Sentencia 1993-08312 de agisto 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 540012331001199308312101

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Alfredo Hernández Montaña

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en providencia de 16 de junio de 1999 y con lo alegado por la demandante en el recurso de apelación, corresponde a esta Sala determinar si el señor Alfredo Hernández Montaña se encuentra legitimado para incoar acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el documento único de aprehensión e ingreso 12635 de 1992 (jul. 10) y las resoluciones 148 de 1992 (dic. 28), 00495 de 1993 (feb. 23) y 1623 de 1993 (oc. 5), mediante las cuales la DIAN dispuso el decomiso de una mercancía.

Para el efecto, es necesario determinar si el demandante acreditó su calidad de propietario de las mercancías a las cuales se refiere el documento único de aprehensión e ingreso 12635 de 1992, esto es, 698 unidades de tubo galvanizado y 797 unidades de varilla corrugada provenientes de Venezuela, habida cuenta de que solo así estaría legitimado para incoar la acción de la referencia.

Al momento de presentar la demanda, el demandante aportó como pruebas las siguientes:

— Poder para actuar.

— Copia íntegra y auténtica de la inspección judicial y los testimonios recepcionados en el trámite da la acción de tutela tramitada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander.

— Copia del documento único de aprehensión e ingreso 12635 de 1992 (jul. 10).

— Copia de la solicitud de devolución de las mercancías aprehendidas presentada por el apoderado del señor Jesús María Pedraza Moreno y de la Sociedad Andinas Ltda.

— Copia de las resoluciones 148 de 1992 (dic. 28), 00495 de 1993 (feb. 23) y 1623 de 1993 (oct. 5) expedidas por la DIAN.

— Copia de los recursos de reposición y apelación presentados contra la Resolución 148 de 1992, por el apoderado del señor Jesús María Pedraza Moreno y de la Sociedad Andinas Ltda.

— Copias del libro radicador llevado por la Aduana Regional Cúcuta.

— Copia de órdenes de registro expedidas por el Jefe de la Aduana Regional Cúcuta.

Asimismo, solicitó que se requiriera a la DIAN, con el propósito de que remitiera con destino al proceso, copia íntegra y auténtica del proceso administrativo radicado con el número 1045, adelantado por esa entidad contra el demandante.

Al observar los documentos apodados por el demandante, la Sala encuentra que ninguno de ellos da cuenta de que el señor Alfredo Hernández Montañez, quien actúa como demandante, sea propietario de las mercancías cuya decomiso dispuso la DIAN mediante Resolución 148 de 1992 (dic. 28) y en razón de las cuales, pretende que le sean pagados perjuicios materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante.

En lo concerniente al proceso administrativo 1045, aparece probado que este corresponde al que inició con la inspección de la Bodega Andinas Ltda. y culminó con la expedición de las resoluciones acusadas, de donde se sigue que no fue iniciado contra el señor Alfredo Hernández Montaña, sino contra la persona a quien le fueron aprehendidas las mercancías, esto es, el señor Jesús María Pedraza Moreno.

Igualmente, resulta pertinente traer a colación el auto de 27 de abril de 1994, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó al demandante corregir la demanda en el sentido de, entre otras, anexar la prueba de la legitimación en la causa por activa. En respuesta a dicha providencia, el apoderado del demandante anexó como prueba de la legitimación dos declaraciones extrajuicio rendidas ante el Notario 3º del Círculo de Cúcuta(2) por los señores Jorge Agustín Camargo Arenas y Nicolás Umaña lbañez en los siguientes términos:

“(...) Manifiesto que conozco de vista, trato y comunicación desde hace cinco (5) años al señor Alfredo Hernández Montaña, identificado con la cédula de ciudadanía (...), residente en (...) y por este conocimiento me consta que la mercancía constitutiva de 698 tubos galvanizados 2” x 6:60 metros y 797 varillas corrugadas de 1” x 12:00 metros, son de propiedad del señor Alfredo Hernández Montaña. Así mismo, manifiesto que las anteriores mercancías las tenía depositadas en la bodega Andinas Ltda., ubicada en la calle (...), de donde fueron sacadas por personal de Aduana Nacional, mediante un allanamiento ilegal practicado, pues dichas mercancías estaban legalmente nacionalizadas. (...)”.

Para la Sala las declaraciones extrajuicio aportadas por el demandante no constituyen prueba suficiente de su calidad de propietario de las mercancías decomisadas por la DIAN, como quiera de acuerdo con el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, las declaraciones surtidas ante notario solo sirven de prueba sumaria en aquellos asuntos para los cuales la ley autoriza esa clase de prueba, lo que no ocurre en materia aduanera, puesto que en tales casos es obligación de propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, agentes de aduana y transportadores conservar los documentos que soportan la operación de introducción de mercancía al país.

En efecto, si el demandante fue la persona encargada de introducir las mercancías al país, así debía constar en el manifiesto de importación o en la declaración de importación y si las adquirió dentro del país tal compra debió quedar registrada en una factura de compraventa, documentos que el señor

Hernández Montaña no apodó al proceso, pese a que en su condición de demandante le correspondía, al menos, probar la titularidad del derecho subjetivo que pretendía hacer valer.

Aunado a lo anterior, llama la atención de la Sala el hecho de que durante el trámite administrativo que culminó con el decomiso de la mercancía, el demandante no se hubiese presentado a reclamarla ni hubiese tenido conocimiento de lo que ocurría con ella, máxime cuando dentro del expediente obra prueba de que el mismo señor Alfredo Hernández Montaña fue quien informó a la DIAN dónde se encontraba la mercancía con los soportes de importación irregulares, información que llevó a la investigación y a la aprehensión de la misma en la Bodega Andinas Ltda.

Así pues, se impone confirmar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en tanto se encontró probada la excepción de falta de legitimación por activa.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFIRMASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 16 de junio de 1999.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del doce de agosto de dos mil diez».

(2) Cuaderno 2, folios 104 y 105.