Sentencia 1994-00801 de noviembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 05001-23-26-000-1994-00801-01 (21057)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Orlando de Jesús Marín Gil y otros

Demandados: la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: acción de reparación directa-3116 (apelación)

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que para el momento en el cual se propuso el recurso de apelación, la cuantía de la demanda alcanzaba aquella exigida para el efecto, en relación con una acción de reparación directa (D. 597/88)(1).

2. Responsabilidad de la entidad pública demandada.

Se anticipa que la decisión adoptada por el a quo habrá de confirmarse, dado que el acervo probatorio recaudado no permite imputar a la entidad pública demandada el daño por el cual se reclama indemnización, con fundamento en las siguientes consideraciones.

2.1. La existencia del daño.

2.1.1. La lesión sufrida por el señor Orlando de Jesús Marín Gil, el 7 de noviembre de 1992, al ser alcanzado por la onda explosiva producida por la detonación de unos artefactos explosivos, en el municipio de La Ceja, Antioquia, se acreditó con:

(i) La constancia expedida el 22 de noviembre de 1995, por el director del Hospital San Juan de Dios de La Ceja, mediante la cual certificó que el 7 de noviembre de 1992, el señor Orlando de Jesús Marín Gil ingresó al servicio de urgencias de dicho centro asistencial y que fue inmediatamente remitido al Hospital Universitario San Vicente de Paul de Medellín, dada la gravedad de sus heridas (original fl. 30, c-7);

(ii) Historia clínica 1565090 (copia auténtica fls. 279 a 295, c-7) correspondiente a Orlando de Jesús Marín Gil, elaborada por la Fundación Universitaria Hospital San Vicente de Paul de Medellín, según la cual el 7 de noviembre de 1992 a las 12:00 p.m., se recibió en la unidad de urgencias al señor Marín Gil, quien momentos antes había sufrido una herida en la región frontal del cráneo por esquirlas provenientes de una explosión; el examen radiológico “tac de cráneo simple” practicado al paciente el 9 de noviembre de 1992, arrojó:

“Se aprecia esquinas de proyectil metálicas alojadas en región temporal derecha la cual crea destellos.

Observarnos además esquirlas intracraneanas en la región frontal media, topografía del cuerpo calloso y en frontal izquierdo sitio de salida de la bala en donde también observamos esquinas metálicas epicraneanas.

Hay neumocéfalo frontal derecho y pequeñas contusiones hemorrágicas en el trayecto de la bala.

Borramiento de los surcos cerebrales.

No hay desviación de la línea media.

Se observa aumento de la densidad del surco longitudinal superior y de la fisura interhemisférica, secundaria a H.S.A. post traumática.

La fosa posterior es normal y como variante anatómica existe una cisterna occipital prominente.

No se observan hematomas.

Conclusión: edema cerebral.

Contusiones hemorrágicas post traumáticas en región temporal derecha y frontal izquierda.

H.S.A. traumática.

Esquirlas metálicas intracraneanas frontales” (copia auténtica fl. 285, c-7).

De conformidad con la historia clínica, el paciente fue sometido a una intervención quirúrgica el 9 de noviembre de 1992, en la cual le retiraron fragmentos óseos, pero las esquirlas metálicas no pudieron ser extraídas dada su ubicación en el cerebro. Orlando de Jesús fue dado de alta el 12 de noviembre siguiente, con la indicación de someterse a continuos controles para monitorear la evolución del paciente.

2.1.2. Se estableció que la lesión sufrida por Orlando de Jesús Marín Gil, causó perjuicios morales a los demandantes, así: (i) a la señora Luz Elena Jiménez Ruiz, quien demostró ser su cónyuge, según consta en el certificado del registro civil de matrimonio de Orlando de Jesús Marín Gil y Luz Elena Jiménez Ruiz (fl. 5, c-1) y (ii) a los menores de edad Leidy Johana y Juan Pablo Marín Jiménez, quienes acreditaron ser hijos de Orlando de Jesús, de conformidad con los certificados de sus registros civiles de nacimiento (fls. 6 a 7, c-1).

En efecto, la demostración del vínculo conyugal y del parentesco en el primer grado de consanguinidad, entre los demandantes y el lesionado, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquellos sufrieron por las lesiones infligidas a este. Pero, además de esa inferencia, dicho perjuicio quedó acreditado con los testimonios que rindieron ante el comisionado Juez Promiscuo del Circuito de La Ceja, Antioquia, los días 29 y 30 de noviembre y 4 y 5 de diciembre de 1995, los señores Guillermo de Jesús García, Miguel Ángel Gallego Morales, Octavio de Jesús Henao Rodríguez, Omar de Jesús Cañas Tobón y Jesús Alonso Alvarez (fls. 44 a 50, c-1), quienes manifestaron conocer a la familia del señor Orlando de Jesús Marín Gil, por residir todos en una ciudad pequeña “donde todos se conocen” y que les constaba el profundo dolor sufrido por estos como consecuencia de las lesiones de su ser querido.

2.2. El hecho causante del daño.

El material probatorio recaudado en el expediente, conformado por documentos en original y en copia auténtica, así como por los testimonios rendidos ante el comisionado Juez Promiscuo del Circuito de La Ceja, Antioquia, permite tener por acreditado que:

El 7 de noviembre de 1992 alrededor de las 10:00 p.m., se produjo la explosión de cuatro petardos en el municipio de La Ceja, Antioquia, uno en cada una de las siguientes entidades bancarias: el Banco Industrial Colombiano, Bancoquia, el Banco Ganadero y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o “Caja Agraria”, oficinas ubicadas en el parque principal de la ciudad; que en esos momentos el señor Orlando de Jesús Marín Gil se encontraba en el lugar de las explosiones y, que como consecuencia de las mismas resultó herido.

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas: (i) el “reporte sobre los actos terroristas ejecutados en el departamento de Antioquia durante los años 1989 a 1995”, remitido al a quo por el secretario de gobierno de ese departamento (original fls. 296 a 304, c-7) y (ii) el informe sobre los actos terroristas ejecutados en todo el país entre 1989 y 1995, remitido al a quo por el jefe de la división de inteligencia interna y externa del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (original cdnos. 8 y 9); documentos en los cuales se consignó que el 7 de noviembre de 1992, en el municipio de La Ceja, Antioquia se produjo un acto terrorista dirigido “contra el sector financiero”, con explosivos tipo petardos, detonados en las sucursales de la Caja Agraria, del Banco Ganadero, del Banco Industrial Colombiano y de Bancoquia, por parte de “milicias populares”.

Dicha información también se consignó en: (iii) el certificado acerca de “la cantidad de atentados terroristas perpetrados en el departamento de Antioquia, durante los años 1988 a 1993”, elaborado por el Departamento de Policía de Antioquia - sección de inteligencia (copia auténtica fls. 305 a 312, c-7) y (iv) la “relación de atentados terroristas mediante el uso de explosivos, bombas, artefactos dinamiteros o similares a partir del año 1989 en el departamento de Antioquia”, remitido al proceso por el jefe de la sección de inteligencia del Departamento de Policía de Antioquia (original fls. 315 a 331, c-7), documentos que si bien provienen de la parte demandada, concuerdan en su contenido con los previamente referenciados.

Así mismo, (v) la transcripción del poligrama 3340 de 8 de noviembre de 1992, dirigido a la dirección operativa de la Policía Nacional, por el comando del Departamento de Policía de Antioquia, según el cual “... el día 071192, siendo las 22:00 horas, fueron activados cuatro petardos con daños locativos en las siguientes instalaciones bancarias BIC, Bancoquia, Banco Ganadero y Caja Agraria, ubicadas en el municipio de La Ceja...” y que las explosiones dejaron como resultado una persona fallecida y varias personas heridas, de quienes no hay datos comoquiera que “fueron transportadas rápidamente a los hospitales de Ríonegro y Medellín” (copia auténtica fls. 313 y 314, c-7).

De la ocurrencia de las explosiones también da cuenta, (vi) el testimonio rendido ante el comisionado juez Promiscuo del Circuito de La Ceja, por el señor Octavio Henao Rodríguez, quien relató que el día de los hechos estuvo presente en el momento en el que estallaron los petardos en el parque principal de La Ceja y que vio cómo algunas personas fueron alcanzadas por la onda explosiva, pero que alcanzó a huir en el vehículo que conducía. Narró el declarante:

“Esa noche yo estaba al frente de la portería del parque, de la puerta del parque mejor dicho, (...) yo sentí que explotó la primera por los lados del Banco Industrial Colombiano, después se sintió la otra por los lados de la heladería El Cortijo, entonces como la gente toda empezó a asustarse, entonces cuando iba a coger el carro para salirme de la plaza, sonó no me acuerdo bien si fueron una o dos por los lados del Banco Ganadero, arranqué para salir para la casa como le dije, había recorrido por ahí unos veinte metros más o menos, cuando venía al frente de Bancoquia hizo explosión la que colocaron ahí, tanto que a mí me brincó una esquirla o un pedazo de palo o piedra, no sé, uno del susto que se iba a bajar a asomarse, (...) uno veía que cogían a uno y otro...” (fls. 47 y 48, c-1).

A su vez los señores Omar de Jesús Cañas Tobón y Jesús Alonso Álvarez afirmaron, ante ese despacho judicial, haber visto herido e inconsciente al señor Orlando de Jesús Marín Gil en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, la noche de las explosiones en La Ceja, junto con las demás personas que resultaron heridas como consecuencia de las mismas, quienes fueron llevadas a esa ciudad para ser atendidas.

El señor Omar de Jesús Cañas Tobón, afirmó:

“Me di cuenta en el mismo Hospital San Vicente de Paul cuando fui a visitar a este muchacho León Darío Álvarez y el señor Orlando Marín se encontraba también ahí, cuando lo vi en el San Vicente estaba inconsciente, tenía la cabeza tapada, estaba como con sondas, se encontraba allá a raíz de las bombas que habían colocado aquí en La Ceja...” (fl. 48, c-1).

El señor Jesús Alonso Álvarez, quien aseguró que su hijo resultó lesionado en el atentado terrorista, declaró:

“... después a León Darío [hijo del testigo] lo enviaron para Medellín y en Medellín nos encontramos que en el Hospital San Vicente de Paul estaba también este muchacho Orlando Marín y otros de los heridos de esa noche, este muchacho Orlando estuvo prácticamente cama con cama, en el mismo pabellón del hijo mío” (fls. 49 y 50, c-7).

Si bien los declarantes no observaron el momento preciso en el que el señor Orlando de Jesús Marín Gil resultó lesionado como consecuencia del atentado con explosivos ocurrido el 7 de noviembre de 1992 en La Ceja, el hecho de que aquellos lo vieron herido en el Hospital San Vicente de Paul de Medellín, donde también se encontraban las demás. personas que resultaron lesionadas en dicha ocasión, en conjunto con la afirmación contenida en el poligrama de la Policía Nacional de 8 de noviembre de 1992, en el que se explica que dada la rapidez con la que fueron evacuados los heridos no pudieron ser identificados en el lugar de los hechos, así como la historia clínica del señor Marín Gil elaborada en el Hospital San Vicente de Paul, que indica que la lesión del paciente se debió a esquirlas provenientes de una explosión ocurrida en La Ceja momentos antes de su ingreso a dicho centro médico —registrado a la media noche del 7 de noviembre—, le permiten a la Sala inferir que el daño por el cual se reclama, se derivó del atentado con explosivos al que se refiere la demanda.

2.3. Imputación del daño a la entidad pública demandada.

Se imputa a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el daño padecido por la parte actora, comoquiera que no habría previsto, pudiendo hacerlo, la ocurrencia del atentado con explosivos en el municipio de La Ceja, Antioquia, el 7 de noviembre de 1992, pues era un hecho notorio los ataques terroristas que se presentaban en el país en la época y además, había amenazas provenientes de la guerrilla acerca de tomarse dicha población, pero a pesar de ello, no se habría adoptado medida de seguridad alguna tendiente a proteger a la población civil ajena al conflicto.

2.3.1. Responsabilidad del Estado por actos terroristas.

El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles(2).

Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la corporación, bajo dos discernimientos básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva o concurrente con la de la víctima o la de un tercero. Tales criterios están vinculados, por supuesto, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido este su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.

Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, en principio no le son imputables a este, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y licita por el Estado, por ejemplo, los daños causados a. los vecinos de las bases militares o policiales, cuando estas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.

Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(3).

También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala:

“En otros eventos (...) la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(4).

Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal(5).

Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando estos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. Ha precisado la Sala:

“Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia”(6).

En síntesis, los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por esta con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo del Estado o de sus Fuerzas Armadas(7).

2.3.2. En el caso concreto el daño no es atribuible a la entidad demandada.

Como ya se señaló, las pruebas relacionadas son suficientes para demostrar la explosión de cuatro petardos el 7 de noviembre de 1992, en las sucursales bancarias del Banco Industrial Colombiano, de Bancoquia, del Banco Ganadero y de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, ubicadas en el municipio de La Ceja, Antioquia, explosión en la que se causó el daño por el cual se originó este proceso.

Sin embargo, se advierte que no obra en el expediente ninguna prueba relacionada con las circunstancias en las cuales se produjo el atentado con explosivos, de tal manera que fuera posible afirmar que hubo en el acto intervención directa o colaboración de algún agente estatal, o que se omitió prestar la protección especial que hubiera sido requerida, o que fuera evidente que debía prestarse en razón de las circunstancias concretas de amenazas por parte de grupos guerrilleros de tornarse la población, como lo afirmó la parte actora, aserto cuya demostración corría por su cuenta. Por lo tanto, no es posible deducir la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por falla del servicio.

En efecto, en el testimonio rendido por el señor Octavio Henao Rodríguez —único testigo presencial de los hechos— se describe la ocurrencia de las detonaciones, que a medida que estas se presentaban, algunas personas eran alcanzadas por aquellas y que él alcanzó a huir del lugar de los hechos. Sin embargo no da cuenta alguna de las circunstancias que rodearon el hecho o de la situación del municipio de La Ceja previa a la ocurrencia del atentado, que permitiera inferir la previsibilidad de los hechos del 7 de noviembre de 1992.

Por su parte, los reportes acerca de los atentados terroristas perpetrados en el país entre los años 1989 y 1995, ya referidos, evidencian que se presentaron actos de esta naturaleza en contra de entidades bancarias en el país, e incluso, el informe sobre esta materia remitido al a quo por el jefe de la división de inteligencia interna y externa del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pone de presente que el 3 de mayo de 1992, en el municipio de La Ceja estalló un petardo en las instalaciones de una entidad bancaria, lo cual si bien permite de manera abstracta entender que actos de tal naturaleza podían seguirse presentando en el territorio nacional y en Antioquia, lo cierto es que dichos documentos no aportan elemento alguno de juicio que admita inferir, que en concreto, respecto del atentado del 7 de noviembre de 1992 en La Ceja, la demandada contaba con información que hiciera previsible su ocurrencia, por ejemplo, que supiera de las supuestas amenazas en contra de la población o de las entidades bancarias atacadas o que la situación de orden público del municipio requiriera la adopción de medidas de especial protección, y en consecuencia, que se encontrara en el deber de desplegar su actividad tendiente a resistirlo.

Así mismo, se allegaron al proceso los ejemplares del periódico local El Colombiano, de 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 1992 (anexos 5, 6 y 7) y la página 9-D de la edición de 9 de noviembre de 1992 del periódico El Tiempo y, la página 15-A de la edición de 9 de noviembre de 1992 del periódico El Espectador (copias auténticas fls. 5 a 8, c-7), que registraron la noticia de la explosión de cuatro petardos en La Ceja, Antioquia y refirieron la situación de violencia que en los días posteriores se presentó en el país, así como las medidas que en reacción a la misma el gobierno había asegurado implementar, pero no se publicó contenido alguno referente a las circunstancias del municipio de La Ceja, previas al 7 de noviembre de ese año.

De acuerdo con el mérito probatorio que merecen las publicaciones realizadas en periódicos no oficiales, las informaciones suministradas en los referidos ejemplares del diario El Colombiano de Medellín y en las copias de algunas páginas de los periódicos El Tiempo y El Espectador, permiten considerar que esas fueron las noticias que se publicaron, pero en manera alguna permiten acreditar la ocurrencia de los hechos que en ellos se expusieron(8).

De lo anterior se tiene entonces que, el acto terrorista del cual se derivó el daño por el cual se reclama indemnización, fue un hecho del que las autoridades no tuvieron un conocimiento previo concreto que les posibilitara —y les demandara— la adopción de acciones preventivas tendientes a conjurar los riesgos que el mismo implicara para la ciudadanía, por lo tanto, no puede hablarse de una falla del servicio de la entidad demandada, consistente en no asumir una conducta de protección de la comunidad, respecto del peligro que sobre esta se cernía.

Se debe poner de presente además que las escasas pruebas que obran en el expediente, demuestran que el atentado con explosivos estuvo dirigido en contra de cuatro entidades bancarias por igual, en tanto se detonó un petardo en cada una de las siguientes sucursales: Banco Industrial Colombiano, Bancoquia, Banco Ganadero y Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o “Caja Agraria”, es decir, no está demostrado que ese acto hubiera tenido como objetivo un elemento claramente identificable como del Estado, como lo es un establecimiento militar o de policía, un centro de comunicaciones, o un personaje representativo de la cúpula estatal, circunstancia que permitiría el estudio del sub lite bajo el criterio objetivo de imputación de riesgo excepcional, en cuyo caso se estudiaría la responsabilidad de quien creó dicho riesgo.

Por otra parte, si bien en el recurso de apelación se afirmó la presencia en el sub examine de una “omisión legislativa relativa”, en la medida en que no se habrían expedido normas efectivas que permitieran la reparación de los daños causados a las víctimas de este tipo de actos, observa la Sala que aquel es un argumento que no fue planteado desde la demanda y que comporta la imputación al Estado legislador de una falla del servicio por omisión, lo cual, al no constituir materia del proceso desde sus inicios, no fue objeto del debate y por lo tanto, no es admisible en esta instancia el estudio de nuevas imputaciones so pena de vulnerar el principio de congruencia de las providencias judiciales.

De conformidad con lo expuesto y en atención a que no se estableció que el daño, consistente las lesiones padecidas por el señor Orlando de Jesús Marín Gil, derivadas del atentado con explosivos perpetrado el 7 de noviembre de 1992, en el municipio de La Ceja, Antioquia, le pudiera ser atribuido a la parte demandada, se impone la confirmación de la sentencia recurrida en todas sus partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Segunda de Descongestión con sede en Medellín, el 28 de febrero de 2001.

2. Una vez ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 1994 y cuyo recurso se hubiera propuesto antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 —lo cual ocurrió el 28 de abril de 2005, cuando entró a regir la Ley 954—, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación, era de $ 9‘610.000 y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a la suma de $ 495‘360.000, que corresponde al monto reclamado por lucro cesante a favor del señor Orlando de Jesús Marín.

(2) Se reiteran los planteamientos esgrimidos en las sentencia de la Sección Tercera de octubre 1º de 2008, Exp. 16920 y junio 9 de 2010, Exp, 18536, ambas con ponencia de quien proyecta este fallo.

(3) Con fundamento en ese titulo de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, Exp. 5417, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, Exp. 5595, C.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, Exp. 9276 y 8222, C.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, Exp. 9273, C.P. Juan de Dios Montes; 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; 30 de marzo de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; 27 de julio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; 6 de octubre de 1995, Exp. 9587, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, Exp. 11038, C.P. Jesús Maria Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, Exp. 10949, C.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, Exp. 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, entre otras.

(4) Sentencia del 10 de agosto de 2000, Exp. 11518, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; en el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, Exp. 11834, C.P. Alier Hernández.

(5) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Exp, 7577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(6) Sentencia de 27 de enero 2000, Exp. 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencias de 15 de marzo de 1996, Exp. 9034, C.P, Juan de dios Montes; 28 de abril de 1994, Exp. 7733, C.P. Julio César Uribe Acosta; 17 de junio de 1993, Exp. 7533, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 13 de mayo de 1996, Exp. 10627, C.P. Daniel Suárez Hernández; 5 de septiembre de 1996, Exp, 10461, C.P. Jesús Maria Carrillo Ballesteros; 10 de agosto de 2000, Exp. 11585, C.P. Alier Hernández; 21 de febrero de 2002, Exp. 13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de mayo de 2004, Exp. 14405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(7) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Exp. 8577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(8) Ver al respecto entre otras, Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, Exp. 18108, con ponencia de quien proyecta este fallo.