Sentencia 1992-08911/14343 de junio 17 de 2004

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 76001-23-31-000-1992-08911-01(14343).

Actor: Mary Feliza Salazar Palacios y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Referencia: Apelación sentencia indemnizatoria

Consejera ponente:

Dra. María Elena Giraldo Gomez

Bogotá D.C., diecisiete de junio de dos mil cuatro.

I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en grado jurisdiccional de consulta, frente a la sentencia proferida el día 2 de mayo de 1997 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sección primera) por medio de la cual se resolvió:

“1. DECLARAR que la Nación colombiana (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) es administrativamente responsable por la muerte del señor Julián Salazar Palacios, en hechos acaecidos en el municipio de Buenaventura Valle, el 14 de julio de 1992.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, la Nación colombiana (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) deberá pagar a título de indemnización por el daño moral producido a Julián Enrique Salazar Angulo y a Jorge Leonardo Salazar Angulo, para cada uno de ellos la suma de un mil gramos de oro, lo que valgan estas cantidades de dicho metal según certificación expedida por el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

3. A título de perjuicios materiales en su composición de lucro cesante, la Nación colombiana (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) deberá pagar a Jorge Leonardo Salazar Angulo la suma de dieciocho millones doscientos setenta y nueve mil novecientos doce pesos con 35/100 ($ 18.279.912.35) y a Julián Enrique Salazar Angulo la suma de diecisiete millones ciento noventa mil novecientos cinco pesos con 4/100 ($ 17.190.905.04).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, se expedirán las copias respectivas de la sentencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes, haciendo precisión sobre cuál de las copias resulta idónea para la efectividad de los derechos.

“6. CONSÚLTESE SI NO FUERE APELADA” (fls. 217 y ss. c. ppal.).

II. Antecedentes procesales

A. Demanda.

Se presentó en ejercicio de la acción de reparación directa, el día 15 de abril de 1993 ante el Tribunal Administrativo de Antioquía con destino al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por el apoderado judicial de Ana Isabel Palacios Chaverra, Mercedes Angulo Moreno, Aris Rentería Torres, Margarita Chaverra Palacios, María Marleny Ibargüen Palacios, Luis Ariel Salazar Valdés, Julio Roberto Salazar Moreno, Marciana Salazar Ibargüen, Mary Feliza Salazar de Valdés, Martha Inelba Salazar de Campas, Édgar Antonio Salazar Ibargüen, Licenia de Jesús Salazar Ibargüen, Ruth Cecilia Salazar Ibargüen, Vicente Salazar Ibargüen (fls. 58 a 69 c. ppal.).

B. Pretensiones.

“1.1. Declárese a la Nación colombiana-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (Fuerza Pública) administrativamente responsable de los perjuicios morales subjetivos y materiales sucesivos que le fueron ocasionados a Ana Isabel Palacios Chaverra, Mercedes Angulo Moreno, Aris Rentería Torres, Margarita Chaverra Palacios, María Marleny Ibargüen Palacios, Luis Ariel Salazar Valdés, Julio Roberto Salazar Moreno, Marciana Salazar Ibargüen, Mary Feliza Salazar de Valdés, Martha Inelba Salazar de Campaz, Édgar Antonio Salazar Ibargüen, Licenia de Jesús Salazar Ibargüen, Ruth Cecilia Salazar Ibargüen y Vicente Salazar Ibargüen.

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional (Fuerza Pública), a pagar a cada uno de los actores, las siguientes cantidades, así:

1.2.1. Por perjuicios morales:

1.2.1.1. Por el equivalente en pesos colombianos, a la fecha de la ejecutoria de la sentencia a Ana Isabel Palacios Chaverra (1.000) gramos de oro fino, en su calidad de madre legítima de la víctima.

1.2.1.2. Por el equivalente en pesos colombianos a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de un mil (1.000) gramos de oro fino, para Mercedes Angulo Moreno, en su condición de compañera de la víctima.

1.2.1.3. Por el equivalente en pesos colombianos a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de un mil (1.000) gramos de oro fino para Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo, en su condición de hijos legítimos de la víctima.

1.2.1.4. Por el equivalente en pesos colombianos a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de un mil (1.000) gramos de oro fino, para Aris Rentería Torres, en su condición de compañera de la víctima.

1.2.1.5. Por el equivalente en pesos colombianos a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de un mil (1.000) gramos de oro fino, para Ana Isabel y Cristian Mauricio Salazar Rentería, en su condición de hijos de la víctima Julián Salazar Palacios.

1.2.1.6. Por el equivalente en pesos colombianos a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de un mil (1.000) gramos de oro fino, para cada uno de los hermanos consanguíneos de la víctima, Margarita Chaverra Palacios, María Marleny Ibargüen Palacios, Luis Ariel Salazar Valdés, Julio Roberto Salazar Moreno, Marciana Salazar Ibargüen, Mary Feliza Salazar de Valdés, Martha Inelba Salazar de Campaz, Édgar Antonio Salazar Ibargüen, Licenia de Jesús Salazar Ibargüen, Ruth Salazar Ibargüen y Vicente Salazar Ibargüen.

II. Perjuicios materiales.

El señor Julián Salazar Palacios, al momento del fatal insuceso, tenía una actividad laboral productiva, de la cual derivaba el sustento de su Señora madre Ana Isabel Palacios Chaverra; de sus compañeras, Mercedes Angulo Moreno y Aris Rentería Torres; lo mismo que de sus hijos legítimos Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo, al igual Ana Isabel y Cristian Mauricio.

En concreto los perjuicios materiales quedan así:

Daño emergente: para inhumación del cadáver del extinto Julián Salazar Palacios, su hermana Mary Feliza Salazar de Valdés, hubo de pagar la suma de ciento cinco mil pesos ($ 105.000) a la funeraria San Jorge y administración del Cementerio Católico de Buenaventura; en consecuencia y previa la demostración legal, el Estado debe reconocerles dichas sumas.

Lucro cesante: El señor Julián Salazar Palacios, al momento de su fallecimiento pertenecía como socio activo al gremio de braceros independientes de Buenaventura, Valle, y como contraprestación salarial devengaba la suma de $ 120.000 mensuales. En consecuencia y de conformidad con las tablas recomendadas por el Honorable Consejo de Estado para la liquidación de la indemnización tanto vencida como futura, ruego al señor magistrado conductor del proceso, hacer uso de éstas para efectos de la condena en concreto, tomando como base tanto la vida probable de la víctima, como los años de vida de sus hijos y ante todo el menor, necesitaban de su ayuda. Para tal efecto se tendrán en cuenta los respectivos registros civiles de nacimiento de sus hijos, como la constancia respecto de la vida probable de la víctima, de la que hubo dejarse (sic) constancia en el protocolo de necropsia. Ha de advertirse que la ayuda que el Señor Julián Salazar Palacios, daba a sus hijos y compañeras, debe enmarcarse dentro del 75% del total del sueldo o salario devengado y haciendo uso de los incrementos anuales autorizados por el Gobierno o dentro de las convenciones y/o pactos colectivos, pero ante todo lo que la parte actora logre demostrar.” (fls. 58 a 61 c. ppal.).

C. Hechos.

“1. El día 14 de julio de 1992, como de costumbre el Señor Julián Salazar Palacios, llegó a las instalaciones del terminal marítimo de Buenaventura, Valle, cuerda paraboloide-puertos de Colombia, siendo más o menos las 7 y 45 a 8 de la mañana, teniendo en cuenta la orden de trabajo para ese día.

2. En el momento en que hacía la fila de entrada, se acercó a la ventanilla de la caseta de control que allí tiene o tenía instalada la policía portuaria con el fin de recibir dicha boleta al agente de la Policía nacional Diego Fernando Trujillo Marín, quien se encontraba en turno a esa hora.

3. En ese momento el agente de la Policía Diego Fernando Trujillo Marín, tenía su revólver de dotación oficial en la mano y en el instante en que Julián le entregaba la orden de trabajo, recibió el disparo que le penetró por la boca, falleciendo en el instante, pues si bien es cierto lo trasladaron al hospital, la herida que recibió fue mortal, tanto que cualquier ayuda por parte de los facultativos de la medicina, era infructuosa.

4. Es importante destacar que entre la víctima y el agente de la Policía Diego Fernando Trujillo Marín, no hubo ninguna discusión, no existía ningún antecedente que pudiese haber suscitado u originado el fatal insuceso.” (fls. 61 y 62 c. ppal.).

2. Actuación procesal.

1. El tribunal admitió la demanda por Auto de 4 de mayo de 1993, en el cual ordenó notificar al Director General de la Policía y al Procurador Judicial de lo Contencioso Administrativo (fls. 70 y 71 c. ppal.). La Nación no contestó la demanda en la oportunidad legal y el Procurador Judicial llamó en garantía al agente Trujillo Marín (fls. 76 a 78 c. ppal.).

3. El Magistrado sustanciador ante el tribunal no aceptó el llamamiento, en Auto de 15 de junio de 1993 (fl. 79) y el procurador solicitó, principalmente, la nulidad de dicha actuación porque el ponente carecía de competencia funcional para proferirlo y subsidiariamente se le conceda apelación (fls. 81 a 83 c. ppal.). En consecuencia el ponente declaró la nulidad procesal en Auto de 2 de julio siguiente (fls. 84 a 86 c. ppal.). Luego el tribunal aceptó el llamamiento el día 16 siguiente (fls. 88 y ss. c. ppal.).

4. Como no fue posible notificarle al llamado su vinculación a proceso, se le emplazó y luego se le nombró curador ad litem, quien dijo no oponerse al llamiento por falta de conocimiento de hechos procesales que enerven totalmente las pretensiones (fls. 115 a 134; 138 a 139 c. ppal.).

5. Las pruebas se decretaron el 14 de julio de 1995 (fls. 140 a 142); y fracasada la audiencia de conciliación (fls. 178 a 182), el 18 de abril de 1996 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión, el 18 de abril de 1996 (fl. 187 c. ppal.); la Nación no allegó escrito final.

a) La parte demandante relacionó los documentos y los testimonios y agregó que el daño que sufrieron los demandantes, esto es el homicidio de Julián Salazar Palacios se probó con el acta de levantamiento del cadáver, la diligencia de necropsia y el registro civil de defunción, pruebas con las cuales se evidencia la falla del servicio, debido a que la muerte fue causada con un arma de dotación oficial; adujo que la relación de causalidad quedó demostrada con el daño y la identificación del sujeto activo calificado que lo provocó; y finalmente solicitó que se profiera sentencia condenatoria (fls. 192 a 203 c. ppal.).

b) El señor agente del Ministerio Público expresó que se estructuran los elementos de la responsabilidad subjetiva y que las pretensiones deben prosperar parcialmente; indicó que las sumas a indemnizar deben concretarse en las que la Nación presentó como fórmula de arreglo en la audiencia de conciliación celebrada ante el tribunal (fls. 188 a 191).

3. Sentencia apelada.

Declaró administrativamente responsable a la Nación por considerar que están acreditados los elementos que estructuran la falla presunta del servicio, debido a que se estableció que la maniobra de limpieza del arma de dotación oficial produjo un resultado dañoso. Advirtió, de otro lado, que por tratarse de falla presunta del servicio le correspondía a la administración desvirtuar tal presunción, cosa que no hizo, pues estuvo ausente en el debate procesal: ni contestó la demanda, ni presentó alegatos de conclusión.

Condenó a indemnizar los perjuicios morales y materiales causados a Jorge Leonardo Salazar Angulo y Julián Enrique Salazar Angulo, personas que la víctima reconoció como hijos (fls. 19 y 20) y que procreó con la señora Mercedes Angulo Moreno. Para las indemnizaciones históricas y futuras el a quo aplicó como renta el 75% de $ 120000, que el señor Julián Salazar Palacios devengaba de la Empresa Braceros Independiente de Buenaventura (documento fl. 44 c. ppal.); hizo el descuento de un 25% a título de lo que la víctima gastaba para sí; actualizó ese 75% y lo dividió en dos, una para cada hijo; realizó dos liquidaciones para cada hijo: histórica y futura. En la histórica por $ 7.450.055,34 y en la futura hasta antes de alcanzar la mayoría de edad, así: para Jorge Leonardo Salazar por $ 10.829.857,01, y para Julián Enrique Salazar, que era el mayor de los dos hijos a la muerte del padre, $ 9.740.849,70.

Respecto a los demás demandantes negó las pretensiones por considerar que las pruebas que se allegaron no son suficientes para probar el parentesco o la relación afirmada en la demanda:

“1) Ana Isabel Palacios Chaverra, madre. Obra registro civil de nacimiento 19849162 de la notaría única de Buenaventura en el cual no aparece el reconocimiento de su madre y tampoco de su padre, razón por la cual no se dará a su progenitora ningún tipo de indemnización.

2) Para Mercedes Angulo Moreno en su calidad de compañera de la víctima, a folio 20 obra registro civil de nacimiento 13490221, en el cual Julián Salazar reconoce a su hijo Julián Enrique Salazar Angulo y en el cual aparece como la madre del niño la señora Angulo Moreno, sin embargo la prueba testimonial recaudada es escasa y exigua en cuanto al tiempo de convivencia, la época y algunos testigos manifiestan no conocer el nombre de las compañeras...

4) Para Aris Rentería Torres en su condición de compañera de la víctima y Ana Isabel y Cristian Mauricio Salazar Rentería en su condición de hijos de Julián Salazar Palacios a folios 22 y 23 obran los registros de nacimiento 19849304 y 19849305 de la notaría única de Buenaventura, pero observa la Sala que en los mismos no figuran los reconocimientos de los respectivos padres.

Y en lo referente a la compañera permanente, igual predicado puede hacerse a lo manifestado en cuanto a Mercedes Angulo Moreno…

5) En cuanto a sus hermanos consanguíneos: Margarita Chaverra Palacios, María Marlene Ibargüen Palacios, Luis Ariel Salazar Valdés, Julio Roberto Salazar Moreno, Marciana Salazar Ibargüen, Mary Felisa Salazar de Valdés, Martha Inelba Salazar de Campaz, Édgar Antonio Salazar Ibargüen, Licenia de Jesús Salazar Ibargüen, Ruth Cecilia Salazar Ibargüen y Vicente Salazar Ibargüen, respecto de ellos la Sala no dará ningún tipo de resarcimiento ya que no fueron aportados al proceso los registros civiles de nacimiento que permitan establecer su legitimación por parte de sus padres, solo obran certificaciones sobre el contenido de los registros” (fls. 212 a 214).

De otros lado, negó la indemnización por daño emergente y reclamado por la señora Mary Feliza Salazar de Valdés, por cuanto no acreditó el gasto en que incurrió, según se afirmó en la demanda, para la realización de las honras fúnebres de la víctima directa (fls. 206 a 208 c. ppal.).

4. Recurso de apelación.

Ambas partes apelaron, pero la Nación no lo sustentó.

a) La actora solicitó se revoque la sentencia de primera instancia en lo atinente con la denegación de los perjuicios morales para algunos de los demandantes y materiales por gasto funerario y, en su lugar, se acceda a las indemnizaciones correspondientes. Argumentó:

• Frente a Ana Isabel Palacio Mena que es la madre de la víctima directa “hasta que no se demuestre lo contrario” y que allega al expediente copia auténtica de la escritura pública donde ella realizó el reconocimiento de Julián Salazar Palacios.

• Frente a Mercedes Angulo Moreno, compañera de la víctima, demostró su condición de damnificada con los testimonios recepcionados ante el notario único del circulo de Buenaventura (José Ferney Colorado, Dalmiro Camacho Ramírez y Eliécer Rengifo Hurtado) en los cuales los testigos son contestes y congruentes en indicar que la señora Mercedes Angulo convivió en unión libre bajo el mismo techo con la víctima, y que fruto de esa relación procrearon a los menores Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo. Destacó, el recurrente, que estos menores recibieron ayuda económica para su manutención; drogas, vestuario e implementos para el desarrollo integral de su vida; que no puede perderse de vista los testimonios ratificados ante el juez segundo civil municipal de Buenaventura, por comisión del tribunal, por los señores José Ferney Colorado, Dalmiro Camacho Ramírez y Eliécer Rengifo Hurtado, quienes describieron en su oportunidad la situación emocional y psicológica que experimentó la señora Mercedes Angulo Moreno por la pérdida de su compañero.

• Frente a Iris Rentería Torres afirmó: “Del contenido de estos testimonios no queda la menor duda que entre Iris Rentería Torres y Julián Salazar Palacios existió una amistad y una relación íntima pues no de otra manera hubiesen podido dar vida a dos hijos.” (fl. 238); y agregó: “Para no dejar ninguna duda respecto de la legitimación en la causa por activa de Cristian Mauricio Salazar Rentería y Ana Isabel Salazar Rentería, se anexan los sendos registros civiles de nacimiento en donde Julián Salazar Palacios, su padre les reconoce como hijos consanguíneos”.

• Frente a los hermanos consanguíneos se dice que si bien al proceso no allegó los registros civiles de nacimiento, documentos idóneos para probar la legitimación en la causa por activa, debido a que fueron destruidos por dos incendios ocurridos en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Condoto (Chocó), con declaraciones recepcionadas en este proceso (Flor de María Lozano Palacios, Ligia Salazar de Angulo, Rafael Rengifo Moreno, Nidia Garcés de Lozano) se observa que la víctima directa no sólo compartió su vida afectiva con sus compañeras sentimentales, sino que de igual modo lo hizo con otras personas, entre ellas sus hermanos, con quienes mantuvo excelentes relaciones afectivas.

Con fundamento en los anteriores planteamientos se solicita, en consecuencia, que se reconozca por perjuicios morales a favor de Ana Isabel Palacios Mena, en condición de madre de la víctima; de Mercedes Angulo Moreno e Iris Rentería Torres, en calidad de compañeras del occiso; de Ana Isabel Salazar Rentería, y Cristian Mauricio Salazar Rentería en su condición de hijos del difunto en mil gramos oro para cada uno; y 500 gramos oro fino para cada uno de los hermanos del fallecido. y por concepto de perjuicios materiales se reconozca: a favor de Mary Felisa Salazar de Valdés $ 105.000 debidamente indexados, que corresponde a la suma que desembolsó por los gastos de inhumación del cadáver; a favor de Mercedes Angulo Moreno, Iris Rentería Torres, Julián Enrique Salazar Angulo, Jorge Leonardo Salazar Angulo, Ana Isabel Salazar Rentería, y Cristian Mauricio Salazar Rentería las indemnizaciones históricas y futuras, aplicando para ello las fórmulas utilizadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la edad de la compañeras, como la de sus hijos al momento de la ocurrencia de los hechos .

Con el memorial de apelación se allegaron los registros civiles de nacimiento de Ana Isabel Salazar Rentería, Cristian Mauricio Salazar Rentería y Julián Salazar Palacios y la escritura pública de reconocimiento de hijos (fls. 234 a 257 a 264 c. ppal.).

b) La parte demandada como no sustentó el recurso, el mismo se declaró desierto el 24 de marzo de 1998 (fl. 259 c. ppal.).

5. Trámite en segunda instancia.

El recurso presentado por la parte actora, fue admitido el día 6 de febrero de 1998 (fl. 232 c. ppal.) y el de la Nación se declaró desierto porque no fue sustentado, el 24 de marzo de 1998 (fl. 259 c. ppal.).

Luego el Consejero ponente para esa época, mediante proveído del 28 de abril de 1998, ordenó tener como pruebas los documentos aportados por la parte actora que obran a folios 253 a 257 y 261 a 264 del cuaderno principal; y por Auto del 22 de mayo siguiente ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión; el Ministerio Público no allegó escrito (fl. 268 c. ppal.). La actora reiteró los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación (fls. 270 a 288 c. ppal.) y la demandada solicitó que se mantuviera el fallo apelado respecto a la falta de legitimación por activa, en lo que atañe con demandantes que se afirmaron como madre, compañeras y hermanos de la víctima directa y sostuvo lo siguiente:

Madre de la víctima. El apoderado de la señora Ana Isabel Palacios Chaverra, al momento de presentar la demanda, presenta registro de nacimiento No. 19849162 de la notaría única de Buenaventura y allí no aparece el reconocimiento por parte de la madre, ni del padre.

Compañeras de la víctima. De conformidad con los testimonios rendidos dentro del proceso, no se establece la convivencia de la víctima con las señoras María Mercedes Angulo Moreno y Aris Rentería Torres…

Más adelante agregó:

Hermanos consanguíneos. Espero sean valorados los registros aportados en la segunda instancia, para efectos de establecer su veracidad, teniendo en cuenta las condiciones en que fueron aportados, una vez vencida la respectiva etapa probatoria de la primera instancia. (fls. 290 y 291 c. ppal. negrillas del original).

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado se procede a decidir previas las siguientes,

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y pronunciarse también en grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda proferida el día 2 de mayo de 1997 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sección primera).

A. Imputaciones.

La demanda le atribuyó a la Nación el hecho de muerte del señor Julián Salazar Palacios ocurrido el día 14 de julio de 1992 causado por la negligencia del agente de la Policía Diego Fernando Trujillo Marín, con arma de dotación oficial, cuando a aproximadamente entre las 7.45 a 8 de la mañana, el señor Salazar Palacios hacía fila y se acercó a la ventanilla de la caseta de control de la Policía, instalada en el terminal marítimo de Buenaventura (departamento del Valle), recibió un impacto en la boca, sin que mediara ninguna conducta negligente de su parte.

B. Responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocasionados por el ejercicio de actividad peligrosa.

La Sala ha aplicado en ese caso diversos títulos jurídicos:

En fallo proferido el 24 de agosto de 1992 indicó que en esos eventos se produce más que una presunción de falta (como en los daños derivados de la prestación de los servicios médicos oficiales), una presunción de responsabilidad; precisó: 

“() cuando se habla de responsabilidad por los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, en los que no juega la noción de la falla, ni la probada ni la presunta, le incumbe a la demandada demostrar, para exculparse, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de tercero, también exclusivo y determinante y por eso mismo se entiende que en estos casos no se pueda exonerar la administración demostrando diligencia y cuidado. 

() cuando la responsabilidad se presume por el ejercicio de la utilización de cosas peligrosas o que en sí mismas representan un gran riesgo para los demás, como sucede, por ejemplo, con la utilización de vehículos automotores, armas oficiales de dotación, redes de conducción de energía, etc., el que las utiliza o ejerce para provecho o beneficio suyo le impone a los demás una carga excepcional que no tiene por qué soportar y si los daña debe resarcirlos (restablecimiento que se impone como una solución de equidad) de allí que en estos eventos se mire más al daño antijurídico producido por la irregularidad o no de la conducta oficial. Se aplica a estas situaciones el principio constitucional de igualdad (art. 13 de la Carta), cuyo rompimiento da lugar a la responsabilidad por esa clase de daño, sea lícita o no la actividad cumplida por el ente público”. (1) 

Luego con la sentencia del 16 de junio de 1997 se expresó: 

“Aquí se evidencia, como lo dijera el profesor Charles Rosseau, que la llamada presunción de falta en el caso de daños ocurridos en accidente de tránsito no es más que un ‘artificio para la admisión de la teoría del riesgo’. 

() 1. La responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas o riesgosas se encuentra por completo desligada de toda consideración sobre la culpa o diligencia y prudencia de quien ocasiona el daño con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro. 

En otras palabras de Josseran ‘dentro de esta nueva concepción quienquiera que cree un riesgo, si ese riesgo llega a realizarse a expensas de otro, tiene que soportar sus consecuencias, abstracción hecha de cualquier culpa cometida ... Así el punto de vista objetivo reemplaza el punto de vista subjetivo y el riesgo suplanta a la culpa, esa especie de pecado jurídico’(2)

2. Si bien es cierto que la responsabilidad se explica por la preocupación de prevenir, sancionar y reparar el daño causado, es ésta última función la que constituye la preocupación preponderante en el derecho moderno. 

Como lo resaltara el profesor León Duguit: 

‘La responsabilidad tiende más a resumirse en esta proposición: cuando un acto afecta un patrimonio, produce una disminución: el equilibrio deber ser restablecido. El patrimonio que afectó con su acto debe soportar una disminución equivalente al daño ocasionado. El patrimonio lesionado debe recibir como indemnización el monto de esa disminución. Así la noción de acto personal desaparece poco a poco del dominio de la responsabilidad civil, para dar cabida a la noción de fin y de riesgo’(3)(4)

Y últimamente, la Sala ha recalificado la llamada “presunción de responsabilidad” por el de título objetivo por cuanto los elementos de configuración de responsabilidad no se presumen(5). Sin embargo cuando en la imputación fáctica, ligada con el ejercicio de actividades peligrosas, la demanda además adjetiva la imputación de irregular, se considera que debe examinarse si se demostró o no dicha afirmación definida, sujeta a prueba, y en caso negativo estudiarse el asunto bajo el título de riesgo.

Como en este caso es ostensible la calificación de falla descrita en la demanda y además ella se estableció, se analizará el asunto bajo el titulo jurídico de falla.

Antes de cualquiera otra consideración debe recordarse que en atención a la esencia del juicio de responsabilidad, que se discute ante esta jurisdicción con sustento en el artículo 90 constitucional, está orientado a sentar la responsabilidad estatal por los eventuales daños ocasionados en el ejercicio de las tareas y cometido públicos, y no a la solución de una responsabilidad particular y personal centrada en un mayor grado sobre quienes ejecutaron directamente la conducta cuestionada, lo cual no es óbice de ser examinada simultáneamente a través del instituto del llamamiento en garantía del agente al mismo juicio o mediante el ejercicio consiguiente de la acción de repetición.

Enseguida se entrará al estudio de los elementos configuradores de responsabilidad por falla:

1. Conducta falente.

Valorado el acervo probatorio en orden a las imputaciones de hecho de la demanda, advierte la Sala que algunos de los daños reclamados por los actores están vinculado a la prestación del servicio público y que por lo mismo son imputables a la administración. Como se observará enseguida los hechos que condujeron a la muerte del señor Julián Salazar Palacios se originaron en la falencia administrativa exclusiva, cuando un agente del Estado manipuló imprudentemente un arma oficial, en nexo pleno con el servicio.

En efecto:

Julián Salazar Palacios murió luego de recibir heridas con arma de fuego de dotación oficial, el día 14 de julio de 1992 aproximadamente entre las 7:45 y las 8 de la mañana cuando se disponía a ingresar a las instalaciones del terminal marítimo de Buenaventura en la Puerta Paraboloide de Puertos de Colombia (departamento del Valle).

Ese hecho, de muerte, se probó con el registro civil de defunción; ocurrió el día 14 de julio de 1992, en forma violenta; se asentó dos días después, el 16 de julio de 1992, en atención al oficio 15 de julio 14 de 1992 remitido por la fiscalía seccional 125 de Buenaventura (fl. 29 c. ppal.).

En el acta de necropsia médico legal - 0677, elaborada por medicina legal unidad local de Buenaventura consta:

“El hombre fallece por la herida de proyectil de arma de fuego que lesiona médula espinal con anoxia consecuente”; describió la herida como mortal “orificio de entrada de 1 cm de diámetro bordes regulares en porción media del labio inferior; le seccionó la lengua; se dirige hacia médula espinal a nivel de C1 y se aloja en la base del cráneo; no se recuperó” (documento público, fl. 20 c. pruebas).

Con oficio 3247 de 19 de septiembre de 1995, emanado del distrito policial del Pacífico CAI portuario de Buenaventura, se probó que el agente Trujillo el día 14 de julio de 1992, laboraba en el Terminal Marítimo de esa ciudad; tenía como dotación oficial el revólver No. 8673 y que fue asignado a prestar servicio en el patio Uno de Contenedores (documento público, fl. 54 c. pruebas).

Sobre la forma de ocurrencia del hecho existen los siguientes medios de prueba:

a) Copia auténtica del informe de julio 14 de 1992 suscrito por el consejero ponente José Gustavo Sanabria Valencia a título de comandante, sección C.E.S.P.V.P de Buenaventura, dirigido al comandante policía portuaria terminal Buenaventura:

“Me permito informar a ese comando que el día de hoy siendo las 06:45 horas en el lugar denominado ficheros de puertos, entrada y salida de vehículos puerta paraboloide se encontraba de servicio el AG. Trujillo Marín Diego Fernando con placa número 28089, quien al accionar en forma imprudente el arma de dotación oficial de la policía, revólver número 152-85637 de marca Ruger cromado 38 largo: ocasionó accidentalmente un impacto a la altura de la boca del señor Julián Salazar Palacios con cédula 16.468.924 de Buenaventura, 38 años de edad, de profesión bracero independiente, residente en el barrio 12 de enero, soltero; el cual fue trasladado inmediatamente al Hospital Regional donde posteriormente falleció.

Al verificar la novedad sucedida, el agente antes mencionado me informó que le iba a untar aceite al revólver que contenía un trapo que estaba en la mesa, al sacar el arma se le deslizó y al volverla a coger se accionó sin darse cuenta como se había disparado lo cual fue observado por los señores William Ricardo Bernal con cc. 79.229.451 de Bogotá quien se desempeña como guarda de la aduana y Carlos Eduardo Rodríguez Montoya con cc.18.392.503 de Calarcá quien labora en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, los antes mencionados se encontraban en ese momento con el agente. Lo anterior para conocimiento de mi capitán y fines que estime conveniente “

b) El día 15 de julio de 1992 a las 5:00 de la tarde ante el juzgado de instrucción penal militar le recibió el testimonio del agente de la policía portuaria el señor Bernardo Macías Imbachi, en el proceso seguido contra el agente Trujillo —llamado en garantía en este juicio de reparación directa—; para lo pertinente expresó: CONTESTO: Yo hablé con él y me dijo que él le estaba haciendo aseo al revólver y que se le había zafado de la mano y se le había disparado” (fl. 77 c. pruebas).

Como se puede ver, las circunstancias que se describen en esas pruebas (documento declarativo y testimonio) prueban, fehacientemente, no sólo que el hecho ocurrió vinculado a la utilización de un arma de dotación oficial por un agente oficial sino también las circunstancias modales de imprudencia del AG. Trujillo Marín Diego Fernando quien al manipular el arma en forma negligente le ocasionó accidentalmente un impacto y a la altura de la boca del señor Julián Salazar Palacios y la manipulación fue imprudente porque estando el agente Trujillo en la caseta de atención al público se puso a untarle aceite al revólver con el trapo que estaba en la mesa y al proceder a sacar el arma se le deslizó y luego al volverla a coger se le accionó.

Y si bien, en un primer punto, la justicia penal absolvió al agente Trujillo, como ya se verá, igualmente, en un segundo punto, se destacará cómo tal decisión no influye negativamente en este juicio, de responsabilidad extracontractual del Estado.

Primer punto:

En la sentencia de PRIMERA INSTANCIA dictada el día 15 de septiembre del mismo año, 1994, en primer lugar aceptó el veredicto emitido por los señores vocales integrantes del Consejo Verbal de guerra, en el cual declararon que el AG. Diego Fernando Trujillo Marín no es responsable del delito de homicidio por el cual ha sido juzgado — el hecho ocurrió por caso fortuito—; en segundo lugar absolvió al procesado por el delito de homicidio en la persona de Julián Salazar Palacios en hechos ocurridos en el Terminal de Buenaventura el día 14 de julio de 1992; en tercer lugar revocó el auto interlocutorio por medio del cual se decretó la medida de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de la libertad provisional (fls. 200 a 204 c. pruebas).

Y en la sentencia proferida el 1 de noviembre de 1994 por el tribunal militar, confirmó en todas sus partes la sentencia consultada de 15 de septiembre anterior y absolvió al agente de Policía Nacional Diego Fernando Trujillo Marín. Dijo:

“El tribunal superior militar mediante proveído de 20 de junio del presente discurrir (1994) declaró contra evidente del aludido veredicto, disponiendo en consecuencia, la realización de una segunda y definitiva corte marcial.

Cumplido tal ordenamiento, los jueces de conciencia diferentes que tuvieron a su cargo decidir la suerte del enjuiciado Trujillo Marín, emitieron en su favor veredicto unánime de no responsabilidad y apoyándose en tal determinación, el presidente de la causa consultante, dictó el fallo que nos converge, dentro del que hace alusión a lo previsto por el artículo 680 inciso 3º del ibídem.

Y es que en verdad nos encontramos ante un imperativo legal, aquel que se contrae la disposición que pertinentemente hemos citado en el acápite anterior, no siendo viable hacer juicios de valor, dado lo omnímoda que es la decisión que se toma, imponiéndose desde luego, la aceptación del veredicto absolutorio obtenido por lo definitivo y determinante, sin que se pueda adoptar decisión diferente por parte de esta instancia, que la de impartirle confirmación al fallo que exonere de toda responsabilidad al policial en comento, como a continuación lo declararemos” (fls. 211 a 215 c. pruebas).

Segundo punto:

Esas providencias penales no atan al juez administrativo para efectos de valorar la responsabilidad patrimonial de la Nación, no así la responsabilidad del llamado en este juicio de reparación directa, pues la sentencia absolutoria fue proferida en otro proceso, penal, cuya naturaleza, alcance y contenido dista de los conceptos y principios que gobiernan la materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en la jurisdicción contencioso administrativa; y, por consiguiente ese hecho produce que la evaluación jurídica en ambos procesos se oriente en lineamientos jurídicos diferentes, mas cuando la providencia absolutoria en lo penal o en el terreno de lo disciplinario no tiene efectos de cosa juzgada con respecto a la administración, dado que los sujetos, objeto y hechos del procedimiento seguido no son idénticos, al proceso de reparación directa; además en el evento de considerar, de alguna manera, que la providencia penal tuviera influencia en la decisión que habría de adoptarse en este fallo de responsabilidad patrimonial del Estado, se concluiría igualmente que el caso fortuito no es situación que configure causa ajena y por lo mismo no es constitutiva de exonerante.

Se recaba, entonces, que la decisión absolutoria penal proferida a favor del agente estatal en la investigación disciplinaria o en un asunto penal no trae como consecuencia la absolución de la Responsabilidad Patrimonial del Estado en procesos subjetivos (reparación directa, contractuales o de nulidad y restablecimiento del derecho), en vista de que tales decisiones no producen efectos de cosa juzgada para el análisis de la conducta del Estado. Para que pueda hablarse de cosa juzgada es indispensable que concurran diversos requisitos, entre que ellos que se trate de decisiones entre las mismas partes, con sustento en la misma causa e idéntica controversia jurídica (CPC, arts. 332 y ss.). Con idéntico criterio, la jurisprudencia ha puntualizado que los procesos administrativos y penales respectivamente difieren en su naturaleza en tanto que persiguen declaraciones jurídicas diversas; al respecto en sentencia proferida el día 18 de abril de 2002(6) se dijo:

“() Tal decisión de carácter penal no puede ser modificada por esta jurisdicción y hace tránsito a cosa juzgada. Sin embargo, ese efecto se predica en relación con la situación jurídica del sindicado en ese proceso y en algunos eventos —artículo 57 del Código de Procedimiento Penal—, con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no en lo que concierne a la decisión que debe tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado.

De lo anterior se concluye que a): el agente llamado en garantía fue absuelto de toda responsabilidad penal, b) que tal decisión no puede ser modificada por esta jurisdicción y hace tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad penal del funcionario, c) que el juez penal juzga la antijuridicidad de la conducta realizada por el funcionario, d) que el juez administrativo revisa la existencia de un daño antijurídico, con prescindencia de la conducta personal del agente con fundamento en el artículo 90 de la Carta Política...”.

En resumen, queda claro que el hecho dañoso de muerte de Julián Salazar Palacios acaeció por anomalía en la manipulación de un arma de fuego, por parte de un agente del Estado en servicio y con ocasión del servicio.

2. Daños.

La demanda afirmó que los actores han sufrido dos clases de daños: Morales, aduciendo su condición de víctimas indirectas, respectivamente como madre, compañeras permanentes, hijos y hermanos de la Julián Salazar Palacios y Materiales; por daño emergente por los gastos que asumió su hermana María Felisa Salazar de Valdez por las honras fúnebres por el valor de $ 105.000; y por lucro cesante por el menoscabo económico que padecen los hijos, hasta la mayoría de edad, y las dos compañeras de Julián Salazar Palacios hasta la vida probable del occiso o de quien tuviese mayor edad a la época de los hechos.

Para que pueda hablarse de daño indemnizable es necesario que sea particular, determinado o determinable, cierto y no eventual. Los puntos de certeza y no eventualidad se verifican respectivamente sobre la comprobación de la lesión a un derecho subjetivo y la autonomía a la realización de otros hechos extraños diferentes al hecho dañoso y en lo atinente a la antijuridicidad a la inexistencia de una obligación jurídica de soportarlo.

Análisis particular: Enseguida se hará la relación de las pruebas, para luego determinar que hechos se establecen con ellas, con el fin de determinar si en el caso los daños afirmados fueron probados y si reúnen los requisitos para ser indemnizados:

a) Moral:

Ana Isabel Palacios Chaverra, ACREDITÓ SU CONDICIÓN DE MADRE DE Julián Salazar Palacios con el registro civil de nacimiento, de hecho ocurrido el día 25 de septiembre de 1954, registro que se asentó el día 15 de diciembre de 1992 (fls. 24, 257, 262 vuelto y 263 c. ppal., fls. 261 y ss. c. ppal.). Para el Consejo de Estado a diferencia de lo concluido por el tribunal, la señora Palacios sí acreditó su condición de madre de Julián Salazar Palacios, con el registro de nacimiento y esta constancia en el registro civil de nacimiento, de ser hijo de Ana Isabel Palacios, prueba la condición de madre de esta mujer porque como lo ha explicado la Sala reiterativamente(7), para asentar dicho registro se tuvo que probar ante la autoridad correspondiente el hecho del parto. Basta leer el artículo 49 del Decreto Ley 1260 de 1970 que dice: “El nacimiento se acreditará ante el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto, y en defecto de aquel, con declaración juramentada de dos testigos hábiles. Los médicos y las enfermeras deberán expedir gratuitamente la certificación...” (art. 49). La firma de la madre no es un requisito legal en el registro de nacimiento para acreditar el hecho de ser madre frente a una persona y además la circunstancia relativa al asentamiento tardío del registro civil porque el hecho de nacimiento ocurrió en el año de 1954 y el registro de nacimiento se asentó el 15 de diciembre de 1992. La Sala reitera que el legislador no sancionó el asentamiento, con su ineficacia. Por el contrario el ordenamiento jurídico sobre el registro del estado civil dispone, en forma generalizada, que todo registro civil se presume legal, salvo cuando se demuestre su ilegalidad, mediante los mecanismos legales previstos para tal efecto. Además aunque los registros civiles mencionados se asentaron después de treinta días de ocurrido el hecho registrado, como lo prescriben los artículos 48 y 50 del Decreto Ley 1260 de 1970, lo único que ello ocasionó fue la indeterminación del estado civil durante el tiempo en que careció de registro. Así lo ha dicho la Sala en diversas oportunidades, entre otras, en las sentencias proferidas el 2 de mayo de 2000(8) y 26 de junio de 2003(9).

Margarita Chaverra Palacios y María Marleny Ibargüen Palacios ACREDITARON QUE SON HERMANAS MATERNAS DE Julián Salazar Palacios con los certificados del estado civil, expedidos para acreditar parentesco (fls. 28 y 262 y 15 y 262 c. ppal.). Por las razones dadas antes no se comparte el estudio del tribunal en cuanto concluyó que el certificado era prueba insuficiente, desconociendo así el Decreto Ley 1260 de 1970 cuando señala, en el artículo 105, que los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, “se probaran con copia de la correspondiente partida o folio, con certificados expedidos con base en los mismos” (subrayado por fuera del texto legal).

LAS DEMÁS PERSONAS QUE ALEGARON SU CONDICIÓN DE HERMANOS PATERNOS DE Julián Salazar Palacios, y que allegaron los registros y certificados en los cuales consta para probar parentesco que son hijos de Vicente Salazar, no demostraron ese hecho, como lo dijo el tribunal pero por razones diferentes. En efecto: Luis Ariel Salazar Valdés, Julio Roberto Salazar Moreno, Marciana Salazar Ibargüen, Mary Feliza Salazar de Valdés; Martha Inelba Salazar de Campaz, Édgar Antonio Salazar Ibargüen, Licenia de Jesús Salazar Ibargüen, Ruth Salazar Ibargüen, Vicente Salazar Ibargüen (fls. 11, 12, 14, 13, 17, 16, 25, 18. ppal.) no demostraron su condición de hermanos paternos de Julián Salazar Palacios, porque como lo ha dicho la Sala, con fundamento en la ley, el hecho atinente a que en el registro civil de nacimiento de una persona, que no es hijo legítimo, aparezca como padre determinada persona y por declaración de la madre del nacido, al momento de denunciar el alumbramiento, no reducta en la comprobación del estado civil de padre. A diferencia de la prueba de la madre, que se demuestra con el registro de nacimiento el cual supone que se estableció el hecho del parto, como ya se explicó, la condición de padre extramatrimonial se acredita a términos del artículo 2º de la Ley 45 de 1936 y de manera solemne como lo destaca la doctrina(10), cuando en el registro civil de nacimiento del nacido conste que el padre o lo reconoció expresamente; o denunció como padre el hecho del parto (reconocimiento implícito); o asentó tal declaración en escritura pública; o en el testamento lo reconoció como tal, o declaró dicha situación ante un juez de la República aunque el motivo de su asistencia ante él sea otra. A ello se deben las anotaciones de esta sección del Consejo de Estado, en fallos proferidos los días 2 de mayo de 2002 (13.247) y 18 de marzo de 2004 (14.003), reiterando el criterio por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, expuesto en fallo de 22 de septiembre de 1978:

() la paternidad natural sólo puede acreditarse por reconocimiento solemne hecho por el padre o por declaración judicial, sería un absurdo que, cuando quien reconoce no es verdaderamente el padre, las personas señaladas en el artículo 248 ibídem, no pudieran impugnar oportunamente ese reconocimiento demostrando que el hijo natural no ha podido tener por padre a quien lo reconoció como tal (art. 5° de la Ley 75 de 1968).

Si el reconocimiento mismo establece la relación paterno-filial, si ese acto genera el estado de hijo natural y de padre natural, sería un absurdo extender al caso de la filiación natural la regla exceptiva del inciso final del artículo 219 citado, aplicable sólo a la filiación legítima y a la legitimada pero sólo cuando el hijo nació después de celebrado el matrimonio de los padres legitimantes, como lo enseña el artículo 247 del Código Civil”(11).

Y tampoco a dichas personas pueden tenerse como damnificados, debido a que la prueba testimonial que se recepcionó es deficiente, toda vez que la testigo se limitó a afirmar hechos sin sustentar en nada sus afirmaciones. En tal sentido puede verse el testimonio de la señora Ligia Salazar de Arango rendido ante el juez civil municipal de Buenaventura el día 12 de septiembre de 1995, en atención a la comisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; la declaración versa sobre la dependencia económica, los lazos de afecto y las relaciones existentes entre Julián Salazar Palacios, víctima directa, y los familiares:

“Hace catorce años conocí a Julián Salazar Palacios hijo de Vicente Salazar, conozco a los hermanos de padre los que responden a los nombres de Marciana, Mary Felisa, Licencia, Cecilia, Martha, Julio Roberto, Édgar, Vicente, y otros de apellidos Salazar, todo ellos llevaron siempre como hermanos padre que eran buenas relaciones ya que se entendían muy bien, sé que el extinto era el que ayudaba a la madre señora esta que vive actualmente Condoto Chocó, y también respondía por su señora y sus cinco hijos de la señora no recuerdo el nombre, yo la conozco pero se me escapa el nombre. Es todo.” (fl. 42 vlto. a 43 vlto.).

Por lo mismo, Ana Isabel Salazar Rentería y Cristian Mauricio Salazar Rentería (fls. 22 y 23 c. ppal.) no acreditaron su condición de hijos de Julián Salazar Palacios pues en el registro allegado no consta ninguna forma solemne del reconocimiento, pues debe tenerse en cuenta que la mención de padre de Julián Salazar Palacios fue anotada en el registro por la declaración que dio la madre, Aris Rentería Torres, al denunciar el hecho del nacimiento de sus hijos; por lo tanto, como en términos del artículo 264,1 del Código de Procedimiento civil, el documento público sólo hace fe de su fecha y de las declaraciones que en él haga el funcionario que lo emitió, tal anotación que fue hecha por un particular contra otro no satisface la exigencia legal; en este punto la Sala reitera lo dicho en el acápite anterior.

A diferencia de lo anterior, Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo, sí acreditaron su condición de hijos extramatrimoniales de Julián Salazar Palacios, porque ellos fueron reconocidos expresamente (forma solemne) al momento de asentar el hecho del nacimiento de aquellos dos, ocurridos respectivamente el día 28 de julio de 1988 (fl. 20 c. ppal.) y el 14 de marzo de 1990 (fl. 19 c. ppal.); además en ambos registros consta que son hijos de Mercedes Angulo Moreno.

Aris Rentería Torres y Mercedes Angulo Moreno, personas que en la demanda se afirman como compañeras permanentes de Julián Salazar Palacios no demostraron esas condiciones, pues las declaraciones ratificadas en este juicio, de las hechas ante notario, no aluden en forma específica a que ellas tenían esa calidad para el momento en que el señor Julián falleció. Enseguida se hará referencia a esos testimonios.

Declaración en este proceso por la señora Yolanda Calderón (para ratificar la extrajuicio tomada ante la notaría única de Buenaventura), recibida el 15 de septiembre de 1995 ante el comisionado por el a quo, juzgado segundo civil municipal de Buenaventura; expresó en lo fundamental que “es verdad, que desde hace varios años, conocemos de vista trato y comunicación a la señora Aris Rentería Torres, y por este conocimiento directo y personal que de ella tenemos, sabemos y nos consta que convivió en unión libre bajo el mismo techo con el señor, Julián Salazar Palacios, QEPD, y de esta unión conyugal existen los siguientes hijos, Ana Isabel, Cristian Mauricio Salazar Rentería, respectivamente, los cuales tenían el extinto, señor Julián Salazar Palacios, bajo su potestad y dominio, siendo el la única persona que velaba por la manutención de su cónyuge y la de sus hijos tales como drogas, vestuario, estudio y demás, además el extinto visitaba constantemente, ya que ellos no convivían, en el momento de su deceso, además convivieron, del año 1975 hasta 1984, por un lapso de tiempo de 9 años ininterrumpidamente. TERCERO. Como también es verdad que los menores, antes mencionados, no reciben ni tienen derecho a médico, ni subsidio de familia, distinto al que le proporcionaba su extinto señor padre.” (fl. 56 c. ppal.).

Declaración ante este proceso por los señores José Ferney Colorado, Dalmiro Camacho Ramírez y Eliécer Rengifo Hurtado (para ratificar las extrajuicio rendidas ante el notario único de Buenaventura), en diligencia adelantada los días 14 y 15 de septiembre de 1995 por el comisionado designado por el a quo, juzgado segundo civil municipal del municipio de Buenaventura. En lo fundamental expresaron que es verdad que desde hace varios años, conocemos de vista, trato y comunicación a la señora Mercedes Angulo Moreno, y por este conocimiento directo y personal que de ella tenemos, sabemos y nos consta que convivió en unión libre bajo el mismo techo con el señor, Julián Salazar Palacios, QEPD, y de esta unión conyugal existen los siguientes hijos, Julián Enrique, Jorge Leonardo Salazar Angulo, respectivamente, los cuales tenía bajo su potestad y dominio, siendo el occiso la única persona que velaba por la manutención de sus hijos y la de su cónyuge tales como drogas, vestuario, estudio y demás, además vivían bajo el mismo techo. TERCERO. Como también es verdad que la señora Mercedes Angulo Moreno, no tiene cónyuge, ni ha contraído matrimonio con nadie, además tampoco recibe ayuda médica, ni subsidio familiar por parte de entidad alguna distinta a la que le podía proporcionar su extinto cónyuge, además vivieron hasta la hora de su deceso. Es todo.” (fl. 55 c. pruebas).

Como se aprecia, esos dichos carecen de precisión sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el relato de por qué sabían que eran las compañeras de Julián; se limitan a decir que saben que Aris Rentería y Mercedes Angulo lo fueron sin sustentar el tiempo y por qué les consta; además cuando los testigos señalan que Julián les ayuda a ellas y a la manutención de los hijos que tuvieron con él, el dicho simplemente se edifica en la misma afirmación definida hecha en la demanda, sin sustento pormenorizado, como ya se dijo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Para la Sala además no es de recibo el argumento, expuesto por el apoderado en el memorial de apelación, relativo a que si una mujer tiene hijos con un hombre, el hecho de procrear sea equivalente a ser compañero permanente, pues esta situación cualificada debe demostrarse.

Finalmente para la Sala el testimonio de la señora Nidia Garcés de Lozano, rendido ante el juez civil municipal de Buenaventura el día 12 de septiembre de 1995, en atención a la comisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no sirve para demostrar la condición de damnificados de las personas que se afirmaron como compañeras permanentes, hermanos, hijos —y no probaron el parentesco o la otra calidad—: La declarante se limitó a decir que las compañeras, hermanos, hijos y madre de la víctima directa sufrieron profundo dolor moral porque se sintieron muy consternados y afligidos a raíz del deceso del señor Julián Salazar Palacios; como puede verse la declarante no indicó la ciencia de su dicho (fl. 46 y vlto. c. pruebas).

Ahora partiendo del resultado probatorio de las condiciones de madre, hijos de algunos y de hermanos de otros, para la Sala es suficiente la demostración del estado civil para tener por establecido el dolor moral que padecieron Ana Isabel Palacios Chaverra (madre); Margarita Chaverra Palacios y María Marleny Ibargüen Palacios (hermanas maternas); y Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo (hijos extramatrimoniales), todos de Julián Salazar Palacios.

b) Daño material:

La demanda también afirmó la existencia de daño emergente y lucro cesante:

b.1. de una parte, para Mary Felisa Salazar de Valdés por el pago que realizó para la inhumación del cadáver de Julián Salazar Palacios, en la suma $ 105.000, que fueron cancelados a la funeraria San Jorge y administración del Cementerio Católico de Buenaventura (fls. 47 a 49 c. ppal.). Estos documentos privados, relativos a los pagos efectuados por Mary Felisa Salazar, y allegados en original son prueba del menoscabo, porque se aportó en vigencia del Decreto Ley 2.651 de 1991, según el cual los documentos privados allegados respecto a los cuales la contraparte no solicitó su ratificación pueden valorarse (arts. 22 y 25 num. 2) y además corresponden a los gastos de funeraria y arrendamiento de bóveda. El anterior estudio permite concluir que la parte actora tuvo razón cuando afirmó que el tribunal no analizó ni verificó que ella sí probó ese hecho.

b.2. de otra parte, para Julián Enrique Salazar Angulo y Jorge Leonardo Salazar Angulo, quienes acreditaron que son hijos de Julián Salazar Palacios, y que nacieron el día 28 de julio de 1988 (fl. 20 c. ppal.) y el 14 de marzo de 1990 (fl. 19 c. ppal.), respectivamente, es obvio que al ser menores para el momento en que falleció su padre, 14 de julio de 1992, perdieron la ayuda económica que por ley les correspondía hasta antes de llegar a su mayoría de edad (art. 422 del Código Civil, modificado por Ley 27 de 1977).

3. Nexo de causalidad. 

Corresponde ahora averiguar si la conducta imputada y probada de riesgo creado contra la Nación (imputabilidad física del daño), fue causa eficiente y determinante para ocasionar los daños probados (imputabilidad jurídica). En concordancia con lo anterior es de anotarse que los daños morales y materiales padecidos por los demandantes con ocasión de la muerte del señor Julián Salazar Palacios, no sólo tienen nexo físico con la conducta irregular desplegada por el Estado, sino también nexo jurídico debido a que no existe duda de que tal conducta fue la que desencadenó en forma exclusiva la producción del hecho dañino. y si bien, como ya se anotó antes en el capítulo de conducta, la justicia penal absolvió al agente estatal por encontrar probado el caso fortuito, éste mismo no es exonerante de responsabilidad debido a que él ocurre dentro del campo de actividad del responsable y por lo mismo al no ser imprevisto o imprevisible no tiene carácter liberatorio; por esto mismo el caso fortuito no sirve para estructurar exonerante de responsabilidad, precisamente porque su naturaleza dice de la actividad interna de las cosas, y la exonerante alude a la causa extraña o ajena (hecho exclusivo o de la víctima o de un tercero o fuerza mayor); así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta sección (12)

El estudio de los tres elementos de responsabilidad objetiva por riesgo, permite llegar a la misma conclusión a la cual llegó el tribunal a quo, de responsabilidad de la Nación, aunque bajo otro título jurídico de imputación.

4. Cuantificación de los perjuicios.

a) Para la medición del perjuicio moral, dada su naturaleza, no existe patrón objetivo para tasarlo y por ello, como lo dice la jurisprudencia, la indemnización sólo cumple un papel paliativo o de mitigación del bien inmaterial afectado, debido a que no lo resarce ni lo repone. Para efectos indemnizatorios, la Sala en sentencia del 6 de septiembre de 2001(13) hizo recuento sobre la evolución de la jurisprudencia d en materia de liquidación del perjuicio moral y fijó la nueva orientación. Precisó que desde cuando el Consejo de Estado asumió competencia para conocer de las demandas de responsabilidad extracontractual instauradas contra el Estado acudió al artículo 95 del Código Penal de 1936 para efectos de cuantificar el perjuicio moral; que a partir de la sentencia del 9 de febrero de 1978(14), decidió actualizar la suma de dos mil pesos fijada en dicha norma, teniendo en cuanta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, concluyendo que el tope máximo establecido es esa disposición equivalía en el año de 1937, a lo que para la fecha de la sentencia, costaban 1.000 gramos de oro(15). Indicó que desde el año de 1978 se ha continuado aplicando la fórmula de remisión al oro, la cual fue recogida por el nuevo código penal —Decreto 100 de 1998—, donde se indicó que “() Si el daño moral ocasionado por el hecho punible no fuere susceptible de valoración pecuniaria, podrá fijar el juez prudencialmente la indemnización que corresponda al ofendido o perjudicado hasta el equivalente, en moneda nacional, de un mil gramo oro. Esta tasación se hará teniendo en cuenta las modalidades de la infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencia del agravio sufrido” (art. 106) y fijó la nueva orientación jurisprudencial, según la cual la liquidación de la indemnización por concepto del perjuicio moral, se debe efectuar ya no con base en el patrón oro, sino con fundamento en el salario mínimo legal; para ese efecto hizo referencia a:

• La modificación del valor del oro en proporción completamente distinta, “por lo general muy inferior, a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano”;

• La inexistencia de un nexo entra las variaciones del valor de estos dos rubros;

• La denominación de las obligaciones en oro “es un método absolutamente inadecuado para conservar la capacidad adquisitiva del acreedor o de la víctima”;

• La reparación integral y equitativa del daño, que exige el artículo 16 de la Ley 446 de 1998;

• El abandono necesario del criterio adoptado por el Consejo de Estado desde el año de 1978, mediante el cual se daba aplicación extensiva a las normas que al respecto traía el Código Penal.

• Las razones nuevas de orden jurídico, “apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión”.

Y concluyó:

Que “establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condena, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código [Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cubre su mayor intensidad, pude fijase en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda ()”(16).

Y en sentencia proferida el día 13 de febrero de 2003, expediente 2605, se resaltó el carácter de la facultad de cuantificación del perjuicio moral: “() la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio ()”, y que por ello la sugerencia hecha por la Sala en el fallo proferido el día 6 de septiembre de 2001 sobre la imposición de condenas por perjuicio moral en un máximo de 100 salarios mínimos legales(17) no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra además una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral, como lo ha dicho la Sala en otras oportunidades.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el daño moral lo probaron Ana Isabel Palacios Chaverra (madre); Margarita Chaverra Palacios y María Marleny Ibargüen Palacios (hermanas maternas); y Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo (hijos extramatrimoniales), de Julián Salazar Palacios, atendiendo el parentesco de cercanía con la víctima, en mayor y menor grado, se fijan los siguientes valores como indemnizaciones:

• $ 33.868.690 correspondientes al valor de mil gramos de oro a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada una de las siguientes personas: Ana Isabel Palacios Chaverra, madre; y Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo, hijos extramatrimoniales, de Julián Salazar Palacios.

• $ 16.934.345 correspondientes al valor de quinientos gramos oro a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada una de las siguientes personas: Margarita Chaverra Palacios y María Marleny Ibargüen Palacios, hermanas maternas de Julián Salazar Palacios.

La conversión de los gramos en salarios mínimos legales es la siguiente:

1 gramo (9 de junio de 2004) = $ 33.021.97

1.000 gramos de oro = $ 33.868.690

500 gramos de oro = $ 16.934.345

Esos valores de pesos en salarios mínimos legales mensuales son los siguientes: Debe partirse que el salario mínimo legal mensual en enero de este año de 2004, es decir por $ 358.000. En consecuencia la indemnización para Ana Isabel Palacios Chaverra, madre; y Julián Enrique y Jorge Leonardo Salazar Angulo, hijos extramatrimoniales, será por 94.60 salarios mínimos legales mensuales ($ 33.868.690), y para los demás demandantes Margarita Chaverra Palacios y María Marleny Ibargüen Palacios, hermanas maternas, por 47.30 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno ($ 16.934.345).

b. Perjuicios materiales:

Por gastos funerarios y a favor de Mary Felisa Salazar de Valdés: Se actualizarán $ 105.000, con el dato del último índice reportado por el DANE para cuando se dicta esta sentencia (índice final), partiendo del último mes de pago de los gastos funerarios (índice inicial), que fue el del mes agosto de 1992.

83
 

Por indemnizaciones históricas y futuras de los hijos:

Se tendrá en cuenta que, como bien lo dijo el tribunal, se probó que Julián Salazar Palacios devengaba la suma de $ 120.000 para la fecha de su muerte, 12 de julio de 1992, en la Empresa Braceros Independiente de Buenaventura. A esta suma se le descontará el 25% que sería lo que la víctima destinaba para sí ($ 30.000); el valor resultante ($ 90.000) se actualizará con el último índice reportado por el DANE para cuando se dicta esta sentencia; el resultado se dividirá en dos que será la base económica para liquidar.

84
 

• Liquidación histórica para Julián Enrique Salazar y para Jorge Leonardo Angulo:

El primero de los nombrados contaba con 3.96 años de edad (47.52 meses), para el día que murió su padre, porque nació el 28 de julio de 1988 (fl. 20 c. ppal.); y para el mes de junio de 2004, cuando se dicta esta sentencia, han corrido 11.95 años (143.4 meses), desde el momento de ocurrencia del hecho dañino.

El segundo de los nombrados contaba con 2.32 años de edad (27.84 meses), para el día que murió su padre, porque nació el 14 de marzo de 1990 (fl. 20 c. ppal.); y para el mes de junio de 2004, cuando se dicta esta sentencia, han corrido, igualmente, 11.95 años (143.4 meses), desde el momento de ocurrencia del hecho dañino.

Fórmula:

Base económica

85
 

La liquidación histórica es entonces, idéntica para cada uno de dichos demandantes.

• Liquidación futura para Julián Enrique Salazar Angulo:

Se tomarán 25.08 meses que es lo que le falta hacia el futuro para adquirir la mayoría de edad.

Fórmula:

86
 

• Liquidación futura para Jorge Leonardo Salazar Angulo:

Se tomarán 44.76 meses que es lo que le falta hacia el futuro para adquirir la mayoría de edad.

Fórmula:

87
 

• Total de indemnizaciones:

Para Julián Enrique Salazar Angulo $ 49.983.240,41

Para Jorge Leonardo Salazar Angulo $ 53.515.305,67

5. Llamamiento en garantía:

El agente Diego Fernando Trujillo Marín fue vinculado al proceso por solicitud formulada por el agente del Ministerio Público, y fue representado en el trámite del proceso por curado ad litem. Antes de decidir, es necesario distinguir, en primer lugar, la responsabilidad estatal y la del agente, como fuente de relaciones jurídicas independientes en su alcance y contenido; esta distinción fue efectuada, entre otras, en providencia dictada el día 6 de octubre de 1994, expediente 9.803 (Actor: Luis Eduardo Henao Campiño, demandada: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional), en la cual se precisó lo siguiente:

“Pero sea que se instaure la acción autónoma de repetición luego del proceso de responsabilidad o que se acumulen en un mismo proceso a través del llamamiento, se observará en todo caso dos relaciones jurídicas diferentes en cuanto a su alcance y contenido de un lado la relación demandante demandado, en el cual se discute la responsabilidad de la persona pública por los perjuicios causados con sus actos, hachos, omisiones, operaciones administrativas o contratos. Es ésta la relación principal y propia del litigio de responsabilidad de otro lado, la relación parte demandada —tercero, cuando aquella considera que éste último, o sea el funcionario o es— funcionario, pudo comprometerla con su conducta dolosa o gravemente culposa de su funcionario, deberá pagarle lo que tenga que reconocerle al demandante triunfador de la litis, total o parcialmente ()”.

En lo que concierne con el “llamamiento en garantía” su prosperidad está en cada caso, a la determinación previa de la responsabilidad de la entidad estatal, en segundo término, a la relación directa entre la obligación de indemnización a cargo de la entidad pública y la actuación irregular del agente estatal y en tercero y último término, al carácter gravemente culposo o doloso de la conducta de éste.

Para este caso hay que tener presente que como el agente estatal fue absuelto de responsabilidad en juicio penal, la decisión proferida en el proceso penal surte efectos para el llamamiento en garantía hecho por la administración y, por lo tanto, no puede ser valorada de nuevo la conducta del agente. El policía Diego Fernando Trujillo Marín fue absuelto del delito de homicidio por el presidente del consejo verbal de guerra el día 15 de septiembre de 1994 decisión que fue confirmada por el tribunal superior militar, el día 1º de noviembre de 1994 (fls. 200 a 204, 211 a 215 c. pruebas).

Sobre las consecuencias que tiene la decisión penal sobre la conducta del agente Público al analizar el llamamiento en garantía —no de la responsabilidad patrimonial del Estado— la Sala dijo lo siguiente y citando la doctrina nacional(18), en sentencia proferida el 26 de junio de 2003(19):

“En primer, lugar digamos que cuando una conducta susceptible de enmarcarse dentro de un delito penal es también y únicamente violatoria de una obligación contractual de medio , o da origen exclusivamente a una responsabilidad civil extracontractual con culpa probada del artículo 2341 (es decir en aquellos casos en que tanto el ilícito penal como el civil se fundamentan necesariamente en la culpa probada) el juez civil está completamente ligado a lo que sobre a la culpabilidad afirme o niegue el juez penal. Así sucede no solo cuando la sentencia penal sea condenatoria, sino también cuando ella sea absolutoria por ausencia de culpa. Ello ocurrirá, por ejemplo con la responsabilidad civil contractual o extracontractual de los médicos, en caso de lesiones personales o muerte del paciente. En este ejemplo tanto la responsabilidad penal como la civil del médico, comprenden tanto el comportamiento doloso o culposo del agente, y requieren ambos que se demuestre la culpabilidad del mismo y si el juez penal afirmó o la negó, el juez civil no puede entrar a discutir es decisión de la justicia penal, así la demandad por conducta del médico se inicie contra su civilmente responsable. El juez civil de respetar y no contradecir lo decidido por el juez penal, en lo relativo a la existencia del hecho, del nexo causal y de la culpabilidad ()”.

Por lo tanto como ya se juzgó la conducta del agente Trujillo por la justicia penal y se absolvió por encontrar probado caso fortuito en la producción del hecho de muerte de Julián Salazar Palacios, se declarará probada, oficiosamente, la excepción de cosa juzgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

C. Costas.

Como para el momento en que se dicta este fallo la Ley 446 de 1998 indica, en el artículo 55, que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente, y ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a la imposición de constas en esta instancia procesal.

En mérito de lo expuesto, la sección tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODÍFICASE la sentencia proferida el día 2 de mayo de 1997 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (sección primera). En consecuencia se dispone:

1. DECLÁRASE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE a la Nación colombiana (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) por los perjuicios causados con la muerte del señor Julián Salazar Palacios, en hechos acaecidos en el municipio de Buenaventura Valle, el 14 de julio de 1992, a los señores Ana Isabel Palacios Chaverra; Margarita Chaverra Palacios y María Marleny Ibargüen Palacios; Julián Enrique Salazar Angulo y Jorge Leonardo Salazar Angulo; y Mary Felisa Salazar de Valdés.

2. CONDÉNASE a la Nación colombiana (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional) a indemnizar los perjuicios causados a las siguientes personas:

A. Por perjuicios morales:

• Ana Isabel Palacios Chaverra (madre) en $ 33868690.

• Margarita Chaverra Palacios y María Marleny Ibargüen Palacios (hermanos), para cada uno, en la suma de $ 16934345

• Julián Enrique Salazar Angulo y Jorge Leonardo Salazar Angulo (hijos), para cada uno en la suma de $ 33868690.

B. Por perjuicios materiales:

• Mary Felisa de Valdés en la suma de $ 493311,10

• Julián Enrique Salazar Angulo en la suma de $ 49983240,41

• Para Jorge Leonardo Salazar Angulo $ 53515305,67

Todas las sumas anteriores devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

3. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

4. DECLÁRASE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, en relación con la conducta del señor llamado en garantía, agente Diego Fernando Trujillo Marín, por los hechos ocurridos el día 14 de julio de 1992, en los que resultó muerto el señor Julián Salazar Palacios. Por lo tanto estése a lo resuelto en la sentencia absolutoria proferida por el tribunal superior militar, dictada el día 1º de noviembre de 1994, que confirmó la dictada por el Juez de Primera instancia el día 27 de junio del mismo año.

5. La Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin costas.

7. EXPÍDANSE, por la secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—German Rodríguez Villamizar. 

1 Exp. 6.754.

2 La evolución de la responsabilidad en el abuso de los derechos y otros ensayos. Bogotá, Ed. Temis, 1982. Monografías jurídicas Nº 24, pp. 83 y 84.

3 Citado por Themistocles Brandao Cavalcanti en Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastoss, 1960. 4ª edi. V. I, p. 196.

4 Exp. 10.024. Actor: Javier Elí Ríos Castrillón.

5 Véase, entre otras, las sentencias de 17 de mayo de 2001. Actor: Aura Elcira Zúñiga y otros. Demandado: departamento del Cauca (Contraloría) y de 27 de mayo de 2003, exp. 13.817, Actor: María Oliva Echeverri.

6 Sección Tercera, exp. 13.446.

7 Ver sentencias de 26 de agosto de 1999, exp. 13.041. Actor: Nurys González y otros, de 2 de marzo de 2000, exp. 11.945. Actor Epifanía Riascos y de mayo 2 de 2002, exp. 13.247. Actor: José Octavio Prado.

8 Actor: José Octavio Prado y otros. Referencia: 13.247. Ver también los siguientes fallos proferidos: *) 2 de marzo de 2000, exp. 11.94, demandante: Epifanía Riascos y otros. *) de 15 de junio de 2000, exp. 12.423, demandante: Ligia Felizzola Ahumada y otros. *) de 8 de noviembre de 2001 (13.007, Actor: Orlando Miguel Bermúdez Torres y otros) *) de 22 de noviembre de 2001 (13.113 Actor: Ninfa Estella Castaño y otros).

9 Radicación 44001-23-31-000-1995-0388-01. Actor: Álvaro de Jesús Pérez Medina y otros.

10 Arturo Valencia Zea. Derecho Civil. Tomo V. Derecho de Familia. Sexta Edición. Temis, pp. 442 y ss.

11 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Actor: Federico Martínez y otros. Gaceta Judicial Nº 2399.

12 Fallos dictados: *) el 30 de junio de 1989 (exp. 5.225, actor: Javier de Jesús Ángel); *) 15 de junio de 2000 (exp. 12.423. Actor: Ligia Felizzola Ahumada y otros); *) 24 de mayo de 2001 (exp. 12.819; actor: Actor: Ana Ruth Carabalí Lucumi y otros); *) 2 de mayo de 2002 (exp. 13477, actor: Ronis Jhon Zambrano Hernández y otro); *) 3 de julio de 2003 (exp. 13.926; actor: Alfonso Rufino Coronado).

13 Sección tercera, exp. 13.232 y 15.646; actor: Belén González y otros.

14 Exp. 1.632.

15 Parece haberse cometido una imprecisión, es este fallo, al determinar que mil gramos de oro, en la fecha del mismo, costaban $ 49.980, suma que sirvió para establecer el monto de la condena. En efecto, conforme a los datos oficiales del Banco de República, el 9 de febrero de 1978, mil gramos de oro constaban $ 215.140. Una observación similar fue hecha por el doctor Ricardo Hoyos Duque, Magistrado de esta sala, respecto de la sentencia proferida el 13 de febrero de 1978, en su libro La responsabilidad patrimonial de la administración pública, edit. Temis, Bogotá, 1984, p. 123.

16 Sección tercera del Consejo de Estado, exp. acumulados 13.232 y 15.646. Actores: Belén González y otros; William Alberto González y otra.

17 Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232 - 15.646.

18 Javier Tamayo Jaramillo. de la responsabilidad civil; Tomo I Teoría General de la Responsabilidad; capítulo II. Relaciones entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, pp. 15 y ss.

19 Sección tercera, Sentencia de 26 de junio de 2003, exp. 13.689, actor: Álvaro de Jesús Pérez Medina y otros.