Sentencia 1993-00540/15576 de mayo 2 de 2007

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 73001-23-31-000-1993-00540-02(15576)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Ignacio Murillo Murillo

Demandado: Nación-Ministerio de Justicia

Ref.: Apelación sentencia acción de reparación directa

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil siete

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la entidad demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 14 de julio de 1998, la cual, en su parte resolutiva, dispuso:

«NEGAR las pretensiones formuladas en la demanda» (Mayúsculas sostenidas del texto original).

1. Antecedentes.

1.1. Lo que se demanda.

Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 1993, ante el Tribunal Administrativo del Tolima (fls. 46-62, c. ppal.), a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el ciudadano Ignacio Murillo Murillo instauró demanda encaminada a que se declarara a la Nación-Ministerio de Justicia, responsable de las lesiones causadas al actor por el que, en la demanda, se considera irregular proceder constitutivo de error jurisdiccional, en el que habría incurrido la Juez Primero Civil Municipal del Espinal (Tolima), al acceder a las pretensiones del demandante en el proceso de restitución de inmueble rural arrendado, en el cual el señor Murillo Murillo obró como parte demandada.

Como consecuencia de la anterior declaración, se reclama en el libelo introductorio que se condene a la entidad demandada a pagar la correspondiente indemnización de perjuicios, tanto materiales —que comprenden el daño emergente y el lucro cesante— como morales, irrogados a la parte actora.

1.2. Los hechos.

Se narra en la demanda, en resumen, que los presupuestos fácticos que dan lugar a incoar la acción de reparación directa que motiva el sub judice tienen su origen en el proceso de restitución de inmueble rural arrendado que cursara ante el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal (Tolima), en el cual fungió como demandante el señor Edgardo Enrique Hernández Niño y como demandado el señor Ignacio Murillo Murillo. En el referido proceso civil, el entonces actor solicitó la restitución del predio denominado “El Milagro”, ubicado en la vereda “Canastos”, del municipio de El Espinal (Tolima); mediante sentencia calendada el 24 de junio de 1991, el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal (Tolima) accedió a las pretensiones del demandante.

Dicho proveído fue recurrido en apelación por el apoderado del señor Murillo Murillo, pero dicho mecanismo impugnatorio fue rechazado, situación que llevó al procurador judicial del allí demandado a interponer recurso de queja. Mientras este último se encontraba en trámite y antes de ser resuelto, el 24 de agosto de 1991 y actuando como comisionado del Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal, el Inspector Municipal de Policía de dicha localidad llevó a cabo la diligencia de lanzamiento del señor Murillo Murillo y, seguidamente

«(...) el demandante ordenó destruir por medio del fuego una casa de habitación consistente en bahareque y pisos de cemento, puertas de madera, techos de zinc y palmicha y una cocina y despensa de los mismos materiales, separada de la habitación principal, así como unas barbacoas que sirven para descanso y tertuliadero (sic) y diversos usos campesinos».

A juicio del aquí demandante, el fallo proferido por la Juez Primero Civil Municipal de El Espinal no tiene en cuenta que ya había cursado ante la jurisdicción una primera demanda, entre las mismas partes, que había desestimado las pretensiones del señor Edgardo Enrique Hernández Niño y, adicionalmente, se basa —la aludida sentencia de 24 de junio de 1991— en un documento —el pretendido contrato de arrendamiento del predio rural, supuestamente celebrado en 1953— que no podía ser valorado probatoriamente como quiera que no cumplía con el requisito de haberse pagado el importe del impuesto de timbre que resultaba imperativo sufragar. Todo lo anterior sumado a que —continúa el demandante—, desde el año 1943, el señor Ignacio Murillo Murillo había ejercido la posesión del antedicho inmueble, con ánimo de señor y dueño, de suerte que, con dinero de su propio peculio, había introducido mejoras en él, desconociendo, por tanto, la existencia de contrato de arrendamiento suscrito con persona alguna.

Posteriormente y dentro del término de fijación en lista del proceso, mediante escrito calendado el 26 de julio de 1996 (fls. 238-242, c. ppal), el apoderado del actor corrigió y adicionó la demanda, solicitando la notificación personal de la misma al Director Nacional de Administración Judicial, por entender que a dicho funcionario le corresponde la representación judicial de la Nación-Rama Judicial. Adicionalmente, el demandante destacó que la existencia de un pronunciamiento judicial previo en relación con el mismo asunto —la pretensión de restitución del inmueble rural supuestamente arrendado al señor Ignacio Murillo Murillo— y entre las mismas partes, en el cual se habían denegado las súplicas del demandante, hacía imposible jurídicamente la sentencia de 24 de junio de 1991, irregularmente proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal (Tolima).

1.3. Contestación de la demanda.

El auto admisorio de la demanda fue notificado a la Nación-Ministerio de Justicia, a través del Gobernador del departamento del Tolima, en la forma autorizada por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo (fl. 68, c. ppal) y aquel la contestó mediante escrito en el cual se opuso a las pretensiones del actor, aduciendo que el procedimiento adelantado por el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal se ciñó a las exigencias rituales efectuadas por el Código de Procedimiento Civil; en él se valoraron adecuadamente las pruebas recaudadas en el expediente respectivo y, adicionalmente, dentro del trámite procesal el demandado no manifestó oposición alguna al momento en que se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento del lote, llamando el apoderado de la demandada, adicionalmente, la atención sobre la circunstancia de que el señor Ignacio Murillo, durante los 48 años que manifiesta haber poseído el inmueble, nunca ejerció la acción de declaración de pertenencia, circunstancias todas que demuestran que el inmueble no era de propiedad del aquí demandante y, en consecuencia, que la actuación judicial surtida dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado de marras, se ajustó a Derecho (fls. 80-85, c. ppal).

También contestó la demanda María Hilda Vargas López, quien se desempeñaba como Jueza Primera Civil Municipal de El Espinal durante la época en la cual ocurrieron los hechos y cuya citación, como responsable en conexidad, había sido solicitada en el libelo introductorio. En su escrito de contestación, la citada se opone a las pretensiones del demandante, explicando que si bien es verdad que hubo un primer proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado en contra del señor Murillo Murillo, en el cual se desestimaron las pretensiones del actor por insuficiente identificación del inmueble objeto de las mismas, en la segunda demanda se establecieron los linderos generales y especiales de la finca “El Milagro” y los mismos quedaron suficientemente probados en el proceso —mediante planos e inspección judicial—.

Añade que, dentro del segundo proceso de restitución de inmueble arrendado, el demandado no consiguió demostrar su alegada condición de poseedor y, en cambio, sí se acreditó que ostentaba la calidad de mero tenedor pues, mediante incidente de autenticidad de la firma estampada en el contrato de arrendamiento, se demostró que la misma había sido plasmada en él por el señor Ignacio Murillo Murillo. Además explicó, el apoderado de la citada como responsable conexa, que el trámite del recurso de queja no suspende la ejecución de las providencias y menos en procesos de mínima cuantía como el referido. En consecuencia, propone la excepción que denomina “exoneración de responsabilidad por ausencia de error inexcusable”.

Por tratarse de un tercero interesado en las resultas del proceso, también fue notificado, mediante edicto emplazatorio, el señor Edgardo Enrique Hernández Niño, a quien se le designó curador ad litem. Este, por su parte, guardó silencio (fls. 225-236, c. ppal.)

1.4. La sentencia apelada.

El a quo negó prosperidad a las súplicas de la demanda por entender que la Juez Primero Civil Municipal de El Espinal no incurrió en vía de hecho al ordenar la restitución del inmueble rural de marras, pues el señor Ignacio Murillo Murillo, de acuerdo con el contrato de arrendamiento y los testimonios recaudados en el proceso ante la jurisdicción ordinaria, ejercía respecto del bien la condición de tenedor y no la de poseedor. Ello como consecuencia de que dentro del proceso abreviado de restitución de bien inmueble se probó la autenticidad del citado contrato, con base en un dictamen grafológico forense llevado a cabo en el primer proceso de lanzamiento que cursó, entre las mismas partes, en el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma localidad.

Añade el a quo que como el contencioso indemnizatorio no tiene por objeto revisar el proceso en el cual se aduce que se incurrió en el error jurisdiccional, es poco lo que procede sostener en cuanto al hecho de que no obrara en este constancia de pago del impuesto de timbre del contrato de arrendamiento, pues se trata de un asunto que mal puede someterse a discusión en sede de reparación directa. En cualquier caso, precisó el Tribunal que el contrato de arrendamiento, para considerarse existente, no requiere del pago del impuesto de timbre, por ser esta una exigencia meramente tributaria.

Por otra parte, sostuvo el fallador de primera instancia que si bien el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal no permitió que se ejecutoriara la sentencia de junio 24 de 1991, como quiera que no aguardó a que se surtiera el recurso de queja interpuesto por el apoderado del señor Murillo Murillo, ante la negativa del de apelación, “este error procedimental se subsanó al haber confirmado en fecha 4 de septiembre de 1991 el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal el auto de julio 12 del mismo año, que había negado el recurso de apelación”.

1.5. El recurso de apelación.

Inconforme con la referida decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en alzada, fundamentando la impugnación en que, a su entender, el Tribunal Administrativo del Tolima no se ocupó de ninguno de los asuntos planteados en el escrito de corrección y adición de la demanda, como tampoco tomó en consideración, para declarar la responsabilidad del Estado por error judicial, el carácter apelable de las sentencias de lanzamiento de predios agrarios. Ello le lleva a concluir que el señor Ignacio Murillo Murillo sí fue víctima de una vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, “audiencia y legítima defensa”, violación de la cual debe derivarse la consiguiente declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

1.6. Trámite del recurso y alegatos de conclusión en la segunda instancia.

El recurso fue concedido mediante providencia calendada el 5 de agosto de 1998 (fl. 317, c. ppal) y admitido a través de auto de fecha 22 de octubre del mismo año (fl. 322, c. ppal). Corrido traslado para alegar de conclusión en la segunda instancia (fl. 324, c. ppal.), las partes demandante y demandada guardaron silencio. Se pronunció el Ministerio Público mediante concepto rendido por la Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso ante esta corporación.

La Agencia Fiscal compartió la decisión denegatoria de las pretensiones de la demanda, adoptada por el a quo y solicitó su confirmación como quiera que, a su entender, en el proceso civil de restitución de inmueble arrendado estuvo plenamente acreditada la existencia del contrato de arrendamiento, especialmente a través de la prueba grafológica que dictaminó que el señor Murillo Murillo lo había suscrito. Por otra parte, entendió la Procuradora Delegada que los testimonios recaudados tanto en el proceso civil de marras como en el sub examine, coinciden en afirmar que el aquí demandante ejercía su condición de mero tenedor —y no de poseedor— del predio, de manera que, ante la falta de prueba de pago de los cánones de arrendamiento, el Juez Civil no tenía más remedio que ordenar la restitución del inmueble, como efectivamente lo dispuso.

Por tanto, a juicio del Ministerio Público no existe un daño antijurídico causado al demandante, pues este ha debido probar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o, en su defecto, restituir el predio. Además —continúa la Procuradora Delegada— el derecho al resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un error judicial no puede constituirse en una nueva instancia para revisar el proceso dentro del cual se alega la existencia del yerro. Las simples deficiencias en que pudiera haberse incurrido en el desarrollo de un proceso judicial no son suficientes, per se, para deducir de ellas responsabilidad patrimonial al Estado, si no se puede probar, adicionalmente, que de no haberse presentado tales deficiencias las cuales debieron haber sido puestas de presente en el proceso mismo a través del ejercicio de los correspondientes recursos, la decisión de fondo habría sido diferente.

En este estado del proceso y sin que se observe la configuración de causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a proferir sentencia, previo lo cual efectuará las siguientes.

2. Consideraciones.

A continuación se procede a identificar cuáles serán los problemas jurídicos a abordar con el fin de desatar el recurso de alzada.

2.1. Lo que se debate.

Teniendo en cuenta el panorama que se ha dejado expuesto, considera la Sala que para resolver el asunto que se somete a su consideración por razón del recurso de apelación impetrado contra la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima en el presente proceso, resulta imperativo despejar los siguientes problemas jurídicos:

(i) Resolver las dudas que, frente al extremo de la legitimación en la causa por pasiva, pueda plantear la circunstancia de que la defensa de la Nación haya sido asumida, en el sub judice, por el Ministerio de Justicia y del Derecho y no por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a tenor de lo normado por el artículo 99 de la Ley 270 de 1996.

(ii) Precisar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, habida cuenta que se trata de dilucidar si se ha incurrido, por parte del Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal (Tolima), en un error judicial dentro del proceso de restitución de inmueble rural arrendado que adelantara el señor Edgardo Enrique Hernández Niño contra el aquí demandante, señor Ignacio Murillo Murillo.

(iii) Una vez clarificado el anterior extremo, establecer si, en el sub lite, concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por error judicial.

2.2. Sobre la legitimación en la causa por pasiva.

Se hace necesario llevar a cabo este breve exordio relacionado con el tema de la legitimación en la causa por pasiva, como quiera que dentro del presente proceso —según se explicó en el apartado de antecedentes— tuvo lugar una corrección y adición de la demanda, durante el término de fijación en lista del proceso, con fecha 26 de julio de 1996, esto es, algunos meses después de la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 —producida el 7 de marzo del mismo año—, la cual, en su artículo 99, atribuye la función de representar a la Nación-Rama Judicial, en los procesos judiciales, al Director Ejecutivo de Administración Judicial, con lo cual dicha atribución dejó de estar encomendada al Ministerio de Justicia, tal como hasta entonces lo disponía el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo.

El cuestionamiento surge a raíz de que, a pesar de la solicitud formulada por el demandante en el sentido de notificar el auto admisorio de la demanda al mencionado Director Ejecutivo de Administración Judicial —aunque fundamentada, erradamente, según se verá, en lo preceptuado por el artículo 15 del Decreto 2652 de 1992—, el a quo nada resolvió al respecto y se continuó adelante el trámite con la intervención del apoderado del Ministerio de Justicia quien, por lo demás, ya había contestado la demanda antes de que se produjese la corrección y adición de la misma y, una vez notificado, también, de dicha corrección y adición, fue quien continuó ejerciendo la defensa judicial de la Nación.

A juicio de la Sala, el anterior asunto no plantea ningún problema que afecte la validez de lo actuado por una eventual falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta dos consideraciones: la primera, consistente en que, como la propia Sala lo ha sostenido en otras ocasiones, el que ahora se aborda es un asunto no de legitimación en la causa, sino de representación del centro de imputación constituido por la Nación, pues, sea cual fuere la entidad pública que asuma la defensa de los intereses de la misma dentro de la litis, será siempre la Nación, como persona jurídica, la que deba resistir las pretensiones del demandante.

Ahora bien, el criterio para dilucidar cuál ha de ser la entidad pública que asuma la representación judicial de la Nación, es el del momento de la presentación de la demanda, pues son las normas vigentes en ese instante las que deben aplicarse a efectos de definir el punto. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el libelo introductorio en el sub lite fue presentado el 18 de agosto de 1993, la norma aplicable era el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, que atribuía la representación judicial de la Nación-Rama Judicial al entonces denominado Ministerio de Justicia y del Derecho. En consecuencia, ningún inconveniente suscita, en el presente proceso, que hubiera sido esta entidad la que hubiese asumido la defensa de los intereses de la Nación.

Y, en segundo lugar, no obstante la omisión en la que pueda haber incurrido el a quo al no pronunciarse expresamente sobre la petición formulada por el actor, al corregir y adicionar la demanda, en el sentido de notificar el auto admisorio de la misma también al Director Ejecutivo de Administración Judicial, debe advertirse que, en todo caso, los intereses y la posición jurídica de la Nación fueron defendidos por el pluricitado Ministerio de Justicia, el cual ejerció el derecho de contradicción toda vez que contestó la demanda (fls. 80-85, c. ppal), la corrección y adición de la misma (fls. 253-257, c. ppal) y presentó alegatos de conclusión (fls. 291-296, c. ppal)(1).

De manera que nada obsta para que la Sala pueda entrar a estudiar el fondo del asunto, con lo cual reitera lo que en otra oportunidad expresó en el mismo sentido recién expuesto:

«1. Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, es evidente que este presupuesto se cumple en el caso sub júdice como que el actor formuló su petitum contra la Nación, que es la llamada a resistirlo.

Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica está representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque “los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas” que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 83 CCA) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 149 CCA.

Podría afirmarse que el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, solo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (art. 86 CCA).

Se trata, pues, de un problema de representación, no de legitimación en la causa.

2. Sobre la representación de la Nación en este proceso, debe decirse:

El inciso 3º del artículo 149 del Decreto 01 de 1984 dispone que “(…) el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la rama jurisdiccional”.

Con posterioridad a la expedición de la nueva Constitución Política, en cuyo artículo 228 consagró el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia, se expidió el Decreto 2652 de 1991, que en su artículo 15 le asignó al Director Nacional de Administración Judicial la función de “4º. Llevar la representación jurídica de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (…)”.

En punto a la aparente contradicción normativa, la Corte Constitucional sostuvo al declarar la exequibilidad del artículo 149 CCA.:

“(…) es preciso señalar que para la Corte no es incompatible, ni inconstitucional, la coexistencia de la representación jurídica de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Director Nacional de Administración Judicial para los asuntos propios de la gestión administrativa y contractual de este tipo de intereses administrativos y de gestión, y aun de la judicial de los mismos fines bajo los términos que señale el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa y dentro de las competencias previstas en el Decreto 2652 de 1991, con la especial representación judicial de la Nación - Rama Judicial en cabeza del Ministro de Justicia para los efectos de las actuaciones judiciales contencioso administrativas en las que está comprometida la voluntad de aquella por actos, actuaciones o vías de hecho de los jueces y magistrados, en ejercicio de la funciones que les corresponden(2).

De manera que, de acuerdo con las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por actuaciones o vías de hecho de jueces y magistrados, incluidos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura que, como lo prevé el artículo 116 de la Constitución Política, hace parte de la Rama Judicial del poder público.

Resulta oportuno precisar que hoy, en virtud de la expedición de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la representación de la Nación - Rama Judicial en toda clase de procesos judiciales reside en el Director Ejecutivo de Administración Judicial, conforme lo señala su artículo 99 que subrogó en este aspecto el inciso 3º del artículo 149 CCA.

En este orden de ideas, concluye la Sala que la Nación como entidad demandada debía estar representada, como en efecto lo estuvo, por el Ministerio de Justicia, y por ello es procedente abordar el estudio de las pretensiones formuladas» (subrayas fuera del texto original)(3).

2.3. Sobre la responsabilidad del Estado por error judicial.

2.3.1. Situación antecedente a la expedición de la Constitución Política de 1991.

Antes de entrar en vigor la Constitución Política de 1991 fue reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con el error judicial, en el sentido de señalar que no era jurídicamente viable admitir la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del funcionamiento del servicio de Administración de Justicia, aduciéndose, como principales fundamentos que sustentaban dicha comprensión, la intangibilidad del principio de cosa juzgada, de un lado0 y, de otro, la consideración de acuerdo con la cual los posibles yerros en que incurriese la Rama Judicial constituyen un riesgo cuya materialización corresponde asumir, por igual, a todos los coasociados. Así pues, la posición jurisprudencial en comento podría condensarse en el aserto según el cual «la responsabilidad estatal por la actividad jurisdiccional ha merecido el rechazo tanto de la jurisprudencia como de la doctrina nacionales. Cuando más, se acepta una responsabilidad personal del funcionario que cometió errores inexcusables»(4). En la anotada dirección, también sostuvo esta Sala lo siguiente:

«(...) en efecto, si bien la necesidad de tener justicia en cada caso, aconseja no limitar los recursos judiciales ni impedir que sucesivas inteligencias (apelaciones) o simultáneamente varias inteligencias (jueces colegiados), examinan la justicia de la decisión jurisdiccional todo ello sobre el supuesto sabio de que humanae est errare, también es cierto que la seguridad jurídica en el comercio de los hombres es presupuesto ineludible del orden jurídico y la paz social, primordial objetivo de la decisión jurisdiccional que justifica por sí misma la existencia y protección de la cosa juzgada, aún a riesgo de sacrificar algunas veces la justicia a cambio de la seguridad social y respaldada por el principio de que no es fatal que el primer juez se equivoque, ni absolutamente cierto que el segundo acierte siempre.

Lo anterior hace que se tome “el error judicial común”, el simple error humano del juez como el sacrificio que hace el individuo a cambio de la seguridad jurídica, de la paz y la tranquilidad que le ofrece el Estado como personero legal de la Nación. Por ello, el error judicial no compromete la responsabilidad del Estado, es un riesgo a cargo del administrado, es una carga pública a cargo de los asociados.

6. Y es que otra conclusión distinta acabaría con la organización jurisdiccional, con la autonomía y la especialidad de las jurisdicciones, y crearía el caos al desquiciar la confianza pública depositada en la decisión judicial.

(...)

7. Más, cuando tal error ya no es del común del juez-hombre sino que responde a la noción de error inexcusable, error grosero o implica dolo, fraude o abuso de autoridad, entonces es el juez, personalmente, quien debe responder por los perjuicios que cause, a tenor de los artículos 25 y 40 del Código de Procedimiento Civil»(5) (subrayas fuera del texto original).

De manera que, antes de la Constitución Política de 1991, la realidad es que la única vía para que un particular pudiese exigir la responsabilidad patrimonial derivada de los yerros en que incurriese la Administración de Justicia, era el recurso a los cauces establecidos por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil —decretos 1400 y 2019 de agosto 6 y octubre 26 de 1970, respectivamente—, para intentar deducir responsabilidad personal respecto del juez únicamente, norma cuyo tenor literal era el siguiente:

«ART. 40.Responsabilidades del juez. Además de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley, los magistrados y jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes, en los siguientes casos:

1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad.

2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto.

3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva por el trámite del proceso ordinario. La demanda deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del proceso respectivo. La sentencia condenatoria en los casos de los numerales 1º y 3º no alterará los efectos de las providencias que la determinaron.

En caso de absolución del funcionario demandado, se impondrá al demandante, además de las costas y los perjuicios, una multa de mil a diez mil pesos».

Y en relación con las exigencias para que procediera deducir responsabilidad patrimonial al Juez por incurrir en error inexcusable, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia fue sumamente meticulosa al perfilar los requisitos para que un yerro de tal naturaleza pudiese ser considerado existente y comprometiese la responsabilidad personal del funcionario:

«De lo anterior se sigue entonces, que de conformidad con el numeral 3 del artículo 40 citado, uno de los eventos en que la responsabilidad se configura y para el juez emerge la consiguiente obligación de reparar, se da cuando en providencia definitiva que por su contenido o por las secuelas que lleva consigo ocasiona perjuicios a un litigante, quebranta la ley por error inexcusable, expresión esta como se sabe, tiene sus raíces en el derecho judicial español del siglo pasado y alude, en tesis general por lo menos, a omisiones graves, evidentísimas e imperdonables que pueden comprender tanto la negligencia como la falta de pericia, por notoria falta de conocimientos y convierten a los funcionarios del orden jurisdiccional en un verdadero peligro pues frente a un estado de cosas así, y para decirlo con palabras de un reputado escritor, se trata de casos de suyo demostrativos de la gravedad que encierran y (...) “que generalmente se acercan a la perversidad del individuo y lo colocan por tanto en estado peligroso (...)” (Demetrio Sodi. La nueva ley procesal, tomo II, México, 1946), situación naturalmente de ocurrencia excepcional que es la que en últimas viene a justificar el reconocimiento de la ley de la acción indemnizatoria en estudio. Expresada en otros términos la misma noción, no es suficiente cometer un error de hecho o de derecho, por ostensible y grave que sea, para que surja esta responsabilidad; preciso es además que lo acompañe la nota de la inexcusabilidad que, como mínimo presupone la culpa grave y ha de entendérsela al tenor de los criterios jurisprudenciales adoptados de vieja data por esta corporación.

En síntesis, en el juicio jurisdiccional fuente de responsabilidad civil para quien lo emite, la culpa implica negligencia o ignorancia ambas, según sean las circunstancias concretas que rodean cada caso, tienen que ser garrafales, habida consideración que el escueto error de concepto, doctrina o interpretación, aún cuando lo haya no origina aquella responsabilidad sino en tanto ponga en evidencia la manifiesta infracción de un precepto legal específico cuya pretermisión no pueda obedecer sino a descuido o impericia de tal entidad que, para cualquier profesional en las disciplinas jurídicas con rectitud de miras y de mediana experiencia resulten imperdonables; por fuera de ese marco y dada la importancia que la independencia de criterio reviste para el eficaz ejercicio de la función judicial, visto lo precario y falible que es el entendimiento humano y por cuanto en no pocas oportunidades la defectuosa redacción de las leyes es el factor desencadenante de desaciertos imputables a los organismos de justicia, la verdad es que el legislador no pretendió someterlos a la responsabilidad del tipo de la consagrada en el Art. 40 del Código de Procedimiento Civil»(6) (subrayas fuera del texto original).

2.3.2. Constitución Política de 1.991, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia —270 de 1996— y fallo de control previo de constitucionalidad de esta —Sentencia C-037 de 2006—.

No escapa a la Sala que la providencia judicial a la cual se acusa, por el demandante, de encontrarse incursa en error jurisdiccional, fue proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal el día 24 de junio de 1991, es decir, antes de la entrada en vigor de la Constitución Política de ese año —la cual se produjo el 7 de julio de 1991—, de manera que la responsabilidad patrimonial del Estado por esa decisión debería ser evaluada con base en la normatividad contenida en la Carta de 1886 —con sus correspondientes reformas—, a cuyo amparo, según se acaba de exponer, la jurisprudencia de esta corporación rechazó la procedencia de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia. Las consideraciones que se efectuaron en el acápite inmediatamente precedente podrían ser suficientes, entonces, para despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

No obstante, ya en vigor de la Carta de 1991 la Sala ha considerado —y en esta providencia así lo reitera— que incluso dentro del marco constitucional anterior resultaba jurídicamente viable e, incluso, imperativo, deducir responsabilidad patrimonial al Estado por el hecho de las decisiones o el funcionamiento de la Rama Judicial, con fundamento no solo en el artículo 16 del ordenamiento constitucional entonces vigente sino en lo preceptuado por la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada en el ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16 de 1972. En la expresada dirección la Sala sostuvo:

«En relación con el error judicial cabe señalar que en una primera etapa la jurisprudencia de la corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que este era un riesgo a cargo de todos(7).

Esas limitaciones para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional no estaban fundadas en disposiciones constitucionales o legales, porque si bien la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación a cargo del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares en desarrollo de la función de impartir justicia, el artículo 16 de la Carta que consagraba el deber de todas las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares y que se invocaba como fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado por la jurisprudencia de esta corporación, permitía incluir en tal concepto a las autoridades encargadas de dicha función.

De igual manera la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos más conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, incorporada al derecho nacional por la Ley 16 de 1972, permitía deducir responsabilidad del Estado por error judicial toda vez que en su artículo 10 prevé que “toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial”.

En cuanto a la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia la Sala, en providencia del 10 de noviembre de 1967 expediente 867, señaló:

“una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden a definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad (...) no es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes una veces por la inseguridad en que se mantiene los despachos judiciales y otras por negligencia de sus empleados” (subrayas fuera del texto original).

Hecha la anterior salvedad en el sentido de que nada obstaría para que pudiera llevarse a cabo un análisis sobre la responsabilidad del Estado-Juez —que, incluso, eventualmente condujese a una condena— al amparo del ordenamiento constitucional anterior al vigente en la actualidad, bien vale la pena advertir, desde ahora, que no será ése el derrotero del presente proveído toda vez que, por las razones que se explican en el apartado 2.4 del mismo, entiende la Sala que la cuestionada actuación judicial desplegada por el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal no ha sido contraria a Derecho.

Sin embargo, como en la demanda se cuestiona no solamente la legalidad de la sentencia mediante la cual se ordena la restitución del inmueble rural arrendado —fechada, según se apuntó, el 24 de junio de 1991—, sino también la juridicidad de la actuación posterior a la misma y, concretamente, de la diligencia con la cual se materializa el lanzamiento —el 24 de agosto de 1991—, es procedente llevar a cabo también una alusión al tratamiento que a la responsabilidad del Estado, por el hecho de la Administración de Justicia, proporciona la Carta Constitucional de 1991. Dentro de dicho análisis debe jugar un papel axial la regulación efectuada por la Ley Estatutaria 270 de 1996, en relación con la cual la Sala aprovechará esta ocasión para pronunciarse aún a sabiendas de que no resulta aplicable al sub judice habida cuenta que, como es lógico, la responsabilidad del Estado solo puede estudiarse con fundamento en leyes preexistentes a los hechos causantes del daño que jurídicamente se le imputa(8).

Y en este sentido, no puede iniciarse por nada diverso que destacar la evidencia consistente en que el cuadro de situación descrito en torno a la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales antes de 1991, se modificó sustancialmente con la expedición de la Constitución Política de dicho año, en cuyo artículo 90 se estableció como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas entre estas, como no podría ser de otro modo, las autoridades judiciales.

Posteriormente, la Ley 270, expedida en el año de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales. En relación con la primera —la responsabilidad patrimonial del Estado— estableció tres supuestos —o títulos jurídicos de imputación— diversos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68). En cuanto interesa a las circunstancias del sub lite, en las cuales tanto la demanda como sus contestaciones se han enderezado a debatir si se ha configurado, o no, un supuesto de error jurisdiccional, las disposiciones de la referida Ley Estatutaria 270, que resulta necesario tomar en consideración, son las siguientes:

«ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos.

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

“ART. 71.—De la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación.

3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

“ART. 72.—Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repetición de la que este es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles.

Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía.

“ART. 73.—Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos.

“ART. 74.—Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la rama judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente ley estatutaria.

En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos “funcionario o empleado judicial” comprenden a todas las personas señaladas en el inciso anterior».

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con los alcances del título jurídico de imputación consistente en el error jurisdiccional, la Corte Constitucional se ocupó de precisarlos al llevar a cabo el control previo de constitucionalidad del proyecto que habría de convertirse en la Ley Estatutaria 270, a través de la Sentencia C-037 de 1996(9), en la cual acotó el significado del error jurisdiccional descrito por el recién referido artículo 66 del cuerpo normativo en comento:

«(...) debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas —según los criterios que establezca la ley—, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”» (subrayas fuera del texto original).

Así las cosas, en este primer pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del error judicial como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado, al amparo de la regulación contenida en la Ley Estatutaria 270, expedida en el año de 1996, el mencionado yerro jurisdiccional quedó equiparado a la noción de “vía de hecho”, en ese entonces prohijada por el Juez Constitucional como criterio identificador de la procedibilidad, igualmente, de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.3.3. La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de error jurisdiccional en vigor de la Constitución Política de 1.991 y de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia —270—.

Sea lo primero precisar que la jurisprudencia de esta corporación ha distinguido, con base en la normatividad de la Ley Estatutaria 270, entre el contenido de dos títulos jurídicos de imputación diversos, cada uno de los cuales posibilita deducir responsabilidad patrimonial al Estado- Administrador de Justicia: el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

Se ha dicho que se está en presencia del primero tratándose de falencias en las que se incurre en providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que habría de reconocerse la operatividad del segundo en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso(10) o la ejecución de las providencias de los jueces(11). En este sentido, ha sostenido la Sala, con base en los desarrollos del derecho ibérico:

«La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

“(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho(12).

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (art. 69 Ley 270 de 1996)» (subrayas fuera del texto original)(13).

De manera que, según lo ha venido entendiendo la Sala, la anotada distinción es la que se deriva de la regulación efectuada por el artículo 69 de la referida Ley Estatutaria 270 cuando define, por exclusión, el funcionamiento defectuoso de la Administración de Justicia al señalar que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad —supuestos en los cuales se está frente a una decisión jurisdiccional “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional— tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”. Así mismo, se ha destacado que “la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no ha sido objeto de discusión y se ha admitido en forma pacífica de tiempo atrás(14)(15).

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con los presupuestos que la Sala ha señalado como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los mismos se han explicado de la siguiente manera:

«Son presupuestos para que se produzca el error judicial generador de responsabilidad estatal, los siguientes:

a. Que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes. A este respecto la jurisprudencia ha señalado:

“Para la Sala, los ‘recursos de ley’ deben entenderse como los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no solo permiten el examen ilimitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda.

Al contrario de lo que ocurre con los recursos ordinarios, consagrados por la ley para la impugnación de las providencias judiciales por regla general, salvo aquellas expresamente excluidas, los recursos extraordinarios constituyen una manera excepcional de impugnar las sentencias, tanto que no proceden en todos los procesos ni contra todas las sentencias sino únicamente en aquellos eventos en que la ley los autorice y por las causales taxativamente señaladas.(16)

Mediante el ejercicio de los recursos procedentes contra la providencia judicial el interesado solicita al órgano judicial que corrija el yerro, de manera que cuando no agota estos medios de defensa judicial el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado. (17)

b) Que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria. Sobre esta exigencia la Sala ha expresado, en sentido contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C – 037 de 1996, que:

Si así se entendiera el error judicial como la ‘actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso’ que obedece a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, se estaría desconociendo la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Carta, según el cual este debe indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa.

Precisamente como desarrollo legal de la disposición constitucional, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error judicial como el ‘cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, sin incluir como ingrediente de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza.”(18)» (subrayas fuera del texto original)(19).

En relación con el segundo de los elementos al cual se ha hecho alusión, esto es, el consistente en que la providencia sea contraria a Derecho, sin que ello suponga que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria, una perspectiva de análisis adicional del error jurisdiccional —de la que también se ha valido la Sala en anterior ocasión(20)— permite aportar argumentos añadidos a la consideración en el sentido de que la contrariedad entre la decisión judicial cuestionada y el ordenamiento jurídico no necesariamente debe tener la entidad de una vía hecho, para que pueda constituirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado.

El anotado punto de vista es el que tiene en cuenta que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, impone una necesaria diferenciación entre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado originada en el daño antijurídico imputable a la acción u omisión del poder jurisdiccional, de un lado y los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, de otro, habida cuenta que aquellos y éstos divergen sustancialmente. Y ese deslinde se hace necesario con el propósito de no limitar, inconstitucionalmente, el sentido lógico y las condiciones de operatividad de cada uno de los referidos ámbitos de responsabilidad, pues tratándose del primero de ellos —el juicio de responsabilidad al Estado— existe la propensión, tanto doctrinaria como jurisprudencial, a introducir restricciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad de raigambre constitucional, con desmedro de la adecuada protección de la situación de la víctima del daño antijurídico.

La aludida Sentencia C-037 de 1996 es fiel muestra de cuanto aquí se afirma —en el apartado en el que se ocupa de enjuiciar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270, al determinar las condiciones bajo las cuales procede estimar configurado un error judicial—, como quiera que se ocupa de analizar —en abstracto— los casos de responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia, con base en elementos propios de la responsabilidad personal del agente del Estado que profiere la decisión cuestionada.

Y es que no puede perderse de vista que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado derivada del error judicial, el punto de partida es el daño causado al usuario del servicio jurisdiccional, en la medida en que resulte imputable a la organización estatal por acción u omisión, de manera que el centro del debate se traslada del aspecto subjetivo relacionado con la conducta del juez, a la fuente originaria de la responsabilidad, vale decir, al daño antijurídico. En cambio, cuando se trata de la responsabilidad del agente judicial, como lo ha expresado prolija y claramente la Sala,

«(...) se limita la responsabilidad personal del funcionario al acreditamiento y configuración de eventos constitutivos de culpa grave o dolo, el ordenamiento dispensa un tratamiento de favor, desde el punto de vista del derecho material, que beneficia al funcionario, garantizando de esta manera, también su autonomía y relativa independencia.

(...)

Es por ello que, frente a la responsabilidad que se reclama del Estado —responsabilidad directa—, los limites que pretenden introducirse a la cláusula general de responsabilidad, bajo el pretexto de garantizar el principio de la independencia y el de la autonomía del juez, cuando no el de la seguridad jurídica, no son de recibo, toda vez que estos principios, según se observó, están garantizados con el tratamiento “privilegiado(21)“ de la responsabilidad personal del juez, previsto en nuestra Constitución y desarrollado legalmente con la configuración de un sistema de responsabilidad que contiene límites materiales y procesales, razones estas suficientes para establecer la necesaria diferenciación de la dicotomía “responsabilidad del Estado —juez— responsabilidad personal del agente jurisdiccional“.

(...)

Ambos dispositivos han de interpretarse, desde luego, bajo la óptica del artículo 90, como desarrollo que son del precepto constitucional y, en esa dirección, se debe sostener que la responsabilidad en ellos disciplinada, concibe el error judicial de una manera objetiva, bastando para su configuración, el que la providencia que lo contenga sea “contraria a la ley”, único criterio establecido por la norma, sin exigencia adicional alguna. La Sala desea subrayar que en parte alguna el precepto normativo introdujo la noción de culpa grave o dolo o la del denominado error “inexcusable”, como que estos límites materiales se reservaron para la disciplina de la responsabilidad personal del funcionario.

(...)

Por el contrario, frente a una reclamación por el daño antijurídico que encuentre su causa en la acción u omisión de un agente judicial —responsabilidad del Estado - Juez—, el error debe analizarse, desde una perspectiva objetiva, toda vez que se trata de un desarrollo de la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90, campo este en el cual, se prescinde del juicio de disvalor de la conducta, para centrar la atención, en el daño antijurídico padecido por la víctima; a lo cual debe agregarse que, el desarrollo legal contenido en el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de la noción de error judicial, también excluyó la consideración del aspecto subjetivo, como que tal error, es el que se materializa en una providencia contraria a la Ley, sin más exigencias.

Debe notarse igualmente que el artículo 66 no introdujo el ingrediente normativo de providencia “manifiestamente contraria a la Ley”, lo cual evidencia que la configuración del error a efectos de la responsabilidad directa del Estado, difiere sustancialmente, del que reclama el régimen de responsabilidad personal del agente judicial.

Es por esta razón que, las orientaciones jurisprudenciales y doctrinarias que apuntan a la configuración y caracterización del denominado error inexcusable o culposo, de la vía de hecho, de la providencia arbitraria y desprovista de toda juridicidad, y otras expresiones habituales de la noción de culpa grave cometida por el agente jurisdiccional, únicamente son de recibo y aplicación tratándose de la responsabilidad personal del funcionario, campo en el cual, se debe advertir que el error puede ocurrir, tanto en la actividad de la constatación y valoración probatoria, como en la interpretativa, esto es, puede el error de hecho y de derecho, dar lugar a la responsabilidad personal del funcionario, cuando quiera que, la providencia aparezca manifiestamente contraria a los hechos acreditados en la instancia, o dicho en otros términos, no puede el funcionario escudarse en su autonomía e independencia, para fundamentar de cualquier manera y contra la objetividad que muestran los hechos, una determinada resolución jurisdiccional, como que pese a la singularidad de la actividad interpretativa, la fundamentación de las decisiones debe edificarse dentro de presupuestos objetivos y bajo criterios razonables que no contradigan elementales principios que informan la actividad de interpretación de los hechos y el derecho a los cuales están sujetos todos los operadores jurídicos.

Esta, por lo demás, la orientación doctrinaria, en materia del denominado error de concepto, doctrina o interpretación, que se reitera, adquiere relevancia y utilidad práctica, en tratándose de la responsabilidad personal del funcionario:

“La limitación material se refiere a la exclusión de la culpa leve. La responsabilidad surge ante la existencia, como mínimo, de culpa grave. En este sentido lo ha entendido unánimemente la jurisprudencia del tribunal supremo, y así se dice en la sentencia de 20 de enero de 1927 ( RA 80 ): “[...] el criterio del juzgador puede ser más o menos acertado, según sea su entendimiento, pero sin que el error de concepto, doctrina e interpretación, aunque lo hubiere, origine responsabilidad exigible mientras no se demuestre la manifiesta infracción concreta y determinada de una disposición legal de que conocidamente hubiere prescindido, porque dada la importancia de la función ejercitada por el organismo judicial, lo limitado y falible que es el entendimiento humano, la falta a veces de claridad de las leyes que no pueden ser ni son un obstáculo a la unidad de criterio, el legislador no ha querido someter a la responsabilidad de que se trata más infracciones que aquellas que por negligencia o ignorancia prescinden de sus preceptos claros y terminantes y que debieron tenerse presente, lo que supone [...] la existencia de un precepto legal claro y preciso, que no pueda ofrecer dudas o dificultades de interpretación(22)“. (Negrillas fuera de texto).

A contrario sensu, existe responsabilidad personal del funcionario, cuando desatiende una norma de sentido claro, o pretermite la consideración de una prueba, o supone la misma, sin justificación atendible, con lo cual se quiere significar que, aún dentro del campo de la responsabilidad personal del funcionario, este compromete su propia responsabilidad, cuando desatiende las directrices generales y las exigencias que deben presidir la labor de la administración de justicia en lo tocante a la función específicamente jurisdiccional, tanto en su proyección frente a los hechos de la instancia, como frente al derecho que ha de aplicarse al caso concreto.

(...)

Por el contrario, de cara a la víctima y desde la perspectiva del artículo 90, concebido con los alcances y sentido arriba expuestos, basta el acreditamiento del daño antijurídico, a la vez que la relación de causalidad, entre este y el error contenido en la providencia, error que se configura en todos aquellos eventos en que la providencia sea contraria al ordenamiento jurídico tal cual lo establece el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, bastando para ello un cotejo objetivo entre el contenido de aquella y los preceptos normativos, sin que sean admisibles argumentos o razones que vengan edificados sobre la justificación, excusabilidad o diligencia del funcionario judicial o que impliquen la consideración del comportamiento de aquel en el proferimiento de la decisión, razones que solamente son de recibo, para excusar o exonerar la eventual responsabilidad personal del funcionario, no así, la patrimonial del Estado.

(...)

Es esta la razón por la cual las restricciones impuestas a manera de límites —culpa grave o dolo— que buscan proteger la independencia y autonomía del funcionario, como se observó, no pueden oponerse a manera de excepciones y tampoco pueden servir de justificación para una sentencia desestimatoria, cuando la pretensión de responsabilidad es ejercida por la víctima del daño antijurídico en contra del Estado, como que, precisamente, la separación entre los dos regímenes de responsabilidad, impone que cada una se analice desde perspectivas diferentes, a lo que la Sala agrega que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado la exigencia de la culpa grave, el error inexcusable, la vía de hecho, la arbitrariedad, capricho, subjetividad, que fundamentan la responsabilidad personal del agente judicial, no pueden exigirse, cuando se trata de la responsabilidad directa o exclusiva del Estado, fundamentada tan solo en el daño antijurídico»(23).

No está de más apuntar que el principio de seguridad o certeza jurídica, reflejado en la noción de cosa juzgada, no se opone ni excluye la aplicación integral del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, toda vez que el propósito de este no es otro que garantizar la adecuada indemnización y la reparación integral de la víctima, sin que para ello tenga que modificarse la providencia judicial que contiene el error, razón por la cual la fuerza de cosa juzgada que a la decisión judicial en firme caracteriza, se mantiene incólume y, por tanto, la seguridad jurídica no se sacrifica como consecuencia del reconocimiento de los daños ocasionados a los coasociados en el ejercicio de la función de administrar justicia.

Con fundamento en lo hasta ahora expuesto, estima la Sala oportuno reiterar y precisar los siguientes dos asertos:

(i) Efectivamente, debe dejarse de lado toda postura restrictiva de la obligación fijada por el artículo 90 constitucional, a cargo del Estado, en el sentido de asumir la responsabilidad patrimonial derivada de cualquier daño antijurídico que le sea imputable. Por tanto, no solo en aquellos casos en los cuales se configure el error judicial, porque se evidencie la configuración de una vía de hecho, hay lugar a que se profiera la correspondiente condena en contra del Estado —por supuesto que, en los mismos, tal consecuencia resulta imperativa—. Siempre que se profiera una decisión judicial contraria a la ley(24) —en los términos del artículo 66 de la Ley Estatutaria 270—, independientemente de consideraciones subjetivas sobre el proceder del agente judicial que la emite —vale decir, referidas a determinar si incurrió en culpa o dolo—, el Estado será patrimonialmente responsable.

(ii) Sin embargo, la anterior conclusión en torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial.

A continuación se exponen los argumentos que, además de los hasta ahora referidos, respaldan cada una de las dos conclusiones en las cuales insiste la Sala en el presente proveído, para delimitar los alcances del título jurídico de imputación consistente en el error jurisdiccional.

2.3.4. Argumentos —adicionales— que militan en contra de la identificación entre el error jurisdiccional y la noción de vía de hecho.

a. Sabido es que constituye obligación del intérprete la búsqueda del sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la Norma Fundamental que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance.

En consecuencia, mal podría identificarse el significado del artículo 66 de la Ley 270, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma Ley Estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991. Y ese ejercicio es el que, dicho sea de paso, ha efectuado la Corte Constitucional en la comentada Sentencia C-037 de 1996, así como en pronunciamiento posterior del que a continuación se dará cuenta.

b. Así las cosas, para concretar el alcance del artículo 66 de la Ley 270 resulta imperioso conectarlo con el enunciado normativo contenido en el artículo 65 ídem, de acuerdo con el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”. Esta norma no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación contenida en el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de “daño antijurídico”, en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal —siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública—.

Este es, por lo demás, el entendimiento de la propia Corte Constitucional que, al valorar si el proyecto del referido artículo 65 de la Ley 270 se avenía o no al Ordenamiento Fundamental, sostuvo que “el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien solo hace alusión a la responsabilidad del Estado —a través de sus agentes judiciales— por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia”, añadiendo, a continuación, que

“(...) el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado —sin importar sus características— ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política” (destaca la Sala).

No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al remarcarlo así, la propia Corte Constitucional no hace otra cosa que señalar que, más allá de las previsiones contenidas en la comentada Ley 270, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional. El anterior aserto encuentra refuerzo adicional en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el cual, desarrollando el querer del plurimencionado artículo 90 constitucional, amplía el plexo de hipótesis en las cuales puede declararse la responsabilidad del Estado derivada de la función de Administración de Justicia, al estatuir que “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 66 de la Ley 270, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por error jurisdiccional, en los términos en que dicho yerro del funcionario judicial ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 de 1996 mediante el cual se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 66 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia, la de vía de hecho judicial—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por error jurisdiccional, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que un error jurisdiccional ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia que profiere decisiones contrarias a la ley, mantienen su plena aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo demás, se ha mostrado plenamente de acuerdo con la aplicabilidad de todos los regímenes de responsabilidad estatal consolidados por la jurisprudencia Contencioso Administrativa, a todas las autoridades públicas sin excepción, es decir, sin diferenciar según la Rama del Poder Público en la que se inscriban. Así lo explicitó, de manera rotunda, en pronunciamiento posterior a la entrada en vigor de la citada Ley 270(25), en el cual manifestó:

“Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no solo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

(...)

La Corte Constitucional coincide entonces con los criterios desarrollados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, juez especializado en este campo. En efecto, según esa corporación, los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado han recibido una expresión constitucional firme en el artículo 90, que representa entonces “la consagración de un principio constitucional constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, tanto la de naturaleza contractual como la extracontractual”(26). Por ello ha dicho esa misma corporación que ese artículo 90 “es el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátese de la responsabilidad contractual o de la extracontractual(27)“ (destaca la Sala).

Y a continuación, extensamente, el máximo Tribunal en la Jurisdicción Constitucional prohija la construcción de los diversos regímenes de responsabilidad que la jurisprudencia Contencioso Administrativa ha consolidado a partir de la noción de daño antijurídico, coincidiendo con el Consejo de Estado en que este último concepto supone la ampliación del espectro de posibilidades de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la medida en que traslada el centro de atención, de la conducta de la autoridad pública —que ya no será el único extremo relevante— hacia la posición jurídica del ciudadano a quien se han causado los perjuicios, respecto de los cuales habrá que preguntarse si se derivan de la producción de un daño antijurídico.

Sostiene, en este sentido, la Corte:

“5. El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

Así, desde el punto de vista histórico, en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente se observa la intención de plasmar en la normatividad constitucional esta noción de daño antijurídico, que es tomado a su vez del artículo 106 de la Constitución española que consagra la responsabilidad patrimonial del Estado en los siguientes términos:

“Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Nótese que el sistema español consagra un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado que no representa un mecanismo sancionatorio: la indemnización no es una pena que deba sufrir el agente del daño en razón de su culpa, sino que es un dispositivo que se funda en la posición de la víctima pues se busca garantizar que el menoscabo del orden patrimonial o extrapatrimonial que esta haya sufrido sea adecuadamente reparado. Por ello puede haber daño antijurídico, sin que exista culpa de la autoridad o falla del servicio real o supuesta. Así, la doctrina española ha entendido este régimen de responsabilidad en los siguientes términos:

“Quedan de este modo incluidos en la fórmula legal no solo los daños ilegítimos que son consecuencia de una actividad culpable de la Administración o de sus agentes, supuesto comprendido en la expresión “funcionamiento anormal de los servicios públicos”, sino también los daños producidos por una actividad perfectamente lícita, como indica claramente la referencia explícita que el legislador hace a los casos de “funcionamiento normal” (o “funcionamiento de los servicios públicos”, simplemente, en el artículo 106.1 de la Constitución).

(...)

Al construir la institución de la responsabilidad de la Administración al margen de toda idea de ilicitud o culpa, el fundamento de aquella se desplaza desde la perspectiva tradicional de la acción del sujeto responsable (que parte de la concepción de ver en la responsabilidad patrimonial la sanción de una conducta culpable) a la del patrimonio de la persona lesionada. La responsabilidad pasa a reposar de este modo sobre un principio abstracto de garantía de los patrimonios, dejando de ser una sanción personal por un comportamiento inadecuado para convertirse en un mecanismo adecuado de reparación que se pone en funcionamiento solo si, y en la medida en que, se ha producido una lesión patrimonial”(28).

6. La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esta concepción fue la base conceptual de la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90. Así, la ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Asamblea Constituyente señaló lo siguiente sobre este tema:

(...)

La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.

La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la Administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.

Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo (subrayas no originales)(29)“.

7. Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”(30).

(...)

Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por laacción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización.

(...)

Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo.

10. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que este debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. Esta imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto a veces, como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, se produce una disociación entre tales conceptos. Por ello, la Corte coincide con el Consejo de Estado en que para imponer al Estado la obligación de reparar un daño “es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le permita encontrar un ‘título jurídico’ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ‘imputatiojuris’ además de la ‘imputatiofacti(31).

En síntesis, el anterior análisis lleva a la Corte a compartir las consideraciones del Consejo de Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, tribunal que ha resumido su criterio en los siguientes términos: 

(S)on dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas(32) (en los apartados destacados con subrayas y negrilla, destaca la Sala).

Adicionalmente y para disipar el menor asomo de duda en punto a la coincidencia de las posiciones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en relación con el tema que se aborda en el presente proveído, repárese en la contundencia del siguiente apartado de la argumentación de la Corte, en el mismo fallo de dicha corporación que se viene comentando(33), en el cual deja absolutamente claro que, frente a las previsiones legales que regulen la responsabilidad del Estado, siempre puede —y debe— ser aplicado, directamente —cuando sea necesario—, el artículo 90 de la Constitución, como pilar fundamental del régimen colombiano de responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas. Las disposiciones contenidas en normas infraconstitucionales que regulen la materia no excluyen, por tanto, la posibilidad —que es, al mismo tiempo, obligación— de que el juez de lo Contencioso Administrativo continúe aplicando los demás regímenes de responsabilidad que encuentren arraigo directo en el artículo 90 constitucional:

“En tales circunstancias, y conforme a todo lo anterior, se concluye que frente a la norma impugnada(34) son totalmente pertinentes las reflexiones efectuadas por la Corte al declarar la exequibilidad del artículo 65 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Dijo entonces la corporación:

“La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien solo hace alusión a la responsabilidad del Estado —a través de sus agentes judiciales— por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia. En efecto, sin tener que entrar a realizar análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus diversas modalidades —por escapar ello a los fines de esta providencia—, baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado sin importar sus características- ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política(35)ˮ.

Por todo lo anterior, la Corte considera que la expresión acusada no vulnera en sí misma la Constitución, siempre y cuando se entienda que ella no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. En cambio, la disposición impugnada puede generar situaciones inconstitucionales si se concluye que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 es el único fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contractual, por cuanto ello implicaría una ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que, como se ha visto, consagra una cláusula general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes en la materia. Por ello la Corte declarará la citada expresión exequible, pero de manera condicionada, pues precisará que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 no constituye el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo contractual, por lo cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo” (destaca la Sala).

c. Por otra parte, la equiparación entre error jurisdiccional y vía de hecho judicial, llevada a cabo por la Corte Constitucional a propósito de la determinación de los eventos en los cuales procedería la acción de tutela contra providencias judiciales, ha sido abandonada por la propia Corte(36), la cual —dicho sea de paso— desconoció los efectos de cosa juzgada constitucional generados por la Sentencia C-543 de 1992, en la cual se adoptó la posición —que la Sala comparte— en el sentido de que la acción de tutela únicamente procede, de manera excepcional contra providencias judiciales —incluidas las sentencias—, solo en los casos en que se presente una vía de hecho, entendida como violación ostensible y grosera del ordenamiento vigente o que imposibilite el acceso a la Administración de Justicia.

Empero, más allá de la inobservancia de la cosa juzgada constitucional que ha supuesto la formulación, por la Corte Constitucional, de la teoría de las “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales” —actitud y decisión que varios de los Consejeros de Estado quienes suscriben esta providencia, reprocharon enfáticamente en su momento(37)—, más allá también de que, sin duda alguna, uno es el análisis que debe efectuarse en punto a los supuestos en los cuales es viable invocar el amparo constitucional contra decisiones de los jueces y otro, totalmente diverso, el que se impone a efectos de dilucidar en qué casos puede entenderse configurado un error judicial, es lo cierto que algunos de los supuestos —con escasa fortuna— enunciados por la Corte Constitucional como parte de las referidas “causales de procedibilidad”(38) son, a su vez, fácilmente identificables, igualmente, como fuente de error jurisdiccional.

Ello ocurre, por lo demás, teniendo en cuenta que varias de las plurimencionadas “causales”, sin mayores esfuerzos, podrían encuadrarse en la noción que de “vía de hecho” formuló la tantas veces referida Sentencia C-543 de 1992. Sin embargo, no todas las aludidas “causales” necesariamente conllevan la existencia de una grosera y ostensible vulneración del ordenamiento jurídico y sí, en cambio, podrían comportar la configuración de un error judicial.

Sin embargo, lo que en este momento interesa a la Sala resaltar es que tal circunstancia pone de presente que carece de sentido, en el actual momento, continuar sosteniendo la equiparación entre vía de hecho y error jurisdiccional, de un lado y, de otro, que ha sido la propia Corte Constitucional la corporación que —contrariando la Carta Política por cuya supremacía e integridad le corresponde velar— ha dejado de lado la noción de vía de hecho, eso sí, inobservando la cosa juzgada constitucional generada por la Sentencia C-543 de 1992.

En consecuencia, mal podría presentarse contradicción alguna, hoy en día, entre la postura que se asume en el presente proveído, en relación con el contenido de la noción de error judicial y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda vez que, se insiste, esta última corporación ha pretendido dejar de lado la figura de la vía de hecho(39), al intentar ampliar —desafortunadamente, por las razones recién expuestas— los supuestos en los cuales procedería la acción de tutela contra sentencias.

En definitiva, dentro de la categoría que constituye el título jurídico de imputación denominado “error jurisdiccional” debe entenderse comprendido, con carácter general, cualquier caso en el cual una autoridad judicial profiera una decisión que contraríe el ordenamiento jurídico(40).

2.3.5. Argumentos que delimitan los alcances de la noción de “error judicial”, teniendo en cuenta las posibilidades y límites del razonamiento jurídico.

Con el propósito de ilustrar este extremo, se valdrá la Sala de algunos de los planteamientos que, en relación con el mismo, efectuó en reciente providencia(41), en la cual se ocupó de dilucidar si el razonamiento jurídico, en todos los casos, permite identificar una única respuesta o solución correcta o, lo que es igual, la solución acertada —y, correlativamente, la(s) desacertada(s) o equivocada(s)—, la única jurídicamente admisible— y, paralelamente, la(s) contraria(s) a Derecho—:

«a. La operatividad del “principio de unidad de respuesta correcta” en el razonamiento juridico(42).

Ronald Dworkin es el más acérrimo defensor en la actualidad de la postura de acuerdo con la cual es posible hallar una y solo una solución justa a todo problema jurídico.

(...)

De la naturaleza del ordenamiento jurídico en la manera que lo concibe Dworkin, se deriva, según el propio autor, la inexistencia de discrecionalidad para el operador jurídico, como quiera que el Derecho es completo y permite acceder siempre, en todos los casos, a una y solo una respuesta correcta. Ello no ofrece discusión en los casos que denomina «fáciles»; y en cuanto a los que cataloga como casos «difíciles», sostiene que para su resolución el operador jurídico puede valerse de la moralidad y de la filosofía política, en los que se integra el Derecho mismo —o viceversa—, para buscar el principio que mejor se adecúe a la tradición del sistema institucional y, a su vez, sea el más fuerte desde el punto de vista ético, con lo cual ofrecerá la solución más justa(43).

(...)

Sin embargo, tal concepción del derecho y la consecuente eliminación de la discrecionalidad —administrativa y judicial— en que se traduce, han sido criticadas, no sin razón, habida cuenta que solamente podría estimarse eliminada la discrecionalidad si ante un mismo caso todos los intérpretes coincidieran en una única solución, lo que solo resulta factible dentro de una concepción objetivista de la moral que, al interior de sociedades democráticas y pluralistas —como, dicho sea de paso, ha querido el Constituyente de 1991 que se estructurara la colombiana, y así lo dejó plasmado en el artículo 1º constitucional—, resulta del todo insostenible(44).

Y es que la pregunta que podría formularse es, como lo hace Aarnio, ¿qué ocurre si hay dos “Jueces Hércules”—en palabras del propio Dworkin?— Ambos obrarían de forma calificada y racional, pero, naturalmente dos o más “Hércules Juez”, dos o más operadores jurídicos, perfectamente puedenllegar a respuestas no equivalentes ante un mismo supuesto específico, aunque igualmente bien fundadas, a no ser que se parta, como lo hace Dworkin, de la «suposición de valores absolutos», pero este

«(...) es un punto de partida muy fuerte. Si uno no acepta este tipo de teoría de los valores, toda la teoría de una única respuesta correcta pierde su base. “La mejor teoría posible” es solo un postulado filosófico injustificable. Además, nuestra cultura jurídica (occidental) no está basada en tales ideas absolutas. Por consiguiente, la teoría dworkiniana de una respuesta correcta tampoco satisface las necesidades de la dogmática jurídica real» (destaca la Sala)(45).

(...)

De ahí que en la doctrina sea más frecuente el criterio —que la Sala comparte—, de acuerdo con el cual el principio de “unidad de respuesta correcta” en el razonamiento jurídico, o bien debe rechazarse, ora puede admitirse pero con matices o reservas, apenas como una “aspiración” del operador jurídico, más no como un imperativo que ha de regir su proceder en todos los casos a los que se enfrenta para resolver.

Para comprender el fundamento de estas concepciones, es necesario recordar que la concepción “ideal” de la labor del jurista que interpreta o aplica disposiciones normativas entendidas como reglas, ha sido siempre la subsunción silogística: la premisa mayor será el supuesto contemplado en la norma; la premisa menor el hecho o conducta enjuiciada, y la conclusión la consecuencia jurídica o la decisión. Esta idea fue la que permitió, durante el siglo XIX, concebir al juez como un autómata, un sujeto que valiéndose solo de la lógica y el Derecho llevaba a la práctica las prescripciones legales sin que su criterio o su voluntad aportasen absolutamente nada. Sin embargo, el paso del tiempo pronto se encargó de evidenciar que tal formulación teórica distaba considerablemente de la realidad: la vaguedad del lenguaje normativo —como, en general, la de todo el lenguaje— hace dudar al intérprete respecto de si el caso que estudia puede encuadrarse o no en el supuesto normativo que estima aplicable; los errores o las diversas valoraciones posibles de la prueba de los hechos pueden dar lugar a una equivocada —o, al menos, controvertible— formación de la premisa menor; por las más diversas razones puede resultar discutible el alcance de la consecuencia jurídica o de la decisión a adoptar en el caso concreto, etc.

(...)

Robert Alexy es otro de los autores que en la filosofía del Derecho contemporánea descarta la operatividad de la idea o principio de la unidad de respuesta correcta como un “dato” a asumir, con carácter general, en el razonamiento jurídico. Alexy formula una serie de reglas y condiciones a las cuales la argumentación debe ceñirse o que deben concurrir, con el propósito de que el resultado del discurso argumentativo pueda ser considerado como racional(46).

Ahora bien, incluso el cumplimiento estricto de todas las comentadas reglas y condiciones del discurso jurídico —que sería en cualquier caso una situación ideal como quiera que la realidad dista enormemente de posibilitar la existencia de un entramado de circunstancias en las que confluyeran absolutamente todas esas exigencias, y así lo admite el propio Alexy— no alcanza para rebasar los límites que el autor reconoce al mismo: una solución que se haya alcanzado respetando todas sus reglas será, efectivamente, una solución racional; pero ello de ninguna manera garantiza que en todos los casos se pueda llegar a una única respuesta correcta, pues frente a un mismo caso las reglas del discurso permiten que varios participantes en él puedan llegar a conclusiones fundamentadas discursivamente —y en tal medida racionales— pero diversas y hasta incompatibles entre sí.

Ello por cuanto —continúa Alexy— el consenso en torno a una única solución no tiene por qué seguirse lógica y necesariamente del hecho de que se hayan cumplido todas las reglas y condiciones del discurso, pues el consenso en torno a una específica cuestión normativa implica el ámbito de lo sustantivo, mientras que las mencionadas condiciones y reglas del discurso a este respecto tienen apenas alcance formal. Una garantía plena de consenso en todos los casos solo podría desprenderse de la inaceptable premisa empírica de que no existen desigualdades antropológicas entre los hombres que se opongan al discurso o de que se puede pronosticar con absoluta certeza cómo procederán los participantes en el mismo. Pero como ello no es así, tal garantía de consenso no puede ni excluirse ni ser admitida de antemano(47).

Así pues, el concepto de corrección «solo tiene un carácter absoluto en cuanto idea regulativa», con lo cual «no presupone que exista ya para cada cuestión práctica una respuesta correcta que solo haya que descubrir. La única respuesta correcta tiene más bien el carácter de un fin al que hay que aspirar» y, en ese sentido, obliga a todos los participantes en el discurso a «plantear la pretensión de que su respuesta es la única correcta», pues habrá casos a los que resulte posible atribuir una respuesta como la única correcta —salvando la dificultad de establecer cuáles serían los mecanismos para demostrar que es así—, pero como no existe a priori seguridad sobre cuáles son esos casos, «merece la pena procurar en toda cuestión encontrar una única respuesta correcta. Por ello, la teoría del discurso tiene como base una concepción absolutamente procedimental de la corrección» (solo la última cursiva en el texto original)(48).

De acuerdo con lo anterior, la aceptabilidad racional —que, habría que convenir, constituye el objetivo del razonamiento jurídico— no tiene nada que ver con la dicotomía verdadero-falso, lo cual excluye a las posiciones normativas del ámbito de la verdad o falsedad, e impone rechazar la doctrina de la unidad de respuesta correcta a los problemas jurídicos, como única conclusión que puede derivarse del relativismo axiológico inherente a una sociedad democrática y pluralista(49). Ello no quiere decir que la argumentación jurídica carezca de sentido o de eficacia práctica, como quiera que, en palabras de Aarnio, el objetivo de la democracia no es alcanzar resultados verdaderos, sino

«lograr un consenso representativo sobre el sistema de valores que se encuentra en la base del orden jurídico. Este es el núcleo de la concepción occidental de la democracia (...) Por ello, el relativismo axiológico moderado no es más que una parte de la exigencia de democracia. Expresa un ideal del manejo de los asuntos sociales; su objetivo es producir resultados apoyados por aquellas personas razonables que representan los valores adoptados y aceptados en general por la sociedad. Así pues, no se trata de cualquier tipo de consenso o de un consenso al que se hubiera llegado por casualidad». Desde esta perspectiva, la relevancia de una alternativa de solución a un problema jurídico respecto de otra, «no está basada en la presión de argumentos persuasivos o en la mera autoridad formal sino en la fuerza racional de la justificación». Con ello quedan igualmente satisfechas las expectativas de certeza jurídica y de legitimidad social de las decisiones(50).

Por consiguiente, la posibilidad de hallazgo de una sola respuesta correcta dentro del campo de la inferencia jurídica queda reducida al caso trivial en el que todos los factibles intérpretes coincidan de una vez y para siempre no solo en la escogencia de las premisas, sino también en la aceptación de las reglas de derivación de las conclusiones, cúmulo de eventualidades de tan infrecuente concomitancia cuya improbabilidad hace innecesario argumentar sobre lo irrelevante de semejante caso(51)» (los apartes destacados con subrayas y negrilla, fuera del texto original).

En suma, toda vez que uno de los límites del razonamiento jurídico es la inaplicabilidad del principio de unidad de respuesta correcta como un imperativo a observar en todos los casos, debe admitirse que cuando el decisor judicial se enfrenta a problemas jurídicos que no pueden ser resueltos mediante el solo recurso a la lógica deductiva —razonamiento silogístico—, diversos operadores jurídicos pueden llegar a soluciones disímiles, sí, pero igualmente razonables en tanto correctamente justificadas. Ello imposibilita predicar, en estos casos, la existencia de error jurisdiccional —de hecho, la dificultad estribaría en identificar la (única) alternativa acertada o jurídicamente admisible y poder distinguirla de las demás— pues, de no ser así, por vía de ejemplo, los simples cambios de posición jurídica por parte de la jurisprudencia de los Altos Tribunales —entendiendo que las correspondientes mutaciones obedecen a criterios coherente, suficiente y razonablemente justificados—, darían lugar a que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado. 

Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional. En este sentido, ha sostenido la Sala:

«Estima la Sala que, cuando el juez al ejercer el núcleo central de la actividad jurisdiccional, esto es, al proferir su sentencia, invoca a manera de fundamentación de la decisión una determinada interpretación o argumentación con base en principios y valores consagrados en la Constitución, sin que aquella aparezca por lo menos como razonable dentro del contexto fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento, incurre en error judicial, si la pretendida fundamentación de la decisión no guarda compatibilidad alguna con la hipótesis fáctica que los hechos probados muestran en la instancia.

Dicho en otros términos, la labor de interpretación jurisdiccional, si bien por naturaleza supone un grado amplio de autonomía para el juzgador, en la medida en que el operador jurídico puede optar por varias lecturas interpretativas del caso concreto, siempre y cuando, se reitera, guarden armonía y compatibilidad con los hechos y con el derecho aplicable a una determinada situación; esa manifestación de la autonomía jurisdiccional, no puede servir de justificación a una determinada decisión, cuando aparece objetivamente que la invocación de una doctrina constitucional, resulta perfectamente inadecuada o incompatible frente a la realidad de los hechos acreditados.

(...)

Por manera que, analizada la situación desde la perspectiva del “silogismo jurídico”, que se basa en la estructura tradicional de la norma jurídica, método este particularmente esquemático para determinar y precisar los errores en las denominadas premisas del silogismo —mayor y menor—, o aquellos que se materializan en la conclusión; o bien desde la perspectiva del método de la interpretación y argumentación con base en principios y valores, no necesariamente limitados al precepto legal, como que sabido se tiene que, más allá del precepto, se encuentran aquellos, es lo cierto que, ambos métodos de aplicación del derecho, reclaman por parte del ordenamiento una coherencia en la conducta del operador jurídico, que permita justificar —fundamentación—, la decisión judicial adoptada dentro del contexto fáctico y normativo en el cual se adopta.

(...)

Pues bien, sea que el intérprete se encuentre de cara a una regla y haga uso del tradicional silogismo jurídico para encuadrar la hipótesis fáctica por él considerada en el precepto normativo, sea que pretenda solucionar la controversia de la mano de los principios y valores ínsitos en el ordenamiento y eventualmente explicitados en norma de rango constitucional o legal, es lo cierto que, la toma de posición, ha de respetar un “contexto de significado”, propio del principio, una ratio iuris compatible con el sentir general de este, para que la fundamentación de la decisión por él adoptada, pueda ser considerada racional dentro del contexto del ordenamiento jurídico vigente»(52) (subrayas fuera del texto original).

2.4. Sobre la concurrencia, en el presente caso, de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por error judicial.

Resuelto el primero de los problemas jurídicos planteados ab initio con las precisiones que se han efectuado en cuanto a la noción de error jurisdiccional en el acápite anterior, procede ahora despejar la segunda cuestión esbozada, esto es, si dadas las circunstancias del caso concreto se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado con base en el referido título jurídico de imputación.

Con dicho propósito, debe tenerse en cuenta que en el expediente obran los siguientes elementos de prueba, cuya apreciación se hace imprescindible a efectos de desatar la litis:

a. Copia auténtica de las principales piezas procesales del expediente de restitución de inmueble instaurado por Edgardo Enrique Hernández Niño, contra Ignacio Murillo Murillo —constancia a fl. 137, c. 1—, entre las cuales se encuentra la sentencia mediante la cual el referido pleito fue fallado, de fecha 24 de junio de 1991, cuya parte considerativa es del siguiente tenor:

«El contrato de arrendamiento con las pruebas de autenticidad de firma realizada en proceso anterior y trasladada a este proceso constituye plena prueba, pues fue debatido en proceso con el lleno de las formalidades, incorporado con la copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal del Espinal, de fecha enero 30/89 (folio 17-23) constituyéndose cosa juzgada de autenticidad. Estas pruebas ni documentos probatorios allegados fueron tachados de falsos en este proceso.

Analizando el contrato, se encuentra que contiene los requisitos esenciales del contrato de arrendamiento conforme al art. 1973 del C.C. en el cual consta que la arrendadora se obligó a conceder el goce del inmueble determinado en la demanda por el término de un año. En reciprocidad el demandado-arrendatario, se obligó a pagar por dicho goce la suma de dinero que convinieron con la arrendadora de $ 60.oo pesos anuales. Igualmente se establece la renuncia de los requerimientos previstos en el art. 2035 del C.C. En suma, el contrato aparece legalmente celebrado por lo que al tenor del Art. 1602 ibídem es ley para las partes por consiguiente a él deben sujetarsen (sic), pues las obliga a lo que allí expresaron según el art. 1603 del C.C.

Del aservo (sic) probatorio de parte del demandante traemos a colisión (sic) las siguientes:

El Testigo Silverio Ortegón, en la exposición de los hechos afirma: “Nosotros teníamos una finca más acá de la Finca El Milagro y la posesión no hacía parte de la Finca El Milagro”. Al preguntársele si conocía al señor Ignacio Murillo afirma: “Yo lo conocí porque en la época que fui a cosechar a la finca El Milagro él estaba ahí donde le había arrendado la finada Anita, por eso lo conocí. La señora Anita iba frecuentemente a la vereda por el arriendo”. (Subraya el Juzgado).

(...)

El interrogatorio absuelto por el demandado, este manifiesta y acepta que “el predio en tenencia hace parte de la Finca El Milagro, y lo único es que lo separa una cerca del predio de mayor extensión. Niega haber realizado contrato alguno con la señora Ana Niño de Hernández o Edgardo Enrique Hernández Niño. No sabe cómo apareció ese contrato”.

Fundamenta la defensa arguyendo que no debe cánones de arrendamiento que la parte actora dice le debe porque no es arrendatario (ver contestación de demanda folio 105) y por tal razón nunca ha pagado arrendamiento por la explotación del referido inmueble. Se limita a negar los hechos sin contraponer prueba para desvirtuarlas. Esto mismo lo reitera en el interrogatorio. Lo anterior implica confesión del no pago, pues no obra prueba alguna al respecto.

Por su parte, los testigos del demandado en nada dilucidan si existió o no contrato, ya que únicamente les consta la posesión que tiene el demandado Ignacio Murillo, sin saber exactamente a qué título: no saben si paga o pagó arriendo; que lo han visto sembrando árboles y limpiando cercas así como de arreglar las mismas. No saben a qué título estaba el tenedor anterior señor Bernardino Murillo. De manera que estos testimonios no son convincentes para enervar los hechos de la demanda en que se fundamentan las pretensiones.

Las pruebas recaudadas por el demandado (testimonios) no configuran la posesión, ni mucho menos los elementos de esta, el corpus y el ánimus, porque las mejoras que dicen levantó el demandado no prueban por sí solas que el arrendatario se halla (sic) trocado en poseedor. Las especificaciones que el demandado hace en el escrito de contestación de la demanda (hecho cuarto) respecto de las mejoras útiles y levantadas por este que determinó el Juzgado en la Inspección Judicial al tenor del art. 1994 del C.C. solo se reconocen cuando el arrendador las haya autorizado con la expresa condición de abonarlas. Pero como en el contrato según la cláusula cuarta le fue expresamente prohibido construir mejoras, el demandante no está obligado a reconocerlas en virtud a que el contrato es ley para las partes según el art. 1602 del C.C. y por enden (sic) sujetarsen (sic) por ministerio de la ley.

Débese puez (sic) accederse al lanzamiento solicitado con imposición de costas al demandado y al reconocimiento a favor del demandante del derecho de retención consagrado en el art. 2000 del C.C.» (fls. 21-23, c. ppal.) .

b. Testimonios rendidos, dentro del referido proceso de restitución de inmueble arrendado, por los señores Graciela Camargo y Silverio Ortegón, en los cuales los testigos manifiestan tener conocimiento directo de que el señor Ignacio Murillo ocupaba el predio materia de esa litis, en calidad de arrendatario (fls. 88-91, c. ppal.).

c. Dictamen rendido por el perito grafólogo forense, incorporado al proceso de restitución de inmueble de marras, en el cual se lee:

«El suscrito grafólogo forense, provisto de microscopios, material optométrico de medición, microscopios para recorrido de trayectorias lineales de las grafías diseñadas para este efecto, plantillas de clasificación y comportamiento gráfico, lupas acromáticas con retículas tipo Galton y de círculos concéntricos, equipo fotométrico especializado para la fotografía forense y componentes micro-ópticos de comparación, se procedió a efectuar los estudios de rigor, sobre firmas halladas en los documentos de la Entidad Crediticia y en las que obran en el proceso.

(...)

El muestreo es ideal por su abundancia, pues son 27 firmas indubitadas, que se encuentran en la ya mencionada entidad crediticia (22) y el proceso (5), y en todas ellas se pueden observar un sinnúmero de peculiaridades propias de los grafismos y comportamientos de los automatismos.

(...)

Al verificar el análisis y estudio grafocrítico comparativo de la firma cuestionada del contrato de arrendamiento del folio 2, con las 27 firmas auténticas trazadas por el señor Ignacio Murillo Murillo, halladas en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y en el proceso, aportadas o indicadas para el cotejo, se estableció de manera indubitable, que corresponden a la misma mano» (fls. 92-100, c. ppal).

d. Providencia calendada el 12 de julio de 1991, mediante la cual el Juzgado Primero Civil Municipal del Espinal niega el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Ignacio Murillo, contra la antecitada sentencia de 24 de junio del mismo año. Las consideraciones efectuadas por el Juzgado se basan en la cuantía del negocio, tomando en consideración el canon de arrendamiento pactado en el contrato y las reglas para la determinación de la cuantía establecidas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, elementos que le llevan a concluir que el proceso es de única instancia, razón por la cual no procede el otorgamiento del recurso de apelación impetrado (fls 114-115, c. ppal.).

e. Auto de fecha 4 de septiembre de 1991, mediante el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal resuelve el recurso de queja interpuesto contra la providencia referida en el literal anterior, confirmándola en todas sus partes por encontrar ajustados a Derecho los razonamientos efectuados por el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal para negar el recurso de apelación (fls. 131-133, c. ppal.).

Conviene precisar que la Sala ha estimado oportuno traer a colación y valorar tanto las decisiones judiciales referidas como los testimonios y otros elementos de prueba de los que se hizo acopio en el proceso judicial civil, habida cuenta que tales piezas han sido aportadas en copia auténtica, remitida con destino a este expediente por la propia autoridad judicial y a solicitud de la parte contra la cual se hacen valer, es decir, por petición expresa de la parte actora, formulada en la demanda (fl. 60, c. ppal.), con lo cual se reúnen los requisitos exigidos para la valoración de pruebas trasladadas por los artículos 168, 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil, así como por la jurisprudencia misma de esta corporación, que sobre el particular ha sostenido:

«Considera la Sala que por lealtad procesal no pueden las partes aceptar que una prueba haga parte del acervo probatorio y en caso de que la misma le resulte desfavorable, invocar las formalidades legales para su admisión(53). La exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si esta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al fallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto no es la protección del derecho sustancial (art. 228 C.P.).

Esta consideración no es ajena a la ley. El tercer inciso del artículo 229 del CPC prevé que se prescindirá de la ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso “cuando las partes los soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considere necesaria”.

En consecuencia, se valorarán las pruebas testimoniales trasladas del proceso penal, sin la exigencia de su ratificación, pues las partes así lo han solicitado y no se considera necesaria su ratificación»”(54) (subrayas fuera del texto original).

Partiendo, como ya se ha explicado, de insistir en que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene —ni puede tener— la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico, sin perder de vista ese punto de partida, a juicio de la Sala el análisis del caudal probatorio obrante en el sub júdice y al cual se viene de referir, muestra a las claras que el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal no ha incurrido, en el sub lite, en el error judicial alegado por la parte actora.

La anterior conclusión se impone tras reparar en el contenido de la parte motiva de la providencia a la cual se achaca el error judicial, en cuyo análisis se detiene la Sala únicamente con el propósito de dilucidar si se dan los presupuestos de una vía de hecho judicial que hubiera podido abrir paso a la acción de tutela frente a providencias judiciales, según la jurisprudencia constitucional o si, en últimas, por cualquier otra circunstancia se pudiere evidenciar que la decisión cuestionada resulta contraria al ordenamiento jurídico, cosa que ocurriría en el evento de carecer de una justificación coherente, suficiente y razonable, esto es, jurídicamente admisible.

Ninguna de tales circunstancias concurre en el sub lite. La sentencia calendada el 24 de junio de 1991, proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal, efectúa unos adecuados y suficientes recuento y valoración del material probatorio allegado al proceso de restitución de inmueble arrendado. Las pruebas tomadas en consideración para fundamentar la decisión, efectivamente tienen la virtualidad de encuadrarse o demostrar los supuestos de hecho de las normas jurídicas en las cuales el Juez apoya su fallo. Adicionalmente, las disposiciones normativas que aplica al caso resultan claramente pertinentes para resolverlo y la inteligencia que de las mismas realiza, junto con las inferencias que de ello extrae al descender al supuesto en concreto, sometido a su examen, son fruto de una cadena de razonamientos hilvanada, coherente y correctamente justificada.

En consecuencia, teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el proceso civil de marras, así como la valoración y los razonamientos vertidos en la decisión comentada, no puede concluirse nada distinto a que la misma es una resolución correctamente argumentada, provista de una justificación sólida, en la cual las normas aplicadas y los elementos fácticos valorados han sido coherentemente conjuntados, de manera tal que mal podría preconizarse la existencia de un error jurisdiccional, en cualquiera de las modalidades y con las condiciones a las que, extensamente, se ha hecho alusión en la presente providencia. 

Lo dicho puede trasladarse, mutatis mutandis, a las decisiones mediante las cuales se negó el recurso de apelación interpuesto contra la multicitada sentencia de 24 de junio de 1991, proferida por el Juzgado Primero Civil de El Espinal y se negó también, el recurso de queja impetrado contra aquella, pues se trata, igualmente, de proveídos en los que no se aprecia elemento alguno que posibilite sostener que, con su expedición, se ha incurrido en cualquiera de las modalidades de error jurisdiccional. 

Como consecuencia de lo hasta aquí explicado, las súplicas de la demanda serán denegadas y la providencia del a quo, confirmada en todas sus partes.

2.5. Costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes ha actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia apelada, esto es, la proferida el por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 14 de julio de 1998.

Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa PalacioMauricio Fajardo Gómez, Presidente de la Sala— Alier E. Hernández EnríquezEnrique Gil BoteroRamiro Saavedra Becerra.

1 En el mismo sentido, vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001); Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña; Demandado: Nación- Ministerio de Justicia.

2 Nota original de la sentencia citada: Sentencia C-388 de septiembre 1 de 1994. Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre cuatro (4) de mil novecientos noventa y siete (1997); Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: 10285; Actor: Efraín Campo Trujillo; Demandado: Nación – Ministerio de Justicia.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1985, Consejero Ponente: Eduardo Suescún Monroy; Expediente: 3340.

5 Sentencia del 14 de febrero de 1980, exp: 2367. En el mismo sentido, auto del 26 de noviembre de 1980, exp: 3062.

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de marzo de 1993, Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Expediente: 3400; Actor: Maribel Genes Mendoza.

7 Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 14 de febrero de 1980, exp: 2367. En el mismo sentido, auto del 26 de noviembre de 1980, exp: 3062.

8 De todas formas y dicho esto al margen tampoco serían disímiles las conclusiones a las que habría de arribarse si se llevara a cabo el análisis del presente caso a la luz de las disposiciones de la Ley Estatutaria 270 de 1996 pues, por las razones que se pasa a explicar a continuación, la normatividad de esta no tiene por efecto nada distinto que precisar en algunos eventos o abrir paso a la aplicación directa en otros de la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política vigente.

9 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa; Expediente: P.E.-008.

10 Así, por ejemplo, con anterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991 fue condenada la Nación, por fallas del servicio judicial, en eventos relacionados con la sustracción de títulos valores o falsificación de oficios Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1990, expediente: 5451 y ya después de entrada en vigencia la Constitución Política de 1991, en providencia de esta Sala, calendada el 12 de septiembre de 1996 expediente: 11.092, se condenó al Estado a reparar los perjuicios sufridos por el adjudicatario de unos bienes que fueron rematados en un proceso ejecutivo, a pesar de que contra la sociedad propietaria de éstos se adelantaba un proceso de quiebra, circunstancia esta que generó la invalidez del remate.

11 En este sentido puede verse, por vía de ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diez (10) de mayo de dos mil uno (2001); Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8344-01(12719); Actor: Carmen Alicia Bello de Ruiz.

12 Nota original de la sentencia citada: Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001); Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña.

14 Nota original de la sentencia citada: La responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se ha puesto en duda por cuanto allí no existe el obstáculo de la cosa juzgada, cfr. León Duguit, Las transformaciones del derecho público, Buenos Aires, edit. Heliasta S.R.L., 1975. P. 149 y ss. La sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 1967 (Expediente No. 867), señaló: “una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad (...) no es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes una veces por (sic) la inseguridad en que se mantiene los despachos judiciales y otras por negligencia de sus empleados”.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diez (10) de mayo de dos mil uno (2001); Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8344-01(12719); Actor: Carmen Alicia Bello de Ruiz.

16 Nota original de la sentencia citada: Auto proferido el 14 de agosto de 1997, expediente 13258.

17 Nota original de la sentencia citada: Así lo prevé expresamente el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

18 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997;expediente Nº 10.285.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001); Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña; Demandado: Nación- Ministerio de Justicia.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación número: 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

21 Nota original de la sentencia citada: El término “Responsabilidad privilegiada” apunta a significar el tratamiento de favor que el ordenamiento jurídico dispensa en materia de responsabilidad personal del juez, limitando esta a los casos de culpa grave o dolo, delitos penales, etc. Cfr. Cappelletti, Mauro, en Responsabilidad de los Jueces, La Plata, Argentina, Edit. JUS. 1988.

22 A propósito de los limites materiales de la responsabilidad personal del funcionario, en rededor de los cuales se pronunció el Tribunal Supremo Español, Cfr. Montero Aroca, Juan, en Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la Actuación del Poder Judicial, Tecnos 1988 págs. 45 y ss.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación número: 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

24 La alusión que aquí se efectúa a la “ley” debe entenderse en un sentido amplio, es decir, comprensivo de todo el ordenamiento jurídico, como no de otro modo puede entenderse en un “Estado de Derecho”, que no es meramente un “Estado legal”, recurriendo a la terminología empleada por Jaime Orlando Santofimio. Para este autor, precisamente, “[L]a legalidad entendida como elemento del Estado de derecho no se circunscribe a los estrechos marcos del positivismo legal. En otras palabras, no podemos asimilarla exclusivamente al acatamiento o sometimiento de la ley en estricto sentido (...) la legalidad implica una aproximación al concepto sustancial de derecho, lo que recoge irremediablemente la totalidad de normas, principios y valores que inspiran el sistema jurídico. Para ser más exactos, el principio de legalidad así entendido resulta asimilable al principio del respeto y acatamiento al bloque de la legalidad que recoge la totalidad de elementos articulados en el llamado sistema jurídico”. Cfr. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Introducción, Tomo I, segunda reimpresión de la tercera edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 363-365.

25 Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

26 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 1995, Expediente 8118. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.

27 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.

28 Nota original de la sentencia citada: Eduardo García de Enterria, Thomás Ramón Fernandez. Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Civitas, 1993, Tomo II, pp 371 y 372.

29 Nota original de la sentencia citada: Agusto Ramírez Ocampo. “Ponencia para segundo debate de la nueva Constitución Política de Colombia” en Gaceta Constitucional Nº 112, 3 de julio de 1991, pp 7 y 8.

30 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 1993. Loc-cit.

31 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado. Loc- Cit.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

34 La norma demandada en este caso era el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, que preceptúa lo siguiente (se subraya la parte demandada):
“Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista”.

35 Nota original de la sentencia citada: Sentencia C-037/94. MP Vladimiro Naranjo Mesa.

36 Como el propio Alto Tribunal en mención, reiterada y enfáticamente, lo proclama: “Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Esta evolución de la doctrina constitucional fue reseñada de la siguiente manera en un reciente pronunciamiento de esta Corte:
(E)n los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho.” En la Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) solo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’ En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados’.
Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos (...)
“(...) todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”. (subrayas ajenas al texto)» (Los apartes destacados con subrayas y negrillas, fuera del texto original). Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-254 de 2006, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; Referencia T-1248369.

37 Crítica que se dejó consignada, en lo sustancial, en los siguientes términos:
“De esa manera resulta claro que la propia Corte Constitucional —obligada como la que más—, a observar y a respetar la cosa juzgada constitucional que generan sus propios fallos de constitucionalidad, en modo alguno se encuentra autorizada por la Constitución Política para desconocer la fuerza y los efectos de esa institución, tal como desafortunadamente y con grave desmedro del orden jurídico nacional lo ha venido promoviendo esa misma corporación, a través de la que en la actualidad se ha querido presentar como novedosa teoría de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y que —sin fortuna, para bien del Estado de Derecho—, la Corte Constitucional ha insistido en consolidar de manera generalizada, según lo evidencia el texto de la Sentencia de Constitucionalidad C-590 de 2005.
Decisión judicial (Sentencia C-590 de 2005) mediante la cual la Corte Constitucional pretendió desdecir, por completo, del respeto que merece la cosa juzgada constitucional, que a términos del citado artículo 243 supremo prohíbe, de manera categórica y absoluta, a toda autoridad del Estado —incluida la Corte Constitucional, naturalmente—, “(…) reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
(...)
Se adiciona a lo anterior el no menos preocupante ejercicio de facultades —propias exclusivamente del Constituyente o eventualmente del legislador—, que en virtud de otra auto-atribución de la Corte Constitucional, llevaron a esa corporación a sostener que, además de considerarse facultada para desconocer la cosa juzgada constitucional de su propia Sentencia C-543 de 1992, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales tendría cabida “(…) en los casos en que esta corporación ha establecido (…)” !!!(negrillas y subrayas en el texto original). Cfr. Aclaración de voto suscrita por los Consejeros de Estado Ruth Stella Correa Palacio, Alier Eduardo Hernández Enríquez, Ramiro Saavedra Becerra y Mauricio Fajardo Gómez, al auto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de fecha 27 de junio de 2006; Radicación número: 7600123310002004–03194–01.

38 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-254 de 2006, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; Referencia T-1248369.

39 Así lo destaca, igualmente, la doctrina. Vid. Hernández Enríquez, Alier Eduardo y Franco Gómez, Catalina, Responsabilidad extracontractual del Estado. Análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2007, pp. 195-197.

40 Entre tales supuestos y a título meramente enunciativo, pueden considerarse incluidos los eventos en los cuales se configura una vía de hecho, de la cual pueden constituir ejemplo no enumeración taxativa algunas de las denominadas “causales especiales de procedibilidad” de la acción de tutela contra providencias judiciales, tan cuestionablemente edificadas por la jurisprudencia constitucional.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de dos mil seis (2006); Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez; Radicación número: 11001-03-26-000-2000-0020-01; Expediente número: 18059; Actor: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez.

42 Nota original de la sentencia citada: Para desarrollar este tema, se vale la Sala de la metodología y la esquematización de propuestas doctrinales llevada a cabo por Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa colombiana, Tesis doctoral sustentada en la Universidad Carlos III de Madrid, dirigida por Parejo Alfonso, Luciano, Madrid, junio de 2005, pp. 29-69.

43 Nota original de la sentencia citada: Dworkin, R., A Matter of Principle, Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 143.

44 Nota original de la sentencia citada: HART, H., «El nuevo desafío al positivismo jurídico», traducción de Hierro, L., Laporta, F. y De Páramo, J.R., Sistema, 36, Madrid,1980, pp. 10-13.

45 Nota original de la sentencia citada: Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, traducción de E. Garzón Valdés, Centro de Estudio Constitucionales, Madrid, 1991, p. 217. En este sentido se sostiene que «es imposible, por tanto, incluso para Hércules J., encontrar una sola respuesta correcta para todos los casos y argumentar sobre ella, toda vez que las poderosas herramientas de las que idealmente se ha provisto a este “superjuez” (disponibilidad de información y tiempo ilimitados, capacidad y formación profesional superlativas, etc) están especialmente diseñadas para facilitarle la inferencia, pero su utilidad es muy limitada cuando lo que se precisa es construir decisiones. Esas herramientas no ayudan a Hércules J. a entablar y resolver una discusión en torno al valor de sus propios puntos de partida premisas de su razonamiento ni tampoco a encontrar la manera más adecuada de articular los intereses discrepantes de los destinatarios de o afectados por su decisión, y mucho menos a seleccionar de entre el abanico de respuestas que superan los mínimos de corrección impuestos por el sistema de normas, aquella que resulte más valiosa desde la perspectiva de la ética colectiva». Cfr. Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad (...), cit., pp. 44-45. En la misma dirección, veáse a Barragán, Julia, «La respuesta correcta única y la justificación de la decisión jurídica», Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 8, Alicante,1990, p. 69.

46 Nota original de la sentencia citada: Así pues, el autor alemán predica la existencia de las que denomina «reglas de razón», las cuatro condiciones más importantes que deben concurrir para que el discurso pueda ser considerado racional. A la primera la denomina la «regla general de fundamentación» y la enuncia de la siguiente manera: «Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación». Las otras tres condiciones reflejan las exigencias de la situación ideal de diálogo habermasiana, esto es, igualdad de derechos, universalidad y no coerción: «Quien fundamenta algo pretende, por lo que se refiere al menos al proceso de fundamentación, aceptar al otro como parte en la fundamentación, con los mismos derechos, y no ejercer coerción él mismo, ni apoyarse en la coerción ejercida por otros. Además, pretende poder sostener su aserción no solo frente a su interlocutor sino frente a cualquiera. Los juegos de lenguaje que no pretendan por lo menos cumplir esta exigencia, no pueden considerarse como fundamentación». Alexy, adicionalmente, enuncia las condiciones que idealmente tendrían que darse para que un discurso guiado por las reglas expuestas en precedencia pueda conducir a la obtención de conclusiones racionales: «tiempo ilimitado, participación ilimitada y falta de coacción total en aras de producir una completa claridad lingüístico-conceptual, información empírica completa, capacidad y disposición completa para el intercambio de roles y completa carencia de prejuicios». Además de estas «reglas de razón», Alexy incluye otro grupo de exigencias a las que denomina «reglas fundamentales» del discurso práctico racional, cuyo cumplimiento considera imprescindible dentro de cualquier comunicación lingüística en la que se trate sobre la verdad o corrección de un enunciado. Son los principios de no contradicción, sinceridad, universalidad y de uso común del lenguaje, que el autor formula así: «(1.1) Ningún hablante puede contradecirse. (1.2) Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. (1.3) Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto a debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a a en todos los aspectos relevantes. (1.4) Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados». Cfr. Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, cit., pp. 184-190 y 301.

47 Nota original de la sentencia citada: Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, cit., p. 301-302.

48 Nota original de la sentencia citada: Ibídem, pp. 302-303. En otro lugar, Alexy formula este aserto de la siguiente manera: «El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta». Cfr. Alexy, Robert, «Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica», traducción de Atienza, M., Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., p. 151.

49 Nota original de la sentencia citada: Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad (...), cit., p. 67.

50 Nota original de la sentencia citada: Para Aarnio esto revela que cuando un funcionario toma una decisión en un caso difícil, el resultado puede considerarse bueno o malo, correcto o equivocado, dependiendo del criterio de valoración que se adopte. Sin embargo, las exigencias de la legitimidad social y la certeza jurídica se verán satisfechas «solo si (a) la decisión (o interpretación) cae dentro del marco legal, (b) el discurso procede de manera racional y (c) la decisión satisface el código de valores dominante. Esto significa que la aceptabilidad racional no es meramente un ideal abstracto sino un principio válido y efectivo que funciona en la práctica cotidiana. Es una guía para el decisor y para el jurista, que le permite encontrar la interpretación más adecuada». Incluso en los casos en que una solución es rechazada porque no encaja dentro del código de valores dominante, también para los críticos la aceptabilidad racional sigue desplegando su papel de principio regulativo de la comunidad jurídica. «En este sentido, la fuente última de la legitimidad se encuentra en la sociedad misma (...). Solo aquella interpretación que toma en cuenta las expectativas de la mayoría de la sociedad puede, a la larga, obtener aceptabilidad por parte de esa mayoría. Lo importante en este respecto es la expectativa de certeza jurídica. Ella es una medida de cómo y cuándo puede lograrse la aceptabilidad racional. Como hemos visto, la certeza jurídica está estrechamente vinculada con el sistema de valores de la sociedad y por ello las interpretaciones aceptables tienen que ser no solo racionales sino razonables». Cfr. Aarnio, A., Lo racional como razonable, cit., pp. 287-288 y 295.

51 Nota original de la sentencia citada: Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad (...), cit., pp. 68-69. En el mismo sentido, también, Barragán, Julia, «La respuesta correcta única (...)», cit., pp. 72-73.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación número: 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

53 Nota original de la sentencia citada: En este sentido, sentencia del 18 de septiembre de 1997, exp: 9.666.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciséis (16) de febrero de dos mil uno (2001); Radicación: 73001-23-31-000-1995-2881-01(12622); Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque; Actor: Martha Lucía Pérez y otros; Demandado: Nación -Ministerio de Defensa - Policía Nacional.