Sentencia 1993-07279/19432 de agosto 31 de 2006

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Rad.: 41001-23-31-000-1993-07279-01(19432)

Actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez

Demandado: La Nación-Ministerio de obras Públicas y Transporte

Ref.: Acción de reparación directa - Sentencia.

Bogotá, D.C. treinta y uno de agosto de dos mil seis.

Siguiendo la prelación dispuesta por la Sala en sesión del 9 de diciembre de 2004, acta 40, se procede a decidir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión —Sede Bogotá— el 28 de septiembre de 2000, mediante la cual se condenó a la Nación-Ministerio de Transporte, por los perjuicios materiales sufridos por el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez. La sentencia consultada será modificada. En su parte resolutiva se estableció lo siguiente:

“1. Declárase administrativamente responsable al Ministerio de Transporte por los daños ocasionados al señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, en el accidente ocurrido en la vía Campoalegre-Neiva, km. 104, el 14 de julio de 1992.

2. Condénase al Ministerio de Transporte al pago del lucro cesante de los perjuicios materiales al señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez en la cuantía y forma en que quedó descrito en la parte resolutiva (sic).

3. Niégase los perjuicios morales.

4. Declárase no probada la excepción de indebida representación del demandante.

5. Dése cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA”.

I. Antecedentes procesales

1. Las pretensiones.

El 17 de mayo de 1993, el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, y a través de apoderado judicial, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del Huila, en contra de la Nación - Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el objeto de que se declarara patrimonialmente responsable a esa entidad de los daños y perjuicios que sufrió con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 14 de julio de 1992, en la vía Campoalegre-Neiva, kilómetro 104 y, en consecuencia, se la condenara a pagarle la suma equivalente a 1.500 gramos de oro puro, por perjuicios morales y la suma que se tasara pericialmente, por perjuicios materiales.

2. Los fundamentos de hecho.

Los hechos narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes: Aproximadamente a la 1:30 del 14 de julio de 1992, el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez se desplazaba en el vehículo de su propiedad, distinguido con las placas TA 25-48, destinado al servicio público, en la ruta Neiva-Pitalito. Antes de llegar al municipio de Campoalegre fue colisionado por un carrotanque, marca Internacional, de placas OP-42-04, de propiedad de la Nación, conducido por el señor José Alfonso Delgado, quien en su afán de realizar una maniobra de adelantamiento, invadió el carril contrario, sobre el cual se desplazaba el demandante. En el hecho también resultaron lesionados dos de los cinco pasajeros que transportaba. El vehículo sufrió daños considerables que lo dejaron prácticamente inservible, por lo cual perdió el cupo en la empresa y el medio de obtener su subsistencia, situación que lo afectó moral y sicológicamente.

Se afirma en la demanda que el hecho es imputable al Estado por falla del servicio y riesgo excepcional, en consideración a que el daño se cometió por la imprudencia del conductor del vehículo oficial, quien, además, estaba ejerciendo una actividad peligrosa.

3. La oposición de la demandada.

La Nación-Ministerio de Transporte formuló las excepciones de indebida representación del demandante, porque según el informe del accidente, el propietario del vehículo era el señor Jorge Humberto Barba N.

4. La conciliación en primera instancia.

Agotada la etapa probatoria, la parte demandante solicitó al Tribunal fijar fecha para la celebración de audiencia de conciliación. Solicitud a la cual accedió el a quo por auto de 18 de febrero de 1998.

La audiencia se celebró los días 12 y 24 de julio de 1998 y en ella, las partes acordaron conciliar parcialmente las pretensiones, así: la entidad demandada se comprometió a pagar la suma de $10.000.000, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, correspondientes al valor de la reparación del vehículo Dodge Dart, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aprobación del acuerdo y que de ahí en adelante se generarían intereses, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 446 de 1998.

La conciliación parcial lograda entre las partes fue aprobada por el Tribunal mediante auto de 28 de julio de 1998, en el cual se ordenó, además, continuar con el trámite del proceso, para decidir sobre las demás pretensiones.

5. La sentencia proferida en primera instancia.

El Tribunal negó la excepción formulada por la entidad, por considerar que por tratarse de un bien mueble, el poseedor puede resultar perjudicado con un hecho dañoso y, por ende, reclamar la reparación del mismo. Además, que de acuerdo con el artículo 762 del Código Civil, el poseedor se reputa dueño, mientras no se demuestre lo contrario y que, en el caso concreto, el demandante acreditó con prueba documental y testimonial ser poseedor del bien, en tanto que la entidad demandada no demostró que otra persona fuera dueña del vehículo.

En cuanto al fondo de las pretensiones, consideró que en el proceso se hallaban debidamente acreditados los daños sufridos por el vehículo de propiedad del demandante y, además, que esos daños se produjeron como consecuencia de la falta de previsibilidad del conductor del vehículo oficial, quien no guardó la distancia prudencial que debía separarlo del vehículo que lo antecedía, para evitar un accidente, como en efecto ocurrió.

Afirmó que la decisión adoptada por el juez penal de exonerar de responsabilidad al conductor del vehículo oficial, no era razón para negar las pretensiones formuladas contra la entidad, porque esa decisión se adoptó con fundamento en la versión de los hechos suministrada por el conductor del vehículo oficial y su ayudante y, a su juicio, la misma no era atendible, porque de haber sido cierto que aquél guardaba la distancia y velocidad reglamentarias, le hubiera bastado con frenar en el momento en que lo hizo de manera intempestiva el vehículo que lo antecedía, sin tener que invadir el carril contrario sobre el cual se desplazaba el vehículo del demandante.

Como consecuencia de la anterior consideración, condenó a la entidad a pagar por perjuicios materiales la suma de $179.882.542, que resultaron de multiplicar $650.000, que según el dictamen pericial producía mensualmente el vehículo a su propietario en el momento del accidente, incrementados en $100.000 cada año, por el período comprendido entre el 15 de julio de 1992 y el 28 de octubre de 1998, fecha en la cual éste debió recibir el pago del daño emergente, para poder continuar su actividad laboral, resultado que se actualizó a la fecha de la sentencia; más $45.000, que demostró haberse pagado por el servicio de grúa. Se abstuvo de condenar por el valor del parqueadero, por no haberse demostrado que se hubiera pagado suma alguna por ese concepto, ni por el cupo del vehículo en la empresa de taxis, porque éste le pertenece al propietario y no se termina con la desvinculación del vehículo.

6. Actuación en segunda instancia.

Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones no hicieron uso las partes ni el Ministerio Público.

II. Consideraciones de la Sala

1. En esta providencia se revisará la condena impartida por el a quo, al pago de indemnización por los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante y por el valor del servicio de grúa, a favor del señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, dado que en relación con los daños causados al vehículo, el proceso culminó con la ejecutoria del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, el 28 de julio de 1998, mediante el cual se aprobó el acuerdo entre las partes, en relación con el daño emergente, acuerdo en virtud del cual la entidad demandada se comprometió a pagar la suma de $10.000.000, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su aprobación y que de ahí en adelante se generarían intereses, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 446 de 1998 (fls. 129-131), ello por concepto de la reparación del vehículo Dodge Dart.

2. La decisión adoptada por el a quo será modificada, para reducir el valor de la indemnización, con fundamento en las siguientes consideraciones:

2.1. En cuanto a la legitimación para demandar, estima la Sala, al igual que el a quo, que si bien el demandante no acreditó ser titular del derecho de dominio sobre el vehículo, sí demostró ser poseedor del mismo y esa calidad también lo legitimaba para reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrió como consecuencia de los daños causados al bien.

En relación con el negocio jurídico de enajenación de vehículos debe distinguirse si el mismo constituye un contrato civil o si se trata de un contrato mercantil, para definir de qué manera se realiza la tradición de tales bienes, de acuerdo con la legislación que se aplica según el evento.

En efecto, si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de las partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes(1).

Diferente es la situación jurídica cuando se trata de enajenación de vehículos automotores destinados al transporte público, pues en tal caso, la compra y venta de los mismos constituirán actos de comercio y su tradición, de acuerdo con la ley mercantil se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente.

En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibídem establece que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes(2).

Dicha inscripción debía realizarse, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, en las oficinas de tránsito correspondientes y sólo verificado ese acto podía expedirse la licencia de tránsito.

En efecto, el artículo segundo del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia de tránsito era el “documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”.

Por su parte, el artículo 87 del Decreto 1344 de 1970, modificado por el artículo 1º, numeral 75 del Decreto 1809 de 1990, determinaba que:

“La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente y contendrá los siguientes datos:

“1. Características de identificación del vehículo.

2. Destinación y clase para el cual fue homologado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

3. Nombre del propietario, documento de identidad, domicilio y dirección.

4. Limitaciones a la propiedad.

5. Número de placa asignada.

6. Los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasís o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.

PAR. 2º—El inventario nacional automotor será llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito con base en la información contenida en el registro de que trata el presente artículo. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito establecerá los mecanismos para que la autoridad de tránsito competente suministre la información correspondiente”.

Finalmente, el artículo 92, modificado por el numeral 80 de artículo primero del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, “de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito”, Intra.

Por lo tanto, como en el caso concreto, el vehículo adquirido por el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez estaba destinado a la prestación del servicio público de transporte su adquisición constituyó un acto de comercio, por lo que la transferencia del bien, en los términos de las normas señaladas debió realizarse con la inscripción del título de enajenación ante la oficina de tránsito correspondiente.

2.2. Con el fin de acreditar su legitimación para demandar, el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez allegó con la demanda los siguientes documentos:

— El contrato de permuta que celebró el 13 de febrero de 1992, con el señor Luis Alberto Claro Rojas, en el cual consta que el demandante entregó al segundo el automóvil de servicio público de placas VX 2858, con tarjeta de propiedad a nombre del señor Buenaventura Bolaños Muñoz, y a cambio recibió el vehículo de placas TQ 2548, de servicio público, con tarjeta de propiedad a nombre del señor Jorge Humberto Barba Najar. Los contratantes se comprometieron a entregar los traspasos de los vehículos el 17 de abril de 1992 (fl. 2).

— La “póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito”, con fecha de expedición de 24 de febrero de 1992 y de vencimiento el 24 de febrero de 1993 (fl. 1), a nombre del señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, en relación con el vehículo TQ-2548 (fl. 1).

— El formulario único de trámite del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Bogotá”, en el cual figura el traspaso del vehículo TQ 2548 del propietario, señor Jorge Humberto Barba Najar, al señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, formulario que no aparece registrado en ninguna oficina de tránsito (fls. 8 y 9).

Además, en el proceso se recibió testimonio al señor Eduardo Molina Torres, quien declaró ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo (fls. 90-92), que él era el conductor de vehículo particular de servicio público, de placas TQ-2548, que sufrió el accidente de que trata este proceso y que dicho vehículo era de propiedad del señor Jorge Enrique Sánchez.

De acuerdo con las normas que se acaba de citar y las pruebas que obran en el proceso se concluye que el señor Jorge Enrique Sánchez no demostró ser el titular del derecho de dominio del vehículo de placas TQ-2548, porque no se había realizado a su favor la tradición del vehículo en la forma establecida en la ley. Sin embargo, esas pruebas sí acreditan que ejercía actos de posesión del bien.

2.3. El artículo 762 del Código Civil define la posesión como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. Definición con fundamento en la cual se distinguen dos elementos como integrantes de la posesión: el corpus, esto es, el ejercicio material del derecho y el animus, es decir, la voluntad de considerarse titular del derecho.

En el caso concreto se demostró con la prueba documental y testimonial que obra en el proceso que el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez ejercía actos de señor y dueño sobre el vehículo de placas TQ-2548, pues lo recibió materialmente, en razón del contrato de permuta que celebró el 13 de febrero de 1992, con el señor Luis Alberto Claro Rojas y lo explotaba económicamente, según la versión del señor Eduardo Molina Torres, quien afirmó que el demandante destinaba el vehículo al servicio público de transporte, que él era el conductor del mismo y recibía de éste una remuneración por esa labor. Por lo tanto, el señor Sánchez Rodríguez estaba legitimado para reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrió como consecuencia de su destrucción, en conformidad con lo previsto en la legislación civil colombiana, en el sentido de que el poseedor puede reclamar la indemnización de los daños que se le hubieren causados a su derecho. Así lo establece el artículo 2.342 del Código Civil, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ART. 2.342.—Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con la obligación de responder por ella; pero solo en ausencia del dueño".

2.4. Está demostrado en el proceso que el vehículo de servicio público, de placas TQ 2548, sobre el cual ejercía el demandante la posesión, colisionó con el vehículo oficial de placas OP 4204, en accidente que se registró en jurisdicción del municipio de Neiva, el 14 de julio de 1992.

Así quedó acreditado con el informe de accidentes realizado por la Policía Vial de Neiva (fls. 11-12 cdno. 1), en el cual consta que a las 13.44 del 14 de julio de 1992, en la vía Garzón-Neiva, kilómetro 104, el vehículo TQ-2548, marca Dodge Dart, modelo 80, afiliado a la empresa Taxis Verdes, conducido por el señor Eduardo Molina Torres, colisionó con el vehículo oficial de placas OP-4204, marca Internacional, modelo 82, del Ministerio de Obras Públicas, conducido por el señor José Alfonso Delgado.

2.5. En la demanda se imputa el hecho dañoso a la Nación a título de falla del servicio, en razón de la imprudencia del conductor y por tratarse de un accidente causado con un vehículo oficial, conducido por un servidor estatal en ejercicio de sus funciones.

El último criterio jurisprudencial relacionado con el régimen bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados con el ejercicio de actividades peligrosas es el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causal de exoneración como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor(3), esto, siempre que el título de imputación señalado en la demanda no sea la falla del servicio, porque en tal caso, se deberá declarar la responsabilidad con fundamento en dicho régimen, porque de esa manera, la jurisdicción ejerce su función de control del ejercicio de la administración pública.

2.6. Obra en el expediente copia de la providencia mediante la cual la Fiscalía Catorce de Rivera, Huila, declaró la preclusión de la investigación penal que adelantó en contra del señor José Alfonso Delgado Espinosa, conductor del vehículo oficial, por el delito de lesiones personales en contra del señor Fernando Bonilla Liévano, quien se transportaba en el vehículo de servicio público de placas TQ-2548, decisión que, por tener efectos de cosa juzgada, no puede ser desconocida en este proceso, sin que ello implique que la absolución del funcionario en el proceso penal tenga como consecuencia forzosa la absolución del Estado en el juicio de responsabilidad.

Ha sido tesis reiterada en la jurisprudencia de la Sección, a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, la posibilidad que tiene el juez administrativo de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, se agrega, en razón de las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopte en esta jurisdicción(4)

Se adoptó tal criterio, por considerar que si bien la decisión de carácter penal no puede ser modificada por la jurisdicción contenciosa y que la misma hace tránsito a cosa juzgada, dicho efecto se predica de la situación jurídico penal del procesado, y en algunos eventos, en relación con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no con respecto a la decisión que deba tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado(5), pues a pesar de que se declare la responsabilidad personal del funcionario, la entidad a la cual éste se encuentre vinculado puede no ser responsable del daño, por no haber actuado aquél en desarrollo de un acto propio de sus funciones o no haber tenido su actuación ningún nexo con el servicio público(6), o por el contrario, el funcionario puede ser absuelto por no haberse demostrado la antijuridicidad de su conducta, de tal manera que no resulte comprometida su responsabilidad penal y, en cambio, el juez administrativo puede encontrar comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, con la demostración de la antijuridicidad del daño, elemento fundante de la responsabilidad estatal consagrada en el artículo 90 de la Carta Política.  

2.7. En el sub examine, está acreditado que la Fiscalía declaró la preclusión de la investigación, por considerar demostrado que el sindicado no fue culpable del accidente, porque éste ocurrió por “caso fortuito o fuerza mayor”. Al analizar la responsabilidad del sindicado se dijo en la providencia:

“Al definir la situación jurídica del señor José Alfonso Delgado Espinosa, la fiscalía encontró que en ese instante procesal existía en el acervo probatorio la prueba suficiente de responsabilidad pgara proferir medida de aseguramiento por faltas al deber de cuidado y prevención.

Luego de haberse definido la situación jurídica se recepcionó la declaración de José Armegol Tobar, quien ratificó la versión del procesado; es decir, que el evento ocurrió porque su compañero de viaje eludió el choque con la buseta que imprudentemente había detenido su marcha, frenando, pero como el piso estaba mojado no quedó otra alternativa que invadir el carril contrario; a lo que debe agregarse que el carro estaba liviano, porque regresaba de descargar su contenido.

Hay que reconocer que al defensor le asiste razón cuando expone que existe en las sumarias una sola versión, la del procesado, corroborada por las demás pruebas arrimadas al proceso; por lo que considera que la conducta desplegada es exculpativa de responsabilidad. Agrega que fue un hecho imprevisto que sobrevino de sorpresa, con fuerza suficiente para provocar un resultado, que aún con las precauciones ordinarias no podía evitarse.

En verdad, todas las pruebas van dirigidas a señalar la existencia de un tercer vehículo en el lugar de los hechos, razón por la cual el procesado se vio obligado a evitar la colisión con la buseta, que recogía pasajeros maniobrando hacia la izquierda e invadiendo el carril, con tan mala suerte que colisionó con el taxista. Es esta la razón por la que el señor Eduardo Molina Torres expresa que hasta la fecha el chofer o propietario del tercer vehículo aún no les ha respondido por nada.

El artículo 40 del Código Penal dispone que no es culpable quien realice una acción por caso fortuito o por fuerza mayor, y el artículo 439 del Código de Procedimiento Penal establece que el sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción, siendo ésta última la que acoge esta Fiscalía”.

Lo que se debe resolver entonces es si la Sala puede soslayar el fundamento de la decisión adoptada por la Fiscalía frente a la culpabilidad del funcionario o debe tener en cuenta la causal de exculpación que allí se encontró acreditada para establecer si la misma permite concluir la inexistencia de responsabilidad patrimonial del Estado.

De acuerdo con los criterios jurisprudenciales que han sido adoptados por la Sala y que ahora se reiteran, para resolver el problema que aquí se plantea, debe verificarse si, además de la providencia señalada, existen pruebas diferentes en el proceso en relación con las circunstancias en las cuales ocurrió el hecho.

Sobre este aspecto, sólo obran en el proceso las pruebas testimoniales practicadas en el mismo, porque los testimonios trasladados de la investigación penal, no pueden ser valorados, por cuanto su traslado sólo fue solicitado por la parte demandante y tales testimonios no fueron ratificados en el proceso, conforme lo previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

En el proceso rindieron testimonio: (i) el señor Fernando Bonilla Liévano, quien declaró ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Oporapa, Huila (fls. 67-68 cdno. 1), y (ii) los señores Tomás Chanchín Gaviria y Gladis Lucía Burbano Muñoz, quienes declararon ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito, en cumplimiento de las comisiones impartidas por el a quo (fls. 85-87 y 93-95 cdno. 1), quienes afirmaron que el 14 de julio de 1992, se desplazaban en la ruta Neiva-Pitalito, en un taxi de color negro, de servicio intermunicipal, afiliado a la empresa Taxi Verde S.A.; que el taxi se desplazaba por su carril, cuando de repente a la altura del club Campestre de Neiva colisionaron con un carrotanque, oficial, que invadió la vía, al parecer con el fin de adelantar otro vehículo.

En igual sentido, el señor Eduardo Molina Torres, declaró ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo (fls. 90-92), que en la fecha de autos conducía el vehículo. Narró así lo sucedido:

“...yo cubría la ruta de Neiva a Pitalito...habrían transcurrido como 15 o 20 minutos de viaje, a la salida de Neiva para acá como hay unos altibajos antes del peaje, venía a una velocidad de 40, cuando fue sorprendido por un carrotanque que venía a mucha velocidad, no sé cuanto pero venía muy rápido y fui sorprendido porque venía por mi carril, venía por la izquierda de Pitalito a Neiva y colisionamos sin yo poder hacer nada, porque venía en un altibajo, no me dio tiempo de nada, cuando yo salí del automóvil, porque el impacto fue muy fuerte, hablé con ciertas personas de los otros carros y me comentaron que el carrotanque venía muy rápido, o sea, pasando carros muy rápido y por eso fue el hecho del accidente”.

En este orden de ideas, sólo se tiene certeza de que el vehículo de placas TQ-2548 fue colisionado por el vehículo oficial de placas OP-4204, cuando el último invadió el carril sobre el que se desplazaba aquel, sin que hubiera quedado acreditado en el proceso las razones por las cuales se produjo dicha invasión, es decir, que no está demostrado que el hecho fuera constitutivo de una falla del servicio y, en ese orden de ideas, la responsabilidad del Estado no puede ser definida con fundamento en dicho régimen sino en el de riesgo excepcional, en relación con el cual la demostración de la fuerza mayor puede exonerarlo de responsabilidad, que no la existencia de caso fortuito(7). La fuerza mayor no quedó acreditada con las pocas pruebas que obran en el expediente. 

Ahora bien, aunque en el proceso no existan pruebas diferentes que permitan afirmar que el conductor del vehículo oficial obró de manera imprudente, no hay lugar a exonerar a la administración con fundamento en la decisión adoptada por la Fiscalía, con respecto a la causal de exoneración que allí se consideró acreditada, esto es, el “caso fortuito o fuerza mayor”. 

Como ya se señaló, en la responsabilidad del Estado por el ejercicio de actividades peligrosas el caso fortuito no exonera de responsabilidad y en la providencia no quedó establecido si la causal de inculpabilidad que se encontró acreditada fue el caso fortuito o la fuerza mayor, ni es posible inferir esa conclusión de su texto, pues al referirse en la parte motiva a las pruebas que obraban en ese expediente, luego de relacionar las declaraciones del conductor del taxi y sus acompañantes y señalar que sobre ese aspecto no aportan ningún dato relevante, se refirió a las versiones del conductor del vehículo oficial y su ayudante, quienes justificaron la actuación del primero por hechos constitutivos tanto de caso fortuito como de fuerza mayor. Este fue el resumen que de sus declaraciones se hizo en la providencia:

“Declaración de José Armegol Tobar en donde nos dice que ese día iba como ayudante del sindicado y que cerca de una escuela los adelantó una buseta y al llegar al Club Campestre la buseta paró, y como guardaban una distancia de 15 a 20 metros aproximadamente y había llovido, para no darle porque el piso estaba mojado, sacó la trompa al lado izquierdo y chocó con el taxi. Que el procesado le manifestó que se le había reventado la manguera de los frenos.

Diligencia de indagatoria de José Alfonso Delgado Espinosa en la que nos expresa que regresaba conduciendo el tarrotanque del Distrito Once de Carreteras de la repetidora de Hobo a ciudad de Neiva y al llegar al frente del Colegio Cooperativo Club Campestre, una buseta de Cootranshuila se estacionó a descargar pasajeros, para no colisionar accionó los frenos maniobrándole el carro y como no observó que otro vehículo transitara lo aceleró y lo botó al otro lado de la vía y ahí fue cuando le dio al taxi en la rueda delantera. Aseguró que la carretera estaba húmeda porque había lloviznado, los frenos no rastrillaban parejo, que guardaba una distancia de quince metros y que al ver las luces de parada de la buseta fue cuando frenó”.

Es decir, la Fiscalía exoneró al funcionario por considerar que no fue culpable del accidente, porque se salió de la vía forzado por la maniobra ejecutada por el vehículo de transporte público que lo antecedía, quien frenó de manera intempestiva y que para evitar una colisión con el mismo invadió el carril contrario (fuerza mayor); pero también que no pudo frenar porque se le “reventó la manguera de los frenos” y porque los frenos no “rastrillaban parejo” (caso fortuito), y como ya se señaló, el caso fortuito no exonera de responsabilidad a la entidad demandada, por tratarse de una actividad peligrosa.

Por otra parte, si bien es cierto que en el caso concreto se presenta como situación relevante el hecho de que tanto el Estado como la víctima ejercían una actividad peligrosa, la conducción de automóviles, y que fue precisamente en el ejercicio de esa actividad que se presentó el daño, no puede por ello concluirse una neutralización de la responsabilidad, por cuanto lo que sí quedó bien acreditado es que la causa del daño lo fue el que el vehículo oficial invadió el carril del vehículo particular y que, precisamente, como consecuencia de tal invasión se presentó el accidente, invasión que en cualquier caso no está demostrado a qué obedeció. 

En este orden de ideas, se concluye que la entidad demandada deberá indemnizar los daños causados al señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez porque los causó en ejercicio de una actividad peligrosa y no está demostrado en este proceso, ni se concluyó de forma precisa en el penal, que la causa del accidente hubiera sido un hecho constitutivo de fuerza mayor. 

2.8. En relación con los daños sufridos por el vehículo y la consecuente pérdida del lucro que recibía el demandante con su explotación económica, obran en el proceso las siguientes pruebas:

— El certificado de la revisión técnica realizada al vehículo de placas TQ-2548, por el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Huila, en la cual constan los daños sufridos por el mismo como consecuencia del accidente a que se refiere el proceso (fl. 10 cdno. 2). Tales daños fueron relacionados así:

“Sufrió destrucción casi total en la parte delantera…parabrisas, capó, guardafangos, persianas, bomper, bigote, chasis partido, polea del ventilador y ventilador, sistema eléctrico, batería, tablero de mando y todo el conjunto de la cabrilla desgarrado. Puerta delantera lado derecho destruida, trasera del mismo lado abollada, puerta lado izquierda delantera y trasera descuadradas, chasis parte centro y trasero torcido. Paral delantero y del centro del lado derecho partido, la nave completamente descuadrada, piso parte delantera destruido, cojines, stop trasero, vidrios de la puerta destruidos”.

— Inspección judicial practicada el 17 de noviembre de 1992, como prueba anticipada, a solicitud del demandante, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito, Huila, en asocio de peritos, en la cual se identificó el vehículo, así:

“Se trata de un vehículo taxi de servicio público, afiliado a la empresa Taxi Verde, marca Dodge Dart, modelo 1980, de placas TQ-2548, de color negro, intermunicipal...color negro y amarrillo..., de motor P98591026T, serial Nº HP-985910”.

En relación con los daños ocasionados al vehículo, los peritos que asistieron a la diligencia, los relacionaron en estos términos:

“El estado actual del vehículo está completamente malo, por estar destruido en su totalidad, sin funcionamiento en las partes mecánicas...Según las condiciones en que quedó el vehículo...la inversión de recuperación no se justifica, ya que superaría el mismo valor del vehículo y, además, no quedaría en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del choque”.

— El 19 de septiembre de 1997, la magistrada sustanciadora en el Tribunal, en asocio de perito, practicó diligencia de inspección judicial al vehículo (fls. 101-103 cdno. 1), en la cual se verificó su estado:

“El mismo es de colores negro y amarillo, marca Dodge, modelo 1980. Por el emblema de la puerta delantera se aprecia que era un carro de servicio público de la empresa Taxis Verdes, distinguido con la placa Nº TQ-2548. Los peritos informaron respecto de la placa que la misma corresponde a la antigua placa de servicio público...El vehículo se encuentra completamente destruido:...la parte delantera, el capó, el motor, el chasis, la parte de suspensión, el bomper, las unidades y la persiana se encuentran destruidas, la parte del capacete, vidrios delantero y trasero, puerta..., el capó del baúl y las partes laterales del vehículo se aprecian en muy mal estado, las llantas, la caja de trasmisión y la cojinería se encuentran inservibles”.

En la diligencia, el demandante aportó recibo por $45.000, de la empresa Grúas Internacional, de agosto 10 de 1992, por concepto de “servicio de grúa” (fl. 104).

En relación con los perjuicios causados por lucro cesante, los peritos calcularon el valor del perjuicio (fls. 105-107 cdno. 1), así:

“14 julio/92 al 31 dic./9317 meses$650.000$11.375.000
1º enero/94 al 31 dic./9524 meses$750.000$18.000.000
1º enero/96 al 19 sep./9720 meses$850.000$17.425.000
Total lucro cesante  $46.800.000”

Afirmaron los peritos que para calcular el lucro cesante “se tuvo en cuenta el producto líquido, aproximadamente a nuestro leal saber y entender con la colaboración de la empresa Taxis Verdes”.

Para el reconocimiento de los perjuicios se tendrá en cuenta el dictamen pericial practicado en el proceso, por considerar que el mismo es razonable y que la parte demandada estuvo conforme con el mismo, pues no lo objetó dentro de la oportunidad legal. En efecto, el dictamen es claro, preciso y en él se explica la fuente de donde se extrajeron las conclusiones, esto es, la información que recibieron acerca de la empresa a la cual estaba afiliado el vehículo sobre la utilidad que el mismo producía a su dueño.

No obstante, el período por el cual se reconocerá la indemnización se reducirá a 6 meses, en consideración a que el vehículo fue destruido en el hecho y en aplicación del criterio sostenido por la Sala, con apoyo en la doctrina, de que la indemnización en este tipo de eventos deber abarcar un término razonable, durante el cual la víctima debe buscar soluciones económicas diferentes para compensar la pérdida que sufrió(8).

En relación con la suma reclamada por concepto del servicio de grúa, no habrá lugar a su reconocimiento, dado que las partes conciliaron el valor de las pretensiones por daño emergente, en el cual se incluye ese rubro. En efecto, de acuerdo con el acta de la audiencia de conciliación (fl. 125-128) y el auto que aprobó el acuerdo (fl. 129-131), la parte demandante aceptó la fórmula propuesta por la entidad de reconocerle la suma de $10.000.000, por daño emergente, en el cual sólo se incluyó el valor del vehículo y, en relación con las demás pretensiones, esto es, la indemnización por el lucro cesante y los perjuicios morales se decidió continuar el proceso con el fin de que fueran definidas mediante sentencia.

2.9. Cálculo de la indemnización:

El perjuicio se reconocerá por el período de seis (6) meses, siguientes a la fecha del accidente, esto es, por el lapso comprendido entre el 14 de julio de 1992 y el 14 de febrero de 1993, a razón de $650.000, que fue el valor señalado por los peritos para esas fechas, los cuales equivalen a $3.900.000, que actualizados a la fecha de esta sentencia equivalen $20.317.781, de acuerdo con el siguiente cálculo:

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia consultada, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo de Descongestión —Sede Bogotá—, el 28 de septiembre de 2000, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Transporte por los daños ocasionados al señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez, en el accidente ocurrido en la vía Campoalegre-Neiva, kilómetro 104, el 14 de julio de 1992.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Transporte al pago de veinte millones trescientos diecisiete mil setecientos ochenta y un mil pesos ml. ($20.317.781), por perjuicios materiales, a favor del señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez.

3. NIÉGANSE los perjuicios morales.

4. DECLÁRASE no probada la excepción de indebida representación del demandante.

5. La Nación - Ministerio de Transporte, dará cumplimiento a lo dispuesto de este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en los artículos 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez—Ruth Stella Correa Palacio, presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Fredy Ibarra Martínez—Ramiro Saavedra Becerra.

1 Sentencia de 20 de febrero de 2002, exp. 14.176.

2 En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1971, consideró: “En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente. Demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, no queda demostrado el dominio, ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones. Y como a partir de la vigencia del Código de Comercio actual, ya la sola entrega material no es manera de hacer la tradición del dominio de los automotores, para lograrla o cumplirla se requiere ahora también la inscripción del título o documento en que consta el contrato de enajenación”.

3 Sobre este tema, dijo la Sala en sentencia de 15 de marzo de 2001, exp. 52001-23-31-000-1994-6040-01 (11.222): “...en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política...En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”. Criterio que en decisiones posteriores ha reiterado la Sala. Así, en sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 66001-23-31-000-1996-3104-01(14180), dijo: “En relación con los daños causados con el ejercicio de actividades peligrosa, como la conducción de vehículos, se aplica el régimen de responsabilidad objetiva, según el cual quien se beneficia de la actividad riesgosa debe responder por los daños que con ella se causen, y sólo se exonera si demuestra la existencia de una causa extraña, es decir, la carga de la prueba de la ruptura del vínculo causal entre el ejercicio de la actividad riesgosa y el daño la tiene el responsable de aquélla. A la víctima le basta acreditar que dicha actividad intervino en la causación de éste”.

4 En sentencia de la Sección proferida el 17 de marzo de 1994, se dijo: “...entre una y otra acción, la penal y la administrativa se presentan radicales diferencias en su contenido, filosofía, sujetos afectados, regulación legal y procedimental, sin desconocer, desde luego, que en la mayoría de los casos las sentencias penales inciden de manera muy importante en los fallos que profiere la jurisdicción contencioso administrativa...Si bien es cierto que la condena penal genera para el procesado o para quienes patrimonialmente deban responder, la obligación civil de reparar los daños ocasionados con el delito, la responsabilidad extracontractual de la administración no se origina necesariamente en el hecho punible del agente público, que por lo demás puede no existir, sino que su origen se encuentra en la falla de la administración en la prestación de los servicios públicos...También se traslada esa diferenciación en cuanto al manejo probatorio de cada tipo de responsabilidad, si se tiene en cuenta que la responsabilidad penal no se presume como sí se presume la inocencia, y que es imperativa su plena demostración, en tanto que la responsabilidad extracontractual administrativa, sí es susceptible de presunciones hasta el punto de que en muchos casos es suficiente acreditar el hecho dañoso imputable a la entidad, el perjuicio y el nexo causal para declarar la responsabilidad estatal. Pero además de lo anterior, observa la Sala que no siempre son la mismas partes las que intervienen en cada uno de los procesos y en este punto también difieren la acción penal de la administrativa...En las anteriores condiciones, dadas las diferencias rápidamente enunciadas entre una y otra acción, estima la Sala que no puede brindárseles un tratamiento idéntico respecto de sus efectos, hasta el punto de que la sentencia del juez penal en todos los casos condicione la decisión del juez administrativo. Esta, por lo demás, ha sido tesis sostenida en varias oportunidades por la Sala, entre otras, en providencia de 28 de junio de 1991...donde se dijo: “Aquí se repite que el juez administrativo, si tiene otras pruebas u otros elementos de juicio distintos a los que le suministre la sentencia penal podrá, sin desconocer la cosa juzgada, llegar en materia de responsabilidad administrativa a una solución es aparente contradicción con aquella. Ser dice en “aparente” contradicción porque en el fondo se refieren a aspectos o realidades diferentes. Así podrá el juez administrativo declarar que hubo falla del servicio a pesar de la absolución penal del agente o absolver a la entidad pública pese a la condena de aquél. Y lo anterior no puede entenderse sino teniendo clara idea inicial expuesta en el numeral 1º de este fallo, que el hecho del agente puede dar lugar a la aplicación de dos normatividades diferentes: la penal para el delito y la administrativa para la responsabilidad del ente a que pertenece el agente que lo cometió”.

5 Sentencia del 1º de noviembre de 1985, exp. 4571, dijo la Sala: “Una es la responsabilidad que le puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa” En el mismo sentido, sentencia de 24 de junio de 1992, exp. 7.114; 17 de marzo de 1994, exp. 8585; 5 de mayo de 1994, exp. 8958; 18 de febrero de 1999, exp. 10.517; 26 de octubre de 2000, exp. 13.166 y de 25 de julio de 2002, exps. 13.744 y 14.183, entre otras.

6 Ver, por ejemplo, sentencias de 20 de febrero de 1992, expediente 6514 y de 21 de septiembre de 2000, exp. 11.766.

7 Sobre la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor, ver, por ejemplo, sentencias de 16 de marzo e 2000, exp. 11.670 y de 2 de mayo de 2002, exp. 13.477, en las cuales se afirma: “Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, adquiere su mayor interés, dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño”.

8 Por ejemplo, en sentencias de 25 de febrero de 1999, exp. 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, exp. 13.395 dijo la Sala: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse….Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido” (Juan Carlos Henao Pérez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14.694.