Sentencia 1992-09914 de febrero 23 de 2009

 

Sentencia 1992-09914 de febrero 23 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL 

TERRENOS DE BAJAMAR

Son bienes de uso público.

EXTRACTOS: «3. Es verdad de a puño que desde tiempos inmemoriales, los bienes de uso público, por estar al servicio de todos, no se encuentran en el comercio humano. Por esto, de conformidad con el artículo 2519 del Código Civil, son imprescriptibles, inclusive inembargables e inalienables, al tenor de lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Política.

El Código Civil de Colombia no reguló lo relativo al “mar adyacente y sus playas”, como si el de Chile, del cual aquel fue tomado, al decir en el artículo 589 que eran “bienes nacionales de uso público o bienes públicos”, y definir en el artículo 594 como “playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas”. Esa omisión se explica, seguramente, en palabras de la Corte, porque se trataba de una “materia que ya era más propia del derecho público” o porque la Ley 84 de 1873 adoptó como Código Civil de la Nación el que “regía en algunos de los extinguidos estados federados del país que no poseían territorio marítimo, en especial el de Santander”, ratificado luego “como estatuto civil nacional por la Ley 57 de 1887” (4) .

Lo anterior, desde luego, no implicaba que esos bienes, no fueran de uso público, porque al exigir el artículo 679 del Código Civil patrio, permiso de la autoridad competente para construir alguna obra sobre las “playas” y “demás lugares de propiedad de la unión”, considerados estos como bienes de “uso público” o “públicos” cuando su uso correspondía a todos los habitantes de un territorio (C.C., art. 674-2), estaba significando esa naturaleza. Condición que igualmente ratificó, entre otras disposiciones, el artículo 166 del Decreto 2324 de 1984, al señalar que las “playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público”, y el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, al incluirlos como parte del espacio público.

En esa medida, resulta incontrastable que los terrenos de bajamar, entendiendo por tales los que se “encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja” (D. 2324/84, art. 167, num. 4º), son bienes de uso público por naturaleza, cuyo dominio pertenece a la Nación. De ahí que como lo indicó la Corte en el último precedente citado, en la tradición jurídica, “casi que sobra que acto alguno lo ratifique, pues así emana de su especial condición de pertenecer a las playas del mar, al litoral o a las costas”.

4. Siendo claro que los terrenos de bajamar son de uso público y, por lo tanto, imprescriptibles, inembargables e inalienables, pasa a examinarse si el lote a que se refiere las escrituras públicas impugnadas, el cual, como se dijo, hacía parte de otro de mayor extensión que se adquirió por el modo de la prescripción, tenían en el caso esa condición.

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6. Ahora, si conforme se concluyó en uno de los dictámenes ordenados en la sentencia de casación, el lote de la parte demandada tenía un área de 6.006.36 M2, según ficha catastral, siendo la actual de 3.922.51 M2, o un área de 4.889 M2, como aparece en los títulos que exhibe el demandado Barraza Ojeda, y si la Nación era propietaria de “35 x 54 metros cuadrados” (1.890 M2), tal cual se clarificó en el oficio de 30 de abril de 1993, citado, surge diáfano que en los contratos impugnados se dispuso de terrenos que eran inalienables, inembargables e imprescriptibles.

La nulidad absoluta de dichos negocios jurídicos, por lo tanto, se abre paso, por objeto ilícito, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 1519 y 1521 del Código Civil, porque si bien el terreno, “en parte”, se encontraba en el comercio, como también lo concluyó el juzgado, lo cierto es que al haberse efectuado la enajenación como un todo inescindible, el vicio, por lo mismo, se comunica a toda la unidad. Con mayor razón, cuando frente a unas eventuales restituciones, respecto de lo que podía negociarse, dadas las circunstancias específicas que ofrece el caso, pues, en principio, no se puede repetir lo dado o pagado por un objeto ilícito a sabiendas (art. 1525, ibíd.), resultaría materialmente imposible establecer, por ejemplo, qué precio corresponde a lo que es susceptible de propiedad privada, o dónde se ubican los metros cuadrados de la Nación.

En todo caso, como la nulidad absoluta ha sido solicitada por un tercero, en lo pertinente, nada hay que resolver sobre las restituciones mutuas, primero, porque en beneficio de la parte demandante nada fue impetrado, y segundo, porque la oficiosidad que en esa materia ha aceptado la jurisprudencia, en los eventos en que legalmente es factible una decisión al respecto, se predica entre las partes del contrato nulo. Como se explicó en la sentencia de 2 de agosto de 1999, arriba citada, “tratándose de la pretensión de un tercero no es dable ese mismo análisis, porque como ya quedó explicado, el interés de este se agota en la propia y exclusiva pretensión de nulidad, sin que pudiera entenderse la referida implicitud”.

Lo dicho, por supuesto, sin perjuicio de las acciones que correspondan a la Nación para la restitución de los bienes de su propiedad, como las playas y los terrenos de bajamar. Sin embargo, nada hay que trasladar a las autoridades respectivas para lo pertinente, porque como se observa en las copias que del proceso administrativo fueron allegadas, en el mismo se ordenó dar noticia sobre ese particular».

(Sentencia de 23 de febrero de 2009. Expediente 13001-3103-005-1992-09914-01. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Arrubla Paucar).

(4) Sentencia 120 de 7 de junio de 2005, expediente 1389.

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