Sentencia 1993-00827 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-25-000-1993-00827-01 (19.507)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Moisés Marín Maldonado y otros

Demandado: Municipio de Medellín

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil once.

Resuelve la Sala, el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia del 30 de agosto de 2000, proferida por la Sala 10 de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. En escrito presentado el 18 de junio de 1993, los señores Moisés Marín Maldonado y Rosalba Flores Álvarez, actuando en nombre propio y en representación de su hija Rosalba Marín Flores; y, Flor Alicia, Jhon Fredy, Moisés, Luz Ángela y Ana Cecilia Marín Flores, mediante apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable al municipio de Medellín, de la lesiones sufridas por Moisés Marín Maldonado en su rodilla izquierda, el 21 de junio de 1991, mientras realizaba sus labores como latonero vinculado a la secretaría de obras públicas del municipio, para el sostenimiento de escuelas.

En consecuencia, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar al lesionado, por concepto de perjuicio fisiológico 4.000 gramos de oro; por perjuicios materiales, la cuantía que lograra demostrarse en el proceso, y por perjuicios morales para cada uno, 1.000 gramos de oro.

En apoyatura de sus pretensiones, narraron que Moisés Marín Maldonado se encontraba vinculado desde el 12 de septiembre de 1984, a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Medellín, donde se desempeñaba como latonero, en el sostenimiento de escuelas.

El 21 de junio de 1991, encontrándose en horario laboral, sufrió un accidente en el que padeció heridas de consideración, especialmente traumatismos en su rodilla izquierda, que consistieron en un esguince grado 2, que lo tienen al borde de una incapacidad parcial permanente, por haberle generado secuelas como alteración en la marcha, atrofia y disminución de la fuerza del miembro inferior izquierdo, y dolores fuertes para su locomoción.

El paciente recibió los tratamientos en su rodilla, entre ellos varias cirugías, sin que se haya presentado una recuperación satisfactoria.

2. La demanda fue admitida mediante auto del 23 de julio de 1993 y notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.

3. El demandado se opuso a las pretensiones. Afirmó que la lesión sufrida por el señor Marín Maldonado nunca fue reportada como accidente de trabajo, ni en el tiempo oportuno, correspondiente a 72 horas, ni en forma extemporánea, ni siquiera al ser atendido en el servicio de urgencias, pues solo manifestó que se había resbalado por unas escaleras.

Adujo que tampoco era clara la hora de ocurrencia del accidente y que aquel tampoco se encontraba desempeñando labores de latonero, porque para esa época ya no lo hacía.

Sostuvo que de acuerdo a la historia clínica, desde septiembre de 1984, hasta la fecha de contestación de la demanda, permaneció incapacitado la mayor parte del tiempo, por todo tipo de enfermedades.

Indicó que las lesiones del demandante no se debían al supuesto accidente, sino a que padecía artrosis.

4. En auto del 25 de octubre de 1993 se decretaron las pruebas, el 31 de julio de 1996 se llevó a cabo audiencia de conciliación que se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio y, el 16 de junio de 1997, el tribunal corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto.

5. La parte demandada señaló que la jurisdicción contencioso administrativa no era la competente para conocer del proceso, como quiera que se trataba de un conflicto jurídico originado en un contrato laboral, pues el lesionado era un trabajador oficial que pretendía el pago de perjuicios sufridos en un accidente de trabajo, razón por la cual debió demandar ante la jurisdicción laboral para solicitar las prestaciones causadas, pero solo en el evento de haberlo reportado como tal.

Sostuvo, además, que no procedía la acción de reparación directa, toda vez que no existió ni un hecho, omisión, operación administrativa, ni la ocupación de un inmueble imputable a la administración municipal, puesto que lo que se reclamaba eran los perjuicios causados por un accidente laboral, responsabilidad que eventualmente surgiría de un contrato de trabajo, por lo que no se podía predicar responsabilidad extracontractual alguna, razón por la cual la cónyuge y los hijos del lesionado carecían de legitimación en la causa por activa.

Adujo que el señor Moisés Marín Maldonado estando en la obligación de hacerlo, nunca reportó su accidente de trabajo, no obstante lo cual, el municipio le prestó toda la atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica que requirió, razón por la que no podía pretender que por su culpa exclusiva, el municipio le indemnizara los perjuicios que nunca le causó.

Además que, aún cuando algunos de los testigos hayan afirmado lo contrario, el municipio de Medellín sí contaba con un programa de salud ocupacional desde hacía más de 20 años.

5.1. La parte actora sostuvo que el accidente que ocasionó a la víctima la pérdida del 28% de la capacidad laboral, ocurrió por la omisión en el suministro de elementos que le garantizaran su seguridad como trabajador.

II. Sentencia de primera instancia

Al negar las pretensiones de la demanda, el tribunal consideró que como no hay claridad frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente, se hace imposible determinar la relación de causalidad entre el daño sufrido por el trabajador y la falla de la administración.

Sostuvo el a quo, que se demostró que en el municipio existía hace más de 20 años, la sección de salud ocupacional encargada de realizar actividades y acciones preventivas tendientes a disminuir y controlar los riesgos en los ambientes laborales.

Señaló que el señor Moisés Marín Maldonado pertenecía al comité de medicina, higiene y seguridad industrial, cuya función era asesorar a los obreros cuando sufrían accidentes, reportarlos y enseñarles a los jefes como hacerlo; sin embargo, no se encargó de reportar el suyo.

III. Trámite en segunda instancia

La parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación contra la sentencia. Manifestó que el tribunal, en lugar de decidir de fondo el asunto de la referencia, debió declarar la falta de competencia para ese efecto y remitirlo a la jurisdicción laboral, en virtud del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, por tratarse de un trabajador oficial, vinculado al municipio mediante contrato laboral.

Lo anterior, con el fin de dar prevalencia al derecho sustancial, en atención a que en aquella jurisdicción la prescripción extintiva de la acción es de 3 años y, en la acción de reparación directa, es solo de 2 años.

El recurso se concedió el 5 de octubre de 2000 y se admitió el 24 de mayo del 2001.

Durante el traslado común para presentar alegatos de conclusión, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2000, proferida por la Sala 10 de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. Consideraciones previas.

Como ha dicho la Sala(1) en reiteradas ocasiones, la acción de reparación directa no es el medio procesal adecuado para solicitar la indemnización de los daños surgidos por causa o con ocasión de la relación laboral, “toda vez que los denominados accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no corresponden al ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado sino de una obligación determinada por la existencia previa de una relación laboral entre la entidad pública respectiva y el funcionario afectado, que se rige por disposiciones especiales”.

Sin embargo, ha señalado también(2) que esa acción es procedente cuando “se trata de la indemnización de perjuicios causados a terceras personas como consecuencia de la lesión o muerte sufrida por un trabajador en virtud de un accidente o enfermedad —sea que el primero pueda o no calificarse como accidente de trabajo y que la segunda constituya o no una enfermedad profesional—”.

Reiteró en la misma providencia, su competencia para conocer de este tipo de acciones, en consideración a que “la responsabilidad que se demanda está referida únicamente a los perjuicios sufridos directamente por los parientes del trabajador, como terceros ajenos a la relación laboral, cuya reparación, como se ha visto, puede exigirse ante esta jurisdicción porque su fuente es extracontractual, porque la entidad cuya responsabilidad se pretende es de carácter estatal y porque la indemnización que se reclama no corresponde a las prestaciones derivadas del vínculo laboral”.

De igual forma, la jurisprudencia ha dispuesto que la acción de reparación directa es procedente no solo cuando es ejercitada por terceros ajenos a la relación laboral, como se destaca de las providencias citadas, sino también cuando el daño se imputa con fundamento en la ocurrencia de “hechos que exceden los riesgos propios de la actividad”(3) en cuyo caso puede demandar, ante esta jurisdicción, incluso el trabajador.

En este estado de cosas, se tiene que la acción de reparación directa es procedente para demandar la indemnización de perjuicios por la lesión o muerte de un sujeto vinculado laboralmente al Estado, siempre que la responsabilidad se fundamente en la ocurrencia de hechos que exceden los riesgos propios de la actividad.

Ahora bien, en el caso sub examine la acción de reparación directa fue interpuesta con el fin de que se indemnizaran los perjuicios ocasionados a Moisés Marín Maldonado y a sus familiares, por las lesiones sufridas en su rodilla izquierda el 21 de junio de 1991, mientras realizaba sus labores como latonero en el sostenimiento de escuelas del municipio de Medellín, al que se encontraba vinculado como trabajador oficial; adujo que la ocurrencia del hecho se produjo por las fallas en el servicio en las que incurrió el municipio al omitir el funcionamiento un programa de salud ocupacional y no proporcionarle las condiciones de seguridad en el desarrollo de sus labores.

Por lo anterior, la acción de reparación directa es la idónea y puede exigirse ante esta jurisdicción por tratarse de un caso de responsabilidad extracontractual, porque la entidad cuya responsabilidad se pretende es pública y porque la indemnización que se reclama no corresponde a las prestaciones derivadas del vínculo laboral.

2. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. El señor Moisés Marín Maldonado se encontraba vinculado al municipio de Medellín mediante el contrato de trabajo obrante a folio 224 del cuaderno 2 celebrado el 12 de septiembre de 1984, en cuya cláusula sexta se dispuso que era de duración indefinida, para desempeñarse como latonero en la sección de escuelas de la secretaría de obras públicas.

En el mismo sentido, la certificación expedida por la jefe del departamento de personal de la secretaría de servicios administrativos del municipio(4), da cuenta de que:

“(...).

Ingresa de nuevo el 12 de septiembre de 1984 con el cargo de latonero en la sección escuelas en el departamento de construcción y sostenimiento de la secretaría de obras públicas”.

2.2. De acuerdo con la historia clínica del paciente(5), aportada por la jefe del departamento médico y odontológico del municipio de Medellín, el 21 de junio de 2001 el señor Marín Maldonado sufrió un accidente que le afectó su rodilla izquierda, por lo que fue atendido en el servicio de urgencias de la Clínica El Rosario, donde manifestó haberse rodado por las escaleras.

2.3. Del dictamen médico laboral 339(6) realizado el 28 de noviembre de 1994 por un médico laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se transcribe:

“De acuerdo a su solicitud examiné al señor Moisés Marín Maldonado, con el fin de determinar las secuelas y merma de capacidad laboral dejada por “un accidente sufrido mientras trabajaba para el municipio de Medellín”.

Resumen historia clínica: “paciente de 49 años de edad quien trabaja como latonero y accidentalmente se cayó desde aproximadamente 1.5 mts, sufriendo trauma en la rodilla izquierda (jun. 21/2001).

Ha sido intervenido quirúrgicamente por este motivo en varias oportunidades practicándosele menisectomía medial de rodilla izquierda y cirugía por síndrome de hipertensión patelofemoral.

TAC de rodilla mostró artrosis severa en cóndilos femorales, platillos tibiales y rótula. El paciente acusa dolor en la rodilla.

Recibió tratamiento fisiátrico”.

Al examen clínico encuentro un paciente que ingresa al consultorio con leve cojera.

Hallazgos en miembro inferior izquierdo:

1. Cicatriz quirúrgica longitudinal de 22 cm localizada en la región anterior de la rodilla y parte anterior de la pierna.

Cicatriz quirúrgica de 5.5 cm en la parte interna de la rodilla.

Cicatriz quirúrgica de 5.5 cm en la parte externa de la rodilla.

2. Cicatriz transversal de 7.5 x 1 cm en la parte anterior de la rodilla por trauma antiguo sufrido en la infancia.

3. Hay limitación leve en la flexión de la rodilla, extensión normal. Leve atrofia de la pierna y moderada atrofia del cuadriceps que causa algo de inestabilidad de la rodilla. Hay leve cojera al caminar - No hay derrame articular.

Concepto: Los hallazgos descritos en los numerales 1º y 3º junto con los resultados del TAC, producen en el señor Moisés Marín Maldonado, una incapacidad permanente parcial y una merma en su capacidad laboral de un veintidós punto uno por ciento 22.1%”.

(...).

“Concepto: Teniendo en cuenta las secuelas radiológicas y clínicas que presenta en paciente en su rodilla izquierda, así como la labor desempeñada por este, se concluye que el señor Moisés Marín Maldonado, presenta por este motivo una incapacidad permanente parcial y una merma en su capacidad laboral de un 27.95%.

La patología que presenta este paciente en su rodilla izquierda frente a las exigencias de las funciones a realizar como “latonero del municipio de Medellín” sirven de base para concluir que el señor Moisés Marín Maldonado, no está apto, desde el punto de vista médico, para desempeñar la función de latonero (...).

Este paciente deber ser reubicado en labores en que no tenga que subir y/o bajar escaleras frecuentemente o realizar flexiones frecuentes y forzadas de su rodilla izquierda.

(...)”.

2.4. Sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente el 21 de junio de 1991, el señor Juvenal Serna Vargas, compañero de trabajo del lesionado y único testigo presencial de los hechos, manifestó(7):

Preguntado: ¿Qué sabe usted de un accidente de trabajo que sufrió el señor Moisés? Contestó: Ese día estábamos laborando en la Escuela Álvaro Marín Velasco, yo estaba colocando unos ganchos, de soporte para una canoa, él me iba a entregar un gancho, y resbaló de la escalera y cayó. Preguntado: ¿Sabe usted si el señor reportó ese accidente de trabajo? Contestó: Cuando eso teníamos un encargado, al cual le tocaban varias escuelas como frente de trabajo, lo llamamos a dichas escuelas y no lo pudimos localizar (...). Preguntado: ¿Usted recuerda en qué sufrió la integridad del señor Marín, cuando cayó de la escalera el día que laboraban en la Escuela Álvaro Marín Velasco? Contestó: Sí, el me dijo que se había golpeado la rodilla, me parece que fue la derecha, estaba muy inflamado el día que lo vi, cuando cayó. Preguntado: ¿Usted sabe si el señor Marín exigió tratamiento? Contestó: Sí a él se le dio tratamiento, el me llamó y me dijo que había ido donde el médico, y luego no me volví a dar cuenta, pero él siguió en tratamiento (...). Preguntado: ¿Cuál es el oficio del señor Marín y suyo? Contestó: Él es latonero sostenimiento de escuelas (sic). Preguntado: ¿Cuando ocurrió el accidente, tanto usted como él estaban desempeñando el oficio de latoneros? Contestó: Sí (...). Preguntado: ¿Fuera de usted, quién más vio al señor Moisés Marín luego del accidente? Contestó: Así como compañeros, no sé pues por sus propios medios se fue para urgencias, no sé, ahí no habían más trabajadores, en ese momento yo solamente (...). Preguntado: ¿Usted vio caer a Moisés? Contestó: Sí lo vi caer. Preguntado: ¿De qué altura aproximadamente cayó Moisés? Contestó: No se puede apreciar (...). Preguntado: ¿La escalera se resbaló? Contestó: No sé decir, yo estaba en el techo cuando bajé, pude ver en la pared, el rayón, que fue que cedió el terreno. Preguntado: ¿El rayón era vertical? Contestó: Sí era vertical (...)”.

2.5. Conforme a la certificación expedida por el departamento de organización y métodos del municipio de Medellín(8), las funciones específicas del latonero son:

“Funciones específicas:

1. Colocar las canoas, los bajantes, codos y embudos en las edificaciones del municipio y escuelas, según las especificaciones recibidas.

2. Atender a las reparaciones que se presenten en las canoas, bajantes, codos y embudos de las edificaciones y escuelas.

3. Velar por el empleo adecuado de los materiales y de la herramienta a su cargo.

4. Velar por el estricto cumplimiento de la normas sobre seguridad y prevención de accidentes.

5. Desempeñar las demás funciones propias de su cargo que le sean encomendadas por su inmediato superior”.

2.6. Los jefes de la secciones de salud ocupacional y del departamento médico y odontológico(9) certificaron que la primera de ellas fue creada en el municipio de Medellín desde hacía más de 20 años y desde entonces se habían realizado actividades y acciones preventivas tendientes a disminuir y controlar los riesgos existentes en los ambientes laborales. Además:

“2. El programa de salud ocupacional del municipio de Medellín, como documento escrito, se terminó de elaborar en mayo de 1993, y fue presentado a la dirección regional de trabajo y seguridad social, en mayo 6 del mismo año para su revisión y aprobación. Luego de revisado por esa dependencia, se certificó que el programa cumplía los delineamientos (sic) básicos de la Resolución 1016 de 1989.

3. Aunque no existía un documento escrito se desarrollaban acciones concretas que hacen parte de un programa de salud ocupacional, tanto en el área de medicina ocupacional como en higiene y seguridad industrial”.

3. De acuerdo con lo anterior, está probado que señor Moisés Marín Maldonado, en el momento en que sufrió las lesiones, estaba vinculado con el municipio de Medellín, concretamente con la sección de escuelas de la secretaría de obras públicas, donde se desempeñaba como latonero, circunstancia que le daba la condición de trabajador oficial.

Está igualmente acreditado el daño antijurídico padecido por los demandantes, comoquiera que por las lesiones sufridas en su rodilla izquierda, el señor Moisés Marín Maldonado perdió el 27.95% de su capacidad laboral.

Verificado lo anterior, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no a la administración pública por una falla en el servicio como lo alega el actor.

4. Si bien podría imputársele al municipio el daño sufrido tanto por los ejecutores de una obra, como por terceros, esto solo ocurriría si fue aquel quien generó la situación de peligro causante del daño(10).

Ahora bien, como en el caso concreto, quien sufrió el daño fue un obrero, se debe tener en cuenta que no era ajeno a los riesgos que en sí misma comporta la actividad de ejecución de los trabajos asignados, incluso, cuando se vinculó laboralmente con la administración, como en efecto ocurrió, lo hizo de manera voluntaria, de donde se infiere que comparte y asume en cierta medida esos riesgos, por lo que se hace necesario demostrar la falla del servicio alegada, para atribuirle responsabilidad extracontractual al municipio de Medellín.

Lo anterior, en virtud de que el demandante se encontraba desempeñando las funciones propias de su cargo al momento del accidente, como era colocar y reparar las canoas en las edificaciones del municipio y escuelas, según las especificaciones recibidas.

5. Como lo que se demanda es una falla del servicio de la administración, al no haber puesto en ejecución el programa de salud ocupacional ordenado por la ley, no puede afirmarse la existencia de la misma, comoquiera que en el proceso se acreditó que el programa de salud ocupacional fue creado en el municipio de Medellín desde hace más de 20 años, y que desde entonces se han realizado actividades y acciones preventivas tendientes a disminuir y controlar los riesgos existentes en los ambientes laborales.

Además, sobre las circunstancias de ocurrencia de los hechos que fundamentan la acción, obra solamente la declaración del señor Juvenal Serna, único testigo presencial del accidente, y respecto al cual se evidencia una marcada imprecisión, dado que inicialmente afirmó que encontrándose en el techo esperando a que Moisés le pasara un gancho para amarrar una canoa, vio cuando aquel se resbaló de la escalera y cayó al piso; sin embargo, luego al preguntársele si la escalera se había resbalado, manifestó que no se dio cuenta porque se encontraba en el techo, pero que supone que así fue, pues al bajar vio un rayón vertical en la pared y que como el piso era de grama, al parecer cedió.

En ese estado de cosas, si bien está probado el daño sufrido por el señor Moisés Marín Maldonado, no resulta procedente atribuir la responsabilidad al municipio, en atención a que no están acreditadas las circunstancias de ocurrencia del hecho, y no es claro si el accidente sucedió porque este resbaló de la escalera, o esta se averió por encontrarse en mal estado, o si fue que la misma fue ubicada en un terreno inestable, etc., y, mientras no se determine la causa, resulta conjetural pretender la configuración de una falla en el servicio.

En otras palabras, no se cumplió con la carga de la prueba en este extremo, de allí que no podemos olvidar que de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en consecuencia, los demandantes debían probar el daño alegado y los perjuicios producidos como era su deber, por ser norma de conducta para las partes y regla de juicio para el juez, que de un lado le indica a aquellas cómo debían actuar so pena de sufrir las consecuencias de no hacerlo así, y de otro lado le señala al juez que debe fallar contra la parte que debía probar y no probó.

Así las cosas, se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación, puesto que el daño no es atribuible a conducta alguna de la demandada, esto es, no le es referible, en los términos de análisis del artículo 90 de la Constitución Política.

Por tanto, se torna estéril cualquier análisis en cuanto a la falla del servicio, comoquiera que nos encontramos ante una ausencia de imputación, y aquella tienen su basamento y razón de ser solo cuando el daño antijurídico le es atribuible a la administración, lo cual no se configuró en el caso concreto, y ello releva al juzgador de ese tipo de análisis.

Se confirmará, entonces, la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 30 de agosto de 2000, proferida por la Sala 10 de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de febrero 24 de 2005, Exp. 15125, C.P. Alier Hernández.

(2) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de junio 7 de 2007, Exp. 15722, C.P. Mauricio Fajardo.

(3) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de septiembre 7 de 2000, Exp. 12544, C.P. María Elena Giraldo.

(4) Folio 220 del cuaderno 2.

(5) Folios 49 a 207 del cuaderno 2, específicamente 79 y 170.

(6) Folio 250 a 260 del cuaderno 2.

(7) Folios 227 a 231 del cuaderno 2.

(8) Folios 255 y 256 del cuaderno 2.

(9) Folio 219 del cuaderno 2.

(10) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de agosto 30 de 2007, Exp. 15749, C.P. Ramiro Saavedra.