Sentencia 1993-00215 de enero 20 de 2009

 

Sentencia 1993-00215 de enero 20 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

Determinación de lucro cesante y reconocimiento del daño a la vida de relación.

Ref.: Expediente 170013103005 1993 00215 01

Magistrado Ponente

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., veinte de enero de dos mil nueve.

Procede la Corte, en sede de instancia, a proferir la sentencia sustitutiva correspondiente, dentro del proceso ordinario adelantado por William de Jesús Patiño Montes contra Mario Giraldo Aristizábal.

Antecedentes

1. El prenombrado actor pidió que se declarara al demandado civilmente responsable de los daños que le causó al lesionarlo con arma de fuego, el día 17 de octubre de 1988, y que, subsecuentemente, se condenara a aquel a indemnizarle dichos perjuicios en la cuantía que pericialmente fuese fijada.g

2. Dichas súplicas fueron sustentadas en la situación fáctica que se compendia, así:

2.1. El 17 de octubre de 1988, en el área urbana del corregimiento de Samaria, municipio de Filadelfia, el demandado le propinó al señor Patiño Montes un balazo en la cabeza, lesionándolo gravemente.

2.2. La víctima sufrió lesiones que le han impedido su desempeño laboral como abogado penalista litigante, profesión que ejercía con éxito desde 1975, en la ciudad de Medellín, dejando de recibir más de $ 100.000.000, amén que no ha podido realizar ninguna otra actividad.

2.3. Su recuperación ha sido parcial, pese a que no ha escatimado ningún tratamiento médico en Colombia y en el exterior, en los que ha invertido más de $ 50.000.000 de la fortuna ahorrada, gastos que continuarán generándose a expensas de contraer deudas con sus familiares. Además de los perjuicios morales padecidos, tasables por lo menos en 2000 gramos de oro fino.

2.4. Los perjuicios irrogados continuarán de por vida, por cuanto afectaron la capacidad de locomoción del actor, ya que para desplazarse no solo requiere de la “ayuda de personas y/o muletas y/o bordones”, sino que le es “prácticamente imposible y altamente peligroso subir/bajar escaleras”.

2.5. El demandado fue condenado, en primera instancia, a pena de prisión y al pago de perjuicios, decisión revocada por el Juzgado 4º Superior de Manizales, que absolvió al procesado, en sentencia de 28 de enero de 1991, por considerar que este había obrado bajo los lineamientos del artículo 40-3 del Código Penal entonces vigente, causal de inculpabilidad que no lo libera de la responsabilidad civil extracontractual reclamada.

2.6. En el proceso penal obra el dictamen practicado por el Instituto de Medicina Legal, conforme al cual el lesionado presenta paresia facial izquierda, atrofia de la hemicara izquierda y merma de la capacidad de razonamiento, con trastornos de personalidad y perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción por hemiparesia izquierda. Esta experticia fue complementada por el siquiatra forense, quien conceptuó que el deterioro de la función cerebral (inteligencia, memoria, afectividad, creatividad) y el trastorno del comportamiento (agresividad, somnolencia, pasividad, incontinencia afectiva) son producto de la herida con arma de fuego que comprometió los lóbulos frontal y occipital derecho, y que como secuela de carácter permanente ‘le quedó un deterioro en sus funciones mentales superiores al setenta y cinco por ciento 75%’, lo que le incapacita para el desempeño laboral y para ejercer sus funciones de padre y esposo.

3. El demandado se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que si bien eran ciertos los hechos expuestos en la demanda, también lo era que en el juicio penal, dentro del cual la cónyuge del aquí actor se constituyó en parte civil, fue exonerado de responsabilidad, por haberse considerado que obró en legítima defensa putativa. Así mismo, alegó que quien dio lugar a la reacción defensiva del demandado fue el demandante con su proceder, tal como lo sostuvo el juzgador penal, el cual funda la absolución de Mario Giraldo Aristizábal en la circunstancia de que no es culpable “conforme al artículo 40-3 del Código Penal”.

4. La primera instancia culminó con la sentencia proferida el 23 de octubre de 2000, por el Juez 5º Civil del Circuito de Manizales, mediante la cual declaró probada de oficio “la excepción de cosa juzgada penal absolutoria” y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue confirmada por el tribunal al resolver la apelación interpuesta por el demandante.

5. La parte actora recurrió en casación el fallo de segundo grado, el que fue aniquilado al desatar esa impugnación, habiendo la Corte dispuesto que, previamente a fallar en sede de instancia, se practicaran varias pruebas que decretó de oficio.

Cumplido lo anterior, procede la Sala a resolver lo pertinente, previas las siguientes

Consideraciones

1. Antes de abordar el estudio del litigio en sede de instancia, resulta útil recordar que la Corte casó la sentencia del tribunal porque concluyó que este había interpretado erróneamente el artículo 55 del Código Penal de 1987, en cuanto extendió los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria a una situación no prevista en ese precepto (causal de inculpabilidad relacionada en el C.P., art. 40, num. 4º), desconociendo así su carácter de norma excepcional, la que, justamente por ser tal, era de interpretación estricta y alcance limitado, por lo que de ella no podía extraerse un entendimiento distinto al que aflora de su texto.

Asentó la Sala, entonces, que el referido efecto tiene la virtualidad de enervar la acción civil únicamente en las precisas hipótesis señaladas en la norma, esto es, cuando en el proceso penal se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho delictivo no se realizó, o que el sindicado no lo cometió, o que este hubiere obrado en cumplimiento de un deber, o en legítima defensa. De suerte, que la situación prevista en el numeral 3º del artículo 40 del Código Penal de la época —realizar el hecho con la convicción errada e invencible de estar amparado por una causal de justificación—, constitutiva de un error sobre la antijuridicidad, no está comprendida dentro de las hipótesis consagradas en el citado artículo 55, pues es evidente que este no la prevé, aunque por sí misma constituyera causa de inculpabilidad penal o sea un eximente de sanción penal.

Para justificar la comentada inferencia también puso de relieve la Corte, que la legítima defensa estaba consagrada en el artículo 29 del Código Penal como justificante del hecho, constituyendo una causal de exclusión de la antijuridicidad, dado que la conducta de quien actúa en defensa de un derecho, contra una agresión que es injusta, actual o inminente, no puede ser susceptible de juicio de reproche alguno, mientras que la situación a la que aludía el numeral 4º del artículo 40 ibídem no es excluyente de la antijuridicidad, ya que aunque a su amparo fue acuñado, en forma quizá no muy propia, el nombre de legítima defensa subjetiva o putativa, la verdad es que tiene como premisa la errónea suposición de que se actuó en defensa de una agresión inexistente.

De igual modo, se expuso allí que la punibilidad de la conducta solo se estructura, después de haberse establecido, en ese orden, que ella es típica, antijurídica y culpable; de ahí que no hay lugar a estudiar la culpabilidad cuando está probada la justificación del hecho, pues esta atañe a la antijuridicidad. Agregó la Sala que ninguna de las situaciones relacionadas en el artículo 55 del Código Penal de 1987 —similar al artículo 57 de la Ley 600 de 2000— se identifican con las causales de inculpabilidad consagradas en el artículo 40 ibídem, dado que dos de ellas son causas extintivas de la acción penal y las restantes están previstas como causales de justificación del hecho, luego es claro que estas últimas conciernen con la antijuridicidad, campo al que no pertenece la situación en la que se fincó la absolución penal del aquí demandado, por cuanto lo que allí se reconoció “fue una causa excluyente de la culpabilidad en esa esfera de juzgamiento, pero sin restarle al hecho su carácter de típico y antijurídico”.

2. Sabido es que quien por sí o a través de sus agentes causa a otro un daño, originado en culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que significa que quien, a su vez, pretenda la indemnización de un perjuicio deberá acreditar, en principio, que este realmente existió, el hecho intencional o culposo imputable al accionado y el nexo causal entre estos.

Empero, cuando la fuente del daño es una actividad susceptible de ser calificada como peligrosa, la jurisprudencia patria, con sustento en el artículo 2356 del Código Civil y guiada por el propósito de hacer efectivo el principio de equidad, ha estructurado de tiempo atrás un régimen conceptual y probatorio propio, habida cuenta que el ejercicio de aquellas coloca a los asociados en inminente riesgo de ser lesionadas, así su autor la ejecute con la diligencia que ella exige. Busca, pues, este sistema “favorecer a las víctimas de aquellos accidentes en que el hombre, utilizando en sus propias labores fuerzas de las que no puede tener siempre absoluto control y por tanto capaces de romper el equilibrio antes existente, de hecho había colocado a los demás asociados bajo el riesgo inminente de recibir lesión aunque la actividad de la que se trate, caracterizada entonces por su peligrosidad, se llevare a cabo con pericia y observando toda la diligencia que ella exige” (sent. jun. 4/92, G.J. CCXVI, pág. 395). 

El aludido régimen especial consagra, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta corporación, una presunción de culpa que opera en favor de la víctima de un daño causado en ejercicio de una actividad que por su naturaleza puede calificarse como peligrosa; es decir, que la releva de aportar la prueba, con frecuencia difícil, de la imprudencia o descuido del causante del perjuicio, quien con su obrar creó el riesgo que deben afrontar las demás personas. Por tanto, al lesionado solo le basta probar el daño y la relación de causalidad existente entre ese menoscabo y el proceder de su autor, para que este sea declarado responsable de su producción.  

En tales condiciones, la defensa del demandado que pretenda exonerarse, para que resulte exitosa, debe plantearse en el terreno de la causalidad, esto es que le corresponde destruir el aludido nexo causal demostrando que en la generación del suceso medió una causa extraña, vale decir, un caso fortuito o fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el de un tercero. 

3. Las precedentes reflexiones vienen al caso, pues, como se verá, el daño cuya indemnización se reclama tuvo ocurrencia en el ejercicio de una actividad peligrosa —“disparar imprudentemente un arma de fuego” (C.C., art. 2356)— y, por tal motivo, según se desgaja de lo expuesto, el actor está amparado por la presunción de culpa, incumbiéndole probar para la prosperidad de su pretensión únicamente el perjuicio y la relación de causalidad de este con el hecho dañino; a su vez, el demandado solo podrá ser eximido de la responsabilidad debatida si destruye el nexo causal acreditando que este fue el fruto de una causa extraña en la producción del daño.

4. Sea lo primero dejar en claro que no existe discrepancia alguna entre las partes acerca de que el 17 de octubre de 1988, en el área urbana del corregimiento de Samaria, municipio de Filadelfia (Caldas), el demandado Mario Giraldo Aristizábal le propinó un balazo en la cabeza al señor Patiño Montes, lesionándolo gravemente, toda vez que así lo afirmó este en la demanda y aquel lo admitió al contestar la misma (fl. 2 y 15 del cdno. 1). En fin, ese hecho está fuera de discusión, porque las partes no lo controvirtieron.

Es indudable, como ya se dijera, que la lesión se produjo en ejercicio de una actividad peligrosa, pues no de otra manera se puede calificar la acción de manipular armas de fuego. Incluso, la misma norma sobre la cual se erige esa especie de responsabilidad la relaciona explícitamente, por vía de ejemplo, como de esa naturaleza (C.C., art. 2356, num. 1º).

5. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”, vale decir, que magnificando la actividad judicial desarrollada en un proceso, la prueba admitida o practicada en este puede hacerse valer en otro, siempre y cuando, claro está, se cumplan las condiciones que el reseñado precepto reclama, las que se contraen a que sean aportadas en copia auténtica con sujeción a las exigencias del numeral 1º del artículo 254 ibídem y que se hubiesen practicado en el primigenio proceso a solicitud de la parte contra quien se aducen o con audiencia de la misma, requerimientos que en este caso se cumplen respecto de los medios de convicción practicados en el juicio penal con audiencia del allá acusado, aquí demandado, pues, además de aportarse debidamente autenticadas pudieron ser controvertidas por este, incluso fue el mismo encausado quien las allegó al proceso.

Y justamente, del daño y de la relación de causalidad de este con el hecho productor del mismo, dan cuenta dichas copias, en las que obran la historia clínica y los informes rendidos por el Instituto de Medicina Legal, según los cuales el señor Patiño Montes sufrió “hemiparesia izquierda y paresia facial izquierda, con atrofia de la hemicara izquierda, con disminución de la capacidad de razonamiento, con trastornos de la personalidad” y “perturbación funcional de carácter permanente del órgano de la locomoción por hemiparesia izquierda” (fl. 184 del cdno. 2); incluso, el siquiatra forense conceptúo que “el deterioro general de las funciones cerebrales (inteligencia, memoria, afectividad, creatividad), así como los trastornos en el comportamiento (agresividad, somnolencia, pasividad, incontinencia afectiva), son el producto de la herida por arma de fuego que comprometió los lóbulos frontal y occipital derechos” (fls. 210 a 212 del cdno. 2).

Tales conceptos fueron reafirmados en la experticia rendida, el 12 de diciembre de 1996, en el proceso civil, habida cuenta que los neurocirujanos que la practicaron concluyeron que el demandante, “al haber recibido una herida por arma de fuego en el cráneo, que lesionó los lóbulos frontal y occipital derecho, quedó con alteraciones cerebrales superiores como la inteligencia, la memoria, y la afectividad, además, de trastornos de comportamiento y conducta, y alteraciones en la atención y en la concentración”; igualmente, señalaron que “como secuela de la lesión cerebral, permanece con un facial (sic) central izquierdo y con una hemiparesia izquierda, que le dificulta la marcha”, amén que la incapacidad del lesionado es de “carácter permanente y total”, puesto que no es factible que “en un futuro cercano” tenga “una mayor recuperación a la ya lograda”, por lo que “no podrá reintegrarse nuevamente a su antigua actividad profesional, como lo era la de abogado litigante” (fl. 31 del cdno. 8).

El anterior dictamen fue ampliado el 28 de abril de 2005, encontrando los galenos que el compromiso general de las funciones mentales superiores, los trastornos de comportamiento y las secuelas motoras sufridas por el actor, a raíz de la herida causada en su cerebro por el disparo, lo inhabilitan para su desempeño laboral y general en un 90% (fls. 131 y 132 del cdno. 11).

Los peritos —neurocirujanos— para rendir su experticia consultaron el resumen de la historia clínica del paciente y le practicaron el respectivo examen neurológico, emitiendo un concepto claro y preciso sobre el real estado de salud de aquel, así como de la incapacidad generada por la lesión sufrida, sin que las partes lo hubieren objetado. Por tanto, la firmeza, calidad y precisión de los fundamentos de dicho peritaje permiten tenerlo como prueba de las lesiones padecidas por el demandante y del nexo causal, máxime cuando coincide con los informes rendidos por los forenses del Instituto de Medicina Legal.

Por supuesto, que si Mario Giraldo Aristizábal admitió, haber herido en la cabeza al actor con un arma de fuego (CPC, art. 197), esto es, en ejercicio de una actividad peligrosa que comporta una presunción de culpa, y la prueba examinada acredita que con ese obrar se generó el perjuicio cuya indemnización aquí se reclama, resulta evidente que están presentes los presupuestos estructurales de la responsabilidad civil debatida.

La responsabilidad derivada de esos hechos no fue desvirtuada por el demandado, quien ningún esfuerzo hizo para destruir el nexo causal, pues no alegó, ni demostró que en la generación del suceso hubiere mediado una causa extraña, esto es, un caso fortuito o fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el de un tercero, únicos eventos que en el plano de la responsabilidad civil por actividades peligrosas pueden exonerar al agente productor del daño.

Conviene precisar, en todo caso, que si bien es cierto que el demandado fue absuelto en el juicio penal que en su contra se adelantó por el delito de lesiones personales causadas al aquí demandante, en cuanto el juzgador penal consideró que obró bajo los lineamientos del numeral 3º del artículo 40 del Código Penal entonces vigente, es decir, por haber incurrido en un error de conducta —causal de inculpabilidad—, también lo es que esa determinación no es obstáculo para declarar la responsabilidad civil por el mismo hecho, de un lado, porque esa decisión en el caso concreto no produce efectos de cosa juzgada, por los motivos que fueron amplia y detenidamente estudiados en el fallo de casación; y, de otra parte, porque, la mentada responsabilidad, tratándose de una actividad peligrosa, se fundamenta en un régimen de culpa presunta, en el que la exoneración del demandado se asienta en el ámbito de la causalidad, es decir, ante la demostración de que el perjuicio fue el resultante de un hecho extraño, en los términos ya enunciados, circunstancias estas que, como quedó dicho, no aparecen probadas en el proceso.

La absolución en el juicio criminal, por ausencia de culpa, presupone que el sindicado jugó un papel activo en la producción del daño, pero que esa actividad no puede imputársele subjetivamente, lo cual significa que debe admitirse que el hecho dañino sí existió y que el sindicado lo causó, pero que el ordenamiento penal, precisamente por la anotada razón no le atribuye responsabilidad penal, situación que evidencia que el vínculo causal no se ha roto; y comoquiera que, tratándose de actividades peligrosas, la defensa del demandado en el juicio de responsabilidad civil debe plantearse en el ámbito de la causalidad, la alegación y eventual demostración de una circunstancia de inculpabilidad, vale decir enderezada a poner de presente que no existió imprudencia, descuido o impericia punitivamente reprochable, no libera al deudor.

Sobre el particular, esto es relativamente a la influencia del fallo penal en el proceso civil, es oportuno reiterar que cuando este es absolutorio por ausencia de culpa del autor del ilícito, no produce efectos de cosa juzgada para enervar el litigio civil en los eventos en que el hecho dañino tenga ocurrencia en el ejercicio de actividades peligrosas o hubiere sido causado por un animal fiero, entre otros, en virtud de que, en tales casos, no se exige que el actor pruebe la culpa del directamente responsable del perjuicio, a la vez que la acreditación de diligencia y cuidado por este tampoco lo exoneran, pues solo la existencia de una causa extraña lo logra. Y como en este caso la decisión en lo criminal admite que el procesado causó el daño, pero que no cometió culpa, tal determinación no es suficiente para liberarlo de la responsabilidad civil.

Esa situación, en cierta forma contradictoria, se explica en cuanto se advierta que entre la acción penal y la civil, derivadas de un mismo hecho existen, de todos modos algunas divergencias, en verdad marcadas; por supuesto que los hechos ilícitos que afectan el orden social son de distinta naturaleza, habida cuenta que ellos pueden lesionar a la sociedad o a una persona determinada, sin olvidar, desde luego, las hipótesis en las que el menoscabo lo sufren ambas. Lo cierto es, en todo caso, que cabe distinguir entre responsabilidad criminal y la civil.

La primera tiene origen en la violación o puesta en peligro intencional, culposa o preterintencional de un bien jurídico tutelado expresamente por la ley penal. Ella existe independientemente de toda idea de daño, es decir, aunque este no se produzca, incluso aún cuando la víctima no tenga interés en la averiguación correspondiente, y acarrea sanciones, cuya aplicación se persigue y hace efectiva a través de la acción punitiva que nace de todo delito; en cambio, aquella otra, la civil, emerge de la ocurrencia de un hecho dañino o de una omisión que le irroga un perjuicio a otro, ya sea por la violación de una obligación preexistente o por la ejecución de un hecho ilícito en el plano extracontractual, aparejando la obligación de reparar el daño a fin de restaurar el equilibrio roto.

A su vez, la responsabilidad penal es eminentemente personal y, obviamente, también lo son las penas que ella apareja, motivo por el cual el óbito del reo extingue la acción; del mismo modo, incumbe a toda persona que tenga conocimiento de la comisión del delito denunciarlo o, si es del caso, al Estado perseguirlo de oficio, salvo que se trate de aquellos que son de acción privada. La responsabilidad civil, por el contrario, puede hacerse efectiva no solo respecto de quien produjo el perjuicio, sino también frente a sus herederos, e, incluso, respecto de personas por quienes se responda, amén que está facultado para reclamarla quien sufrió el daño y sus causahabientes.

Igualmente, difieren en la naturaleza y extensión de la sanción que acarrean, por cuanto la responsabilidad criminal es castigada con la imposición de una pena —multa o privación de la libertad y de otros derechos—, mientras que la civil apareja la indemnización del daño, esto es, dejando de lado los eventos de reparación “ in natura ”, en el pago de una suma de dinero que deje indemne a quien lo padeció. Y ello es así, entre otras razones, porque esta última es declarada con la finalidad de resarcir un perjuicio causado al agraviado, de manera que esta no es concebible sin que exista un daño, lo que no ocurre en el campo penal, pues la responsabilidad allí derivada descansa fundamentalmente en una conducta típica, antijurídica y culpable, independientemente de que con ella se hubieren ocasionado perjuicios patrimoniales. Tampoco puede soslayarse la forma de tipificación que emplean los ordenamientos jurídicos que la consagran, habida cuenta que en materia penal rige el principio “nulla crimen, nulla poena sine lege”, y en la órbita civil la caracterización de los hechos que la originan está concebida de un modo general y abstracto.

Consecuencia de dichas desemejanzas, es que, en el ámbito penal, dejando de lado las otras funciones de la pena (la resocializadora, preventiva y protectora), la conducta del reo se aprecia in concreto, en busca de castigarlo en proporción a la culpa cometida; de ahí que se toma al agente tal cual él es, con sus posibles grados de imputabilidad moral, los que varían según la edad, educación, condiciones de salud, etc. En tanto que en el civil su conducta se mira in abstracto, pues lo que se juzga es el hecho en sí mismo, amén que se suele tomar como referente al hombre de diligencia ordinaria.

Es así, como en el derecho penal la sanción es proporcional a la gravedad de la culpa y su graduación atiende la concurrencia de las circunstancias agravantes o atenuantes, previstas en dicho ordenamiento. En materia de responsabilidad civil, sin embargo, cualquiera que sea la intensidad de la falta, lo cierto es que la indemnización debe apuntar a resarcir integralmente el daño. Súmase a lo anterior que en la responsabilidad penal no puede hablarse de compensación de culpas, mientras en materia civil esa hipótesis está explícitamente asentada en la ley.

Otro tanto ocurre en el aspecto procesal, toda vez que corresponde al Estado demostrar la responsabilidad penal, pues le incumbe destruir la presunción de inocencia que ampara al procesado, y este tendrá que ser absuelto cuando ella no es derrumbada, amén que, en virtud de ejercitarse en nombre de la sociedad, no se extingue por el desistimiento del ofendido, salvo, claro está, las excepciones previstas en la ley; en contraste, por estar restringido el alcance de la responsabilidad civil a una reparación patrimonial, incumbe, en principio, al perjudicado, no al Estado, probar la existencia del hecho dañino, la culpa del autor cuando ella no es presumida, los perjuicios y la relación de causalidad entre estos y aquel.

En fin, sin necesidad de ahondar más en esa distinción que la doctrina y la jurisprudencia han examinado detenidamente, lo cierto es que entre ellas existe una nítida separación e independencia, que explica por qué la sentencia penal absolutoria, por ausencia de culpa del autor del ilícito, no produce efectos de cosa juzgada para enervar la acción civil indemnizatoria respecto de las actividades peligrosas y, por tanto, que no resulta contradictorio que quien fue absuelto penalmente pueda resultar responsable civilmente con relación a un mismo hecho.

6. De otra parte, ha de tenerse en cuenta que la apreciación del daño causado al aquí demandante está sujeta a reducción, en virtud de que se expuso a él imprudentemente, toda vez que, según dieron cuenta los testigos José Ariel Quintero Moreno y Juan de Jesús Cardona Alzate (fls. 120 a 123, 133 a 135 del cdno. 11), aquel propició la riña en que resultó herido, pues los deponentes refieren que el demandante le propinó un puñetazo al señor Giraldo Aristizábal derribándolo al suelo, quien por causa de esa acción disparó su arma de fuego. Tales testimonios fueron rendidos en el juicio penal y ratificados en este proceso, y aunque en la narración ofrecida en la ratificación se advierten algunas imprecisiones, lo cierto es que son irrelevantes, dado que en lo medular confirman lo dicho en la declaración inicialmente recaudada. Por lo demás, es claro que en la causa penal se tuvo por demostrado que la víctima golpeó al procesado, quien luego le propinó un disparo lesionándolo gravemente, pues así lo señala la decisión respectiva.

Si bien la acción de disparar un arma de fuego contra la humanidad de otro de quien se recibe un puño no es en manera alguna proporcional o equiparable, por sí misma, con la ejecutada por quien lanza el golpe, lo cierto es que no puede desconocerse que ese comportamiento de la víctima tuvo algún grado de incidencia en la desproporcionada reacción del procesado, situación que, obviamente, repercute en la indemnización del perjuicio, la cual en este caso, por razones de equidad, será disminuida en un 30% del monto total que resulte en la liquidación del mismo.

7. Establecida la responsabilidad civil del demandado en la producción del hecho generador del daño irrogado al actor, así como también que su indemnización está sujeta a reducción, se impone determinar la naturaleza y valuación del perjuicio reclamado por aquel.

7.1. Con relación al daño emergente pedido, se tiene que en el proceso civil obran copias provenientes del proceso penal, en las que aparecen instrumentos que refieren el pago de los gastos en que el actor incurrió en los tratamientos a que fue sometido (fls. 336 a 377 del cdno. 2), sin que exista constancia de que la reproducción de estos fue tomada del original, amén que por tratarse de documentos dispositivos —facturas y recibos de caja—, emanados de terceros, debieron aportarse en los términos del artículo 277, esto es, debidamente autenticados por su autor o de alguna forma reconocidos por este. Como no existe otra prueba de estos gastos, habrá de negarse este pedimento.

7.2. El actor también reclamó la indemnización del lucro cesante, alegando que las lesiones irrogadas le impidieron ejercer su profesión —abogado litigante—, así como cualquier otra actividad laboral, “dejando de percibir más de $ 100.000.000”.

De ese ejercicio profesional dan cuenta sus compañeros de estudios universitarios, señores Álvaro Vargas, Lucas de Jesús Betancur Arango, William de Jesús Gómez Rodríguez, Javier Gómez, Óscar de Jesús Guerra Gallego, Mario Jaime Salazar Marín, como también Luis Fernando Pulgarín Cardona, Omaira de la Cruz Hurtado y su esposa María Nubia Arias Patiño (fls. 53 a 61 del cdno. 8), quienes además refirieron que aquel, a raíz de las lesiones sufridas, no pudo seguir desempeñando tal actividad, hecho corroborado con las experticias antes examinadas.

Empero, esos testimonios no acreditan el monto del ingreso mensual que percibía la víctima para la época de la ocurrencia del daño, como tampoco lo hace el dictamen pericial practicado con ese fin (fls. 3 y 4 del cdno. 8), por cuanto los deponentes señalaron inopinadamente diferentes valores, e incluso aludieron a sumas sustancialmente distintas entre sí; igual situación acontece con la cuantificación efectuada por los peritos, quienes sin soporte alguno fijaron dichos ingresos.

Ciertamente, los declarantes William de Jesús Gómez Rodríguez y Mario Jaime Salazar Marín calcularon que Patiño Montes en 1988 devengaba mensualmente una cantidad superior a $ 500.000; Javier Gómez consideró que oscilaban entre $ 1.000.000 a $ 1.200.000; Luis Fernando Pulgarín Cardona y Óscar de Jesús Guerra dijeron que fluctuaban entre $ 1.500.000 a $ 2.000.000; Omaira de la Cruz Hurtado manifestó que creía que percibía entre $ 2.000.000 a $ 3.000.000 y la cónyuge afirmó que ascendían a $ 1.500.000, estimaciones estas que fueron expuestas sin sustentación alguna. En verdad los declarantes se circunscribieron a lanzar una cifra, sin que hubiesen aportado elementos de convicción adicionales, los cuales tampoco reposan en el expediente.

Por lo demás, esas sumas superan ampliamente las escalas salariales que podían servir de algún referente, como lo son las fijadas para los servidores públicos, entre ellas la atinente a los empleos correspondientes a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional (D. 0090/88) y la rama judicial, Ministerio Público, direcciones de instrucción criminal, cuerpo técnico de policía judicial y justicia penal militar (D. 0103/88). Así por ejemplo, en la primera escala salarial citada, es decir, la de la rama ejecutiva para 1988, las asignaciones básicas más altas eran de $ 321.900, $ 285.100, $ 232.800 y $ 177.000 en los niveles directivo, asesor, ejecutivo y profesional, respectivamente; y la de la rama judicial equivalía a $ 188.400.

Por su parte los peritos expusieron que los gastos de un abogado de alto éxito, en la ciudad de Manizales para el año en que emitieron el dictamen, ascendían a $ 550.000, además, que debía tenerse en cuenta que ese profesional tenía que atender “las vacaciones, pensión de jubilación, salud, educación de los hijos, etc.”, por lo que para ser retributiva la labor desempeñada debía arrojarle unos honorarios superiores a $ 5.000.000.

Así mismo, aseveraron que en Medellín la demanda de la actividad litigiosa y los costos reseñados eran mayores y, por tanto, los ingresos tendrían que ser “de unos $ 10.000.000”, cuyo equivalente para 1988 estimaron debía calcularse atendiendo el índice de precios al consumidor que estimaron era “más o menos de un 20%”, operación en la que obtuvieron como resultado $ 4.000.000 para 1988, $ 5.000.000 para 1989, $ 6.000.000 para 1990, $ 7.000.000 para 1991, $ 8.000.000 para 1992, $ 9.000.000 para 1993 y $ 10.000.000 para 1994.

La experticia, como puede apreciarse, señala un ingreso para 1995 sin justificar de dónde lo infiere, ni especificar si es mensual o anual, amén que tal conclusión no encuentra respaldo en la situación fáctica del proceso, la que no da cuenta de las circunstancias en que el actor ejerció su profesión de abogado. Súmase a ello, que para determinar a cuánto equivalía ese monto para 1988, supuso que para esos años el índice de precios al consumidor era del 20%, sin tomar en consideración los porcentajes establecidos por el DANE, a la vez que las cifras consignadas no corresponden a los resultados de la operación aritmética anunciada.

En esas condiciones, ningún mérito probatorio puede reconocerse al peritaje, pues es patente que no fue debidamente fundamentado, en cuanto que sus conclusiones se reducen a simples conjeturas de los expertos, quienes, sin consultar las circunstancias en que el demandante desarrolló su labor profesional o lo hubiere hecho otro abogado con similar experiencia, supusieron las ganancias que le generaban.

No obstante, la deficiencia probatoria respecto a la cuantía del lucro cesante no impide su tasación, en virtud de que habiéndose causado el daño resultaría abiertamente contrario a la equidad negar su reconocimiento en el caso concreto, en el que quedó claro que el señor Patiño Montes es abogado y que en ejercicio de dicha profesión obtenía un ingreso que le permitía atender sus propias necesidades y las de su familia.

La jurisprudencia con sustento en el principio de la equidad ha pregonado que pese a las consecuencias inherentes a la carga probatoria impuesta al perjudicado, hay eventos en los que sería injusto no concretar la cuantía de la indemnización, pretextando que aunque está demostrada la existencia del agravio no ha sido posible cuantificarlo en su exacta dimensión, puesto que el juzgador cuenta con distintas y muy variadas facultades enderezadas a tal finalidad, sin prescindir, claro está, de los criterios de equidad que impiden soslayar los derechos de los afectados, en el momento de realizar su tasación. 

Sobre el particular, la Corte ha sostenido que “la equidad se erige en uno de los más caros principios teleológicos que debe caracterizar la gestión judicial, no solo para interpretar la ley cual lo disponen los artículos 32 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, sino para definir tópicos ajenos a la labor hermenéutica propiamente dicha, inclusive de naturaleza probatoria, pues, v. gr., de conformidad con la Ley 446 de 1998, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas, ‘atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’ (art. 16, se subraya)”.

De manera, pues, que el juez puede evitar la iniquidad de sus fallos, y bien puede acudir a diferentes mecanismos que le permitan valuar la dimensión del perjuicio, con miras a dejar indemne a la víctima.

Así lo ha entendido esta corporación, conforme lo puso de presente en la sentencia de 7 de noviembre de 2008 (exp. 1999 000403 01), en la que trajo a colación algunos de los fallos en que para tasar la indemnización acudió a referentes que le permitían concretarla, citando entre ellos, por vía de ejemplo, el proferido el 8 de julio de 1964, en el que consideró que debía condenarse al pago de los frutos dejados de producir por un predio rural por hechos atribuibles al demandado, pese a las dificultades probatorias que el litigio presentaba, y para esa tasación tuvo en cuenta la utilidad que reportó una cosecha anterior (CVIII, pág. 292); también rememoró aquellos en que ha estimado que el lucro cesante generado por la destrucción o deterioro de un vehículo podía determinarse indagando cuál es la ganancia que en el medio local produce otro carro de similares características (sentencias de 1º de septiembre de 1959, XCI pág. 666; 26 de febrero de 1962, XCVIII pág. 293). Aun más, recordó que en litigios en que no fue demostrada la existencia del lucro cesante, ni se aportaron elementos comparativos que contribuyeran a inferirlo, ha condenado al pago del interés corriente que habría rentado el capital inmovilizado a causa del daño (sentencias de 1º de junio de 1957, LXXXV pág. 584; 22 de julio de 1959, XCI pág. 283; 16 de agosto de 1963, CLL CIV pág. 628).

En ese orden de ideas, tal como lo asentó la Corte en el fallo que recapituló las decisiones reseñadas, el juez, estando acreditado el daño, ante las deficiencias probatorias para cuantificar un lucro cesante efectivamente causado (pasado) o con un alto grado de posibilidad de producirse (futuro), debe echar mano de los métodos de evaluación que permitan determinarlo, ya sea por analogía o comparación, o por proyección o modelización. En el primero se impone la adopción de un referente que proyecte la afectación de la actividad a causa del daño, como acontece con el índice de negocios celebrados con anterioridad, en una situación análoga a la existente al momento de su ocurrencia; y con el otro método, se busca describir cómo hubiere funcionado la empresa de no haberse presentado el perjuicio, comparándolo con la situación realmente afrontada por ella, sistema aplicable cuando no es factible la confrontación con modelos anteriores, tal como sucede en los casos de fabricación frustrada de productos novedosos.  

Ante los escollos probatorios que presenta este caso para evaluar el daño causado al actor, en la modalidad de lucro cesante, la Sala recurrirá, en aras de hacer efectivos los principios de reparación integral y equidad, al segundo método mencionado, habida cuenta que tomará como referente la escala de sueldos fijada en 1988 para aquellos cargos de la rama ejecutiva cuyo desempeño requería una idoneidad profesional semejante a la de víctima, como sin duda lo son los relacionados en el denominado “nivel profesional” (D. 090/88), los que tenían una asignación salarial muy similar a la señalada como básica para los jueces y magistrados de tribunal en la citada anualidad (D. 0103/98).

No se presumirá que el actor devengaba el salario mínimo legal, por cuanto las actividades que desarrollaba y el nivel de vida que tenía y proporcionaba a su familia son indicativos de que percibía unos ingresos superiores. De tales aspectos da cuenta la prueba testimonial, según la cual aquel es abogado y para la época del funesto suceso no solo ejercía la profesión, sino también actividades comerciales (compra-venta de vehículos e inmuebles), incluso tenía una finca ganadera; así mismo, que asumía los gastos de sostenimiento de su cónyuge e hijos, como también los de educación de estos en colegios privados, además, tenía arrendada una oficina en el edificio Colpatria y vivían en el barrio Laureles de Medellín.

En consecuencia, siendo el perjudicado un profesional del derecho, con una experiencia que le permitía acceder a los empleos que integran el nivel profesional para la época en que acaeció el hecho dañino, se calculará su ingreso mensual promediando los salarios fijados para estos en el Decreto 090 de 1988, operación que arroja una remuneración mensual de $ 116.218,75, la cual traída a valor presente equivale a $ 1.818.526,67 (ago./ 2008).

De otra parte, debe aceptarse, además, que para la fecha de la producción del perjuicio, el demandante “tenía una expectativa de vida de 36.45 años”, conforme lo dictaminado por Medicina Legal, sin objeción de las partes (fls. 107 a 110 del cdno. 1); por tanto, para determinar el periodo indemnizable se multiplica esa cifra por el número de meses que tiene el año, operación que arroja 437 prescindiendo del último dígito. De estos, 238 meses se liquidarán como lucro cesante consolidado, por el tiempo transcurrido desde el 17 de octubre de 1988 hasta el 17 de agosto de 2008, y los restantes 199 meses como lucro cesante futuro.

Así mismo, en la liquidación del perjuicio se tomará en consideración que la lesión recibida en el episodio de autos dejó al actor incapacitado “para su desempeño laboral y general” en “un 90%” (fls. 131 y 132 del cdno. 11); por tanto, su ingreso mensual equivaldrá a ese porcentaje, es decir, a $ 1.636.674, monto del cual debe descontarse un 30% por la reducción a que en este caso está sujeto el daño ($ 491.002,20), sustracción cuyo resultado es de $ 1.145.671,80, valor que se tomará en consideración para calcular el lucro cesante.

7.2.1. Con miras a determinar el lucro cesante pasado o consolidado, se multiplicará el valor del monto indemnizable por el factor correspondiente a 238 meses, lo que se expresa en la fórmula VA= LCM X Sn, en la que VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por periodo.

El factor Sn, por su parte, se obtiene de la siguiente fórmula matemática:

Sn =(1 + i)n- 1
 i

Operación que arroja la cantidad de $ 521.803.536,42, valor en que está representada la indemnización por el mentado concepto.

7.2.2. Para establecer el lucro cesante futuro, la fórmula utilizada en el procedimiento elegido, tiene como bases, de una parte, el monto indemnizable actualizado y, de otra, la deducción de los intereses por el anticipo de capital, obtenido a su vez mediante otra cuyo resultado reflejan las tablas financieras que sobre el particular se han elaborado, expresándolo mediante un índice fijado en exacta correspondencia con el número de meses de duración del perjuicio reflejado en esa unidad de tiempo, prescindiendo para ello de las unidades decimales, mediante la aproximación o reducción a la unidad entera más cercana. La multiplicación de los indicados factores (monto indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado.

En tal orden de ideas, se tiene que el tiempo de prolongación del daño hacia el porvenir corresponde al número de meses (199) comprendidos entre el 17 de agosto de 2008 y el 17 de marzo de 2025, fecha probable de la defunción del demandante (calculada por Medicina Legal según la edad que tenía para el día del trágico suceso).

Así, el lucro cesante futuro obedecerá a la fórmula siguiente:

VA =LCM (1 + i)n- 1
 i (1 - i) n

De donde VA es el valor actual del lucro cesante futuro; LCM es el lucro cesante mensual ($ 1.145.671,80); n es el número de meses de incapacidad futura (199); i es la tasa de interés de 0.5 mensual (6% anual). Y aplicada esa fórmula al presente caso, se obtiene como resultado la suma de $ 144.207.722,60.

7.3. Del estudio de la demanda en conjunto, esto es mirando en forma integral sus pedimentos y la situación fáctica expuesta como sustento de los mismos, advierte la Sala que el actor busca el resarcimiento del perjuicio extrapatrimonial causado, no solo en la modalidad de agravio moral, sino también en la de “daño a la vida de relación”, en cuanto que, además de aludir en las súplicas a la nomenclatura genérica de estos, precisó en los hechos que los perjuicios irrogados continuarán de por vida, por cuanto su capacidad de locomoción fue afectada ostensiblemente, ya que para desplazarse requiere de la “ayuda de personas y/o muletas y/o bordones”, siéndole “prácticamente imposible y altamente peligroso subir/bajar escaleras”; igualmente, refirió que, de acuerdo con la experticia rendida por el siquiatra forense, “como secuela de carácter permanente le quedó un deterioro en sus funciones mentales superiores al setenta y cinco (75%), que le incapacita para el desempeño laboral y ejercer sus funciones de padre y esposo” (destaca la Corte), y denotó que el mencionado profesional conceptuó que “tanto el deterioro general de las funciones cerebrales (inteligencia, memoria, afectividad, creatividad) como los trastornos en el comportamiento (agresividad, somnolencia, pasividad, incontinencia afectiva) son el producto de la herida con arma de fuego que comprometió los lóbulos frontal y occipital derecho”.

No de otra manera puede entenderse que el demandante en el mentado escrito aduzca haber padecido lesiones físicas y perturbaciones funcionales que comportan la alteración de sus condiciones de vida, pues tal manifestación refleja su intención de buscar la reparación integral del perjuicio que asegura le fue irrogado. Esa interpretación lógica del referido libelo acompasa con el alcance que inconfundiblemente se desprende de sus términos, amén que atiende los principios de reparación integral y equidad, cuya observancia en la valuación del daño impone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Y es que el ordenamiento procesal no impone señalar en determinada parte de la demanda o con palabras sacramentales sus designios, sino que basta que ellos afloren francamente de su texto.

Sobre el particular, la Sala en reiteradas ocasiones ha sostenido que:

“(...) la demanda, en cuanto constituye uno de los confines que enmarca la actividad del juez, debe ser interpretada por este con miras a desentrañar su genuino sentido, cuando no aflore de manera clara y precisa en ella, evento en el cual aquel debe encaminar su labor hermenéutica a descubrir el propósito original de quien acude a la jurisdicción; es decir, que el juzgador goza de la potestad de escrutar dicho libelo con el fin de esclarecer la voluntad del demandante confusamente expuesta; pero, y esto resulta significativo, en modo alguno, so pretexto de interpretar dicho escrito, puede darle un alcance distinto, o hacerle decir lo que objetivamente no dice, o alterar su contenido, ni siquiera por motivos que estime ‘justos’ o valederos; de suerte, pues, que esa facultad hermenéutica no puede ejercitarse en forma arbitraria o caprichosa, por cuanto comporta una operación sometida al imperio de la razón y del sentido común y, esencialmente, sujeta a los límites fundamentales impuestos por el actor” (sent. jul. 16/2008, exp. 1997 00457 01, entre otras).

7.3.1. Huelga memorar que si bien la jurisprudencia colombiana al referirse en un comienzo a los perjuicios extrapatrimoniales solamente aludía a los morales, lo cierto es que hoy reconoce que de esa naturaleza participa el denominado “daño a la vida de relación”, aceptando que este tiene una entidad jurídica propia y, por ende, no puede confundirse con otras clases de agravios que posean alcance y contenido disímil, ni subsumirse en ellos.

Un primer paso lo dio la Corte cuando en el fallo de 4 de abril de 1968 contempló el “daño a la persona”, y señaló que consistía en “un desmedro a la integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad”, susceptible de “proyectarse en quebrantos en la vida de relación y de repercutir en el equilibrio sentimental del sujeto”; posteriormente, sea oportuno relievarlo, el legislador previó que el daño moral no era el único de carácter inmaterial, pues estableció en el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970 que “la persona a quien se discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido” (destaca la Corte).

Por su parte, el Consejo de Estado —Sección Tercera—, en sentencia de 14 de febrero de 1992, puso de presente la existencia de un particular aspecto del perjuicio extrapatrimonial, pues aunque refiriéndose a la indemnización del daño moral, tuvo en cuenta las incidencias traumáticas que en el campo afectivo lastimaron a la víctima, por razón del daño fisiológico a que hacía alusión el escrito incoativo del litigio. Ese concepto se ensanchó y consolidó en el fallo de 6 de mayo de 1993, en el que expresamente admitió el perjuicio fisiológico, utilizando dicha denominación como sinónima de “daño a la vida de relación”, entendiendo por tal “‘(...) la pérdida de la posibilidad de realizar (...) otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia’”.

Empero, en la sentencia de 13 de junio de 1997 sostuvo que aquel no tenía una entidad jurídica propia, en cuanto lo conformaban agravios de índole material y moral, tesis que abandonó a partir del pronunciamiento que emitió el 25 de septiembre de 1997, pues reconoció que era una especie de daño extrapatrimonial distinto al moral, aunque continuó llamándolo fisiológico, término cuyo alcance precisó en el fallo de 19 de julio de 2000, en el que dejó en claro que no era sinónimo de la expresión “daño a la vida de relación”, ya que esta corresponde a un concepto mucho más compresivo y, por ende, resultaba inadecuado el uso de aquel. Explicó, también, que la afectación a que hace referencia la última locución podía “tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas” y que ella no solo se circunscribe a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, como pareciera desgajarse de la denominación préjudice d’agrement dada por la doctrina francesa, sino en general a las actividades rutinarias que la víctima ya no podrá realizar o que demandan de ella un esfuerzo excesivo para ejecutarlas.

Desde este último pronunciamiento, la jurisprudencia administrativa viene empleando la dicción “daño a la vida de relación”, entendiendo que este no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que en razón de aquella se producen en la vida de relación del afectado, de tal modo que modifica el comportamiento social de este o altera de manera significativa sus posibilidades vitales (sent. sep. 28/2000, exp. 11755).

La Corte a tono con los postulados constitucionales vigentes y con la realidad jurídica y social, retomó el tema del “daño a la vida de relación”, en el fallo emitido el 13 de mayo de 2008 —expediente 1997 09327 01—, en el que reparó tanto en la doctrina foránea como en la jurisprudencia patria para concluir que es de completo recibo en nuestro ordenamiento como una especie de daño extrapatrimonial, incluso precisó que era distinto al de índole moral —también inmaterial—; y, por tanto, su protección se impone en los casos en que esté cabalmente acreditado.

Sobre las particularidades del daño en cuestión, puntualizó los siguientes aspectos: a) su naturaleza es de carácter extrapatrimonial, ya que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es inasible, porque no es posible realizar una tasación que repare en términos absolutos su intensidad; b) se proyecta sobre la esfera externa del individuo; c) en el desenvolvimiento de la víctima en su entorno personal, familiar o social se revela en los impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas que debe soportar y que no son de contenido económico; d) pueden originarse tanto en lesiones de tipo físico, corporal o psíquico, como en la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales; e) recae en la víctima directa de la lesión o en los terceros que también resulten afectados, según los pormenores de cada caso, por ejemplo, el cónyuge, compañero(a) permanente, parientes cercanos, amigos; f) su indemnización está enderezada a suavizar, en cuanto sea posible, las consecuencias negativas del mismo; g) es un daño autónomo reflejado “en la afectación de la vida social no patrimonial de la persona”, sin que comprenda, excluya o descarte otra especie de daño —material e inmaterial— de alcance y contenido disímil, como tampoco pueda confundirse con ellos.

De igual modo, clarificó que el daño a la vida de relación y el moral son distintos, habida cuenta que el primero se refleja sobre la esfera externa del individuo, es decir, tiene que ver con las afectaciones que inciden en forma negativa en su vida exterior, concretamente, alrededor de su actividad social no patrimonial, mientras que el segundo recae sobre la parte afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc.

7.3.2. Si las cosas son de ese modo, resulta claro que relativamente al daño en cuestión solo resta examinar si el mismo le fue irrogado al actor, y de ser así proceder a su tasación, acudiendo al arbitrium judicis; por supuesto, que en esa tarea se atenderán las condiciones de la lesión y las secuelas que hubiere producido en los ámbitos personal, familiar y social de la víctima.

Las experticias aquí examinadas refieren la naturaleza de las lesiones sufridas por Patiño Montes y sus secuelas, entre ellas la perturbación funcional del órgano de la locomoción (fl. 128 del cdno. 2); deterioro general de las funciones cerebrales —inteligencia, memoria, afectividad, creatividad— (fls. 210 a 212 del cdno. 2); trastornos en el comportamiento —agresividad, somnolencia, pasividad, incontinencia afectiva— (fls. 210 a 212 del cdno. 2).

En fin, tal como lo conceptuaron los neurocirujanos en el dictamen rendido en el proceso civil, el demandante “quedó con alteraciones cerebrales superiores, como la inteligencia, la memoria y la afectividad”, sufriendo trastornos en la atención, concentración, comportamiento y capacidad de locomoción (fl. 31 del cdno. 8).

Dichas afecciones han repercutido, evidentemente, en su existencia como ser humano, al punto que, según la prueba pericial y testimonial, menoscabaron su “autodependencia”, por cuanto requiere de la ayuda de otra persona para atender sus necesidades básicas, por ejemplo, para bañarse y desplazarse (fls. 20 y 57 del cdno. 8), función esta última que realiza valiéndose de un bastón (fls. 56, 58 vto., 61 del cdno. 8); así mismo, el daño cerebral padecido tiene enormes repercusiones, entre ellas en su desarrollo afectivo, profesional, pues ni siquiera está en capacidad de asumir su rol de esposo y padre (fl. 212 del cdno. 2), e, inclusive interrelacionarse con los demás, y a todo esto se suma la parálisis sufrida que le dificulta indiscutiblemente efectuar cualquier actividad física.

Puestas así las cosas, puede afirmarse, sin titubeos que su vida de relación se encuentra seria y tangiblemente menoscabada.

Aun más, los peritos —neurocirujanos— en la ampliación de su dictamen concluyeron que las secuelas de las lesiones causadas a William de Jesús Patiño Montes “lo incapacitan para su desempeño laboral y general” en un 90% (fls. 131 y 132 del cdno. 11), lo cual significa que no podrá desarrollar ninguna actividad laboral, situación que, al margen de los perjuicios materiales irrogados, modifica radicalmente la forma de vida de cualquier persona, dado que no podrá volver a ser económicamente productiva. Y en el caso en particular de Patiño Montes, de quien dependían su esposa e hijos, esta circunstancia tiene consecuencias evidentes tanto en los roles que cumplía como en sus modus vivendi, ya que su función de cabeza de familia la tuvo que asumir su esposa, según lo atestiguado por ella y otros deponentes.

Ninguna duda puede albergarse respecto a que las secuelas de la lesión padecida por el señor Patiño Montes inciden ostensiblemente en su vida de relación, especialmente, en las facetas personal, familiar y social, toda vez que no solo es imposible que pueda continuar con sus actividades rutinarias, sino también que goce de los placeres de la vida; por supuesto, que en esas condiciones se le dificulta relacionarse con las personas y las cosas, incluso ellas arrasaron con sus posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones, en cuanto obstaculizan su crecimiento en todos los campos.

Colígese, entonces, que está acreditada la existencia del perjuicio extrapatrimonial padecido por la víctima en su vida exterior, el que, a buen seguro, seguirá incidiendo negativamente en ella; por consiguiente, se impone acudiendo al arbitrium judicis tasarlo en noventa millones de pesos ($ 90.000.000) m/cte., cantidad que se reducirá en un 30%, dada la incidencia que tuvo su comportamiento en la producción de aquel. Por tanto, esa condena ascenderá a sesenta y tres millones de pesos ($ 63.000.000) m/cte., la que muy probablemente por la magnitud del daño apenas será un paliativo al mismo.

7.3.3. De otra parte, es innegable que las lesiones de que fue víctima William de Jesús Patiño Montes y sus funestas consecuencias, le produjeron una gran aflicción, pues el sentirse disminuido en sus capacidades físicas e intelectuales, al punto que no pudo continuar llevando su vida normal, ni en el ámbito familiar ni laboral, conforme lo revelan los informes del Instituto de Medicina Legal y la experticia rendida en el proceso, necesariamente causa dolor en el ser humano, amén de las secuelas físicas de carácter permanente que sufrió (deformación facial y perturbación de la locomoción) que, obviamente, repercuten en su autoestima.

Así las cosas, resulta patente que el actor sufrió un perjuicio moral y, por ende, su indemnización se tasará en la suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) m/cte., pero como la apreciación del daño aquí está sujeta a una reducción del 30% el demandado solo será condenado a pagar, por tal concepto, la suma de veintiocho millones de pesos ($ 28.000.000) m/cte.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de instancia

RESUELVE:

Revocar la sentencia proferida el 23 de octubre de 2000, por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Manizales (Caldas), en este litigio y, en su lugar, se DISPONE:

1. Declarar que Mario Giraldo Aristizábal es civilmente responsable de los perjuicios irrogados a William de Jesús Patiño Montes, con las lesiones que le causó con arma de fuego, el día 17 de octubre de 1988, según lo expuesto en la parte motiva de esa decisión.

2. Condenar al demandado a cancelar al demandante la suma de $ 666.011.259,01 como indemnización por el daño material irrogado, en la modalidad de lucro cesante.

3. Condenar a la parte opositora a indemnizar el daño a la vida de relación padecido por el actor, en cuantía de $ 63.000.000, conforme a lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

4. Condenar a Mario Giraldo Aristizábal a pagar a la víctima la suma de $ 28.000.000, como indemnización por el daño moral que le causó, por los hechos de que da cuenta la parte motiva de este fallo.

5. Declarar infundada la cosa juzgada aducida por el demandado.

6. Condenar en costas de ambas instancias a la parte accionada. Tásense.

Notifíquese.

Arturo Solarte Rodríguez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla. 

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