Sentencia 1992-08139 de abril 5 de 2013

 

Sentencia 1992-08139 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Radicación: 250002326000-1992-08139 01

Expediente: 24.215

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Cajanal en Liquidación

Demandado: Augusto Conti Parra

Naturaleza: Controversias contractuales

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

10. El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación dentro de este proceso suscitado mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, competencia que tiene su fuente en lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del reglamento de esta corporación, contenido en el Acuerdo 58 de 1999 (modificado Ac. 55/2003, art. 1º), en el que se distribuyen los negocios por secciones.

11. Adicionalmente, precisa la Sala que le corresponde resolver el asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988 para que asuma el conocimiento de una acción contractual en segunda instancia. En 1992, cuando fue presentada la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción contractual fuera conocido por esta corporación era de $ 6.860.000 —CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones (perjuicios morales) fue estimada en la demanda en la suma de $ 7.784.180.

II. Problema jurídico

13. Teniendo en cuenta las razones de inconformidad de la parte apelante con el fallo de primera instancia, el problema jurídico consiste en establecer desde cuándo comienza a contarse el término de caducidad para interponer una demanda de reconvención.

III. Análisis de la Sala

Caducidad del término para demandar en reconvención

14. Según la decisión recurrida únicamente por el accionado “[e]l término de caducidad de la acción contractual empezó a correr con fecha 15 de agosto de 1990, razón para que habiéndose presentado la demanda de reconvención con fecha 29 de junio de 1995, lo haya sido cuando ya había vencido el término de caducidad de la acción establecido en la ley y, en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, proceda su declaratoria de oficio”.

15. El demandado, en el recurso interpuesto en tiempo por su apoderado judicial, pretende que se revoque la sentencia recurrida en cuanto declaró probada la excepción de caducidad del término para demandar en reconvención. Destacó que la naturaleza de la reconvención implica necesariamente la existencia de una demanda previa que origine un proceso judicial y “por lo tanto, no se le pueden hacer extensivos los condicionamientos de la acción principal” toda vez que depende necesariamente de esta, “como que tiene carácter accesorio” y en tal virtud, corre la misma suerte de la misma. Aseguró que la reconvención es un típico caso de acumulación de acciones, de ahí que el requisito de haberse interpuesto en tiempo no puede ser exigible del demandado “de quien no depende tomar la iniciativa de presentar la correspondiente demanda principal”. A su juicio, si la presentación de la demanda principal dentro del término legal interrumpe la caducidad de la acción contractual, “dicha interrupción también debe ser válida en tratándose de la reconvención, por su carácter eminentemente accesorio”.

16. La Sala advierte que la caducidad de la acción se produce cuando el término concedido por la ley para entablar la demanda ha vencido. Este plazo está edificado, como ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, sobre la conveniencia de señalar un referente objetivo, sin consideración a situaciones personales, invariable, para que quien se pretenda titular de un derecho opte por accionar o no. De ahí que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse(7), toda vez que los términos procesales son perentorios e improrrogables y su cumplimiento no queda librado a la voluntad de los sujetos procesales.

17. Ahora bien, el ordenamiento jurídico prevé que para contabilizar el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales, es preciso diferenciar los negocios jurídicos que exigen liquidación, de aquellos que no lo requieren. Para la época de los hechos, en vigencia del Decreto 222 de 1983, ya la jurisprudencia tenía determinado que aunque para entonces la legislación no regulara la materia era considerado como término plausible para liquidar de común acuerdo el contrato “el de cuatro meses: dos para que el contratista aporte la documentación adecuada para la liquidación, y dos para que el trabajo se haga de común acuerdo”(8). Y que a falta de acuerdo la entidad contratante debía “proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de común acuerdo”(9).

18. Por manera que, en los contratos que requerían liquidación en vigencia del Decreto 222 de 1983 (art. 287) —y el de autos era uno de ellos— el término de caducidad de dos años se contabiliza a partir de la ejecutoria del acto que la apruebe. Y si la administración no procede a liquidarlo unilateralmente, como sucedió en el sub lite, dentro de los dos meses antes indicados, se debe acudir a la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, vale decir, luego de seis meses de terminado de común acuerdo.

19. Estos plazos resultan también aplicables para la demanda de reconvención. Por lo mismo, no le asiste razón al recurrente único cuando asegura que su demanda de reconvención fue presentada en tiempo, toda vez que a su juicio el término que se debe tener en cuenta es el de fijación en lista. Recientemente la Sala recordó que “la demanda de reconvención no constituye un simple mecanismo de defensa, en cuanto da lugar a que el demandado formule pretensiones contra el actor, que por economía procesal pueden acumularse, tramitarse y resolverse dentro del mismo proceso”(10). Se trata, pues, de una acción propia e independiente que, en desarrollo del principio de economía procesal, busca evitar la duplicidad de procesos permitiendo que las partes revistan simultáneamente el rol de demandantes y demandados(11).

20. De ahí que si bien es cierto que el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo faculta al demandado para presentar demanda de reconvención dentro del término de fijación en lista, no es menos cierto que “el ejercicio de tal derecho solo es posible si se hace antes de que se haya configurado la caducidad de la acción. No podría ser de otra manera, porque la demanda de reconvención es una acción autónoma, que no pretende enervar las pretensiones de la demanda inicial, sino que está encaminada a obtener el reconocimiento de pretensiones diferentes”(12).

21. Es preciso reiterar que el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo ordena que en la sentencia se decidirá no solo sobre las excepciones propuestas, sino también y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada y agrega que el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus. Se trata, entonces, de una facultad mucho más amplia que la prevista en la legislación procesal civil (art. 306) en orden a que no sea posible disponer, como advierte el profesor Devis(13), sin las formalidades legales, de derechos sustanciales de las entidades públicas. Y por lo mismo, el juez administrativo por mandato legal está facultado para decidir no solo sobre las excepciones propuestas sino sobre cualquier otra que encuentre probada(14).

22. En tal virtud, el contratista ha debido presentar la demanda de reconvención dentro del plazo legal, es decir, a más tardar, hasta el 15 de febrero de 1991, esto es dos años y seis meses después de que las partes de común acuerdo dieron por terminado el contrato(15). Por lo que cuando lo hizo, esto es el 29 de junio de 1995, aquel ya se encontraba vencido. O lo que es igual, aunque la demanda de reconvención fue presentada dentro del término de fijación en lista, se encontraba por fuera del de caducidad previsto por la ley para el oportuno ejercicio de la acción de controversias contractuales (CCA, art. 136).

23. En consecuencia, se confirmará la sentencia del tribunal a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 24 de octubre de 2002, por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se decidió negar las pretensiones de la demanda principal y declaró probada la excepción de caducidad del término para demandar en reconvención.

2. DEVUÉLVASE, en firme este proveído, el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, rad. 76001-23-31-000-22936-01 (14.988), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 1988, Exp. 3615, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 11 de diciembre de 1989, Exp. 5334, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2012, rad. 199409672-01 (23830), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(11) Cfr. López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Bogotá, 1999, Dupré Editores, p. 23.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de mayo 27 de 2004, rad. 25000-23-26-000-2001-0870-02(26275), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(13) Devis Echandía, Hernando, Compendio de derecho procesal. Teoría general del proceso, Tomo I, Diké, Medellín, 1993, p. 243.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de agosto de 2011, rad. 11001-03-26-000-2009-00072-00(37082), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(15) Está acreditado en el plenario que el 15 de agosto de 1990 se levantó el acta de terminación del contrato 335 de 1989, de común acuerdo (fl. 30, cdno. ppal.).