Sentencia 1994-1445/11308 de marzo 20 de 2003

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Rad.: 73001-23-31-000-1994-1445-01(11308)

Actor: J... J... V... D... y otros

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Referencia: Indemnizatorio

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil tres.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 17 de agosto de 1995 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se dispuso:

“NEGAR las pretensiones de la demanda (sic):

“CONDENAR En costas a la parte Actora (sic).” (fl. 171 cdno. ppal.).

I. Antecedentes

1. La demandas.

1.1. Expediente 11445.

Mediante escrito presentado ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué el 14 de julio de 1994 (fls. 11 a 30 cdno. ppal.), y entregado en el Tribunal Administrativo del Tolima el día 15 de los mismos mes y año, los señores J... J... V... D... y D... R... V..., actuando en nombre propio y en el de su hija menor D... M... V... R..., M... P..., L... F... y J... J... V... R..., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, formuló demanda contra la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, para que se declare la responsabilidad estatal “… por razón de las diversas actuaciones surtidas dentro del expediente 6262 contra E... R... E... y otros por el delito de prevaricato, adelantado inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal…” (fl. 12 cdno. ppal.), diligencias dentro de las cuales se decretó la suspensión del doctor J... J... V... D... del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Ibagué, que se hizo efectiva entre el 21 de agosto de 1992 y el 5 de febrero de 1993.

Como consecuencia de tal declaración, piden se condene al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que duró la suspensión, así como los perjuicios morales causados a los demandantes.

1.2. Expediente 11442.

A través de apoderado judicial, los señores E... R... E..., M... C... R..., D... H... R... y O... P... R..., el 14 de julio de 1994 (fls. 7 a 21 cdno. 4) ante el Tribunal Administrativo del Tolima presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, para que se declare la responsabilidad de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes por razón de las actuaciones llevadas a efecto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 6262, adelantado contra E... R... E... y otros, por el delito de prevaricato, actuación dentro de la cual se dictó resolución de acusación contra E... R... E... y se dispuso la suspensión del cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué que éste desempeñaba para esa época, suspensión que tuvo efectos entre el 21 de agosto de 1992 y el 5 de febrero de 1993.

1.3. Expediente 11446.

Con fundamento en la actuación surtida dentro del proceso radicado bajo el número 6262 en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, igualmente en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda los señores H... V... V... G... y E... P... V..., en nombre propio y en el de su hija menor L... M... V... P..., para que se declare responsable a la Nación -Consejo Superior de la Judicatura de los perjuicios morales y materiales causados, con la decisión adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por razón de la cual estuvo suspendido del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Ibagué entre el 21 de agosto de 1992 y el 5 de febrero de 1993.

2. Los hechos.

En las demandas, se narran los siguientes:

2.1. Expediente 11445.

“1. El doctor J... J... V... D... ingresó a la Rama Jurisdiccional hace más de 37 años.

“Durante 4 años y 3 meses, el doctor V… fue magistrado de la Sala Civil Laboral del extinguido Tribunal Superior de Chaparral.

“3. El 1º de agosto de 1969, el doctor J... J... V... D... empezó a desempeñar el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué.

“4. En el mes de junio de 1992, el doctor V... D... llevaba más de 22 años desempeñando en forma continua el mencionado cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué.

“5. Dentro del proceso sucesorio de M... A... O... R..., tramitado ante el Juzgado Civil del Circuito de Armero - Guayabal, y como consecuencia del levantamiento del secuestro de una finca, L... J... O... R... propuso un incidente de liquidación de daños y perjuicios.

“6. El Juzgado de conocimiento decidió el incidente propuesto condenando a la sucesión a pagar $1’000.000 al incidentante (sic).

“7. Recurrida la anterior decisión, la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, integrada por los magistrados E... R... E..., J... J... V... D... y H... V... V... G..., mediante providencia del 24 de abril de 1990, modificó la suma señalada por el a quo, fijando los perjuicios en $3’000.000.

“8. Al tomar esta decisión el Tribunal Superior de Ibagué manifestó en la providencia que ‘encontramos fallas protuberantes en el primero (dictamen pericial) y entonces se debe tener en cuenta el segundo en forma promedial (sic) en lo atinente al monto de aquellos ‘perjuicios’.

“9. Como consecuencia de una denuncia instaurada por la señora E... R... O... (sic), parte en el proceso sucesorio, y hermana del incidentante (sic) L... J... O... R..., se inició un proceso penal contra los doctores E... R... E..., J... J... V... D... y H... V... V... G..., magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué.

“10. Por auto de 30 de enero de 1992, se cerró la investigación.

“11. Dentro de este proceso (Rad. 6262; Delito: Prevaricato), al Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por decisión mayoritaria de 5 votos contra 3, profirió el 30 de junio de 1992 resolución de acusación contra los doctores E... R... E..., J... J... V... D... y H... V... V... G..., magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, como presuntos autores de un delito contra la administración pública, descrito en el capítulo VII, Título III, Libro I del Código Penal, decisión que les fue notificada personalmente el 15 de septiembre de 1992.

“12. En la resolución de acusación se consideró que ‘Partiendo de este documento (acta de diligencia de secuestro), además concordante con una serie de testimonios rendidos por campesinos que destacan el estado de abandono del predio, puede la Sala concluir que la decisión por medio de la cual se modificó la de primera instancia, se aparta de manera ostensible de la sana crítica probatoria que debe guiar la actuación de toda autoridad o corporación judicial.’.

“13. Como conclusión de un nuevo análisis de los fundamentos probatorios de la decisión tomada por el Tribunal en el incidente de liquidación de perjuicios, la Corte concluyó que:

‘Tal actuación significa que la providencia del 24 de abril de 1990 es manifiestamente contraria a los presupuestos establecidos en la ley y por lo tanto tipifica el delito de prevaricato por acción… sin que pueda dudarse de la intencionalidad dolosa que acompañó la conducta de los magistrados procesados’.

“14. Por su parte, en el salvamento de voto, los 3 magistrados disidentes dijeron:

‘De lo expuesto hasta aquí se desprende que los magistrados acusados no dictaron un fallo irreal, suponiendo hechos o pruebas, sino que se apoyaron en numerosos medios probatorios que los llevaron a adoptar la decisión que ellos consideraron ajustados (sic) a la ley, sin que el error en que hubiesen incurrido en la estimación de los elementos de juicio los pueda convertir de un momento a otro, de rectos, honestos y capaces funcionarios de una gran trayectoria jurídica, en vulgares delincuentes.

‘…

‘En nuestro concepto no se configura el prevaricato como hecho punible y los magistrados han debido ser favorecidos con una cesación de procedimiento.’

“15. Con base en la anterior providencia, la H. Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria del día 16 de julio de 1992, decidió suspender a mi poderdante en el ejercicio de su cargo como magistrado de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Ibagué.

“16. La anterior suspensión se hizo efectiva a partir del día 21 de agosto de 1992.

“17. Contra la providencia que profirió decisión de acusación en contra de mi mandante, entre otros, éste interpuso oportunamente el recurso de reposición.

“18. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, resolvió el anterior recurso, con fecha 19 de enero de 1993, y por medio del mismo revocó en todas sus partes el proveído de 30 de junio de 1992, dictado por la H. Sala de Casación Penal de la H. Corte, que era la Resolución acusatoria; y en su lugar decretó a favor de los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, doctores E... R... E..., J... J... V... D... y H... V... V... G..., ‘Resolución de preclusión de la instrucción, por atipicidad de la conducta’.

“19. Al decidir el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de acusación, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en su providencia de 19 de enero de 1993, dijo:

‘En conclusión, como bien lo destaca la sala disiente de la Corte, ‘… es imposible exigir a los magistrados del tribunal que necesariamente aprecien, estimen y valoren las pruebas desde la misma óptica como lo hizo la Corte; demandar tanto equivaldría a terminar con la libertad de apreciación de la prueba que dentro de la sana crítica deben hacer los juzgadores según su leal saber y entender…’.

‘Por modo que los magistrados acusados amoldaron su conducta a derecho, haciendo evaluación de las pruebas según su criterio, siendo la misma atípica, en consecuencia se revocará la providencia reclamada en todas sus partes y, en cambio, se dictará a su favor resolución de preclusión de la investigación (CPP, arts. 439 y 443).”.

“20. En atención a la constancia de ejecutoria de la Resolución de Preclusión de la Investigación y archivo de las diligencias en su contra’, la H. Corte Suprema de Justicia, en oficio PCSJ 98 de 4 de febrero de 1993, comunicó a mi mandante ‘que en este (sic) misma fecha han cesado los efectos de la suspensión del cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, y en consecuencia reactivada de pleno derecho su actividad en el cargo’

21. El 5 de febrero de 1993, como consecuencia de la cesación de los efectos de la suspensión, mi mandante se reintegró a su cargo.

“22. Durante el tiempo de la suspensión en el ejercicio de su cargo, entre el 21 de agosto de 1992 y el 5 de febrero de 1993, el doctor V... D... no percibió del Tesoro Público los sueldos, primas, bonificaciones, prestaciones sociales, etc., correspondientes a su cargo de magistrado, ni ninguna otra suma a cualquier otro título.

“23. Mi mandante solicitó al Director Seccional (Ibagué) de Administración Judicial el pago de los sueldos y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo suspendido como magistrado del Tribunal Superior de Ibagué.

“24. Esta petición fue negada, con base en el concepto del Jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Administración Judicial, según el cual:

‘… no hay norma que autorice el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de suspensión, cuando el funcionario sea absuelto mediante sentencia.’

“25. En vista de esta respuesta, el doctor V... D... reiteró su petición, esta vez a la Directora Nacional de Administración Judicial, del pago de sueldos y prestaciones dejados de devengar durante la suspensión en el ejercicio de su cargo de magistrado.

“26. A dicha petición nuevamente se le dio respuesta negativa.

“27. En comunicación DSAJ-0215, de 9 de junio de 1993, el Director Seccional de Administración Judicial del Distrito de Ibagué reiteró que

‘no es procedente el pago, por reconocimiento directo, de los salarios dejados de ‘devenga’ durante el tiempo que permanecieron desvinculados del servicio.’ (se ha destacado).

“28. En el momento de la suspensión mi poderdante devengaba como asignación básica más antigüedad la suma de $890.900; y a partir del 1o. de enero de 1993, la asignación básica de su cargo era de $1’3394.231, más una prima especial (Ley 4a. de 1992) de $418.2269.

“29. El doctor J... J... V... D... contrajo matrimonio con la señora D... R... el 8 de septiembre de 1956, con quien convive desde entonces y dentro de cuyo matrimonio nacieron y se criaron sus hijos G…, L…, M…, J… y D…V… R...

“30. Dentro de la amplia trayectoria profesional del doctor J... J... V... D... debe destacarse que es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué desde el 1o. de agosto de 1969. Además, fue colegial de Número del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia con residencia en Ibagué y fue condecorado con la Orden Nacional ‘José Ignacio de Márquez’ al Mérito Judicial.

“31. Como consecuencia de la resolución de acusación y de la medida de aseguramiento de detención preventiva allí dispuesta, que aunque no se llevó a efecto, determinó, sin embargo, la suspensión del doctor J... J... V... D... en el ejercicio de su cargo de magistrado, este y su familia sufrieron perjuicios morales incalculables, al verse convertido aquel, de la noche a la mañana, de funcionario honesto, recto de impecable trayectoria en la Rama Judicial, en vulgar delincuente, sindicado de prevaricador expuesto a perder la libertad, y objeto de los comentarios malévolos de muchísimos habitantes de su ciudad, fenómeno éste agravado por tratarse de una ciudad en que, por su tamaño, todavía no se ha caído en el anonimato de las grandes urbes y por lo mismo, el común de las gentes conoce a sus magistrados.” (fls. 14 a 20 cdno. ppal.).

2.2. Expediente 11442.

Por tratarse de un asunto que se fundamenta en los mismos hechos, la Sala sólo transcribirá los hechos referidos en concreto al doctor E... R... E..., señalando que los hechos 4 a 27 de la demanda son idénticos a los transcritos de la demanda que dio origen al proceso 11445, por lo que resulta innecesaria su reiteración.

Los hechos pertinentes, con lo siguientes:

“1. El doctor E... R... E... ingresó a la Rama Jurisdiccional en el mes de febrero del año 1958, en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Espinal.

“2. El 7 de abril de 1972, el doctor E... R... E... empezó a desempeñar el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué.

“3. En el mes de junio de 1992, el doctor R... E... llevaba más de 20 años desempeñando el mencionado cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué.

“…

“28. El doctor E... R... E... contrajo matrimonio con la señora O... M... C... Z... , el 29 de enero de 1996, con quien convive desde entonces y dentro de cuyo matrimonio nacieron sus hijos D… y O… R… C....

“29. Dentro de la amplia trayectoria profesional del doctor E... R... E... debe destacarse que es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué desde el 7 de abril de 1972. Además, es miembro del Capítulo del Tolima del Instituto de Derecho Procesal, del cual ha sido presidente, y es miembro de número de la Academia de Historia del Tolima.

“30. Como consecuencia de la resolución de acusación y de la medida de aseguramiento de detención preventiva allí dispuesta, que aunque no se llevó a efecto, determinó, sin embargo, la suspensión del doctor E... R... E... en el ejercicio de su cargo de magistrado, éste y su familia sufrieron perjuicios como ya lo venía señalando la jurisprudencia del Consejo de Estado, tiene un carácter fuertemente objetivo, al desplazarse el acento de la ilicitud de la conducta a la antijuridicidad del daño.

“El daño será antijurídico, ha dicho esta corporación en sentencia del 31 de octubre de 1991, C.P. Julio César Uribe Acosta, citando a Leguina, ‘cuando la víctima del mismo no esté obligada por imperativo explícito del ordenamiento a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por la norma jurídica’ (Véase Gaceta Jurisprudencial, número 1, enero - marzo 1992, pág. 94).

“En el presente caso, como consecuencia de una denuncia penal instaurada contra 3 de los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, por decisión mayoritaria, de la cual se apartaron 3 de sus integrantes, profirió resolución de acusación, en la que dispuso como medida de aseguramiento la detención preventiva del doctor E... R... E.... Esta decisión obligó a la Sala Plena, por su parte, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3º, literal c) del Decreto 1888 de 1989 y 1º del Decreto 2281 de 1989, a suspenderlo en el ejercicio de su cargo como magistrado del Tribunal.

“La resolución de acusación fue revocada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por atipicidad de la conducta de la que se sindicaba a los magistrados.

“Por razón de estas actuaciones, el doctor R... E... estuvo suspendido en el ejercicio de su cargo desde el 21 de agosto de 1992 hasta el 5 de febrero de 1993, lapso durante el cual no percibió los salarios y demás emolumentos correspondientes a su cargo, ni ninguna otra suma del Tesoro Público. Y como consecuencia de la misma morales incalculables, al verse convertido aquél, de la noche a la mañana, de funcionario honesto, recto, de impecable trayectoria en la Rama Judicial, en vulgar delincuente, sindicado de prevaricador, expuesto a perder la libertad, y objeto de los comentarios malévolos de muchísimos habitantes de su ciudad, fenómeno éste agravado por tratarse de una ciudad en que, por su tamaño, todavía no se ha caído en el anonimato de las grandes urbes y por lo mismo, el común de las gentes conoce a sus magistrados.” (fls. 9 a 16 cdno. 4 - negrillas del texto).

2.3. Expediente 11446.

Al igual que en el caso anterior, sólo se transcribirán los hechos referidos a la situación particular del demandante en este proceso doctor H... V... V... G..., así:

“1 El doctor H... V... V... G... ingresó a la Rama Jurisdiccional hace más de 28 años.

“2. El 13 de octubre de 1989, el doctor H... V... V... G... empezó a desempeñar el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, cargo que había desempeñado antes entre el 20 de octubre de 1978 y el 7 de marzo de1979.

“…

“27. El doctor H... V... V... G... contrajo matrimonio con la señora E... P... el 11 de marzo de 1972, con quien convive desde entonces y dentro de cuyo matrimonio nació y se crio su hija L... M... V... P....

“28. Como consecuencia de la resolución de acusación y de la medida de aseguramiento de detención preventiva allí dispuesta, que aunque no se llevó a efecto, determinó, sin embargo, la suspensión del doctor H... V... V... G... en el ejercicio de su cargo de magistrado, éste y su familia sufrieron perjuicios morales incalculables, al verse convertido aquel, de la noche a la mañana, de funcionario honesto, recto de impecable trayectoria en la Rama Judicial, en vulgar delincuente, sindicado de prevaricador expuesto a perder la libertad, y objeto de los comentarios malévolos de muchísimos habitantes de su ciudad, fenómeno éste agravado por tratarse de una ciudad en que, por su tamaño, todavía no se ha caído en el anonimato de las grandes urbes y por lo mismo, el común de las gentes conoce a sus magistrados.” (fls. 10 a 16 cdno. 6).

3. Contestación de la demanda.

La Dirección Nacional de Administración Judicial, a través de apoderado, al intervenir en los tres procesos, se opuso a las pretensiones (fls. 58 a 66 cdno. ppal., 53 a 61 cdno.4 y 53 a 61 cdno. 6). En los memoriales de respuesta a la demanda, se expusieron los mismos argumentos en contra de los pedimentos de los actores, razón por la cual, la Sala estima que puede agruparse en un solo resumen las razones de la defensa, así:

Señala que en el caso bajo estudio, en que se pretende la responsabilidad estatal por los perjuicios causados por el funcionamiento de administración de justicia “… no solo resultaría insensato si no (sic) fuera de toda lógica formal, apreciar dicha actividad dentro de la responsabilidad objetiva. Porque es confuso el planteamiento del apoderado de la actora (sic), parece ser que está dirigido a exigir un reconocimiento de responsabilidad por una posible falla del servicio de la justicia; Y (sic) la razón es obvia: al querer encuadrar los hechos de la demanda dentro de la responsabilidad objetiva, se inhibe de probar una presunta falla del servicio de la justicia…” (fl. 62 cdno. ppal., 57 cdno. 4 57 cdno. 6).

En el asunto bajo estudio, estima la entidad demandada, no está demostrado que dentro del proceso penal adelantado en contra de los demandantes se vulneró el debido proceso o que se haya configurado alguna de las conductas previstas en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil “O, peor, que demuestren la falta de idoneidad profesional o torpeza de los 20 Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia.” (fls. 63 cdno. ppal., 58 cdno. 4º y 58 cdno. 6).

En tales condiciones, asevera, no hay lugar a declarar la responsabilidad e indemnización pedidas por los demandantes, si además se considera que los fallos judiciales no comprometen la responsabilidad estatal, afirmación que sustenta citando providencias de 14 de agosto de 1980 y 24 de mayo de 1990 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4. Acumulación de los procesos.

Mediante proveído del 31 de enero de 1995, el a quo dispuso la acumulación de los procesos radicados en el Tribunal Administrativo del Tolima bajo los números 11442, 11445 y 11446 (fls. 66ª 68 cdno. 2).

5. La audiencia de conciliación.

El 19 de abril de 1995 se celebró la audiencia de conciliación ante el a quo, en la que no pudo llegarse a ningún acuerdo, pues la parte demandada manifestó que no le asistía ánimo conciliatorio (fls. 104 A 106 cdno. ppal.).

6. La sentencia de primera instancia.

Mediante proveído de 16 de agosto de 1995 (fls. 150 a 171 cdno. ppal.), el a quo denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a los actores.

Señaló el tribunal de primera instancia que en el ejercicio de la función jurisdiccional puede el Estado causar daños “… especialmente cuando afecta el derecho fundamental a la libertad, evento en el cual se estructura lo que se denomina por la doctrina la responsabilidad del Estado - Juez…” (fl. 164 cdno. ppal.). Sin embargo, precisa, “… el error judicial que determina la obligación de indemnizar está consagrado expresamente en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal…” (fl. 165 ibídem) y en aquellos casos en los cuales se advierta la existencia de una manifiesta equivocación que determina la decisión judicial.

En el caso bajo estudio, estimó el tribunal, no se dan tales requisitos, por lo que no hay lugar a declarar la responsabilidad pedida:

“No se advierte que en el ejercicio de la función jurisdiccional, el Estado - Juez hubiera actuado irregularmente, ni menos aún existe prueba de que la actuación fue dolosa o culposa, y al no existir esa fuerza de convicción, que revele ‘la existencia de una manifiesta equivocación’, no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, porque la misma decisión jurisdiccional que decretó en favor de los Señores magistrados la preclusión de la instrucción, por atipicidad de la conducta, consolida el cumplimiento de un deber del estado cuando administra justicia, cuál es el de velar por el mantenimiento de la plenitud del orden jurídico, y comprobado que no hubo violación de normas penales, es su deber proferir decisiones que así lo reconozcan, y más aún cuando no se desconoció el debido proceso ni se les privó del ejercicio de derechos fundamentales, porque toda irregularidad determinante de daño proveniente de la Administración Pública debe probarse, como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y el no pago de salarios y prestaciones sociales tiene su fundamento en una decisión administrativa cuyo control de legalidad se ejerce a través de otra acción diferente al (sic) de reparación directa” (fls. 170 y 171 cdno. ppal.).

7. La apelación.

Inconforme con tal decisión, la parte actora apeló (fls. 181 a 187 cdno. ppal.), señalando que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder por los daños antijurídicos, lo que permite establecer “…sin lugar a dudas, que el fundamento de tal responsabilidad tiene un carácter fuertemente objetivo, al desplazarse el acento de la ilicitud de la conducta a la antijuridicidad del daño.” (fl. 184 cdno. ppal.).

En tales condiciones, estima que el tribunal erró, pues no efectuó un análisis profundo del asunto puesto a su consideración, en donde no se discute la legalidad de la actuación adelantada por la Corte Suprema de Justicia, sino los efectos perjudiciales que la misma produjo en los demandantes.

Por último, luego de citar apartes del fallo del Consejo de Estado de 15 de septiembre de 1994 (exp. 9391), concluyó:

“En esta perspectiva, resulta claro que los demandantes sufrieron perjuicios superiores a los que razonablemente estaban expuestos a sufrir como concreción de esa obligación, señalada en otras épocas por esa H. corporación, de sacrificar sus derechos individuales en aras de la seguridad jurídica, la paz y la tranquilidad que ofrece el Estado a sus asociados en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales. Y por lo mismo, tal daño es evidentemente antijurídico, no por irregularidad en la actuación judicial (que a la luz de la nueva Constitución es irrelevante investigar), sino por el carácter no justificado del desmedro patrimonial sufrido por los demandantes.” (fl. 186 cdno. ppal.).

8. Alegatos de conclusión.

8.1. La parte actora, presentó escrito reiterando las consideraciones hechas con oportunidad de la sustentación del recurso de alzda(sic) (fl. 192 cdno. ppal.).

8.2. Ni la entidad demandada ni el Ministerio Público actuaron en esta etapa procesal.

9. Informe de la parte actora.

Mediante escritos obrantes a folios 195 y siguientes del cuaderno principal, el apoderado de los demandantes, allegó copias de las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de los procesos 10264, 9924 y 10865, en donde son demandantes J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G..., respectivamente, fallos en los cuales se anularon los actos administrativos proferidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, por los cuales se negó el pago de los salarios y prestaciones a que tenían derecho los señores magistrados, aquí demandantes, durante el período que duró la suspensión de los cargos, y se ordenó el pago de los dineros correspondientes. En tales condiciones, estima el señor apoderado “…se produce el fenómeno de sustracción de materia…”, en relación con pretensión que en idéntico sentido se formuló dentro del presente asunto.

II. Consideraciones de la Sala

1. Consideración previa. 

En el presente asunto, las demandas presentadas el 14 de julio de 1994, se dirigieron contra la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, en procura de la declaración de la responsabilidad estatal por razón de las consecuencias dañosas producidas a los actores con ocasión de la expedición por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de junio de 1992, mediante la cual se profirió resolución de acusación por el delito de prevaricato contra J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G... y se les suspendió en el ejercicio del cargo de magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué que desempeñaban en esa época.

2. Responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad jurisdiccional. 

Hasta la década de los años ochenta la jurisprudencia del Consejo de Estado siempre afirmó que no era posible deducir responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado a partir de los actos jurisdiccionales, porque los daños que se produjesen por error del juez —se decía—, era el costo que debían pagar los administrados por el hecho de vivir en sociedad(1), en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por ende, el valor social de la seguridad jurídica; por manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que éste haya actuado con “error inexcusable”.

Sin embargo, el fundamento y alcance de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general, sufrió una sustancial modificación con la expedición de la Constitución de 1991, puesto que a partir de ese nuevo ordenamiento la fuente primaria y directa de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontrgactual, está contenida en el inciso 1º del artículo 90 de ese Estatuto, conforme al cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”.

De tal manera que, en tratándose específicamente de la responsabilidad de naturaleza extracontractual, el Estado tiene la obligación de indemnizar todo daño antijurídico que produzca con su actuación, lícita o ilícitamente, voluntaria o involuntariamente, ya sea por hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas de cualquiera de sus autoridades, o de particulares especialmente autorizados para ejercer función pública, pero que la víctima del mismo no está en el deber jurídico de soportar, cuya deducción puede ser establecida a través de distintos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo, la ocupación temporal o permanente de inmuebles, el error judicial, el indebido funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad, entre otros. 

En el caso bajo estudio, estima la Sala que hay lugar a predicar la responsabilidad estatal deprecada, toda vez que la decisión adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuya validez no se discute ni puede juzgarse en los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, sí produjo efectos dañinos en las personas de los demandantes, pues resulta apenas evidente que la sindicación de la comisión del delito de prevaricato hecha contra los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, junto con la medida de aseguramiento de detención preventiva, sin duda alguna causó en los funcionarios judiciales una afectación de orden moral, con mayor razón en el caso presente, por cuanto éstos llevaban ya una larga trayectoria en la rama judicial, sin que aparezca demostrado que alguna vez hubieran sido siquiera acusados o sancionados disciplinariamente, mucho menos sindicados o condenados penalmente, es decir, que se trata de personas honestas, probas, a quienes luego del desempeño adecuado de sus cargos por un tiempo extenso, se les causó un grave perjuicio no solo con la sindicación de la comisión de un ilícito, sino además al suspenderlos del ejercicio de su cargo, medida ésta que permitió, como lo afirman los testigos, que algunas personas formularan juicios de desvalor sobre la honestidad de tales magistrados. 

En tales condiciones, para la Sala en el caso bajo estudio, se encuentra configurado un daño antijurídico imputable a la entidad demandada que, por lo tanto, compromete la responsabilidad patrimonial de ésta, en tanto debe indemnizar los perjuicios causados a los demandantes.

2. Los hechos probados. 

Al proceso se arrimaron lo siguientes medios probatorios

2.1. Acta de posesión del doctor J... J... V... D... como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué (fl. 4 cdno. ppal.).

2.2. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de J... J... V... D... con D... R... (fl. 5 cdno. ppal.).

2.3. Registro civil de nacimiento de G... A... V... R... expedido por la Notaría Única del Círculo de Purificación (fl. 6 cdno. ppal.).

2.4. Registro civil de nacimiento de L... F... V… R… expedido por la Notaría Única del Círculo de Purificación (fl. 7 cdno. ppal.).

2.5. Registro civil de nacimiento de M… P… V… R… expedido por la Notaría Única del Círculo de Purificación (fl. 8 cdno. ppal.).

2.6. Registro civil de nacimiento de J... J... V... R... expedido por la Notaría Única del Círculo de Purificación (fl. 9 cdno. ppal.).

2.7. Registro civil de nacimiento de D... M... V... R... expedido por la Notaría Primera del Círculo de Ibagué (fl. 10 cdno. ppal.).

2.8. Copia de la petición presentada por E... R... E..., J... J... V... D... y H… V… V… G…, en que solicitan a la Directora Nacional de Administración Judicial el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por razón de la suspensión del cargo de magistrados del Tribunal Superior de Ibagué (fls. 46 a 50 cdno. 2)

A folios 18 a 21 del cuaderno 3 y 13 a 16 del cuaderno 5 obran copias de la misma petición.

2.9. Copia auténtica del Memorando 13731 del Jefe de la Dirección Jurídica para el Director Seccional de la Dirección de Administración Judicial de Ibagué (fls, 42 a 44 cdno. 2), en el cual concluye que:

“… consideramos que no hay norma que autorice el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de suspensión, cuando el funcionario es absuelto en sentencia.” (fl. 44 cdno. 2).

Este mismo documento se allegó a folios 21 a 23 del cuaderno 5 y 44 a 46 del cuaderno 7.

2.10. En relación con los efectos dañosos causados al funcionario y a su familia con la orden de suspensión del cargo que como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué desempeñaba J... J... V... D..., obran en el cuaderno tres del expediente, las siguientes declaraciones:

2.10.1. El señor M… G… R… (fls. 1 y 2), afirma:

“PREGUNTADO: Sírvase decirnos, si a raíz de la suspensión en el cargo como magistrado la imagen del Doctor J… J… V… D… pudo haberse afectado? CONTESTO: ‘Desde luego que sí, por cuanto como le repito, dado su equilibrio como persona honesta tuvo que sufrir un padecimiento espiritual inenarrable, creo que está respondido. ’PREGUNTADO: Sírvase decirnos, en que forma percibió usted que la esposa y los hijos del doctor J… J… V… D… se hubieran afectado como consecuencia de la suspensión del cargo que se hizo efectiva desde el 30 de Junio (sic) de 1.992 al 5 de Febrero (sic) de 1993? CONTESTO: ‘Es obvio que la suspensión de esa naturaleza debió afectar profundamente al Doctor (sic) J… J… V…, y por reflejo como es natural a su esposa y a sus hijos.” (fl. 2 cdno. 3 - mayúsculas fijas del texto).

2.21.1. L… A… A… P… (fls. 3 y 4):

“…No hay duda que esa suspensión lo afectó gravemente sobre todo por la publicidad que se le dio al hecho tanto en la Prensa Nacional (sic) como en la local. PREGUNTADO: Sírvase decirnos, si esta decisión judicial de suspenderlo en el ejercicio del cargo afectó a su esposa y a sus hijos, en caso afirmativo en que forma? CONTESTO: Como nó (sic), me pude dar cuenta de la gran aflicción y amargura que les ocasionó tanto a la señora como a los hijos del magistrado Valencia, el escándalo surgido a raíz de esa suspensión. Se consideraban desde luego agraviados directamente y no obstante la solidaridad que recibieron de la sociedad en general, no tuvieron sosiego y tranquilidad durante ese tiempo de la suspensión, además del golpe económico que representaba no recibir los sueldos ordinariamente por parte de una persona pobre económicamente como lo es y lo ha sido el Doctor (sic) Valencia…” (fls. 3 y 4 - mayúsculas fijas del texto).

2.21.2. H… O… A… (fls. 5 a 7),

“…Yo observé concomitante el Doctor (sic) Valencia sufrió una situación de inquietud que él la manifestó con aislamiento de su familia como rechazo a un castigo injusto, hasta el extremo que le oí decir que él se encontraba avergonzado, y esa actitud seguramente tuvo influencia en su familia…” (fl. 7 - mayúsculas fijas del texto).

2.21.3. P… V… (fls. 8 y 9), expuso:

“…Por ser una persona de reconocido prestigio en la ciudad y por el conocimiento que tengo de él, nunca puse en tela de juicio su honorabilidad y el manejo ético de las funciones propias de su cargo, esta misma opinión la tuvimos todos los amigos y todas las personas que lo rodean. En cuanto al impacto personal y familiar fue evidente y el Doctor (sic) Valencia se deprimió inmensamente, tanto que por mucho tiempo dejó de asistir a las reuniones habituales del Club Rotario y supe que tuvo delicados problemas de salud en razón a la situación conocida…” (fl. 9 - mayúsculas fijas del texto).

2.21.4. Héctor Hugo Rubio Cruz (fls. 10 y 11), por su parte, señaló:

“…Considero que la imagen de él sí se vio afectada y que moralmente él sufrió bastante con esto, por las noticias dadas por la radio y por la prensa, pues estas noticias dejan la imagen de la persona por el suelo y muchas veces cuando se rectifican no lo hacen con la misma intensidad con que se dijo la primera noticia.-PREGUNTADO: Sírvase decirnos si usted tuvo conocimiento de que la suspensión del cargo hubiera afectado emocionalmente a la señora esposa del Doctor (sic) Valencia y a sus hijos? CONTESTO: Estos problemas afectan lógicamente, tanto a la señora como a sus hijos porque no solamente es la afección moral que se produce, sino también el daño económico que se ocasiona en la estabilidad laboral… ” (fl. 11 - mayúsculas fijas del texto).

2.21.5. E… G… de A… (fls. 12 y 13), expresó:

“…Pues yo pienso que siendo una persona de la altura moral e intelectual del Doctor (sic) V… necesariamente se tuvo que afectar emocionalmente, inclusive físicamente porque lo vi muy delgado en esa época y nunca me atreví a preguntarle nada. PREGUNTADA: Sírvase decirnos, si usted tuvo conocimiento que la señora esposa y los hijos del Doctor (sic) V… D… se hubieran afectado emocional o sicológicamente con la suspensión de que fue objeto’ CONTESTO: Sí, tanto la señora D… de V… de quien soy amiga como sus hijos con quienes conforman un hogar ejemplar los vi muy agobiados en esa época …” (fl. 13 - mayúsculas fijas del texto).

2.21.6. La señora M… L… C… C… (fls. 13 a 15). Anotó:

“…Sí él se afectó muchísimo, muy dolido por la injusticia de que era victima (sic), siendo una persona de las calidades que todo el mundo conocido (sic), honorable pulcro en el manejo de sus funciones, persona que vive únicamente de su sueldo y que todo el mundo conoce que vive modestamente. El resolvió no salir de su casa o residencia, todos los días meditaba sobre la situación que a él le había tocado pasar y pedía fortalce (sic) a Dios, pues se sentía incapaz de soportar lo que le estaba sucediendo. Pues dejó las amistades y dejó de asistir a reuniones para evitar los comentarios que para él eran muy desagradables y era volver a revivir todos los sufrimientos pasados. PREGUNTADO: Sírvase decirnos, si usted tuvo conocimiento que la señora esposa del Doctor (sic) V… D… y sus hijos se hubieran afectado emocional o sicológicamente con la suspensión en el cargo de que fue objeto el Doctor (sic) V… D…? CONTESTO: Sí, todos en esa familia resultaron afectados porque uno tiene la imagen de su padre y esposos como persona ejemplar, integra, honorable, respetable dentro de toda la sociedad, y veían que de un momento a otro se habían atropellado todas esas virtudes y lógicamente que ellos se sentían muy deprimidos y muy tristes por esta situación…” (fl. 9 - mayúsculas fijas del texto).

2.11. En idéntico sentido rindieron declaración jurada los doctores G… C…, magistrado del Tribunal Superior de Ibagué (fl. 16 cdno. 3) y R… G… T…, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 23 y 24 ibídem).

El primero de los citados, expuso:

“…Que conozco de trato y comunicación tanto al Dr. J... J... V... D..., como a su familia, de tiempo atrás, conformado con un grupo familiar, donde sobresalen principios morales, éticos, cristianos y sociales, que les han merecido respeto y afecto de la comunidad en general. Es así, sin duda, que la suspensión del cargo de magistrado de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Ibagué, de que fue objeto el Dr. V... D..., ocasionó grandes perjuicios de orden material y moral, a él y a su familia, al aplicarle una medida tan drástica sin tener en cuenta su largo discurrir por la judicatura con honestidad, pulcritud, eficiencia, consagración y cumplimiento del deber, que no han hecho merecedor a grandes elogios y reconocimientos a nivel nacional y departamental, por lo que se causó con ese desconocimiento a esos méritos y comportamiento intachable un impacto inmenso de depresión y sufrimiento a esa distinguida familia. Lo anterior lo afirmo por conocimiento directo, pues a nivel profesional tenemos una vinculación a la rama de más de 30 aÑos (sic) y a nivel familiar un trato de mucho más tiempo…” (fl. 16).

Por su parte, el doctor R… G… T…, certificó que conoce al doctor V... D... “…desde hace más de cuarenta (40) años…” (fl. 23 cdno. 3) y:

“Que por cierto que los perjuicios morales causados a él, a su familia y a sus amigos, por causas de la suspensión que le decretaron, fueron incalculables.” (fl. 24 cdno. 3).

2.12. Certificación expedida por el Secretario General de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que da cuenta de la calidad de Colegial de Número que ostentó el doctor J... J... V... D... en 1953 (fl. 26 cdno. 3).

2.13. Copia del oficio PCSJ Nº 103, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el que comunica al Presidente del Tribunal Superior de Ibagué, que los magistrados E... R... E..., J... J... V... D... y H… V… V… G…, reasumirían sus cargos a partir del 5 de febrero de 1993 (fl. 33 cdno. 3 y 34 cdno. 5).

2.14. Certificación SGG-3.987, expedida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, en donde aparece que el doctor J... J... V... D... viene desempeñando el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué desde el 1º de agosto de 1969, y que lo desempeñaba en la fecha de expedición de tal constancia (oct. 28/94).

2.15. El secretario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con oficio de 9 de noviembre de 1994, certificó que el doctor J... J... V... D... para esa fecha era miembro correspondiente de la citada institución.

2.16. Copia del registro civil del matrimonio de E... R... E... y O... M... C... Z... (fl. 4 cdno. 4).

2.17. Registro civil de nacimiento de D… F… R… C…, expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué (fl. 5 cdno. 4).

2.17.(sic) Registro civil de nacimiento de O... P... R... Cortes, expedido por la Notaría Octava del Círculo de Bogotá (fl. 5 cdno. 4).

2.18. El Presidente de la Academia de Historia del Tolima certificó que el doctor E... R... E..., para el 12 de octubre de 1994, era miembro de número de dicha academia y desempeñaba el cargo de vocal en la Junta Directiva.

2.19. Certificación expedida el 13 de octubre de 19994 por el Secretario General del Tribunal Superior de Ibagué, en donde consta la vinculación del doctor E... R... E... a la rama judicial desde el 14 de agosto de 1969 y que para esa fecha se desempeñaba como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué.

2.20. Certificación expedida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia del 25 de octubre de 1994, en donde aparece que el doctor E... R... E... se desempeña desde el 7 de abril de 1972 como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué.

2.21. Sobre los perjuicios causados al actor y a su familia por la suspensión en el ejercicio del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Ibagué que desempeñaba el doctor E... R... E..., ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cuaderno 5 del expediente, obran las declaraciones de L… A… A… P… (fl. 41), P… V… H… (fl. 42), G… G… J… (fls. 43 y 44), M… R… P… (fl. 45), V… E… P… D… (fl. 46) y J… C… G… B… (fl. 47).

2.21.1. El señor L… A… A… P…, depuso:

“…Conozco al doctor E… R… desde el año ya lejano en que él ocupaba el cargo de Juez Penal del Circuito de Purificación, esto hace más de veinticinco años. Después el (sic) fue exaltado a la magistratura y seguí muy de cerca su trayectoria judicial. Siempre reconocí en él sus atributos de persona intelectual, estudiosa, y profunda en el conocimiento de las leyes y la jurisprudencia. Por esto y porque se de sus limpios antecedentes familiares así como de su condición social, en el ejemplar cumplimiento de sus deberes ciudadanos, a él y a su familia le causaron daños graves de orden moral, en primer término, la suspensión de que fue objeto por parte de la H. Corte Suprema de Justicia a la cual se refiere la petición de pruebas en este proceso. Fueron aproximadamente seis meses en los cuales fueron los magistrados objeto de la misma medida en la picota pública, por decirlo así con todas las consecuencias propias de la malidencia (sic) humana…” (fl. 41 cdno. 5).

2.21.2. A su vez, el señor P… V… H…, declaró:

“…En la época en que supe de la decisión de suspenderle de su cargo vi que el hecho le motivó una gran depresión y que comentaba que era una equivocación pero que lucharía para demostrar que su gestión siempre había estado enmarcada dentro de los mejores o mayores principios éticos de su profesión y las leyes que él acatada (sic). El doctor E… R… temía que la larga hoja de vida se viera manchada por esta situación y la sociedad tolimense pudiera pensar que en realidad él habría obrado de mala fe situación que le causó gran preocupación moral a él y a su familia. Pienso que la situación le causó graves perjuicios morales de los cuales aún no se ha recuperado…” (fl. 42).

2.21.3. El señor G… G… J…, dijo:

“…Cuando tuve esa infausta noticia de la suspensión del doctor R... y demás magistrados me comuniqué especialmente con el doctor R... y fui a visitarlo encontrándolo desecho moralmente por la imputación que se le había hecho, puedo decir que el doctor E... R... a raíz de esa providencia sufrió un verdadero trauma psicológico. Como con E... tenemos varias lecturas y aficiones culturales en común regresé a visitarlo días después con el propósito de informarme sobre su estado de ánimo y tratar de levantárselo , pero difícilmente el doctor R... se interesaba en mi conversación y en mi propuesta de diálogo y polémica alrededor de autores como Toimby o Hegel, así duró mucho tiempo, casi que desconectado de su entorno y quejándose siempre las muchas ocasiones que lo visité de la ingratitud del servicio público y de las malas tratadas (sic) que da la vida, siendo como es él un hombre pulcro y eficiente en el cumplimiento de sud (sic) deberes no solo como juez o magistrado sino también como ciudadano. (…) por eso sé que el trauma psicológico que sufrió el doctor E... R... fue grande y grave, pues ni tratándole temas que lo apasionan podía yo sustraerlo de su enorme tristeza y desilusión. Así duró mucho tiempo y aún hoy se duele de la situación que hubo de pasar…” (fl. 43 cdno. 5).

2.21.4. En su declaración, el señor M… R… P…, sostuvo

“…Yo conozco al doctor E... R... hace por lo menos unos veinte años, en este lapso de tiempo me he dado perfectamente cuenta de que él ha trabajado en la rama jurisdiccional y he observado siempre ha sido un hombre sumamente serio y responsable de sus deberes tanto en la casa con su familia como en la posición que él ha ocupado. Me di cuenta del problema que se le presentó del cual estoy perfectamente seguro de que él no tuvo ninguna culpa pero si le ocasionaron unos perjuicios muy grandes moral y materialmente no solamente a él si no (sic) a su señora esposa, sus hijos y demás familiares…” (fl. 45).

2.21.5. El señor V… E… P… D…, dijo.

“…De igual manera cuando se presentaron los hechos en referencia en agosto de 1992 fue mucho lo que se comentaba inclusive un día llegué al terminal del transporte a preguntar el horario de un por la tarde (sic) para Purificación y había un grupo de chóferes comentando que a los magistrados de la Sala Civil entre ellos el Doctor E... R... E... que había sido Juez en Purificación habían robado a una viuda en un negocio y que por eso la Corte los había suspendido y que de pronto los meterían a la cárcel. De igual manera se escuchaban comentarios a raíz de la suspensión que le había hecho la Corte tanto al doctor E... R... E... como a los otros dos magistrados de la Sala Civil. Yo estuve charlando con el doctor E... y comentaba lo que estaba diciendo la gente y él estaba muy reprimido (sic) y afectado por los hechos porque nos decía que durante su vida pública no había tenido un percance tan injusto como ese. También se observaba que el magistrado E... R... redujo mucho sus actividades pues no lo veíamos visitarnos como era costumbre que por lo regular hacíamos tertulias todos los días y él duró un largo tiempo retirado y dentro de su casa, como esas personas que están corridas por algo, muy nervioso se notaba, en conclusión su estado no era normal. Lo mismo ocurría con su esposa y sus hijos, pues un sábado por la tarde estaba la señora O… de R… charlando con mi señora y pasó una camioneta y le gritaron ‘ahí esta esa vieja O… la mujer del magistrado R… el que robó a la viuda’. En conclusión los perjuicios morales que recibió el doctor R... y su familia fueron inmensos.” (fl. 46 cdno. 5).

2.21.6. El testigo J… C… G… B…, en su declaración, expuso:

“…Con respecto a lo que sucedió al doctor E... R... cito un hecho que sucedió un día del mes de julio de 1992 en una tienda del barrio donde vivo a la cual asistí a comprar cosas para la casa y allí me encontré con un señor de nombre G… S… despotricando contra tres magistrados del tribunal Superior de Ibagué y entre ellos el doctor R... que habían sido destituidos por obrar de mala fe. Yo me permití decirle a ese señor que a estos magistrados yo los conocía desde hacía mucho tiempo especialmente al doctor R... como persona honorable y que por lo tanto me permitía decirle a él que esos cometarios hechos públicamente podrían empañar o producir mala imagen en la familia del doctor R... porque cualquiera que ignorase las cosas aceptaría eso como un hecho verdadero. (…) Yo siempre noté muy deprimido al doctor R... y a la familia por esa situación y por ello considero que los perjuicios morales que se le ocasionaron al doctor R... y su familia fueron muy grandes.” (fl. 47).

2.22. A folio 6 del cuaderno 6 obra copia auténtica del registro civil de matrimonio de H… V… V… y E… P...

2.23. Registro civil de nacimiento de L... M... V... P..., expedido por la Notaría Primera del Círculo de Ibagué (fl. 7 cdno. 6).

2.24. A folios 75 a 114 del cuaderno 7, obra copia auténtica de la providencia proferida el 30 de junio de 1992 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se dictó resolución de acusación por el delito de prevaricato contra los doctores J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G..., les impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva y les concedió el beneficio de libertad provisional (fl. 102).

2.25. El 19 de enero de 1993, la Unidad de la Fiscalía General de la Nación Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, revocó la anterior providencia y decretó a favor de los inculpados “Resolución de preclusión de la investigación” (fls. 55 a 71 cdno. 7).

2.26. Sobre los perjuicios causados al doctor H... V... V... G... y a su familia con la decisión del 30 de junio de 1992 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, depusieron los señores A… A…, L… A… A… P…, G… A… A… A… (fls. 80 y 81, 81 y 82 y 83 y 83 cdno. 6, respectivamente) y H… B… M… (fls. 137 a 140 cdno. 7).

2.26.1. El señor A… A…, en su declaración, ante el a quo, señaló:

“…Como es natural y obvio, es indudable que al suspenderlo a uno del cargo que ejerza como magistrado se le causan perjuicios materiales y morales, materiales, por cuanto le suspenden el pago del salario que le corresponde y morales porque con la suspensión pues la gente supone que uno ha cometido algún delito y eso indudablemente hiere los sentimientos de toda la familia porque indudablemente la gente supone que la persona ha delinquido. Es indudable que no solamente el doctor H… V… y su señora se sentían y se veían disminuidos sino también los magistrados R… y V… por eso uno lo siente con el simple trato de la persona, porque como es natural el hecho de estar uno sub judice eso lo traumatisa (sic) a uno, y un ejemplo que puedo citar al respecto es que ellos dejaron de concurrir a muchas reuniones de amigos precisamente por lo que se sentían disminuidos, lo cual muestra la depresión de ellos…” (fl. 80 cdno. 6).

2.26.2. El señor L… A… A… P…, dijo:

“Me consta de la aflicción y el dolor moral a que se vieron sometidos aquellos magistrados junto con sus familias. Conversando con ellos se sentían con un peso enorme encima tratándose como setraba (sic) de personas honestas cumplidoras de su deber y quienes se habían distinguido como se distinguen actualmente por su ejemplar comportamiento en el desempeño de sus funciones y en su vida pública y privada.…” (fl. 81 cdno. 6).

2.26.3. El señor G… A… A… A…, expuso:

“Conociendo como conocí al docro (sic) H… V… en su forma de ser hacia los demás la medida en su forma de ser hacia los demás la medida que en su contra y a los otros magistrados tomo la Honorable Corte Suprema de Justicia, personalmente compartí con el (sic) los momentos de angustia que esa medida le produjo. El doctor V… sufrió moralmente no solamente cuando fue notificado de esa medida sino porque además la prensa hablada y escrita le dio mucha publicidad. Con el compartí varios días posteriores a esa decisión de la Corte y el impacto fue tal que en muchas oportunidades optó por quedarse en su residencia y no salir para que no se le estuviera preguntando o comentando la situación que estaba vivienda. En varias oportunidades fui hasta su domicilio procurando que saliera al centro de Ibagué y en otras oportunidades fuera de la ciudad, reitero que su vida durante ese lapso de tiempo cambió notablemente porque no noera (sic) la misma persona en su forma exterior con la que yo venía compartiendo anteriormente. (…). Su esposa también sufrió no solamente por el aspecto publicitario sino porque como ella misma lo dijo de ver a su esposo tan afectado moralmente.”(fls. 83 y 84 cdno. 6).

2.26.4. Al rendir su declaración el testigo H… B… M…, entre otras cosas, dijo:

“De eso si puedo dar fe yo con absoluta certeza; el Dr. V… ha sido considerado como uno de los jueces más brillantes que ha tenido el Tolima, y de todos es conocida y admirada su capacidad profesional tanto en la Rama Civil, como en la Penal (…) Es natural que una trayectoria limpia como la de él, se vio afectada por la suspensión, porque por tratarse de la provincia, la decisión en su contra provocó un gran impacto y fue materia de comentarios durante mucho tiempo. No obstante haber sido reinvindicado su nombre, mientras duró la sanción, el Dr. V… de boca de los maledicentes que nunca faltan y cuando se suspendió la sanción, es natural que él como profesional de todos modos quedo (sic) lastimado moralmente. (…) Por supuesto, yo tuve oportunidad de entrevistarme con él en varias ocasiones durante esos días difíciles y lo observé profundamente deprimido y desilusionado; su Familia (sic), la señora (sic) y la hija, estaban muy tristes, y se me comentó que la menor hija había tenido inclusive problemas en el Colegio (sic); es que como además la noticia fue publicada en la prensa y como este medio es muy reducido, pues el impacto moral fue doble; todo el que se acercaba al Dr. V… por esos días se sentía en la obligación de preguntarle que había sucedido y de darle sus condolencias, lo cual hacía más difícil para él el sostenerse puesto que la impresión que se sentía era de que, por ser una decisión de la Corte, la situación era irreparable. Yo puedo dar fe que tanto el Dr. V… como su familia, pasaron unos días muy amargos y que él en especial, moralmente, nunca podrá recuperarse del todo por que (sic) él se sintió víctima de una gran injusticia…” (fls. 138 y 139 cdno. 7 - mayúsculas fijas del texto)

2.27. El Presidente del Tribunal Superior de Ibagué, certificó la vinculación del doctor H... V... V... G... a la rama judicial, desde el 1º de agosto de 1965, que permanecía para la fecha de expedición del citado certificado, esto es, para el 27 de septiembre de 1994 (fls. 36 y 37 cdno. 7).

Perjuicios materiales 

En el caso bajo estudio, se reclaman los perjuicios materiales derivados de la falta de pago de los salarios y demás emolumentos y prestaciones sociales a que tenían derecho los demandantes durante el período en cual operó la medida de suspensión del cargo de magistrados del Tribunal Superior que desempeñaban en esa época.

Sobre el particular, encuentra la Sala que los actores presentaron solicitud ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, en procura del pago de las sumas referidas, que ésta entidad mediante oficios números DSAJ-049 de 19 de febrero de 1993 de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y 8453 de la Dirección Nacional de Administración Judicial, despachó desfavorablemente tal pedimento. Tales actos administrativos eran susceptibles de ser controvertidos mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de índole laboral, como en efecto lo hicieron los afectados y no a través de la acción de reparación directa.

Si a lo anterior se agrega que la Sección Segunda de esta corporación, mediante sentencias de 31 de julio de 1996, 6 de marzo de 1997 y 11 de diciembre de 1997 (fls. 197 y ss. cdno. ppal.), accedió a las súplicas de los aquí demandantes anulando los referidos actos administrativos y ordenando el pago de las sumas de dinero dejadas de cancelar por razón de la suspensión en el ejercicio del cargo de magistrados del Tribunal Superior de Ibagué por la Corte Suprema de Justicia, resulta evidente, como lo admite el propio apoderado de los actores, que no es posible para la Sección Tercera pronunciarse sobre un aspecto ya decidido por otra Sección del Consejo de Estado, además de lo cual, como se anotó, la acción que se tramita en el presente proceso no es la adecuada para los fines resarcitorios de índole material reclamados en este caso concreto.

Perjuicios morales 

Para la Sala los testimonios rendidos dentro del expediente, antes transcritos parcialmente, permiten inferir que la resolución de acusación por el delito de prevaricato proferida contra los doctores E... R... E..., J... J... V... D... y H... V... V... G..., en la cual se ordenó la suspensión del cargo, sobre todo si se tiene en cuenta que fue injusta, indiscutiblemente producen en el sujeto pasivo afectado con la medida un daño moral, especialmente en el caso presente en que dada la dignidad que ostentaban los afectados con la decisión judicial, quienes se desempeñaban como máximas autoridades departamentales de justicia, evento en el cual es válido estimar que la medida dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia generó angustia y sufrimiento moral, pues, como es apenas natural y obvio, la misma causó perturbación emocional y desasosiego en los afectados y en sus familias, situación que genera la obligación de indemnizar el perjuicio moral causado. 

Por tanto, la Sala condenará a la Nación - Rama Judicial - Dirección Nacional de Administración Judicial a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Para J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G..., el equivalente en pesos a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($9.960.000), para cada uno de ellos.

Para las cónyuges e hijos de éstos, esto es, para D... R... V..., D... M... V... R..., M... P..., L... F... y J... J... V... R...; O... M... C... R..., D... H... R... y O... P... R... y para E... P... V... y L... M... V... P..., el equivalente en pesos a diez (10) salarios mínimos mensuales legales ($3.320.000), para cada uno de ellos.

Perjuicios a la vida de relación 

Atendiendo el criterio consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo con el cual la indemnización debe ser integral, estima la Sala pertinente señalar que en el sub examine resulta procedente la condena al pago de los perjuicios a la vida de relación, sufridos por los señores J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G.... 

En efecto, si bien en la demanda no se solicitó expresamente la indemnización de los perjuicios a la vida de relación de los citados actores, ya que al formular las pretensiones sólo se hizo referencia a los perjuicios morales y materiales, la Sala reiteradamente ha señalado que deben reconocerse tales perjuicios, toda vez que una interpretación de la demanda, permite establecer que la misma hizo referencia a la alteración de las condiciones normales de vida de los doctores J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G... y sus familias.  

En relación con el reconocimiento oficioso de este tipo de perjuicios, en sentencia de 10 de agosto de 2000 (exp. 12718 - actor: E… R. A… Z... y otros), la Sala precisó:

“Si bien es cierto que la reparación de este perjuicio no fue solicitada expresamente en la demanda, la Sala reitera lo que ha afirmado en decisiones anteriores en el sentido de que el perjuicio fisiológico —hoy denominado daño a la vida de relación(2) o alteración de las condiciones de existencia—, debe ser indemnizado cuando el mismo se encuentra debidamente acreditado, aunque no haya sido pedido en la demanda(3).”

Igualmente, en sentencia de 25 de enero de 2001 (exp. 11413 - actor: G… M… H…), se dijo:

“Por lo expresado anteriormente, la Sala considera apropiada tal condena; sin embargo, es importante aclarar que, en el presente caso, el demandante sufrió, a más de un daño moral, un daño a la vida de relación, y respecto de la solicitud de indemnización de ambos rubros, bien podía el fallador encontrarla en la demanda, haciendo uso de sus facultades interpretativas. En efecto, aunque en ella sólo se solicita la indemnización del daño extrapatrimonial de carácter moral, al presentarse los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, se alude no sólo al estado de zozobra, angustia y temor generado en el demandante —que supone la existencia de padecimientos que constituyen, sin duda, afecciones directas a los sentimientos y consideraciones íntimos del ser humano, y que generan, por lo tanto, un típico daño moral—, sino a la necesidad que tuvo, como consecuencia de tal estado, de separarse de su esposa y su hijo recién nacido, cambiando de domicilio durante algún tiempo, así como a la violación de su derecho a la honra. Estos últimos hechos dan lugar a la existencia de un daño extrapatrimonial diferente del moral, que rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida de relación.

Sobre el contenido y alcance del concepto citado, tuvo esta Sala oportunidad de pronunciarse en fallo reciente, en el que se precisaron las diferencias existentes entre el daño moral y el daño a la vida de relación. Respecto de este último, se dijo:

“...aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el art. 4º del D. 1260/70), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que —al margen del perjuicio material que en sí misma implica— produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas...”.(4) (subrayas del texto).

En tales condiciones, en el caso bajo estudio resulta procedente la condena al pago del daño a la vida de relación, pues en las demandas se hace referencia a los cambios de comportamiento asumidos por los en ese entonces magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, así como a la alteración de las condiciones de vida de sus familias, lo que se encuentra acreditado con los testimonios antes citados, los cuales refieren, según se vio, la afectación de las condiciones normales de vida de los señores J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G... y sus familias.  

En efecto, los testimonios antes transcritos en esta providencia, que se estima innecesario repetir, narran como se vio afectada la vida de los señores magistrados y sus familias, a punto tal que se vieron excluidos, ya por decisión propia ora por la presión de la comunidad en que vivían, de aquellas actividades que normalmente desarrollaban, esto es, que efectivamente se produjo una alteración de sus condiciones de vida por causa de la decisión judicial adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de junio de 1992.

Así las cosas, se condenará a título de perjuicios a la vida de relación al pago de las siguientes sumas de dinero:

Para J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G..., el equivalente en pesos a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($9.960.000), para cada uno de ellos.

De otra parte, como quiera que en el sub judice, se encuentra demostrado, según se vio, que también resultaron afectados en su vida de relación las esposas e hijos de los mencionados actores, estima la Sala que también a éstos debe indemnizárseles el perjuicio causado. Sobre este particular en sentencia de 18 de octubre de 2000, expediente 13288, actor: L… F… C… y otros, la Sala al abordar el estudio de esta clase de perjuicios, precisó:

“Posteriormente, en sentencia del 19 de julio de 2000, exp. 11.842, agregó la Sala que el reconocimiento de este perjuicio no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, sino que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteran la vida de relación de las personas; tampoco debe limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido además por las personas cercanas a ésta, como su cónyuge y sus hijos; ni debe restringirse a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, pues puede referirse además al esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo de la afectación sufrida por la persona en su relación con las demás, sino también con las cosas del mundo.

La existencia de este perjuicio como la de los demás puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede presumirse en razón de las circunstancias particulares del caso”.

En tales condiciones, se fija una indemnización del perjuicio a la vida de relación para las cónyuges e hijos de los citados doctores V... D..., R... E... y V… G…, esto es, para D... R... V..., D... M... V... R..., M... P..., L... F... y J... J... V... R...; O... M... C... R..., D... H... R... y O... P... R... y para E... P... V... y L... M... V... P..., el equivalente en pesos a (10) salarios mínimos mensuales legales ($3.320.000), para cada uno de ellos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 17 de agosto de 1995 por el Tribunal Administrativo del Tolima.

2. En su lugar, DECLÁRASE responsable a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Nacional de Administración Judicial, por los perjuicios morales causados a los demandantes.

3. CONDÉNASE a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Nacional de Administración Judicial, a pagar a título de indemnización por los perjuicios morales causados, a pagar las siguientes sumas de dinero:

Para J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G..., la suma de nueve millones novecientos sesenta mil pesos ($9.960.000), para cada uno de ellos.

Para las cónyuges e hijos de éstos, esto es, para D... R... V..., D... M... V... R..., M... P..., L... F... y J... J... V... R...; O... M... C... R..., D... H... R... y O... P... R... y para E... P... V... y L... M... V... P..., la suma de tres millones trescientos veinte mil pesos ($3.320.000.00), para cada uno de ellos.

4. CONDÉNASE a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Nacional de Administración Judicial, a pagar a título de indemnización por los perjuicios a la vida de relación causados, a pagar las siguientes sumas de dinero:

Para J... J... V... D..., E... R... E... y H... V... V... G..., la suma de nueve millones novecientos sesenta mil pesos ($9.960.000), para cada uno de ellos.

Para las cónyuges e hijos de éstos, esto es, para D... R... V..., D... M... V... R..., M... P..., L... F... y J... J... V... R...; O... M... C... R..., D... H... R... y O... P... R... y para E... P... V... y L... M... V... P..., la suma de tres millones trescientos veinte mil pesos ($3.320.000), para cada uno de ellos.

5. DENIÉGANSE las demás súplicas de las demandas.

6. En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

Magistrados: Jesús María Carrillo Ballesteros, presidente—Maria Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Ver: Sentencia del 14 de febrero de 1980, expediente 2367 y auto del 26 de noviembre del mismo año, expediente 3062. No obstante, en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación del 16 de diciembre de 1987, se estableció que la responsabilidad patrimonial del Estado sí resultaba comprometida con ocasión de la actividad jurisdiccional, cuando quiera el juez aún actuando dentro del ejercicio de sus funciones acudiera o incurriera en vías de hecho o irregulares, porque, en tales eventos —se dijo— no se le podía exigir a la víctima del desborde público individualizar al autor mismo de la función mal prestada para poder obtener de éste la reparación del perjuicio sufrido.

2 Sentencia del 19 de julio de 2000, exp. 11.842.

3 Al respecto pueden consultarse sentencias del 18 de febrero de 1999, exp. 12.210; del 3 de mayo de 1999, exp. 11.169 y del 2 de marzo de 2000. exp. 11.250.

4 Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, actor: J... M... G... S... y otros.