Sentencia 1993-09895 de junio 8 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Radicación número: 25000-23-26-000-1993-09895-01(18901)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Melida Valle de De La Hoz

Actor: Israel Camargo Ochoa y Otros

Demandado: La Nación-Inravisión

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., ocho de junio de dos mil once.

RESUELVE: «IV. Consideraciones

Resuelve la Sub-Sección el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2000, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, mediante la cual se declaró patrimonialmente responsable al establecimiento público Inravisión, por las lesiones ocasionadas a Iván Yesid Camargo Coronado, como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 2 de octubre de 1993, en la carretera Bogotá - Villavicencio, cerca del desvío al Alto del Tigre jurisdicción del municipio de Guayabal, departamento de Cundinamarca, con el vehículo oficial de placas FD-58-51.

La Previsora S.A., entidad llamada en garantía dentro del proceso interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la anterior providencia solicitando que la sentencia del a quo, sea modificada, pues en la misma se condenó al pago de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), “debidamente actualizados”, lo cual a su juicio desconoce el principio de que el contrato es ley para las partes, pues en ningún momento las partes en la respectiva póliza pactaron actualización de la suma a pagar, razón por la cual considera que el fallo de primera instancia extralimita las condiciones de la póliza de seguros.

“El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

El objeto del llamamiento en garantía lo es “que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento”(1).

El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo permite, en los procesos de naturaleza contractual y en los de reparación directa, el llamamiento en garantía, figura que se regula por el Código de Procedimiento Civil (art. 57), al no existir en aquella codificación, norma que regule el tema. A su turno el Código de Procedimiento Civil al ocuparse de la figura remite a las normas que rigen la denuncia del pleito, en relación con la cual el escrito que la contenga debe reunir los siguientes requisitos:

1) Nombre del llamado o el de su representante según sea el caso.

2) Indicación de su domicilio, residencia, habitación u oficina.

3) Los hechos y fundamentos de derecho en que se basa el llamamiento.

4) La dirección donde el llamado podrá recibir las notificaciones.

Adicionalmente existe la carga de aportar prueba sumaria de la existencia del derecho legal o contractual a formular el llamamiento en garantía.

Es decir, es indispensable para la procedencia del llamamiento en garantía, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el llamante allegue prueba siquiera sumaria del derecho legal o contractual en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que dicha vinculación implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al tercero, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial.

En cuanto al llamamiento en garantía de agentes estatales, existe una regulación especial que no resulta contraria a las anteriores disposiciones, sino complementaria.

En efecto, en los procesos de reparación directa, controversias contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada puede llamar en garantía al agente estatal siempre que presente prueba sumaria del actuar doloso o gravemente culposo de aquel. Contrario sensu no procederá el mismo si se propuso en la contestación de la demanda las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, por que llevan ínsita la exoneración, por parte de la entidad, al agente estatal que intervino en el hecho.

Cabe precisar que la exigencia establecida para el llamamiento de funcionario o ex funcionario, de acompañar el escrito de llamamiento con la prueba aunque sea sumaria de su actuar doloso o gravemente culposo, es lo que le permite al juez establecer la existencia de una relación jurídica sustancial de responsabilidad que fundamente la vinculación del tercero al proceso como salvaguardia del principio del debido proceso(2)”.

La parte resolutiva de la sentencia de primera instancia resolvió lo siguiente:

“1. Declarase al establecimiento público Inravisión, responsable de las lesiones ocasionadas a Iván Yesid Camargo Coronado, según los hechos explicados en la presente sentencia.

2. Condenase a Inravisión, a pagar:

a) Por perjuicios materiales. La suma de $ 652.270, resultante de aplicar el salario mínimo legal para la época de los hechos (1993) por noventa (90) días, a favor del lesionado.

b) Por perjuicios morales. El equivalente en pesos de las siguientes cantidades de gramos de oro a favor de las siguientes personas:

— Lesionado directo: 300 gramos oro

— Victimas indirectas: 150 gramos oro, para cada uno tienen tal calidad Israel Camargo Ochoa (padre), Ana Bertilde Coronado (madre), Edwin Edgardo Camargo Coronado (hermano), Silvia Johana Camargo Coronado (hermana).

c) Por perjuicios fisiológicos: el equivalente en pesos de 300 gramos oro, para la víctima directa de las lesiones, es decir el señor Iván Yesid Camargo Coronado.

3. Declárase que la compañía de Seguros “La Previsora S.A.”, está llamada a responder, en razón de la existencia de una relación contractual, por las sumas a cuyo pago fue condenado el establecimiento público Inravisión.

4. Condénase a la llamada en garantía La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a rembolsar al establecimiento público Inravisión, las sumas que éste deba cancelar como consecuencia de la condena que le fue impuesta en esta sentencia, si exceder los límites de las pólizas de acuerdo a la parte motiva de esta providencia” (énfasis añadido).

El llamamiento en garantía a la Previsora S.A., lo fundamenta Inravisión en las póliza de seguro 5602 y el certificado de seguro Nº 7-54984 que cubre el riesgo de responsabilidad civil extracontractual por la cantidad de $ 15.000.000, asimismo en la póliza de seguro Nº 8-09282 de daños corporales causados a personas en accidente de tránsito, las cuales tienen una vigencia a partir del 1º de abril de 1993, hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo tanto es claro que cobija los hechos narrados en la demanda.

La póliza de seguro 5602, entre La Previsora S.A., e Inravisión, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993, ampara un total de 65 carros, siendo el número 28 el vehículo Nissan Campero Samurai de placas FD-5851(3), automotor que participó en el accidente de tránsito por el que fue condenado el instituto estatal, esta póliza ampara la responsabilidad civil extracontractual y gastos médicos y hospitalarios, valor asegurado amparado $ 975.000.000, y por lesiones a una persona la suma de $ 5.000.000.

El a quo condenó a pagar a la llamada en garantía La Previsora S.A. las sumas que ésta deba cancelar como consecuencia de la condena que le fue impuesta en la sentencia al establecimiento público Inravisión, si exceder los límites de las pólizas, o sea hasta la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), debidamente actualizada, aspecto este último donde se centra la inconformidad del recurrente, pues asegura que en los contratos de seguro, específicamente en la póliza Nº 8-09282, no se pactó actualización alguna.

El artículo 1036 del Código de Comercio, al establecer la naturaleza del contrato de seguro señaló que es “un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”, cuyo objeto es asegurar un riesgo, el cual se define legalmente por el artículo 1054 del Código de Comercio como “el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”.

El contrato de seguro se rige por el principio general consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual el contrato es Ley para las partes, y "no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales" y, además, debe ejecutarse de buena fe, por lo tanto el análisis de las obligaciones contractuales derivados de las pólizas de seguro no puede exceder el límite previsto en el respectivo negocio jurídico.

Efectivamente del estudio detenido de la póliza de seguro 5602, observa la Sala que de su contenido se desprende que el amparo se encuentra limitado por la voluntad de las partes y respecto al que interesa en el caso bajo examen, por lesiones a una persona efectivamente tiene un límite de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), pero, no puede desconocerse la pérdida notoria de la capacidad adquisitiva de la moneda como consecuencia de las irregularidades de la economía y de los procesos inflacionarios que se traslada igualmente a las condenas que se imponen en todos los procesos contencioso administrativos, de esta forma, por razón del citado fenómeno inflacionario, hoy en día no es posible ordenar el pago de las sumas que se imponen como condena en las sentencias, por su valor nominal, pues ello implicaría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un empobrecimiento correlativo para el demandante, por lo que es indispensable que se ordene la indexación de esos valores por el obligado a satisfacer dicha condena.

Por consiguiente, en relación con la condena impuesta a la llamada en garantía La Previsora S.A, es procedente su actualización para de esta manera restablecer el poder adquisitivo de la moneda de conformidad con normas de intervención económica. Al respecto se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante Sentencia C-549 de 1993:

“…En estricto sentido actualizar el valor de la deuda tributaria no es equivalente a regular con una nueva disposición una situación jurídica definida con sujeción a la norma de su momento, sino la adaptación del valor a la realidad; de ahí que se actualiza, es decir, se mantiene la misma obligación a través del tiempo, en virtud, precisamente, de la actualización, la cual no altera una situación del pasado, sino que la mantiene en su verdadera identidad, sin que mengüe su valor económico por los efectos de la depreciación.

La Sentencia C-511, citada, pone de presente que adaptarse a la realidad de cada momento no implica, propiamente hablando, retroactividad, y ello es precisamente lo que se presenta con la actualización del valor de la deuda; no implica una alteración substancial de la misma:

"El ordenamiento jurídico correría el riesgo de petrificarse —señaló la Corte en la sentencia citada—, si al regular las relaciones de coexistencia social y adaptarse a las realidades de cada momento, debiera inhibirse de afectar de una u otra manera las relaciones jurídicas preexistentes. La retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura".

Luego la retroactividad, en el rigor de los términos jurídicos, no se presenta en el caso que ocupa la atención de la Corte.

Conviene, además, analizar si la norma acusada contempla una doble sanción. Es decir, podría pensarse que por un lado se sanciona con los intereses de mora, y por otro con la actualización, lo cual sería una violación del principio non bis idem. No hay doble sanción, ya que la actualización del valor de la deuda no es una sanción, sino una adecuación de la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad, lo que indica que sólo se sanciona con la mora. (…)” (énfasis añadido).

Bajo los anteriores fundamentos la sentencia del a quo debe ser confirmada, pues la limitante establecida por el contrato de seguro, se refiere exclusivamente al monto de la condena el cual en este caso no podía exceder de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), tal como lo indicó el tribunal de primera instancia, pero dicha suma debe ser actualizada al momento del pago, dado que desde el mes de octubre de 1993 (fecha de los hechos), hasta la fecha de esta providencia han pasado 18 años, por lo que la condena impuesta perdió poder adquisitivo, por lo tanto la actualización es indispensable conforme lo indica el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia proferida el 16 de marzo de 2000, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, de acuerdo a lo expuesto en esta providencia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(1) MORALES Molina Hernando, Curso de derecho procesal civil. Editorial ABC, undécima edición, pág. 258. Bogotá. 1991.

(2) Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diez (2010) Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00569-01(37449).

(3) Fl. 8, cdno. 2