Sentencia 19922 de mayo 5 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA

CRITERIOS PARA VALORAR LA DESPROPORCIÓN ENTRE AGRESIÓN Y REACCIÓN

EXTRACTOS: «La Corte se ocupa de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia le impartió confirmación a la condena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón al procesado Óscar Valencia Corrales como autor penalmente responsable de un doble delito de homicidio.

Hechos

Fueron relatados de la siguiente manera en la sentencia de primera instancia:

“En la tarde del doce (12) de octubre del pasado año (2000), sin autorización alguna, incursionaron los jóvenes Jhon Fredy Bedoya Arroyave, Fernando Franco Betancur y Edison Osorio Franco, en predios de propiedad de Óscar Valencia Corrales, situados en el sitio conocido como “La Repollera”, concretamente en las mangas “Las Crucetas” vereda Sonadora, perteneciente a esta comprensión territorial. Parte del tiempo lo dedicaron a bañar unos perros que consigo llevaban y con posterioridad, como de costumbre cuando dicho lugar visitaban, enlazaron un equino que allí pastaba y con el fin de pasarlo hacia un sitio más adecuado para montarlo, movieron un estacón, instante en el cual una arma de fuego fue disparada, impactando en las humanidades de Fernando y Jhon Fredy, el primero en el mismo sitio dejó de existir y el otro logró escabullirse, habiendo observado posteriormente a quien en forma tan alevosa procedió e identificándolo de inmediato, pues era persona de toda la vida conocida y que, además, en dicho lugar trabajaba, Óscar Valencia Corrales, quien al sentirse descubierto, continuó con la arremetida percutiendo de nuevo el artefacto, pero sin lograr dar en esta ocasión en el blanco, toda vez que sus víctimas se pusieron fuera de su alcance. A raíz de estos acontecimientos el victimario abandonó la región y transfirió a su compañera permanente, a título de venta, algunos de sus bienes”.

Actuación procesal

Con fundamento en el acta de levantamiento del cadáver, la fiscalía 128 seccional dispuso la prosecución de la investigación preliminar y una vez recepcionado el testimonio de Jhon Fredy Bedoya Arroyave e identificado plenamente el imputado, decretó la apertura de la instrucción (fl. 15).

Como no fue posible la captura del sindicado para oírlo en indagatoria, previo emplazamiento el instructor lo vinculó a la investigación mediante declaratoria de reo ausente, designándole defensor de oficio (fls. 33, 37 y 38).

La fiscalía 114 seccional, a quien fueron reasignadas las diligencias, dictó en contra de Óscar Valencia Corrales medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, como autor de un doble delito de homicidio, uno de ellos en el grado de tentativa (fls. 68 a 74).

Una vez cerrado el ciclo instructivo, la fiscalía calificó el mérito del sumario el 6 de abril de 2001 mediante resolución de acusación en contra del procesado por la comisión de tales delitos, en concurso (fls. 151 a 156).

Ejecutoriada la anterior resolución, el proceso se remitió al Juzgado Penal del Circuito de Sonsón (Antioquia), el cual se encargó de dar trámite a la correspondiente etapa de la causa (fls. 175 y ss.).

Celebrada la audiencia de juzgamiento (fls. 264 a 269), el 2 de noviembre de 2001 profirió sentencia condenatoria en contra del procesado, a quien en correspondencia con los cargos formulados le impuso la pena principal de 18 años y 9 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término (fls. 283 a 314).

El defensor del procesado interpuso y sustentó el recurso de apelación contra el anterior fallo, y una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia le impartió confirmación a la condena en sentencia de 12 de abril de 2002, aunque rebajó el término de la sanción accesoria a 10 años y ordenó dar aplicación al artículo 58 del Código de Procedimiento Penal en relación con un bien de propiedad del sentenciado (fls. 371 a 391).

Contra esta sentencia, en oportunidad, el procesado —quien fuera capturado con posterioridad a la sentencia de primer grado— y el defensor interpusieron el recurso extraordinario de casación (fls. 399 y 424) y dentro del término legal un nuevo defensor designado por el sentenciado y adscrito a la Defensoría del Pueblo presentó el correspondiente libelo sustentatorio (fls. 457 a), siendo admitido por la Sala (fl. 4, cdno. Corte).

(...).

Se considera:

1. Centra el ataque el censor en la supuesta equivocación en que habría incurrido el tribunal por no reconocer la aminorante punitiva propia del exceso en los límites de la legítima defensa, tal como a su juicio lo demuestran los testimonios de Jhon Fredy Bedoya y Edison Osorio Franco.

(...)

En punto de la aminorante el delegado propone una solución material satisfactoria del problema, al sostener que en este caso no es posible plantear el exceso propio de la figura porque este solo se presenta cuando se reúnen todos los requisitos de la legítima defensa con excepción de la proporcionalidad, lo cual no ocurre en este caso.

De conformidad con la citada disposición, el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del articulo 32, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible.

El precepto cobija al procesado que, encontrándose en un principio dentro de los límites propios de una de las causales de justificación allí contempladas, se extralimita, caso en el cual si bien no le asiste el derecho de ampararse en ellas para enervar la acusación, lo cobija un tratamiento especial que se traduce en un menor grado de exigibilidad y, por tanto, de punibilidad.

La locución “El que exceda los límites...” está demostrando que para poder hablar de exceso resulta indispensable que el sujeto activo se encuentre en determinado momento dentro de los límites propios de la justificante que se alega.

El impugnante no discute lo anterior, sino que al presentar como enunciado la legítima defensa, sostiene que en este caso se encuentran demostrados los requisitos exigidos por la figura “solo que habría una desproporción en la reacción frente a la situación justificante”.

Frente a ello responde el delegado que aparte de la existencia de la agresión al patrimonio económico y de su actualidad, ninguno de los demás requisitos necesarios para que se estructure la legítima defensa se configuran en este caso, por lo que el problema no es de proporcionalidad entre la agresión y la defensa, sino de ausencia de los mismos, por lo cual no se puede hablar de la posibilidad del exceso.

La Sala acoge el contenido de las reflexiones del delegado, pues, como se dijo, propone una solución acorde con la realidad probatoria.

El concepto básico del exceso en la legítima defensa cuando surge de la desproporción entre la agresión y la reacción, ha dicho la Sala (1) , precisa en todo caso de una valoración que por naturaleza es esencialmente subjetiva e implica un juicio ex ante, tomando en consideración, entre otros aspectos, el conjunto de circunstancias concretas en que se manifiesta la reacción; la identidad del propósito asumido, es decir, que el agente obre con la finalidad de defenderse; los medios escogidos y utilizados para repeler o hacer cesar la agresión, y la imagen o idea que de los hechos se formó el agredido ante la presión sicológica del temor, en forma tal que la decisión tomada se ajuste en lo posible a la situación vivida por los protagonistas.

Un examen corno éste, que si bien no asumieron los juzgadores de instancia porque la aminorante no fue alegada oportunamente y ni siquiera se vislumbraba la posibilidad de su reconocimiento, fue el que se planteó el representante de la sociedad en esta instancia para responder al censor, quien apenas atina en su planteamiento a señalar la existencia de la agresión al patrimonio económico del procesado y a la actualidad de la misma.

Se parte de considerar que existió efectivamente una agresión a los intereses patrimoniales de Valencia Corrales, como así lo reconocieron los propios acompañantes del occiso, uno de ellos víctima también de los disparos realizados por aquél.

Nadie duda que los muchachos pretendieron sacar el animal que pastaba en el terreno de propiedad del acusado, al declarar Osorio Franco que su propósito era el de montar un caballo de propietario desconocido, ya que en oportunidades anteriores lo habían hecho y nadie les había llamado la atención, y cuando estaban en eso “sonaron cinco disparos” (fl. 64).

Posteriormente reafirmó tal circunstancia cuando sostuvo en referencia a sus acompañantes que

“Yo no sabía bien si ellos pedían permiso para montar en la bestia, solo que un día le pregunté a mi primo si él había pedido permiso y él me dijo que no me preocupara por eso, que sí nos dejaban montar. Pero ese día no pidieron permiso a nadie...” (fl. 216).

Jhon Fredy Bedoya Arroyave fue más específico al manifestar que

“Fernando me dijo que siguiéramos y estaba haciendo un día muy bonito y que siguiéramos luego de bañar los perros, para chalaniar la bestia... y con esta eran dos veces que yo iba a montarla, no tuve ni tenía intención de robar la bestia, los otros dos también llevaban intenciones de chalanear o montarla pero no la íbamos a robar” (fl. 9) y “en la manga las crucetas cogimos la bestia como entre negrita, la cual es de o debe ser de Óscar, de ahí el muchacho Edison empezó a sacar un estacón de un lindero para pasar a montarla a un plan, el estacón estaba flojito y yo le dije ... que no sacara ese estacón que de pronto nos metíamos en un problema y el muchacho ... lo alcanzó a sacar el estacón y volvió y se montó en la bestia en pelo, para pasarla al otro potrero y en ese instante sonaron los impactos de bala” (fl. 8).

Independientemente de que la intención de las víctimas haya sido la de hurtar el semoviente o que únicamente pretendían apoderarse momentáneamente del mismo para devolverlo posteriormente después de usarlo en su recreación, lo importante es que el comportamiento del procesado devino de la consideración de que en ese momento era objeto de un atentado a su patrimonio económico, pues no de otra manera se explica el ataque sorpresivo de que fueron víctimas los citados muchachos.

Bastaba probar entonces que en el caso concreto las víctimas procedieron de tal manera, para dar cumplido el requisito de la existencia de una agresión al patrimonio y de su actualidad, al margen claro está de si se trató o no de una agresión insignificante o de la discusión doctrinal que gira en torno a si el patrimonio económico es un bien defendible a costa del derecho a la vida.

No obstante, frente a las concretas circunstancias, difícil resulta suponer siquiera que hubiera existido en esos momentos la necesidad de la defensa por parte del procesado, requisito este que no puede confundirse con la proporcionalidad.

La necesidad de la defensa es una condición que deviene del análisis de un cúmulo de circunstancias que no es posible identificar de manera genérica, sino en relación con el caso concreto; así, entre otras, el modo, tiempo y lugar que rodearon el hecho, los bienes jurídicos en tensión, la entidad de la agresión e incluso los medios utilizados.

Y en lo tocante a este requisito, resulta incuestionable que el acusado disponía, por ejemplo, de otros medios menos gravosos para repeler la agresión a su patrimonio, pues dado que no había la posibilidad en esos momentos de un peligro real contra su vida e integridad personal, bien hubiera podido alertar a los insensatos jóvenes de su presencia en el lugar, llamándoles la atención por su abusiva conducta, máxime cuando uno de ellos era conocido suyo, o incluso disparar al aire, para que desistieran de su propósito, antes que sorprenderlos con un ataque directo contra su vida desde un lugar donde inicialmente no podía ser visto.

El concepto de la legítima defensa y del exceso en los límites que le son propios, requieren también de un elemento de carácter subjetivo que se concreta en el ánimo de defensa, el cual apunta a que el agredido debe obrar con conocimiento y voluntad de la situación de defensa necesaria.

Si bien la doctrina no ha sido uniforme sobre el punto, pues para algunos solo cuenta la defensa objetivamente dirigida contra la agresión, los demás, que se inscriben en la posición hoy dominante, propugnan por su aceptación. Tal como lo recuerda el tratadista Fernando Velásquez V. (2) , con aquella forma de razonar propia de la tradicional doctrina causalista debía admitirse como justificada la conducta de quien crea simplemente el pretexto de legítima defensa.

Pues bien, en el sub judice, si se toma en cuenta el comportamiento asumido por el procesado y que fuera relatado por los testigos —especialmente por Jhon Fredy Bedoya Arroyave—, fácilmente se advierte que su intención no fue otra que la de atentar desde un principio contra la vida e integridad personal de las víctimas.

El testigo Bedoya relató que fueron sorprendidos con varios disparos que el procesado, quien se encontraba detrás de “de una chamba que había pegadita cerca de donde nosotros estábamos”, dirigió contra ellos, y que aun después de herirlos, mortalmente en el caso de Fernando Franco Betancur, siguió disparándoles.

Esa sola circunstancia declarada por el testigo, y corroborada por su compañero de travesuras, indica claramente que su intención no fue la de accionar el arma para repeler simplemente la agresión al patrimonio económico, sino que su propósito estuvo enmarcado desde un principio dentro de una intolerante actitud de atentar contra la vida e integridad de los muchachos.

En ese sentido, la Sala encuentra que distinta es la conducta de la persona que rechaza con un arma de fuego a quien incursiona en su propiedad, causándole heridas de consideración, para impedir el despojo violento de sus bienes, caso en el cual y bajo determinadas circunstancias puede ser beneficiario de la aminorante punitiva.

Este evento nos muestra, por el contrario, a un sujeto que prevalido de su condición de propietario del terreno, arremete por sorpresa contra unos traviesos jóvenes y sin darles siquiera la oportunidad de reaccionar dispara hasta acabar con la vida de uno de ellos y herir a otro, y no deja de hacerlo sino en el momento que éste y el ileso se ponen fuera de su alcance.

La aminorante no fue establecida ciertamente para cobijar a aquellas personas intransigentes, que con el pretexto de la defensa de derechos propios o ajenos, reaccionan, como en este caso, de manera agresiva y desproporcionada frente a cualquier situación, sin medir las consecuencias de su conducta.

Como el censor no acredita, entonces, la ocurrencia de tales elementos propios de la justificante, reduciendo su análisis a la existencia y a la actualidad de la agresión, no es admisible pensar siquiera que los juzgadores de instancia obviaron plantearse la existencia de la aminorante punitiva, a la cual había que llegar a través de demostrar que el procesado se encontró en determinado momento dentro de los límites propios de la justificante y que fueron desbordados finalmente por la forma como procedió.

El cargo no prospera y, por tanto, acorde con lo expuesto por el delegado, la Corte, sin otras consideraciones, no casará la sentencia impugnada».

(Sentencia de casación, 5 de mayo de 2004. Radicación 19.922. Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla).

(1) Sentencia de abril 21 de 1998. Rad. 10453, M.P. Dr. Gómez Gallego.

(2) Manual de Derecho Penal. Edic. 2002, parte general, pág. 372. Editorial Temis.

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