Sentencia 1992-08445 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000199208445-01 (18.148)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Emma Emilia León de León y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso con vocación de doble instancia, dado que las demandas se presentaron el 3 de diciembre de 1992(41), el 14 de diciembre de 1992(42), el 22 de enero de 1993(43), el 21 de julio de 1993(44), 7 de junio de 1994(45), 17 de junio de 1994(46), 28 de junio de 1994(47) y 21 de julio de 1994(48), y la pretensión mayor se estimó en cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, mientras que el monto exigido para el año 1992 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $ 5’860.000(49).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1 de 1986(50), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En el presente caso la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte de los señores Luis Adolfo León León, Silvio Peña y María Irene Morera y las lesiones sufridas por los señores Justo Medardo Garzón Rodríguez, María Balvina Santos Martínez, Rafael Antonio Aguilera, Marceliano Méndez Cárdenas, Marinela Garzón Cárdenas, María del Carmen Cárdena Santos, en hechos sucedidos el 26 de julio de 1992 en Medina (Cundinamarca), lo que significa que tenían hasta el día 26 de julio de 1994 para presentarla y, como la última se presentó el 28 de junio de 1994(51), resulta evidente que se ejercitó la acción dentro del término previsto por la ley(52).

3. El mérito probatorio de las pruebas.

Sea lo primero precisar que en las diferentes demandas se solicitó el traslado en copia auténtica de la investigación penal y disciplinaria adelantada por los hechos ocurridos el 26 de julio de 1992 en el municipio de Medina, Cundinamarca, en los que resultaron muertos los señores Luis Adolfo León León, Silvio Peña y María Irene Morera y lesionados Justo Medardo Garzón Rodríguez, María Balvina Santos Martínez, Rafael Antonio Aguilera, Marceliano Méndez Cárdenas, Marinela Garzón Cárdenas y María del Carmen Cárdena Santos(53).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario reiterar lo expresado en anteriores oportunidades por la Sección respecto de las reglas aplicables al traslado de pruebas y su mérito probatorio(54).

En tal sentido debe señalarse que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(55) dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En relación con el traslado de pruebas ha de aplicarse el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella” (se resalta).

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

“Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

“1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

“2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

“Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

“Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se resalta)(sic).

Conforme a lo expuesto se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración, solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados en copia auténtica y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio, lo que será posible siempre que no se trate de un servidor o exservidor llamado en garantía en el proceso contencioso administrativo o, como ya se dijo, fuere alguien que se identifique jurídicamente con la entidad estatal que tiene la calidad de parte en el proceso contencioso administrativo, ya que en estos supuestos no podría considerarse como un tercero ajeno al proceso que pudiera rendir su declaración(56).

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Específicamente en el caso de la prueba documental la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicha norma, según la cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal “se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”.

De igual manera ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(57).

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso.

De acuerdo con el anterior marco legal y jurisprudencial, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, este se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si estos no se cumplen, no podrán ser tenidas en cuenta por el juzgador.

En el presente caso, se tiene que podrán ser valoradas las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del mismo código, como quedó expuesto en precedencia.

Sobre el particular la Sala recuerda que el traslado de la investigación penal que cursó en el Juzgado Sesenta y Siete de Instrucción Penal Militar y el proceso disciplinario que le fue iniciado a los agentes involucrados en los hechos, fueron solicitados por la parte demandante en el escrito de demanda y, en virtud de tal solicitud, decretado en el auto de pruebas, y dichos testimonios fueron practicados con audiencia de la parte demandada en tales procesos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto sobre el tema en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser valorados plenamente.

En efecto, esta sección ha expresado, en otras ocasiones, que, en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes o por una y fueron realizados con audiencia de la otra, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión(58).

Así las cosas, los testimonios rendidos en los procesos penal y disciplinario serán tenidos como prueba valorable en el presente proceso.

4. Los hechos probados en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado lo siguiente:

— Que los señores Silvio Peña y Luís Adolfo León León fallecieron el 26 de julio de 1992, como consecuencia de las heridas causadas con arma de fuego, tal como se desprende de los registros civiles de defunción(59), los protocolos de necropsia(60) y las actas de levantamiento de cadáver(61).

— Que la señora Irene Morera Beltrán falleció el 27 de julio de 1992, como consecuencia de las heridas causadas con arma de fuego en hechos que tuvieron lugar el día anterior, así se desprende del registro civil de defunción(62), el protocolo de necropsia(63) y el acta de levantamiento de cadáver(64), según los cuales, la causa del deceso obedeció a una “anemia aguda secundaria a herida por proyectil de arma de fuego”.

— Que la muerte de los señores Silvio Peña, Luís Adolfo León León e Irene Morera Beltrán y las lesiones recibidas por Justo Medardo Garzón Rodríguez, María Balvina Santos Martínez, Rafael Antonio Aguilera, Marceliano Méndez Cárdenas, Marinela Garzón Cárdenas y María del Carmen Cárdena Santos, ocurrieron en el momento en que el bus en el cual se transportaban cruzaba por el frente de la Estación de Policía de Medina, Cundinamarca, luego de haber sido retirada la valla que impedía el tránsito de vehículos por dicho lugar, según se desprende del contenido del informativo disciplinario 151(65) y de la investigación penal 1151(66) adelantada por la justicia penal militar, a las que dieron origen los hechos mencionados y en donde obran los siguientes medios de prueba que resultan relevantes para la decisión que se deba adoptar en el sub judice:

• Oficio 298 de 27 de julio de 1992(67), por medio del cual se informa sobre los hechos sucedidos el 26 de julio de 1992, comunicación que en lo relativo con el presente caso consignó:

“Que el 26 de julio del presente año, siendo las 22:55 horas, el vehículo bus escalera (Chiva), de placas SW1932 afiliado a la empresa Cootransmeta, se desplazaba de la vereda Gazaduje, hacia el hospital de Medina, Cundinamarca, el mencionado vehículo era conducido por el señor Silvio Peña...; quien en el momento de su desplazamiento, violó las normas de seguridad que se tiene como protección de las instalaciones policiales, una valla que impide el paso vehicular y que dice “Policía Nacional vía cerrada”, el ayudante del mencionado automotor sin que este se detuviera bajó y retiró la valla de seguridad y el automotor emprendió su marcha en forma premeditada, dando esto origen a que el personal de agentes que presta sus servicios como centinelas, creyendo que se trataba de una incursión guerrillera hicieran uso de sus armamento de dotación, advirtiendo así al conductor que no debería seguir su marcha pero este hizo caso omiso y al contrario aumentó la velocidad, recostando el vehículo hacia las instalaciones policiales.

En ese momento el personal de la Policía reaccionó e hizo blanco en el mencionado automotor...

(...).

Informo a mi capitán que los centinelas abrieron fuego contra el vehículo ya que a esa hora de la noche no transita ningún vehículo de servicio público (bus, chiva) y se creía que este podía estar ocupado por guerrilleros, que de pronto lo habían tomado a la fuerza para incursionar las instalaciones.

(...).

De igual modo informo a mi capitán que al pasar revista de la munición gastada después de los hechos acontecidos ya mencionados el resultado fue el siguiente:

Ag. Rivas Murillo Francisco, dotación 306 cartuchos, gastó 1 cartuchos, saldo 305

Ag. Trejos Chaura Diomedes, dotación 100 cartuchos, gastó 6 cartuchos, saldo 94

Ag. Gómez V. Carlos Ramiro, dotación 300 cartuchos, gastó 8 cartuchos, saldo 292

Ag. Amaya Lagos Raúl, dotación 100 cartuchos, gastó 3 cartuchos, saldo 97

Ag. Bautista Jiménez Pedro, dotación 300 cartuchos, gastó 2 cartuchos, saldo 298”.

• Inspección judicial realizada por el Juzgado Sesenta y Siete de Instrucción Penal Militar(68), en la que se hace un recuento de la trayectoria realizada por el vehículo atacado, así:

“... el bus escalera (chiva) ingresó al casco urbano de Medina, por la vía que de la vereda “Gazaduje” conduce a esta localidad y viceversa, cogiendo o tomando la carrera octava, de Norte a Sur, para después subir, a mano izquierda, por la calle catorce hasta la carrera sexta (en esta esquina se encuentra ubicada la valla de la Policía Nacional, con la leyenda “Policía Nacional - vía cerrada”), doblando enseguida a mano derecha y seguir con el recorrido por la carrera sexta (en la esquina de esta carrera, con la calle 13, se encuentra situada la estación de Policía), para finalmente detenerse, conforme a las circunstancias relatadas por los declarantes, a la mitad de la cuadra de la siguiente carrera, como informa el croquis que se adjunta a la presente diligencia, donde se observa perfectamente que lo correcto era que el conductor del bus hubiese tomado la carrera octava, directamente hasta la calle doce, para luego subir a mano izquierda y así haber llegado al lugar donde está situado el centro hospitalario de esa localidad, o en su defecto hubiese transitado por el costado de la parte de abajo del parque principal”.

• Inspección judicial realizada al vehículo donde se transportaban los muertos y lesionados, en donde se dejaron consignados de manera detallada los impactos de arma de fuego que recibió el automotor, así:

“... vehículo marca Ford-600, modelo 1961, distinguido con el número de placas SW-1932, afiliado a la empresa Cootransmeta, de colores rojo y marfil, con líneas blancas, azules y verdes en sentido horizontal, denominada “La Consentida” (bus escalera o chiva), que se encuentra diagonal al puesto de policía en esta localidad, donde se trasladaban las personas muertas y heridas cuando ocurrieron los infortunados hechos materia de investigación, logrando establecer luego de un examen minucioso, los siguientes hechos, así: se trata, como se indicó, de un bus escalera, utilizado para el transporte de pasajeros entre las localidades de Villavicencio-Medina y la vereda “Gazaduje”, cuyo propietario actual es el señor Edilberto Vallejo Guerrero. En la parte trasera exterior se divisan tres (3) impactos de arma de fuego; uno en el vidrio izquierdo, hacia un lado; uno en el centro y otro en la parte de abajo, a unos veinte centímetros del anterior. En la parte izquierda se observan cuatro (4) impactos de arma de fuego; uno en la parte de arriba de la bodega; uno en el último compartimiento de la parte de abajo de la venta; uno en el segundo compartimiento de la parte de debajo de la ventana —no tiene orificio de entrada sino se ve un resbalón—; y otro en la parte central del lado del conductor cerca del espejo retrovisor lateral. En la parte delantera se observa un solo impacto de arma de fuego, situado en la parte derecha, abajo del espejo retrovisor con orificio de salida hacia el interior del vehículo. En la parte derecha no se observa ningún impacto de arma de fuego. En el interior del vehículo se divisan seis (6) sillas o bancas largas, de hule color rojo, incluida la del conductor, con gran cantidad de sangre coagulada en el piso, junto a la barra de cambios y en el segundo asiento, o mejor en la segunda hilera de asientos, habiéndose encontrado en su interior los siguientes elementos: cuatro (4) pedazos de prótesis dental; un (1) machete oxidado, diversas herramientas del vehículo, una (1) botella de cerveza con la etiqueta “Águila”, vacía; dos (2) bultos de sal; los documentos que acreditaban la propiedad del automotor, a nombre de Edilberto Vallejo Guerrero, dentro de una de las dos consolas que están ubicadas en la parte de delante de la cabina, donde se lee en una de sus partes que tiene una capacidad para 33 pasajeros y que su radio de acción es el departamento del Meta y Llanos Orientales. Se verificó, de otro lado, el buen estado de funcionamiento tanto de las luces delanteras como de las dos direccionales laterales”.

• Los testimonios recepcionados en la mencionada investigación dan cuenta de que el vehículo donde se transportaban se devolvió hacia el municipio de Medina, Cundinamarca, con el fin de llevar a un herido que había recogido por el camino y una vez llegaron al pueblo el conductor del vehículo, con la ayuda de su asistente retiró la valla que obstruía la calle que se encontraba frente a la estación de Policía para proceder a cruzar por ese sitio.

Antes de iniciar a valorar la prueba testimonial que obra en el expediente, resulta necesario dejar claro que las declaraciones rendidas por los señores Miriam Yolanda Garzón Cárdenas(69), Justo Medardo Garzón Rodríguez(70), María del Carmen Cárdenas de Garzón(71), Rafael Antonio Aguilera Piñeros(72), Néstor Julio Morera Beltrán(73), Marceliano Méndez Cárdenas(74), María Balvina Santos de Cárdenas(75), no serán valoradas porque aunque fueron solicitadas en debida forma, decretadas y recepcionadas en cada uno de los expedientes acumulados, quienes las rindieron no tienen la calidad de testigos porque son parte en el proceso.

A su vez el señor Orlando Antonio Sarmiento(76), ayudante del conductor del vehículo, relató los hechos sucedidos de la siguiente forma:

“Eran como 25 pasajeros íbamos para el pueblito Gazaduje al llegar a Choapal paramos nosotros que se quedaban y uno de ellos cuando arrancó la chiva se colgó atrás en la escalera y un pasajero de los que se bajó ahí sacó un revólver no se qué calibre y le hizo unos tiros al carro en esos tiros hirió al que iba en la escalera y él dijo que la culpa la teníamos nosotros y fue a dispararle al finado Silvio Peña que era el conductor y entonces le quitamos el revólver y lo cogió uno de los pasajeros y entonces la gente nos dijo a nosotros que nos devolviéramos por obligación y nosotros nos devolvimos para Medina, Cundinamarca, y llegamos nosotros al parque para voltear al puesto de policía había una lata que dice prohibido el paso y el conductor me dijo a mí que la quitara y yo me bajé y la quité y la chiva pasó y yo me quedé poniendo la lata otra vez, ahí cuando encendieron el carro a plomo yo estaba poniendo la lata y a mí me dio miedo y me fui para la agencia y me encerré ahí en una pieza asustado...”.

También obra en el proceso el testimonio rendido por el señor Domingo Francisco Vergara Garzón(78), quien para el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba en el vehículo atacado y no resultó lesionado:

“Yo iba en la chiva que salía de Medina con destino a Gazaduje ese día, salimos vía a Choapal y cerca a la casa de Álvaro Martínez, alguien disparaba y resultó herido Rafael Aguilera, eran de seis a seis y media de la tarde y el herido subió a la chiva y se sentó en la banca donde yo iba, me pedía auxilio, me decía que lo ayudara porque estaba herido, y lo único que pude hacer por él fue llevarlo en las piernas, los pasajeros intervinieron para que la chiva se devolviera, a hacer un expreso y a traerlo al hospital, ya en el pueblo el vehículo cogió por la calle buscando la manera de llegar más rápido al hospital pasando por el frente de la Policía, el conductor paró, para que el ayudante quitara la valla, y la gente gritaba de todas maneras que iba con un herido, además el mismo conductor, gritaba por la ventanilla, voy con un herido y fuera de eso echaba pito, es decir se advirtió como una señal, y el carro siguió y no se oía sino plomo, porque la policía lo único que hizo fue disparar hacia el carro, y la gente gritaba que no disparara, que era gente del pueblo, ya más adelante la chiva paró por sí misma, porque nos dimos cuenta que el conductor había sido muerto, lo mismo que otras personas y también el señor Rafael Aguilera, que lo traíamos herido, resultó más herido en otras partes del cuerpo,... después los que quedamos con vida y los habitantes del pueblo trasladamos los heridos al hospital y la policía decía que había cometido un error, y que los disculpáramos”.

Sobre la manera en que sucedieron los hechos el señor Dionisio Pineda(79), pasajero del bus, dijo:

“Yendo en el campamento donde el señor Álvaro Martínez se oyeron unos disparos, estando yo en la chiva, resultando herido Rafael Aguilera, en el momento en que subió a la chiva, dijo que era Adelmo Medina, que lo había tiroteado, como todos éramos amigos de Rafael, en ese momento le pedimos el favor al señor conductor de la chiva, de devolverse a traer al herido a Medina, y se llegó de acuerdo (sic) y todos nos vinimos en la misma y llegamos a Medina,... en ese momento hizo bajar al señor ayudante para que quitara el aviso que pone la policía en la mitad de la calle, con un letrero que dice (vía cerrada), creo que eran como las nueve y media de la noche yo estaba en sano juicio y con pleno conocimiento de las cosas, en ese momento no dejó ni subir el ayudante y le puso toda la velocidad para abajo con dirección al puesto de policía y creo que la policía gritó que no había paso por ese sector y ellos al ver que la chiva pasó por el frente empezaron a disparar y cuando la chiva pasó las instalaciones del cuartel miramos ya los muertos y heridos, yo me salvé porque me tiré al piso del bus, perdiendo el control la chiva, porque el conductor estaba muerto...”.

— Que el departamento de Policía del Meta, mediante providencia del 9 de octubre de 1992(79), absolvió de toda responsabilidad disciplinaria a los agentes Carlos Gómez Velásquez, Raúl Anaya Lagos, Pedro Bautista Jiménez, Diomedes Trejos Chaura y Francisco Rivas Murillo, al haber encontrado que su actuación estaba amparada por causales eximentes de responsabilidad.

— Que el Juzgado Sesenta y Siete de Instrucción Penal Militar, mediante providencia del 11 de marzo de 1993, declaró la cesación del procedimiento a favor de los agentes Carlos Gómez Velásquez, Raúl Anaya Lagos, Pedro Bautista Jiménez, Diomedes Trejos Chaura y Francisco Rivas Murillo, al encontrar probada una causal eximente de antijuridicidad(80).

El examen integral de los referidos medios de prueba lleva a que la Sala encuentre plenamente demostrado que el fallecimiento de los señores Silvio Peña, Luis Adolfo León León e Irene Morera de Beltrán y las lesiones sufridas por Rafael Antonio Aguilera Piñeros, María Balvina Santos de Cárdenas, Marceliano Méndez Cárdenas y Justo Medardo Garzón Rodríguez, lejos de ser consecuencia directa y necesaria de la actitud asumida por el conductor del vehículo —Silvio Peña—, obedeció a la conducta imprudente y desproporcionada de parte de los agentes que intervinieron en los hechos, conclusión a la que se llega en sustento de los siguientes argumentos:

Como se pudo establecer el día en que sucedieron los hechos el vehículo de servicio público se dirigía del municipio de Medina, Cundinamarca, hacia la vereda de Gazaduje, en el camino resultó herido uno de sus ocupantes, el señor Rafael Aguilera, en vista de dicho suceso, las personas que se transportaban le solicitaron al conductor que se devolviera para el municipio con el fin de llevar el herido al hospital de la localidad; una vez llegaron al casco urbano el conductor del vehículo con la ayuda de su colaborador, retiró la valla que obstruía el paso por frente de la estación de Policía y procedió a cruzar por dicho sitio, cuando se encontraba cruzando recibió varios impactos de balas de las armas de dotación asignadas a los agentes que se estaban de servicio en ese momento, produciendo así las muertes y las lesiones por las que ahora se demanda.

No resulta de recibo la manifestación hecha por la parte demandada en relación a que los policiales atacaron el vehículo de servicio público porque creyeron, en forma errada, que iban a ser sorprendidos por un grupo de insurgentes, pues de los relatos fácilmente se puede deducir que los policiales fueron avisados por las voces tanto del conductor como los campesinos que se transportaban en el vehículo, de que el motivo de su paso por esa vía era que llevaban un herido para el hospital local.

Además, no se encuentra en el expediente que la entidad demandada se hubiera ocupado de probar que existiera una vía más corta para llegar al hospital local, así como tampoco que hubiese estado autorizada debidamente para “cerrar” la vía. Solamente en el curso de la inspección judicial realizada por el Juzgado Sesenta y Siete de Instrucción Penal Militar, se advierte que se señalaron otras rutas de llegada al punto final, sin que se determinara realmente que fueran más cortas que la tomada por el automotor que, a lo que se agrega que no resulta razonable entender —como lo quiere hacer la demandada— que un ataque subversivo se caracterice por la delicadeza en el retiro de una valla como en este caso ocurrió e informan los testigos que se hizo por parte del ayudante del bus.

No sobra recordar que los miembros de la Policía Nacional reciben el entrenamiento necesario para enfrentar esta clase de situaciones y adoptar las acciones más adecuadas para resolverlas, por lo que, al ver que uno de los ocupantes del vehículo particular corría la valla que obstruía el paso, no resultaba razonable pensar que la única respuesta posible fuese dispararles para evitar que se cruzaran por el lugar. Haberlo hecho así evidencia una notable imprudencia y apresurado uso de la fuerza de sus armas, conducta esta —sin duda— constitutiva de falla en el servicio.

Considera la Sala que, en efecto, que el carácter apresurado, imprudente y desproporcionado de la respuesta policial al hecho que ocurría en ese instante, se evidencia —además— en la circunstancia de haberse disparado a matar, no a detener el vehículo, como que a ninguna de las llantas del automotor se disparó, sino directamente a la persona que lo conducía y a los pasajeros.

Lo que las probanzas ponen de presente no es cosa diferente a que los ocupantes del bus no representaban peligro alguno en el momento en que fueron atacados, peligro que, solamente en caso de ser cierto y real, autoriza y justifica el uso de las armas por parte de los policiales.

Así las cosas, resulta necesario concluir que el ataque realizado por los policiales no fue ejecutado de manera profesional, prudente y necesaria y, a todas luces, se ofrece como ajena a lo que ha de ser la respuesta de un organismo armado que tiene por norte y misión esencial la protección de los ciudadanos y que para ello ha capacitado a sus servidores de manera que, en medio de situaciones de tensión, obren con la suficiente templanza y prudencia que les permita distinguir entre los simples ciudadanos y el enemigo.

La entidad demandada solicita se le exonere de responsabilidad porque se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho del tercero.

Esta Sala ha manifestado que el hecho del tercero constituye causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúne los siguientes requisitos:

(i) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de estos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención(81).

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado(82).

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a esta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(83).

En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que esta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño.

Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber constituido la causa exclusiva del daño.

Aplicando los anteriores planteamientos al caso que ocupa la atención de la Sala se encuentra que de las pruebas que reposan en el expediente se establece, con toda claridad, que el conductor del vehículo público escogió como ruta para llegar al hospital local de la población de Medina, la vía que pasa por el frente de la estación de Policía y que con el fin de acceder libremente a dicha vía, le solicitó a su colaborador retirar la valla que obstruía el libre acceso a la misma.

También se encuentra establecido que el daño por el que se demanda en los procesos acumulados corresponde a las muertes y lesiones de varios de los ocupantes del vehículo público y que este daño fue producido por la conducta desplegada por los policiales al disparar en forma irreflexiva e indiscriminada contra el automotor, de ahí que no puede aseverarse que, como lo sostiene la demandada, hubiere sido la conducta asumida por el conductor del vehículo la causa eficiente del daño y, tampoco aceptarse que hubiera contribuido de manera efectiva en la causación del daño por el que ahora se reclama.

En consecuencia, la muerte de Silvio Peña, Luis Adolfo León León e Irene Morera de Beltrán murieron y las lesiones recibidas por Rafael Antonio Aguilera Piñeros, María Balvina Santos de Cárdenas, Marceliano Méndez Cárdenas y Justo Medardo Garzón Rodríguez son imputables a la entidad demandada, porque ese daño fue causado con ocasión del ejercicio de una actividad peligrosa por parte de la entidad pública demandada.

4. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

De conformidad con el acervo probatorio antes descrito, se encuentra acreditado que el día 26 de julio de 1992, los señores Silvio Peña, Luís Adolfo León León e Irene Morera de Beltrán murieron y Rafael Antonio Aguilera Piñeros, María Balvina Santos de Cárdenas, Marceliano Méndez Cárdenas y Justo Medardo Garzón Rodríguez resultaron lesionados, por la acción armada de agentes policiales y, por tal razón, el daño le es imputable —desde un punto de vista fáctico— a la Policía Nacional.

En relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que, atendidas las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento y las lesiones de los antes mencionados, ha de concluirse que tal daño resulta imputable a la parte demandada bajo el título de falla en el servicio(84), régimen de responsabilidad que, además, impone la necesidad de que el Consejo de Estado resalte los errores cometidos por la administración en ejercicio de sus funciones, con el objeto de que esos yerros no ocurran de nuevo(85).

Se tiene entonces, que de conformidad con lo anteriormente analizado en cuanto a lo probado en el proceso, es clara la existencia de una falla en el servicio por parte de los miembros de la entidad demandada, ya que, tal como se dejó visto, incurrieron en una conducta en exceso imprudente y desproporcionada en el manejo de las armas de dotación oficial, actuación que produjo el resultado ya visto, lo que hace que el daño le sea imputable jurídicamente a la entidad, con la consecuente obligación de resarcir los perjuicios que de él se deriven.

Como ya se dijo, en el caso que ocupa la atención de la Sala se tiene que en la forma en que se detuvo el vehículo de transporte público, hubo un uso injustificado de la fuerza, ya que nunca los ocupantes del automotor significaron un peligro para los agentes de policía, pues se encontraban desarmados.

Así las cosas, como se desprende de la valoración probatoria, la actuación asumida por los policiales, quienes partieron de la convicción ligera y carente de prudencia de considerar que el vehículo de servicio público se encontraba ocupado por guerrilleros, se tradujo en una falla del servicio, que terminó con la muerte y las lesiones de las personas antes indicadas.

Tal como se acreditó en el caso que ocupa la atención de la Sala, fueron cinco policiales los que reaccionaron frente a una “supuesta” agresión en su contra atacando en forma irreflexiva e indiscriminada a un grupo de ciudadanos desarmados, por lo que es evidente que se transgredieron los derechos a la vida e integridad personal de los ocupantes del vehículo de transporte público. Los policiales no se interesaron por informarse objetivamente —de manera profesional— acerca del motivo por el cual habían retirado la valla y cruzaban los ciudadanos por ese lugar, verificación que no hubiera requerido de mayores esfuerzos.

En efecto, los policiales reaccionaron de manera mecánica, nada profesional ante un evento que objetivamente ningún riesgo ofrecía para su seguridad.

Con fundamento en todo lo anterior, forzoso resulta concluir la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por el hecho dañoso demandado, esto es, por la muerte de Silvio Peña, Luís Adolfo León León y María Irene Morera de Beltrán y las lesiones causadas a Rafael Antonio Aguilera Piñeros, María Balvina Santos de Cárdenas, Marceliano Méndez Cárdenas y Justo Medardo Garzón Rodríguez, a título de falla del servicio(86).

Lo anterior teniendo en cuenta que aunque quedó totalmente demostrado que el conductor del automotor se encontraba en estado de alicoramiento para el momento de los hechos(87), es evidente que tal circunstancia —la ingesta de licor— no incidió como causa eficiente del daño recibido por los ahora demandantes.

En los términos anteriormente expuestos, habrá lugar a confirmar la sentencia apelada, para declarar la responsabilidad administrativa de la entidad demandada.

5. Indemnización de perjuicios.

Las apelaciones de los demandantes se encontraban encaminadas a que se revisara la liquidación de perjuicios realizada por el tribunal a quo, lo que se procederá a hacer por grupos familiares.

5.1. Grupo familiar del lesionado Rafael Antonio Aguilera Piñeros.

5.1.1. Perjuicio moral.

En relación con el reconocimiento de la indemnización por perjuicio moral solicita la parte actora, en la apelación, que: i) sea revisada para incrementar la indemnización que por este perjuicio le fue reconocida al lesionado Rafael Antonio Aguilera Piñeros, ii) sea reconocida indemnización, por este concepto, a favor de la compañera permanente, hijos y hermanos del lesionado.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de indemnización por perjuicios morales por la suma correspondiente a mil (1.000) gramos oro, para cada uno de los demandantes debido a la aflicción y congoja que tuvieron que soportar y aún padecen por las lesiones e invalidez que le fueron causadas al señor Aguilera Piñeros, la sentencia de primera instancia le reconoció al lesionado la suma equivalente a quinientos (500) gramos de oro y negó dicho reconocimiento para los demás peticionarios.

Ya esta Sala ha advertido que el reconocimiento de los perjuicios morales está condicionado a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso, sin perjuicio de que, en algunos casos, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por la entidad demandada, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Igualmente se ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal de la que pende la demostración del daño es la de “damnificado”, puesto que “tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación”(88). Se ha explicado igualmente que para los efectos del proceso de reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado(89) y esta se debe demostrar a lo largo del proceso(90).

Se observa igualmente que la jurisprudencia de esta Sala —y de la Corte Suprema de Justicia—, no solamente ha soportado la procedencia del reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración en la presunción de afecto y solidaridad que surgen del mero parentesco, sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios referentes objetivos para su cuantificación las características mismas del daño, su gravedad y extensión, al grado de afectación sufrido por cada persona, esto es, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para que, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, se llegue a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como nacido de la mera liberalidad del juez(91).

Ahora bien, regresando al caso que hoy ocupa la atención de la Sala, ha de señalarse que ciertamente en el proceso los demandantes acreditaron el vínculo que los unía con el señor Rafael Antonio Aguilera Piñeros, así:

Yaneth Patricia Aguilera Bernal(92) y Wilson Ferney Aguilera Bernal(93), con los correspondientes registros civiles de nacimiento, documentos en donde consta que el lesionado es su padre.

Los señores Jairo Aguilera Piñeros, Jorge Aguilera Piñeros, Luis Alfonso Aguilera Piñeros, Clara Inés Aguilera Piñeros, Ana Cecilia Aguilera Piñeros, Manuel Guillermo Aguilera Piñeros y el lesionado, aportaron registros civiles de nacimiento(94), en los que consta que son hijos de Guillermo Aguilera y Ana Teresa Piñeros.

Con el fin de probar la calidad de compañera permanente de Blanca Lilia Bernal declararon Justo Medardo Garzón Rodríguez(95), María Balvina Santos de Cárdenas(96), Francisco Vergara Garzón(97), Yolanda Garzón Cárdenas(98), María del Carmen Cárdenas Santos(99), quienes coinciden en afirmar que la señora Blanca Lilia Bernal convivía con el lesionado Rafael Antonio Aguilera Piñeros y que de dicha unión nacieron dos hijos.

En asuntos similares al que ahora se decide se ha entendido que, con base en las reglas de la experiencia ampliamente reconocidas por la jurisprudencia, el dolor puede válidamente inferirse en la persona que fue víctima de las lesiones causadas, así como en sus hijos, compañera permanente y hermanos, conclusión que se encuentra debidamente respaldada —además— en este caso en el dicho de los señores Justo Medardo Garzón Rodríguez, Domingo Francisco Vergara Garzón, Myriam Yolanda Garzón Cárdenas y María del Carmen Cárdenas Santos, quienes destacan los sentimientos de angustia, dolor y desesperación que, a raíz de los hechos a que se refieren en la acción, embargaron tanto al lesionado como a su grupo familiar(100), razón por la cual, sin que se haga necesario ahondar en mayores argumentaciones, se reconocerá y dispondrá el pago de este rubro del perjuicio al demandante.

Así las cosas, en relación con el señor Rafael Antonio Aguilera Piñeros, se confirmará la condena indemnizatoria fijada por el tribunal a quo —50 salarios mínimos legales mensuales—, pues dicho reconocimiento se encuentra acorde con los sentimientos de congoja, angustia y dolor que lo embargaron por las lesiones recibidas; en relación con sus hijos Patricia Aguilera Bernal, Wilson Ferney Aguilera Bernal y su compañera permanente Blanca Lilia Bernal, se ordenará pagar, en moneda nacional, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Sala a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001(101), el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno, por el daño moral que sufrieron con las lesiones que le fueron producidas al primero de los nombrados por agentes de la entidad demandada.

A favor de los señores Jairo Aguilera Piñeros, Jorge Aguilera Piñeros, Luis Alfonso Aguilera Piñeros, Clara Inés Aguilera Piñeros, Ana Cecilia Aguilera Piñeros, Manuel Guillermo Aguilera Piñeros, en calidad de hermanos del lesionado, se ordenará pagar el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

5.1.2. Perjuicios materiales.

Solicita el apelante que no se tome como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente, pues se encuentra suficientemente probado que el ingreso obtenido por el señor Rafael Aguilera Piñeros, para el momento en que sufrió las lesiones, era superior a este valor.

Se encuentra acreditado con fundamento en las pruebas testimoniales(102) que el señor Rafael Antonio Aguilera Piñeros desempeñaba actividades de agricultura y ganadería en una finca de su propiedad y que por dicho concepto percibía una utilidad económica de la cual derivaban su sustento tanto él, como su compañera permanente y sus hijos.

También reposa en el expediente copia auténtica de los movimientos bancarios que durante 1992 tuvo la cuenta 666-2 del Banco Agrario, abierta a nombre del señor Aguilera Piñeros, en la que consta que el saldo para enero fue de $ 1.100.000, febrero $ 880.000, marzo $ 1.382.000, abril $ 58.000, mayo 236.000, junio $ 39.000, julio $ 14.000, octubre $ 11.048 y noviembre 111.048(103).

Debe precisarse que las pruebas relacionadas con el tema no arrojan certeza respecto de cuál era el monto real y concreto de los ingresos mensuales que obtenía la víctima, pues los testimonios aluden al valor promedio de los ingresos percibidos por el lesionado, sin que realmente se haga una valoración de la actividad económica que desempeñaba y aunque los extractos bancarios demuestran los movimientos de una cuenta durante el año 1992, la misma no prueba realmente cuál era la utilidad obtenida por el señor Aguilera en el ejercicio de su actividad económica.

Además de lo que se deja dicho, debe precisarse que no se puede tomar como base de ingreso el valor sugerido por los testigos o el promedio de los movimientos bancarios, pues de dichas sumas no se deduce el monto de los costos que el lesionado debía invertir en la actividad a que se dedicaba.

Todo lo anterior impide conocer la utilidad exacta que percibía de la actividad económica señalada, razón por la cual se mantendrá la condena realizada por el tribunal a quo, debidamente actualizada desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta la fecha de esta providencia.

 

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Donde:

Vp: valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: fecha de la sentencia de primera instancia (sep. 9/99).

 

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Vp = $ 60.727.924,25

5.1.3. Daño a la salud.

Solicita el recurrente el aumento de la indemnización que por este tipo de perjuicio le fue reconocido en primera instancia —500 gramos de oro— al lesionado Rafael Antonio Aguilera Piñeros, pues la anormal limitación física de sus extremidades superiores no le permite desarrollar algunas actividades placenteras y que dan plenitud a la existencia.

Frente a este pedimento, estima pertinente la Sala referirse a las consideraciones de la Sala Plena de la Sección Tercera, en punto al contenido del perjuicio que se reclama y su identificación con el daño a la salud como una tipología de perjuicio autónomo. En esa oportunidad expuso la sección(104):

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Es así como la doctrina, sobre el particular señala:

“Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar.

“Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico-legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...”(105) (se destaca).

En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)(106), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la sección unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(107).

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(108).

En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(109). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(110).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(111).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, comoquiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.

No obstante lo anterior, es preciso recalcar que en nuestro país no existe un sistema abierto y asistemático del perjuicio inmaterial, puesto que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de la responsabilidad, motivo por el cual, será la jurisprudencia de esta corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través de la búsqueda de una metodología coherente que contenga el abanico resarcitorio a sus justas proporciones sin que se desdibuje el contenido y alcance de la teoría del daño resarcible.

Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos.

Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material” (destaca la Sala).

En aplicación de los anteriores criterios y ya con relación al caso concreto, se tiene que el señor Luis Antonio Aguilera Piñeros sufrió una afectación de su integridad física como consecuencia de la herida ocasionada con arma de fuego en las circunstancias acreditadas en el proceso, la que según fue consignado en el reconocimiento efectuado al actor por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentaba “cicatriz irregular de 12 x 4 cm en la cara anterior de la muñeca derecha. Cicatriz irregular de 5 x 3 cm en región cubital de la muñeca izquierda, ambas cicatrices con injertos de piel, tomada del muslo derecho”, habiendo quedado con secuelas como “deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. Perturbación funcional permanente sensitiva y motora del órgano de la aprehensión derecha e izquierda”(112), lo que le permite a la Sala tener por demostrada la existencia de un daño fisiológico o a la salud, el que amerita indemnización en los términos antes señalados.

Así las cosas, la Sala confirmará la indemnización que por este concepto reconoció el tribunal a quo en la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del lesionado.

5.2. Grupo familiar de la lesionada María Balvina Santos de Cárdenas.

5.2.1. Indemnización por perjuicio moral.

Solicitó la parte actora se aumentara el reconocimiento de la indemnización que por perjuicios morales le había sido reconocida a la lesionada María Balvina Santos de Cárdenas de 500 a 1000 gramos de oro, aduciendo para ello que dicho reconocimiento no se compadece con la merma laboral que aqueja a la señora Santos 62%.

Considera la Sala que el reconocimiento que por dicho perjuicio hizo el tribunal a quo se encuentra acorde con lo reflejado por el material probatorio obrante en el proceso y responde al grado de dolor y angustia que le produjo a María Balvina Santos de Cárdenas, el haber sido víctima de la lesión en las circunstancias de que da cuenta la presente providencia, por lo que la Sala prohíja el reconocimiento hecho en la sentencia de primera instancia.

5.2.2. Daño a la salud.

Se solicita aumentar el reconocimiento de la indemnización que por perjuicio “fisiológico” le fue reconocido a María Balvina Santos de Cárdenas de 300 a 4000 gramos de oro, teniendo en cuenta que tal como se probó con los dictámenes médicos obrantes en el proceso, las lesiones sufridas por ella afectaron en gran medida el disfrute de su existencia, por lo que, con fundamento en los criterios antes relacionados sobre el tema, ya en el caso que aquí se examina, se tiene que la señora María Balvina Santos de Cárdenas ciertamente sufrió una afectación de su integridad física como consecuencia de la herida ocasionada con arma de fuego en el miembro superior izquierdo.

En efecto, conforme al reconocimiento médico que le fue practicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la mentada señora presenta las siguientes secuelas:

“(...) Fractura abierta de cúbito y radio. Con lesión del nervio mediano y pérdida de sustancia muscular y piel en antebrazo miembro superior izquierdo”(113).

Como resulta del texto que acaba de transcribirse, es claro que la demandante vino a quedar afectada por una cicatriz plenamente visible que constituye daño indemnizable, por lo que la Sala considera que el reconocimiento hecho por tal concepto, por el a quo —300 gramos de oro— se encuentra ajustado a los parámetros que jurisprudencialmente se manejan en la indemnización de esta clase de perjuicio, por lo que será confirmada la providencia en este punto.

5.2.3. Indemnización por perjuicio material.

Se solicita, también, la revisión de la liquidación que por indemnización de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante se realizó a favor de la señora María Balvina Santos de Cárdenas, quien sufrió una incapacidad laboral del 62%, puesto que no se compadecen con lo otorgado a otro de los demandantes —Justo Medardo Garzón— quien sufrió una incapacidad laboral del 10% y a quien se le asignó un monto indemnizatorio de 50 salarios mínimos.

Revisada la liquidación hecha por el tribunal a quo se encuentra que en dicha oportunidad se tomó como base de liquidación el 62% del salario mínimo legal vigente, cuando debió tomarse el 100% de este valor, por aplicación analógica del artículo 38 de la Ley 100 de 1993, en el que se establece que las incapacidades superiores al 50% dan derecho a pensión de invalidez(114). Lo anterior teniendo en cuenta que la incapacidad laboral determinada a la lesionada equivale al 62%(115).

El salario mínimo para el año de 1992, ascendía a $ 65.190 que actualizado a la fecha de la presente sentencia(116), equivale a $ 436.722, toda vez que ese valor es inferior al del salario mínimo legal vigente para el año 2013, que ascendía a $ 589.500, por razones de equidad se tomará este como base para el cálculo de la renta actualizada. A esta suma se aumentará en 25% ($ 147.375), por concepto de prestaciones sociales(117), dando como resultado $ 736.875.

Para el momento del hecho, María Balvina Santos de C. tenía 63 años —así se desprende de la partida de bautizo que obra en el expediente(118)— y, por lo tanto, una vida probable de 24.4 años (292.8 meses)(119).

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 247,7 meses, y el otro, futuro o anticipado, que corre desde la presente fecha hasta el fin de la vida probable, para un total de 45.1 meses.

De lo anterior, resulta lo siguiente:

Indemnización debida o consolidada:

 

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S = $ 352.595.651

Indemnización futura o anticipada:

 

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08485 ecu6.bmp
 

 

S = $ 28.773.807

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 381.369.458.

5.3. Grupo familiar del lesionado Justo Medardo Garzón.

5.3.1. Indemnización por perjuicio moral.

La parte actora solicitó aumentar el valor de la indemnización que por perjuicios morales le había sido reconocido de 500 a 1000 gramos de oro, aduciendo para ello que dicho reconocimiento no se compadece con la merma laboral que aqueja al señor Garzón - 10%.

Considera la Sala que el reconocimiento que por dicho perjuicio hizo el tribunal a quo se encuentra acorde con lo reflejado por el material probatorio obrante en el proceso y responde al grado de dolor y angustia que le produjo a Justo Medardo Garzón el haber sido víctima de la lesión en las circunstancias de que da cuenta la presente providencia.

Así las cosas, será confirmado el reconocimiento que por indemnización de perjuicio moral hizo a favor de Justo Medardo Garzón, la sentencia de primera instancia en cuantía equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales.

5.3.2 Indemnización por daño a la salud.

Solicita el impugnante reconocer el equivalente de 2000 gramos de oro como indemnización por daño a la salud a favor de Justo Medardo Garzón, teniendo en cuenta que tal como se probó con los dictámenes médicos obrantes en el proceso, las lesiones sufridas por este afectaron en gran medida el disfrute de su existencia.

Conforme al reconocimiento médico que le fue practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(120), el lesionado presenta las siguientes secuelas:

“(...) Cicatriz de 7 centímetros de longitud en zona glútea. No hay pérdida muscular”.

La Sala considera que habrá de confirmarse la negativa a reconocerle la indemnización que por este concepto se solicita, puesto que no se evidencia que el actor haya sufrido alteración física que amerite acceder a dicho petitum.

5.4. Grupo familiar del muerto Luis Adolfo León León.

5.4.1. Indemnización por perjuicios morales.

Solicita el reconocimiento de indemnización por perjuicio moral a favor del señor Flaminio de Jesús León León en su calidad de padre del señor Luis Adolfo León León quien resultó muerto en los hechos sucedidos el 26 de julio de 1992.

El tribunal a quo negó dicha indemnización por cuando “el reconocimiento de Luis Adolfo León León ocurrió posteriormente a la muerte de este”.

Encuentra la Sala que en el plenario se acreditó que el señor Flaminio de Jesús León León contrajo matrimonio con la señora María Elena León Marcera el día 20 de diciembre de 1947(121); que Luis Adolfo León León (víctima) nació el 18 de octubre de 1951(122) y que era hijo de Flaminio de Jesús León León y María Elena León Mancera(123), de donde debe colegirse que la víctima nació cuando sus padres se encontraban casados.

Además de lo anterior, obran en el plenario declaraciones hechas por Néstor Julio Morera Beltrán, María del Carmen Cárdenas y Balvina Santos que dan cuenta de la relación familiar y la condición de hijo de que tenía el occiso respecto del demandante.

Establecido el parentesco en la forma señalada, la Sala infiere el perjuicio moral del señor Flaminio de Jesús León León con ocasión de la muerte de su hijo Luis Adolfo León León, pues, de acuerdo con las reglas de la experiencia, ampliamente reconocidas por la jurisprudencia, tal dolor puede presumirse válidamente cuando se trata parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o primero civil o de afinidad, ya sean ascendientes, descendientes, colaterales ó cónyuge, por lo que, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(124), debe presumirse que el peticionario ha padecido el perjuicio cuyo reconocimiento e indemnización ha incoado.

En esta oportunidad se ordenará pagar en moneda nacional el monto indemnizatorio reconocido, y ello de acuerdo con los lineamientos trazados por la Sala a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001(125), en donde la sección abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales.

Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(126).

Es así como la Sala acude a la regla de la experiencia(127) que señala que los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o primero civil o de afinidad, ya sean ascendientes, descendientes, colaterales ó cónyuge se afligen o acongojan con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral, por lo que en tratándose del fallecimiento de una persona es igualmente claro que el dolor moral se proyecta —en la medida de su cercanía— en su mayor intensidad, de manera que, ante la ausencia de elementos de juicio que en esta oportunidad puedan llevar a la Sala a separarse de la tasación adoptada de manera pacífica por la jurisprudencia de la sección(128), resulta pertinente reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda en este caso el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales para el demandante.

5.4.2. Indemnización por perjuicios materiales.

Se solicita la modificación de la condena que por perjuicios materiales le fue reconocida a la señora Emma Emilia León y a los menores Weimar Adolfo, Emilse, Edilson, Nelson y Luz Nidia León, porque según el criterio del impugnante, el tribunal incurrió en error al no haberse dividido el salario base de liquidación en dos partes, esto es, el 50% para la cónyuge y el 50% restante para ser repartido entre los hijos.

Tal como lo afirma el impugnante ha sido tesis reiterada de la sección(129), que cuando con la muerte de uno de los cónyuges el núcleo familiar pierde el soporte económico que este les brindaba, con el fin de realizar la liquidación de la indemnización que por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante le corresponde a los actores, de acuerdo con las reglas de la experiencia el salario base de liquidación se divide en partes iguales, correspondiéndole el 50% a la cónyuge y el restante 50% a los hijos.

Como la liquidación realizada por el a quo no se atempera con la regla antes expuesta se procederá a realizar nuevamente la liquidación de la indemnización que por perjuicio material le corresponde a Emma Emilia León y a los menores Weimar Adolfo, Emilse, Edilson, Nelson y Luz Nidia León León.

— Para Emma Emilia León (esposa)

Para la liquidación de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de esta providencia, el cual asciende a $ 589.500,oo, toda vez que si bien en el plenario se probó que la víctima se dedicaban a actividades productivas relacionadas con la agricultura, no se acreditó cuáles eran sus ingresos mensuales; al salario mínimo se sumará el 25% ($ 147.375) correspondiente a las prestaciones sociales y a la suma resultante ($ 736.875), se le restará un 25% ($ 184.219), que es el porcentaje de los ingresos que se considera que el occiso destinaría a sus propios gastos. La suma que arroje esta operación ($ 552.656), se dividirá en dos partes: el 50% para la cónyuge supérstite ($ 276.328) y el 50%, para los 5 hijos menores ($ 55.266).

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 247,7 meses, y el otro, futuro o anticipado, que corre desde la presente fecha hasta el fin de la vida probable del mayor de los cónyuges que en este caso era el señor Luis Adolfo León León quien nació el 18 de octubre de 1951, para un total de 241.9 meses.

De lo anterior, resulta lo siguiente:

Indemnización debida o consolidada:

 

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S = $ 132.223.309

Indemnización futura o anticipada:

 

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S = $ 39.235.870

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 171.459.179.

— Para Weimar León León

Indemnización debida o consolidada:

Para Weimar León León el periodo a indemnizar va desde el día de la ocurrencia de los hechos —jul. 26/92— hasta la fecha en que cumplió 25 años —ago. 10/2000—, esto es, 96.47 meses.

 

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S = $ 6.783.686

— Para Emilse León León

Indemnización debida o consolidada:

Para Emilse León León el periodo a indemnizar va desde el día de la ocurrencia de los hechos —jul. 26/92— hasta la fecha en que cumplió 25 años —dic. 4/2001—, esto es, 112.27 meses.

 

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S = $ 8.229.924

— Para Edilson Aldemar León León

Indemnización debida o consolidada:

Para Edilson Aldemar León León el periodo a indemnizar va desde el día de la ocurrencia de los hechos —jul. 26/92— hasta la fecha en que cumplió 25 años —dic. 26/2004—, esto es, 149 meses.

 

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S = $ 12.053.366

— Para Nelson Alexander León León

Indemnización debida o consolidada:

Para Nelson Alexander León León el periodo a indemnizar va desde el día de la ocurrencia de los hechos —jul. 26/92— hasta la fecha en que cumplió 25 años —feb. 1º/2006—, esto es, 162.17 meses.

 

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S = $ 13.599.073

— Para Luz Nidia León León

Indemnización debida o consolidada:

Para Luz Nidia León León el periodo a indemnizar va desde el día de la ocurrencia de los hechos —jul. 26/92— hasta la fecha en que cumplió 25 años —sep. 8/2008—, esto es, 193.4 meses.

 

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S = $ 17.684.767

5.5. Grupo familiar de María Irene Morera Beltrán.

5.1. Indemnización por perjuicios morales.

Solicita la parte recurrente el reconocimiento de indemnización por perjuicio moral a favor del señor José Adonais Morera Sastre en calidad de padre de la señora María Irene Morera Beltrán quien resultó muerta en los hechos sucedidos el 26 de julio de 1992.

El tribunal a quo negó dicha indemnización por cuando “el reconocimiento de María Irene Morera Beltrán ocurrió posteriormente a la muerte de esta última”.

Aunque de los documentos aportados al proceso se concluye que la señora Morera Beltrán era hija extramatrimonial y que fue reconocida después de su muerte, las declaraciones que reposan en el expediente permiten deducir las relaciones de trato y familiaridad entre el actor y la víctima.

En efecto, María Resurrección Carrión de Calderón dijo conocer a la víctima y su familia por ser vecina y que “los padres de la mencionada señora son Adonais Morera y Paz Beltrán” que “es una familia muy unida, que ellos se colaboran de unos con los otros (sic)”(130), en los mismos términos depusieron Domingo Francisco Vergara Garzón(131) y María del Socorro Garzón de Vergara(132)

Considera la Sala que las declaraciones antes relacionadas dan cuenta de la relación familiar y el trato de padre a hija que le daba el demandante.

Observa la Sala que además del registro civil de nacimiento de la víctima, también reposan en el expediente los registros civiles de sus hermanos, en los que consta que son hijos de José Adonais Morera Sastre y Paz Beltrán Prieto.

Los anteriores elementos probatorios son suficientes para reconocerle al señor José Adonais Morera Sastre la calidad de damnificado y ante la ausencia de elementos de juicio que en esta oportunidad puedan llevar a la Sala a separarse de la tasación adoptada de manera pacífica por la jurisprudencia de la sección(133), resulta pertinente reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales.

6. Actualización de liquidaciones.

Las restantes indemnización reconocidas no fueron motivo de impugnación, por lo tanto, se procederá a actualizar las sumas liquidadas desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta la fecha de esta providencia.

6.1. Grupo Familiar de Silvio Peña.

— Para Blanca Yaneth Parrado Basto

 

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Ra = $ 65.746.279

— Para Silvio Alexander Peña Parrado

 

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Ra= $ 6.807.455

— Para Héctor Javier Peña Parrado

 

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Ra= $ 9.306.729

6.2. Justo Medardo Garzón.

 

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Ra= $ 23.184.465

6.3. María Imelda Cortés Morera.

 

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Ra= $ 1.523.336

6.4. Aleyda Cortés Morera.

 

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Ra= $ 3.379.638

6.5. María Delvi Cortés Morera.

 

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Ra= $ 4.686.576

6.6. Pedro Neil Cortés Morera.

 

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Ra= $ 12.337.864

7. Situación de los llamados en garantía.

Debe precisarse que en los recursos de apelación presentados no se cuestionó la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia en relación con los llamados en garantía, por lo cual ese es un punto de la litis que ha quedado consolidado con la sentencia proferida por el a quo.

8. Copias auténticas.

La primera copia de la presente sentencia que presta mérito a favor de los señores Rafael Antonio Aguilera Piñeros, Blanca Nidia Bernal, Wilson Ferney Aguilera Bernal y Yaneth Patricia Aguilera Bernal, deberá ser entregada al apoderado judicial del señor José Nelson Garavito Morera a quien los actores le cedieron el 100% de sus derechos litigiosos.

En relación con los demás grupos familiares se ordenará expedir copias con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995 y serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

9. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 1 de 1984(134), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de septiembre de 1999, complementada el 15 de febrero de 2012, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de Silvio Peña, Luis Adolfo León León y María Irene Morera y las lesiones recibidas por Balvina Santos de Cárdenas, Justo Medardo Garzón y Rafael Antonio Aguilera.

2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales a Emma Emilia León de León, Luis Javier León León, William León León, Weimar Adolfo León León, Emilse León León, Edilson Aldemar León León, Nelson Alexander León León, Luz Nidia León León, María Helena León Mancera, Blanca Yaneth Parrado Bastos, Héctor Javier Peña Parrado, Silvio Alexander Peña Parrado, María Edilma Cortés Morera, Gloria Aydé Cortés Morera, Lyda Nelsy Cortés Morera, María Imelda Cortés Morera, Aleyda Cortés Morera, María Delvi Cortés Morera, Pedro Neil Cortés Morera, Paz Beltrán Beltrán, José Flaminio de Jesús León León y José Adonías Morera Sastre la suma equivalente a 100 Salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

A Gil María León León, Raúl León León, Ertta León León, Mary Luz León León, Alirio León León, Pedro Emilio León León, María Inés Morera Beltrán, Néstor Julio Morera Beltrán, María Pilar Morera Beltrán, Orlando David Morera Beltrán, María Lucía Morera Beltrán, María Jacinta Morera Beltrán, José Ignacio Ramiro Morera Beltrán, Carlos Isaí Morera Beltrán, Isalba Morera Beltrán, Ana María Clara Morera Beltrán, María Balvina Santos de Cárdenas, Justo Medardo Garzón Rodríguez, Rafael Antonio Aguilera Piñeros, Yaneth Patricia Aguilera Bernal, Wilson Ferney Aguilera Bernal, Blanca Nidia Bernal la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

A Marceliano Méndez la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales.

A Carlos Julio Cárdenas Santos, María del Carmen Cárdenas Santos, Manuel Cárdenas Santos y María Elvia Cárdenas Santos, Elver Darío Garzón Cárdenas, Miriam Yolanda Garzón Cárdenas y Marinela Garzón Cárdenas una suma equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales.

3. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de daño a la salud a María Balvina Santos de Cárdenas la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales, a Rafael Antonio Aguilera la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales.

4. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor de:

— Blanca Yaneth Parrado Basto la suma de sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte. ($ 65’746.279,oo).

— Silvio Alexander Peña Parrado la suma de seis millones ochocientos siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte. ($ 6’807.455,oo).

— Héctor Javier Peña Parrado la suma de nueve millones trescientos seis mil setecientos veintinueve pesos m/cte. ($ 9’306.729,oo)

— Emma Emilia León de León la suma de ciento setenta y un millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y nueve pesos m/cte. ($ 171’459.179).

— Weimar Adolfo León León la suma de seis millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte. ($ 6’783.686,oo).

— Emilse León León la suma de ocho millones doscientos veintinueve mil novecientos veinte cuatro pesos m/cte. ($ 8’229.924,oo).

— Edilson Aldemar León León la suma de doce millones cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte. ($ 12’053.366,oo).

— Nelson Alexander León la suma de trece millones quinientos noventa y nueve mil setenta y tres pesos m/cte. ($ 13’599.073,oo).

— Luz Nidia León León la suma de diecisiete millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte. ($ 17’684.767,oo).

— María Imelda Cortés Morera la suma de un millón quinientos veintitrés mil trescientos treinta y seis pesos m/cte. ($ 1’523.336,oo).

— Aleyda Cortés Morera la suma de tres millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte. ($ 3’379.638,oo).

— María Delvi Cortés Morera la suma de cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos m/cte. ($ 4’686.576,oo).

— Pedro Neil Cortés Morera la suma de doce millones trescientos treinta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos m/cte. ($ 12’337.874,oo).

— María Balvina Santos de Cárdenas la suma de trescientos ochenta y un millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 381.389.458,oo),

— Justo Medardo Garzón la suma de veintitrés millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte. ($ 23’184.475,oo).

— Rafael Antonio Aguilera la suma de sesenta millones setecientos veintisiete mil novecientos veinticuatro pesos con veinticinco centavos ($ 60.727.924,25).

— César Germán Quiroga la suma de veinticinco millones novecientos treinta y ocho mil ciento ocho pesos m/cte. ($ 25’938.108).

5. Negar las demás pretensiones de las demandas.

6. Declarar la responsabilidad administrativa de los agentes de la Policía Nacional Francisco Rivas Murillo, Raúl Anaya Lagos y Diomedes Trejos Chautra, en hechos ocurridos el 26 de diciembre de 1992 en el municipio de Medina (Cundinamarca) en los cuales se causaron lesiones a la señora María Balvina Santos de Cárdenas.

7. En consecuencia, condenar a cada uno de los agentes de la Policía Nacional Francisco Rivas Murillo, Raúl Anaya Lagos y Diomedes Trejos Chautra a reintegrar el diez por ciento (10%) del monto total de la condena efectivamente pagada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional como indemnización de las lesiones sufridas por la señora María Balvina Santos de Cárdenas en los hechos ocurridos el 26 de diciembre de 1992 en el municipio de Medina (Cundinamarca), lo cual deberá hacerse dentro del término de noventa días siguientes al pago de la sentencia por la entidad demandada.

8. Declarar la responsabilidad administrativa de los agentes de la Policía Nacional Francisco Rivas Murillo y Raúl Anaya Lagos en los hechos ocurridos el 26 de diciembre de 1992 en el municipio de Medina (Cundinamarca) en los cuales falleció el señor Luis Adolfo León.

9. En consecuencia, condenar a los agentes de la Policía Nacional Francisco Rivas Murillo y Raúl Anaya Lagos a reintegrar el diez por ciento (10%) del monto total de la condena efectivamente pagada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional como indemnización por la muerte del señor Luis Adolfo León en los hechos ocurridos el 26 de diciembre de 1992 en Medina (Cundinamarca), lo cual deberá hacerse dentro del término de noventa días siguientes al pago de la sentencia por la entidad demandada.

10. La primera copia de la presente sentencia que presta mérito a favor de los señores Rafael Antonio Aguilera Piñeros, Blanca Nidia Bernal, Wilson Ferney Aguilera Bernal y Yaneth Patricia Aguilera Bernal, deberá ser entregada al apoderado judicial del señor José Nelson Garavito Morera a quien los actores le cedieron el 100% de sus derechos litigiosos.

En relación con los demás grupos familiares se ordenará expedir copias con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995 y serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

11. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

12. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(41) Proceso 92-8445, folio 12.

(42) Procesos 92-8446; folio 13, 92-8447, folio 13.

(43) Proceso 93-8513, folio 26.

(44) Proceso 93-9014, folio 16.

(45) Proceso 94-9917, folio 15 vto.

(46) Proceso 93-9957, folio 19 vto.

(47) Procesos 94-9982, folio 15 vto.; 94-9983, folio 21 vto.

(48) Proceso 93-10064, folio 25 vto.

(49) Decreto 597 de 1988.

(50) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(51) Fecha en que se interpusieron las demandas de los procesos 1992-8445, 1992-8446, 1992-8447, el proceso 1993-8513 fue presentado el 22 de enero de 1993, el 1993-9014 y 1993-9917 fueron presentados el 21 de julio de 1993, el 1993-9957 fue presentado el 17 de junio de 1994, el 1994-9982 y 1994-9983 fueron presentados el 28 de junio de 1994 y el 1994-10064 fue presentado el 21 de junio de 1994.

(52) Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

(53) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, decretó la prueba mediante providencias de: 17 de noviembre de 1995, visible a folios 68 a 72 del cuaderno 32, Expediente 92-8445. 12 de agosto de 1993, visible a folios 42 a 45 del cuaderno 2, proceso 92-8446. 11 de noviembre de 1993, visible a folios 54 y 55 del cuaderno 3, proceso 92-8447. 26 de julio de 1993, visible a folios 54 a 56 del cuaderno 4, proceso 93-8513. 23 de junio de 2994, visible a folios 39 a 42 del cuaderno 5, proceso 93-9014. 24 de noviembre de 1994, visible a folios 41 y 42 del cuaderno 14, proceso 94-10064. El Juzgado 67 de Instrucción Penal Militar envió, mediante oficio 002611 de 14 de septiembre de 1993, copia autentica del proceso penal que por los delitos de homicidio y lesiones personales le fue iniciado a los agentes Raúl Amaya Lagos, Pedro Julio Bautista, Carlos Ramírez Gómez, Francisco Rivas Murillo y Diomedes Trejos Chaura, tal como consta a folios 1 a 308 del cuaderno 30. La Auditoría Auxiliar de Guerra envió, mediante oficio 157/ADAUG.45 de 12 de julio de 1994, copia del informativo disciplinario 151, iniciado a los agentes antes enunciados.

(54) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: de la Sección Tercera: sentencia de 4 de febrero de 2010, Expediente 18109, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente 32.651, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 18.078, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(55) Decreto-Ley 1 de 1984.

(56) Resulta necesario destacar que en el Código de Procedimiento Civil la prueba testimonial está regulada en el capítulo IV del título XIII precisamente bajo la denominación de “Declaración de terceros”. En el mismo sentido, se ha dicho que no existe vínculo jurídico alguno entre el testigo (medio de prueba) y la parte que lo propone, toda vez que la calidad de tercero del declarante es la característica esencial de ese medio probatorio.

(57) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789.

(58) Ver sentencias del 18 de septiembre de 1997, Expediente 9666, del 8 de febrero de 2001, Expediente 13.254, así como la proferida el 21 de febrero de 2002 Expediente 12.789.

(59) Folios 17, del cuaderno 2, y 7, del cuaderno 25.

(60) Folios 54 a 58 del cuaderno 30.

(61) Folios 13 a 16 del cuaderno 30.

(62) Folio 21 del cuaderno 3.

(63) Folios 231 y 232 del cuaderno 30.

(64) Folios 204 a 207 del cuaderno 30.

(65) Folios 1 a 304 del cuaderno 20.

(66) Folios 1 a 308 del cuaderno 30.

(67) Folios 134 y 135 del cuaderno 17.

(68) Folio 12 del cuaderno 17.

(69) Folios 70 a 72, del cuaderno 30, y 55 a 57, del cuaderno 21.

(70) Folios 50 a 52, del cuaderno 16, 79 a 81, del cuaderno 19, y 37 a 39, del cuaderno 21.

(71) Folios 56 y 57, del cuaderno 16, 82 a 84, del cuaderno 19, y 61 a 63, del cuaderno 21.

(72) Folios 85 y 86 del cuaderno 19.

(73) Folios 87 a 89, del cuaderno 19, 30 y 31, del cuaderno 22.

(74) Folios 111 y 112 del cuaderno 19.

(75) Folios 43 a 45 del cuaderno 21.

(76) Folios 145 a 147 del cuaderno 17.

(78)(sic) Folios 49 a 512 del cuaderno 21.

(79) Folios 287 y 288 del cuaderno 17.

(79)(sic) Folios 97 a 99 del cuaderno 17.

(80) Folios 304 y vto. del cuaderno 30.

(81) Ver Sentencia de 18 de mayo de 1992, Expediente 2466. En sentencia de 22 de junio del 2001, Expediente 13.233 dijo la Sala: “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (C.C., arts. 2.344 y 1568). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado(s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño”.

(82) Sobre ese aspecto puede verse Mazeaud y Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II, volumen II, pág. 237.

(83) Luis Josserand, Derecho Civil, tomo II, vol. I; Ed. Bosh y Cía., Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(84) La Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21.515, con ponencia de quien suscribe en igual condición esta providencia, señaló que al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

(85) Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 16974, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(86) En ese mismo sentido consultar, entre otras providencias de la Sección Tercera, las siguientes: sentencia del 23 de abril de 2008, Expediente 16.525, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 18.677, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(87) El Instituto de Medicina Legal el 31 de julio de 1992 certificó que “En la muestra de sangre recibida en este laboratorio como perteneciente a Silvio Peña, se encontró alcohol etílico en concentración de 177 mg%(sic).

(88) Sentencia de 26 de octubre de 1.993, Expediente 7793.

(89) Sobre las diferencias existentes entre esas dos calidades, puede consultarse la sentencia proferida por la sección el 1º de noviembre de 1991, Expediente 6469, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, Expediente 12.819, C.P. María Elena Giraldo y más recientemente por la Sala en sentencias de 27 de enero de 2012, Expediente 19.983; 21 de marzo de 2012, Expediente 21.398, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 22.265, con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.

(90) Sentencia de 1º de octubre de 1993; Expediente 6657.

(91) Tema que fue profundizado en sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección A, el 23 de agosto de 2012, Expediente 18001233100019990045401 (24392); demandante: Hugo Giraldo Herrera, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(92) Folio 29 del cuaderno 4.

(93) Folio 30 del cuaderno 4.

(94) Visibles a folios 5 a 11 del cuaderno 28.

(95) En relación con la pregunta de quiénes integran del herido Rafael Antonio Aguilera Piñeros, respondió: “la señora Blanca Nidia Bernal, los hijos Yaneth Patricia y Wilson Ferney, él es el jefe de hogar, ellos dependen de él, él es quien los educa, viven en la misma casa, económicamente de él mismo dependen para todo, la comida, vestuario, médicos, para todo porque viven en un hogar. En relación a la edad de cada uno de los hijos y quién es su madre, manifestó: Yaneth Patricia es una niña que tiene como siete años y Wilson Ferney es un niño que tiene como cinco años, la mamá de esos niños es Blanca Nidia Bernal y el papá el herido Rafael Antonio Aguilera Piñeros, y estas cuatro personas viven en la misma casa todos y todo el mondo los ve como una familia unida. Visible a folios 37 a 39 del cuaderno 21.

(96) En relación con la pregunta de quienes componen la familia de Rafael Antonio Aguilera Piñeros, respondió: “el vive con su señora o mujer Blanca Nidia Bernal, y ellos dos tienen dos hijos que no les se los nombres, es una niña y un niño como de ocho y seis años, la mujer Blanca Nidia y los niños que son hijos de ambos dependen del sustento de Rafael Antonio Aguilera. Visible a folios 43 a 45 del cuaderno 21.

(97) Le conozco la señora que se llama Blanca Bernal, con ella viven en un hogar feliz, se entienden y se ayudan... Folios 49 a 51 del cuaderno 21.

(98) Folios 55 a 57 del cuaderno 21.

(99) Folios 61 a 63 del cuaderno 21.

(100) Folios 37 a 76 del cuaderno 21.

(101) Expedientes acumulados 13.232 y 15.646.

(102) Los señores Justo Medardo Garzón Rodríguez, María Balvina Santos de Cárdenas, Francisco Vergara Garzón, Yolanda Garzón Cárdenas, María del Carmen Cárdenas Santos, coincidieron en manifestar que el señor Rafael Antonio Aguilera Piñeros era agricultor y ganadero y que ejercía dicha actividad en una finca de su propiedad, que calculaban el ingreso promedio mensual en $ 300.000. Folios 37 a 76 del cuaderno 21.

(103) Folios 1 a 4 del cuaderno 21.

(104) Sentencia de 14 de septiembre de 2011, Expediente 38.222, C.P. Enrique Gil Botero.

(105) Vicente Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 139.

(106) “Allí se define el daño existencial (se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana 6572, mar. 24/2006) como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior”. Koteich Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259.

(107) Ver: Corte de Casación Italiana, sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, 26972.

(108) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(109) “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Edgar, ob. cit., pág. 57.

(110) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210.

(111) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño corporal - daño biológico - daño a la vida de relación”, pág. 10.

(112) Dictamen forense del 14 de junio de 1994, obrante a folio 38 del cuaderno 21.

(113) Folio 133 del Cuaderno 32.

(114) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004, Expediente 18.273, demandante: Mery Teres colmenares y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(115) Así lo certificó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 26 de marzo de 1998, visible a folio 133 del cuaderno 32.

(116) Va = $ 65.190 * 111,81 (IPC dic. 2012) / 16,69 (IPC jul. 1992) = $ 436.722.

(117) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de cuatro de octubre de 2007, radicación: 47001-23-31-000-1996-05001-01 (16.058) acumulado, 47001-23-31-000-1997-05419-01 (21.112), actor: Teotiste Caballero de Buitrago y otros. M.P. Enrique Gil Botero.

(118) Folio 18 del cuaderno 5. Se otorga validez a la partida de bautizo tal como lo ha sostenido la sala porque en “vigencia del artículo 347 del Código Civil — derogado por el artículo 123 del D. 1260/70— y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seño de la iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que en todo caso tenían el carácter de principales”. Sentencia de 22 de abril de 2009, Expediente 16694, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(119) Superintendencia Financiera, Resolución 155 de 2010, por medio de la cual se actualiza las tablas de moralidad rentística de hombres y mujeres.

(120) Dictamen médico legal de 17 de noviembre de 1992, visible a folio 259 del cuaderno 30.

(121) Registro Civil de matrimonio visible a folio 1 del cuaderno 25.

(122) Registro civil de nacimiento visible a folio 10 del cuaderno 25.

(123) Folios 383, 397 y 401 del cuaderno 30.

(124) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(125) Expedientes acumulados 13.232 y 15.646.

(126) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(127) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con las ciencias sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico...”. Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas penales colombianas. Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970, pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y presunciones. Compilación y extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002 (negrilla de la Sala).

(128) Sobre la tasación de la condena por el perjuicio moral derivado de la muerte de una persona, en favor de sus padres, hermanos, esposa e hijos, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 1 de marzo de 2006, Expediente 13.887, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 21.511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 30 de agosto de 2007, Expediente 15.635, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 19 de octubre de 2007, Expediente 29.273A, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 9 de febrero de 2011, Expediente 19.460, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 4 de marzo de 2012, Expediente 21.859, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 28 de marzo de 2012, Expediente 22.163, C.P. Enrique Gil Botero. En relación con la tasación de la condena derivada de la muerte del abuelo, pueden ser consultadas entre otras las siguientes providencias: sentencia del 22 de julio de 2008, Expediente 18005, M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 17918, M.P. Enrique Gil Botero.

(129) Sobre la forma de dividir el salario base de liquidación consultar las siguientes providencias: 22891 de 9 de mayo de 2012, M.P. Olga Valle de La Oz; 23306 del 21 de marzo de 2012, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; 21884 de 14 de junio de 2012, M.P. Stella Conto Días del Castillo; 24070 de 22 de octubre de 2012, M.P. Jaime Orlando Santofimio; 17371 de 4 de abril de 2011, M.P. Danilo Rojas Betancourth; 13553 de 20 de septiembre de 2001, M.P. Alier Eduardo Hernández; 20035 de 7 de julio de 2011, M.P. Hernán Andrade Rincón; 21521 de 8 de febrero de 2012, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(130) Folios 376 y 377 del cuaderno 30.

(131) Dijo en esa oportunidad “yo le conozco a sus padres Adonais Morera y Paz Beltrán”, folios 379 y vto. del cuaderno 30.

(132) Afirmó “... yo conozco personalmente a sus padres José Adonais Morera y Paz Beltrán Prieto” agregó que las relaciones familiares eran buenas, que la muerte de la señora Morera “fue un impacto tremendo, les dio mucha tristeza y lloraban mucho”, folios 386 y 387 del cuaderno 30.

(133) Sobre la tasación de la condena por el perjuicio moral derivado de la muerte de una persona, en favor de sus padres, hermanos, esposa e hijos, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 1º de marzo de 2006, Expediente 13.887, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 3 de mayo de 2007, Expediente 21.511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 30 de agosto de 2007, Expediente 15.635, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 19 de octubre de 2007, Expediente 29.273A, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 9 de febrero de 2011, Expediente 19.460, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 4 de marzo de 2012, Expediente 21.859, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 28 de marzo de 2012, Expediente 22.163, C.P. Enrique Gil Botero. En relación con la tasación de la condena derivada de la muerte del abuelo, pueden ser consultadas entre otras las siguientes providencias: sentencia del 22 de julio de 2008, Expediente 18005, M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 17918, M.P. Enrique Gil Botero.

(134) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.