Sentencia 1993-00039/25735 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 5001-23-31-000-1993-00039-01 (25.735)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Jaime Alberto Ríos Toro.

Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional y otros.

Referencia: Apelación de Sentencia. Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

9. Competencia.

9.1. Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante y demandada contra la sentencia del 6 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala Quinta de Decisión en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía(20).

9.2. Dado que el recurso de apelación contra la sentencia de instancia fue interpuesto por ambas partes procesales, la Sala no encuentra restringida su competencia de conformidad con lo establecido en el primer inciso del artículo 357 del CPC.

“Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.” (Énfasis fuera de texto)

10. Valoración probatoria.

10.1. De las copias simples.

La Sala le otorgará valor probatorio a los documentos allegados en copia simple, acogiendo el precedente jurisprudencial según el cual, es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario, y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Sobre el particular, mediante sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), esta Corporación sostuvo:

“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar.

(…)

En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas, en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto. Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo”(21).

10.2. Pruebas.

De los medios de convicción arrimados al plenario, la Sala destaca:

1. Copia simple del certificado SG-A 167 del 28 de junio de 1994 suscrito por el Gerente del Banco de la República en el que suministra información del Jaime Alberto Ríos Toro como empleado:

“Fecha de ingreso: marzo 1º de 1990.

Cargos desempeñados: Analista “B” de Construcciones y Edificios. De marzo 1º de 1990 hasta abril 30/92.

Analista “A” de Construcciones y Edificios. Desde mayo 1º de 1992 hasta mayo 31/94.

Jefe de servicios de Apoyo. Desde junio 1º a la fecha.

Salario Básico: $483.569

(…)

Servicios médicos, quirúrgicos y odontológicos: la institución colabora con el valor de la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria de sus empleados, pensionados y familiares inscritos en el servicio médico así:

Auxilio para empleados: el noventa por ciento (90%) de las tarifas que el Banco acuerde con los profesionales y entidades idóneas para la prestación del servicio.

Drogas: el auxilio es del ciento por ciento (100%) del costo.”(22)

2. Copia simple del Informe de explosión de carrobomba del 17 de febrero de 1991 suscrito por el Jefe de Grupo Antiexplosivos de la Sijin(23).

3. Copia simple del oficio del Instituto Metropolitano de Salud de Medellín- Metrosalud en donde aparece la lista de lesionados en el atentado terrorista Puente San Juan (Macarena) del 16 de febrero de 1991(24).

4. Copia simple del informe de atentado terrorista de la plaza de toros La Macarena suscrito el 4 de agosto de 1993 por el Jefe del Grupo inteligencia Sijin- Meval(25).

5. Dictamen pericial del 28 de noviembre del 2000 y su aclaración rendida por los peritos Jorge Alberto Martínez Chavarriaga y Alejandro Gómez A. en el que se evalúa el estado de salud y la pérdida de capacidad laboral surgidas con ocasión de la bomba del 16 de febrero de 1991, en el señor Jaime Alberto Ríos Toro.

En la aclaración al dictamen se señala:

“TOTAL DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL

DEFICIENCIA: 16.46%

DISCAPACIDAD: 0.8%

MINUSVALIA: 7.75%

TOTAL: 25.01%”(26)

6. Copia autentica del certificado de registro civil de nacimiento del señor Jaime Alberto Rios Toro, la que consta que nació el 4 de junio de 1965.(27)

11. Caso concreto.

En el plenario se encuentra acreditado que el 16 de febrero de 1993 estalló un carrobomba en el puente San Juan cerca a la plaza de toros La Macarena en la ciudad de Medellín, después de realizarse una corrida de toros.

Ahora bien, corresponde a la Sala estudiar si se configuran los elementos para declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, esto es, si con ocasión del carrobomba se le generó un daño al señor Jaime Alberto Ríos Toro y si el mismo [daño] es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

11.1. El daño.

El daño es el elemento principal sobre el cual gira la Responsabilidad civil en Colombia, pues el fundamento de ésta es la reparación de aquel y el límite a la reparación es la real entidad del mismo- Principio de Reparación Integral.

El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten varios aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido legalmente por el ordenamiento; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura(28).

11.1.2. En el caso de autos se tiene acreditado con la copia simple de la lista de lesionados del atentado terrorista puente San Juan (Macarena) del 16 de febrero de 1991, suscrita por Metrosalud que el señor Jaime Alberto Ríos Toro resultó lesionado con la explosión por lo que fue remitido al Instituto de Seguro Social.

Así las cosas el daño, en el sub lite, lo constituye la pérdida de capacidad laboral del señor Ríos Toro debido a las lesiones sufridas con ocasión de la explosión del carrobomba, además constituyen daño cierto los pagos que con ocasión de dicha lesión tuvo que realizar el señor Ríos Toro, entendiéndose por estos todos los gastos médicos y quirúrgicos.

11.2. La Imputación.

Corresponde a la Sala estudiar si los daños sufridos por el señor Jaime Alberto Ríos Toro pueden ser imputados al estado conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución según el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”.

11.2.1. El artículo 90 constitucional prevé que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, es decir existe la posibilidad que ante la presencia de un daño antijurídico el Estado no deba responder pues no le es imputable el mismo.

En tratándose de daños ocasionados por atentados terroristas, al ser causados materialmente por terceros, en principio se excluye la imputación de los mismos al Estado, por lo que no estaría llamado a responder. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido criterios de atribución al Estado de los daños producidos por atentados terroristas, a saber:

a) A partir de un régimen subjetivo de responsabilidad, esta Corporación ha establecido que se le puede endilgar responsabilidad al Estado por falla del servicio cuando tenía conocimiento del atentado terrorista y no utilizó sus poderes para impedir el mismo [omisión].

Sobre el particular en sentencia del 9 de junio de 2010 se manifestó:

“Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(29)(30).

Por otro lado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad, la jurisprudencia de esta Sección ha imputado los daños al Estado a través de la teoría del daño especial.

En el régimen del daño especial, lo importante es la anormalidad del daño sufrido por la víctima con el cual se genera un rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, que el administrado no está en el deber de soportar.

Sobre el particular ha dicho la Sala:

“(…) la teoría del daño especial reúne una buena muestra de los eventos en que, con el ánimo de buscar un resultado satisfactorio desde una óptica de justicia material, se utiliza la equidad para reequilibrar las cargas públicas, honrando así el principio de igualdad. En otras palabras, la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración en situaciones concretas, objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de impulsión de la acción reparadora del Estado, como se observará al momento de considerar el caso concreto.

“Se denota claramente la gran riqueza sustancial que involucra la teoría del daño especial y, como no, lo esencial que resulta a un sistema de justicia que, como el de un Estado Social de Derecho, debe buscar mediante el ejercicio de su función la efectiva realización de los valores y principios esenciales al mismo”(31).

Pero ha determinado la jurisprudencia de esta Corporación, que para efectos de endilgar responsabilidad al Estado en los eventos en que los daños se derivan de ataques terroristas, para que proceda la imputación por daño especial, es necesario acreditar que el daño se produjo “con ocasión de un ataque dirigido por terceros en contra de un establecimiento militar o policivo o un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal”.

11.2.2. En el libelo introductorio se manifiesta que las autoridades tenían conocimiento que se iba a realizar un atentado terrorista en la plaza de toros La Macarena el día de los hechos. Sin embargo, esta manifestación no logró probarse en el plenario, que de haberlo hecho implicaría la imputación de los daños a la entidad demandada bajo un régimen de falla del servicio como quedó arriba expuesto.

Ahora bien, de acuerdo al principio iura novit curia, pude estudiar la Sala si los hechos y lo demostrado en el plenario se adecuan a algún criterio de imputación diferente al señalado en la demanda.

Considera la Sala, entonces, que los daños sufridos por el señor Jaime Alberto Ríos Toro le son imputables a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional bajo la teoría del daño especial. A la anterior conclusión se arriba pues con la explosión se generó un daño anormal y especial al señor Ríos Toro, con el cual se rompió el principio de igualdad frente a las cargas públicas, además que dicho daño se produjo con ocasión de un ataque dirigido por terceros contra un elemento representativo del Estado, en este caso miembros de la Sijin.

En efecto, el carrobomba iba dirigido contra miembros de la Sijin según da cuenta el informe de Explosión de Carrobomba del 17 de febrero de 1991, en donde el Jefe de Grupo Antiexplosivos señala como móviles del atentado:

“Sujetos desconocidos que al parecer esperaban la retirada del personal de la Sijin y a la vez a que abordaran a los vehículos los cuales se encontraban parqueados bajo el Puente de la Autopista Sur carrera 64 con San Juan (La Macarena) para así dar iniciación con sistema ineléctrico una carga aproximada de 150 kilogramos de dinamita con metralla”.

Información que es corroborada con el informe del 4 de agosto de 1993 suscrito por el Jefe del Grupo inteligencia Sijin- Meval, en que se señala:

“Siendo aproximadamente las 18:20 horas del día 16 de febrero de 1.991, cuando se había terminado la Corrida de toros en la plaza la Macarena, sujetos desconocidos que al parecer esperaban la retirada del personal de la Sijin en sus respectivos vehículos, los cuales se encontraban parqueados bajo el puente de la autopista sur con la calle 44 San Juan, accionaron una carga explosiva de aproximadamente 150 kilos de dinamita con metralla, dejando como saldo 21 personas muertas entre ellas 9 miembros de la Policía Nacional”.

Por lo anterior se tiene que a la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional le son imputables los daños irrogados al señor Jaime Alberto Ríos Toro a título de daño especial, daños que pasarán a liquidarse.

12. Indemnización de perjuicios.

12.1. Perjuicios materiales.

12.1.1. Daño emergente.

El daño emergente en el caso bajo estudio lo constituyen los gastos médicos que el señor Jaime Alberto Ríos Toro efectuó con ocasión de las lesiones sufridas en el acto terrorista.

En el certificado SG-A 167 del 28 de junio de 1994 el Gerente del Banco de la República remite un cuadro de los costos de los servicios médicos prestados al señor Jaime Alberto Ríos toro, discriminando los gastos realizados por el empleador y los que directamente realizó el señor Ríos Toros, siendo los últimos el daño emergente indemnizable.

En el cuadro se establece:

Cuadro resumen costos servicios médicos

FechaOrdenProfesional y/o entidadProcedimientoCosto totalvr. AuxilioValor a cargo del empleado
22-04-91592234Ofelia Villegas y Cía. Guantes de presión15.680.00-0-15.680.00
22-04-91592238Cender Consulta8.000.007.200.00800.00
29-04-91592147CenderFisioterapia (10 sesiones)30.000.0027.000.003.000.00
29-04-91592148Dr. Juan Pablo VelásquezConsulta8.000.007.200.00800.00
03-05-91592164Fanny López RíosTratamiento sicológico a domicilio (16 visitas)87.840.0079.056.008.784.00
15-05-91585651Fanny López RíosTratamiento sicológico a domicilio (8 visitas)43.920.0039.528.004.392.00
21-05-91585569CenderFisioterapia (20 sesiones)60.000.0054.000.006.000.00
21-05-91585582Dr. Juan Pablo VelásquezConsulta8.000.007.200.00800.00
05-06-91589900Ofelia Villegas y Cía. Mascara y balaca13.440.00-0-13.440.00
13-06-91589782Jorge A. Arias HenaoElectromiografía MSD14.000.005.400.008.600.00
10-07-91599903CenderFisioterapia (10 sesiones)30.000.0027.000.003.000.00
02-10-91587659CenderFisioterapia (12 sesiones)36.000.0032.400.003.600.00
08-10-91587502Dr. Juan Pablo VelásquezConsulta8.000.007.200.00800.00
17-10-91589435Dr. Juan Pablo VelásquezInfiltración piel22.500.0020.250.002.250.00
05-11-91752474Dr. Juan Pablo VelásquezInfiltración piel30.000.0027.000.003.000.00
05-12-91599358Dr. Juan Pablo VelásquezInfiltración piel22.500.0020.250.002.250.00
10-03-92588028Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel30.000.0027.000.003.000.00
05-05-92591445Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel25.000.0022.500.002.500.00
29-07-92593100Dr. Juan Pedro VelásquezConsulta10.000.009.000.001.000.00
30-09-92597275Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel20.000.0018.000.002.000.00
30-09-92597274Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel20.000.0018.000.002.000.00
15-10-92596519Centro RX ConquistadoresRX Cadera Izq.15.000.0013.500.001.500.00
19-10-9209192Clínica ConquistadoresHospitalización162.699.00114.597.7048.101.30
19-10-92598601Dr. Juan J. Maya MejíaExtracción cuerpo extraño en glúteo40.000.0036.000.004.000.00

04-11-92597388Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel20.000.0018.000.002.000.00
10-12-92583501Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel20.000.0018.000.002.000.00
05-02-93599630Centro RX ConquistadoresRX pie derecho13.000.0011.700.001.300.00
05-02-93599634Dr. Jaime León RestrepoConsulta12.000.0010.800.001.200.00
19-02-93585210Dr. Diego Hernández HoyosElectromiografía MS25.000.0022.500.002.500.00
24-02-93599593Dr. Jaime León RestrepoControl especialista6.000.005.400.00600.00
17-03-93598995Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel28.000.0025.200.002.800.00
20-04-9308841Clínica de MedellínHospitalización268.097.00205.960.7062.136.30
21-04-930753707Dr. Jaime León RestrepoNeurolisis Nervio cubital antebrazo derecho216.000.00184.50031.500.00
31-05-93599177Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel28.000.0025.200.002.800.00
06-08-930755095Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel28.000.0025.200.002.800.00
14-09-930753162Dr. Juan Pedro VelásquezConsulta especialista12.000.0010.800.001.200.00
19-09-931097558Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel42.000.0037.800.004.200.00
22-12-931096907Dr. Juan Pedro VelásquezConsulta12.000.0010.800.001.200.00
16-02-941101639Dr. Juan J. Maya MejíaCauterización piel60.000.0054.000.006.000.00
27-05-91 Sociedad Hernán OcampoConsulta2.700.002.430.00270.00
26-06-91 Sociedad Hernán OcampoConsulta2.700.002.430.00270.00
15-10-92 Sociedad Hernán OcampoConsulta3.750.003.375.00375.00
16-10-92 Sociedad Hernán OcampoControl1.875.001.687.50187.50
14-09-93 Sociedad Hernán OcampoConsulta4.500.004.050.00450.00

Del cual se desprende que la suma pagada por el señor Ríos Toro por sus gastos médicos es de $267086, la cual deberá ser actualizada a la fecha según la siguiente fórmula:

111
 

Ra= $2.782.462

12.1.2. Lucro cesante.

En la sentencia de instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció este rubro a favor del señor Jaime Alberto Ríos Toro, liquidándolo hasta la vida probable del mismo. Sin embargo, la base de liquidación para la condena fue el salario mínimo toda vez que a su juicio el demandante no acreditó el salario devengado en la fecha de los hechos.

Sobre el particular, resalta la Sala que en el plenario obra certificación del 28 de junio de 1994 suscrita por el Gerente del Banco de la República en la que consta lo siguiente:

“Fecha de ingreso: marzo 1º de 1990.

Cargos desempeñados: Analista “B” de Construcciones y Edificios. De marzo 1º de 1990 hasta abril 30/92.

Analista “A” de Construcciones y Edificios. Desde mayo 1º de 1992 hasta mayo 31/94.

Jefe de servicios de Apoyo. Desde junio 1º a la fecha.

Salario Básico: $483.569”.

De lo anterior se tiene que efectivamente como lo manifiesta el a quo, con dicha certificación se constata que el señor Jaime Alberto Ríos Toro el día del atentado (16 de febrero de 1991) laboraba como Analista “B” de Construcciones y Edificios, pero el salario básico señalado en la misma, esto es de $483.569 corresponde al salario básico devengado por el señor ríos toro en el cargo que ocupaba el día de la expedición de la certificación, es decir como Jefe de servicios de Apoyo.

Por lo anterior, esta Sala liquidará el lucro cesante consolidado en dos periodos; el primero desde la fecha de las lesiones, 16 de febrero de 1991 hasta el 31 de mayo de 1994, teniendo como base de liquidación el salario mínimo y de ahí en adelante teniendo como base de que certificado por el Banco de la República, esto es de $483.569 pesos.

Bases de liquidación lucro cesante consolidado:

a. Salario mínimo. El salario mínimo actual es de $644.350 pesos, más un 25% por ciento de prestaciones sociales $161.087, da un total de $805.437.

A esta cifra se le calcula el 25.01% que corresponde al porcentaje de incapacidad que se le diagnosticó al lesionado en el dictamen pericial que obra dentro del expediente. De esta forma se obtiene que la cifra para hacer el cálculo del lucro cesante será de $201.439,79

b. Salario desde 1º de junio de 1994: el cual equivale a $483.569 pesos, más un 25% por ciento de prestaciones sociales $120.892; la suma a tener en cuenta será la de $604.466 la que se actualizará para efectos de la liquidación.

222
 

Ra= $3.005.911

A esta cifra se le calcula el 25.01% que corresponde al porcentaje de incapacidad que se le diagnosticó al lesionado en el dictamen pericial que obra dentro del expediente. De esta forma se obtiene que la cifra para hacer el cálculo del lucro cesante será de $751.778

Según el registro civil de nacimiento aportado, el lesionado Jaime Alberto Ríos Toro, nació el 4 de junio de 1965, así las cosas, la vida probable del lesionado, conforme a las proyecciones anuales de población por sexo y edad, previstas en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, eran de 50.08 años, esto es, 600,96 meses. Teniendo en cuenta lo anterior, se concederá el lucro cesante desde la fecha del accidente hasta que cumpla la vida probable.

A) Lucro cesante consolidado

a) Periodo consolidado desde la fecha de las lesiones (16 de febrero de 1991) hasta el 31 de mayo de 1994 es decir 39,5, que se calcula según la siguiente fórmula:

333
 

b) El segundo periodo consolidado inicia desde el 1º de junio de 1994 hasta la fecha de esta sentencia (Mayo 28 de 2015) es decir 251,95 meses, que se calcula según la siguiente fórmula:

444
 

S = $369.174.367,76

B) Lucro cesante futuro

Se liquidará este periodo desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida del señor Jaime Alberto Ríos Toro.

Periodo futuro (n): 309,51 que se deriva de la resta entre los meses de la expectativa total de vida del señor Jaime Alberto Ríos Toro (600,96 meses) y el periodo consolidado (291,45 meses).

555
 

S = $120.092.701

Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $498.016.856,55.

12.2. Perjuicio moral.

Mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 la sala plena de la sección tercera del consejo de estado unificó los rubros indemnizatorios en caso de daño moral por lesiones personales, así:

“La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

666
 

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%”(32).

Teniendo en cuenta lo señalado en la sentencia de unificación y dado que el porcentaje de incapacidad del señor Jaime Alberto Rios Toro (victima directa) es del 25.01%, se reconocerá a favor del mismo 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

13. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A., y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-Sección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificase la Sentencia del 6 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala Quinta de Decisión y en su lugar,

2. Declárase administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional de los daños y perjuicios ocasionados al señor Jaime Alberto Ríos Toro, con la explosión de carro bomba acaecido en la plaza de toros La Macarena de la ciudad de Medellín, el día 16 de febrero de 1991.

3. Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, a pagar a favor de Jaime Alberto Ríos Toro la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.782.462) por concepto de daño emergente.

4. condénese a la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, a pagar a favor de Jaime Alberto Ríos Toro la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($498.016.856,55) por concepto de lucro cesante.

5. condénese a la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, a pagar a favor de Jaime Alberto Ríos Toro la suma de cuarenta salarios mínimos mensuales legales (40SMLM) por concepto de daños morales.

6. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

20 La pretensión mayor según la Demanda es de dieciocho millones de pesos ($18.000.000), y según el Decreto 597 de 1988 para el año de 1993 la mayor cuantía era de $6.860.000.

21 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia De Unificación Del Veintiocho (28) De Agosto De Dos Mil Trece (2013). Radicación: 05001233100019960065901.

22 Folios 57 y 58 cuaderno demanda 930215

23 Folios 123 y 124 Ibídem.

24 Folios 125 a 127 Ibídem

25 Folios 75 y 76 cuaderno proceso 930213 y 176 y 177 cuaderno 5.

26 Folios 513 a 521 y 527 a 534 cuaderno 1 proceso 930039.

27 Folio 607 Ibídem.

28 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 29 de febrero de 2012; Exp. 21536.

29 Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996, exp: 422 y de la Sección de 11 de diciembre de 1990, exp: 5417; 21 de marzo de 1991, exp: 5595; 19 de agosto de 1994, exp: 9276 y 8222; 13 de octubre de 1994, exp: 9557; 2 de febrero de 1995, exp: 9273; 16 de febrero de 1995, exp: 9040; 30 de marzo de 1995, exp: 9459; 27 de julio de 1995, exp: 9266; 15 de agosto de 1995, exp: 10.286; 6 de octubre de 1995, exp: 9587; 14 de marzo de 1996, exp: 11.038; 29 de marzo de 1996, exp: 10.920; y 29 de agosto de 1996, exp: 10.949 y 11 de julio de 1996, exp: 10.822, entre otras.

30 (sic)

31 Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, rad 15591, C.P. Enrique Gil Botero

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Radicación: 50001231500019990032601 (31172).