Sentencia 1994-00949 de septiembre 29 de 2010

 

Sentencia 1994-00949 de septiembre 29 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-1100131030071994-00949-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Los tres cargos formulados se aúnan para su estudio, porque como en su momento se verá, toda la acusación, en su contexto, se encuentra articulada.

Cargo primero

1. Denuncia la violación directa de los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, 946 y 2512 del Código Civil, 51 de la Ley 9ª de 1989, 3º de la Ley 2ª de 1991, 5º de la Ley 3ª de 1991, 3º y 5º del Decreto 599 de 1991, 91, 92 y 94 de la Ley 388 de 1997, 10º de la Ley 794 de 2003, y 104 de la Ley 812 de 2003.

2. Sostienen los recurrentes, en síntesis, que al presentarse la demanda el 28 de septiembre de 1994, el tribunal no podía aplicar las normas promulgadas con posterioridad, pero como lo hizo, violó el principio de irretroactividad.

Consecuentemente, dicen, el concepto de vivienda de interés social para la época, según el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, modificado por el artículo 3º de la Ley 2ª de 1991, estaba ligado, para efectos de legalizar predios urbanos, únicamente, al valor de adquisición o adjudicación del inmueble, no así a los programas de subsidio familiar para hogares contemplados en el artículo 5º de la Ley 3ª de 1991 y el Decreto 599 del mismo año.

3. En esa medida, concluyen los censores, el sentenciador hizo un “sincretismo desatinado” entre la prescripción y el subsidio familiar para vivienda.

Cargo segundo

1. Acusa, en general, la violación directa de las mismas normas enunciadas en el cargo anterior, así como el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, con la reforma que le introdujo el Decreto 2282 de 1989.

2. Insisten los impugnantes en la aplicación indebida de las disposiciones legales expedidas con posterioridad a la presentación de la demanda, para significar que como la Ley 9ª de 1989, tenía como propósito sanear la titulación de los predios con características de vivienda de interés social, al margen de que fueran adjudicables o negociables, el requisito del subsidio familiar exigido por el tribunal no venía al caso, porque fue instituido para otros efectos después de la vigencia de la Constitución Política de 1991, en desarrollo del artículo 51.

Agregan que la violación de la ley sustancial también ocurrió al limitar el sentenciador la posibilidad de mejorar y explotar económicamente, mediante arriendo, así sea parcialmente, los inmuebles sujetos a esa normatividad especial, por parte de sus poseedores materiales, cuando la finalidad de la Ley 9ª de 1989, era permitir, mediante unos procedimientos expeditos y con reducción de términos de prescripción, la legalización de los asentamientos urbanos formales e irregulares, bajo el concepto del “derecho a ciudad”.

Acotan igualmente que el juzgador tampoco aplicó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en la versión vigente para la época de presentación de la demanda, en cuanto concedía un término de ciento veinte días, que no de un año, para efectos de vincular a la parte demandada y obtener así la interrupción de la prescripción.

3. Los recurrentes, en definitiva, sostienen que la equivocación del tribunal consiste en hacer un “sincretismo desatinado” entre la prescripción contemplada en la Ley 9ª de 1989 y el subsidio de vivienda familiar establecido en la Ley 3ª de 1991, así como al agregarle a la definición de vivienda de interés social la “circunstancia de no poder ser arrendada”.

Cargo tercero

1. Denuncia la violación indirecta de las mismas normas que se enumeraron en los dos cargos anteriores.

2. Afirman los censores que la conclusión del sentenciador sobre que el lote que poseían no tenía información de su costo al momento de su adquisición, para establecer si sobrepasaba el valor de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales, es el fruto de errores de hecho probatorios.

En efecto, no vio que la permuta se “justiprecia por la suma de doscientos mil pesos”; pasó por alto la escritura de protocolización de mejoras, donde “se consideran avaluadas en la suma de seis millones de pesos”; omitió el “predial unificado año gravable 1994” de “$ 5.000.000”; no tuvo en cuenta que el primer dictamen no podía ser apreciado por haber sido objetado, tampoco el segundo, por cuanto se pidió que fuera aclarado, y que el certificado de catastro no era un experticio; finalmente, la única experticia en firme, la aclaración, no podía desestimarse por no contener la destinación del inmueble, porque el documento oficial del folio 149, que hablaba de “vivienda”, lo suplía.

Según lo anterior, agregan los recurrentes, el requisito a tener en cuenta para considerar un inmueble como vivienda de interés social, bajo el imperio de la Ley 9ª de 1989, se encontraba cumplido, pues en lo que concernía al caso, el bien reclamado, para la época, no excedía el monto de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales, y que si existía alguna duda sobre el particular, debieron decretarse pruebas de oficio.

3. Por último, en cuanto a la interrupción de la prescripción, los recurrentes manifiestan que la presentación de la demanda, el 27 de septiembre de 1994, no fue eficaz para ese efecto, toda vez que la vinculación de los demandados, en mayo de 1995, se obtuvo fuera de los ciento veinte días siguientes de que habla el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, con la reforma que le introdujo el Decreto 2282 de 1989. De ahí que la excepción ha debido prosperar, “por haber cumplido cinco (5) años interrumpidos de posesión del inmueble contados a partir del 1º de enero de 1990, hasta el momento en que fueron notificados de la demanda reivindicatoria”.

4. En suma, en la censura se concluye que los errores enrostrados llevaron al tribunal a acceder a las pretensiones, en lugar de declarar la prescripción de cinco años, establecida para adquirir las viviendas de interés social.

Consideraciones

1. Según el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, de suyo similar, en el punto, al artículo 2º de la Ley 2ª de 1991, por “vivienda” o “viviendas” de “interés social” se entiende “todas aquellas soluciones de vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación, sea o haya sido, en la fecha de su adquisición”, para ciudades con más de 500.000 habitantes, como Bogotá, “inferior o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales”.

2. En función de la excepción de prescripción adquisitiva, en la modalidad de extraordinaria, alegada al contestarse la demanda, en el caso no existe polémica entre tribunal y recurrentes, respecto a que dentro de los requisitos mínimos exigidos en la ley para clasificar un inmueble como “vivienda de interés social”, se encuentra el relativo al precio.

Igualmente, resulta pacífico en el proceso que ese valor debe determinarse a la “fecha” de “adquisición” del bien, como en el mismo precepto se prevé, con independencia, claro está, de si el título de “adquisición o adjudicación”, es derivativo o constitutivo del dominio. Tratándose de la prescripción, que es un modo originario de adquirir las cosas ajenas (C.C., arts. 673 y 2512), lo dicho significa que la “fecha” de “adquisición” no puede ser otra que el momento en que se cumple el término de posesión material necesario para declarar la pertenencia.

Esa, precisamente, ha sido la posición de la Corte, al decir, reiterando doctrina anterior, en alusión al artículo 44, inciso 1º de la Ley 9ª de 1989, que el tema de la “adquisición” allí referida, se entronca con el cumplimiento de los requisitos legales para adquirir las cosas ajenas, entre ellas el tiempo de posesión con ánimo de señor y dueño, caso en el cual el “favorecido con la prescripción puede alegarla, ya como defensa o como fundamento de una acción de propiedad, de la misma manera que puede alegarse cualquier otro título de dominio”(1).

3. Lo anterior se torna de capital importancia para efectos de determinar el precio del inmueble controvertido, por cuanto así se haya reconocido la posesión material de los demandados desde el 12 de diciembre de 1982, lo cierto es que la prescripción de cinco años para adquirir las viviendas de interés social, alegada el 31 de mayo de 1995, fecha de contestación de la demanda, vendría a consumarse el 1º de enero de ese mismo año, en la medida en que no hubiere existido interrupción.

Esto, porque si bien el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989, redujo, “a partir del 1º de enero de 1990”, a cinco y tres años los términos de prescripción adquisitiva extraordinaria y ordinaria, la posibilidad de hacer valer la “posesión acumulada” hasta esa fecha, como se había previsto en la misma disposición, fue declarada inexequible por la Sala Plena de esta corporación(2), al considerar que la “garantía constitucional del derecho de propiedad impone, como lo dispone sanamente la Ley 153 de 1887, que la prescripción anterior continúe rigiéndose por la ley bajo la cual viene corriendo y que el prescribiente pueda acogerse a la ley nueva, pero que, en tal caso, el tiempo empieza a contarse a partir de su vigencia”.

La postura de la parte demandada, desde luego, ha sido coherente con lo anterior, inclusive en el contexto del recurso de casación, al decir que la excepción de prescripción adquisitiva extraordinaria, respecto de las viviendas de interés social, ha debido salir avante, puesto que había “cumplido cinco (5) años ininterrumpidos de posesión del inmueble contados a partir del 1º de enero de 1990, hasta el momento en que fueron notificados de la demanda reivindicatoria —mayo de 1995—”, en el entendido que la presentación del libelo, el 27 de septiembre de 1994, no fue eficaz para interrumpir dicho fenómeno, todo seguramente porque el término de posesión que traía acumulado era insuficiente para acogerse a las reglas generales al efecto establecidas.

4. En esa medida, con el fin de establecer si el inmueble de que se trata, era susceptible de adquirirse por el modo de la prescripción especial en comento, pasa la Corte a examinar, ante todo, porque de ahí depende en gran medida el análisis del resto de la acusación, lo cual explica la razón por la cual los tres cargos se estudian conjuntamente, si el sentenciador se equivocó al no dejar sentado que para el 1º de enero de 1995, cuando se consumó el término necesario para usucapir, el precio del inmueble era igual o inferior a 135 salarios mínimos legales mensuales. Esto, por supuesto, aceptando en gracia de discusión, que la presentación de la demanda no produjo las consecuencias del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Con ese propósito, lo primero que debe hacerse es rectificar al tribunal, por cuanto, acorde con lo expuesto, la “fecha” de “adquisición” del inmueble, por el fenómeno de la prescripción alegada, no podía estar referida al 12 de diciembre de 1982, cuando se suscribió el supuesto contrato de permuta, porque allí simplemente nació la expectativa de los demandados de hacerse en el futuro a la propiedad. En todo caso, la conclusión sobre que en el plenario no existía prueba que indicara el valor del inmueble, esta vez para el 1º de enero de 1995, no resulta equivocada en casación.

En primer lugar, porque en el evento de ser oponible a la parte demandante la referida permuta y la escritura de protocolización de mejoras de 21 de agosto de 1991, las sumas referidas en cada uno de esos documentos, se correlacionan con fechas diferentes y distantes a la de adquisición en cuestión. Lo mismo ocurre con el único dictamen que, en sentir de la parte demandada debe valorarse, es decir, el practicado en marzo de 2004, como consecuencia de la inspección judicial, aclarado en febrero de 2005, porque el avalúo lo reportan para esas fechas y no especifican el correspondiente a enero de 1995.

De otra parte, porque al margen del contenido de la experticia presentada en septiembre de 1998, evidentemente objetada, y del “informe de avalúo comercial” proveniente de la oficina de catastro de Bogotá, entre otras cosas elaborado en “abril de 2000”, los mismos recurrentes son quienes, en casación, les restan mérito probatorio. Y en relación con el “predial unificado año gravable 1994”, el cual se aproxima a la época en que los demandados habrían adquirido el predio por prescripción social, su omisión no es trascendente, puesto que, de una parte, en estricto sentido, no es un dictamen, sino una “declaración” de “autoavalúo”, como aparece en el encabezado y en el texto, de la propia parte, que como tal, obviamente la favorece.

5. En consecuencia, como el tribunal no incurrió en los errores probatorios imputados, respecto del precio del inmueble para la “fecha” de su “adquisición”, se repite, esto sería suficiente para mantener la sentencia recurrida, porque el caso, según lo expuesto, no lo gobernaban las reglas de la prescripción adquisitiva previstas en la Ley 9ª de 1989, lo cual, por sí, relevaría a la Corte del estudio del resto de la acusación.

Sobre el particular se tiene explicado que si un fallo se basa en “varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(3).

5.1. Con todo, el sentenciador tampoco pudo cometer los errores iuris in judicando, relacionados con exigir, en principio, una destinación específica del inmueble, porque el planteamiento de los censores, sobre que sí podían explotar económicamente otras dependencias construidas, escapa al espíritu de la Ley 9ª de 1989, dado que esto conlleva el ánimo de lucro. Distinto es que en la misma solución de vivienda de interés social, por razón de las circunstancias, valoradas en cada caso concreto, adicionalmente sus moradores establezcan la actividad que desarrollan y de la cual derivan los medios para su propia subsistencia, porque aquí de lo que se trata es de ejercer la profesión u oficio.

Aunque ese cuerpo normativo no señaló qué debía entenderse por “soluciones de vivienda”, como sí lo hizo el artículo 5º de la Ley 3ª de 1991, mediante el cual se estableció el subsidio familiar, entre otras cosas, al decir que consistía en el “conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias”, y “hogar, los cónyuges y las uniones maritales de hecho y el grupo de personas unidas por vínculos de consanguinidad, afinidad o parentesco civil que vivan bajo en mismo techo y que decidan habitar una misma solución de vivienda de interés social” (D. 599/91, art. 3º), disposiciones vigentes cuando fue presentada la demanda, esto no significa que para la “fecha” de “adquisición” de que se ha hablado, el concepto de “solución de vivienda”, a efectos de legalizar los inmuebles que no estaban sujetos a ningún auxilio del Estado, mediante el modo de la prescripción adquisitiva, entre otras formas, era diferente.

Desde luego que amén de no existir ninguna razón valedera para la distinción, el énfasis que se hace al “interés social”, base de la regulación, envuelve la solución de una necesidad apremiante de la comunidad. Por esto, en la citada sentencia de 12 de abril de 2004, la Corte consideró que el “espíritu fundamental que inspira la Ley 9ª de 1989 está soportado en el cumplimiento de una de las funciones constitucionales del Estado, cual es la de satisfacer a todos los colombianos el derecho a una vivienda digna. Por lo mismo, su promulgación vino a constituir un mecanismo o instrumento que busca agilizar el cumplimiento de tal obligación, admitiendo distintas formas de legalización de títulos, unos para normalizar los asentamientos urbanos informales, otros para facilitar la adquisición de la propiedad de los inmuebles ocupados en vivienda en los términos de la misma ley y, en fin, en cuanto busca dotar a personas de bajos recursos, que requieren la especial protección del Estado, de una vivienda que por las características que a esta asigna la propia ley, se ha considerado ‘de interés social’”.

En esa medida, el juzgador no anduvo equivocado al concluir que el caso no se regía por los términos de prescripción adquisitiva previstos para las viviendas de interés social, puesto que se había demostrado que otras unidades que fueron construidas en el inmueble, distintas a las que constituían la vivienda de los demandados, eran explotadas económicamente por estos, arrendándolas, inclusive al establecer allí un local comercial. Esto, desde luego, permanece enhiesto en casación, no solo por haber sido aceptado por los recurrentes, sino porque fue la base para que defendieran dentro del sistema dicho, equívocamente, según lo que se dejó expuesto, la destinación mixta.

5.2. En lo demás, si el tribunal se equivocó al exigir, para la existencia de la vivienda de interés social, que esta estuviere sujeta a un subsidio familiar o a un programa de esa naturaleza, pues la adquisición del dominio alegada como excepción por los recurrentes, por el modo de la prescripción extraordinaria, excluía ese presupuesto, el error a la postre no resultaría incidente, puesto que los requisitos relativos al precio del predio y su destinación a una solución de vivienda de interés social, que si era necesario exigir, no fueron cumplidos.

Ahora, aunque el sentenciador evocó unas normas promulgadas después de presentada la demanda, la violación al principio de irretroactividad de la ley se habría presentado, en el evento de haberse desconocido un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada. Nada de esto ocurrió en el caso, porque en relación con el fenómeno de la prescripción adquisitiva del dominio, que es el tema involucrado, suficientemente ha quedado claro que como el inmueble no clasificaba como vivienda de interés social, por los pormenores que el caso presentaba, los recurrentes no han podido adquirirlo por las reglas al efecto establecidas en la Ley 9ª de 1989.

6. En esas circunstancias, la acusación en su contexto, está llamada al fracaso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil-Familia, en descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Guillermo Antonio Romero contra Marco Tulio Chaparro Talero y Lucía Herreño.

Sin costas en casación, dada la rectificación doctrinaria.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia 035 de 12 de abril de 2004, Expediente 7077.

(2) Sentencia de 1º de febrero de 1990, CCI-51/82.

(3) Sentencia 134 de 27 de junio de 2005, reiterando G.J., tomos LXXXVIII-596 y CLI-199.