Sentencia 1994-02455 de marzo 20 de 2013

 

Sentencia 1994-02455 de marzo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 0500 1-23-3 1-000-1994-02455-0 1 (25.067)

Consejero ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Arnovia del Socorro Cardona Escobar y otros.

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional— y otros.

Asunto: reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, contra la sentencia del 11 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Previo a abordar el análisis de los recursos interpuestos, es necesario señalar que en el presente caso se admitió la apelación, habiéndose omitido conceder el recurso, situación sobre la que si bien las partes guardaron silencio, compete a la Sala hacer un pronunciamiento sobre el particular.

Dispone el artículo 140 del estatuto procesal civil, aplicable por remision expresa del 165 del Código Contencioso Administrativo, lo siguiente:

ART. 140.—Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.

2. Cuando el juez carece de competencia.

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.

5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal solo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquel o de este, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición.

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.

PAR.—Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece. (Negrillas y subrayas de la sala).

Aun cuando la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 43 de junio 5 de 1986, esto es, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, había declarado exequible la expresión “solamente”, ut supra, dentro de la referida regulación normativa, la Corte Constitucional, en Sentencia C-491 de 1995, se vio avocada a hacer un nuevo pronunciamiento para responder a los cargos de una demanda, con fundamento en la normativa ahora vigente, Constitución de 1991, reiterando el carácter taxativo de la disposición y exponiendo con especial sindéresis lo siguiente:

“No se opone a la norma del artículo 29 de la Constitución la circunstancia de que el legislador señale taxativamente las causales o motivos de nulidad, por las siguientes razones:

La Constitución en el artículo 29 señala los fundamentos básicos que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe en principio al legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de la proporcionalidad normativa, las causales o motivos que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.

(...).

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad para determinar los casos en los cuales un acto procesal es nulo por carencia de los requisitos formales y sustanciales requeridos para su formación o constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por el legislador.

Las atribuciones del legislador en la materia contribuyen a la realización jurídica y material del debido proceso y a la seguridad jurídica, en lo atinente al desarrollo de las actuaciones procesales, en cuanto presume, acorde con los principios de legalidad y de buena fe que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los actos procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a la invocación de una de las causales específicamente previstas en la ley. De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas.

El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta la moderna técnica del derecho procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad constituye nulidad, pues estas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a través de los recursos”. (Negrillas y subrayas de la sala).

Se destaca que la Corte Suprema de Justicia en su función de guarda de la Carta de 1986, con argumentos similares había expuesto:

“La ley es la que ha establecido qué defectos en los actos procesales constituyen nulidad procesal. A contrario sensu la misma ley dispuso que el defecto que no constituye nulidad es simplemente irregularidad, toda vez que se utiliza la frase “Las demás irregularidades”... ha de considerarse que toda irregularidad en los actos procesales, cualquiera que sea su nombre, está al alcance de los correctivos que la ley ha dispuesto para ellos(1)”.

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio no puede servir al propósito de hacer que las ritualidades procesales se conviertan en un fin en sí mismas, pues la prevalencia del derecho sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de las partes y demás intervinientes en los procesos, de igual modo ha indicado que se incurre también en defecto procedimental, cuando, en aras de otorgarle plena satisfacción a requisitos de índole formal resultan sacrificados otros derechos de índole constitucional(2).

Esta también es la pauta hermenéutica consagrada el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil que enseña:

Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes.

La similitud y correspondencia de la norma en cita con el artículo 228 de la Constitución que dispone que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial, reconoce inequívocamente la importancia de los dispositivos procesales como medio de realización y protección de otros derechos sustanciales.

En consecuencia, se transgrede el debido proceso cuando en determinado caso, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales y la no yuxtaposición de las garantías fundamentales como el derecho a una tutela judicial efectiva, deviene igualmente una denegación de justicia.

Acerca del derecho a una tutela judicial efectiva la Corte Constitucional(3) expresó:

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable la debida protección del Estado.

Ahora, a efectos de válidamente dar preeminencia al derecho sustancial en menoscabo de formalidad, impone preguntarse acerca de cuál garantía procura salvaguardar el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, al disponer que una vez sustentado el recurso y, reunidos los demás requisitos legales debe ser admitido mediante auto que se notificará a las partes y al Ministerio Público; y analizar si en el presente, caso, al omitir el cumplimiento de la formalidad, se puso en riesgo el núcleo de la garantía protegida.

La respuesta no requiere mayores disquisiciones, por cuanto la teleología procesal en el sub judice, evidencia que la norma tiene como finalidad proteger el principio de la doble instancia una vez se hayan verificado los presupuestos legales que habiliten al ad quem en el conocimiento del asunto sometido a examen judicial, para, de este modo, materializar la competencia funcional que por imperativo de ley, le es atribuida. El caso bajo examen, indiscutiblemente se circunscribe en un proceso con vocación de doble instancia en el que los recursos fueron interpuestos y sustentados en la oportunidad legal, sin que se haya lesionado el principio de bilateralidad de la audiencia, audiatur altera pars, ni otros de trascendencia imperativa, como los que atañen a los supuestos de validez del proceso.

Una decisión sin consideración a los razonamientos aquí expuestos, conllevaría sin duda a un desconocimiento de la ciencia procesal constitucional que se explica a partir de la relación que existe entre el proceso y la Constitución, pues como claramente lo señala el tratadista Hernández Valle “las nulidades procesales solo pueden declararse cuando impliquen una clara indefensión de las partes(4)”.

Luego, siendo diáfana la taxatividad de la norma y con ello, el alcance restrictivo de interpretación de los presupuestos bajo los cuales es admisible la declaratoria de nulidad del proceso, se impone señalar que la ausencia del auto que admite el recurso no constituye per se, una causal de nulidad que invalide la actuación judicial surtida, habida cuenta de que i) no está consagrada en ninguna de las causales específicamente enlistadas en la disposición en comento, ii) y porque una interpretación en sentido contrario no solo contravendría la hermenéutica de la exégesis impuesta por el legislador, sino que transgrediría, in fine, una de las aristas fundamentales del debido proceso como es la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el principio de celeridad y eficacia procesal y, el derecho a una tutela judicial efectiva que de suyo implica un proceso sin dilaciones injustificadas que hagan más gravosa el derecho al oportuno acceso a la administración de justicia.

Ahora, si el asunto fuera posible de discusión, que no lo es, es decir, que la omisión de la instancia en la expedición del auto que concede el recurso fuera un vicio susceptible de nulidad, ella tampoco tendría la envergadura suficiente para desarticular la sucesión de actos procesales llevados a cabo para la consecución del fallo, toda vez que no soporta un examen a la luz de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades procesales, como son la especificidad, la trascendencia, la protección y la convalidación(5). Especificidad, en tanto no existe el hecho legal generador de la misma de acuerdo a lo establecido por el legislador en el articulo 140 ibídem; trascendencia, toda vez que el defecto no coloca en posición de vulnerabilidad a ninguna de las partes, como tampoco resulta lesivo a sus derechos legales, constitucionales, sustanciales o, sustanciales procesales; protección, por cuanto nadie puede alegar su propia omisión para luego beneficiarse de la misma, en tal sentido ha de destacarse que, las partes omitieron interponer los recursos de ley contra el acto subsiguiente como era el que corría traslado para alegar en segunda instancia; y convalidación, puesto que este supone la posibilidad de que el acto viciado, por acción u omisión, pueda ser convalidado expresa o tácitamente, por el o los sujetos procesales legitimados para alegarla al estar involucrados sus exclusivos intereses procesales.

Así las cosas, i) habiendo establecido el párrafo del artículo 140 que las demás irregularidades del proceso que no estuvieren enlistadas en la disposición transcrita, si no se hubieren impugnado oportunamente por medio de los recursos establecidos en la ley, se tendrían por subsanadas, ii) que la ausencia del auto que concede el recurso de alzada, no se halla dentro de las causales de nulidad puntualmente establecidas en la ley, iii) que no se violó el propósito procesal del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto existen los presupuestos del caso para conocer en segunda instancia, iv) que el acto omisivo no se impugnó oportunamente a través de los recursos que el código establece conforme lo imponía el párrafo del artículo 140 del estatuto procesal ejusdem, v) y que con tal omisión no se vulneró garantía constitucional alguna, la sala, procederá a tener por subsanada la irregularidad aludida y a proferir la decisión que se impone para resolver el litigio.

2. De otro lado, es menester precisar que, contrario a lo expuesto por el Ministerio Público, en el presente asunto no hay lugar a tramitar el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Decreto 01 de 1984, puesto que a él hay lugar solo cuando se trate de sentencias que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública cuando estas no fueren apeladas, el proceso tenga vocación de doble instancia en razón de la cuantía del mismo y, además, si la condena fuere superior al monto equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales o, que la sentencia que no hubiere sido apelada se hubiere proferido en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, hipótesis que de ninguna manera se configura en el caso que ahora se examina.

3. Además resulta importante señalar que los recursos de apelación interpuestos por las partes están encaminados, exclusivamente a analizar: i) de una lado, la responsabilidad de la Policía Nacional en los hechos que dieron lugar a la condena; y, ii) de otro, la procedencia de la modificación solicitada en el sentido de especificar en una suma liquida de dinero, el aparte en que se ordenó el pago del 25% del salario devengado por las víctimas para cada uno de los demandantes, lo cual fue reconocido por el tribunal en la adición de sentencia impugnada.

Se hace la anterior precisión en razón a que de conformidad a lo establecido en la ley procesal y en aplicación del principio de no reformatio in pejus, la competencia de la Sala se circunscribe a los aspectos o temas apelados, es decir que, de la pluralidad de pretensiones que hicieron parte de la demanda, de las cuales algunas concedió el a quo, la Sala solo se ocupará de revisar los aspectos que fueron objeto de inconformidad en el recurso de apelación(6). Por ende, lo que el impugnante no planteó como motivo de diferencia con el a quo no será revisado en la segunda instancia. Esta conclusión se apoya en el parágrafo primero del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

“El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia” (negrillas fuera del texto).

En este orden, solo se estudiarán los aspectos de inconformidad expresados por la Policía Nacional relacionados con su responsabilidad, y lo sustentado por la parte demandante, lo cual quedó identificado en el numeral 2.4 de la providencia que adicionó la sentencia. Los demás temas o decisiones, aunque le hayan sido desfavorables a alguna de las partes, no fueron apelados ni sustentados, de manera que se entiende que, quedaron conformes con la decisión que se adoptó sobre estos, apoyada en las pruebas del proceso y en las razones esgrimidas por el juez para resolver las reclamaciones.

4. Al proceso, para el establecimiento de los hechos relevantes, se allegaron los siguientes medios probatorios:

4.1. Registros civiles de defunción de Isidoro León Ramírez Ciro y Pompilio de Jesús Cardona Escobar, en los consta que fallecieron en el municipio de Granada (Ant.), el 8 de diciembre de 1993, a causa de un shock neurológico (sic); destrucción del tallo encefálico y heridas de proyectil de arma de fuego. —Fls. 44 y 57 cdno. tribunal—

4.2. Registro civil de defunción de Luis Fernando Velásquez Londoño, en el que consta que falleció en el municipio de Granada (Ant.), el 8 de diciembre de 1993, a causa de un shock traumático. —Fl. 76 cdno. tribunal—.

4.3. Certificado de antecedentes judiciales de las víctimas, expedido el 20 de marzo de 1997 por el Departamento Administrativo de Seguridad en el que se señaló:

“Luis Fernando Velásquez Londoño, figura como Velásquez Luis Fernando Londoño CC 70.161.629.

Juzgado 11 superior de Medellín en junio 20 de 1977 comunica que en 1ª instancia condenó a 50 meses de prisión por los delitos de homicidio y lesiones personales. En 2ª instancia tribunal superior de Medellín en noviembre 25 de 1977. Confirma.

Juzgado Penal del Circuito de Santuario (Ant.) en telegrama 336 de noviembre 25 de 1982 comunica se encuentra investigado por el delito de hurto agravado mayor.

Misma autoridad en Marconi 339 de noviembre 25 de 1982 solicita captura por el delito de hurto agravado mayor.

Juzgado 1º promiscuo municipal de San Carlos (Antioquia) en Oficio 153 de mayo 9 de 1984 solicita captura por los delitos de fuga de presos y lesiones personales.

Juzgado Penal del Circuito de Santuario (Antioquia) en Oficio 133 de julio 25 de 1985 comunica que en 1ª instancia condenó a 42 meses de prisión por los delitos de hurto y fuga de presos. En 2ª instancia tribunal superior distrito judicial de Medellín comunica que en mayo 23 de 1985 confirma sentencia.

Juzgado penal del circuito de Santuario (Antioquia) en Oficio 183 de septiembre 5 de 1987 comunica que condenó a 15 meses de prisión.

Juzgado 2 promiscuo municipal de san Carlos (Antioquia) en oficio sin número de marzo 14 de 1989 comunica que condenó a 47 meses de prisión por el delito de hurto ganado mayor agravado.

Demás personas relacionadas en su oficio, no registran antecedentes judiciales o de policía según artículo 12, Código de Procedimiento Penal. (...)” —fls. 300 y 301 cdno. del tribunal—.

4.4. Informe policial suscrito por el comandante de la subestación de granada (Ant.), relacionado con los hechos sucedidos el 8 de diciembre de 1993 en la cárcel municipal, en el que se reseñó:

“Por medio del presente me permito informar a mi mayor que en el día de hoy, siendo las 01:10 horas llegaron a la cárcel municipal de esta localidad, diez hombres vistiendo de civil, con los rostros tapados y provistos de armas de fue (sic) metrallas, quienes dijeron ser de la Policía, donde uno ingresó al interior del penal tumbando una tabla y estando allí intimidó a los dos guardianes de turno que prestaban servicio a esa hora, (...). Estos manifiestan, que los encerraron en una de las celdas [ilegible] y para que no salieran le introdujeron la varilla que ajusta la misma puerta. Siendo aproximadamente las 02:30 horas fue cuando se dio aviso al coman (sic) por parte de estos dos guardianes de turno, quienes narraron los sucedido [ilegible] la llegada de estos diez individuos con el fin de llevarse a los detenidos: Néstor Gabriel Zapata Álvarez 48 años / Dubán Antonio Muñoz Orjuela 28 años / Isidro León Ramírez Ciro 31 años / Pompilio de Jesús Cárdenas Escobar 29 años / Martín Emilio Zapata Álvarez 45 años. Los cuales se encontraban por orden del juzgado primero promiscuo municipal de Granada, por la investigación de hurto ganado vacuno y el decomiso de dos camiones (...). Estos habían sido sorprendidos por personal de la Policía del municipio del Peñol en el sitio la Sonadora que conduce al mismo municipio. En estos vehículos movilizaban un ganado hurtado de las fincas El Encanto, propiedad Carlos María Domínguez. / El Concilio, propiedad Gonzalo Zuleta. Posteriormente a eso de las 09:00 horas se tuvo conocimiento que [ilegible] el sitio balastrera (sic) se encontraban dos cadáveres, de inmediato tras [ilegible] el señor inspector municipal de Granada, con el fin de practicar diligencias de levantamiento, pudo comprobar que se trataban de Isidoro León Ramírez Ciro, 31 años (...) / Sr. Pompilio de Jesús Cardona Escobar, 29 años (...). Otra persona aproximadamente 18 a 25 años, tex (sic) morena, 1.55 estatura, delgado, [ilegible], tenía camisa blanca, se encontraba descalzo, vestía pantalón azul, correa de colores. Presentaba varios impactos en el cuerpo. / Estos [ilegible] cadáveres al parecer correspondían a los mismos detenidos que en las horas de la madrugada, fueron sacados por los diez invitados que incursionaron la cárcel de la localidad. Para conocimiento de mi mayor, este comando ha impartido suficiente instrucción con referencia a las medidas de seguridad en los distintos puntos críticos entre ellos revistas a la cárcel que [ilegible] hacen de manera exporádicas (sic) para evitar una emboscada por parte de grupos subversivos que operan en la región. Igualmente le informo [ilegible] comando que reposan en nuestra oficina del comando copias de las [ilegible] revistas, reuniones con el señor alcalde donde se le hace saber la inseguridad que la cárcel presta para albergar a detenidos de alta peligrosidad, teniéndose como antecedentes recientes el día de hoy, y el hecho sucedido el día 01-11-93 dando también ingresaron a la cárcel unos hombres y dieron muerte a un recluso y lesionaron a otro interno, los cuales se encontraban por investigación hurto. Este comando, en las fechas indicadas realiza el plan de apoyo y revista al centro carcelario, haciéndose énfasis de las medidas de seguridad que hay que tener con el personal que se encuentra allí retenido. Igualmente se les ha advertido al personal de guardianes para que en ningún momento le abran la puerta a ninguna persona y así evitar sorpresas por parte del enemigo; también se le ha impartido instrucción al señor director de la cárcel, alcalde Ángel Guillermo Gómez Duque, para que sea instalada un alarma y se dcte (sic) de mejor armamento y personal de guardianes ya que solamente en la actualidad se posee un solo revólver con el que se está prestando la seguridad. (...)” —fls. 317 y 318 cdno. tribunal—.

4.5. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el declarante Álvaro Castro, quien se encontraba en el lugar el día de los hechos, narró lo siguiente:

“Sírvase manifestar al despacho bajo gravedad de juramento que tiene prestado, si conoció a los señores Isidoro León Ramírez Ciro, Pompilio de Jesús Cardona Escobar y Luis Fernando Velásquez Londoño alias Dubán Antonio Muñoz Orjuela. Caso cierto en razón de que. Contestó: Yo distinguí a Pompilio y a León por intermedio del trabajo, todos somos conductores, los conocí de nueve a diez años, todos trabajamos en la mayorista manejando carro. Preguntó: Díganos todo cuanto sepa y le conste con relación a los hechos en los cuales perdieron la vida los señores Pompilio de Jesús Cardona e Isidoro León Ramírez. Contestó. Fue un día de diciembre yo vine con mi compañero Arturo a todos estos pueblos de oriente a entregar productos de Panadería, enviados como Distribuciones Ibamar, esa noche después de que habíamos andado muchos de los pueblos cuando llegamos al municipio de Granada ya estaba tardecito por lo cual decidimos quedarnos amaneciendo en dicho pueblo para al día siguiente entregar el esto (sic) de mercancía que nos quedaba por entregar, a eso de las nueve y medio nos quedamos en el kiosco(sic) de la plaza tomando tintico y dialogando a eso de las nueve y media más o menos de la noche, nos fuimos para la plaza a tintiar (sic) y a dialogar mi compañero don Arturo y yo, de pronto pasadas ya las diez de la noche sentimos un escándalo de unas personas que gritaban, auxilio que los ayudaran, que por favor no los dejaran llevar que los iban a matar a esos muchachos en ese momento los estaban sacando de la cárcel, ellos hicieron mucho escándalo, de ahí toda la gente salió a mirar, incluido los dos policías que estaban de centinelas en el comando, ellos también salieron a mirar así como toda la demás gente, lo que vimos fue que una cantidad de personas como unas ocho o diez personas de civil y muy armados metieron a la fuerza a los muchachos en los carros que ellos vinieron, de ahí se los llevaron, todo el mundo se escondió al ver esa gente armada, se los llevaron y todo el mundo y nosotros ya nos fuimos a dormir donde nos íbamos a hospedar, en un hotelcito (sic) que hay en la plaza hasta el otro día que terminamos de terminar de entregar la mercancía que nos quedaba y empezamos a oír comentarios sobre que habían asesinado a todos esos muchachos que habían sacado de la cárcel más que todo cuando fuimos a la bomba a tanquiar (sic) allá era donde comentaba la gente que habían dejado tirados en los alrededores en las afueras del pueblo, que los habían matado a todos, todo el mundo comentaba lo mismo, ya nos vinimos para Medellín una vez terminamos la correría ya cuando vinimos a Medellín nos dimos cuenta de que dos de los muchachos que habían matado eran compañeros de trabajo, compañeros de la misma plaza a Pompilio y a León y ellos habían salido para este pueblo de acá o sea para Granada a transbordar un carro que se había varado y después ya cuando estábamos en la plaza nos dimos cuenta de lo acontecido de que dos de los muchachos que oíamos gritar que pedían auxilio, que decían que no los dejaran matar que no los dejaran llevar, que pedían protección, eran ellos Pompilio y León y no sabíamos que eran los compañeros que trabajaban con nosotros no los distinguimos porque estábamos a una cuadra y al ver esa gente así armada nadie se atrevía a arrimarse por el contrario todos nos retiramos. (...) Preguntado: Díganos cuántos policías vio usted que se asomaran en el momento de los hechos a que se ha venido refiriendo, y si estaban uniformados y armados. Contestó: En el momento de los hechos vi dos policías que estaban uniformados y con sus armas de dotación, y ellos no hicieron nada al respecto sino que se asomaron a la esquina y se devolvieron también, lo que hizo toda la gente hicieron ellos, no hicieron nada. Preguntado: A qué distancia aproximadamente se encuentra el comando de policía de la cárcel del municipio de Granada. Contestó: El comando de la policía a la cárcel se encuentra a dos cuadras aproximadamente y nosotros estábamos a una cuadra del comando y a una cuadra de la cárcel en el kiosco(sic). Preguntado: ¿Desde la esquina de donde queda el comando de la policía se alcanza a divisar la citada cárcel? Contestó: Sí, porque de donde los policías se asomaron a la cárcel hay dos cuadras y es en línea recta. Preguntado: ¿Escuchó usted comentarios de los pobladores de Granada sobre los hechos que se produjeron esa noche, en el sentido de que ya se sabía lo que iba a pasar? Contestó: Sí, se comentaba de que tenían unos muchachos en la cárcel y que parecía que los iban a sacar tarde de la noche para justiciarlos comentaban en el pueblo, se comentaba antes de los hechos que habían unos muchachos en la cárcel y que al parecer los iban a sacar para justiciarlos. Preguntado: El escándalo que hicieron los detenidos se escuchó en todo el pueblo. Contestó: Sí, el escándalo que los que hicieron fue tanto que todas las personas que estábamos en la plaza nos asomamos inmediatamente para ver qué pasaba y los vecinos de todas las casas vecinas salieron a mirar también cuál era el escándalo. (...)” —fls. 345 y 346 cdno. tribunal—.

4.6. El declarante Arturo Zuluaga Giraldo, quien también se encontraba en el lugar el día de los hechos, expresó:

“Díganos si sabe como perdieron la vida estos dos señores cuándo y dónde. Contestó: Nosotros trabajamos en la mayoritaria (sic) en ese entonces hace unos cuatro años, entonces en una empresa que se llama Ivamar(sic) distribuidora de productos de panadería y repostería para procesar, nos contrataron al señor Álvaro y a mí para reemplazar un vehículo que se habían robado de esa compañía, entonces repartíamos estos productos por el oriente en los municipios de [ilegible], Marinilla, Rionegro, El Santuario, El Peñol, San Rafael, San Carlos y Granada, eso hace aproximadamente cuatro años nosotros salíamos en un diciembre, la fecha no la recuerdo, a hacer el recorrido y nos cogió la noche en San Carlos y llegamos a Granada como cerca de las diez de la noche ya y entonces ya (sic) estuvimos que esperar hasta el otro día que abrieran las panaderías para despachar los pedidos, nos hospedamos en una casa del parque, un hospedaje y salimos a tomar cafecito y gaseosa como a las diez de la noche pasaditas, después de que llegamos en una cafetería que hay como en todo el kiosco(sic) ahí, y al momentico escuchamos una gritería un escándalo por la parte de abajo por donde queda Telecom, de una gente que gritaba que los ayudaran, que los auxiliaran y había varia gente subiendo a unos muchachos a la fuerza a un campero que había ahí y nosotros también y vimos lo que acabo de decir subiendo esos señores a un campero oscuro y los agentes de policía también que estaban en la esquina vieron y en cuestión de unos minutos ya la gente se perdió, se escondió (sic) y cerraron los negocios ya nos fuimos a dormir y al otro día madrugamos repartimos el producto y nos regresamos a Medellín cuando venimos ya saliendo de Granada echamos gasolina y escuchamos que la gente decía que siempre mataron a esos muchachos, los ajusticiaron (sic) y que los habían encontrado en la carretera de regreso al Santuario y al otro día llegamos a la plaza y ya el papá de Pompilio nos contó que habían matado la noche anterior al hijo o sea al Pompilio y a León el yerno y averiguamos y nos dijo que era que los había llamado a transbordar un vehículo que se había varado por la carretera de el (sic) Peñol y fueron engañados y ahí fue donde los mataron y no vimos cuando los subieron al carro en Granada donde estábamos hospedados porque estábamos a mucha distancia y como todo el mundo se escondió quien se iba a acercar. (...) Preguntado: Se enteró usted cuál fue el motivo para subir esas personas al citado campero a esas horas de la noche en que usted se encontraba en Granada. Contestó: No se supo porque los sacaron, solo que clamaban que los auxiliaran y no sabíamos quiénes eran los que subían a ese carro por lo distante que estaban y era como varios los que subieron (sic), no supe cuántos y que eran personas armadas que los subían a la fuerza y la gente empezó a retirarse y nosotros también porque nos dio miedo. Preguntado. Díganos de dónde sacaron a estas personas que subieron a la fuerza al citado campero en esa fecha. Contestó: Yo vi el local que queda enseguida de Telecom y eso es la cárcel. Preguntado: Se enteró porque(sic) motivo sacaban estas personas de la citada cárcel y dónde habían sido retenidas. Contestó: No sabía por qué (sic) motivo las sacaban ni el por qué motivo habían retenido y al otro día que el papá de Pompilio nos contó que le habían matado al hijo y al yerno por el oriente y que los habían encontrado en la carretera de regreso de Granada al Santuario. (...) Preguntado: Díganos a qué distancia de la cárcel de Granada queda el comando de policía de esa localidad. Constestó: Dos cuadras aproximadamente. Preguntado: Díganos si desde el comando de policía, los agentes que se encuentran fuera del local ,alcanzan a divisar la cárcel de Granada. Contestó: Sí, correctamente porque es una línea recta muy visible. Preguntado: Díganos cuántos agentes de policía vio usted asomados esa noche, mirando a las personas que sacaban a los detenidos de la cárcel de Granada. Contestó: Dos agentes uniformados que estaban prestando guardia en toda la esquina, y ellos como todo el mundo se escondieron, no hicieron absolutamente nada. Preguntado: A qué distancia se encontraba usted ewa (sic) noche tanto de la cárcel como del comando de policía. Contestó: De la cárcel como a unos cincuenta metros aproximadamente y del comando donde estaban los agentes dos cuadras, de donde estaban los agentes queda el comando unas dos casas (sic). Preguntado: Díganos si los gritos que lanxaban (sic) los seis reclusos asesinados se escucharon varias cuadras a la redonda. Contestó: Sí se escuchaban porque a esa hora el pueblo era muy callado y el escándalo fue horrible pidiendo que los auxiliaran que los iban a matar. Preguntado: Qué comentarios hacían las demás personas que estaban con ustedes en el kiosco(sic) del parque de Granada. Contestó: Habían habíamos (sic) unos ocho personas ocho o diez personas con nosotros y comentaban que eso ya estaba listo que eso ya estaba planeador(sic) que ya se sabía lo que iba a pasar, Preguntado: Cuántos vehículos llegaron por los detenidos. Contestó: Yo alcancé a divisar dos camperos pero el color uno de ellos era como entre oscuro y gris al otro no lo alcancé a divisar.

4.7. Además, obran las declaraciones de los señores: Dubán Antonio Muñoz Orjuela, Jorge León Gómez Ospina, Marleny Quimbaya Espinosa y Pablo Emilio Vascos Vélez, quienes coinciden en ser testigos de oídas(7) sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

5. Las diferentes pruebas que obran en el proceso permiten establecer que el 8 de diciembre de 1993, en el municipio de Granada (Antioquia), los reclusos Isidoro León Ramírez Ciro, Pompilio de Jesús Cardona Escobar y Luis Fernando Velásquez Londoño, fueron secuestrados en el centro penitenciario, en presencia de agentes de la Policía Nacional, y posteriormente fueron asesinados.

El acervo probatorio aporta seguridad sobre la presencia de agentes de Policía a pocos metros del lugar de los hechos, al momento del secuestro de los reclusos y de la actitud omisiva de los mismos frente a comisión de los delitos. De las declaraciones transcritas, se deduce que los secuestradores homicidas se presentaron a la cárcel municipal a altas horas de la noche, y usando la fuerza, intimidaron a los guardias de turno, con el fin de sacar a los reclusos del establecimiento carcelario, y de ello se percataron miembros de la población civil y dos agentes de policía que estaban en turno en el comando.

Si bien, el informe de policía obrante da cuenta de las recomendaciones previas dadas al director de la cárcel municipal, relacionadas con el refuerzo de las condiciones de seguridad de los retenidos, debido a la ocurrencia de hechos similares semanas antes, lo cierto es que, la responsabilidad de la policía se ve comprometida ante actitud indiferente de sus agentes frente a la comisión de los delitos de que fueron victima los detenidos y al omitir una acción encaminada a su protección.

En relación al deber de protección de los reclusos, se tiene por establecido la existencia de una la relación de especial sujeción entre estos y el Estado, pues en razón de la retención, la seguridad y protección de los primeros se encuentra en cabeza de la autoridad pública. Sobre este tema, la doctrina nacional ha manifestado:

“Al cambiar el grado de vinculación de la administración a la legalidad, sobre todo el sometimiento de esta a normas constitucionales, la construcción de una teoría sobre las relaciones especiales de sujeción se encuentra sometida a las siguientes modificaciones: 1. El consentimiento del individuo no remplaza la llamada reserva de ley, las posibilidades de restricción de las libertades y derechos fundamentales es posible siempre y cuando exista previa habilitación del legislador(8); 2. Aunque aún existan espacios administrativos en los que se presente una mayor dependencia de los ciudadanos frente al poder público, esto no puede ocasionar su “cosificación “. Siempre la dignidad humana y los derechos fundamentales constituyen un límite infranqueable, y; 3. No existen “ámbitos domésticos o exclusivos de la administración, las normas que en el interior de la misma se producen son verdaderos preceptos jurídicos y se encuentran sometidos al principio de jerarquía administrativa. Por tanto, la administración no escapa al control del poder judicial y responde por aquellos actos, hechos y operaciones que en desarrollo de la relación especial de sujeción hayan generado daños antijurídicos.

“La noción de relación especial de sujeción como categoría propia del derecho administrativo continúa prestando utilidad, toda vez que características tales como la inserción del individuo en la administración y la mayor inmediación entre este y el poder público son constatables en algunos ámbitos del actuar administrativo. Por eso se considera junto con López Benítez que se trata de:

“... relaciones jurídico administrativas caracterizadas por una efectiva y duradera inserción del administrado en la esfera organizativa de la administración, a resultas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a los fines típicos de cada organización(9)”.

“Se puede sostener entonces que en la actualidad “...son precisamente las normas constitucionales y legales las que reconocen un ámbito jurídico-público en el que la relación jurídica tiene zonas vagas en donde los derechos se tornan algunas veces en obligaciones y viceversa; no puede predicarse una separación tajante entre estos dos extremos...,(10) por eso puede sostenerse, por ejemplo, que el recluso aunque tiene un derecho a la intimidad dentro del centro carcelario, dicha garantía se ve limitada en mucho mayor medida que si se tratara de un ciudadano en libertad, pues de la posibilidad de controlar los objetos que le son enviados, el lugar en el que se encuentra y las actividades que realiza, no solo depende la efectividad del sistema carcelario sino intereses superiores tales como la integridad física y la vida de aquellos que también se encuentran privados de la libertad.

“La jurisprudencia colombiana ha utilizado la construcción dogmática aquí estudiada para explicar dos situaciones concretas:

“a) la situación en que se encuentra quien desempeña funciones públicas, especialmente la de los llamados empleados públicos, para justificar la subordinación de estos a los deberes que emanan del ordenamiento jurídico necesarios para el cumplimiento de cometidos estatales. Dicha subordinación sustenta a su vez el poder disciplinario del cual son sujetos pasivos(11);

“b) para explicar la relación que se da entre los centros penitenciarios y sus reclusos, sobre todo a efectos de analizar la posible responsabilidad extracontractual del Estado por daños ocasionados a los derechos a la vida o integridad física. En estos supuestos, se ha justificado la aplicación de un régimen objetivo partiendo del supuesto de que al tratarse de una relación en la que al ser ostensible que el individuo se coloca en una mayor situación de indefensión, genera en cabeza del Estado una obligación específica de protección y seguridad, que lo hace responsable de los perjuicios que se ocasionen dentro del centro carcelario.

“En palabras de esta Corporación: “...la llamada por la doctrina obligación de seguridad, se concreta en el deber que tienen las autoridades de evitar que las personas detenidas o presas sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan en tal condición o, dicho de otra forma, el Estado tiene el deber de preservarlas de los daños que con ocasión de su situación deba ocurrirles. La misma obligación comprende la de “custodia y vigilancia” pues se busca la garantía de seguridad personal del detenido. Las autoridades estatales tienen a su cargo el deber de tomar las medidas necesarias para evitar cualquier atentado contra la vida e integridad personal de los detenidos o presos(12)”.

“Respecto de la anterior posición jurisprudencial, por ahora, la Sala se limitará a reiterar lo señalado en la introducción de este acápite: se comparte que el deber específico de protección, seguridad y custodia es la principal consecuencia de encontrarse dentro de esta especial relación de sujeción, no obstante, este por sí solo no explica el título de imputación o régimen de responsabilidad aplicable. Es más, la construcción realizada, partiría de una premisa equivocada que conduciría a los siguientes interrogantes: si el Estado comprueba que ha asumido las medidas necesarias para evitar atentados contra la vida y la seguridad de los detenidos o presos y si dichos daños se generan ¿esta circunstancia constituye un eximente de responsabilidad? de ser así no se estaría ante una construcción típica de falla del servicio? y, por último, realmente se comprenden dentro de la afirmación en contrario aquellos eventos en los que aún cumpliendo las obligaciones propias de los reglamentos internos para garantizar la vida de los reclusos se causa un daño antijurídico?

“Vistas así las cosas, de la definición de relación de sujeción especial dada y del desarrollo hecho hasta el momento se puede deducir lo siguiente:

1. Se trata de una verdadera relación jurídica, toda vez que no puede pensarse en una forma de vinculación en el que el Estado sea el único que tiene en su cabeza la garantía de reclamar prestaciones concretas. Por lo tanto, siempre será posible identificar dos extremos, donde se admite que el ciudadano aun en las situaciones de mayor dependencia, es titular de derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, se reconoce la posibilidad de exigir del aparato administrativo una determinada forma de comportarse, máxime cuando de derechos fundamentales se trata, toda vez que estos se tornan irrenunciables, su afectación no puede desconocer su núcleo esencial y además de su exigencia tienen un valor normativo inherente que se desprende de su dimensión objetiva la cual les da el valor suficiente para ser reglas de interpretación y aplicación del derecho(13).

2. Cuando se habla de relaciones especiales de sujeción no se hace referencia a un único vínculo jurídico, las notas características que se señalaban en el anterior aparte varían en su intensidad dependiendo el ámbito administrativo al cual se apliquen(14). Los elementos que siempre resultaran comunes son dos: a) naturaleza cualificada de uno de los sujetos de la relación jurídica, toda vez que esta siempre se entabla con una administración pública, y ello conlleva a la característica de supremacía dada la utilización de prerrogativas soberanas y; b) regulación propia del derecho administrativo, lo cual conduce a la característica de su carácter de medio para conseguir una finalidad de interés público(15).

3. Es una relación jurídica que se caracteriza por una necesaria inmersión del individuo dentro del aparato administrativo, y es esta inmersión la que a su vez genera una mayor inmediación. Las razones por las cuales se da la integración del sujeto a la organización pueden reconducirse a dos: a) aquellos eventos en los que el individuo libremente decide colocarse en una situación de mayor dependencia respecto de la administración, aquí nuevamente son válidos los ejemplos de las relaciones jurídico-laborales o de la demanda de algunos servicios públicos como la sanidad o la educación, y; b) aquellos eventos en los que el individuo se ve inmerso en una relación de mayor dependencia respecto de la administración de manera forzada, en cumplimiento de una carga impuesta bien por el ordenamiento jurídico o por una orden de carácter judicial(16).

4. No se trata de cualquier integración dentro del aparato administrativo, esta no debe ser temporal sino efectiva y duradera. Tal como señala López Benítez: no se trata de relaciones en las que “... existe una tranquilizadora distancia de la administración; la organización es solo la infraestructura que avitualla o provee, sin asumir otro distinto protagonismo. Puede el administrado, ciertamente acudir a las oficinas administrativas —es decir, traspasar el sancta sanctorum de la administración— para evacuar un trámite o para demandar información, pero esta infiltración es solo esporádica y no genera, por sí misma, otras obligaciones que las de respetar el derecho de los otros o las de comportarse correctamente”. En consecuencia la integración que el concepto relaciones especiales de sujeción demanda es aquel en el que “… la relación administración-administrado se desarrolla sobre la organización misma, sobre esa unidad funcional, sobre esa fusión de elementos personales y reales(17).

La integración del administrado al aparato administrativo, será efectiva cuando responda a una causa, es decir, cuando con ella se pretenda cumplir la finalidad asignada por el ordenamiento jurídico, será duradera cuando se prolongue en el tiempo. Ello no significa un vínculo permanente, sino simplemente que este no sea esporádico, toda vez que “debe tratarse del tiempo necesario para que se hagan sentir los especiales efectos de la integración, para que el administrado se haga a ese clima o medio ambiente que destila la organización(18)”.

5. Cualquier posibilidad de limitación de derechos no solo está soportada en normas constitucionales o legales sino que además demanda de la administración una verdadera labor de ponderación. Por ende la modulación que se haga de los derechos fundamentales debe responder siempre a una finalidad previamente establecida y a la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad”(19). (Resalta la Sala).

De acuerdo con lo dicho, las personas privadas de la libertad se encuentran en relación de especial sujeción frente al Estado, lo que implica que sus derechos y garantías fundamentales se encuentran limitados, y siempre tendrán como frontera infranqueable el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Si bien es connatural a este tipo de relaciones la restricción de algunos derechos fundamentales, ello no implica su supresión o desconocimiento, ya que tal limitación debe estar soportada en la Constitución y la ley. Sin embargo, no se admite limitación alguna frente a los derechos a la vida y la integridad personal, cuya garantía debe ser reforzada, dada la situación de indefensión manifiesta en que se encuentran las personas privadas de la libertad. Allí la administración tiene una obligación específica de protección, seguridad y custodia frente a esos derechos.

En todo caso, siempre que se presenten tensiones entre derechos fundamentales y el cumplimiento de fines estatales, como pasa en el desarrollo de las relaciones de especial sujeción, su solución está sometida a una ardua labor de ponderación por parte de la administración, en la que se deben aplicar los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Otro tipo de razonamiento implicaría considerar a las personas privadas de la libertad como objetos de la administración y no sujetos de derecho, sometidos a determinadas restricciones de sus libertades por razón de su condición específica. Conclusión obvia, de lo dicho hasta ahora, es que en este tipo de situaciones la administración no escapa al control judicial y responde por las consecuencias adversas que se causen en su desarrollo.

Así las cosas, el incumplimiento de un deber específico, como es el caso de la protección a la vida y a la integridad personal de quien se encuentra retenido, privado de la libertad, conlleva responsabilidad de la administración y da lugar a la reparación de las víctimas de ese daño antijurídico, por cuanto constituye una carga que no debe soportar.

En efecto, el Estado asume un papel de garante que se desprende, de la obligación que emana del artículo 2º de la Constitución Política(20), disposición según la cual “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

En estos casos es admisible la aplicación del régimen de daño especial, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la corporación(21). Resulta equitativo, entonces, que en los casos de fallecimiento o lesiones de quienes se encuentran privados de la libertad, el título de imputación aplicable sea el daño especial; puesto que la principal consecuencia de la relación especial de sujeción pone al individuo en una situación de indefensión mayor a la de cualquier ciudadano. En efecto, la restricción a la movilidad del individuo es algo consustancial al vínculo especial que se establece con el estado de manera forzosa cuando se afecta su libertad, como en el presente caso por miembros de la fuerza pública. Estas connotaciones especiales de la relación jurídica claramente colocan al individuo en una situación en la que, aunque el poder público cumpla las obligaciones asignadas por el ordenamiento jurídico, existe mayor facilidad de un desequilibrio en las cargas públicas que puede conllevar una afectación de los derechos a la vida o la integridad física.

Sin duda, el título de daño especial implica un juicio de equidad y en el que se establece que una carga pública desproporcionada implica un daño antijurídico. Así lo ha reconocido la Sala, en jurisprudencia reciente:

“Lo expresado anteriormente se encuentra en sintonía con el entendimiento que ha presentado la Corte Constitucional, que al respecto consagró

“la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta, no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes(22). (Subrayado dentro del texto de la sentencia).

“Esta es, precisamente, la esencia del daño especial, la injusticia material que se derivaría de seguir otro parámetro de responsabilidad estatal en un caso concreto, situación que impone sobre los hombros del juez el deber de excepcionar la aplicación del régimen general con el objeto de dejar actuar la justicia material que de sentido al Estado social de derecho.

“Esta aproximación sirve para reforzar la idea de que la equidad en ningún momento debe entenderse como consecuencia del arbitrio judicial; por el contrario, se trata de el uso de la discrecionalidad que permite —e incluso, en algunos casos exige— el ordenamiento para eventos en que la vía excepcional es la que cumple con el valor de justicia material que se busca(23).

“A su turno nuestra Corte Constitucional ha identificado tres elementos característicos de la equidad:

“El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se encuentran las partes —sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial— es de suma relevancia para determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las particularidades de una situación(24).

“De manera que la actuación en equidad se refiere a una particular decisión del juez, que excepciona la aplicación de la regla general en virtud a que sus resultados se denotan ante él como lejanos a la idea de justicia que se quiere desarrollar. Y precisamente, esta es la filosofía que ha inspirado a la jurisprudencia en los casos de aplicación del daño especial, la cual inició su desarrollo con la idea de evitar que la inexistencia de falla en el servicio conllevara a la consolidación de situaciones con un claro desequilibrio en las cargas que debían soportar los administrados.

“Como se anotó, la justicia material se concreta en los casos de daño especial en el objetivo de reequilibrar la asunción de cargas públicas, en virtud a que el perjuicio sufrido presenta características de excepcional y anormal. En otras palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio de igualdad frente a las cargas públicas, resulta considerablemente superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes de actuación con que cuenta la administración. En este sentido, respecto de las calidades del perjuicio sufrido, se estableció por el Consejo de Estado desde los primeros años de implementación de esta teoría.

“El Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad. Es por tanto característica de la responsabilidad del Estado que el daño sea especial, lo que ocurre según Bonnard, cuando en una categoría dada de individuos, colocados en una misma situación, el daño no afecta sino a uno o algunos de ellos, pues si todos los que se hallen en estas situaciones son o pueden ser afectados por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública, como lo son, por ejemplo: los inconvenientes normales de vecindad que todo propietario debe soportar por el hecho de las propiedades vecinas. El daño debe ser, por tanto excepcional y anormal, porque la responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular o excepcional del daño ocasionado(25). —Negrilla fuera de texto—.

“Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas(26). Sin embargo, no debe entenderse dicho principio como el anhelo de lograr una equiparación matemática entre los administrados frente a la actividad administrativa; el contenido que el mismo involucra es, evidentemente, el mantenimiento de un relativo balance en esta materia. En consecuencia, es posible considerar como legítimas las imposiciones que puedan ser ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con la jurisprudencia, acepta el principio de igualdad ante las cargas públicas; y, en este mismo sentido, el Estado deberá responder cuando quiera que una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que exceda el ámbito de molestia que debe ser soportado.

“La igualdad, y como se antepuso, su manifestación en el equilibrio ante las cargas públicas, aparece como el bien jurídico a restituir en estos casos, fruto directo de postulados equitativos a los que repugna, como lo expresan el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los eventos de extrema desigualdad en la repartición de las cargas públicas.

(...).

“En resumen, la teoría del daño especial reúne una buena muestra de los eventos en que, con el ánimo de buscar un resultado satisfactorio desde una óptica de justicia material, se utiliza la equidad para reequilibrar las cargas públicas, honrando así el principio de igualdad. En otras palabras, la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración en situaciones concretas, objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de impulsión de la acción reparadora del Estado, como se observará al momento de considerar el caso concreto.

“Se denota claramente la gran riqueza sustancial que involucra la teoría del daño especial y, cómo no, lo esencial que resulta a un sistema de justicia que, como el de un Estado social de derecho, debe buscar mediante el ejercicio de su función la efectiva realización de los valores y principios esenciales al mismo”(27).

Lo anterior, lleva a concluir a la Sala, en aplicación del título de imputación anteriormente descrito, que, en el presente caso, debe confirmarse la sentencia apelada, en el sentido de declarar la responsabilidad de la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, por la muerte de Isidoro León Ramírez Ciro, Pompilio de Jesús Cardona Escobar y Luis Fernando Velásquez Londoño, quienes fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1993, cuando estaban privados de la libertad y posteriormente fueron asesinados.

6. En cuanto al punto apelado por la parte demandante referente a los perjuicios materiales, debe precisarse que la sentencia impugnada reconoció, para cada uno de los demandantes, el 25% del salario devengado por los occisos, lo que constituye a su vez el objeto de la apelación de la parte actora, toda vez que en la impugnación solicitó que se especificara esta condena en una suma líquida de dinero.

Previo a resolver este punto, es menester aclarar que, en nuestro ordenamiento jurídico, y específicamente, la jurisprudencia contencioso administrativa ha reconocido como daños indemnizables, los de tipo material esto es, el daño emergente y el lucro cesante (C.C., art. 1614), el primero se ha definido como el detrimento en el patrimonio del afectado como consecuencia directa del daño, y el segundo, como lo que se dejó de percibir patrimonialmente, en el orden, normal de los acontecimientos; a su vez, en cuanto a la indemnización de los mismos es necesario que se demuestre la certeza del daño. En relación al daño emergente se debe acreditar el menoscabo patrimonial, verbigracia los gastos funerarios asumidos por la muerte de un familiar; y en cuanto al lucro cesante se ha precisado que no es suficiente con solo alegar la expectativa de un ingreso, sino que debe tratarse de una probabilidad, verbigracia, si hablamos de la lesión sufrida a un bien propiedad del afectado, este estaría determinado por las ganancias frustradas que se esperaba produjera el bien objeto del daño. En relación con las características del daño, esta corporación ha precisado:

“Ha sido criterio reiterado de la corporación, que el daño, para su reparación, además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en todo caso, los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo. En este sentido, la doctrina nacional igualmente ha esbozado su criterio según el cual, el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización, y que eventualidad y certeza se convierten en términos opuestos desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio es calificado de eventual —sin dar derecho a indemnización—, o de cierto —con lo cual surge entonces la posibilidad de derecho a indemnización—, pero jamás puede recibir las dos calificaciones”(28).

De lo expuesto, se tiene que en los eventos en que el daño sea inexistente al carecer de certeza y basarse en hipótesis, no procede su indemnización lo que incluso tornaría inocuo un eventual estudio de la imputación.

En el caso bajo estudio, se tiene que al momento de los hechos las víctimas se encontraban cumpliendo una pena privativa de la libertad impuesta por el juez penal, lo que supone que al tiempo de su muerte no se encontraban desarrollando ningún tipo de actividad productiva, lo que implica una imposibilidad lógica, en principio, del reconocimiento de indemnización por concepto de lucro cesante, toda vez que, el daño alegado por los demandantes no tiene un carácter cierto, al no tratarse siquiera de una mera expectativa y mucho menos de una probabilidad.

No obstante lo anterior, en virtud del principio de no reformatio in pejus, resulta imperativo reconocer el porcentaje establecido en el numeral 2.4 de la adición de la sentencia, el cual se otorgará sobre la base de la liquidación realizada por el a quo a favor de quienes se les reconoció una indemnización en la modalidad de lucro cesante.

Así las cosas, revisadas las fórmulas utilizadas para la liquidación de lucro cesante, la Sala se limitará a adicionar el 25% de la condena reconocida en primera instancia, y posteriormente se actualizar(sic) la suma resultante, aplicando la fórmula utilizada reiteradamente para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia, dividido por el vigente en el mes de la providencia de primera instancia, lo anterior representado en la siguiente fórmula:

  112,64 (índice final) (febrero de 2013)
Va = Vh
  70,65 (índice inicial) (octubre de 2002)

 

La cual, una vez aplicada arroja los siguientes valores:

DemandanteCondena de 1ª instancia + 25%Condena actualizada
Arnovia del Socorro Cardona Escobar$ 38.010.062$ 60.600.897
Sandra Milena Ramírez Cardona$ 9.602.232$ 15.309.206
Edwin León Ramírez Cardona$ 10 .464.642$ 16.684.179
María Eulalia Sucerquia Serna$ 38.202.211$ 60.907.247
Catherine Sucerquia Serna$ 28 .050.620$ 44.722.177
María Inés Orjuela$ 37 .723.983$ 60.144.790
Eller Duvier Muñoz$ 784.596$ 1.250.911
Kelly Yulieth Muñoz Orjuela$ 8.991.457$ 14.337.453

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICASE PARCIALMENTE la sentencia del 11 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE administrativa y solidariamente responsables a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por la muerte de Isidoro León Ramírez Ciro, Pompilio de Jesús Cardona Escobar y Luis Fernando Velásquez Londoño, ocurridas el 8 de diciembre de 1993, en el municipio de Granada-Antioquia.

2. Condenar solidariamente a la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) y al Instituto Nacional penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar a título de indemnización las siguientes sumas:

Por concepto de perjuicios morales a:

Arnovia del Socorro Cardona Escobar, Sandra Milena y Edwin León Ramírez Cardona, el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno de ellos. A Darío de Jesús, Luz Nelly y María Marleny Ramírez Ciro, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Luis Gilberto Ramírez Escobar y María Gilma Ramírez Escobar, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 smlmv), para cada uno de ellos.

Gloria Patricia Ramírez Rendón, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smlmv).

Consuelo Escobar Castañeda y Heriberto Cardona Moncada. El equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos. A Arnovia del Socorro, Jorge Ignacio, Arcenio de Jesús, Yudy Marcela y Luz Delia Cardona Escobar; Marisella, Astrid Elena, Aracelly del Socorro, María Viviana, Suli Idalba y Heriberto de Jesús Cardona Bedoya el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos, de conformidad a las consideraciones que anteceden.

María Eulalia Sucerquia Serna y su hija Katherine Sucerquia Serna, el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada una de ellas, de conformidad a las consideraciones que anteceden.

María de la Cruz Londoño Londoño y Estanislao Velásquez Echavarría, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos. A Bertalina, Beatriz Elena, Luz Marina, Olga Yolanda, Rodolfo, Nubia del Socorro, Rodrigo y Amparo Velásquez Londoño la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos. A María Inés Orjuela y sus hijos Eller Duvier y Kelly Muñoz Orjuela, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos, conforme a las consideraciones que anteceden.

3. Por concepto de perjuicios materiales lucro cesante, a:

Arnovia del Socorro Cardona Escobar, la suma de sesenta millones seiscientos mil ochocientos noventa y siete pesos ($ 60.600.897).

Sandra Milena Ramírez Cardona, la suma de quince millones trescientos nueve mil doscientos seis pesos ($ 15.309.206).

Edwin León Ramírez Cardona, la suma de dieciséis millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos ($ 16.684.179).

María Eulalia Sucerquia Serna, la suma de sesenta millones novecientos siete mil doscientos cuarenta y siete pesos ($ 60.907.247).

Catherine Sucerquia Serna, la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos veintidós mil ciento setenta y siete pesos ($ 44.722.177).

María Inés Orjuela, la suma de sesenta millones ciento cuarenta y cuatro mil setecientos noventa pesos ($ 60.144.790).

Eller Duvier Muñoz, la suma de un millón doscientos cincuenta mil novecientos once pesos ($ 1.250.911).

Kelly Yulieth Muñoz Orjuela, la suma de catorce millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($ 14.337.453).

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia. Sentencia 43 de junio 5 de 1986. M.P. Fabio Morón Díaz.

(2) Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 25 junio de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(4) Hernández Valle, Rubén. Derecho procesal constitucional. Juriscentro, San José de Costa Rica, 1995. pág. 98.

(5) Mesa Calle, María Cecilia. Derecho procesal civil parte general. Biblioteca Jurídica Diké, 2004, pág. 426.

(6) En el mismo sentido. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre de 2011. Radicación 18.082, consejero ponente Enrique Gil Botero.

(7) Resulta evidente que los anteriores declarantes no presenciaron de manera directa la comisión de los hechos, son testigos de oídas que probatoriamente merecen un ponderado análisis y una valoración crítica testimonial rigurosa, y por lo tanto, no se les puede considerar significativos o determinantes en el sub lite dada su naturaleza difusa, para de allí deducir algún tipo de responsabilidad a la entidad demandada. Valga enfatizarlo, al menos no es posible, solo bajo esa perspectiva probatoria.” Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de marzo de 2007, expediente 16.893. C.P. Enrique Gil Botero

(8) La sentencia del tribunal constitucional Alemán de 14 de marzo de 1972 constituyó un cambio significativo en la teoría de las relaciones especiales de sujeción al sostener que estas solo pueden dar lugar a la limitación de derechos fundamentales por disposición expresa de ley o sobre la base de una ley.

(9) López Benítez, Mariano. Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción. Madrid, Civitas. 1994. pág. 162.

(10) Rincón Córdoba, Jorge Iván. Derecho administrativo laboral. Empleo Sistema de Carrera Administrativa y Derecho a la Estabilidad Laboral. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2009. pág. 196.

(11) Corte Constitucional. Sentencias C-095 de 1998; C-443 de 1997.

(12) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2006. M.P. Alier Hernández Enríquez, expediente 20.125(R-0135).

(13) Cfr. AA.VV. Tratado de derecho civil. Teoría y práctica. Parte general, introducción y doctrinas generales. Barcelona, Editorial Bosch. pág. 339.

(14) Gallego Anabitarte, Alfredo. “Las relaciones especiales de sujeción y el principio de legalidad de la administración”. En: Revista de Administración Pública Nº 34. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1961. pág. 24.

(15) Cfr. López Benítez, Mariano. Naturaleza y... ob. cit., págs. 162 y ss. Es necesario aclarar, para que no haya lugar a confusión alguna, que no se está afirmando que siempre que haya de por medio un interés sea indispensable que el ámbito de actuación administrativo se someta a las reglas propias del derecho público, simplemente se está colocando de presente que en tratándose de una relación especial de sujeción, la desigualdad siempre se ha vista desde el prisma del derecho administrativo, como quiera que esta clase de vínculo conlleva necesariamente la utilización de prerrogativas públicas.

(16) Ibídem.

(17) Ibídem

(18) Ibídem.

(19) Gil Botero, Enrique, Responsabilidad extracontractual del Estado, Bogotá, Temis, 2011, págs. 97 y ss.

(20) Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de febrero 20 de 2008. M.P. Enrique Gil Botero, expediente 16.996.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de agosto de 2002, expediente 54001-23-31-000-1989-5672-01(10952), actor: Joaquín Gelves Rozo y otros, consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque: “VI. Según esta versión acreditada de los hechos, la responsabilidad del Estado debe ser definida en el caso concreto de acuerdo con el régimen de daño especial. Dicho régimen fue definido en la jurisprudencia con fundamento en la doctrina así:

“El principio de igualdad frente a las cargas públicas, que es desarrollo del principio de igualdad frente a la ley, es hoy fundamental en el derecho constitucional de los pueblos civilizados, como principio general de derecho que es.

“Por lo tanto, como lo dice Aguiar Días en su “Tratado de la responsabilidad civil”, “... siempre que un individuo sea perjudicado en sus derechos como condición o necesidad del bien común, síguese que los efectos de la lesión o las cargas de su reparación deben ser repartidas entre toda la colectividad, esto es, satisfechos por el Estado, a fin de que de este modo se restablezca el equilibrio de la justicia conmutativa.

“Los daños producidos por la fuerza del gobierno, por ejemplo, para salvaguardar una vasta zona ocupada por hombres alzados en armas, no permiten calificar de entrada que fueron la causa de su culpa o negligencia; antes, por el contrario, se presume que su accionar no fue más que el cumplimiento de los deberes que por la Carta deben cumplir los funcionarios en general para la protección de la vida, honra y bienes de los asociados.

“No sería equitativo que el Estado en casos como el enunciado y en otros similares, exigiera a unos un sacrificio mayor al exigido a otras personas que se encuentran en la misma situación y para su provecho. Repugna a la idea de la justicia distributiva que el Estado actuando en nombre y para la comunidad pudiera exigir el sacrificio de una o de algunas personas, sin la adecuada reparación, para proporcionar a todos los demás los beneficios resultantes de ese sacrificio”.

“En sentencia del 20 de febrero de 1989 se definió de manera más concisa el mencionado régimen, así:

“Se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que se compromete la responsabilidad patrimonial de la administración pública cuando esta, en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legales, causa con su actuación un perjuicio de naturaleza especial y anormal a un administrado, un daño que excede el sacrificio que el común de los ciudadanos deben normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos y de la actuación estatal.

“La existencia del Estado y su funcionamiento implican incomodidades o inconvenientes para los asociados, que estos deben soportar en aras del bien colectivo en tanto y en cuanto esas incomodidades no sobrepasen un determinado umbral: el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y las cargas públicas. Cuando quiera que se quiebre esa igualdad, aun por el obrar legítimo y ceñido al derecho de la administración, será preciso restablecerla, resarciendo los perjuicios que de tal manera hayan podido causarle, porque la equidad lo impone”.

“Se advierte en que en todos los casos citados, la intervención del Estado ha sido la causa del daño o al menos, la actuación de este ha sido determinante en su producción.

“En consecuencia, como en el caso concreto se acreditó suficientemente que en desarrollo de la actuación legítima de la fuerza pública, enfrentada al grupo armado que la atacó, se produjo la muerte del señor Teódulo Gelves Albarracín, quien fue sometido por lo tanto, a soportar en razón del enfrentamiento armado una carga que no estaba en el deber de asumir, hay lugar a reparar a los demandantes el perjuicio sufrido por estos con el hecho”.

(22) Corte Constitucional, Sentencia C-1547 de 2000, M.P. (e) Cristina Pardo Schlesinger, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil.

(23) “Porque la equidad no es fuente del derecho, sino medio de determinación del derecho justo”, como sabiamente lo ha enseñado Entrena Klett Carlos María, La equidad y el arte de juzgar, Ed. Aranzadi, 2ª Ed., Navarra, 1990, pág. 23.

(24) Corte Constitucional, Sentencia SU-837 de 2002.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Pedro Gómez Parra, septiembre 30 de 1949.

(26) En este sentido ha expresado esta corporación: “todo perjuicio anormal, que por su naturaleza e importancia exceda las molestias y los sacrificios corrientes que exige la vida en sociedad, debe ser considerado como una violación de la igualdad de los ciudadanos delante de las cargas públicas, y por consiguiente debe ser reparado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Guillermo González Charry, abril 21 de 1966.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de tres de mayo de 2007, expediente 16.696 (R­06081), actor: Luz Marina Ramírez Barrios y otros, consejero ponente Enrique Gil Botero.

(28) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 15 de junio de 2000. Radicación 11.614 C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Ver también. Sentencia del 7 de septiembre de 2000. Radicación 11.649. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.