Sentencia 1993-08694 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 68001-23-15-000-1993-08694-01 (18008)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Rosmira Bohórquez Pedraza y otro

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., julio siete de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo y 1 del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 2 de julio de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2. Hechos probados.

2.1. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y en las que la demandante, señora Rosmira Bohórquez Pedraza resultó lesionada(48).

2.2. El vínculo de afinidad existente entre los aquí demandantes(49).

2.3. Las lesiones sufridas por la señora Rosmira Bohórquez Pedraza a causa de los hechos ocurridos el 7 de octubre de 1992 en el sitio “El Tope”, comprensión municipal de Santa Bárbara, en el departamento de Santander(50).

3. Caso concreto.

Previo a decidir, debe precisarse que el recurso de apelación contra la sentencia solo lo interpuso la parte actora, por lo tanto, la Sala resolverá a partir de lo señalado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(51), es decir, abordará el estudio sin hacer más gravosa la situación del apelante único, respetando así el principio de la non reformatio in pejus.

El ordenamiento jurídico colombiano consagró la no reformatio in pejus como una garantía procesal(52) que, como ha señalado la Corte Constitucional, es un “principio general de derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso”(53).

De acuerdo con este principio, cuando el recurso de apelación sea interpuesto exclusivamente por una de las partes, el juez de segunda instancia no podrá empeorar la situación del apelante único, pronunciándose sobre asuntos de la sentencia de primera instancia, cuya inconformidad no se haya manifestado en el recurso. Sin dicha garantía, y ante la eventualidad de que el superior agrave la condena impuesta por el inferior, el ejercicio del derecho a la defensa y de doble instancia, se vería gravemente restringido, ya que el condenado tendría que asumir el riesgo de controvertir los fundamentos de la decisión judicial adversa, lo que supondría desincentivar su utilización(54).

Asimismo, el principio de la no reformatio in pejus es una “manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem”(55), en consecuencia, la parte favorable de la sentencia de primera instancia debe permanecer incólume, y el recurso de apelación solo se entiende interpuesto en lo desfavorable a la parte que lo haya incoado, por tanto, su situación podrá mejorar pero jamás hacerse más gravosa.

En definitiva, en los términos de la Corte Constitucional(56), las características de la no reformatio in pejus son las siguientes: i) cuando la apelación se interpone exclusivamente por una de las partes, el juez de segunda instancia no puede empeorar su situación, agravando lo que le es desfavorable en la sentencia de primera instancia; ii) la competencia del juez de segunda instancia se adquiere solo en los aspectos objeto de impugnación y en lo que pueda ser desfavorable para el recurrente; iii) este principio impone al superior la prohibición de actuar ex oficio y exige un carácter dispositivo; iv) la no reformatio in pejus opera solo a favor de la parte recurrente.

Así las cosas, con base en el principio de congruencia, no habrá lugar a pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado y la Sala solo resolverá lo relacionado con los puntos objeto del recurso de apelación.

3.1. La legitimación en la causa por activa respecto del demandante Édgar Pérez Parra.

Para la demandante, el señor Édgar Pérez Parra debe ser indemnizado por cuanto es el esposo legítimo de la víctima.

Cabe señalar, conforme al criterio que ha tenido la Sala y que ahora se reitera, que en los procesos de responsabilidad por los daños sufridos en la integridad física a una persona, se indemniza a quienes como consecuencia de ese hecho han resultado afectados en sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral y en los eventos en los cuales se demuestra que el/la demandante es padre/madre, hermano/a, hijo/a o cónyuge de la víctima ese perjuicio se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho, en tanto que en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio(57).

En el sub lite, la Sala advierte que los hechos sucedieron el 7 de octubre de 1992 y que tal como consta en el registro civil de matrimonio visible a folio 3 del cuaderno 2, el matrimonio católico de Édgar Pérez Parra y la víctima, señora Rosmira Bohórquez Pedraza, se celebró el 31 de agosto de 1991, es decir, antes de ocurridos los hechos objeto de la demanda.

Sin embargo, a juicio del a quo, el hecho de que dicho matrimonio católico solo se hubiese inscrito en el registro civil hasta el 15 de diciembre de 1992, esto es, antes de presentarse la demanda pero después de ocurridos los hechos objeto de la misma, y que no haya otras pruebas que acrediten el estado civil de los demandantes, no permite probar que estos tuvieran vida en común para la época de los hechos y, por tanto, el señor Pérez Parra carecería de legitimación en la causa por activa.

Esta Sala no comparte la posición del tribunal de primera instancia por las siguientes razones.

Según lo dispuesto en la Ley 20 de 1974(58) (art. VII) vigente para el momento de los hechos, el Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico y, para la efectividad de este reconocimiento, la autoridad eclesiástica competente deberá transmitir copia auténtica del acta al correspondiente funcionario del Estado quien deberá inscribirla en el registro civil.

Así las cosas, como se observa en el expediente, los demandantes, en cumplimiento de todos los requisitos legales (D.-L. 1260/70, arts. 69 y 70) inscribieron ante notario su matrimonio católico, matrimonio este reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico colombiano y que existía de desde el mismo momento de su celebración, esto es, con anterioridad a la ocurrencia de los hechos objeto de la demanda.

En consecuencia, el acto de inscripción del matrimonio católico ante notario público no es constitutivo del vínculo marital pero sí declarativo del mismo; razón por la cual, a juicio de la Sala el vínculo existente entre los aquí demandantes, y que permite presumir el daño moral sufrido por el señor Édgar Pérez Parra, se encuentra debidamente acreditado.

3.2. El daño emergente.

Según afirma la recurrente, no obra dentro del proceso prueba alguna de que el Ministerio de Defensa Nacional, es decir, la entidad que fue declarada responsable del daño, haya asumido el costo de los tratamientos médicos que recibió la víctima.

En consecuencia, sin importar quién sufragó los gastos de dichos tratamientos, si la propia víctima o un tercero, en todo caso el valor del daño emergente debe ser asumido por la entidad responsable del daño, pues, en el caso en que la prestación a la víctima haya estado a cargo de un tercero, si la voluntad de este no era pagar a nombre del responsable y extinguir la obligación, la víctima tiene derecho a acumular la prestación entregada por el tercero y la indemnización debida por el responsable, a no ser que haya una norma especial que lo prohíba, situación esta que no se presenta en el caso concreto.

A juicio de la Sala, no le asiste razón a la demandante al afirmar que no importa si la erogación la hizo la víctima o un tercero, pues como lo ha sostenido esta corporación, el daño emergente supone una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración(59).

Así, es necesario tener presente que para que el daño sea indemnizable, el mismo debe ser personal, directo y cierto; así mismo, se requiere que el perjuicio sea sufrido por la persona que solicita reparación, siendo este un principio elemental del derecho de la responsabilidad(60). Y en el presente caso, no consta que la señora Rosmira Bohórquez haya sufrido una disminución patrimonial con ocasión del pago de los servicios médicos que le fueron prestados por la Clínica Chicamocha o por el ISS.

La Sala advierte que según consta en el expediente la señora Rosmira Bohórquez ingresó a la Clínica Chicamocha de Bucaramanga el 7 de octubre de 1992 a las 14:30, y que 6 horas antes había recibido atención médica en el ISS desde donde fue remitida(61), y fue dada de alta tres días después, esto es, el 10 de octubre de 1992(62).

No obstante, no obra prueba en el expediente que permita demostrar que el patrimonio de la señora Rosmira Bohórquez se vio disminuido a causa de los daños sufridos y que son imputables al Estado y, tal y como lo ha sostenido esta corporación, en consideración al principio de reparación integral del daño, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho generador del daño(63).

3.3. El lucro cesante.

En el caso sub lite, el lucro cesante fue determinado por el tribunal de primera instancia con base en el informe de Medicina Legal de la seccional Santander, según el cual la señora Rosmira Bohórquez el día 7 de octubre de 1992 sufrió “una herida por arma de fuego en región sacra, sin compromiso motor ni sensitivo en miembro inferior izquierdo. Valorada por el Dr. Yepes —cirujano gral. (…)”. Y por la cual, se concedió una “incapacidad médico legal definitiva de diez (10) días, sin secuelas”(64).

No obstante, a juicio de la actora dicha incapacidad no corresponde a la realidad, por cuanto se basó en un dictamen realizado por medicina legal que la demandante no tuvo la oportunidad de controvertir.

La Sala reitera que si bien la parte demandante solicitó en segunda instancia una nueva valoración de medicina legal que determinara su incapacidad definitiva, la práctica de esta prueba fue denegada.

En cuanto al lucro cesante esta corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, comoquiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna(65).

Así las cosas, este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado. Ahora bien, la Sala advierte que en el presente caso no se allegó prueba que acredite el salario que devengaba la demandante en el momento de los hechos; por tal razón, el tribunal de primera instancia tomó como base el salario mínimo legal vigente para la época de la sentencia (julio de 1999 = $ 65.190) y los valores de IPC final (julio de 1999) 105.742 y como índice inicial (octubre de 1992) 32.783, dando un total de $ 210.271. Sin embargo, una vez verificados los IPC, se pudo establecer que el índice final para julio de 1999 era de 55.77 y el índice inicial de octubre de 1992 era de 17.11, por lo tanto el resultado varía de la siguiente forma:

Ra = Rh.I. final (julio de 1999)
 I. Inicial (octubre de 1992)

 

Ra = 65.190 55.77

---------- = $ 212.486

17.11

 

Por lo anterior, entre el valor asignado por el tribunal y el corregido se presenta una diferencia de $ 2.215,00, entonces el valor real que se actualizará es el de $ 212.486,00.

Ahora bien, como el valor corregido debe ser actualizado, este quedará de la siguiente forma:

Ra = Rh.I. final (mayo de 2011)
 I. Inicial (octubre de 1992)

 

Donde: Ra = renta actualizada

Rh = renta histórica

I. final = IPC correspondiente al mes de la liquidación. (Último conocido mayo de 2011 = 107.55)

I. inicial = IPC que corresponde al mes en que se causó el daño. (Octubre de 1992)

 

Índice final - mayo / 2011 (107,55)

Ra = R ($ 212.486,00) -------------------------------------------------- = $1.335.644

Índice inicial - octubre/ 1992 (17.11)

 

Como el anterior valor supera el salario mínimo legal vigente ($ 535.600,00 modificado por el Decreto 033 de 2011), se tomará el valor de $ 1.335.644 y se adicionará el 25% por prestaciones sociales ($ 333.911.) y, de otra parte, se deducirá de dicho valor el 25%, correspondiente al valor aproximado que la señora Rosmira Bohórquez destinaba para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 1.252.167.

Teniendo en cuenta que se presentó una incapacidad de 10 días, sin secuelas, se liquidará el lucro cesante por el tiempo mencionado

 

S = Ra (1 + i)n – 1

i

 

Donde: S = Suma a obtener

Ra = Renta actualizada

n = número de días de incapacidad

i = 0.004867

 

S = 1.252.167 (1 + 0.004867)0.33– 1 = $ 412.543.20

0.004867

 

Resulta pertinente señalar que el resultado arrojado por el a quo para otorgar el reconocimiento por lucro cesante consolidado debido a la incapacidad de la lesionada (valor dado por el tribunal $ 78.820) derivado de una regla de tres, no puede desconocer las fórmulas matemático - financieras adoptadas por esta corporación para reconocer el pago de perjuicios. Esto se evidencia del principio de equidad consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que se encontraba vigente al momento de proferirse la sentencia de primera instancia.

3.4. Los perjuicios morales.

En cuando a los perjuicios morales, el juez de primera instancia condenó al pago de 150 gramos oro en favor de la señora Rosmira Bohórquez, cantidad que la parte demandante considera insuficiente para reparar de forma justa a la víctima y su esposo, pues a la demandante los hechos que tuvo que presenciar dentro del bus en que viajaba, es decir, la muerte de varias mujeres y niños, y el hecho de que su vida haya estado en peligro, le causaron una inmensa perturbación emocional, psicológica, anímica y espiritual.

En el presente caso se puede establecer que, siguiendo el precedente de la Sala, la prueba del parentesco permite inferir la existencia de afecto y unión entre las víctimas y sus parientes. La Sala ha considerado que el daño corporal de alguno de los miembros de la familia afecta a los demás, en lo que concierne al perjuicio moral.

Establecido el parentesco por afinidad entre la víctima y el aquí demandante, señor Édgar Pérez Parra, la Sala da por probado el perjuicio moral de los demandantes, con motivo de las lesiones de la señora Rosmira Bohórquez, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, entendida la familia como núcleo básico de la sociedad.

Antes de fijar el valor correspondiente a los perjuicios morales, la Sala advierte que a pesar de que las pretensiones de la demanda se definen en gramos oro, 1000 gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales. Esto teniendo en cuenta que la Sala(66) resolvió abandonar el sistema de cálculo de los perjuicios morales con base en el patrón gramo de oro, para acoger en su lugar la indemnización de los mismos en salarios mínimos legales, considerando apropiado para la tasación de los perjuicios morales sufridos en mayor grado, el monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

Si bien a partir de 2001 la jurisprudencia viene aplicando como criterio de estimación de los perjuicios morales el salario mínimo mensual legal vigente (en una suerte de equivalencia con los gramos oro reconocidos en la primera instancia), no deja de seguir siendo un ejercicio discrecional (arbitrio iudicis) del juez de tasar tales perjuicios, sin lograr, aún, la consolidación de elementos objetivos en los que pueda apuntalarse la valoración, estimación y tasación de los mismos, con lo que se responda a los principios de proporcionalidad y razonabilidad con los que debe operar el juez y no, simplemente, sustentarse en la denominada “cierta discrecionalidad”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala empleará un test de proporcionalidad para la liquidación de los perjuicios morales. El fundamento de este test no es otro que el principio de proporcionalidad, según el precedente jurisprudencial constitucional dicho principio comprende tres sub principios que son aplicables al mencionado test: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto.

En cuanto al primero, esto es, la idoneidad, debe decirse que la indemnización del perjuicio debe estar orientada a contribuir a la obtención de una indemnización que se corresponda con criterios como intensidad del dolor, alcance y dosificación de la incapacidad.

En cuanto al segundo, esto es la necesidad, la indemnización del perjuicio debe ser lo más benigna posible con el grado de afectación que se logre revelar en el o los individuos y que contribuyan a alcanzar el objetivo de dejarlos indemnes.

Finalmente, en cuanto al tercero, esto es la proporcionalidad en estricto sentido, con el test se busca que se compensen razonable y ponderadamente los sufrimientos y sacrificios que implican para la víctima (víctimas) la ocurrencia del daño y su desdoblamiento(67).

Con base en lo anterior, la Sala considera que en el caso concreto no hay prueba de que la víctima haya sufrido una afectación profunda o una perturbación permanente a causa de los hechos objeto de la demanda. En consecuencia, el Estado no puede asumir cargas excesivas a partir de simples presunciones; por esta razón, la Sala liquidará la indemnización por los perjuicios morales a favor de los demandantes, en las cantidades siguientes:

Rosmira Bohórquez (lesionada)10 smlmv
Édgar Pérez Parra (esposo)5 smlmv

 

3.5. El perjuicio fisiológico.

Finalmente, la parte actora reclamó, a favor de Rosmira Bohórquez, el pago de la indemnización a título de perjuicio fisiológico(68). Sin embargo, el Tribunal de Santander negó dicha pretensión, argumentando que la parte demandante no probó la mengua o disminución en las posibilidades de realizar actividades útiles en igualdad de condiciones que sus semejantes y, por tanto, no se produjo una alteración a la vida en relación(69). Pese a ello, en el recurso de apelación nuevamente se solicitó el reconocimiento de dicho perjuicio(70).

Ahora bien, en cuanto al perjuicio fisiológico, el precedente de la Sala señala,

“… con la filosofía que enseña que toda interpretación que tienda a ampliar el ámbito de la responsabilidad es preferible a lo que restrinja, con el manejo del principio general del derecho que predica que la indemnización debe dejar ‘indemne’ a la víctima del daño injusto… esto es debe procurar una reparación integral que dicho daño ha causado en el patrimonio material y espiritual de la víctima, y con conciencia plena del valor que tiene la persona humana, no dentro del marco materialista… ni tampoco dentro de una perspectiva simplemente humanista, que predica que el hombre es la forma más alta de ser que haya evolucionado en el universo material, pero sí con una visión cristiana del hombre… el perjuicio fisiológico… exige que se repare la pérdida de la posibilidad de realizar ‘otras actividades, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia’”(71).

Posteriormente, el precedente de la Sala delimita el perjuicio fisiológico de la siguiente manera,

“(1) ellos son de inspiración eminentemente jurisprudencial porque no hay una norma que los reconozca; (2) pertenecen a una categoría intermedia de daño y se conforman ya de perjuicios morales ya de perjuicios materiales, pero se diferencian puesto que están acompañados de una frustración de hacer una actividad de la cual el lesionado obtenía placer físico o espiritual; (3) se deben reparar en concreto y en consecuencia el juez debe tener en cuenta las circunstancias particulares, personales y sociales de la víctima; (4) para su cuantificación se debe considerar que los perjuicios fisiológicos pueden ser genéricos, aquellos que se produzcan a todas las personas (pérdida de un órgano), o también específicos, es decir la incidencia de la lesión en las actividades que antes de la lesión daban placer a la víctima y que no puede realizar más”(72).

Recientemente, el precedente de la Sala consolida el alcance de este perjuicio expresando,

“Los perjuicios fisiológicos, comprendidos dentro de lo que se ha denominado como grave alteración a las condiciones de existencia derivadas de la afección que un perjuicio físico causa en el desarrollo social, personal del afectado cuando la lesión es de carácter permanente, se hayan acreditados en caso, puesto que si bien no se aportó una prueba idónea para establecer que la afección hubiere producido en el paciente una disminución de su capacidad laboral, sí se acreditó que el hecho imputable a la administración le produjo “deformidad física, perturbación funcional de miembro inferior derecho, perturbación funcional del órgano de la locomoción y perturbación funcional del sistema nervioso periférico. Todas las anteriores de carácter permanente”, según datos consignados en el dictamen practicado por el Instituto de Medicina Legal. Además, las declaraciones de Lindelia Peralta Paula y Carlos Astorquiza Aguierra relatan que el menor quedó cojo de una pierna, lo cual le produce serios problemas de locomoción, razón por la cual permanece constantemente acostado, puesto que no puede movilizarse por sí solo, ahora no ha vuelto a jugar, además sufre de constantes dolores, todo lo cual ha hecho que el desarrollo normal de su vida se vea afectado en un cien por ciento. Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra acreditado que con la actuación de la entidad demandada se causó un perjuicio a Luis Eduardo Toro Murillo que afecta en buena medida su desarrollo personal, social y sentimental, razón por la cual confirmará la sentencia en cuanto impuso una condena de 50 SMLMV, precisando que la misma deviene no solo del perjuicio fisiológico sino de la grave alteración a las condiciones de existencia que sufre el lesionado”(73).

Siguiendo este último precedente, se encuentra que en el caso sub lite se probó que la señora Rosmira Bohórquez Pedraza no sufrió lesiones con secuelas permanentes que hubiesen producido alguna limitación en sus actividades relacionales, sociales o personales; por el contrario, solo existe prueba, a partir del dictamen de medicina legal, de una incapacidad de diez (10) días sin secuelas; así las cosas, la Sala a no condenará por este concepto a la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 2 de julio de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la que quedará en la siguiente forma,

“PRIMERO: DECLÁRESE NO PROBADA LA EXCEPCIÓN PREVIA DE No comprender la demanda a todas las personas que constituyen el litis consorcio necesario.

SEGUNDO: DECLÁRESE administrativamente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - de los perjuicios ocasionados a Rosmira Bohórquez Pedraza y a Édgar Pérez Parra como consecuencia de los hechos ocurridos el día 7 de octubre de 1992, en comprensión municipal de Santa Bárbara (Santander).

TERCERO: CONDÉNESE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios morales a Rosmira Bohórquez Pedraza la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 smlmv) y a Édgar Pérez Parra la suma de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 smlm).

CUARTO: CONDÉNESE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a Rosmira Bohórquez Pedraza por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma cuatrocientos doce mil quinientos cuarenta y tres pesos con veinte centavos ($ 412.543.20).

QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: ABSUÉLVASE de toda responsabilidad a la Cooperativa Santandereana de Transportadores - Copetrán.

SÉPTIMO: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia de acuerdo con los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

3. REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(48) Folios 52 a 62 del C. 1; folio 156 del C. 2; folios 155 a 156 de C. 2; folios 95 a 96 del C. ppal.; folios 97 a 98 del C. ppal.; cuadernos 4 y 5.

(49) Folio 3 del C. 1.

(50) Folios 149 a 154 del C. 1.

(51) Inciso primero: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(52) Constitución Política, artículo 31 y Código de Procedimiento Civil, artículo 357.

(53) Corte Constitucional, Sentencia T-474 de julio 29 de 1992, M.M.P.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero; y Sentencia SU-327 de julio 27 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(54) Corte Constitucional, Sentencia SU-1299 de diciembre 6 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y Sentencia SU-1722 de 2000, M.P. Jairo Charry Riva.

(55) Corte Constitucional, Sentencia SU-327 de julio 27 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(56) Corte Constitucional, Sentencia T-751 de octubre 7 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En este sentido véase también: sentencias SU-327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; SU-598 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-481 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-113 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-009 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.

(57) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 junio de 2010. Expediente 17313, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(58) Por la que se aprobaron el Concordato y el Protocolo Final entre Colombia y la Santa Sede.

(59) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2008. Expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo.

(60) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de febrero de 2004. Expediente 13952, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(61) Folios 152 a 154 del C. 1.

(62) Folio 149 del C. 1.

(63) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de diciembre de 2005. Expediente 13558.

(64) Folio 131 del C. 1.

(65) Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de mayo de 2007. Expediente 15989, C.P. Mauricio Fajardo y de 1º de marzo de 2006. Expediente 17256, M.P. María Elena Gómez Giraldo.

(66) Sentencia del 6 de septiembre de 2001. Expediente 13.232-15.646.

(67) En este sentido ver las siguientes sentencias: Corte Constitucional C-872 de 2003, C-125 de 2003 y C-858 de 2008.

(68) Folio 8 del C. 1.

(69) Folio 204 del C.P.

(70) Folio 225 del C.P.

(71) Sentencia de 6 de mayo de 1993. Expediente 7428.

(72) Cortés, Édgar. Responsabilidad civil y daños a la persona. El daño a la salud en la experiencia italiana ¿un modelo para América Latina? 1ª ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 255-256. Sentencia de 13 de junio de 1997. Expediente 12499.

(73) Sentencia de 11 de febrero de 2009. Expediente 17050.