Sentencia 1994-00422/19420 de mayo 3 de 2007

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 05001-23-26-000-1994-00422-01(19420)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Actor: María Eugenia Jaramillo Cárdenas y otro

Demandado: Municipio de Medellín

Ref.: Consulta Sentencia Indemnizatoria

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil siete

Decide la Sala del grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 29 de junio de 2000, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso lo siguiente:

“1. Declárese administrativamente responsable al Municipio de Medellín, por los daños y perjuicios sufridos por la señora María Eugenia Jaramillo Cárdenas y su hijo menor May Esteban Chica Jaramillo a raíz de la muerte del señor Rafael Antonio Chica Idárraga, en hechos ocurridos en la ciudad de Medellín el día 1º de diciembre de 1993.

2. Como consecuencia se condena a dicha entidad a pagar por concepto de los perjuicios materiales a la señora María Eugenia Jaramillo Cárdenas la suma de $29.477.220 y a su hijo menor May Esteban Chica Jaramillo, la suma de $11.689.804.

3. De la misma manera y por concepto de perjuicios morales se le condena a pagar a María Eugenia Jaramillo Cárdenas y a su hijo menor May Esteban Chica Jaramillo, el equivalente en pesos a mil (1000) gramos oro para cada uno.

4. El Municipio de Medellín podrá repetir del señor Héctor Alfonso Giraldo en un ciento por ciento 100% de lo que en esta providencia se ordene pagar.

5. El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir en un 20% en contra de la señora Astrid Gaviria Jiménez y de Luis Guillermo Múnera quiénes son solidariamente responsables.

6. El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir de la compañía de seguros “El Cóndor S.A.” por la suma de $16.697.700.

7. Désele cumplimiento al presente fallo en los término establecidos en los artículos 177 y 178.

8. Conforme al artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no considera la Sala que sea dable la condena en costas a la parte demandada” (fls. 330 a 331 cdno. ppal).

Antecedentes Procesales

1. La Demanda.

Fue presentada el 13 de abril de 1994, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del CCA por María Eugenia Jaramillo Cárdenas, quién manifestó ser esposa y obrar en nombre propio y en el del menor May Esteban Chica Jaramillo hijo del occiso, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Que se declare que el municipio de Medellín es, responsable solidariamente de todos los daños y perjuicios sufridos por mis mandantes, con ocasión del accidente de tránsito narrado en el hecho 5 de este líbelo y acaecido por Falla en el Servicio prestado por el municipio Medellín con fundamento en el contrato 810 de 1993, suscrito por éste y el contratista Héctor Alfonso Giraldo Londoño, en el que perdió la vida el señor Rafael Chica Idarraga, hecho ocurrido en la ciudad de Medellín el 1º de diciembre de 1993.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración el Municipio de Medellín, sea condenado a pagar a los demandantes, dentro del término señalado en el artículo 176 del CCA, el valor correspondiente a los daños y perjuicios que a continuación se relacionan (...)” (fls. 37 a 38 cdno. 1)

Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso lo siguiente:

“1. En el año de 1993 se celebró el Contrato 810 entre el municipio de Medellín representado por el Alcalde Luis Alfredo Ramos Botero y el contratista Héctor Alfonso Giraldo Londoño, este último se comprometió a ejecutar la construcción de cordones, andenes y obras complementarias en distintos sitios de la ciudad.

2. En ejecución de la obra, se adelantó la demolición y construcción del cordón central de la calle 80 que, para el primero de diciembre de 1993, avanzaba a la altura de la calle 49 y 48, acumulando los trabajadores de dicha obra, montañas de escombros a lado y lado del cordón central, sin ningún tipo de señalización.

3. Para la época en que se adelantaron dichas reparaciones, la iluminación en el sector de la carrera 80 entre las calles 49 y 48, era muy deficiente, presentándose para el primero de diciembre de 1993, varios connatos de accidentes, que obligaron a los vecinos del sector a efectuar llamadas de auxilio a la secretaría de transporte y tránsito y a las demás autoridades competentes.

4. El día primero del mes de diciembre de 1993, aproximadamente a las 12:15 de la noche en la ciudad de Medellín, por la carrera 80 en sentido de Sur - Norte, se desplazaba el vehículo automotor de servicio público, taxi de placas TIS 407, afiliado a la empresa Transesa, línea 323NT, carrocería Sedan 4 puertas, modelo 93, color amarillo, motor E5-74600, chasis 323 nt5-00450 llevando como ocupantes el conductor del mismo de William de Js. Agudelo Cadavid y como pasajero al señor Rafael Antonio Chica Idagarra.

5. A la altura de la carrera 80 con la calle 48 B (frente a Casa Sierra), el vehículo de placas TIS - 407, en marcha, fue embestido brutalmente, por el vehículo de placas KFE - 615, conducido por la señorita Astrid Gaviria Jiménez y de propiedad del señor Luis Guillermo Múnera, clase campero, cabinado modelo 1985, color gris plateado, motor 4G54HN1501, chasis L042GHJ400265 de servicio particular que se desplazaba por la carrera 80 en sentido Norte - Sur, quién al esquivar una montaña de escombro, patinó sobre unas piedras que le hicieron peder el control, saltar sobre el separador central y caerle encima al taxi, descapotándolo y causando la muerte inmediata del conductor William de Jesús Agudelo Cadavid, y la muerte mediata de Rafael Antonio Chica Idagarra, en policlínica municipal a las 12:45 de la noche, aproximadamente.

6. El señor Rafael Antonio Chica Idarraga, contrajo matrimonio por los ritos de la iglesia católica, con la señora María Eugenia Jaramillo Cardenas, el primero (1º) de agosto de 1982.

7. De dicha unión se procreó el menor May Esteban Chica Jaramillo, nacido el 4 de mayo de 1983.

8. El señor Rafael Chica Idarraga, al momento de su muerte se desempeñaba como auxiliar de mecánica al servició del señor Jorge Velásquez en taller de su propiedad en la calle 40 # 92 - 30 de la ciudad de Medellín, percibiendo por su trabajo, un salario mínimo legal.

9. Del ingreso mensual el señor Chica Idarraga, destinaba para la manutención de su familia y la educación de su hijo el 80% de lo percibido.

10. La muerte del señor Chica Idarraga, ha causado honda tristeza en su familia y gran desequilibrio económico.

11. El señor Chica Idarraga, contaba con treinta y ocho años cumplidos al momento de su muerte.

12. El accidente fue atendido por el guarda de tránsito municipal, señor Nelson Figueroa, con placas de identificación Nº 242, quién por la gravedad del accidente elaboró informe # 93-0041603, croquis adicional e informe adicional. (fls. 35 a 36 cdno. 1)

2. Actuación Procesal.

2.1. La demanda fue admitida mediante providencia del 2 de mayo de 1994, que fue notificada por aviso a la parte demandada el 1º de junio de 1994. El 8 de junio siguiente el Alcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos Botero manifestó haberse dado por notificado de la demanda. (fls. 42, 43 y 49 cdno. 1)

2.2. El municipio de Medellín, a través de apoderado judicial y en la oportunidad procesal, contestó la demanda mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, reconoció como ciertos algunos hechos y en síntesis manifestó:

— El accidente en que perdió la vida el señor Rafael Chica Idagarra, el primero de diciembre de 1993, se dio única y exclusivamente por la intervención de un tercero, dada las siguientes circunstancias en las que perdió la vida: 1... la colisión se da por exceso de velocidad del vehículo conducido por la señora Astrid Gaviria Jiménez y además se presentó en la prueba de alcoholemia de ésta, estado de alicoramiento. 2. Si bien es cierto, en el lugar en que ocurrió el accidente de tránsito, se venía ejecutando una obra pública contratada por el municipio de Medellín con el señor Héctor Alfonso Giraldo, los trabajos no eran de tal magnitud que ocasionara el accidente, en virtud de que los montículos se encontraban pegados al separador de la vía, alcanzando una altura de tan solo 50 cm, y ocupaban apenas medio carril, teniendo en cuenta que la calzada esta diseñada para dos carriles.”

— La calzada por la que transitaba la señorita Astrid Gaviria J., a pesar del montículo, estaba habilitada para dos carriles y en un momento adecuado y a velocidad permitida - 60 km/h - le resultaba fácil maniobrar el obstáculo, dado que en ese momento no había tránsito vehicular por esa calzada.

— Conducir a exceso de velocidad, con iluminación deficiente y los reflejos disminuidos por el efecto del alcohol, no es otra cosa que asumir un riesgo que pone en peligro la vida de otras personas y la suya propia.

— La obra pública que se realizaba al momento del in suceso, no fue causa eficiente del accidente de tránsito, con lo cual se rompe el nexo causal; el daño se dio por el hecho de un tercero, lo que exonera de responsabilidad al Municipio y por ello se solicita desestimar las súplicas de la demanda (fls. 43 a 48 cdno. 1).

2.3. El municipio de Medellín, llamó en garantía al señor Héctor Alfonso Giraldo, identificado con la C.C. 70.515.598 de Medellín, para que en su condición de contratista de la obra del cordón central —contrato 810 de 1993— asumiera la eventual indemnización o el reembolso del pago que se decretara en el proceso (fls. 134 a 136 cdno. 1).

2.5. (sic) Mediante auto del 19 de septiembre de 1994, el Tribunal aceptó el llamamiento en garantía que formuló el municipio de Medellín al señor Héctor Alfonso Giraldo Londoño. Este fue notificado personalmente de la decisión el 11 de octubre de 1994 (fls. 159 a 162 cdno. 1).

2.6. El llamado en garantía, Héctor Alonso Giraldo Londoño, contestó la demanda en oportunidad, mediante escrito en el que se opuso a lo pedido en la demanda, con fundamento en lo siguiente:

— No es cierto que el siniestro haya ocurrido por hecho imputable a culpa, negligencia o descuido de quienes ejecutaban la obra en el sector ya que como lo demuestra la llamante en garantía, la orden de iniciar los trabajos de demolición y construcción de cordón central de la carrera 80 entre calles 50 (Colombia) y 44 (San Juan), fue dada el día 16 de noviembre de 1993. Fecha a partir de la cual se iniciaron las obras contratadas.

— La obra llevaba en su desarrollo normal un total de 14 días e igual número de noches, sin que hasta ese 1º de diciembre hubiese ocurrido algún accidente de índole ni riesgo a peatones o vehículos.

— El accidente ocurrió por causa ajenas a la obra en construcción, esto es, por la imprudencia y culpa exclusiva de un tercero. Según datos consignados en el informe de accidente de tránsito suscrito por el guarda Nelson Figueroa con placa Nº 247 adscrito a la secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, la conductora del vehículo realizó varios comportamientos contrarios a lo recomendado en el ejercicio de actividades peligrosas, toda vez que i) inobservó las señales de peligro; Debido a que si se observa el punto 1 señalado en el croquis se determina el sentido que llevaba el campero y, cotejado con la fotografía numero 1 que se anexa, no se tuvo en cuenta tres señales de tránsito como son, dos canecas pegadas al piso con cemento y en medio de estas una valla de peligro en madera en la que se resalta el color amarillo, el cual afirma, se hace mas visibles durante la noche máxime en el sector donde ocurrió el accidente por tratarse de una prolongada recta; en la fotografías se puede observar a demás que con las actividades realizadas era casi escaso el escombro acumulado”; ii) iba a exceso de velocidad, “entre el punto 1 (indicativo de la trayectoria del campero) y el lugar por donde éste saltó el separador para caer en carril contrario a su sentido de circulación aparecen varias huellas de frenada de éste vehículo interrumpidas, con una dimensión la última de ésta de 18 metros ininterrumpidos antes de saltar el separador para caer al piso como lo indica el croquis, siendo el quemón de las llantas uno de los determinantes para mirar si el estado de velocidad supera los límites establecidos, conforme a los cálculos físicos, según el articulo 148 del Código Nacional de Tránsito”; iii) impericia en la ejecución de una actividad peligrosa, “debido a que, entre el punto en que perdió el control el vehículo conducido por la señorita Astrid Gaviria J. y el lugar de impacto con el automotor en que se desplazaba la víctima existe una gran distancia, tomando en cuenta las trayectorias tomadas de izquierda a derecha y viceversa, antes de superar el alto cordón para pasar al otro carril, imputándole además la imprudencia al desarrollar excesiva velocidad a su móvil, convirtiéndose estos dos sucesos en causa determinante para que ocurrieran el accidente.”; iv) falta o deficiencia del servicio de iluminación en el sector, “como lo afirman los testigos y el guarda de la secretaría de tránsito”.

Finalmente manifestó que “a) Toda entidad oficial, incluyendo en ellas el municipio de Medellín, antes de firmar el contrato de ejecución de obras con el tercero (contratista) exige como requisito indispensable una fianza o garantía, la cual es tasada previendo todos los imprevistos que pudieran presentarse durante el desarrollo de la obra, bien sea conflictos laborales, contractuales por incumplimiento, de responsabilidad civil extracontractual o como en este caso acciones de reparación directa. b) Prestada la fianza queda respondiendo por el contratista y hasta el ciento por ciento el monto asegurado, la Compañía Aseguradora y por lo que exceda de la fianza responde la entidad oficial, en éste caso el municipio de Medellín. …” (fls. 159 a 161, 163 a 176 cdno. 1)

2.7. El señor Héctor Alfonso Giraldo, llamado en garantía formuló denuncia del pleito contra Luis Guillermo Munera, dueño del vehículo, Astrid Gaviria Jiménez, quien conducía el vehículo y a la compañía de Seguros Cóndor S.A., quien afianzó al contratista.

2.8. El 8 de noviembre de 1994 el Tribunal admitió como llamamiento en garantía la que fue solicitada como denuncia del pleito y dispuso las notificaciones pertinentes (fls. 198 a 199 cdno. 1).

2.9. El 13 de diciembre fue notificado personalmente Seguros Condor S.A., quien manifestó su acuerdo con el llamamiento en garantía. Respecto de las pretensiones y hechos de la demanda, explicó: “Llegándose a probar que fue la imprudencia de la conductora del vehículo de placas KFE 615, Astrid Gaviria Jiménez, la causante del accidente que produjo la muerte del señor Rafael Chica, no tendría ninguna responsabilidad el contratista, puesto que la colisión y sus consecuencias serían sólo el resultado de un hecho culposo imputable a la referenciada conductora y por ende tampoco, la compañía aseguradora. (...) si bien, Cóndor S.A., Compañía de Seguros Generales, afianzó al señor Héctor Giraldo Londoño con respecto a los perjuicios que de la ejecución del contrato con el municipio de Medellín se derivan, la denuncia del pleito, se hizo por un hecho que es resultado de la culpa exclusiva de la conductora del vehículo de placas KFE L15… hace desaparecer la obligación indemnizatoria de la persona jurídica que representó.” (fls. 209 ss cdno. 1)

2.10. A los señores Luis Guillermo Múnera y Astrid Gaviria Jiménez no fue posible notificarlos personalmente, se les emplazó en los términos legales y, ante su falta de comparecencia, estuvieron representados por un curador ad litem, quien contestó la demanda mediante escrito en el que manifestó que el accidente no se produjo por fallas imputables a sus representados. Dijo en síntesis: i)efectivamente se estaba realizando una construcción, pero se desconoce si había efectivamente suficientes señales de indicación del correspondiente peligro; ii) no está probado el exceso de velocidad, “debido a que la versión de la señorita Astrid Gaviria es completamente diferente.”; iii) según testimonios obrantes en el proceso, sí se presentaron accidentes por causa de las obras; iv) es imposible que el exceso de velocidad fuese el causante del accidente; v) los daños deben ser reparados por el contratista de la obra.

Formuló como excepción la culpa exclusiva de los que denuncian el pleito con fundamento en que: “Por el hecho de que de acuerdo a lo expuesto y, lo que se logre demostrar durante el desarrollo del presente proceso, la culpa del accidente se debe única y exclusivamente a la falta de señalización adecuada en el lugar donde se adelanta la correspondiente obra. Y en consecuencia quienes tienen la obligación de tomar las precauciones y colocar las correspondientes señales son precisamente el municipio y el contratista” (fls. 202, 208, 219 a 221; 21 a 54, cdno.1).

2.11. Audiencia de conciliación fracasada, debido a que la señora apoderada del municipio manifestó no tener ánimo conciliatorio (fl. 294 cdno.1)

3. La sentencia recurrida.

El Tribunal declaró la responsabilidad patrimonial del Municipio de Medellín, por la muerte del señor Rafael Antonio Chica Idarraga, con fundamento en que el accidente en que éste perdió la vida tuvo por causa: “ la falta de señalización en el lugar donde el contratista llevaba a cabo las obras ordenadas por el municipio y los escombros existentes en dicho sitio, lo que hizo que el vehículo conducido por la señora Gaviria perdiera el control e impactara con el automotor tipo taxi donde iga (sic) como pasajero el señor Chica Idarraga y la velocidad e imprudencia de la señora Gaviria en la conducción del vehículo ”

Consideró que el municipio de Medellín es directamente responsable ante los actores, porque en la producción del daño fue determinante la ejecución de una obra pública que había contratado con un particular. Precisó también que el señor Héctor Alfonso Giraldo, llamado en garantía por la entidad, debe rembolsar al Municipio lo que este pague a las víctimas, con fundamento en que el contrato de obra suscrito entre los dos así lo prevé (cláusula vigésima tercera). Dijo que en la producción del accidente fue determinante el exceso de velocidad de la conductora del vehículo Luz Astrid Gaviria, razón por la cual ésta y el dueño del bien, Luis Guillermo Munera, deben responder ante el contratista Héctor Alfonso Giraldo. Concluyó el Tribunal:

“Al considerar entonces la Sala, que en la trágica muerte del señor Rafael Chica Idarraga, ocurrida el uno de diciembre de 1993, en la carrera 80 con la calle 48B, confluyeron como causas del mismo, la no señalización adecuada por parte del contratista Héctor Alfonso Giraldo, quién llevaba a cabo la realización de una serie de obras públicas ordenadas por el municipio de Medellín y el exceso de velocidad he imprudencia de Astrid Gaviria Jiménez conductora del vehículo tipo campero de placas TIS 407 de propiedad del señor Luis Guillermo Múnera, el cual impactó con el carro de servicio público de placas KFE 615 y donde iba como pasajero el señor Chica. Se harán los siguientes pronunciamientos:

Se declarará responsable al Municipio de Medellín, quién podrá repetir del señor Giraldo en un ciento por ciento de lo que en esta providencia se ordene pagar. A su vez el mencionado señor, podrá repetir en un cicuenta por ciento de lo que deba pagar tato de la conductora del vehículo particular señora Gaviria, como de su propietario señor Múnera, quiénes son solidariamente responsable

Además podrá repetir de la compañía de Seguros “El Cóndor S.A.”, hasta por la suma de $16.697.700, conforme a la póliza de Seguros Nº 19952, tomada por esa compañía en los eventos de responsabilidad civil, tal como aparece a folios 181 a 182.” (fls. 310 a 331 cdno. ppal).

4. Mediante providencia sin fecha el Tribunal negó la aclaración de la sentencia solicitada por el municipio de Medellín, con fundamento en que la misma era en verdad una solicitud de modificación del fallo.

En el mismo proveído adicionó el fallo para señalar la procedencia del grado jurisdiccional de consulta por tratarse de una indemnización cuya sumatoria asciende a los 300 SMLM exigidos por la ley. (fls. 338 a 341 cdno. 1)

4. Trámite de la segunda instancia.

4.1. La compañía “El Cóndor S.A.” interpuso recurso de apelación que fue declarado desierto mediante auto del 6 de abril de 2001, en consideración a que no se sustentó dentro de los 3 días dispuestos. En la misma providencia se dispuso seguir con el trámite del grado jurisdiccional de consulta (fls. 342 a 348 cdno. ppal).

4.2. En la etapa de escritos finales las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Consideraciones

La Sala es competente para conocer del presente grado jurisdiccional de consulta que se surte respecto de una providencia proferida en proceso de doble instancia, que dispuso una condena a cargo del Municipio de Medellín, en valor superior(1)al que señala para este trámite el artículo 184 del CCA, modificado por la ley 446 de 1998

Cabe precisar que la Sala abordará el análisis de los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial que se declaró respecto del Municipio de Medellín por tratarse de una condena contra una entidad pública en un proceso de dos instancias. Advierte además que también revisará la decisión adoptada en relación con el dueño y la conductora del vehículo, llamados en garantía, en consideración a que éstos fueron representados en el proceso por curador ad litem(2). Se abstendrá de revisar lo dispuesto respecto de la Compañía de Seguros El Cóndor S.A. y del Contratista Hector Alonso Giraldo, porque estos sujetos no apelaron la decisión de primera instancia y no gozan del grado jurisdiccional de consulta.

1. La responsabilidad del Estado por los daños derivados de la ejecución del contrato estatal.

Son supuestos de la responsabilidad del Estado el daño que consiste en la lesión o menoscabo del derecho o situación de la cual es titular un sujeto de derecho y la imputación jurídica del mismo, que consiste en la atribución jurídica del daño, que se funda en la prueba del vínculo existente entre el daño antijurídico y la acción u omisión del ente demandado.

En el caso concreto se analiza la responsabilidad del municipio de Medellín por la ocurrencia de un daño que se vincula a la ejecución de una obra que contrató. Al respecto resulta ilustrativo señalar que la ley y la jurisprudencia han sido claras en señalar que es procedente imputar al Estado el daño padecido por los ejecutores de la obra o por terceros ajenos a ella, en consideración a su condición de dueña de la misma. Así lo explicó la Sala, con fundamento en que “el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente”.(3)

En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 9 de junio de 2005, expediente 15059, cuando afirmó:

“Cuando en un caso como el que aquí se examina, la responsabilidad que se reclama proviene del daño causado con ocasión de la ejecución de una obra a favor del Estado, con independencia de que el daño haya sido sufrido por una persona destinada por el contratista ejecutor de la obra a la realización de la misma, o por un tercero ajeno por completo a la actividad contractual en la que es parte el Estado, es claro el compromiso de la responsabilidad patrimonial del Estado, como beneficiario de la obra, como destinatario de la misma y por ende como sujeto de imputación de los daños que con ella se causen.

Se advierte además que la entidad puede obtener de su contratista o asegurador el reembolso de lo pagado por concepto de la indemnización a terceros, en consideración a que el primero asume esa obligación al contratar con el Estado, como también la de garantizar las indemnizaciones por daños causados al personal utilizado para la ejecución del contrato o a los terceros, conforme lo prevé la Ley 80 de 1993, artículos 25 numeral 19 y 60 de la Ley 80 de 1993), en el entendido de que “dicha circunstancia, por sí sola no exime de responsabilidad a la entidad propietaria de la obra pública, sin perjuicio de que pueda obtener el reembolso de las sumas pagadas del contratista o de la compañía de seguros.”(4)

2. Lo probado en el caso concreto.

Mediante la valoración de los medios de prueba obrantes en el proceso, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

— El 8 de noviembre de 1993 el municipio de Medellín y el señor Héctor Alonso Giraldo Londoño celebraron un contrato de obra pública, de cuyo texto es relevante tener en cuenta las siguientes cláusulas.

“PRIMERA. Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a la CONSTRUCCIÓN DE CORDONES Y ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD de acuerdo con los siguientes ítems, cantidades de obras, y precios unitarios.

TERCERA. Valor del contrato: El valor de este contrato se estima en la suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 68.488.500). El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción del MUNICIPIO.

NOVENA. Plazo: EL CONTRATISTA ejecutará las obras objeto de este contrato en plazo de: NOVENTA (90) DÍAS SOLARES. Contados a partir de la fecha del acta de iniciación, la cual deberá suscribirse dentro de los 15 días siguiente a la fecha del registro del contrato en la contraloría Municipal, salvo expresa autorización del Alcalde para iniciar antes del perfeccionamiento y registro del contrato.

DECIMA. Ampliación del plazo: Cuando haya necesidad de modificar el plazo, se suscribirá un contrato adicional, el cual será autorizado por el Alcalde y solo requerirá la firma de las partes y prorroga de las garantías.

DECIMA SEGUNDA. Garantías: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y a favor del MUNICIPIO las siguientes garantías, las cuales deberán ser otorgadas por entidades bancarias o compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia, aceptables por EL MUNICIPIO y en forma y contenido satisfactorio para éste.

a) Perjuicios a Terceros: EL CONTRATISTA deberá entregar al MUNICIPIO, una fianza por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con el objeto de garantizar los perjuicios que se causen a terceros. Esta caución deberá estar vigente durante el tiempo que dure que la ejecución de la obra, más noventa (90) días.

b) Cumplimiento del Contrato: Una fianza para garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud de éste contrato, la cual deberá ser otorgada dentro de los diez (10) días calendarios siuientes por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Dicha fianza se hará efectiva a favor del MUNICIPIO en caso de que EL CONTRATISTA incumpla alguna de las obligaciones que adquiere por razón del contrato o de caducidad administrativa. La fianza de cumplimiento deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato y durante noventa (90) días más después de dicho plazo. Esta garantía será irrevocable y deberá prorrogarse automáticamente en caso de prórroga del contrato y en todo caso deberá estar vigente hasta cuando EL MUNICIPIO notifique a la entidad aseguradora que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones, que se ha liquidado el contrato y se han establecido las demás garantías de que trata ésta cláusula. Se declara expresamente que la garantía estipulada en este contrato es independiente del monto de la indemnización de los perjuicios que se refiere la cláusula DECIMA NOVENA.

(...)

DÉCIMA TERCERA. Responsabilidad por Daños y Perjuicios:

El CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al Municipio de Medellín o terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades de terceros o del Municipio, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de obras o de los materiales empleados en ella, o de lo trabajadores empleados en las obras, o de la maquinaria y equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que se fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del CONTRATISTA todos los costos provenientes de la debida reparación de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionan. EL CONTRATISTA está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos o a rembolsar el valor al Municipio de Medellín si este lo cubriere. En todo caso el Municipio podrá descontar de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, los dineros invertidos en estas reparaciones. En el evento en que las cuentas pendientes de pago no cubran estos valores, o no exista créditos a favor del CONTRATISTA, por concepto de éste contrato, El MUNICIPIO, podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento y cláusula penal para cubrir su paga si a ello hubiere lugar, o declarar a su favor la existencia de esta obligación y procederá a hacerla efectiva mediante el trámite de la jurisdicción coactiva”

VIGÉSIMA TERCERA. Seguridad Industrial: hasta la entrega total de la obra EL CONTRATISTA será el único responsable de su mantenimiento y protección, así como de las plantas, materiales y equipos empleados para su ejecución. Si ocurriere cualquier daño o pérdida de la obra o de los materiales o equipos, EL CONTRATISTA deberá reponerlos o reparar los que no estén en buenas condiciones. EL CONTRATISTA será responsable de la seguridad del personal asignado al servicio de la obra y contará con los técnicos indispensables para tal efecto. Inmediatamente se inicien trabajos, se someterá a la aprobación del interventor un informe de las medidas y procedimientos de seguridad que EL CONTRATISTA se propone adoptar. EL CONTRATISTA suministrará y mantendrá a su costa, el sistema de señalización vial requerido y exigido por la Secretaría de Tránsito Municipal para prevenir accidente durante la realización de la obra. El plan de señalización vial será sometido a la aprobación del interventor. EL CONTRATISTA será responsable por la conservación, protección de las obras hasta su entrega final y recibo a satisfacción por parte del Municipio. EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes, que su personal, el personal del Municipio o del Interventor, visitantes autorizados o terceras personas puedan sufrir como consecuencia de su negligencia o descuido en tomar las medidas y precauciones necesarias. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá emplear todos los medios apropiados en materia de seguridad industrial, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, a fin de proteger la salud y la integridad física de las persona vinculadas a la ejecución de las obras, tanto por el aspecto preventivo, como por el curativo, y en general preparará y adelantará los trabajos dentro de las condiciones favorables para la salud y la eliminación y disminución de riesgo de accidentes, y tomara las precauciones necesarias para aminorar sus efectos si éstos llegaren a concurrir. En todo caso, para los efectos previstos en ésta cláusula, EL CONTRATISTA actuará siempre de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.”

(...)

TRIGÉSIMA TERECERA. Responsabilidad del contratista en la ejecución de la obra: Este contrato de obra pública se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, el proyecto que le sirve de base y a las instrucciones del Municipio dadas para el mejor cumplimiento del contrato. Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, EL CONTRATISTA será responsable de las fallas que en la construcción se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el articulo 2060 del Código Civil.” (Resalta la Sala; fls. 15 a 32 cdno. 1).

Consta además en el pliego de condiciones que forma parte integral del contrato lo siguiente:

“3-05 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

(...)

Para evitar accidentes en caso de realizar cualquier tipo de trabajo en la vía pública, es indispensable fijar un número suficiente de señales que indiquen el peligro y localizarlas a las distancias requeridas del sitio en alusión. Dichas señales serán estables (día y noche), con los tamaños, formas, distancias y colores que determinan la interventoría de tal manera que sean visibles. Los gastos y colocación de éstas señales serán por cuenta del contratista y deberá reponer aquellas que se pierdan o deterioren. Mensualmente se suministrará informes de trabajo con todos los datos que exija el Municipio de Medellín. El interventor podrá en cualquier momento ordenar que suspendan la construcción de una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para cumplir los requisitos generales de seguridad, o las instrucciones del interventor a este respecto. En este evento no habrá lugar a prorroga del plazo.

(..)

3.13. Señalización.

La ejecución de obras en las vías, o cualquier otro tipo de obra que altere las condiciones iniciales en el tránsito, el Contratista está en la obligación de colocar los dispositivos necesarios para el control de éste, acogiéndose a la resolución 005246 de julio 2/85 expedida por el Ministerio de Obras Públicas y transporte y el Manual sobre el dispositivo para el control de tránsito en calles y carreteras (capitulo III) los cuales se anexan a los pliegos de condiciones y consultar colores en la sección de Licitaciones y Presupuestos.

3.26. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados, a los de El Municipio y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a éste respecto tengan las entidades oficiales (Resolución 008408 de octubre de 1985 del ministerio de Obras Pública y Transporte) y sus códigos de edificaciones y construcciones. El Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán de acuerdo de acuerdo con estas especificaciones y lo someterán a la aprobación de El Municipio, quién podrá además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá velar por el fiel cumplimiento de dichas medidas de seguridad verificándolas con visitas diarias a los frentes de trabajo. Cuando exista incumplimiento reiterado en tomar las medidas de seguridad necesarias, El Municipio podrá ordenar la suspensión de la obra, sin que el contratista tenga derecho a ampliación del plazo.” (fls. 50 a 111 cdno. 1).

—El día 5 de noviembre de 1993, se constituyó póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº 19952 con vigencia desde el 5 de noviembre de 1993 hasta el 4 de mayo de 1994, con un valor asegurado, por acontecimiento global único equivalente a $13.697.700 y en cuyo objeto se estableció:

“Garantizar la responsabilidad civil, relacionada con la construcción de cordones andenes y obras complementarias en distintos sitios de la ciudad, según Contrato 610 de 1993”. (Copia auténtica, póliza de responsabilidad civil extracontractual, fl. 182 cdno. 2).

— El 9 de noviembre de 1993 el interventor del Contrato 810 de 1993, comunicó al contratista, Héctor Alonso Giraldo lo siguiente:

“Asunto: contrato 810 de 1993 - construcción de cordones y andenes y obras complementarias en distintos sitios de la ciudad.

Respetado señor:

Le comunicamos que en desarrollo del contrato en mención y con base en visitas realizada con el personal del Empresas públicas de Medellín, se hicieron las siguientes observaciones:

1. En la demolición de la carpeta asfáltica y excavación del separador para instalar el cordón prefabricado, se deberá realizar con especial cuidado, para no cortar el cable encuchetado que alimenta las luminarias utilizando en esas zonas: comprensor en la zona de carpeta y pica en la grama. (...)

4. se deben tener buenas medidas preventivas y de seguridad tanto en los cordones como en el separador y así evitar un accidente en dicha vía. (...)

Se suscribe el ingeniero Álvaro Londoño Montoya.” (Resalta la Sala; fls. 311 a 312 cdno. 2).

— El 16 de noviembre de 1993 se suscribió el acta de iniciación de obra del contra No. 810 de 1993 suscrita por el interventor y contratista de la obra. De cuyo texto se trascribe: “Objeto: Construcción de Cordones y Andenes y obras complementarias en distintos sitios de la ciudad. Dirección: Kra 80 entre calles 50 y calle 44 y Cementerio campos de paz glorieta Guayabal Hacia el Sur y otras.” (fl. 364 cdno. 2).

— El 1º de diciembre de 1993 murió el señor Chica Idárraga; así se lee en el correspondiente registro de defunción:

“Defunción de: Rafael Antonio Chica Idagarra, sexo masculino, que ocurrió el 1º de diciembre de 1993 en el Municipio de Medellín - Departamento de Antioquia.

Causa principal de su muerte: Laceraciones del sistema nervioso central por trauma de cráneo contuso.

La muerte la certificó el doctor: Victoria Pérez. L.CDNO. 4261.” (Copia auténtica fl. 5 cdno. 1)

— El 1º de diciembre de 1993 ocurrió el accidente en que perdió la vida el señor Rafael Chica Idarraga. Sobre las circunstancias en que este se presentó, cabe tener en cuenta lo registrado en el informe técnico de tránsito Nº 93-0041603:

“El día miércoles 1º de diciembre de 1993 a las 12:15 a.m, se produjo un accidente en la kra. 80 con calle 48B en el municipio de Medellín en el que perdió la vida el señor Rafael Antonio Chica Idarraga y el señor William Agudelo Cadavid, donde al momento de la valoración de las condiciones del accidente se informó que: se trató, de un choque entre dos vehículos, un campero conducido por la señora Astrid Gaviria Jiménez y un automóvil de servicio público manejado por el señor William Agudelo Cadavid, ocurrido en una sector urbano - residencial, en una vía asfaltada de dos carriles y en buen estado, en condiciones secas, con una mala iluminación y sin ninguna señales de control.”

Consta además en el informe técnico:

“Nota: vencimiento licencia cond. #1 dic./93 veh #2 no se encontró documentación, sobre la K 80 entre c 50 y 48 se efectuaba reparación del sector central por el contratista H.G. con muy mala señalización (sin señales)(...).

Finalmente, en el anexo del informe técnico mencionado el agente de tránsito dijo:

“Al pasajero Rafael Chica, lo trasladó el vehículo TIG - 941 coopebombas a policlínica municipal, donde falleció a las 00:45 horas, presentando TEC en 3er grado, laceraciones y hematomas varios. La lesionada conductora inicialmente fue atendida en la clínica San José y luego trasladada clínica Soma, presentando posible fx Nasal, trauma segundo dedo mano 127; muslo derecho hematoma frontal el lesionado Horacio Toro presentó tejidos blandos, pierna izquierda atendido en la clínica Soma. El conductor William Agudelo quedó muerto dentro del vehículo # 2 se le practicó levantamiento, por el dr. Rafael Bedoya, insp. permanencia Hs., primer turno.

(...)

Nota: sobre la K 80 entre c 50 y 48 se efectúan trabajos de reparación del separador central por el contratista H.G., el material esta sobre la vía, carril izq (Ambos Sentidos) entre c 48B y 49 el material es piedras, sobre la calzada occidental, carril izquierdo 2 montículos.

Entre c 49 y 50 el material es arena y piedras, sobre la calzada oriental, carril izq. entre 8 y 10 montículos entre las calles 49 y 48 a existen 2 postes de alumbrado público marcados con el número 14-6 y 14-4 malas de luces. se suscribe Nelson Figueroa R 247” (Copia auténtica, Informe Técnico de Tránsito fls. 11 a 14 cdno. 1).

— El 6 de diciembre de 1993, el Interventor de la obra comunicó al Contratista lo siguiente:

“Le solicitó en la mayor brevedad posible la colocación de avisos y señalización en la parte correspondiente a la obra del contrato en mención debido a la falta de ellas. Aún no se colocan los avisos y señales en la parte correspondiente a la carrera 80 sobre el podio y glorieta de Guayabal. De no acatar dicha orden se verá sometido a sanción.” (Copia simple, memorando fl. 348 cdno. 2).

— El 9 de diciembre de 1993, el interventor requirió nuevamente al contratista para que instalara señales en la obra (Copia simple, fl. 347 cdno. 2).

— El 20 de diciembre de 1993, la señora Elvira Ramírez R. comunicó al Secretario de Obras Públicas Municipales lo siguiente:

“Hace algunos meses se construyó el cordón de la calle 35 comprendido entre las carreras 80 y 81 quedando la obra inconclusa dejando los escombros en la avenida, al pasar la calle me caí causándome un esquince en el pie derecho, quizás otros transeúntes han sufrido accidentes y no se han manifestado.” (fl. 319 cdno. 2).

— El 27 de enero de 1994, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Vida Número Uno, Fiscalía Seccional Número Tres, profirió resolución por medio de la cual decretó la preclusión de la investigación adelantada contra la señorita Astrid Yolanda Gaviria Jiménez, por el accidente en el que perdió la vida el señor Rafael Chica I “ por hallarse plenamente demostrado que el hecho tuvo ocurrencia dentro de las circunstancias de inculpabilidad contempladas en el numeral 1º del artículo 40 del código penal - caso fortuito.”

De los motivos de la providencia la Sala destaca lo siguiente:

“Desde un principio, en su versión libre, la incriminada explicó que viajaba a velocidad moderada, después de una reunión con sus condiscípulos de la universidad, en la cual ingirió muy poco licor —su examen de alcoholemia le reportó segundo grado de embriaguez— tomando la carrera 80 de esta ciudad, en sentido norte —sur— que a la par del carro montero que conducía, que se lo había prestado uno de sus compañeros, viajaban dos motocicletas de la policía, y que en un momento dado al llegar a la calle a la calle 48B, cuando sobrepasaba un carro que se encontraba a la derecha por que al parecer estaba varado, de un momento a otro, comenzó a sentirse que el vehículo patinaba en cascajo y una de esas piedras se encontró con la llanta de adelante del automotor que dio tremendo salto pasándose al otro lado de la vía y embistió de frente al taxi de los dos occisos que se movilizaban en sentido contrario por la otra calzada.

(...)

Explicó la justiciable Gaviria Jiménez que todo se debió a que El Municipio de Medellín en esos días estaba haciendo una serie de reparaciones en la vía de la carrera 80 y dejaron montículos de cascajo y piedra arrumados en el costado de la calzada por donde ella se dirigía sin ningún aviso y precisamente en un lugar donde la viabilidad era muy poca por falta de lámparas igualmente dañadas.- que al pasar el carro que estaba orillado a la derecha, tomó o se fue contra un primer montículo y luego la recibió otro de esos materiales que dejaron los trabajadores de obra pública produciéndose el efecto dañino que tomó su carro.

En esa explicación la acompañan no solo las personas que viven ahí en donde ocurrió el accidente, sino de los militares que viajaban en la moto que hacía vigilancia y que el carro montero que conducía la sindicada, había dejado un poco atrás. —Explica y coincide con la incriminada, ese gendarme, en que la velocidad que desarrollaba el montero era normal y que en cambio era ostensible el peligro que ofrecían los montículos de piedra y cascajo en donde se le “embolillo” el automotor a la inculpada, siendo —lo dice—, muy poca la visibilidad en ese lugar por encontrarse las lámparas malas. —Agrega que tuvo conocimiento que esa noche fueron varios los accidentes que pasaron en el mismo lugar de estos acontecimientos.

Se encuentra probado, entonces, que la causa determinante del accidente en el cual tuvo ocurrencia la colisión de los dos automotores en cuestión, fue la cantidad de piedra y cascajo que los trabajadores del Municipio de Medellín, dejaron arrumados a la orilla de la carrera 80 en ese cruce con la calle 48 B de esta ciudad.

Aparece claro que no era previsible para la conductora Gaviria Jiménez el hallazgo de ese material así recogido en la vía, sin aviso de estarse haciendo allí una obra en dicha calle, por lo cual no tuvo el suficiente tiempo para utilizar los frenos y al tomar varias de las piedras, el vehículo tomó un rumbo loco que lo llevó al otro lado de la vía a chocarse contra el taxi conducido por el señor Agudelo que pasaba por allí con el otro pasajero que también resultó muerto.

El artículo 36 del CPP, prescribe que cundo el hecho punible tenga ocurrencia dentro de las circunstancias de inculpabilidad contempladas dentro del numeral 1º del artículo 40 del Código Penal, se debe precluír la investigación, como se hará en este caso.

En efecto, la conductora Gaviria Jiménez no tuvo previsión del obstáculo que se encontró en su trayectoria y no puede imputársele el hecho a título de culpabilidad por culpa, pues, no era probable para ella que existiera ese arrume de material de obras públicas en plena vía y ello causó el accidente.” (Copia auténtica, resolución de preclusión fls. 286 a 289 cdno. 1)

— El 8 de marzo de 1994, se celebró Contrato 205 de 1994, entre Luis Alfredo Ramos Botero, en representación del Municipio de Medellín y el señor Héctor Alonso Giraldo como contratista donde se establecieron las siguientes cláusulas:

“PRIMERA. Objeto: De conformidad con el Oficio 00135 del 20 de Enero de 1994 del Alcalde. Lo constituye la ejecución de OBRAS EXTRAS, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO, en desarrollo del Contrato 810 de 1993, de acuerdo con los siguientes items, cantidad de obra y precios unitarios:

En documento anexo aparece las cantidades extras y adicionales, el cual hace parte integra del presente contrato.

SEGUNDA. Valor del contrato: El valor de las obras descritas en la cláusula anterior, se fija en la suma de: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($14.998.361).

TERCERA. Plazo: Las partes convienen en ampliar el plazo inicialmente pactado, en TREINTA (30) DÍAS SOLARES.

CUARTO. Garantías: El CONTRATISTA deberá ampliar las garantías establecidas en relación con el valor de la presente adición y en TREINTA (30) días solares más.

(...)

SEXTA. En lo demás el presente contrato adicional queda sometido a las cláusulas del contrato original.” (Copia auténtica, contrato de obra pública fls 155 a 156 cdno. 1).

Con ocasión del anterior contrato se realizó anexo de modificación a la póliza Nº 19952, en cuyo texto de modificación, se estableció: “Se deja constancia que según Contrato 205 de 1994 adicional al Contrato 810 de 1993, se prorroga la vigencia de la póliza hasta el 3 de junio de 1994 y se aumenta el valor asegurado de la póliza hasta la suma de $16.697.700 (…).”. (Copia auténtica, póliza de responsabilidad civil extracontractual, fl. 181 cdno. 1).

— El 16 de marzo de 1994 se suscribió el Acta de Recibo de obra por la entidad contratante, el interventor y el contratista. De su texto se trascribe lo siguiente (fl. 315 cdno. 2).

— El 11 de abril de 1994, la Secretaría de tránsito de Medellín Inspección Primera de Accidente decidió declarar “contraventora a la señorita Astrid Yolanda Gaviria Jiménez y sancionarla con multa de seis mil seiscientos m.l ($6.600) a favor del Fisco Municipal, por infringir el artículo 138 numeral 2 y 109 conc. 177 numeral 2º del CNT”.

La anterior decisión se motivó en lo siguiente:

“En todas las versiones la señorita Gaviria manifiesta haber transitado a una velocidad de 40 km. Dejando una huella de frenada de 8.50 mts dejando también una huella de arrastre de 18 mts. Queriendo decir con esto que venía a mas de 40 kms. Infringiendo así e artículo 138 numeral 2 el cual aduce, los conductores deberán disminuir la velocidad en los siguientes casos. Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. Porque si ella merma la visibilidad con las luces altas hubiera alcanzado a observa el obstáculo que presentaba la vía y al estar el carril derecho vacío sin escombro podía haberlo tomado y así evitar el accidente”. (Copia auténtica, fallo contravencional fls. 278 a 283).

— El 9 de mayo de 1994, se firmó Acta de Liquidación del Contrato 810 de 1993 por parte de los señores, Luis Alfredo Ramos Botero en representación del Municipio de Medellín y Héctor Alfonso Giraldo L. en calidad de contratista; de cuya acta se trascribe (fls. 313 a 314 cdno. 2).

De los testimonios recibidos ante esta jurisdicción, resulta pertinente destacar los siguientes:

Alba Lucía Correa Martínez, testigo presencial.

“El taxi venía con la vía y entonces una Toyota se atravesó por el lado de allá, para encontrarse con el que venía, me asomé a la carrera el taxista ya había muerto, hay mismo le destapó la cabeza; arrancaron con el pasajero, un taxista, para el Hospital después me dijeron que había muerto Preguntando: Qué se comentó esa noche del accidente sobre las causa del mismo? Contesto: por lo que habían tirado unos escombros a lado y lado de la vía, hacía mas de un mes llamábamos, ese día había llovido mucho, había tierra, escombro (...) Preguntando: Cuando Ocurrió el accidente estaba lloviendo? Contesto: no ya estaba el pavimento seco. (...) Preguntando: El sitio donde ocurrió el accidente ese día o los días anteriores presenció usted otros accidentes? Contesto: Ese día hubo varios accidentes, pero el más mortal, esos carros resbalaban horribles, las motos se caían, yo estaba nerviosa ese día, ya estábamos guardando: no había señalización, llegó Teleantioquia. (...) Desde noviembre de ese año, hacía como un mes habían desbaratado una acera que había por la mitad, la quitaron y tiraron hacia los lados. Preguntando: Sírvase decirnos si pudo observar algún tipo de señalización que previniera a los conductores o motoristas de que había hombres trabajando en la vía o que había escombro en la vía? Contesto: en ese momento no había nadie trabajando; no había señales de nada, ni siquiera tarrito con candela. Después de sucedido el accidente pusieron la señal. (...) Se le pone de presente las fotos obrantes a folios 175 y 176: así se encontraba la vía cuando ocurrió el accidente? Contesto: las canecas las colocaron después.” (Recibido el 7 de abril de 1997, fls. 439 a 441 cdno. 2)

Diego Giovanni Jaramillo Cárdenas, hermano de la señora María Eugenia Jaramillo Cárdenas:

“(...) Preguntando: A qué se dedicaba el señor Rafael Antonio Chica? Contesto: trabajaba en la bomba de San Juan con la 70, cuidaba carros, a veces lavaba buses y ayudaba a los expendedores de gasolina, como yo conducía un taxi, algunas veces iba a tanquear y él le mandaba algún dinero a mi hermana para el gasto del diario. (...) Yo llegué al lugar de los hechos, la luz era deficiente y los escombros no tenía señalización; al día siguiente ya había señalización, madrugaron a ponerla, en el momento de los hechos no había señalización en ninguna de las dos vías.” (7 de abril de 1997; fls. 441 a 443 cdno. 2)

Álvaro de Jesús Londoño Montoya, Ingeniero Civil Interventor del contrato de obra pública Nº 810 de 1993.

“(...) No tenía conocimiento del accidente sino hasta las siete y media de la mañana que fui reportado por uno de los ingenieros (...) en el inicio del contrato, a los contratistas se le exige y se les notifica por escrito, exigiéndole la señalización y todas las normas del reglamento de tránsito emanadas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Fue exigido mediante un oficio previo. Preguntando: En su carácter de interventor, en la obra del día, según manifiesta usted que se realizaban las visitas, como era el cumplimiento de la señalización por parte del contratista? Contesto: En las visitas realizadas por mí se tenía señalización referente a cinta reflectiva, las famosas llamadas colombinas de concreto y unos párales en rombo, ubicadas a cada cien metros. De la cinta reflectiva, hago una observación la cinta reflectiva es muy dada que la gente que circula por la zona peatonal la daña. Preguntando: Que medidas de seguridad exige el municipio para este tipo de trabajo en las horas de la noche? Contesto: Mechero, la misma cinta reflectiva, con la luz de los vehículo refleja la luz naranja, se colocan algunas barricadas o tableros señalizados en los separadores centrales, indicando señal de peligro y demás señales convencionales del Ministerio de Transporte y Tránsito Preguntando: Después de producido el accidente, el cual ocurrió el 1º de diciembre de 1993 y del cual usted tuvo conocimiento a las 7:30 a.m. en que momento se presentó usted al lugar? Contesto: A las 7:30 a.m. encontrando el trabajo en condiciones normales. Los trabajadores no vimos ninguna anomalía sólo el comunicado que recibimos, del accidente fatal. Preguntando: Sobre la existencia de señales indicativas de trabajo en las horas de la noche el día del accidente y concretamente mecheros, qué pudo constatar o qué reporte recibió? Contesto: los mecheros como se le había comentado al contratista (en el punto del accidente no sé, supongo que la señalización en toda la zona de trabajo, inclusive a fotos) deberían estar ubicados en toda la zona de trabajo, según lo estipulado en los pliegos de condiciones. Preguntando: En el momento de llegar al sitio del accidente, pudo constatar o evidenciar que al amanecer hubiesen existido mecheros encendidos? Contesto: No recuerdo. (...) Preguntando: algunos testigos presenciales del accidente manifestaron al despacho de la existencia de medidas de seguridad en el momento del accidente, manifestando que se había solicitado repetidamente a las autoridades de tránsito tomar las medidas del caso. Conoció la Secretaría de Obras Públicas algo sobre el particular? Contesto: Sobre La señalización, sobre mi posición, existía la señalización, que en la noche la retiren o la rompan o la hurten, ya se nos sale de las manos. Sobre los informes a la Secretaría de Obras Públicas no los conozco. (...) Preguntando La Apoderada del Municipio: En respuesta anterior señala usted que cuando se desplazó al lugar de los hechos observó que la zona donde se realizaban los trabajos se encontraba normal, a que tipo de normalidad se refiere usted? Contesto: Una vez me dirigí al sitio lo encontré en condiciones normales, un deshecho de arena pegado al separador, el cual no generaría ningún problema de sobrepasar un vehículo el carril. En cuanto a señalización, no recuerdo ese día pero si la había. (...) Preguntando: las fotos que se le ponen de presente a folios 175 y 176 tiene usted conocimiento o sabría decir si las mismas pertenecen a fechas anteriores o posteriores al accidente? Contesto: así manteníamos el sitio, lo único que falta es la señalización, la zona se mantenía limpia tal como se ve, los escombros cuando se retiraban de las excavaciones o demoliciones, éstos se retiraban casi inmediatamente.(...) Preguntando: Cuales eran las señales que a su sentir permanecían 24 horas en la vía como señal de peligro y prevención? Contesto: Mecheros, cinta reflectiva, señales de peligro fijas, las colombinas, unos tablestacados de madera indicando peligro en fondo amarillo. Preguntando: Es de normal ocurrencia que a las obras le roben todas las señales que indican peligro incluida las fijas? Contesto: En la mayoría de las veces si ocurre lo hacen por hurto o maldad, mas que todo. Preguntando: La cinta de VHS que acaba de ver corresponde al sitio de las obras en ejecución del contrato 810 Contesto: Sí. Pregunta por el Despacho: La Secretaría de Obras Públicas a través del departamento de Interventorías ha ejercido o ejerce actualmente algún control sobre la existencia de señalización en las obras adelantadas por su contratista en horas nocturnas? Contesto: La Secretaría de Obras Públicas siempre le exigió la señalización a los contratistas. No existen programas. Nosotros como entidad pública la hacemos dos llamados de atención a la contratista, si en el segundo llamado de atención no la cumple, la aplicamos la multa.” (fls. 445 a 450 cdno. 2).

— El 14 de mayo de 1997, se realizó inspección judicial al lugar en que ocurrieron lo hechos, en presencia del señor Magistrado, los apoderados de las partes y el curador ad-litem de los llamados en garantía. Del acta correspondiente se destaca lo siguiente:

“La vía se encuentra en buen estado; circulación sur – norte y norte – sur, calzada doble cada. Separador central: tiene una altura de veinte (20) centímetros por un (1) metro de ancho, aproximadamente; tiene lámparas, tal como se observa en la fotografía a folio 175; en la actualidad está totalmente construido y limpio. Se hace presente la señora Alba Lucía Correa Martínez, testigo presencial de los hechos, su versión de los hechos coincide con el croquis visible a folio 13; manifiesta que el sitio, a la fecha de ocurrencia de los hechos, existía a lado y lado del separador central escombros regados.” (Inspección judicial fl. 453 cdno. 2).

3. Análisis de la Sala.

La Sala, al igual que el Tribunal, encuentra debidamente probados los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial del municipio de Medellín por los perjuicios derivados de la muerte del señor Rafael Antonio Chica ocurrida el 1º de diciembre de 1993, cuando el vehículo en el que iba como pasajero fue arrollado por un campero que se salió de su vía cuando se encontró con los escombros y materiales de una obra ejecutada, en cumplimiento de un contrato suscrito entre dicho municipio y un particular.

Como se expuso en el acápite precedente, las pruebas son demostrativas de que en el lugar de la obra no había suficiente iluminación y de que no se habían instalado los avisos correspondientes a la realización de trabajos públicos, no obstante que los mismos son de obligatoria ubicación, de conformidad con lo dispuesto en las normas de tránsito y en el correspondiente contrato.

En efecto, el Código de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos, contenido en el Decreto 1344 de 1970(5) y modificado por los decretos 1809 y 2591 de 1990, estipula en su artículo tercero que son autoridades de tránsito a nivel municipal el Alcalde y las Secretarías, Departamentos, Inspecciones y demás organismos municipales de tránsito, a quienes según el artículo 6° del mismo Código, les corresponde dentro de su respectiva jurisdicción, expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, con sujeción a las disposiciones de tal ordenamiento, a sus normas reglamentarias y a las demás que lo modifiquen o adicionen.

La obligación también emana de las normas que rigen la contratación estatal y del contrato, con fundamento en las cuales el municipio de Medellín, por su condición de dueño de una obra, debe reparar los daños que con la ejecución de la misma cause a los terceros, sin perjuicio de que obtenga del contratista el reembolso del valor total de la indemnización.

La Sala comparte lo expuesto por el Tribunal, respecto de la concurrencia de otra causa en la producción del daño, cual fue la imprudencia de la conductora del vehículo, quien superó el límite de velocidad permitida para esa zona y no contó con la habilidad suficiente para maniobrar el vehículo que colisionó contra el montículo de materiales dispuesto para la obra. Esta circunstancia, sin embargo, no permite reducir la condena impuesta a la entidad toda vez que, cuando el daño se produce por la acción u omisión de dos o mas personas, cada una de ellas es solidariamente responsable por todo el perjuicio.(6)

Por lo expuesto la Sala confirmará, en lo fundamental la decisión adoptada por el Tribunal.

4. Los perjuicios.

4.1. La Sala encuentra claramente acreditado el parentesco invocado por la señora María Eugenia Jaramillo Cárdenas y el menor May Esteban Chica Jaramillo; la primera como esposa del señor Rafael Antonio Chica Idagarra y el segundo como su hijo. (Registro de matrimonio y registro civil de nacimiento fls. 2 cdno. 1 y 3 cdno. 2).

Comparte además lo considerado por el tribunal de instancia respecto de la existencia de los perjuicios morales causados a los citados demandantes y el valor dispuesto para su indemnización, en el entendido de que la demostración del parentesco permite inferir la gran congoja y aflicción que se padece por la muerte del esposo y padre.

Cabe igualmente advertir que la condena impuesta a favor de los demandantes se tasará en salarios mínimos legales mensuales, en aplicación de las pautas jurisprudenciales adoptadas a partir de la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2001, en la que se afirmó: “la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda (…)”(7).

Como el valor dispuesto para la esposa e hijo del señor Chica es el equivalente en pesos a mil gramos de oro, máximo reconocido por la jurisprudencia a la fecha de la sentencia, habrá de considerarse que corresponde al valor máximo acogido en la actualidad, esto es, a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4.2. La Sala también encuentra debidamente demostrado el lucro cesante, toda vez que se acredito que el señor Chica laboraba en una estación de gasolina y realizaba actividades de mecánica (fls. 441, 442 y 451) y comparte lo considerado por el Tribunal respecto del salario base al que se le descontó el 25% que dedicaba a su propia subsistencia.

La cuantía se definió mediante la utilización de las fórmulas adoptadas por esta Corporación, a cuyo efecto tuvo en cuenta los períodos consolidados y futuro de indemnización, calculados desde la fecha en que ocurrió la muerte, el último día de su vida probable y la fecha en que el hijo cumpliría los 18 años.

Con fundamento en lo anterior la Sala confirmará en lo fundamental la condena impuesta por estos conceptos, previo a lo cual actualizará sus valores a la fecha de esta providencia, en aplicación de la fórmula de indexación adoptada por la jurisprudencia nacional:

Ca = ChIPC final (fecha de esta providencia, marzo de 2007)
 IPC Inicial (fecha de la sentencia de primera instancia, junio de 2000)

Lucro cesante dispuesto a favor de la esposa

Ca = 29’477.220 173,74 =$43’828.602,51
 116,85 

Lucro cesante dispuesto a favor del hijo

Ca = 11’689.804 173,74= $17’381.142,89
 116,85 

5. Consideración final.

Como en el presente caso el contratista compareció como llamado en garantía por el municipio no resultaba procedente declararlo solidariamente responsable por los daños probado en el proceso y es por tanto acertada la declaratoria de responsabilidad de la entidad, conforme lo dispuso el Tribunal, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista el reembolso del valor total de la indemnización pagada a los demandantes, toda vez que el contratista se obligó para con el Municipio a indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la ejecución del contrato de obra.

No obstante lo anterior, como el tribunal dispuso que el municipio “podrá repetir” contra el particular contratista, se impone modificar dicha decisión, en el entendido de que el municipio llamó en garantía a su contratista y la sentencia resolvió la relación jurídica existente entre los dos. Por esta razón, la Sala declarará la obligación del contratista particular a rembolsar a la entidad el 100% del valor de la condena.

Se precisa finalmente que, como la Sala carece de competencia para revisar lo dispuesto por el Tribunal respecto de los sujetos llamados en garantía por el contratista Héctor Alonso Giraldo, el contenido de los numerales correspondientes de la sentencia consultada habrán de mantenerse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia consultada, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 29 de junio de 2000; quedará así:

1. Declárase patrimonialmente responsable al Municipio de Medellín por los perjuicios morales y materiales causados a la señora Maria Eugenia Jaramillo Cárdenas y al joven May Esteban Chica Jaramillo, con la muerte de su esposo y padre, ocurrida el 1º de diciembre de 1993.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase al Municipio de Medellín al pago de los siguientes valores.

2.1. Por concepto de perjuicios morales 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.1. (sic) Por concepto de perjuicios materiales a la señora María Eugenia Jaramillo Cárdenas la suma de $43’828.602,51 y al joven May Esteban Chica Jaramillo, la suma de $17’381.142,89.

3. El señor Héctor Alonso Giraldo, deberá pagar al Municipio de Medellín el 100% del valor total de la indemnización que éste último cancele a los demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir en un 20% en contra de la señora Astrid Gaviria Jiménez y de Luis Guillermo Múnera quienes son solidariamente responsables.

5. El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir de la compañía de seguros “El Cóndor S.A.” por la suma de $16.697.700.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Sin costas

8. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del CCA

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, presidente—Ruth Stella Correa Palacio—Enrique Gil Botero—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) La condena se impuso por $79.988.624, cifra superior a los 300 salarios mínimos legales mensuales necesarios para que proceda la consulta en el año en que se profirió la sentencia, 2000, que corresponden a $70.938.000

(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del CCA, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, vigente a la fecha en que se produjo la sentencia.

(3) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 28 de noviembre de 2002, Expediente 14397, reiterada en sentencia 15059 proferida el 9 de julio de 2005.

(4) Sentencia 14397 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 28 de noviembre de 2002. Actor: Ana María Marín de Galves y otros.

(5) El artículo 112 de dicho decreto se refiere a las distintas clases de señales, convenciones y demarcaciones de tránsito que pueden existir en las vías, dentro de las cuales se encuentran las “Señales de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste”.

(6) Así lo establece el artículo 2344 del C.C.

(7) Sección Tercera del Consejo de Estado. Expedientes Acumulados 13232 y 15646. Actores: Belén González y otros - William Alberto González y otra.