Sentencia 1993-09120 de septiembre 18 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-023-1993-09120-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Tres cargos, todos con fundamento en la causal primera de casación, propuso la demandante en contra del fallo del tribunal: en el inicial, se denunció el quebranto directo de la ley sustancial; y en los dos restantes, el indirecto.

La Corte reseñará y analizará de manera conjunta dichas acusaciones, comoquiera que unas mismas razones orientarán la decisión que en relación con ellas habrá de adoptarse.

Cargo primero

1. Denunció la violación directa, por interpretación errónea, del artículo 863 del Código de Comercio.

2. Luego de memorar algunas consideraciones teóricas del tribunal relacionadas con la “buena fe” y otras específicas del caso sometido a su conocimiento, tocantes con la falta de demostración de que dicho postulado hubiese sido vulnerado por las aquí demandadas, el impugnante precisó que “[l]a interpretación correcta del artículo 863 del Código de Comercio consiste en que la actitud positiva allí prevista, ‘proceder con buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual’, para el caso en cuestión consiste en que esa ‘buena fe exenta de culpa’ se debe predicar es de Satena y no de las aseguradoras, pues ellas tienen a su cargo es la ‘ubérrima buena fe’”.

3. Advirtió el recurrente que en concepto del ad quem, “... ‘con la prueba allegada’, ‘no puede predicarse de manera absoluta (...) que Colseguros y/o La Previsora, en esa etapa prenegocial, ‘hubieran actuado con desmedro de la corrección y buena fe exigida a la[s] misma[s]’ y, por lo tanto, concluy[ó] que la actuación de Colseguros fue correcta, porque no se desvirtuó la presunción de buena fe incluso exenta de culpa”.

4. Insistió el censor en que en el trato con una compañía de seguros, mientras que su contraparte “debe proceder con una buena fe cualificada: ‘exenta de culpa’”, a aquella le es exigible “una buena fe, también cualificada: una ‘ubérrima’ buena fe”.

5. En “[d]esarrollo del [c]argo” el casacionista reprodujo amplios segmentos de diversos fallos de la Corte, todos concernientes con la fase precontractual, el deber que tienen los pretensos contratantes de actuar en esta etapa con buena fe exenta de culpa y la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de dicha exigencia.

6. Al cierre de la acusación, reiteró que “para el caso en cuestión, la buena fe exenta de culpa exigida por el artículo 863 del Código de Comercio, debe predicarse es de Satena y que ella está amparada por la presunción de buena fe exenta de culpa, que no ha sido desvirtuada”; y, añadió, que “[c]on la prosperidad de este [c]argo, se suprime una de las bases del fallo acusado y permite entrar al análisis de los demás fundamentos, con miras a la aniquilación de la totalidad de los sustentos [de] la sentencia del tribunal, en forma tal que lleve a su casación total, y que en sede de instancia la Corte revoque el fallo apelado de primera instancia y dicte sentencia de reemplazo”.

Cargo segundo

1. Con estribo en la causal primera de casación se denunció que la sentencia cuestionada quebrantó indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 2º, 822, 830, 834, 835 y 863 del Código de Comercio; 2341 a 2343 del Código Civil; y 83 de la Carta Política, como consecuencia de “errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de las pruebas”, los que llevaron al tribunal “a no tener por probado, estándolo, que las aseguradoras se retractaron injustificadamente de una oferta aceptada, en tanto [y] en cuanto no expidieron un seguro ofrecido y aceptado, como era el de casco para amparar el avión Fokker FAC 1140”.

2. Luego de recordar diversas apreciaciones del ad quem, así como buena parte de las conclusiones fácticas a las que este arribó, y de poner de presente, por una parte, la interpretación que en torno del artículo 863 del Código de Comercio explicitó en el cargo anterior y, por otra, que fue fundamento del fallo combatido “que no está probado que las aseguradoras se hayan retractado injustificadamente de una oferta vinculante, consistente en el seguro del casco del FAC 1140”, el censor enumeró los medios de convicción que, en su concepto, fueron erróneamente apreciados, los cuales corresponden, básicamente, a la prueba documental allegada al expediente por los litigantes, según el extenso listado que de ellos hizo.

3. Seguidamente precisó que si el tribunal “hubiere apreciado correctamente las pruebas relacionadas, habría llegado a las siguientes conclusiones:

“1. Que la oferta de Colseguros sí era vinculante y fue aceptada por Satena y que incluía el seguro de casco par[a] el FAC 1140.

2. Que Colseguros se retractó del seguro de casco del 1140.

3. Que si no se hubiere retractado, tendría el compromiso de expedir la póliza incluyendo casco del FAC 1140.

4. Que como el avión se accidentó, Satena no recibió lo que ha debido, si hubiere seguro.

5. A raíz del accidente Satena ya no podía asegurar el avión, porque este se destruyó.

6. Satena obró con buena fe exenta de culpa y esa presunción no se ha desvirtuado.

7. Colseguros al retractarse injustificadamente de la oferta, no obró correctamente, como ha queda[do] acreditado. Colseguros, con su conducta, comprometió su responsabilidad y por consiguiente debe indemnizar”.

4. El casacionista compendió las negociaciones precontractuales realizadas por las partes en las etapas que a continuación se mencionan y, adicionalmente, expresó, respecto de cada una de ellas, las apreciaciones que igualmente se destacan:

4.1. “1ª etapa: 19 de febrero - 5 de marzo de 1985”, que va desde la solicitud de cotizaciones que la actora hizo a diversas compañías de seguros hasta cuando las interesadas presentaron sus ofertas y se encuentra acreditada con los anexos de la demanda números 10 y 11, visibles del folio 40 al 52 del cuaderno número 1A.

Sobre ella el recurrente comentó que fue preparatoria para Satena y que no se trató “de una ‘[l]icitación’ como tal, que por derecho se adjudica al mejor proponente, sino de una invitación a cotizar, en donde caben todas las discusiones posibles hasta obtener lo que se considere mejor para los intereses de la [e]mpresa”.

4.2. “2ª etapa: 6 de marzo - 19 de marzo de 1985”, que se inició con la carta en la que Colseguros eliminó la “condición que había puesto en su oferta” e informó que los reaseguradores que la respaldaban era “Royal Re y Hill Syndicate (Wescott)”; y terminó con la “oferta cotización en firme” que milita a folios 63 y 64 del cuaderno 1A.

Al respecto, el censor observó, por una parte, que fue en este periodo en el que los interesados, mediante conversaciones, cartas, reuniones, etc., discutieron el negocio, hasta cuando, finalmente, llegaron a “unos términos y condiciones, que son los que pasa[ro]n a constituir la oferta final”, la que, a su turno, permitió “la celebración del contrato”; y, por otra, que el tribunal no entendió esas “tratativas (...) como circunstancias normales en un proceso de negocio, sino que l[a]s tild[ó] de ‘cambios de opinión’ de Satena” que imposibilitaron la satisfactoria culminación del negocio perseguido por las partes, en cuanto hace al amparo de la aeronave accidentada, de que trata la demanda.

En criterio del impugnante, el ad quem estimó que esos “cambios de opinión” de la actora se debieron a las siguientes causas: falta de recursos económicos para asumir el costo de los seguros; imposibilidad para asegurar la totalidad de su flota de aviones, que la condujo a solicitar cotizaciones solo respecto de algunos; haber previsto “auto-asegurarse” y la utilización del “valor de una indemnización pendiente, para abonar a las primas”; y el “aumento de las tasas en los seguros de aviación”.

El casacionista insistió en que dichos “‘cambios de opinión’ no fueron tales”, sino un “intercambio de opiniones” derivado de las diferentes apreciaciones de los “miembros de la junta directiva, emitidas dentro de la misma sesión del 14 de marzo de 1985” que trajeron como resultado que Satena le solicitara a Colseguros “cotización solo para seguro de casco de los F-28 en carta de 15 de marzo de 1985”, opción que la aseguradora descartó.

Puntualizó que de esta fase negocial “da cuenta la documental existente en el expediente, como las declaraciones de los testigos también allí indicadas, acervo probatorio este que debe ser tomado en conjunto y sin descontextualizarlo, y del cual aparece cómo fue que se desarrolló todo el proceso, desde su inicio hasta llegar a la última y definitiva oferta de Colseguros”.

4.3. “3ª etapa: 19 de marzo – 28 de marzo de 1985”, comprensiva de la aceptación por parte de Satena de la oferta final que le propuso Colseguros y la fecha del accidente [de]l avión Fokker FAC 1140, misma en la que se dio el aviso del siniestro a la precitada aseguradora.

4.4. “4ª etapa: 28 de marzo – 29 de marzo de 1985”, fechas que corresponden, por una parte, a la del accidente del mencionado avión y del aviso que de ese hecho se dio a Colseguros y, por otra, a la de la carta que dicha aseguradora remitió a la demandante, en la que “... ‘confirm[ó]’ el amparo de casco, pero inexplicablemente excluy[ó] el Fokker FAC 1140 (fls. 67 y 68, cdno. 1)”.

Sobre el particular, el recurrente señaló: “Para ese momento ya había obtenido los reaseguros lo que tuvo que suceder a más tardar el 28 de marzo de 1985, fecha del accidente del avión, toda vez que el seguro que dice que va a expedir tiene vigencia a partir del primer segundo del día 29 de marzo de 1985 ‘00:01 del 29 de marzo de 1985’. Pero debe tenerse en cuenta que por huso horario, Londres está 6 horas más tarde que Bogotá. Cuando aquí son las 12 del día en Londres son las 6 o 7 de la noche, según el caso, y ya todo está cerrado, como dice y alega Colseguros en relación con un [t]élex sobre la cobertura para los efectos de vigencia; si el avión se accidentó a las 9:52 a.m., el aviso del siniestro se le dio a Colseguros en el curso de la tarde del mismo día, y así si se le avisó a las 12 m. o a la 1 p.m., ese aviso llegó a Londres a las 6 o 7 de la noche del 28 de marzo de 1985 cuando ya todo estaba cerrado, y obviamente no hubo tiempo de avisarle a los reaseguradores y por eso la cobertura del supuesto otro seguro se da desde ‘00:01 del 29 de marzo de 1985’ y dice Colseguros que el FAC 1140 no figura porque ya se había accidentado y por tanto no había riesgo asegurable. Si de buena fe y a alguna hora del 28 de marzo de 1985 el reasegurador reaseguró sin saber que el riesgo ya había sucedido, la aceptación es válida como lo es la aceptación de una condición que no se sabe si ha ocurrido o no”.

4.5. “5ª etapa: 29 de marzo de 1985 hasta el acaecer de este proceso”. Ninguna anotación hizo el censor en relación con este periodo.

5. Se ocupó a continuación el recurrente de diferenciar la “oferta tentativa” de la “oferta en firme”, comoquiera que, respecto de una de las comunicaciones que hace parte de la correspondencia cruzada entre las partes, “la propuesta de 15 de abril de 1985 (...) Colseguros dice que es ‘tentativa’” y la “de 19 de marzo de 1985 (...) dice que es ‘en firme’”, distinción que estimó trascendente en materia de seguros, habida cuenta que en este campo “una cotización ‘tentativa’, (...) está sujeta a reconfirmación o modificación en el momento en que el asegurado confirma la orden de seguro”, mientras que “una oferta ‘en firme’ (...) ya tiene el debido respaldo del reasegurador o de sí mismo”.

En refuerzo de las anteriores apreciaciones, el censor invocó y reprodujo en parte los testimonios rendidos por los señores Guy Roba (fls. 648 a 658, cdno. 1B), y Guillermo Cáceres (fl. 414 a 417, cdno. 1B).

6. Adicionalmente, puso de presente que los aviones que prestan el servicio de pasajeros, incluidos los de Satena, no pueden volar si no cuentan con el seguro de responsabilidad civil, porque no se autoriza su operación, y que debido a tal circunstancia fue que en relación con dicho aseguramiento se previó un “amparo provisional”, tal y como se acreditó con la respuesta que Colseguros dio al hecho 16 de la demanda (lit. f, apartes i y ii) y con el testimonio del ya mencionado señor Guy Roba, que reprodujo parcialmente.

7. El impugnante aseveró que no es cierto que el seguro de casco hubiese estado condicionado a que se consiguiera el reaseguro, como lo planteó la parte demandada con apoyo en la carta de oferta de 19 de marzo de 1985, pues “lo cierto y probado por su propia confesión es: que Colseguros le cobró a Satena las primas por todo el tiempo en que dice que no hubo seguro”, según se deduce de lo que expresó en frente del hecho 33 del libelo introductorio, no obstante que allí se trató de disfrazar ese cobro, justificándolo con los gastos en que incurrieron los reaseguradores.

En este orden de ideas, trajo a colación que en carta del 18 de marzo de 1985 Colseguros informó a la demandante que “los seguros de [r]esponsabilidad [c]ivil y [c]asco eran inseparables”, y coligió que de esta manera la citada sociedad comprometió su responsabilidad, puesto que no era dable el otorgamiento de un seguro sin el otro y porque cobró primas por el seguro que luego no aceptó, razonamientos que lo llevaron a concluir que “no existió ningún condicionamiento en la oferta”.

8. Bajo el título “La responsabilidad de las demandadas”, el casacionista puntualizó que ella “[e]merge principalmente de las normas sobre oferta en el Código de Comercio” y tras reproducir en parte un fallo de la Corte relacionado con dicho tema, advirtió que el caso sub lite trata del “retracto de una oferta aceptada que necesariamente habría de conducir a la celebración del contrato de seguro de casco”; que ello no tuvo ocurrencia “por la retractación del asegurador”; que por lo tanto “no se demandan perjuicios con base en un contrato que no existió”, sino los derivados del hecho de no haberse celebrado un contrato que debió concretarse y que, en ese supuesto, “le habría permitido a Satena recibir la indemnización”. Con otras palabras, “Colseguros ofreció el seguro de casco para el FAC-1140, se le aceptó, cobró la prima, pero no lo llevó a cabo (...) Satena tenía otras cotizaciones y escogió la de Colseguros. Si hubiere sabido que Colseguros se retraería, habría contratado el seguro con otra compañía. (...). El incumplimiento le generó a Satena un perjuicio inmediato e irremediable: la oferta se acepta el 19 de marzo y Colseguros se retrae el 29, diez días después y, además, cuando ya el avión se había accidentado. Para ese día ya no podía contratar seguro, porque el avión ya no existía”.

9. En cuanto al perjuicio sufrido por la actora, añadió que “si se (...) hubiere cumplido la oferta, se habría expedido el seguro [de] casco y le hubieran pagado la suma asegurada de ocho millones de dólares, pues no había (...) razón alguna para rechazar ese pago. En efecto, como se pagó la [r]esponsabilidad [c]ivil, ello indica que la reclamación era correcta y sin objeción alguna”. Adujo además que “[l]a conducta de Colseguros no puede pasar desapercibida; no puede ser que se incumpla una oferta y en materia grave, se causen unos perjuicios cuantiosos y simplemente no pase nada”.

10. Posteriormente el censor centró su atención en la consideración del tribunal relativa a que “al ‘condicionar’ Satena el pago de la prima hubo nueva oferta”, planteamiento en relación con el que expuso los siguientes planteamientos:

10.1. La realidad de lo ocurrido “indica que para el pago de la prima se tomó esa suma adeudada”.

10.2. “Colseguros pagó el seguro de [r]esponsabilidad [c]ivil y en ningún momento alegó ni que no le hubieran pagado la prima, ni que la oferta no era vinculante, porque Satena había condicionado su aceptación”.

10.3. De admitirse, en gracia de discusión, que la respuesta de Satena sí comportó una nueva oferta, “es lo cierto que Colseguros la aceptó, así fuera de manera tácita, al pagar la indemnización por [r]esponsabilidad [c]ivil sin hacer protesta o reserva alguna y posteriormente proceder a extender una nueva póliza, etc.”.

10.4. La forma de pago insinuada en la carta de aceptación “en ningún caso era una ‘condición’; era simplemente una ‘compensación’, forma válida de pago, cuando las dos partes son recíprocamente acreedoras y deudoras. De ahí que Colseguros ‘se haya pagado por derecha’ las primas con el valor adeudado a Satena por esa indemnización pendiente, y el tema ni siquiera se haya vuelto a tocar”.

10.5. El accidente del avión AVRO 748 FAC-1102 no era una cuestión nueva, al punto que Colseguros condicionó su oferta de 5 de marzo de 1985 “a que la reclamación por ese avión no excediera de US $ 600.000”, exigencia que luego retiró.

10.6. Las obligaciones que existían entre las partes eran claras para ellas “y así lo tenían perfectamente entendido; de ahí la compensación”.

11. En adición a todo lo expuesto, el recurrente negó que la razón para que Colseguros no se comprometiera a asegurar el casco del avión FAC 1140, hubiese sido la insatisfacción de los requisitos previstos en una resolución de 1983 de la entonces Superintendencia Bancaria, que contemplaba que las compañías de seguros “no podían aceptar un riesgo que superara el 10% del capital pagado, más las reservas patrimoniales, más las valorizaciones netas de activos, según el balance cortado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior”, puesto que conforme la prueba recaudada en la diligencia de inspección judicial practicada, el equivalente en pesos colombianos a la cantidad de US $ 8.000.000, que era el valor del seguro, resultaba muy inferior a los factores aludidos en cuanto hace a las compañías aseguradoras.

Sobre el mismo punto, llamó la atención respecto a que Colseguros expidió el seguro con vigencia anterior; que las demandadas aceptaron los demás seguros; que, en atención a los mismos, pagaron las reclamaciones que les fueron elevadas, sin “reserva alguna de su parte relacionada con la pretendida restricción de la [r]esolución de la Superbancaria”; y que “la violación de ese tope implicaba una multa para la aseguradora, pero en manera alguna [la] nulidad [o la] inexistencia del seguro”.

12. Concluyó, en definitiva, que si el ad quem “no hubiere cometido los errores evidentes y trascendentes que se han denunciado, habría concluido que hubo una verdadera oferta aceptada por Satena y habría hecho actuar en plenitud el artículo 863 del Código de Comercio por la falta de lealtad al retractarse de la misma”.

Cargo tercero

1. También con fundamento en el primero de los motivos que autorizan el recurso extraordinario de casación, se cuestionó la sentencia impugnada por ser indirectamente violatoria de las mismas normas sustanciales indicadas en la acusación anterior, en razón de los “errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de las pruebas”, que condujeron al tribunal “a no tener por probado, estándolo, que las aseguradoras hicieron creer a Satena que expedirían el seguro incluyendo [el del] casco del avión Fokker FAC 1140 y finalmente no lo hicieron, con el consiguiente perjuicio de la falta de indemnización por la pérdida” de dicho aparato.

2. Previa reproducción de un fallo de esta corporación, de recordar en parte los argumentos en que el ad quem sustentó su fallo y de reiterar la interpretación que en relación con el artículo 863 del Código de Comercio consignó en la primera acusación, el recurrente enlistó las pruebas que, en su concepto, fueron “erróneamente apreciadas de manera evidente y trascendente”, en setenta y siete (77) puntos, todos caracterizados por enunciar el medio de convicción respectivo y, seguidamente, observar en cuanto a cada uno, que no fue tenido en cuenta o que se alteró su verdadero sentido.

3. En desarrollo del cargo, el recurrente, en síntesis, expuso:

3.1. Delanteramente, que “todos los hechos deben tomarse en conjunto como orientados a la obtención de la finalidad buscada”; que sobre las negociaciones preliminares, la Corte ha establecido los derroteros a los que ellas deben estar sujetas, que son los que se advirtieron en el cargo primero, que dio por reproducido para los fines de esta acusación; y que si el sentenciador de segunda instancia “hubiere apreciado correctamente las pruebas relacionadas, habría llegado a las siguientes [c]onclusiones: 1. Que Satena obró de buena fe exenta de culpa, presunción que no ha sido desvirtuada. 2. Que las aseguradoras crearon en Satena la expectativa de que el casco del avión FAC 1140 estaba asegurado. 3. Que como eso al final no se concretó, a causa del accidente del avión, Satena no recibió el valor de la indemnización derivada del seguro de casco que deseaba tomar, y por esa conducta por lo menos culposa de las [a]seguradoras, estas comprometieron su responsabilidad”.

3.2. Luego de recordar la existencia de la póliza AV-301, militante a folios 7 y siguientes del cuaderno principal, que su vigencia expiró el 19 de marzo de 1985 y que antes de su vencimiento, el 19 de febrero del precitado año, Satena “formuló a las diferentes compañías de seguros una ‘solicitud cotización programas de seguros’”, que fue respondida por varias de ellas, entre estas, por Colseguros, propuesta que “fue la que más llamó la atención de Satena”, el impugnante se refirió a todo el proceso que recorrieron las partes en aras de realizar la negociación sobre la que versa el litigio, que compendió en las cinco etapas a las que ya se hizo alusión.

3.3. En forma similar a como lo destacó en el cargo segundo, el censor diferenció la “oferta tentativa” de la “oferta en firme” y explicó la razón del “amparo provisional” que se otorgó respecto del seguro de responsabilidad civil.

3.4. En el subacápite que denominó “El convencimiento de los directivos de Satena”, el recurrente, por una parte, reprodujo los testimonios de los señores Alfonso Amaya Maldonado y Ernesto Peña, ambos, para la época de los hechos, miembros de la junta directiva de la actora y, el segundo, secretario general del Ministerio de Defensa; y, por otra, estimó que la declaración del general Alberto Guzmán Molina, gerente de Satena en ese entonces, “[e]s tan explícita, que para resaltarla habría que transcribirla íntegra”.

Sobre el particular concluyó que “[l]os [d]irectivos de Satena e incluso el propio Presidente de la República quedaron perfectamente persuadidos de que la flota estaba asegurada, incluso el Fokker FAC 1140”.

3.5. Se ocupó a continuación de la “buena fe de Satena” y de la “falta de buena fe exenta de culpa por parte de Colseguros”, temática en relación con la que trajo a colación el contenido del artículo 863 del Código de Comercio, cuyo sentido y alcance dilucidó con la ayuda del criterio de un tratadista nacional; aseveró que los directivos de Satena “que declararon en el proceso, son contestes en afirmar que fundados en la conducta de Colseguros, creyeron que sí había seguro”; reprodujo otro segmento de la declaración del señor Roba Dubois; y señaló que a lo anterior debe sumarse el orden en el que ocurrieron los hechos: “a. 19 de marzo: oferta ‘en firme’ y responda hoy. b. 19 de marzo: se acepta la oferta. c. 28 de marzo: se accidenta el avión y se avisa. d. 29 de marzo: Colseguros dice que hay seguro de casco para toda la flota menos para el avión accidentado. e. Colseguros cobra la prima del seguro por el tiempo que dice que no hubo seguro”.

Señaló seguidamente que “[a]l analizar el iter de las negociaciones, todo es lógico y todo indica que el negocio llegará a feliz término y que no cabía ningún temor, ninguna duda, ninguna reticencia”, luego de lo cual transcribió en parte la declaración que rindió el Presidente de la República, doctor Belisario Betancur; reiteró tanto la buena fe con que actuó la demandante como que “[l]a actividad aseguradora siempre se ha definido como de ‘ubérrima’ buena fe, no de ‘simple’ buena fe”; y advirtió que “[e]l comportamiento de las demandadas no demuestra esa actuación que le exige la ley; las pruebas acreditan lo contrario: a) Primero dicen que los seguros (casco y RC) son inseparables, y después resulta lo contrario; b) Pagan la [r]esponsabilidad [c]ivil y no pagan [c]asco; c) Después resulta que el día siguiente de habérseles avisado del accidente, informan que no hay seguro de [c]asco exclusivamente para el Fokker FAC 1140 (que era el accidentado) pero sí para todo el resto de la flota; d) Cobran primas por todo el tiempo en que no hubo seguro; e) Aceptaron la forma de pago propuesta por Satena sin protesta alguna, pese a haber alegado que la aceptación de Satena fue condicionada; f) Dicen que una oferta anterior era ‘tentativa’ y que la definitiva era ‘en firme’, pero a la postre no era tan en firme”.

Indicó que la ubérrima buena fe “bien puede asimilarse a la ‘suma diligencia y cuidado’ que define la parte final del inciso quinto del artículo 63 del Código Civil”; que “[e]se hombre ‘prudente y diligente’” previsto en tal ordenamiento jurídico y el “... ‘buen hombre de negocios’ que menciona el Código de Comercio, jamás manejarían sus negocios importantes en la forma que lo hizo Colseguros y que solamente al final vino a ‘destaparse’, cuando ya pueden conectarse todos los hechos: “Primero hace una oferta condicionada, b) que al día siguiente la cambia y dice que levanta la condición, c) que dice que su oferta es en firme y que cuenta con el respaldo de los reaseguradores Royal Re y Hill Syndicate, d) que después dice que no tiene respaldo de los reaseguradores, e) que dice que el seguro no se puede separar en [c]asco y RC pero que después sí paga RC pero niega [c]asco, f) que dice que no hubo ni reaseguro ni respaldo de reaseguradores pero que después sí le cobra a Satena las primas y ‘los gastos que cobraron los reaseguradores’ con el eufemismo de que se vio en la imperiosa necesidad de ‘trasladarle’ esos gastos, f) que en un primer pleito dice que no hubo seguro porque no se expidió la póliza pero que las negociaciones sí llegaron hasta allí, g) que dice que la aceptación de Satena era condicionada porque tenía una condición: pagar parte de la prima con lo que le debía Colseguros de un siniestro anterior pero que después sí aplica esa suma al pago de la[p]óliza, h) que expide una [p]óliza con una fecha atrasada y pocos días después la revoca, aún sin haberla siquiera entregado, i) y por último, después de haber sido expresamente aceptada, y cuando Satena queda convencida de que su flota está asegurada en casco y RC, guarda silencio durante un periodo y al día siguiente de haberse accidentado el avión ‘sale con el cuento’ de que para ESE avión no hay cobertura (pero para el otro —que es igual—, sí la hay), pero que sin embargo sí paga la RC, pero no el casco, después de haber dicho que los dos seguros eran inseparables”.

Calificó la conducta desplegada por Colseguros de “sinuosa, sibilina, equívoca, ambigua, eufemística, solapada”.

4. Al final del cargo repitió los planteamientos que en relación con “La responsabilidad de las demandadas” y “El perjuicio de Satena” expuso en el cargo segundo y concluyó que “[s]i el tribunal no hubiere cometido los errores evidentes y trascendentes que se han denunciado, habría concluido que las [a]seguradoras crearon en Satena la expectativa de que se otorgaría el amparo de [c]asco para el avión FAC 1140”.

Consideraciones

1. Es del caso recordar en que el recurso extraordinario de casación tiene por fin exclusivo establecer la conformidad del fallo cuestionado con la ley sustancial y/o procesal, según la causal que se invoque en el o los cargos que se propongan y el fundamento en que cada uno de ellos se respalde, sin que, por lo tanto, la Corte, como encargada de resolverlo, esté facultada para revisar la totalidad del proceso, en sí mismo considerado, o del pronunciamiento cuestionado, puesto que, como es suficientemente conocido, la naturaleza dispositiva de esta forma de impugnación le impide a la corporación actuar por fuera de los exactos límites que a las censuras les haya trazado su proponente.

Ahora bien, si con dicho recurso su gestor busca el quiebre de la sentencia con la que se puso fin a las instancias, que está amparada por las presunciones de acierto y legalidad, se avizora completamente razonable el rigor de las normas que lo disciplinan y que, por consiguiente, se exija a aquel, entre otros requisitos, que en la demanda con la que se sustente la censura, formule “por separado” los cargos que aduzca; que en relación con cada uno, exponga los argumentos que lo respaldan “en forma clara y precisa”; y que “[c]uando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, (...) lo demuestre” (CPC, art. 374, num. 3º).

Tales exigencias, en esencia, apuntan a que los ataques que se planteen en el escenario de la casación, guarden conformidad con la advertida finalidad del recurso, esto es, que se encaminen a establecer el enfrentamiento de todos y cada uno de los fundamentos de la decisión con el ordenamiento jurídico, para lo que se impone al recurrente una labor dialéctica caracterizada por la precisión y la claridad, de la que la Corte, como único corolario posible, concluya que, ciertamente, las consideraciones esgrimidas por el juez del conocimiento, ciertamente, desconocen o contradicen la ley sustancial. Por eso se ha señalado, y con suficiente razón, que la censura extraordinaria de que se trata no es una tercera instancia y que, por ende, la demanda que en desarrollo de ella se presente, no puede ser un alegato en el que su autor exponga las apreciaciones en virtud de las que estime que el litigio ha debido resolverse en una u otra forma.

Y debe enfatizarse que se impone al casacionista destruir todas las genuinas bases del proveído que genera su inconformidad, porque si no las ataca o si, pese a hacerlo, no logra tal cometido, el de desvirtuarlas, independientemente de cualquier otra consideración, resultará imposible casar el respectivo pronunciamiento.

Las anteriores premisas generales, como se verá, guiarán el análisis que, en relación con los cargos en este asunto formulados, efectuará la Sala.

2. Del estudio de la demanda de casación génesis del recurso que se desata, se concluye que ella, en realidad, no satisface a cabalidad las anotadas exigencias, pues, por una parte, se observa que dicho libelo, en una proporción importante, es reproducción fidedigna de los escritos que para los efectos de los artículos 360 y 403 del Código de Procedimiento Civil, se presentaron ante los jueces de conocimiento y, por otra parte, en cuanto concierne a los cargos segundo y tercero, es notorio que la actividad del recurrente se quedó en la mera enunciación de los errores fácticos allí denunciados y que no comprobó, en debida forma, que el tribunal hubiera incurrido en ellos.

3. No obstante lo anterior, una razón más poderosa permite colegir el fracaso de la totalidad de las acusaciones, como pasa a dilucidarse.

Dos, en concreto, fueron las razones que adujo el tribunal para confirmar el fallo desestimatorio de la acción proferido en primera instancia, a saber:

3.1. “No puede predicarse de manera absoluta, de conformidad con la prueba allegada al expediente, que Colseguros y/o [L]a [P]revisora en esta etapa prenegocial, hubieran actuado con desmedro de la corrección y buena fe exigida[s] a la[s] misma[s]”.

Tal aserto lo sustentó el ad quem en las específicas razones que a continuación se sintetizan:

3.1.1. En la carta que data del 19 de marzo de 1985, remitida por Colseguros a Satena, que corresponde a aquella en la que “se apoya la demandante”, se expresó “de manera abierta (...), el otorgamiento de un amparo provisional del ‘100% de la cobertura de [r]esponsabilidad [c]ivil a partir de la fecha’, sin que se [haya hecho] igual afirmación respecto del seguro de casco”, esto es, se señaló “claramente (...) que a partir de esa fecha podía contar con amparo provisional por [r]esposabilidad [c]ivil”, pero se dejaron “en suspenso las restantes coberturas”.

3.1.2. “No puede, en todo caso, desconocerse que la colocación de un reaseguro requiere trámites posteriores para confirmar la cobertura, que se llevan a cabo a partir de la fecha en que el cliente acepta la oferta, los cuales en opinión de profesionales experimentados, son exigentes y dispendiosos, cuanto más demorada tendría que haber sido esa gestión, cuando no existían los avances técnicos y tecnológicos de comunicaciones de hoy”.

3.1.3. Las declaraciones recaudadas en el proceso se concretaron a temas como “la seguridad aérea”, las “dificultades en la colocación de los reaseguros”, la “necesidad incuestionable de estos para que las aseguradoras nacionales asumieran determinados riesgos” y la “expedición por parte de Colseguros de certificados para el seguro de responsabilidad civil y la ausencia de seguro de casco”; el dictamen pericial “se limitó a liquidar intereses sobre la suma demandada a título de perjuicio y a actualizar los resultados obtenidos”; y el proceso que con antelación a este cursó entre las mismas partes en el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, que se trajo como prueba trasladada, “terminó ante la decisión que acogió en la instancia la excepción previa de inepta demanda, alegada por la pasiva, la cual en su oportunidad fue confirmada por esta corporación”.

3.2. Tampoco está acreditado que las demandadas se “hayan retractado injustificadamente de la oferta final de seguros que había[n] formulado a la actora, mediante comunicación de marzo de 19 de 1985, cuando esta ya había expresado su aceptación a la misma”, por cuanto en la misiva con la que Satena respondió esa comunicación señaló “que la junta directiva de la entidad había aceptado la cotización, en la cual se incluye a la Previsora como coaseguradora en un 45%, pero manifiesta que para efecto de la prima decidieron utilizar el valor de la indemnización recibida por el accidente del avión AVRO HS-748 FAC 1102, condición esta que se constituye en una contrapropuesta por parte de Satena y que no aparece en parte alguna aceptada por el proponente primigenio, y de la cual no puede predicarse su obligatoria aceptación. (...) Como no se demostró que en efecto la [a]seguradora hubiera aceptado tal condición, para el pago de la prima que correspondía al contrato, pese a la remisión de la referida comunicación, no se puede predicar una aceptación inequívoca por parte de Satena de una oferta definitiva hecha por Colseguros que generara para este la obligación de darle cabal cumplimiento, sin que pudiera injustificadamente retractarse de ella, so pena de indemnizar los perjuicios que dicho retracto pudiera generar”.

4. Apreciados en su verdadera dimensión esos argumentos y el fundamento que los escolta, en particular el primero, se colige que para el ad quem, según lo infirió de la carta contentiva de la oferta que Colseguros le hizo a Satena el 19 de marzo de 1985, tal propuesta, si bien comprendió el seguro de casco para los aviones en ella relacionados, entre los cuales figuraba el Fokker 28 identificado como FAC 1140, no contempló que la vigencia de ese seguro, el de casco, empezara en esa fecha, puesto que el “amparo provisional” que a partir de tal día otorgó, dada la necesidad de completar los trámites enderezados a la formalización del contrato, únicamente versó sobre el seguro de responsabilidad civil.

Con otras palabras, el tribunal estimó que en la indicada comunicación las aseguradoras aquí accionadas no se comprometieron a que el seguro de casco de las aeronaves de la actora comenzara su vigencia en la ya tantas veces mencionada fecha.

5. Si ello así, como en efecto lo es, de todos los argumentos en los que el sentenciador de segunda instancia soportó su fallo, relacionados en el numeral 3.1 precedente, el advertido anteriormente adquiere especial relevancia, comoquiera que él, por sí solo, desvirtúa el fundamento cardinal de la acción, que no es otro, precisamente, que en la referida comunicación contentiva de la oferta, las demandadas se obligaron a otorgarle a la actora el seguro de casco del avión Fokker 28 FAC 1140, desde la fecha misma de la misiva, es decir, se reitera, desde el 19 de marzo de 1985.

6. Precisado lo anterior, se observa que la valoración que de la aludida carta efectuó el ad quem y, por ende, la inferencia fáctica que de ella extrajo, no fue combatida certera y eficazmente por el impugnante, omisión que la deja en pie, tornando intrascendentes la totalidad de las acusaciones formuladas, como pasa a constatarse.

6.1. En efecto, examinado el libelo con el que la actora sustentó el recurso extraordinario de casación que se estudia, se establece que las únicas menciones relacionadas con los aspectos anteriormente puntualizados, son las siguientes:

6.1.1. Una vez el censor destacó que para el ad quem “son dos los documentos que las partes contraponen como fuentes probatorias de la inexistencia o existencia del vínculo obligacional, por un lado, la comunicación de 5 de marzo de 1985 que apoya la posición de la demandada, (...) por el otro, la comunicación de 19 de marzo de 1985, que es alegada por la demandante como prueba de la cotización en firme, en otras palabras, sustento de la existencia de la oferta”, realizó las siguiente apreciaciones:

“El tribunal indica que ‘esa cotización era en firme’, pero a esa expresión no le da ninguna importancia, pese a que en el mismo proveído ha hecho referencia a la comunicación de marzo 11 de 1985 remitida por Colseguros a Satena en la cual refiere, respecto del seguro de casco de los F-28, en la cual la misma Colseguros expresamente indica que ‘no ha sido posible obtener por ahora [c]otizaciones firmes’. Esa expresión ‘cotización firme’ o ‘en firme’ tiene una especialísima connotación en el lenguaje asegurador, como se expondrá in extenso más adelante.

Con relación a esta carta de aceptación (sic), dice el tribunal que allí Colseguros ‘claramente señala que a partir de esa fecha la empresa podía contar con amparo provisional por responsabilidad civil, dejando en suspenso las restantes coberturas’. Eso No lo dice la carta, ni se infiere de ella. Lo que pasa es que la inmediatez de cobertura de responsabilidad civil tiene la explicación: de no ser así, al día siguiente no podrían volar los aviones. Est[o] se explica in extenso en el desarrollo del cargo”.

6.1.2. Al enumerar las pruebas erradamente apreciadas por el tribunal, el impugnante señaló:

“5. Carta de aceptación de Satena (sic) marzo 19 de 1985. Se tiene en cuenta pero se recorta porque no se hace caso de la expresión ‘en firme’ y se le da un alcance que no tiene, cuando se le hace decir que el reaseguro de casco tomaría un tiempo prudencial.

(...).

25. Carta de Colseguros a Satena de marzo 19 de 1985 Nº 1530 (fls. 62 y 63). Para los efectos del Nº 3 del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se afirmó que proviene de la parte demandada, contra quien se opone. No fue tachada. (...) Se la tiene en cuenta pero se la recorta en su alcance, se le pretermite en cuanto que no se hace caso de la expresión ‘en firme’ y se le supone que dice que la expedición del seguro de casco está supeditada a la colocación del reaseguro. En efecto, confiesa Colseguros al contestar la demanda: [e]s cierto la cotización era en firme. Ya en la secuencia contractual el problema no era el costo de las primas, sino la colocación total del reaseguro, de lo cual dependía la formalización del seguro. No se toma en cuenta esa parte de la contestación de la demanda. Tampoco se toma en cuenta la contestación de La Previsora, cuando expresa que no es cierto el [h]echo pero que ‘[p]or lo demás, es bueno reiterar que una cosa es la cotización en firme de unas tasas y otra muy distinta es la aceptación del riesgo por parte del reasegurador. Este tiene unas tasas [e]stándar, pero se reserva el derecho de asumir o no un determinado riesgo. Todo depende del asegurado. Y en el caso de Satena ya hemos dicho que los reaseguradores internacionales se mostraron reticentes desde un principio a asumir el riesgo’.

No tiene en cuenta el fallo que Satena quería contratar un seguro; el aspecto del reaseguro es cosa del asegurador, aspecto que nada tiene que ver con el asegurado; el asegurador verá si retiene la totalidad o reasegura todo o parte. El argumento de la [r]esolución de la Superbancaria y los balances es aparente y no real, porque según los balances, que obra[n] en el expediente allegados con las respectivas inspecciones, por las cifras demostrativas de esos [e]stados [f]inancieros, no era obligatorio el reaseguro a términos de la [r]esolución alegada.

No se toma en cuenta la confesión de La Previsora al contestar la demanda; cuando dice que: ‘El hecho de que Colseguros le hubiere cotizado unas primas a Satena, no significaba que el contrato de seguro estuviere celebrado. Cualquiera sea el motivo del retraso en la colocación del reaseguro, lo cierto del caso es que mientras este no exista, las compañías aseguradoras colombianas no pueden asumir por sí solas un riesgo de semejante magnitud’. Confiesa que se obligó a extender un seguro, otra cosa es que este se perfeccionara con la entrega de la póliza, lo que podía hacer en cualquier época; en el sub lite la que expidió la entregó en agosto y ya revocada.

No toma en cuenta la respuesta de La Previsora; ‘Ahora, la responsabilidad precontractual puede existir cuando el asegurador, obrando de mala fe, crea en el asegurado la convicción errónea de que el seguro existe. Pero en el caso que nos ocupa no solo no hubo mala fe, sino que en varias oportunidades, y en todos los términos posibles se le advirtió a Satena que sin reaseguro no habría seguro, y que la consecución del primero tomaba un tiempo prudencial’.

No se toma en cuenta lo expresado en la carta Nº 2537 de 14 de mayo de 1985 dirigida por Colseguros a Satena (anexos 21 y 26), que acredita una conducta entre las partes, como era avisar expresamente el hecho de no reaseguro parcial al asegurado y solicitar su aceptación de un porcentaje de co-seguro, hasta que pudieran completar la colocación del reaseguro en un 100%, como ya había sucedido en ocasiones anteriores, y que se corrobora con lo expresado en la citada carta”.

6.1.3. Bajo el subtítulo “Sobre el ‘amparo provisional’” el recurrente explicó que “como la póliza anterior vencía el 19 de marzo de 1985, ello [quería] decir que a partir del 20 de marzo de 1985 los aviones ‘quedaban en tierra’; esa es la razón por la cual se anunciaba el tal ‘amparo provisional’, [para] poderle llevar a la Aerocivil la constancia del seguro de ‘RC’, para que permitiera la operación de los aviones. Así lo refieren los directivos de Satena y así lo acepta Colseguros al contestar el [h]echo 16 de la demanda en su literal F apartes i y ii (fls. 226 a 227, cdno. 1)”, aserto que sustentó además con trascripción parcial del testimonio rendido por el señor Guy Roba.

6.1.4. En cuanto a que “La parte demandada alega que el seguro de casco estaba condicionado a que se consiguiera el reaseguro”, el censor sostuvo que “Eso no es cierto” y, no obstante que aludió a que “[p]ara ello se basa en que, en la carta de oferta de 19 de marzo de 1985 (...) se dice: ‘las cotizaciones son en firme y podemos dar amparo provisional por el 100% de la cobertura de responsabilidad civil a partir de la fecha’” y que “[l]a parte demandada hace una serie de consideraciones sobre el particular para soslayar su responsabilidad, fundándose básicamente en que el seguro de casco ‘dizque’ estaba sujeto a que se consiguiera el 100% del reaseguro”, la verdad y lo probado con su propia confesión “es: que Colseguros le cobró a Satena las primas por todo el tiempo en que no hubo seguro”, desarrolló tal temática con apoyo en la respuesta que la precitada aseguradora dio al hecho 33 de la demanda.

6.2. Como se desprende con total nitidez del compendio que antecede, el recurrente no se ocupó de controvertir, en concreto, la ponderación que el tribunal hizo de la carta de 19 de marzo de 1985 que obra a folios 63 y 64 del cuaderno 1A.

El reproche de que trata el ordinal 6.1.1 anterior, no corresponde a un ataque propio en el ámbito de la casación, pues se circunscribió, por una parte, a negar que la indicada misiva exprese que los seguros allí ofrecidos, distintos al de responsabilidad civil, hubiesen quedado “en suspenso” y, por otra, a sostener que tal inferencia no podía deducirse de su contenido, planteamientos que simplemente recogen la ponderación que el impugnante hace de dicha prueba y que, por lo mismo, ni confutan la valoración que de ella hizo el ad quem, ni desvirtúan la conclusión a la que llegó en torno de ella. Por lo demás, el ataque en cuestión solo explica la razón de ser del “amparo provisional” que respecto del seguro de responsabilidad civil allí se otorgó.

A su turno, la segunda queja relacionada (numeral 6.1.2 anterior), pese a que en ella el censor le reprochó que el juzgador de instancia, en primer lugar, cercenó el alcance del referido medio de convicción en cuanto hace a la expresión “en firme” y, seguidamente, supuso que en la carta se sujetó la expedición del seguro de casco de las aeronaves “a la colocación del reaseguro”, no pasó de allí y, en consecuencia, se quedó en la mera enunciación de los presuntos errores de hecho en que pudo haber incurrido el sentenciador de segunda instancia, sin ocuparse, por lo tanto, de su demostración. Nótese que en lo restante, la acusación se concentró en otros elementos de juicio, como son las contestaciones de la demanda presentadas por cada una de las accionadas. Adicionalmente se observa que los pasajes que de ellas se reprodujeron, dejan en claro que una cosa era que la “cotización” fuera “en firme” y otra, bien distinta, que el seguro de casco, a la fecha de la misiva, ya hubiese sido aceptado por los reaseguradores.

El análisis que el recurrente hizo sobre el “amparo provisional” y la alegación que las demandadas plantearon, consistente en que el seguro del casco estaba condicionado a la concreción del reaseguro, en nada desvirtúa el sentido que atribuyó el tribunal a prueba en comento.

6.3. Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que la premisa analizada sí fue combatida por el recurrente, habría que colegir que en ningún error o, por lo menos, en ninguno manifiesto, incurrió el ad quem al apreciar la carta tantas veces mencionada, pues es lo cierto que ella, en lo pertinente, reza: “Las cotizaciones son en firme y podemos dar amparo provisional por el 100% de la cobertura de [r]esponsabilidad [c]ivil a partir de la fecha” (se destaca).

Se impone destacar, por una parte, que la firmeza que al inicio de ese párrafo se predicó, lo fue en relación con “[l]as cotizaciones”; y, por otra, que el amparo provisional allí ofrecido, que iniciaba en la misma fecha de la carta —19 de marzo de 1985—, versó exclusivamente sobre el seguro de responsabilidad civil.

6.4. Así las cosas, mal puede afirmarse que el tribunal redujo el alcance de la primera de esas expresiones, porque no entendió que los seguros ofrecidos estaban “en firme”, pues como viene de destacarse lo que la carta expresa es que “[l]as cotizaciones son en firme” (se destaca), manifestación que no puede confundirse con aquella otra y de la que, por lo tanto, no puede inferirse el sentido y alcance que le atribuyó el recurrente.

Del mismo modo, se debe descartar que el juzgador de instancia hubiese adicionado la misiva, para inferir de ella algo que no dice, toda vez que como ya se dejó explicado, lo que esa autoridad dedujo se ajusta cabalmente a su contenido objetivo, esto es, que el amparo provisional ofrecido se circunscribió al seguro de responsabilidad civil y que, en consecuencia, no abarcó el seguro de casco.

7. No habiéndose desvirtuado ese argumento de la sentencia impugnada, forzoso es colegir, entonces, por una parte, el fracaso del cargo tercero, como quiera que si las aseguradoras no ofrecieron que el seguro de casco de las aeronaves empezaría a regir el 19 de marzo de 1985, mal puede aceptarse que el entendimiento que en ese sentido hubiese podido formarse la actora, proviniera de las actuaciones de las accionadas; y, por otra, la intrascendencia de los cargos primero y segundo, toda vez que así se admitiera que la señalada oferta fue aceptada por la actora sin condición alguna y/o que el estándar adecuado para juzgar la conducta de las demandadas fuera la ubérrima buena fe, lo cierto es que, por no haber tenido esos alcances su propuesta, ninguna de las accionadas estaba obligada a brindar la cobertura en cuestión para la fecha en la que el FAC 1140 se accidentó, toda vez que según la carta de 29 de marzo de 1985, ese seguro comenzó su vigencia en el primer segundo de la primera hora del día siguiente, cuando la destrucción del aparato ya había acaecido.

8. Colofón del análisis consignado por la Corte, es que ninguno de los cargos examinados está llamado a abrirse paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, aclarada mediante providencia de 12 de enero de 2011, en el proceso ordinario que al inicio de este proveído se dejó plenamente identificado.

Costas a cargo de la parte recurrente. Se señala como agencias en derecho la suma de $ 6.000.000 por haberse replicado la demanda de casación. Tásense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Discutido y aprobado en Sala de 14 de mayo de 2013».