Sentencia 1993-03144 de septiembre 28 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 15001-23- 31-000-1993-03144-01(20571)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Saira Indira Páez Cañón y otros

Demandado: la Nación-Ministerio de Defensa; Ministerio de Justicia y Derecho-Policía Nacional

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Competencia

16. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá D.C., Sección Tercera, Sala de Decisión, en un proceso que, por su cuantía (fl. 41, cdno. 1)(1) analizada al momento de la presentación de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.

II. Hechos probados

17. Con base en las pruebas válida y oportunamente allegadas al expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

17.1. Para el año 1991, en el edificio “Santana” ubicado en la carrera 9 Nº 11-01 y calle 11 Nº 9-06 (esquina) del centro urbano del municipio de Chiquinquirá, operaban las oficinas del cuerpo técnico de policía judicial y los juzgados veinticinco y veintisiete de instrucción criminal (copia autenticada del contrato de arrendamiento del inmueble suscrito por su propietario e Instrucción Criminal; oficio 92 emitido por la unidad seccional Chiquinquirá de la Fiscalía General de la Nación; testimonios de Luz Eneida Cañón Pinilla, Myriam Concepción Rodríguez de Ortegón, Flor Herlinda González de Sánchez y Carlos Miguel Guerrero Villamil; fls. 25 a 28, 33, 50, 53, 56, 70, cdno. pbas.).

17.2. El 12 de junio de 1991, siendo aproximadamente las 12:15 a.m., el señor Pedro Alejandrino Pinilla, quien trabajaba en una estación de servicio cercana al edificio “Santana”, observó que un sujeto abandonó allí una caja y posteriormente huyó del lugar. El señor Pinilla alertó a los vecinos del lugar al ver que se trataba de un petardo. En ese momento, salieron varias personas a la calle para percatarse de la situación y alejarse del sitio debido al peligro que amenazaba sus vidas, entre ellas, la familia Páez Cañón, cuya vivienda se ubica a pocos metros del edificio (testimonio de Pedro Alejandrino Pinilla; Luz Eneida Cañón Pinilla, Flor Herlinda González de Sánchez; Carlos Miguel Guerrero Villamil y José Amadis Rivera; fls. 62 a 65, 51, 55, 69, 86, cdno. pbas.).

17.3. Los señores Bárbara María Cañón, Noé Páez Varela y Catherine Páez Cañón, realizaron varias llamadas telefónicas al comando de policía del municipio para informar sobre la amenaza de una bomba y para recibir colaboración en el manejo y enfrentamiento de la situación. Ante la negativa de atención por parte de los miembros oficiales, el señor Noé Páez se dirigió en su vehículo en compañía de su hija menor Diana del Pilar Páez Cañón hasta la estación de policía, pero al estar allí, los policías se resistieron a tomar alguna medida. Transcurridos aproximadamente 15 minutos desde la primera llamada, se escuchó un fuerte estallido (testimonios de Bárbara María Cañón, Noé Páez Varela, Diana del Pilar Páez(2), Pedro Alejandrino Pinilla y Carlos Miguel Guerrero Villamil; fls. 37, 40, 63, 64, 70 y 72, cdno. pbas.).

17.4. A las 12:30 a.m., del 12 de junio de 1991 se produjo una fuerte detonación en el edificio “Santana” de Chiquinquirá, cuya onda de explosión causó daños en los inmuebles aledaños y serias lesiones a Saira Indira, Catherine y Wilmer Páez Cañón, quienes fueron remitidos de urgencia al hospital regional de Chiquinquirá (testimonio rendido por el doctor Víctor Hugo García Castillo —cirujano que se encontraba de turno y atendió a Saira Páez—, Pedro Alejandrino Pinilla, Clemencia Burgos Cortes, Etiquiano Rodríguez Ruíz, José Amadis Rivera, certificado emitido por el centro hospitalario fls. 59 a 61, 62, 63, 66, 84, 86, cno. pbas.).

17.5. La Policía Nacional se hizo presente en el lugar de los hechos transcurridos aproximadamente 10 minutos después de la explosión, pese a que el comando más cercano está ubicado entre dos y tres cuadras del lugar de los hechos (testimonios de los señores Luz Eneida Cañón Pinilla; Myriam Concepción Rodríguez de Ortegón y Pedro Alejandrino Pinilla fls. 51, 52, 63-64, cdno. pbas.).

III. Problema jurídico

18. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis, las graves lesiones que sufrió la parte demandante debido a la detonación de un artefacto explosivo, son imputables a la parte demandada.

IV. Análisis de la Sala

19. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora y las circunstancias en las cuales ocurrió el mismo, es decir, está debidamente acreditado que el 12 de junio de 1991, en el centro urbano del municipio de Chiquinquirá se produjo la fuerte detonación de una bomba abandonada por delincuentes, la cual causó lesiones de gravedad a Catherine y Wilmer Páez Cañón y, especialmente a la señora Saira Indira Páez Cañón.

20. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que no solo se debe tener en consideración el contenido obligacional abstracto de las normas que fijan la competencia, sino el grado de cumplimiento por la entidad demandada en el caso concreto y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño(3). De este modo, se ha concluido que la administración debe responder cuando a) desatiende los llamados de la comunidad, b) le era posible prever la amenaza inminente por problemas de seguridad permanente(4), c) se solicita protección y esta o no se suministra(5) o se hace de manera no diligente(6), d) es evidente que la persona afectada necesitaba protección en razón a la configuración de serios indicios, así esta no la hubiere solicitado(7), o e) conocía, de manera no solo formal, de la situación de peligro en que se encontraba el afectado(8). En consecuencia, es necesario que de algún modo la administración resulte enterada de la amenaza a la afectación de cualquier bien jurídico, por cuanto “la obligación protectora del Estado no va hasta asignar oficiosamente un escolta a cada ciudadano o cada bien”(9), por cuanto ello sería una obligación imposible de cumplir. Por otra parte, ha determinado la responsabilidad de la administración por los daños sufridos por los ciudadanos que son expuestos a un riesgo de naturaleza excepcional creado por el Estado, en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general, como sucede cuando, en su actuar legítimo, sitúa sus instalaciones oficiales con cercanía a las viviendas de habitación de los administrados.

21. Así entonces, los regímenes de responsabilidad aplicables frente a daños causados por terceros en atentados terroristas y hechos violentos, como el que hoy ocupa a la Sala, son la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial.

22. Al efecto, la parte actora endilga la responsabilidad del Estado por falla en el servicio derivada de la omisión de la Policía Nacional, consistente en desatender las llamadas de aviso de quienes se percataron de la presencia de un elemento peligroso en el espacio público y, en no adoptar oportunamente las medidas necesarias para controlar la situación.

23. Al respecto, no resultan de recibo los descargos presentados por la entidad demandada(10), pues si bien la premura que ofreció la situación de emergencia y riesgo no permitía el despliegue ideal, completo y eficaz por parte de las autoridades, para evitar la activación del artefacto explosivo, lo cierto es que la entidad demandada incurrió en falla del servicio por omisión del deber constitucional y legal que recae sobre ella, esto es, procurar la protección, el bienestar y la tranquilidad de la población civil.

24. Le correspondía a los miembros de la Policía Nacional hacer presencia inmediata en el lugar de los hechos con el fin de confirmar la información recibida y, de acuerdo con ello, aplicar todo el esfuerzo posible para controlar el pánico que abordó a los ciudadanos, v. gr., exigir que los habitantes del sector no salieran de sus viviendas, apartar del perímetro a las personas que allí se encontraban, o adoptar aquellas medidas que estimaran pertinentes de conformidad con la capacitación que deben adquirir con ocasión de su profesión, con el fin de prevenir o reducir los posibles daños; no obstante, el análisis del material probatorio permite inferir que la entidad demandada no reaccionó en debida forma ni de manera oportuna.

25. Ahora, si bien es cierto que el hecho violento fue consumado por sujetos al margen de la ley y que las lesiones sufridas por los demandantes fueron consecuencia de la onda explosiva, también lo es que la falta de control y enfrentamiento del suceso por parte de la autoridad competente —Policía Nacional— comprometió su responsabilidad, al permitir que el riesgo se tornara aún más amenazador y que sus efectos resultaran potencialmente mortales.

26. Advierte la Sala que, como quedó demostrado, la conducta de los agentes de policía fue, a todas luces pasiva y negligente ante el inminente peligro que se pregonaba, máxime si se estudia su cercanía con el edificio “Santana” (párr. 16, lit. c. y e.). Así las cosas, resulta forzoso concluir que en el sub examine, el daño es imputable a la Nación debido al nexo de causalidad entre este y la omisión de la entidad accionada. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.

27. Finalmente, se observa que la parte demandada adujo que las lesiones padecidas por los actores fueron consecuencia del riesgo que ellos asumieron; no obstante, teniendo en cuenta que no se cumplió con la carga probatoria que exige el ordenamiento jurídico, la Sala advierte que la Policía Nacional se limitó a exponer una mera apreciación fáctica carente de respaldo demostrativo.

V. Liquidación de perjuicios

28. En relación con los perjuicios morales, la Sala procede a confirmar los montos otorgados a favor de los demandantes en la sentencia de primera instancia y, a efectuar la equivalencia de los gramos de oro reconocidos, a salarios mínimos mensuales legales vigentes(11):

Saira Indira Páez Cañón: 1000 gramos = 100 smmlv.

Catherine Páez Cañón: 1000 gramos = 100 smmlv.

Wilmer Páez Cañón: 1000 gramos = 100 smmlv.

VI. Costas

29. En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición y se revocará lo decidido al respecto por el a quo.

30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de noviembre 16 de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión, Bogotá D.C., Sección Tercera, Sala de Decisión y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los perjuicios causados a Saira Indira, Catherine y Wilmer Páez Cañón, en hechos ocurridos el 12 de junio de 1991, en el municipio de Chiquinquirá.

2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv) a favor de cada uno de los demandantes, los señores Saira Indira Páez Cañón, Catherine Páez Cañón y, Wilmer Páez Cañón.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y EXPEDIR para el apoderado que viene actuando las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 28 de mayo de 1993, se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de perjuicios materiales, 4.000 gramos oro equivalentes a $ 38.783.360 para cada uno de los demandantes. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 6.860.000.

(2) La Sala da valor probatorio a las declaraciones de estos testigos pese a que son familiares de los sujetos activos de la litis, comoquiera que no fueron tachados como sospechosos, y porque este vínculo, por sí solo, no conlleva a la desestimación de la prueba, máxime cuando se observa que la narración contenida en cada una de las declaraciones en relación con el desarrollo de los hechos conservan coherencia, sin que se advierta contradicción alguna entre ellas y los demás hechos probados.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009; C.P. Myriam Guerrero de Escobar; Radicación 17138; sentencia del 6 de marzo de 2008; C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Radicación 14443.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2011; C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Radicación 18617.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009; C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Radicación 18106.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009; C.P. Myriam Guerrero de Escobar; Radicación 17138.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009; C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Radicación 18106; del 1º de abril de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Radicación 16836.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007; C.P. Enrique Gil Botero, Radicación 16894.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005; C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 14395.

(10) “De haberle sido posible a los agentes llegar al lugar de los hechos con anterioridad a cuando lo hicieron, muy seguramente estaríamos hablando hoy no solo de víctimas civiles sino también policiales, pues como lo anotan los declarantes, solo se contó con aproximadamente diez (10) minutos luego de saberse del artefacto, para que se produjera la explosión” (fl. 168, cdno. 1).

(11) “Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales...”. Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.