (se subraya).

De acuerdo con la jurisprudencia citada, la responsabilidad de las entidades públicas únicamente queda comprometida cuando la conducta dañosa del agente implica la manifestación externa del funcionamiento del servicio público.

Como se dijo, para determinar si la falla se presenta en relación o con motivo del servicio, la jurisprudencia colombiana ha acogido el test de conexidad, según el cual para determinar si la conducta del agente vincula al servicio, es necesario establecer la existencia de diferentes nexos como el temporal, el instrumental y el espacial, que son expresiones del denominado “nexo perceptible”, o si aquel actuó con el deseo de cumplir una función propia de su cargo, o bajo su impulsión, aspectos a los que se refiere el denominado “nexo inteligible”.

No obstante, es preciso reiterar que las respuestas afirmativas a las distintas preguntas señaladas en el test permiten simplemente la construcción de indicios que debe valorar el juez, en cada caso, para establecer si el daño causado por el agente estatal le es imputable a la entidad pública de que se trate.

En efecto, la existencia de alguno de los indicios mencionados no implica, necesariamente, que el daño causado pueda ser imputado al Estado. Por ello, el juez debe analizar, frente a los hechos específicos, todas las circunstancias que rodearon la causación del daño.

Lo dicho también se aplica en el caso del nexo instrumental. Es decir, su existencia no determina, de manera necesaria y para todos los casos, que el hecho sea atribuible al Estado, pues puede ocurrir, por ejemplo, que el vehículo o el arma oficiales se hayan utilizado para desarrollar una típica conducta personal del agente. Sobre este punto, la doctrina ha afirmado lo siguiente:

“Está finalmente, el vínculo instrumental. Auby demostró que “el solo hecho de que el daño causado por la falta personal del agente, por fuera de su servicio, haya sido realizado por medio del instrumento suministrado por el servicio, no es suficiente para comprometer la responsabilidad de la administración”(5). En este sentido —señala Paillet— la jurisprudencia francesa no ha aceptado jamás por completo las proposiciones de León Blum. En efecto, el Conseil d´Etat ha matizado el enfoque mediante consideraciones dirigidas a atenuar su efecto haciendo referencia a la circunstancia de que el agente tenía la obligación de conservar su arma por fuera del servicio y “a los peligros que resultan para terceros” de esta obligación. Además, el Conseil d´Etat se ha negado a declarar la responsabilidad del Estado a raíz de un homicidio cometido por un policía con su arma de servicio. Aquí parece admitir que el vínculo instrumental queda de alguna manera roto por los móviles del agente que está animado por la voluntad de ejercer una venganza personal(6) (se resalta).

En este sentido también se pronunció la profesora Vivian Newman quien considera que la tesis según la cual, tratándose de armas de dotación oficial, la falla personal no es causal de exoneración, es demasiado estricta, pues, a su juicio, en esos casos, los hechos no son atribuibles al Estado y, en consecuencia no es posible condenarlo(7).  

Así las cosas, cuando el daño se produce con arma de dotación oficial, es necesario que el mismo constituya la concreción del riesgo creado por el Estado, para que pueda ser imputado a este. Por el contrario, si el daño se produce como consecuencia de la conducta personal del agente, no será posible atribuirlo al Estado.

En efecto, en los casos en que se declara la responsabilidad del Estado por daños causados en ejercicio de actividades peligrosas como cuando se usan armas de dotación oficial, es aquel quien tiene la guarda de la actividad y, por ello, debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado; no obstante, es necesario analizar, en cada caso, las circunstancias concretas en las que se presentan los hechos, pues es posible que el daño causado sea la consecuencia de una actuación particular del agente, caso en el cual se impondría la exoneración de la Nación, en virtud de la existencia del hecho exclusivo de un tercero, causa extraña que rompe el nexo de causalidad. Se trataría de una conducta personal que, sin duda, carecería de vínculo con el servicio y, por la misma razón, se realizaría, en todo caso, al margen del riesgo creado por el Estado que pierde la guarda de la cosa peligrosa utilizada.

No debe olvidarse que, mediante el test mencionado anteriormente, se pretende establecer si un daño determinado resulta atribuible al Estado o si, por el contrario, solo puede imputarse al agente estatal en su condición de particular. En el último caso planteado, es claro que la posibilidad de atribuir el daño al Estado desaparece.

En este sentido ya se había pronunciado esta corporación, afirmando que un acto personal del agente no puede comprometer la responsabilidad de la administración, aun cuando haya sido cometido con un arma de dotación oficial. En efecto, en sentencia del 11 de abril de 1985, Expediente 2907, manifestó:

“El accidente fue consecuencia de una conducta culposa y aislada de su autor, en desarrollo de un acto personal suyo que no puede comprometer a la administración, así haya sido cometido con un arma de dotación oficial (...).

Según lo visto, la actividad que realizaban los alumnos era totalmente ajena a las de entrenamiento e instrucción en el manejo de armas. Los alumnos estaban libres para acatar la orden impartida, completamente ajena a las de instrucción militar que debía desarrollarse en un período corto de tiempo y en la cual no se requería la vigilancia de sus superiores. No debían los cadetes en ese momento utilizar armas. Si ello ocurrió, se debió precisamente a la camaradería y costumbre de los enfrentados de jugar y “chancearse” en la forma relatada, contraviniendo las órdenes que en tal sentido les impartían sus superiores.

(...).

3. La situación que se deja descrita y analizada pone de presente la existencia de una falta personal, que como muy bien la define Laferriere, citado por Georges Vedel, es aquella “... que revela al hombre con sus debilidades, sus pasiones, su imprudencia” (Derecho Administrativo. Aguilar. Sexta Edición, pág. 291). A ninguna otra conclusión distinta podría llegar la Sala frente a realidades como las que ponen de presente los declarantes cuyos testimonios han sido apreciados”.

En el presente caso, se observa que existen tanto el vínculo espacial como el instrumental, pues la muerte del sargento Correa se produjo en la estación de policía del municipio de Cáchira, por la explosión de una granada de dotación oficial; no obstante, la Sala considera que, dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, no es posible imputar el daño al Estado.

En efecto, se encuentra demostrado que el hecho se presentó en medio de una riña causada por móviles personales de los agentes, en la cual uno de ellos, que se encontraba vestido de civil, fuera del servicio y en estado de embriaguez, se apoderó arbitrariamente del arma de dotación oficial (una granada) de otro compañero, la cual, al explotar, causó la muerte del sargento Correa.  

En estas circunstancias, es claro que el hecho que causó el daño es completamente ajeno al servicio; no guarda, en efecto, relación alguna con su prestación, dada la evidente voluntad de su autor de atacar a la víctima, en el marco de una actividad cumplida por razones estrictamente personales que, por lo tanto, fueron desarrolladas en su condición de particular y no de servidor público. Por lo mismo, no puede afirmarse que la muerte del sargento Correa Calderón hubiera constituido la concreción del riesgo creado por el Estado.

Se trata de una actuación que en nada implica el ejercicio de una función derivada de un poder público; por el contrario, la actuación de los agentes Ramírez y Carvajal se presenta como una actuación privada, alentada por conflictos personales, ajenos, por completo, a la función pública que debían desempeñar como miembros de la Policía Nacional.

En ese orden de ideas, puede decirse, además, que la conexión instrumental desaparece, en su sentido original, pues, en el momento en que ocurrieron los hechos, el arma no estaba bajo la guarda del Estado, dado que fue tomada arbitrariamente, en desarrollo de una conducta privada, por un agente de policía cuya actuación, por lo tanto, no constituye un acto propio del servicio, ni tiene con él relación alguna.

Ahora bien, podría afirmarse, como lo hizo el tribunal, que el perjuicio causado ocurrió por una falla en la organización de la estación de policía que permitió que los agentes vivieran dentro de la misma y pudieran tener acceso permanente a las armas de dotación; no obstante, un razonamiento en este sentido implicaría la adopción de la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada entre nosotros desde hace mucho tiempo por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(8).

Así las cosas, no resulta aceptable la argumentación expuesta por el tribunal, pues la eventual falla, por su organización, imputable a la entidad demandada —cuya existencia, en este caso, no se deriva claramente, además, del hecho aludido— no puede ser considerada como causa adecuada del daño causado.

Nada indica, en efecto, conforme a las reglas de la experiencia, que por el hecho de que un agente de policía tenga acceso al lugar donde permanecen guardadas las armas de dotación oficial para ser asignadas al cumplimiento de función pública, resulte probable que las utilice dolosamente para causar daños a otras personas, por motivos personales.  

En conclusión, en el caso concreto, nos encontramos frente a una típica falla personal del agente que carece de nexo con el servicio público, lo que impide que el daño causado pueda ser imputado al Estado. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 30 de enero de 1998 y, en su lugar, se resuelve NEGAR las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra BecerraAlier E. Hernández EnríquezMaría Elena Giraldo Gómez—Nora Cecilia Gómez Molina—Germán Rodríguez Villamizar.

1 La jurisprudencia francesa desde el célebre fallo Lemmonier del 26 de julio de 1918, a partir de las conclusiones del comisario de gobierno Leon Blum había señalado: “Si la falta personal —afirmó Blum— ha sido cometida en el servicio o con ocasión de él, si los medios y los instrumentos de la falta han sido puestos por el servicio a la disposición del culpable por efecto del juego del servicio, si en una palabra, el servicio ha acondicionado la ejecución de la falta o la producción de sus consecuencias dañinas respecto de un individuo determinado, el juez administrativo podrá y deberá decir: la falta se separa quizás del servicio —es a los tribunales judiciales [jueces ordinarios] a quienes les corresponde decidir sobre esto— pero el servicio no se separa de la falta”.

2 Andrés E. Navarro Munuera. La ampliación de la responsabilidad patrimonial de la administración a los daños ocasionados por sus funcionarios o agentes actuando al margen del servicio público, en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 60, octubre-diciembre de 1988. Se analiza en el artículo la sentencia del Tribunal Supremo de España del 27 de mayo de 1987, que concedió a los demandantes la indemnización por la muerte de su hijo ocasionada por un agente de la policía con arma de fuego reglamentaria, pero quien disfrutaba de sus vacaciones, en aplicación de la teoría del riesgo como título de imputación.

3 Andrés E. Navarro Munuera, ob. cit.

4 Sentencia del 14 de junio de 2001, expediente 13.303.

5 Nota al fallo C.E, 26 octubre 1973, Sadoudi, D. 1974, J. 255.

6 Saavedra Becerra, Ramiro, “La responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Medellín, 2003, pág. 345.

7 Newman Vivian, “La Responsabilidad Extracontractual de la administración pública derivada del uso de armas de dotación oficial”, En Revista Universitas Jurídicas y Socioeconómicas, Nº 85, Universidad Javeriana, noviembre de 1993, pág. 408.

8 Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996. pp. 245, 246.