Sentencia 1993-4022 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 50001233100019934022 01 (20728)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Fabián Alberto Gómez Muñoz y otros

Demandado: Municipio de Villavicencio y otros

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa.

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

Extractos: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Meta, el día 28 de marzo de 2000, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, previo a decidir el fondo del sub examine, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

Según se indicó anteriormente, en escrito presentado el 17 de mayo de 1993, el Ministerio Público solicitó que se citara al proceso, en calidad de llamados en garantía, a los señores Luis Dagoberto Hernández Leal y José Fabio Guzmán Hernández, quienes para la época de los acontecimientos se desempeñaban como secretario de tránsito y transporte y secretario de obras públicas del municipio de Villavicencio, respectivamente, no obstante, luego el citado Ministerio Público desistió de tal petición, desistimiento que fue admitido por el Tribunal a quo mediante proveído de 19 de julio de 1993.

Así las cosas y en virtud de la admisión del desistimiento mencionado, el tribunal de primera instancia al momento de proferir la sentencia impugnada no efectuó pronunciamiento alguno respecto del citado llamamiento y, por tanto, tal aspecto de la litis no fue objeto de apelación, motivo por el cual la Sala no analizará si la decisión de admitir el desistimiento del llamamiento solicitado por el Ministerio Público estuvo o no ajustada a derecho.

Al respecto conviene precisar que si bien dicha circunstancia, consistente en que el a quo no hizo referencia alguna en la sentencia apelada a la aceptación del desistimiento del llamamiento efectuado por el ministerio público, habría podido considerarse —en su momento— como una irregularidad en el trámite respectivo, lo cierto es que por no haber sido impugnada oportunamente por alguno de los sujetos que actúan dentro del proceso, amén de que nunca se esgrimió como fundamento para recurrir la mencionada decisión, ni tampoco se presentó solicitud alguna encaminada a obtener la adición de la sentencia de primera instancia (CPC, art. 311)(1), debe concluirse que tal eventual irregularidad quedó saneada, por manera que no hay en la actualidad vicio alguno que pudiere empañar la validez, total o parcial, de lo actuado.

2.1. Régimen de responsabilidad aplicable.

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en que, en ésta, se estructuraron las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la administración.

En el sub judice, los demandantes estimaron que el accidente de tránsito en el cual el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz sufrió graves lesiones al caer en un hueco cuando se desplazaba en una motocicleta junto con su acompañante, se produjo porque el municipio habría desatendido sus deberes de señalización de los trabajos públicos que se estaban ejecutando en la mencionada avenida Villavicencio - Puerto López.

A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, los demandantes estructuraron su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio, régimen que supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la Administración.

2.2. Caso concreto.

Con el fin de establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica de la historia clínica 33.91.93 del señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, en la cual se indica lo siguiente:

“Remisión del ISS paciente que fue atropellado (sic) por documentos del ISS examen físico; TTA. 140/100. Paciente (sic) conciente, orientado en todas las esferas, refiere ingestión de licor/ cabeza, edema equimosis en región temporal derecha. (sic) PINR. Cara, escoriaciones en frente, pómulos y dorso nariz. S. NC. Glasgow 10/15. Motor, normal. Se coloca ringer lactato, se remite a hospital.

Agosto. 16/92, paciente que sufrió trauma cráneo encefálico en accidente de tránsito (se cayó de moto). Evento ocurrido hace aprox. 1/2 hora.

Antecedentes, médicos (-). Quirúrgicos. Al examen físico; paciente (sic) conciente, quejumbroso, tendencia a la somnolencia orientado en persona, desorientado en tiempo, lugar F.C. 89X, TA. 120/90 Cuello normal presenta tumefacción en región frontal izquierda, epistaxis fosa nasal, represión hacia órbita derecha, pupilas más o menos 7-8 MMS, reactivas a la luz, buena ventilación pulmonar, abdomen, neurológico; movilización espontánea de las 4 extremidades. Babinsky” (fl. 20 b, cdno. 1):

— Copia auténtica del resumen de historia clínica 33.91.93 del señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, expedida por el Hospital Regional de Villavicencio, en el cual precisó:

“Extremidades, N.

Impresión diagnóstico. 1º= T C E. 2º= fractura frontal. 3º = conmoción cerebral.

Agosto. 16/92. 1º= NADA VÍA ORAL. 2º= SSN-1000 CC PARA 12 HORAS. 3º= lisalgil 1 ampi v ahora, 4º= hoja neurológica. 5º= CSV. Pasar sonda nasogástricas.

Se aplicó DAD 10% - 500 CC en 2 horas. 3:10 am.

Paciente presenta vómito en varias oportunidades - somnoliento pupilas ligera anisocorria derecha con respuesta lenta a la luz, sin embargo no presenta signos de lateralización, Babinsky (-). Obedece órdenes sencillas - ligera desorientación.

Impresión diagnóstico. 1º= contusión III par izq.

Agosto. 17/92. Mejoría en cuadro clínico general TA. 120/80. FC. 80, FR. 20 T. 36º Alerta Glasgow 15/15, PINR, movimiento activo de 4 extremidades, diuresis + deposición + = deambulación mas colaborador, orientado en las 3 esferas. Plan; continuar con hoja neurológica cada /2h. Ringer 1500 CC/2 H. lisalgil 4 AMP. I V C/12 H. curva térmica C/. CSV.

Agosto 18/92. IDX. 1º= politraumatismo. 2º= Pérdida de la visión por ojo derecho 2º A (1). 3º= TCE leve. S=Mejoría, Leve dolor en zona de trauma. O´= AEG, alerta orientado sin DRA febril TA. 140/90. FR. 20 X1. FC. 76 X1. T. 36 CC. Edema de hemicara derecha con equimosis pariparpebral y laceraciones leves en ese sitio, pupila derecha no reactiva, no ve la luz, ojo izquierdo normal, fotomotor indirecto (+), directo (-), fondo de ojo normal izq., el derecho no se observan hemorragias, pero no se observa papila definida C.P. normal. Abdomen normal. extr. normal neurológico, se observa facial periférico derecho pero no se si es por la inflamación, A. Paciente con politraumatismo con secuela de pérdida de la visión por ojo derecho, el paciente refiere que veía bien por ambos ojos neurológicamente ha evolucionado hacia la mejoría y ha permanecido estable por lo cual se le da salida y control por consulta externa.

(...)” (fl. 9 cdno. 1).

— Certificado de una valoración oftalmológica, expedido por el Instituto Barraquer, en el cual se indicó:

“El señor Fabián Gómez Muñoz, paciente de 26 años, consultó a esa Institución por primera vez el día 28 de enero de 1993, porque hacía tres meses luego de sufrir trauma craneano en accidente automovilístico notó disminución de la visión en el ojo derecho, hasta pérdida de la percepción (sic) luminosa. No se encontraron antecedentes personales ni familiares de significación, y hasta ese momento su salud general era satisfactoria.

Al examen se encontró:

Agudeza visual:

OD: NPL

OI: 1,00

Estudio refractivo:

OD: Neutro

OI: Neutro

Biomicroscopía:

En ambos ojos no se encontraron hallazgos de significación en las estructuras oculares del segmento anterior.

Tensión Intraocular:

OD: 14 mmHg

OI: 16 mmHg

Examen de fondo ocular:

OD: el disco óptico presentaba marcada palidez, los vasos retinianos tenían aspecto normal y se observaban finos pliegues a nivel del neuroepitelio alrededor de la región macular. No se encontraron lesiones en la periferia del fondo ocular.

OI: el disco óptico y los vasos retinianos tenían aspecto sano. No se encontraron lesiones en el polo posterior ni en periferia.

Con estos hallazgos se hizo una impresión diagnóstica de atrofia óptica secundaria a probable avulsión traumática del nervio óptico, y se solicitó un examen de potenciales visuales evocados, cuyo resultado reportó ausencia total de respuesta en el ojo derecho. Estos resultados confirman la impresión diagnóstica la cual fue explicada al paciente” (fl. 12 cdno. 1).

— Constancia expedida por el Centro Oftalmológico Dr. Mejía, en el cual se señaló:

“El sr. Fabián Alberto Gómez M. identificado con la cédula de ciudadanía 70.415.644 de Bolívar (Antioquia), se le diagnosticó atrofia óptica en ojo derecho, secundaria a trauma craneal, por lo tanto su agudeza visual en ojo derecho es de 0%. Presentando ceguera total en dicho ojo” (fl. 172 cdno. 1).

— Dictamen médico legal expedido por el Instituto de Medicina Legal, el día 3 de septiembre de 1993, en el cual se indicó:

“En la fecha se practicó el primer reconocimiento médico forense a: Fabián Alberto Gómez Muñoz. Edad: 26 años. Identificado con CC 70415644 de Bolívar (Ant.), para dictaminar perturbación física sufrida en sus ojos por accidente.

Revisada la historia clínica del Instituto Barraquer e historia del Hospital Regional de Villavicencio y paciente se constata: pérdida de la visión por el ojo derecho por politraumatismo craneoencefálico en accidente de tránsito el 16 de agosto/92.

Actualmente al examen físico sólo presenta pérdida de la visión por el ojo derecho.

Conclusiones:

a) Incapacidad laboral del 40% por pérdida total de la visión del ojo derecho.

b) Deformidad física permanente que compromete el rostro.

c) La vida probable y teniendo en cuenta las tablas remitidas sería de 47,31” (fl. 110, cdno. 1).

— Copia auténtica de la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el día 8 de noviembre de 1993, en la cual se indica:

“Me refiero al caso médico laboral del señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, para comunicarles que previo al estudio de los antecedentes obrantes en autos, lo he examinado, encontrando que presenta ceguera total en el ojo derecho. Esta condición le ocasiona una pérdida de su capacidad laboral del sesenta por ciento (60%)” (fl. 161, cdno. 1).

— Declaración del señor Aníbal Durán Montoya, quien respecto de las circunstancias en las cuales ocurrió el accidente de tránsito, en el cual resultó lesionado el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, informó:

“El día de los hechos no lo sé precisar siendo aproximadamente las 9 o diez de la noche yo me encontraba en un estadero o cafetería diagonal al Colegio Mary Rob o San Bartolomé, tomándome una gaseosa esperando un amigo, vi que una moto se aproximaba despacio, se fueron a un hueco y cayeron en la moto iban dos personas, el lesionado Fabián, hasta ese día lo distinguí ahí en los hechos y el parrillero, sé que se llamaba Fabián por las preguntas que me está haciendo el Doctor. Yo me acerqué al lugar a mirar los hechos coincidencialmente cruzaba un taxista y para prestar (sic) auxiolos a ver que se podía hacer, lo levantaron, se lo llevaron a un centro asistencial para prestarle auxilios, no más. Preguntado: sírvase darnos las características de la moto en donde viajaba el accidentado. Contestó: era una moto Yamaha blanca una ciento veinticinco. Preguntado: sírvase decirnos si el hueco o protuberancia en donde cayó la moto junto con sus ocupantes se hallaba o no dentro de una calzada o calle abierta a la vía pública. Contestó: se estaba haciendo el ensanche, ese lado de la vía se encontraba en obra negra, no estaba al servicio de vehículos pero tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo no existía señalización alguna que dijera o que indicara que no se podía usar ese lado de la vía. Preguntado: sírvase decirnos si durante el tiempo que usted estuvo esperando a su amigo por ese costado de la avenida había flujo permanente de vehículos automotores. Contestó: esporádicamente cruzaban vehículos y motos. Preguntado: cómo se llama o hacia donde se dirige la vía en donde sucedió el accidente. Contestó: la avenida Villavicencio Puerto López. Preguntado: sírvase decirnos si esa vía es o no de dos calzadas. Contestó: en ese momento no se sabía si era de una o de dos calzadas por cuanto no existía señalización alguna que impidiese el flujo automotor por el lado que ocurrieron los hechos. Preguntado: la calzada en donde ocurrieron los hechos estaba o no en construcción. Contestó: estaba en construcción. Preguntado: la avenida en donde sucedieron los hechos que usted nos ha narrado tenía separador. Contestó: Si tenía separador el cual al igual que el lado de la calzada también se hallaba en obra negra” (fls. 127-129, cdno. 1) (negritas fuera de texto).

— Declaración del señor Mauricio Herrera Serna, quien a la pregunta respecto de las circunstancias en las cuales había ocurrido referido accidente, manifestó:

“Nosotros salimos de la casa como a las ocho de la noche, Fabián, un muacho (sic), Elkin, otro llamado Héctor y Mauricio Herrera o sea mi persona; fuimos al centro y en una fuente de soda llamada Calima nos tomamos de a una cerveza cada uno; de ahí salió Fabián adelante en la moto; en el hecho, cuando nosotros llegamos al lugar donde ocurrió el accidente, ya él estaba accidentado; entonces cuando nosotros llegamos ya el hombre estaba casi agonizando, estaba bomitando (sic) sangre por la boca y por la nariz; eso fue al frente de un taller, entonces en ese momento paró un taxi de color amarillo, lo montamos inmediatamente y lo llevamos a la regional de Villavicencio. El accidente se produjo por una falta de señalización en la vía y en ese momento no había luz; la señalización se necesitaba para indicar un pare para que indicara que había que coger la otra vía, porque eran dos vías, la donde íbamos nosotros terminaba en ese punto y no había señalización que nos indicara que no nos podía meter para esa parte de la vía que apenas como que la estaban construyendo, y como nosotros éramos nuevos allá, no sabíamos que eso estaba malo. Fabián estuvo hospitalizado como tres o cuatro días. El hombre no quedó viendo nada por el ojo, él fue a Bogotá a exámenes y le dijeron que ese ojo no tenía vida. Cuando el accidente el que iba con él de parrillero era un muchacho Elkin, no recuerdo el apellido. Preguntado: diga si en el lugar del accidente había algún tipo de señalización? Contestó: no señor, no había nada de señalización en absoluto, ni un estacón de esos amarillos que ponen ni siquiera. Estaban haciendo unos trabajos, estaban como en remodelación como para hacer la acera, habían unos huecos y unas rocas muy grandes” (fls. 149-150, cdno. 1) (negritas fuera de texto).

— Declaración del señor Héctor Augusto Restrepo Quiceno, quien al interrogante respecto de las circunstancias en las cuales había ocurrido el accidente de tránsito, contestó:

“Ese día estábamos Fabián Alberto Gómez, Elkin de Jesús Henao, Mauricio Herrera y mi persona por ahí a las nueve. Estábamos dando una vuelta conociendo la ciudad. Preguntado: Sírvase decirnos qué sabe usted respecto de un accidente que sufriera el señor Gómez Muñoz el día 16 de agosto de 1992. Contestó: pues que ocurrió en la avenida a Puerto López al frente del Colegio San Bartolomé, nosotros íbamos él y yo en distintas motos y a eso más o menos de iban a ser las once de la noche cuando yo vi que la moto de Fabián cayó en un hueco que había en la calzada de la carretera, ya procedimos a levantarlo paramos un taxi amarillo en esos momentos un señor llegó y tomó los datos, yo guardé la moto y lo llevamos al Instituto de los Seguros Sociales, luego ya allí lo atendieron, lo remitieron al Hospital Regional, le hicieron su tratamiento y listo seguimos el curso de la vida. Preguntado: qué personas iban en las motos que usted nos habla. Contestó: Fabián Alberto Gómez y Elkin de Jesús Henao y en la otra íbamos yo conduciendo y Mauricio Herrera. Preguntado: sírvase darnos las características de la moto en que viaja el señor Gómez Muñoz. Contestó: una DT Yamaha 125 color blanca modelo 90 en perfecto estado. Preguntado: sírvase decirnos si en el lugar o por la calzada en donde ocurrió el accidente esa noche estaban transitando vehículos automotores. Contestó: en el momento en que estábamos socorriendo a Fabián yo vi pasar dos quizá tres carros. Preguntado: sírvase decirnos cuál era el estado sicofísico que tenía el señor Gómez Muñoz esa noche del accidente. Contestó: estaba en perfecto estado sicofísico, alegre, contento y optimista como siempre, como desde el primer día en que llegamos. Habíamos llegado a Villavicencio a finales de julio de 1993. Preguntado: sírvase indicarnos qué características tenía la vía en donde ocurrió el accidente. Contestó: bajamos por la calzada derecha normalmente y más o menos una cuadra o dos cuadras más abajo del Siboney la calzada cambió de características porque ya era un terreno más (sic) quebrajaso, era en balastro. Era una avenida de doble carril. Preguntado: sírvase decirnos si el señor Gómez Muñoz usaba anteojos. Contestó: no. Preguntado: sírvase decirnos si ustedes llevaban casco protector para transitar en moto. Contestó: el señor Gómez llevaba unas gafas blancas norton, yo no llevaba nada. Preguntado: sírvase decirnos si ustedes se percataron de la existencia de alguna señalización que indicara la restricción para el tránsito de cualquier clase de vehículos por la vía en donde aconteció el accidente. Contestó: no había ninguna clase de señal. Preguntado: sírvase decirnos cuál es el estado actual del señor Gómez Muñoz. Contestó: yo no sabría decirlo, físicamente Fabián ha perdido bastante porque ya está muy acomplejado, no puede trabajar lo mismo que antes y ha ido decayendo porque ya tuvimos que dejar de trabajar con él porque ya no se preocupa lo mismo que antes por el taller, se mantiene es en la casa, él dice de que él no puede trabajar porque es perjudicial para el ojo que tiene bueno, por el otro ojo no ve. Preguntado: sírvase decirnos si en la vía en donde ocurrió el accidente se estuviesen efectuando trabajos de alguna naturaleza. En caso afirmativo de qué clase. Contestó: al otro día que fuimos a recoger unas llaves sí vimos que en esa calzada había una remoción de escombros pero no sabría precisar qué clase de trabajo estaban adelantando. Seguidamente se concede el uso de la palabra a quien ha pedido la prueba, quien manifiesta que no desea interrogar al testigo, razón por la cual se le concede el uso de la palabra al apoderado de la entidad demandada. Preguntado: dígale al despacho si usted tiene conocimiento si previo al momento del accidente el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz había consumido bebidas alcohólicas. Contestó: a eso de las 8.30 o 9.00 nos tomamos unas cervezas en una fuente de soda llamada Calima. Preguntado: diga al despacho cómo era el estado del tiempo en la noche del accidente. Contestó: era una noche fresca sin lluvia. Preguntado: diga al despacho si usted tiene conocimiento si el señor Elkin Henao en su condición de parrillero sufrió lesión alguna al momento de caer la moto. Contestó: simplemente algunos rasguños. No interrogo más” (fls. 155-156, cdno. 1) (negritas fuera de texto).

— Declaración del señor Luis Arcadio Franco Londoño, quien a la pregunta respecto de las labores que desempeñaba el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, contestó:

“Fabián mientras estuvo aquí en Bolívar los últimos años, se desempeñó como cerrajero y todo lo relacionado con muebles en tubular. También hacía secadoras de café. El tenía su negocio propio en este municipio, en la calle quinta o cuarenta y ocho en la nomenclatura actual. El trabajaba personalmente en su taller y tenía sus propios trabajadores, que eran dos o tres trabajadores. Fabián terminó con el taller aquí en Bolívar y lo trasladó, hasta donde yo me di cuenta, para el municipio de Villavicencio. Preguntado: en la época citada antes, de agosto de 1991 a agosto de 1992, qué utilidad neta le reportaba a Fabián Gómez el mencionado taller. Dirá, si sabe, a qué se dedicaba en ese mismo tiempo la esposa de Fabián, Dora Zapata? Contestó: ese era un taller de buen movimiento, de manera que las utilidades netas de Fabián allí, bien podían ser de unos trescientos mil pesos como mínimo. Más bien podían superar esta cifra. Yo frecuentaba bastante el taller y me podía dar cuenta de su movimiento. En su ramo era un taller de mucho prestigio en este municipio. En cuanto a la señora de Fabián, Dora Zapata, ella se mantenía en el taller y le colaboraba en el cobro de las cuentas. Preguntado: qué personas dependían económicamente de Fabián y si esa ayuda económica se ha disminuido y en razón de qué? Contestó: las personas que tenían directamente a cargo eran la señora y la niña de ellos; y también le ayudaba económicamente a la mamá y a dos hermanas que tienen familia también y eran dejadas de sus maridos. Yo me di cuenta que Fabián tuvo un accidente que le causó una lesión grave. Creo que eso le ha impedido un rendimiento en el trabajo, o que ese rendimiento ha mermado y sé que ya ahora no le ha podido ayudar a la mamá, ni a las hermanas, como lo hacía antes. Es que inclusive tengo entendido que esa ayuda desapareció del todo. El mientras estuvo en Bolívar siempre fue muy cumplido con su obligación en la casa y con las ayudas económicas que le hacía a la mamá y a las hermanas.

(…)” (fl. 148 cdno. 1).

— Corrobora lo anterior, el testimonio del señor Ramiro Arturo Gómez Muñoz, quien manifestó:

“Fabián tenía como profesión la de cerrajero y la ejercía él directamente junto con otros trabajadores en un taller que tenía acá en la calle quinta al frente de la Escuela Inmaculada. Éramos en el taller cuatro o cinco trabajadores incluyendo a Fabián. El número de trabajadores dependía de la época de cosecha de café porque en esta época había más trabajo. En el taller también se trabajaba en la construcción de muebles de tubería, se hacían secadoras de café, repeladoras, zarandas. El taller se trasladó a Villavicencio. Para allá se fueron Fabián y tres de los trabajadores que tenía acá. Primero se fue Fabián con los trabajadores a montar o establecer el taller y luego se llevó a la señora. Preguntado: Cuál pudo ser el ingreso neto de Fabián en ese taller, mensualmente? Contestó: a Fabián le podían quedar como utilidades en el taller, libre, en promedio, de doscientos cincuenta a trescientos mil pesos mensuales. De esto me pude enterar perfectamente en el tiempo que estuve laborando con él. Ya en el tiempo posterior a la fecha en que yo me fui para el Tablazo en septiembre de 1991, no le sé decir cuáles eran las utilidades porque yo me fui y no volví a hablar con él”.

— Oficio del 31 de agosto de 1993, suscrito por el secretario de obras públicas del municipio de Villavicencio, mediante el cual señaló las características de las obras que se estaban ejecutando en lugar de los acontecimientos; tal documento, además, indicó lo siguiente:

“Comedidamente me dirijo a su despacho con el fin de dar respuesta a su oficio 1373 así:

En el Acuerdo 044 de 1992 por medio del cual se aprobó el plan general de inversión para el año de 1993, se incluyó el proyecto “construcción, pavimentación y remodelación vía a Pto. López con la siguiente descripción:

Ampliación a dos calzadas de 8 mts. con separador central de , cunetas laterales, ampliación del colector de aguas lluvias y construcción de obras de arte, con una longitud de 1600 mts., el tramo comprendido entre la avenida Circunvalar y el anillo vial, la vía que existía con una sola calzada de 7 mts.

En noviembre del año anterior se iniciaron los trabajos de movimientos de tierras por administración directa.

En el tiempo que ha transcurrido de este año se han llevado a cabo las obras descritas anteriormente hasta el 15 de agosto aproximadamente.

El proyecto en su totalidad no se ha llevado a cabo por cuanto falta la construcción de obras complementarias como iluminación, adecuación de zonas peatonales y zonas verdes” (fl. 113 cdno. 1).

— Oficio DT-DLR-1124-93 del 2 de septiembre de 1993, suscrito por el Jefe de Departamento de Redes y Líneas de la Electrificadora del Meta, en el cual indicó:

“En atención a su oficio 1362, de fecha agosto 26 de 1992, me permito comunicarle que el servicio de energía del predio ubicado en la carrera 33 Nº 23-17, en esa fecha era tomado del circuito IDEMA II, en media tensión y el día 26 de agosto del año 1992, hubo tres apagones por daños en el circuito a 34,5 KV en horas de la noche relacionados así:

— El primero se presentó a las 19:03 y duró hasta las 19:08.

— El segundo se presentó a las 20:23 y duró hasta las 20:30.

— Y el tercero se presentó a las 22:47 y duró hasta las 22:52” (fl. 133 cdno. 1).

— Oficio del 8 de septiembre de 1993 expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Villavicencio, a través del cual manifestó que la Secretaría de Obras Públicas del aludido ente territorial fue la entidad que contrató los trabajos de reparación y mantenimiento de las vías públicas urbanas, razón por la cual, a la citada Secretaría le correspondía exigirle al contratista la señalización de los trabajos públicos efectuados en la avenida Puerto López - Villavicencio (fl. 136 cdno. 1).

— Oficio Nº 124 de fecha 2 de septiembre de 1993 suscrito por la inspección municipal de transportes y tránsito de Ciudad Bolívar (Antioquia), en la cual se indicó:

“En respuesta a su Oficio 1360 fechado el día 26 de agosto del año 1993 me permito informarle que la licencia de tránsito 0520426 le fue expedida al señor: Fabián Alberto Gómez Muñoz identificado con la cédula de ciudadanía 70.415.644 de Ciudad Bolívar Ant., el día 6 de agosto del año 1992 por motivo del trámite de inscripción de una reserva de dominio. Mencionada motocicleta aparece registrada a nombre del señor antes mencionado y se trata de una Motocicleta, tipo: Croos, marca: Yamaha DT-125, modelo 90, color Blanco, motor y chasis No. 3TL 002344, manifiesto de aduana 04644 de fecha: 21-06-90 ciudad: Medellín, capacidad: 2 puestos, servicio: particular, se halla registrada una reserva de dominio a favor del señor: Rogelio Ortiz Rincón, y debe impuestos de circulación y tránsito del año 92 y de este año. Además informo a ese despacho que la motocicleta en la actualidad se halla registrada en esta oficina y no se ha solicitado traslado de cuenta para otra seccional” (fl. 123, cdno. 1).

— Copia auténtica de la tarjeta de propiedad de la motocicleta involucrada en los hechos por los cuales se demandó, en la cual figura como propietario el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz (fl. 126, cdno. 1).

— Copia auténtica de los recibos de pago de las consultas oftalmológicas a las cuales asistió el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente ocurrido el 16 de agosto de 1992, en la avenida hacia Puerto López desde Villavicencio (fls. 15-20, cdno. 1).

— Originales de los comprobantes de egresos por concepto de la cancelación de los honorarios fijados por el tribunal a quo a favor de los peritos avaluadores, por un valor total de $ 80.000 (fls. 133-134 cdno. 1).

— Registros civiles de nacimiento de Fabián Alberto Gómez Muñoz, de Dora María Zapata Castaño y de Yeni Carolina Gómez Zapata (fls. 6, 8 y 138 cdno. 1).

— Registro civil de matrimonio de los señores Fabián Alberto Gómez Muñoz y Dora María Zapata Castaño (fl. 5 cdno. 1).

2.3. Caso concreto.

De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso causado a los demandantes, esto es las lesiones sufridas por el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz el día 16 de agosto de 1992, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio, cuando cayó en un hueco ubicado en la vía pública el cual fue producto de las obras de ampliación que se realizaban en la avenida Villavicencio - Puerto López, en el departamento del Meta, mientras se desplazaba en una motocicleta.

Así las cosas, establecida la existencia del hecho dañoso, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si la sentencia apelada debe ser revocada, de conformidad con el material probatorio que se pasa a examinar:

Resulta menester destacar, en primer lugar, que el mantenimiento y conservación de la vía en la que ocurrieron los hechos, correspondía al municipio de Villavicencio, de acuerdo con la certificación de fecha agosto 31 de 1993 suscrita por el secretario de obras públicas del municipio de Villavicencio, en la cual se hizo constar también que la obra consistía en la ampliación a dos calzadas, con separador central, del tramo comprendido entre la avenida circunvalar y el anillo vial del pluricitado municipio.

Si bien es cierto que en el citado oficio se señaló que las obras de reparación de la vía se iniciaron en noviembre del 1992, esto es, con posterioridad a la fecha en que ocurrió el accidente, lo cierto es que, al confrontar el contenido de la situación de que da cuenta el mismo con los otros medios de prueba allegados al proceso, encuentra la Sala que las obras se iniciaron a cargo de la entidad demandada con anterioridad a la fecha señalada por el secretario de obras públicas del municipio de Villavicencio.

Por otro lado, respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaeció el accidente, del análisis de los testimonios transcritos líneas atrás, la Sala concluye i) que el día 16 de agosto de 1992, en la avenida Villavicencio - Puerto López, aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, mientras se desplazaba en una motocicleta junto con su acompañante, el señor Elkin Henao, cayeron en un hueco que estaba en una de las calzadas de la citada vía, producto de las obras de ampliación que el municipio de Villavicencio estaba efectuando en la aludida avenida; ii) las obras de ampliación no contaban con señalización alguna que permitieran advertir la existencia de tales trabajos a quienes transitaren por esta vía; iii) el lugar de los acontecimientos carecía de iluminación.

En efecto, el testimonio rendido por el señor Aníbal Durán Montoya, testigo presencial de los hechos por los cuales se demandó, da cuenta de la existencia de trabajos públicos en la avenida Villavicencio - Puerto López - Villavicencio, los cuales no se encontraban debidamente señalizados, al manifestar que en el carril derecho de la mencionada vía, que se encontraba en obra negra, no existía tipo alguno de señalización que indicase que no se podía hacer uso del citado carril.

Corrobora lo anterior y a su vez da cuenta de la falta de iluminación en el lugar de los acontecimientos objeto de debate, el testimonio del señor Mauricio Herrera Serna quien dentro de su declaración señaló que el accidente se produjo por una falta de señalización en la vía y, además, debido a la poca iluminación en el lugar de ocurrencia de los hechos.

Finalmente, el señor Héctor Augusto Restrepo Quiceno, reiteró que en el lugar de ejecución de las obras de ampliación de la avenida Villavicencio - Puerto López no existía clase alguna de señales preventivas.

Así pues, los testimonios anteriores resultan coherentes entre sí al afirmar que la vía pública no estaba con señal de precaución o seguridad alguna que permitiera advertir la presencia de obras públicas y/o de peligro o precaución respecto de la misma, por lo cual, tales testimonios constituyen un elemento probatorio claro y suficiente respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el accidente, pues los mismos, aún cuando algunos de ellos emanan de personas conocidas del señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, están dotados de seriedad, precisión y coincidencia, por cuanto estuvieron presentes en el momento de la ocurrencia de los hechos, razón por la cual, resulta obvio concluir que éstas declaraciones son las más indicadas para tener pleno conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, realmente, ocurrió el hecho dañoso por el cual se demandó dentro del presente proceso.

En relación con el supuesto estado de embriaguez del señor Fabián Alberto Gómez Muñoz al momento de la ocurrencia del pluricitado accidente, si bien en la historia clínica se señaló que el demandante “refiere ingestión de licor”, lo cierto es que dentro del expediente no obra examen de alcoholemia alguno que le haya sido practicado al lesionado, motivo por el cual, a partir del acervo probatorio obrante en el proceso, no se logró demostrar el alegado estado de alicoramiento del señor Gómez Muñoz.

En cuanto a la afirmación realizada por el señor Héctor Augusto Restrepo Quiceno, respecto de que el lesionado sólo llevaba unas “gafas norton” al momento del accidente, circunstancia que si bien puede indicar que el señor Gómez Muñoz no portaba casco protector, lo cierto es que en la época de ocurrencia de los hechos —año 1992— no existía norma alguna que exigiera tal obligación, razón por la cual no es posible inferir que el actor hubiere infringido las normas de tránsito vigentes para la ocurrencia de los hechos, y por ende, que hubiese lugar a predicarse la denominada concurrencia de culpas.

De otra parte, resulta menester hacer referencia al oficio allegado por la Electrificadora del Meta, en el cual, tal entidad señaló que el día 26 de agosto de 1992, fecha posterior a la ocurrencia del hecho dañoso por el cual se pretende la indemnización, se presentaron tres apagones, no obstante lo anterior, en relación con el día 16 de los mismos mes y año nada se señaló acerca de si había iluminación o no en la citada fecha, por lo cual se infiere que el servicio se encontraba operando en condiciones normales.

Así las cosas, acreditado lo anterior, resta por establecer si la omisión en la falta de señalización en el lugar de ocurrencia del hecho dañoso, le resulta imputable al municipio de Villavicencio. Para tal efecto, hay lugar a señalar que de conformidad con la Ley 105 de 1.993, “por la cual se dictan disposiciones, básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, las vías urbanas, como es el caso de la avenida Puerto López - Villavicencio, hace parte de la infraestructura municipal de transporte; por lo tanto, la construcción y mantenimiento de la misma corresponde a la entidad territorial demandada.

En efecto, los artículos 17 y 19 de la Ley 105 de 1.993 disponen:

“ART. 17.—Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos les sean transferidos.

“ART. 19.—Constitución y conservación. Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley”.

Por su parte, el Decreto-Ley 1333 de 1.986, Código de Régimen Municipal, señala:

“ART. 12.—La atención de las funciones, la prestación de los servicios y la ejecución de las obras a cargo de los municipios se hará directamente por éstos, a través de sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades descentralizadas, o por otras personas en razón de los contratos y asociaciones que para el efecto se celebren o constituyan”.

Según las disposiciones transcritas, le correspondía al demandado municipio de Villavicencio cumplir con el mantenimiento y asegurar el buen funcionamiento de la vía pública donde ocurrió el accidente por el cual se demanda, tanto por el hecho de haber sido el ente municipal ejecutor de la obra pública, como porque ésta es una responsabilidad propia de esa clase de entidades territoriales.

Ahora bien, la construcción de obras en las vías públicas implica un sinnúmero de riesgos, tanto para las personas que intervienen en ella como para terceros usuarios, riesgos que deben ser contrarrestados o, en lo posible, aminorados, mediante el uso adecuado de señales preventivas que los adviertan. En el presente caso, está acreditado que tales medidas no fueron adoptadas por quienes tenían la obligación de hacerlo, medidas que, de haber existido, hubiesen evitado el accidente y las consecuentes lesiones sufridas por el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz.

En efecto, las señales preventivas tienen por objeto advertir sobre la existencia de calles y carreteras en construcción o sometidas a proceso de conservación, para prevenir riesgos tanto a usuarios como a personas que trabajan en la vía. Por lo anterior, mediante Resolución 8408 del 2 de octubre de 1985, se reguló “la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse” y mediante Resolución 5246, del 2 de julio de 1985, se acogió el Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adicionado y modificado mediante Resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989 y 8171 del 9 de septiembre de 1987, todas estas expedidas por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución 8408 de 1985, siete (7) es el número mínimo de señales de aproximación a un lugar de construcción o conservación de carreteras. Éstas deben ser colocadas en un orden preestablecido: la señal de vía en construcción a ; reducción de velocidad a 50 kph, en los siguientes ; la de vía en construcción, a ; la de prohibido adelantar, en los siguientes; hombres trabajando en la vía, en los otros ; reducción de velocidad a 30 kph, en los siguientes y señal de desvío, antes de la obra. En todo caso, estas distancias pueden variar según las condiciones de la vía, así como el tipo de señales, pero siempre sujetándose a lo establecido en el capítulo III del manual de dispositivos para el control de tránsito y carreteras.

Asimismo, está regulado que para señalizar un sitio donde se están realizando trabajos se deben colocar conos reflectivos o delineadores “con espaciamiento mínimo de dos metros” y dos barricadas o canecas colocadas una a cada lado del sitio. Esta misma señalización debe utilizarse también para “obstáculos sobre la berma, como gravas, arenas cables, materiales, etc”.

En el capítulo III del manual de dispositivos para el control de tránsito y carreteras, se establece que la señalización de etapas de construcción, reconstrucción o conservación de carreteras es de carácter temporal y debe instalarse antes de que se inicie la obra y permanecer durante todo su desarrollo, es decir, que solo puede ser levantada cuando se estabilice la circulación de la vía. También establece que las señales deben ser reflectivas o debidamente iluminadas, para garantizar su visibilidad en horas de la noche y deben permanecer limpias y legibles.

Las señales se clasifican en preventivas, reglamentarias, informativas y varias. Las preventivas son las de vía en construcción a 500 y 300 metros; se deben poner en forma de rombo, pero por su carácter de seguridad deben tener un mayor tamaño que las usuales (60 a 75 cm. de lado) y ser de color anaranjado, con las letras y las orlas negras (SP-101 y SP-102). Las reglamentarias, entre las cuales se encuentra la señal de desvío, redonda, en fondo blanco, orla roja y letras negras y con una flecha que oriente el sentido del mismo (SR-102). Las señales informativas suministran los datos básicos de la obra.

El mismo capítulo del manual relacionada otra clase de señales como son las barricadas, conos de guía, canecas, mecheros y delineadores “que por su carácter temporal pueden transportarse fácilmente y emplearse varias veces”. Las barricadas tienen varias alternativas de diseño, pero deben estar formadas por varios listones de no más de tres metros de largo por 30 cm., de ancho, dispuestos de manera horizontal y de una altura mínima de 1,50 metros. Estos deben estar pintados en franjas, en ángulo de 45º vertical, alternadas negras y anaranjadas reflectivas, deben obstruir la calzada o el eje de la vía donde no debe haber circulación. Si las barricadas no son factibles, se podrán utilizar canecas, pintadas alternativamente con franjas negras y anaranjadas reflectivas de 20 cm., de ancho; su altura no debe ser inferior a 80 cm. Los conos de delineación deben ser de color rojo o anaranjado, con un área de 15 x 20 cm., y altura mínima de 30 cm. Se pueden utilizar delineadores luminosos a una distancia de no más de diez metros o mecheros o antorchas distanciados no más de cinco metros, para el tránsito nocturno cuando se presentan riesgos temporales. Las tres últimas señales se emplean “para delinear canales temporales de circulación, especialmente en los períodos de conservación de las marcas viales en el pavimento, y en la formación de canales que entran a zonas de reglamentación especial o en general cuando el flujo de tránsito ha de ser desviado temporalmente de su ruta”(2).

De conformidad con lo anterior, se concluye que hubo incumplimiento de las normas de señalización preventivas en el sitio del accidente, lo cual se erige en la causa determinante de la ocurrencia del mismo y que dicha omisión es atribuible al municipio demandado, porque es ese ente territorial el encargado de mantener las vías públicas y porque fue el que, precisamente, ejecutó la obra.

Probada como se tiene la falla del servicio y, por ende, la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, corresponde a la Sala pronunciarse sobre los perjuicios reclamados por los demandantes.

2.3. Indemnización de perjuicios.

2.3.1. Los perjuicios morales.

Dentro del acervo probatorio obran los respectivos registros civiles de nacimiento de los señores Fabián Alberto Gómez Muñoz (lesionado), Dora María Zapata Castaño (esposa) y de Yeni Carolina Gómez Zapata (hija), además, el registro civil de matrimonio de los señores Fabián Alberto Gómez Muñoz y Dora María Zapata Castaño, pruebas suficientes para tener por acreditada la relación de parentesco y/o vínculos entre el mencionado lesionado y sus familiares (fls. 5, 6, 8 y 138 cdno. 1).

Acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien éstas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. Hay situaciones en las cuales éstas son de tal magnitud que su ocurrencia afecta tanto a quien las sufrió directamente, como a terceras personas, por lo cual resulta necesario, en muchos de los casos, demostrar únicamente el parentesco con la víctima, pues éste se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no hubieren pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido.

Ahora bien, con la simple acreditación de la relación de parentesco, así como con los registros civiles de nacimiento y matrimonio, se presume que tanto la esposa como la hija sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado de las lesiones de su esposo y padre. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(3) y de las máximas de la experiencia, es posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio alegado.

En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima y para sus familiares.

Igualmente resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el sub judice, tal como se demostró en el proceso, el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz resultó lesionado en la forma en la cual se estableció en la relación de pruebas, por lo cual fue sometido a tratamiento médico y oftalmológico y además quedó con una invalidez equivalente al 60%, todo lo cual le produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada. En efecto, resulta comprensible que una persona que haya sido lesionada y, en consecuencia, haya quedado con una invalidez permanente, se sienta moralmente afectada al igual que su familia.

En ese orden de ideas, en el presente caso se decretará la indemnización de los perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes, comoquiera que obran los registros civiles y de matrimonio que demuestran la relación de parentesco y el vínculo conyugal que los une con la víctima directa, respectivamente.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Fabián Alberto Gómez Muñoz (lesionado)
60 SMMLV
Dora María Zapata Castaño (Esposa)
30 SMMLV
Yeni Carolina Gómez Zapata (hija)
30 SMMLV

 

2.3.2. Perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia.

Respecto al perjuicio solicitado en la demanda, denominado “perjuicio fisiológico”, estima la Sala necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló dicho concepto por el de daño a la vida de relación; al respecto, se dijo:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(4) (negrillas adicionales).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(5), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”(6).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(7) pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”(8) o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”(9).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el lesionado, señor Fabián Alberto Gómez Muñoz sufrió, además del daño moral que le produjo su incapacidad e invalidez permanente, una alteración grave a sus condiciones de existencia, cuya indemnización depreca como “perjuicio fisiológico”, el cual rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida exterior.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala ha considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(10).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en su ámbito placentero o de otra índole.

En el presente asunto resulta evidente que la víctima sufrió tanto un daño moral como una alteración grave de sus condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y se refieren, especialmente, a la preocupación, a la aflicción y a la angustia que le produjo la gravedad de la lesión. Pero además resulta incuestionable que el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz se vio afectado por la imposibilidad que le ocasionó el daño para realizar en el futuro aquellas actividades que cotidiana y normalmente desarrollaba.

En relación con las limitaciones que ha tenido que padecer el señor Gómez Muñoz, por los hechos ocurridos el 16 de agosto de 1992, el señor Ramiro Arturo Gómez Muñoz sostuvo que el mencionado lesionado se ha visto considerablemente afectado, teniendo en cuenta que a raíz de su invalidez —establecida en un 60%— quedó impedido para desarrollar las actividades que normalmente desplegaba. En consecuencia, la Sala reconocerá dicho perjuicio en cuantía equivalente a 100 SMLMV, lo cual no quiere decir que el valor de tal indemnización sea el tope máximo que esta corporación reconoce por la configuración de tal perjuicio, o que en el presente caso no pueda ser reconocido en cuantía superior a la anunciada, sino que en el sub judice atendiendo al principio de congruencia de la sentencia se concederá sólo el valor solicitado en el libelo demandatorio.

2.3.3. Perjuicios materiales.

2.3.3.1. Lucro cesante.

La Sala se ocupará de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al rubro de lucro cesante a favor del lesionado, señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que se encuentra demostrado, con fundamento en los testimonios de los señores Luis Arcadio Franco Londoño y Ramiro Arturo Gómez Muñoz, que el lesionado desarrollaba actividades de cerrajería y devengaba, por dicho concepto, al menos el salario mínimo legal mensual vigente.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a liquidar las indemnizaciones debida y futura de la siguiente manera:

Se tomará como período indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz sufrió el accidente, esto es 16 de agosto de 1992 y la de la presente sentencia, para lo cual se liquidará a favor del citado demandante el perjuicio material por el ingreso que dejó de percibir como consecuencia de la invalidez que le produjo el accidente, el cual fue certificado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en un 60%. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(11), se liquidará dicho perjuicio material en un porcentaje equivalente al 100% de la invalidez, de acuerdo con los siguientes datos y operaciones:

— Ingreso del lesionado al momento del accidente: 65.190

— Expectativa de vida total de la víctima: 43.29 años (519.48 meses)

— Período consolidado: 223 meses

— Período futuro: 296.48 meses

— Índice final: febrero de 2011 (último conocido): 106.83

— Índice inicial: agosto de 1992: 16.82

Actualización de la base:

 

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RA = $ 61.590 x 6.3513 = $ 391176,567, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2011 ($ 535.600), se tomará el último de ellos para la liquidación, el cual será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Consolidado: desde la fecha de la ocurrencia del accidente de tránsito (agosto de 1992) hasta el de esta sentencia (marzo de 2011), esto es 223 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

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S = $ 535.600 x 0,25% = $ 669.500

S = $669.500 x 401.205

S = $ 268.606.747,5

Futuro: por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 296 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

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= $ 669.500 X 156.671

S = $ 104.891.234.5

Total perjuicios materiales por concepto de lucro cesante: trescientos setenta y tres millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos ochenta y dos pesos $373.497.982.

2.3.3.2. Daño emergente.

En relación con la solicitud de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la Sala encontró probado que la parte demandante incurrió en diversos gastos médico-oftalmológicos, con ocasión de las lesiones sufridas por el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz en el referido accidente; además, también con ocasión del trámite del presente proceso de reparación directa, la citada parte asumió la cancelación de unos honorarios fijados por el a quo a favor de unos peritos que rindieron un dictamen pericial en primera instancia, motivo por el cual se procederá a liquidar el aludido perjuicio por considerar que se encuentra demostrado a partir de los siguientes elementos probatorios:

a) Original del recibo de pago 1.007 expedido por el Centro Oftalmológico doctor Mejía, por concepto del examen de optometría efectuado al señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, por valor de tres mil pesos $3.000 (fl. 17, cdno. 1).

Actualización de la base:

(Diciembre 1992 - marzo 2011)

 

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RA = $ 3000 x 6.1396

RA = $ 18.418,8

b) Copia auténtica de tres recibos de pagos expedidos por Oftalmos S.A. Clínica Barraquer, por concepto de servicios oftalmológicos con las siguientes sumas: treinta mil pesos ($ 30.000), diecinueve mil ochocientos pesos ($ 19.800) y dieciocho mil pesos ($ 18.000).

Actualización de la base:

(Enero 1993 - marzo 2011)

 

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RA = $ 67.800 x 6,1396

RA = $ 403.287.96

c) Originales de los comprobantes de egresos por concepto de la cancelación de los honorarios que fijó por el Tribunal a quo a favor de los peritos avaluadores, por un valor total de $150.000 (fls. 133-134, cdno. 1).

Actualización de la base:

(Enero 1995 - marzo 2011)

 

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RA = $ 150.000 x 4,0116

RA = $ 601.740

Así las cosas, los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente se encuentran acreditados, motivo por el cual los anteriores valores fueron actualizados a la fecha de la presente sentencia.

Total perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente: un millón veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($ 1.023.446).

2.4. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, comoquiera que la providencia apelada será revocada, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 28 de marzo de 2000.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable al municipio de Villavicencio por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. En consecuencia, CONDÉNASE al municipio de Villavicencio, a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, la suma de trescientos setenta y tres millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos ochenta y dos pesos $ 373.497.982.

3.2. Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente para el señor Fabián Alberto Gómez Muñoz, la suma de un millón veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($ 1.023.446).

3.3. Por daño a la alteración grave de las condiciones de existencia, el equivalente en pesos a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

3.4. Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Fabián Alberto Gómez Muñoz (Víctima)
60 SMMLV
Dora María Zapata Castaño (Esposa)
30 SMMLV
Yeni Carolina Gómez Zapata (Hija)
30 SMMLV

 

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con el inciso segundo del artículo 311 del CPC, “[e]l superior deberá completar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación” (se resalta).

(2) En términos similares, consultar entre otras la siguiente providencia: sentencia de 5 de junio de 2008. Sección Tercera. Exp.: 730012331000199716698 01 16.398

(3) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(4) Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11.842. M.P. Alier Hernández Sección Tercera.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(6) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.

(7) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.

(8) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 252.

(9) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 278.

(10) Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2007, Expediente 16.407.

(11) “ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capitulo se considera invalida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.