Sentencia 1994-04485/17037 de mayo 13 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Exp.50001 23 31 000 1994 04485 01 (17037)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Néstor Adriano Caro Silva

DemandadaNacion – Ministerio de Defensa Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D. C., trece de mayo dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia 

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la demanda se presentó el 26 de mayo de 1994 y la pretensión mayor se estimó en cuatro mil (4000) gramos de oro fino, equivalente a $ 43’989.200, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $9’610.000(18).

2. Ejercicio oportuno de la acción 

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en las lesiones sufridas por Néstor Adriano Caro Silva, con ocasión de los maltratos físicos y psicológicos de los cuales fue víctima mientras prestaba su servicio militar obligatorio, en el mes de junio de 1992 y, comoquiera que la demanda se interpuso el 26 de mayo de 1994(19), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. Cuestión previa: La nulidad por indebida representación es saneable

Advierte la Sala que, no obra en el expediente el poder otorgado por la Nación – Ministerio de Defensa a la apoderada que lo representó en el proceso de la referencia, pues sólo obra una certificación de vinculación laboral y una resolución de delegación de funciones.

Ahora bien, cabe señalar que la nulidad por indebida representación consagrada en el artículo 140 numeral 7(20) del Código de Procedimiento Civil, en tratándose de apoderados judiciales sólo se configura por carencia total de poder y, según lo dispone el artículo 143(21) ibídem., esta causal deberá ser alegada por la persona afectada, la cual, en este cao, no fue alegada por ninguna de las partes, por lo que, en virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 143 del Estatuto Procesal Civil, se entiende por subsanada. De manera que, se tiene por establecido que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional estuvo debidamente representada en el proceso de la referencia.

4. El caso concreto

Pretenden los actores que se declare a la demandada patrimonialmente responsable de todos los perjuicios que les fueron irrogados con ocasión de la lesión psíquica sufrida por el soldado regular Néstor Adriano Caro Silva, en hechos ocurridos en el Batallón de Ingenieros Carlos Albán, ubicado en Apiay, Meta, en el mes de junio de 1992, tras padecer un trato denigrante y abusivo por parte de miembros de la entidad demandada, situación que le generó un episodio psicótico por el que tuvo que ser internado en un centro hospitalario, retirado del servicio y, como consecuencia del cual sufrió una incapacidad relativa permanente.

Así las cosas, para resolver el caso concreto, debe establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para, luego, entrar a definir si el mismo es antijurídico y si le resulta imputable a la parte demandada.

4.1. Los hechos probados en el proceso

En atención al material probatorio obrante en el expediente, se tiene acreditado lo siguiente:

Que el señor Néstor Adriano Caro Silva fue incorporado al servicio militar el 24 de junio de 1992 al Batallón de Ingenieros nro. 7 “ALBAN”, según se observa en la certificación expedida el 18 de julio de 1995 por el Subdirector de Reclutamiento del Ejército Nacional(22).

Que para su incorporación al servicio militar obligatorio fue sometido a un examen de aptitud sicofísica, pues si bien en el expediente no obra prueba del referido examen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 48 de 1993, las personas inscritas para prestar el servicio militar obligatorio se les debe practicar un examen que es realizado por oficiales de sanidad o profesionales especialistas al servicio de las fuerzas militares, a través del cual se determina la aptitud para el servicio y, toda vez que el señor Caro Silva fue vinculado al servicio militar el 24 de junio de 1992, se puede deducir que fue declarado apto mediante el examen al que se hizo mención.

Que el señor Caro Silva sufrió un “episodio psicótico agudo” durante el tiempo en que prestaba su servicio militar obligatorio, circunstancia que se encuentra acreditada con la Historia Clínica elaborada por el Hospital Militar Central, la cual indica que el mencionado soldado ingresó por urgencias el 4 de junio de 1992 con ese diagnóstico. La misma Historia Clínica pone de presente que el demandante permaneció hospitalizado y bajo observación médica por remisión del Batallón “BIALB por retariamiento(sic) mutismo, no reacciona ante la presencia de familiares(23).

En igual sentido, la historia clínica del Hospital Militar Central da cuenta del desarrollo cronológico del señor Néstor Adriano Caro, quien tenía problemas de aprendizaje y, previo a su vinculación al servicio militar, era maltratado tanto física como verbalmente por su padre:

“(…)

3. Adolescencia

a. Educación:

Estudio hasta 2do Bto., mal rendimiento académico, (…) muy retraído, se retiró (…) del colegio porque consideraba que tenía muchos más años que sus compañeros, reprobó 1 y 2 de primaria.

B. Servicio Militar

Ingresó en forma voluntaria al ejército en Junio de 1992, porque necesitaba la libreta militar para trabajar y ayudar a su familia.

C. Ocupación

Ha trabajado ayudando a su padre en labores de carpintería, no recibió salario, dos meses antes de su ingreso al ejército trabajó en carpintería pero en otro taller diferente del padre, del salario recibido ayudó a su madre.

D. Vida Familiar

Familia constituida por el padre, la madre y dos hermanos, refiere adecuada integración entre sus miembros, el padre ha sido drástico con él, pues no lo aconseja sino critica y lo reprende verbalmente de una forma agresiva.

(…)

Historia familiar

A. Hogar:

Familia de estrato socio económico bajo, le dan poca importancia al prestigio social, niega antecedentes de enfermedades mentales en su familia, el núcleo familiar está constituido actualmente por:

Padre: 39 años de edad, se dedica a la construcción, consume bebidas alcohólicas diariamente, cuando se embriaga, agrede físicamente al paciente por cualquier motivo, situación que ha generado en este temor hacia su padre.

Madre: 38 años de edad, se dedica a la confección de vestidos infantiles, la describe como comprensiva y cariñosa, desempeña el papel fiel de mediadora entre el padre y el paciente.

Wilson Fredy: 16 años de edad, secuelas de parálisis cerebral.

Sandra Leonor: 15 años de edad, cursa actualmente 1 de Bto. Refiere buenas relaciones con amigos.

(…)

Examen psiquiátrico formal

Consideraciones generales: Paciente quien ingresa por sus propios medios, por persuasión del entrevistador, adolescente, su edad cronológica concuerda con la aparente, regular estado muscolonutricional, poco colaborador, temeroso, observador, tono de voz bajo y monótono, lenguaje lacónico, inspira deseos de ayuda.

Psicomotor: cuantitativamente disminuidos, cualitativamente permanece sentado con los brazos apoyados en el sillón, postura fija.

Afecto: tendiente al aplanamiento, inadecuado, inapropiado, fondo triste depresivo.

Pensamiento: Ilógico, coherente, relevante, PR prolongado, escasa producción verbal, difícil valorar contenido por la poca producción ideo verbal.

Sensopercepción: alucinaciones auditivas de voces que relaciona con el papá y la mamá, no precisa mensajes.

Sensorio: desorientado en tiempo, parcialmente en lugar, orientado en persona.

Juicio y Raciocinio: Comprometido.

Introspección: nula

Resumen y evaluación

A. Resumen: paciente de 17 años natural de Bogotá, procedente Bogotá, escolaridad 2 Bto. Ocup. Soldado, a los pocos días de su ingreso al ejército hace un mes, viene presentando aislamiento, llanto fácil, que se tornó en mutismo, incontrol de esfínteres, alucinaciones auditivas pobremente estructuradas. Proviene de un hogar de clase baja, con relaciones disfuncionales con el padre, quien lo agrede verbalmente, generando en el paciente rechazo y aislamiento, cursó hasta 2 bto por problemas de aprendizaje no pudo continuar.

B. Formulación Psicodinámica:

1. Auto-estimación:

El Paciente aporta pocos datos, pero la madre lo percibe con adecuada autoimagen, aunque sea muy poco luchador, más bien conformista.

2. Estructura Cractereológica Básica:

Mecanismo de defensa evitativos, de negación.

3. Conflicto Básico:

Le genera miedo las situaciones desconocidas, las imágenes de autoridad, el enfrentarse solo a situaciones desconocidas.

4. La relación disfuncional con el padre le hicieron una persona insegura que se refugió en la comprensión de la madre para sentirse bien.

5. Stress Precipitante:

La dificultad para enfrentar lo desconocido, las imágenes de autoridad pudieron ayudar a presentar la anterior sintomatología”.

De la citada Historia Clínica, se sigue que durante el tiempo en que el señor Caro Silva estuvo hospitalizado presentó un cuadro de esquizofrenia, alucinaciones auditivas, disfonía, ataque de agitación en los que agredió al personal de enfermería y por lo cual requirió sedación.

Que el 8 de febrero de 1993, el demandante fue remitido por el Comandante del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional, al Comandante del Batallón Apiay, por:

“termino(sic) de junta médica con las siguientes recomendaciones:

1. Permanencia con sus familiares hasta desacuertelamiento por el Departamento E-1.

2. Con medicación ambulatoria: Melleril 50 mgrs/noche por tiempo no inferior a seis (6) meses.

3. Controles por Psiquiatría en Bogotá.

4. Excusado de todo servicio.

5. Declarado no apto en Junta Médica el 27 de enero de 1993.

Diagnostico: Episodio Psicótico Agudo”(24).

Que mediante Junta Médica Laboral nro. 018 registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 94 de 1989, se determinó que Néstor Adriano Caro Silva tuvo un episodio psicótico agudo, razón por la cual fue hospitalizado en el Hospital Militar Central del 5 de agosto de 1992 al 16 de octubre de 1992 y, posterior a ello, se continuó la terapia en la enfermería del Ejército hasta febrero de 1993, “con remisión significativa de los síntomas”. Además, tras una calificación de las lesiones o afecciones de la capacidad sicofísica para el servicio, se determinó una incapacidad relativa permanente y una disminución de la capacidad laboral del 31.5%. En el acápite de imputabilidad del servicio se señaló: “Afección diagnosticada en el servicio pero no por causa ni razón del mismo(25).

Que mediante orden administrativa nro. 1-012 del 28 de febrero de 1993, expedida por Coronel 2do. Comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, se dispuso el retiro del servicio activo del Ejército del joven Caro Silva(26) por “Incapacidad Relativa y Permanente, novedad con fecha 1 de marzo de 1993(27).

Que a través de Resolución 05606 del 1 de junio de 1993, se le otorgó una indemnización por la suma de $1’067.475, según Acta de Junta Médico Laboral nro. 18 del 29 de enero de 1993, con base en las disposiciones legales(28).

Que el joven Caro Silva sufrió maltratos por parte de sus compañeros y de los dragoneantes, según lo plasmó en su declaración el señor Alejandro Antonio Tobar, quien prestó su servicio militar en el mismo pelotón y al tiempo que el demandante. En este sentido señaló que:

“Nosotros recién llegados al batallón como a los quince o veinte días Néstor comenzó a sufrir traumas, como que se salía de quisio(sic) era violento, de ahí comenzaron los compañeros a tratarlo mal y los dragoniantes(sic) comenzaron a voltiarlo(sic) –significa ponerlo hacer gimnasia- en el ejército; como veían el trato de él o sea que no hacía caso porque lo maltrataban y luego ya por la noche llegaban los suboficiales del pelotón y lo mandaban por la noche a las doce de la noche para que voltiara(sic), más o menos desde que llegué ese fue el trato durante el tiempo que Néstor duró allá.(…) entre los compañeros del pelotón lo maltrataban en el sentido de darle patadas, pegarle con las manos en la nuca, también lo hacían los dragoniantes(sic), esto me consta porque yo era del mismo pelotón en el que estaba Néstor. (…) Preguntado: Manifieste si en alguna oportunidad Uds. Al ver estos maltratos lo denunciaban a sus superiores y sino porque motivos: Contesto: Al denunciarlos nosotros como decir a los suboficiales (silencio) ya era una represión para nosotros porque muchas veces iba por parte de los dragoniantes(sic) los maltratos”.

4.2. La imputabilidad del daño a la demandada 

Según se expuso en la demanda, el daño antijurídico por el que se pretende reparación, consiste en las lesiones psíquicas sufridas por el joven Néstor Adriano Caro Silva mientras prestaba el servicio militar obligatorio, daño que se encuentra suficientemente acreditado en el proceso, como quedó expuesto en precedencia.

Establecida así la existencia de un daño antijurídico, debe proceder la Sala al análisis de su imputabilidad a la demandada(29), la que el apelante edifica sobre el título de la falla en el servicio en razón de haber sido maltratado por sus compañeros y dragoneantes, durante la prestación del servicio militar obligatorio, hecho que, a su juicio, guarda relación con la protección que debía brindar el Ejército Nacional al conscripto.

La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 19 de abril 2012(30), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación.

En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable de cara a los hechos probados dentro del proceso, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria(31).

Ahora bien, debe precisar la Sala que a pesar de estar demostrado que el joven Néstor Adriano Caro Silva hubiera tenido relaciones disfuncionales con su padre por ser agredido tanto física como verbalmente(32), todo ello habría ocurrido con anterioridad a su ingreso a la actividad militar y, mal podría decirse que el daño sufrido por éste durante el servicio militar obedeció a dichos maltratos, pues al momento de su ingreso fue encontrado apto para prestar el servicio, lo cual, en principio, estaría dando cuenta de su sanidad antes de vincularse al Ejercito Nacional.

Sobre el particular, cabe referirse al régimen del conscripto, quien, según lo establecido en el artículo 48 del Decreto 2048 de 1993, es el joven que se ha inscrito para definir su situación militar dentro de los términos, plazos y edad establecidos en la Ley 48 de 1993 y es llamado a prestar el servicio militar obligatorio, el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la citada ley, puede hacerlo a través de distintas modalidades de incorporación(33) y, para el efecto, debe someterse a tres exámenes de aptitud sicofísica(34) establecidos en los artículos 15 a 18 ibídem.:

i) El primer examen, practicado por oficiales de sanidad o profesionales especialistas al servicio de las fuerzas militares, busca determinar la aptitud para el servicio militar obligatorio. Después de este examen se adelanta el procedimiento de sorteo entre quienes resultaron aptos para la prestación del servicio militar. Estos sorteos se realizan de forma pública y por cada principal se sorteará un suplente y se da prelación a quienes de manera voluntaria quieran prestar el servicio militar. ii) El segundo examen es opcional, se practica por determinación de las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito. iii) El tercer examen se realiza entre los 45 y los 90 días posteriores a la incorporación de un contingente, para verificar que los soldados no presenten inhabilidades o incompatibilidades con la prestación del servicio militar.

Por su parte el Decreto 2048 de 1993, por el cual se reglamenta la referida Ley 48 de 1993, sobre el servicio de reclutamiento y movilización, en su capítulo IV regula lo relativo al examen de aptitud sicofísica de la manera que sigue:

“Artículo 15. Todas las circunstancias sobre la capacidad sicofísica de los aspirantes a prestar el servicio militar, serán anotadas por el médico en la tarjeta de inscripción e incorporación del conscripto y refrendadas con su firma.

Artículo 16. Terminado el primer examen médico, se elaborará un acta con la relación de los conscriptos aptos, no aptos, aplazados y eximidos y la anotación de las causales de inhabilidad, aplazamiento o exención, la cual será suscrita por todos los funcionarios que en ella intervinieron.

Artículo 17. El conscripto declarado APTO para su incorporación, quedará bajo el control y vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes Unidades Militares o de Policía.

Artículo 18. Por la importancia que reviste el primer examen médico, éste debe ser cuidadoso y detallado, con el fin de evitar pérdidas posteriores de efectivos en las Unidades.

Artículo 19. Previamente a la incorporación de los conscriptos, podrá practicarse un segundo examen médico opcional, por determinación de las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito, para determinar inhabilidades no detectadas en el primer examen de aptitud sicofísica que puedan incidir en la prestación del servicio militar. Para tales efectos, el criterio científico de los médicos oficiales, prima sobre el de los médicos particulares.

Parágrafo. Para demostrar la inhabilidad en el segundo examen, se aceptarán diagnósticos de médicos especialistas, respaldados en exámenes o resúmenes de las historias clínicas correspondientes.

Artículo 20. Los exámenes de aptitud sicofísica de los conscriptos y soldados, solamente podrán practicarse en los lugares y horas señalados por las respectivas autoridades de Reclutamiento”.

El Decreto 1796 de 2000(35) en su artículo 3 regula lo relativo a la calificación de la capacidad sicofísica en los siguientes términos:

“La capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente decreto, se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto. Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es no apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones”.

Frente a la relevancia del examen de ingreso a la actividad militar en el presente asunto, surge la necesidad de precisar que, pese a su insuficiencia para detectar una enfermedad mental -por no ser un examen exhaustivo(36) -, es claro que frente a las personas que prestan su servicio militar obligatorio, surge para el Estado una obligación de resultado como es la de devolverlos a la vida civil en perfectas condiciones. Al respecto, se parte de la consideración según la cual si un joven es declarado apto para la prestación del servicio militar, se infiere, que goza de un buen estado de salud, siendo entonces deber de la administración, hacer lo propio para mantener dicha situación, para así, poder entregar a la persona en las condiciones en que lo recibió.

Por consiguiente, en todo caso, si la sintomatología de una afección síquica se desarrolla o agudiza durante el servicio activo, el Estado se encuentra en el deber jurídico de responder y con mayor razón en los casos de enfermedades congénitas, por cuanto se somete a una persona no apta, desde un principio, a prestar el servicio militar obligatorio, todo lo cual desvirtúa el principio de igualdad de las personas ante las cargas públicas.

En gracia de discusión, de llegar a aceptarse que la afectación mental que padeció el joven Caro Silva se produjo como consecuencia directa y exclusiva de la relación disfuncional con su padre, generada por los abusos físicos y síquicos, para la Sala la conclusión respecto de la responsabilidad de la entidad demandada sería la misma, toda vez que de conformidad con jurisprudencia constante de la Corte Constitucional, las personas que padecen discapacidad mental, son sujetos de especial protección constitucional(37), comoquiera que los enfermos mentales son personas que no logran adaptarse a la sociedad por factores externos al sometimiento del individuo y se encuentran en un estado de debilidad e indefensión, que hace necesaria la intervención del Estado, en procura de mantener la garantía de protección de los derechos constitucionales del afectado. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en sentencia T - 876 de 29 de octubre de 2012(38), frente al tema de la discapacidad mental, manifestó que,

“Frente a las personas con discapacidad mental, la Organización Mundial de la Salud en el informe sobre la salud en el mundo 2001 “Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”, señaló que el enfoque de atención a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental ha sufrido una variación sustancial, esto es, mientras que en diferentes momentos históricos fueron tratadas solo como pacientes y cuando presentaban alguna alteración en su conducta eran aisladas de la sociedad mediante su hospitalización en grandes instituciones siquiátricas –privadas o estatales-, a mediados del siglo XX se produjo un cambio de paradigma “…del hospital a la comunidad...” debido, principalmente, a los siguientes factores:

(i) progreso de la psicofarmacología;

(ii) movimientos de derechos humanos en pro de la defensa de las personas con trastornos mentales; y

(iii) la definición de salud de la OMS que incluyó dentro de su contenido el componente social y mental. Con respecto a los componentes esenciales que integran la dimensión de asistencia para las personas que se encuentren en esta circunstancia, la OMS destacó los siguientes:

(i) Medicación o farmacoterapia, (ii) psicoterapia y, (iii) rehabilitación psicosocial”.

Agréguese a lo anterior que dicho daño antijurídico padecido por la víctima no puede ni debe acogerse como una causa extraña o jurídicamente ajena a la Administración demandada, habida cuenta que se trató de un soldado bachiller -conscripto-, frente al cual el Estado, como se indicó precedentemente, se encuentra en una relación de especial sujeción, circunstancia que lo hace responsable del daño padecido por la citada víctima directa, toda vez que, se reitera, en virtud de dicha relación de especial sujeción, al Estado le corresponde asumir la seguridad e integridad sicofísica de los soldados que presten servicio militar obligatorio, razón por la cual le resultan imputables los daños que se produzcan bajo el desarrollo de dicha relación -esto es durante la prestación del servicio militar obligatorio-, máxime si debido a su enfermedad mental, se encontraba en una situación que lo hacía sujeto de una especial protección constitucional.

Ahora bien, lo cierto es que en el caso concreto, la afección mental padecida por el joven Caro Silva se manifestó mientras se encontraba vinculado al Ejército Nacional como soldado conscripto(39), tal y como quedó visto en el acápite relativo a los hechos probados(40).

Reconoce la Sala que el Ejército Nacional brindó al soldado conscripto Néstor Adriano Caro Silva tratamientos y medicamentos para contrarrestar su cuadro clínico, sin embargo, el actor no se recuperó de sus afecciones mentales, las cuales -reitera la Sala-, se manifestaron y/o se agravaron durante la prestación del servicio militar obligatorio, a lo cual cabe agregar que el Ejército Nacional ordenó su retiro de la institución con medicamentos para su cuadro clínico psicótico(41) y lo indemnizó por la pérdida de la capacidad laboral sufrida.

Así las cosas, en torno al estudio de la falla del servicio alegada por la parte actora, ha de decirse que, si bien es cierto que el demandante sufrió agresiones y maltratos por parte de sus compañeros y por miembros del Ejército Nacional que tenían la condición de soldado distinguido como Dragoneante(42), tal y como quedó demostrado con la declaración de uno de sus compañero de armas -el señor Alejandro Antonio Tobar-, lo cierto es que no existe ningún elemento de convicción que permita concluir que la afectación de la integridad sicofísica del señor Néstor Adriano Caro Silva fue generada exclusivamente con ocasión del servicio, pues, del material probatorio allegado al expediente, no puede establecerse con detalle cuáles fueron las motivaciones precisas que generaron su episodio sicótico, como tampoco logró demostrarse que la actuación generadora de las lesiones sufridas fuera consecuencia obligada de la actividad militar inherente al servicio o desplegada en razón del mismo, ni se encuentra demostrada la etiología de la enfermedad sufrida por el joven Caro Silva.

Sobre este punto, la Sala debe concluir que, el referido maltrato constituye a todas luces una falla en el servicio absolutamente reprochable, sin embargo, tal y como se acaba de indicar, no quedó probado que el episodio sicótico hubiera ocurrido con ocasión del servicio.

En estas condiciones, el supuesto de responsabilidad endilgado con fundamento en la estructuración de una falla en el servicio no encuentra soporte probatorio, por lo que la argumentación de la parte recurrente en este preciso sentido no tiene vocación de prosperidad.

No obstante lo anterior, como ya se señaló, en aplicación del principio iura novit curia, de cara a los hechos probados, la Sala considera que en el presente asunto bien puede resolverse a la luz o con fundamento en la Teoría del daño especial(43), pues no debe perderse de vista que, en tanto el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad sicofísica del conscripto en la medida en la cual se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones lo pone en estado de riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública estipulada en la Ley y en el artículo 216 de la Constitución Política(44).

Así las cosas, el daño antijurídico en que se fundamenta la presente acción le resulta imputable al Estado, comoquiera que si bien la enfermedad mental padecida por el soldado Caro Silva no fue catalogada como una afección producida “con ocasión del servicio”, lo cierto es que ésta se manifestó y se diagnosticó durante la prestación del servicio militar obligatorio y, a pesar de que se le brindó tratamiento médico, no fue posible lograr su recuperación.

Por fuerza de todo lo anteriormente expuesto, se impone concluir que la aparición y/o complicación grave de la enfermedad mental del soldado conscripto Néstor Adriano Caro Silva mientras prestaba servicio militar obligatorio, no puede considerarse jurídicamente ajena o exterior a la entidad demandada, la cual está llamada a responder en este caso bajo el título de imputación de daño especial, dado el fundamento constitucional y legal de la anteriormente explicada “relación de especial sujeción(45).

Ese mismo marco conceptual impone entender que es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar -en este caso concreto-, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, como fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, y ocurre que ninguna de estas causales eximentes de responsabilidad ha sido acreditada en el plenario, todo lo cual impone la revocatoria de la sentencia impugnada y, en consecuencia, se procederá a abordar el estudio de la indemnización solicitada en la demanda.

5. Indemnización de perjuicios

5.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes

Acerca de los daños causados por las lesiones sicofísicas que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien éstas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, pues hay situaciones en las cuales las lesiones sufridas, son de tal magnitud que su ocurrencia alcanza la fuerza suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido y a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la lesión(46). La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(47).

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(48) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las circunstancias, la naturaleza, la gravedad de las lesiones sicofísicas sufridas y sus secuelas, así como lo que se encuentre demostrado en el proceso, todo ello, conforme a los criterios plasmados de manera pacífica por la jurisprudencia de esta Corporación, que para efectos de la tasación tiene en cuenta seis (6) rangos(49), sin perjuicio de poder incrementarse el tope máximo de indemnización estimado en cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en caso de probarse que la gravedad de la lesión cause un perjuicio superior.

Sobre esta clase de perjuicios, basta señalar que es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida es de tal entidad que puede poner en riesgo la vida e integridad de la misma persona y de las personas que lo rodean, pues las reglas de la experiencia hacen presumir que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(50), según corresponda y, en el sub examine observa la Sala que obran en el proceso los respectivos registros civiles de nacimiento de los señores Néstor Adriano Caro Silva, Néstor Jorge Caro Ramos, Leonor Silva de Caro, Wilson Fredy y Sandra Leonor Caro Silva, los cuales acreditan la calidad de madre y hermanos respecto de la aludida víctima directa(51).

Así pues, la Sala acude a la regla de la experiencia(52) que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral —presunción de aflicción que la demandada no logró desvirtuar-, de manera que tal como se desprende de la acreditación del parentesco -probado con las citadas copias de los registros civiles–, se accederá al reconocimiento de los perjuicios solicitados, teniendo en cuenta que el joven Néstor Adriano Caro Silva presentó un episodio psicótico agudo, a partir del cual, a pesar del tratamiento otorgado por la entidad demandada, tuvo cambios en su personalidad además de las particularidades propias de su enfermedad(53), todo lo cual, sin duda, le produjo a la víctima directa, a su madre y hermanos, una afección moral que debe ser indemnizada(54).

Como se ve, de la anterior afirmación la Sala ha dejado de lado mencionar al padre del conscripto -Néstor Jorge Caro Ramos-, quien solicitó el pago de perjuicios morales derivado del profundo trauma sicológico que padeció su hijo con ocasión del episodio sicótico agudo sufrido mientras prestaba el servicio militar obligatorio, por las razones que se pasan a exponer.

En relación con la protección de la infancia, la niñez y la adolescencia, la Constitución Política estableció diversos principios, derechos y garantías fundamentales que se traducen en los siguientes postulados: i) el principio de protección constitucional reforzada contenido en el inciso tercero del artículo 13 superior; ii) el principio de interés superior de los niños y niñas y de prevalencia de los derechos de éstos sobre los derechos de los demás (inciso final artículo 44 C.P.)(55); iii) la protección especial a los derechos a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al nombre, a la nacionalidad, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y el amor, a la educación y a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión (artículo 44 C.P.); iii) el deber en cabeza del Estado de protección especial contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y iv) la titularidad de protección de los derechos de los niños y niñas del país por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Corresponde a los padres, velar por la protección y materialización efectiva del catálogo axiológico y programático antes señalado, con cuyo propósito se conforma una familia, so pena de quitársele la custodia y dársela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)(56) según lo dispuesto en el Código del Menor(57) y actualmente en el Código de la Infancia y la Adolescencia encaminadas a la satisfacción plena de las garantías esenciales de los niños y niñas de Colombia.

Sobre el particular, los artículos 8 y 9 del derogado Código del Menor determinaban:

“Artículo 8. El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los organismos competentes, garantizará esta protección.

“El menor de la calle o en la calle será sujeto prioritario de la especial atención del Estado, con el fin de brindarle una protección adecuada a su situación.

“Artículo 9. Todo menor tiene derecho a la atención integral de su salud, cuando se encontrare enfermo o con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, a su tratamiento y rehabilitación.

“El Estado deberá desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir la enfermedad, educar a las familias en las prácticas de higiene y saneamiento y combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al menor en situación irregular y a la mujer en período de embarazo y de lactancia (…)”.

Como una medida de apoyo para los niños con circunstancias especiales se establecieron los hogares biológicos, frente a los cuales la Corte Constitucional puntualizó los siguientes lineamientos(58):

“Así, la necesidad de brindar una respuesta adecuada a la realidad de las familias que acudían al ICBF para solicitar apoyo para la atención de menores con discapacidad, o en otras condiciones de peligro o amenaza no originadas en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los adultos responsables, llevó a la entidad a adaptar las normas que regulaban las medidas de protección para menores en situación de peligro y a diseñar el programa de hogares biológicos.

“(…) Observa la Sala que en el caso de menores con discapacidad en familias que enfrentan condiciones de extrema pobreza, no se trata, ya, de atender a un menor en una situación de peligro originada en quien está a cargo de su cuidado o que se encuentra en condición de abandono, que eran los presupuestos de las medidas de protección previstas en la ley, sino de menores que están integrados a su grupo familiar, el cual les brinda apoyo y soporte, pero que por sus condiciones particulares, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

“El hogar biológico surgió, entonces, como una medida de apoyo con dos componentes básicos: situación de peligro derivada de la incapacidad y la pobreza, y la pretensión de mantener al menor en su hogar de origen, para lo cual se brinda un subsidio en dinero para la atención de las necesidades del menor, y apoyo y acompañamiento en rehabilitación, nutrición y salud. Ese programa se caracterizó por su carácter eminentemente temporal, orientado a brindar apoyo a la familia para que pueda, en un cierto lapso, asumir de mejor manera el compromiso y la responsabilidad por el cuidado del menor. No se orienta a hacer frente a la condición clínica del menor, que está a cargo del sistema general de salud, sino a brindar un apoyo a la familia, en atención a sus condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de contribuir a mitigar esas condiciones de manera que, cumplido el periodo previsto para la medida de protección, la familia esté en mejores condiciones para hacerse cargo de las necesidades del menor.

“La práctica administrativa que dio lugar a esta respuesta para la atención de los problemas de los menores discapacitados en hogares altamente vulnerables, fue incorporada por el ICBF a partir del año 2006, en la modalidad de hogares gestores(59)

“(…) Como objetivo general de esa medida de protección se ha fijado el de brindar apoyo integral a las familias con niños, niñas y adolescentes, en precaria situación económica y social, que dificulte el ejercicio de los derechos, presente inobservancia, amenaza o vulneración a los mismos y como objetivos específicos (i) Promover la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en sus grupos familiares de origen, evitando la institucionalización y ruptura de vínculos, (ii) Brindar apoyo económico transitorio, que permita mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes para favorecer el ejercicio de los derechos, (iii) Promover la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en los servicios institucionales, sociales y comunitarios de la localidad, que garanticen sus derechos, (iv) Fortalecer en la familia factores protectores para que cumplan con su función protectora, socializadora y de integración social.

“Destaca el ICBF que este tipo de medidas constituye un proceso de atención urgente de grupos poblacionales en situación crítica y que para ese fin el Estado destina una importante cantidad de recursos a atender a la población más vulnerable en situación crítica, pero pone de presente que si bien ese enfoque ha tenido desarrollos exitosos, por su misma esencia, se manifiesta en medidas de corto plazo que suponen una superación más o menos rápida de la situación de crisis, lo cual no es siempre congruente con la realidad (…)” (negrillas adicionales).

Precisamente por lo anterior, el Código del Menor establecía varias medidas de protección e instrumentos de salvaguardia para retrotraer los efectos de una conducta lesiva de los derechos de los niños y niñas y de los adolescentes o para hacer cesar la amenaza que pudiere pender respecto de los mismos.

Para la Sala, lo consignado en la historia clínica de Néstor Adriano Caro Silva resulta demostrativo de la relación disfuncional entre el conscripto y su padre, debido a los maltratos físicos y psicológicos propinados durante su niñez y adolescencia(60), incumpliendo la exigencia Constitucional de proteger la vida, la salud y la integridad del joven Néstor Adriano Caro Silva. Una situación como la advertida - la actitud del señor Néstor Jorge Caro Ramos respecto de su propio hijo- vulnera, sin ambigüedad alguna, el orden constitucional y deja convertido en letra muerta ese amplio catálogo de garantías referidas con anterioridad, de modo que queda desvirtuada la presunción de aflicción.

Más allá de la prueba del parentesco con la víctima, no se vislumbra el sufrimiento por parte del padre, circunstancia que impide reconocer indemnización alguna en su favor, pues resulta contradictorio que el aludido actor cuando vivía con su hijo no lo estimaba ni respetaba y ahora pretenda obtener un beneficio económico a causa del padecimiento de aquél(61).

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, se impone acceder al reconocimiento de 60 SMLMV a favor del señor Néstor Adriano Caro Silva y la misma cantidad para su madre Leonor Silva de Caro, así como la suma de 20 SMLMV a favor de cada uno de sus hermanos, Wilson Fredy y Sandra Leonor Caro Silva.

5.2. Perjuicios por daño a la salud

Si bien en la demanda se solicitó indemnización por concepto de perjuicios fisiológicos, esta categoría de perjuicio fue abordonada por esta Corporación y hoy es denominado daño a la salud(62), el cual, en el sub lite se entiende derivado de la afectación a la integridad sicofísica del señor Néstor Adriano Caro Silva.

Al respecto, la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011(63) y se complementa en los términos establecidos en la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera(64), casos en que se han precisado los aspectos atinentes a la tasación de la indemnización desde la óptica de una regla general(65) y una regla de excepción(66), al considerar que no podrá exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

Reparación del daño a la salud
regla general
Gravedad de la lesión Víctima directa
 S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o sicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y síquicos del ser humano.

De conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han sido trazados sobre la materia y establecido que el porcentaje de incapacidad del señor Néstor Adriano Caro Silva, es del 31,5%, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y la magnitud del perjuicio que supone una significativa variación en el estado de salud del demandante principal, se reconocerá a su favor el valor de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.3. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

Sobre el particular advierte la Sala que, si bien no se aportó prueba alguna respecto de sus ingresos por concepto de la actividad de carpintería que el señor Néstor Adriano presuntamente desarrollaba, la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se asume que toda persona que se encuentre en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente(67).

- Indemnización debida o consolidada:

Se tomará como período indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor Néstor Adriano fue dado de baja del Ejército Nacional -1 de marzo de 1993-, pues a partir de esa fecha se entiende que empezaría a desarrollar algún tipo de actividad productiva, y la fecha de presente providencia -13 de mayo de 2015-, para lo cual se liquidará a favor del citado demandante el perjuicio material por el ingreso que dejó de percibir a raíz de la invalidez que le produjo el episodio psicótico agudo, el cual fue certificado por la Junta Médica Laboral en 31,5%.

Así pues, se liquidará dicho perjuicio material teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015, comoquiera que el que regía para el momento en que fue dado de baja del Ejército Nacional actualizado resulta menor(68), es decir que para la liquidación, se tendrá en cuenta $644.350, valor que será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 805.437,5) y de este valor sólo se tendrá en cuenta el 31,5% correspondiente a la discapacidad sufrida por el señor Caro Silva, lo cual equivale a $253.712.

Entonces:

Ra = $ 253.712

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = 266.4 meses

 

gohan1
 

gohan2

 

S = $ 137’894.104

 

- Indemnización futura o anticipada:

Se tomará como período indemnizable el comprendido entre el día siguiente a la fecha de la presente providencia -14 de mayo de 2015- hasta la vida probable del señor Caro Silva(69), para lo cual tendrá en cuenta el valor de $359,88, como se expuso en precedencia.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

gohan5
 

s = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $253.712

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día siguiente a la fecha de la presente providencia, hasta la vida probable del señor Caro Silva, equivalente a 359,88 meses.

S = $ 43’045.759

gohan 4
 

Total perjuicios materiales para el señor Néstor Adriano Caro Silva: $180’939.863.  

6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en el proceso de la referencia.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la afectación de la integridad sicofísica del señor Néstor Adriano Caro Silva, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por concepto de indemnización de perjuicios morales, a favor de las personas que se relacionan a continuación:

Néstor Adriano Caro Silva60 SMMLV
Leonor Silva de Caro (madre) 60 SMMLV
Wilson Fredy Caro Silva (hermano)20 SMMLV
Sandra Leonor Caro Silva (hermana)20 SMMLV

3.2. Por concepto de indemnización por perjuicios por daño a la salud, la suma equivalente en pesos a 60 SMLMV a favor del señor Néstor Adriano Caro Silva.

3.3. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la cantidad de $180’939.863, a favor del señor Néstor Adriano Caro Silva.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. CUMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(18) Decreto 597 de 1988.

(19) Folio 16 del cuaderno de la demanda.

(20) “El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…)

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

(…)”.

(21) “Requisitos para alegar la nulidad. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo.

La parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y no podrá promover nuevo incidente de nulidad sino por hechos de ocurrencia posterior.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga después de saneada.

No podrá alegar la causal de falta de competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido citado legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones previas.

Tampoco podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5º a 9º del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla.

Cuando se declare la nulidad por falta de competencia, se procederá como dispone el penúltimo inciso del artículo siguiente”.

(22) Visible a folio 123 del cuaderno de la demanda.

(23) Folios 87 a 116 del cuaderno de la demanda.

(24) Visible a folio 49 del cuaderno de la demanda.

(25) Visible de folios 56 a 58 del cuaderno de la demanda.

(26)Mediante orden nro. 05770-BR7-B1-SL-160 del 5 de marzo de 1993 se transcribió la citada orden administrativa visible de folios 49B a 50 del cuaderno de la demanda.

(27) Según certificación expedida el 16 de noviembre de 1994 por el Jefe de Revisión Archivo General del Ministerio de Defensa visible a folio 55 del cuaderno de la demanda.

(28) Visible de folios 59 a 59 vto. del cuaderno de la demanda.

(29) La imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y que por lo tanto, en principio, estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de responsabilidad; esto del régimen subjetivo (falla en el servicio) o del régimen objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

(30) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Expediente: 21515.

(31) Ver entre otras, sentencia del 3 de octubre de 2007, expediente 22655 y sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16413.

(32) Según se advierte de la historia clínica del conscripto.

(33) (i) soldado regular: quien no terminó sus estudios de bachillerato y debe permanecer en filas un período entre 18 y 24 meses; (ii) soldado bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses y, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberá ser instruido y dedicado a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica; (iii) auxiliar de policía bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses, y (iv) soldado campesino, quien es asignado para prestar el servicio militar obligatorio en la zona geográfica donde reside, por un período de 12 a 18 meses.

(34) La capacidad sicofísica según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1796 de 2000 es: “Es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones. La capacidad sicofísica del personal de que trata el presente decreto será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

(35) Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

(36) El Reglamento para el servicio del Ejército, en su capítulo III, establecía cómo debía hacerse el primer examen sicofísico: “MANERA DE PRACTICAR LOS RECONOCIMIENTOS 12. Para disminuir en cuanto sea posible las dificultades inherentes al examen médico de conscriptos debe adoptarse el procedimiento que se considere más ordenado y metódico. 13. Desde que el conscripto se presenta (…) se somete a la medición de la talla, debe el médico aprovechar para la apreciación en conjunto de todo el individuo: lo verá andar, lo oirá responder a las preguntas que se le dirijan para identificar su personalidad; en una palabra, tratará de formar un juicio antes de practicar el examen minucioso. 14. Cuando el conscripto se le aproxime, le hará colocar derecho, con los talones unidos, los brazos caídos naturalmente a los costados, las manos extendidas con los pulgares dirigidos hacia adelante; entonces le preguntará cuál es su profesión, hecho importante de conocer, e indagara si existe alguna enfermedad capaz de inutilizarlo para el servicio. Muchas veces este primer examen bastará para dar a conocer alguna causal de exención, evitando así pasar a un examen detallado. 15. Para el examen de detalle se principiará por el cráneo, apreciando la integridad del cabello y del cuero cabelludo; en seguida examinará los aparatos auditivo y visual; la boca y los dientes, y las fosas nasales. El médico hará que el individuo vuelva la cabeza en todo sentido; examinará después los hombros, los miembros superiores, el tronco; percutirá con rapidez y auscultará las regiones pulmonar y cardíaca, apreciará el volumen del abdomen, el desarrollo de las caderas y no dejará de comprobar el estado de los órganos genitales externos, la integridad del miembro viril, la presencia de los dos testículos, la ausencia de hernia o varicocele y el estado del canal inguinal. Descendiendo luego a los miembros inferiores, terminará su examen con el de la cara plantar de los pies, la disposición normal o anormal de los artejos y hará dar al conscripto media vuelta para conocerlo por detrás, como lo ha hecho por delante. 16 Durante ese tiempo el médico le dirigirá algunas preguntas acerca de su salud anterior y de las enfermedades que cree padecer, a fin de juzgar no sólo la integridad del oído o de la voz sino hasta cierto punto de la mentalidad del individuo. 17. En la mayoría de los casos este examen será suficiente si se ha hecho con previsión y método pero si el médico cree necesario llevarlo más lejos, dirigirá su atención al aparato u órgano que le parezca enfermo, procediendo a examinarlo detenidamente con los medios ordinarios de investigación o haciendo uso de los instrumentos que el caso requiera (…)”.Decreto 799 de 1917, http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/88790/brblaa885501.pdf , Recuperado el 16 de abril de 2015, a las 12:23 a.m.

(37) Al respecto consultar, Corte Constitucional, sentencia T- 737 de 17 de octubre de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-933 de 9 de diciembre de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;, así como la sentencia T-876 de 29 de octubre de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla en la cual se dijo: “la atención médica en principio se debe suministrar mientras la persona se encuentra vinculada a las Fuerzas Militares, y si bien este deber finaliza tan pronto se produce el desacuartelamiento, en el caso de personas que egresan con una lesión o enfermedad adquirida durante o con ocasión del servicio, no resulta constitucionalmente posible privarlas de manera inmediata de los servicios médicos requeridos, pues como ya se ha precisado, garantizarles el derecho fundamental a la salud, es una ineludible obligación que el Estado tiene con las personas que le brindan este servicio a la patria”.

(38) Ibídem.

(39) En este mismo sentido se pronunció el Despacho un asunto similar en sentencia del 14 de mayo de 2014, Expediente: 33679.

(40) En ese orden de ideas, se tiene acreditado que el soldado Caro Silva sufrió un episodio psicótico agudo en el mes de junio de 1992, mientras se encontraba activo prestando su servicio militar, razón por la cual fue hospitalizado en el Hospital Militar Central el 5 de agosto de 1992 al 16 de octubre de 1992 y, posterior a ello, continuó la terapia en la enfermería del Ejército hasta febrero de 1993, “con remisión significativa de los síntomas” -según el acta de la Junta Médico laboral-, y finalmente, en Junta Médica del 27 de enero de 1993 se determinó una incapacidad relativa permanente y una disminución de la capacidad laboral del 31.5%, por lo que fue declarado no apto para el servicio y, en consecuencia, se dio de baja en el mes de marzo de 1993.

(41) “El término psicótico hace referencia a ideas delirantes y alucinaciones, que se presentan en ausencia de conciencia.

Por tanto, se definió al trastorno psicótico como la pérdida de las fronteras del ego, con un grave deterioro de evaluación de la realidad.

Dentro de este trastorno encontramos: la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno psicótico breve. Todos caracterizados por ideas delirantes, alucinaciones (visuales, auditivas, somáticas), catatonía, y alteración grosera del juicio.

A pesar de conseguir avances importantes en el conocimiento de la esquizofrenia, éste sigue siendo la "caja de Pandora" dispuesta a conservar sus enigmas, sin importar los intentos que se hacen para revelarlos, como una enfermedad fascinante. En esta fascinación decidimos realizar este artículo, para comprender su clínica, etiología, pronóstico, evolución y sus consecuencias desoladoras a nivel personal, social y laboral, no solo en los pacientes sino también en sus familias y en la sociedad en general”. Artículo científico publicado en la Revista Científica Ciencia Médica. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1817-74332009000200011&script=sci_arttext, recuperado el 7 de abril de 2015, 8:00 p.m.

(42) Es pertinente mencionar que un Dragoneante es un soldado destacado que, luego de seguir un entrenamiento especial, obtiene un mando sobre otros soldados de su misma o inferior antigüedad, quienes son empleados generalmente como comandantes de escuadra. En la página electrónica de las Fuerzas Militares de Colombia se consigna que “El Soldado Distinguido, también llamado Dragoneante, no es un suboficial propiamente dicho, pero se trata de un soldado que tiene mando sobre sus compañeros” (Se destaca)

http://www.fuerzasmilitares.org/ejercito/ejercito.html. 

(43) El título jurídico de imputación consistente en el daño especial, resulta aplicable, de acuerdo con lo expresado por esta Sección, “[c]uando se presenta el denominado rompimiento del principio de equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales, que causa daño antijurídico, respecto del cual, el ciudadano no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el daño irrogado a las víctimas. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P.”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 1994. Exp. 7.096, M.P. Juan de Dios Montes, sentencia del 25 de septiembre de 1997, Exp. 10.392, M.P. Ricardo Hoyos Duque, y más recientemente, sentencia del 8 de mayo de 2013, Exp. 22.886, M.P. Olga Valle De La Hoz.

(44) El artículo 216 de la Carta, establece el imperativo de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, de lo cual se concluye que la obligación de prestar colaboración con las fuerzas armadas, o prestar el servicio militar, se encuentra vinculada a la necesidad de que las personas cuyos derechos y libertades se hallan garantizados por el ordenamiento constitucional colombiano, participen en la defensa de la soberanía, en el mantenimiento de la integridad del territorio, la salvaguarda de la paz, y la vigencia de las instituciones. La prestación del servicio militar hace parte del catálogo de deberes de rango superior, por medio del cual se garantiza el apoyo a las autoridades democráticas legítimamente constituida para mantener la independencia e integridad del territorio nacional y la vida, honra, bienes de sus habitantes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

(45) En términos similares puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 9 de febrero de 2001, expediente 19.615 y del 27 de abril de ese mismo año, expediente 26.861, entre muchas otras.

(46) Ver sentencia del 14 de mayo de 2014, Expediente 33679.

(47) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, expediente: 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad.”

(48) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que -por regla general- no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. RENATO SCOGNAMIGLIO, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(49) Al respecto ver sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P.: Olga Mélida Valle de de la Hoz, Expediente: 31172, en la cual se dispuso: “El Nivel nro. 1 comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes), quienes tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

En el Nivel nro. 2 se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos), quienes obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se explica: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

El Nivel nro. 3 está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil, quienes adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

En el Nivel nro. 4 se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil, a quienes se les reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

El Nivel nro. 5 comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados), a quienes se les concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se muestra: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%”.

(50) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1° de marzo de 2006. Expediente 15440. MP: María Elena Giraldo Gómez.

(51) Visibles de folios 3 a 6 del cuaderno de la demanda.

(52) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. – La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y s.s. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002. (Negrilla de la Sala)

(53) Que le significó un porcentaje de incapacidad médico laboral equivalente al “31.5%”, como lo certificó la Junta Médica Laboral.

(54) Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, Sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392) y con lo dicho en Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, Expediente: 31170.

(55) El principio de interés superior de los niños y niñas está incorporado al ordenamiento jurídico a través de la ley 12 de 1991, aprobatoria de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niño, de manera concreta en el artículo 3 de esa normativa.

(56) En consecuencia, cuando un menor se encontraba en situación de peligro o de abandono se podían decretar, de conformidad con el Código del Menor, cualesquiera de las siguientes medidas de protección:

“En la resolución por medio de la cual se declare a un menor abandonado o en peligro, se podrá ordenar una o varias de las siguientes medidas de protección:

“1. La prevención o amonestación a los padres o a las personas de quienes dependa.

“2. La atribución de su custodia o cuidado personal al pariente más cercano que se encuentre en condiciones de ejercerlos.

“3. La colocación familiar.

“4. La atención integral en un centro de protección especial. 

“5. La iniciación de los trámites de adopción del menor declarado en situación de abandono.

“6. Cualesquiera otras cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, prever a la atención de sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud o su formación moral.” (Se destaca).

(57) Decreto Ley 2737 de 1989.

(58) Corte Constitucional, sentencia T-608 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(59) Documento ICBF No. LM09.PN13 Fecha de Expedición: Mayo 07 de 2007.

(60) Folios 87 a 116 del cuaderno de la demanda.

(61) Al respecto, ver sentencia del 30 de enero de 2013, M.P.: Olga Mélida Valle de de la Hoz, expediente: 25087, en la cual se dispuso negar el reconocimiento de perjuicios morales al padre y hermana de la víctima, comoquiera que no obraba prueba suficiente que permitiera inferir la aflicción que les haría acreedoras de perjuicios morales, por el contrario, en original de las declaraciones extraprocesales (debidamente ratificadas) se hizo constar que el joven Jhon era huérfano de madre, y dependía económicamente de su abuela María Berrocal Pájaro, y de sus tías, Carmen, Gladys y Petrona Casarrubia. 

(62) Para la Sección Tercera del Consejo de Estado, la estructuración de esta nueva categoría implicó desplazar por completo a las demás tipologías de daño inmaterial –como el daño a la vida de relación y la alteración grave de las condiciones de existencia-, por considerar que, cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud. 56 En este sentido se expuso: “Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario –dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño–, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro”.

(63) Ambas con ponencia del Consejero, Doctor Enrique Gil Botero.

(64) Se trata de las sentencias de 28 de agosto de 2014, proferidas en los expedientes 31.172, Consejera ponente: Olga Mélida Valle de De la Hoz; 28.804, Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo; 28.832, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth; y, 31.170, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

(65) En el expediente 31170 se confirma la responsabilidad de la Nación por las lesiones causadas a un ciudadano con un arma de dotación oficial, luego de que miembros del Ejército lo detuvieran, lo arrojaran a un caño y le dispararan, por lo que se demostró un uso desproporcionado de la fuerza por parte del soldado que le disparó. Esta sentencia unificó la jurisprudencia sobre el reconocimiento y liquidación del perjuicio daño a la salud con aplicación de la regla general.

En el expediente 28832 se confirma la responsabilidad de la Nación, por daño a la salud, debido a la ausencia de prestación de servicios médicos a un ciudadano alemán que se encontraba privado de la libertad y que presentaba situación de discapacidad, por lo que requería atención especial. Según el fallo, “independientemente de los recursos económicos con los que se cuente, una de las condiciones mínimas que debe garantizar el Estado colombiano a los detenidos es el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas, de manera que aquellos puedan “satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente”, las limitaciones que impliquen para el recluso la imposibilidad de acceder a un baño de manera oportuna no pueden considerarse como propias de la privación de la libertad”. Esta sentencia unificó la jurisprudencia respecto del reconocimiento y liquidación del perjuicio daño a la salud por lesiones de carácter temporal, con aplicación de la regla general.

(66) En el expediente 28804 se confirma la responsabilidad del Hospital San Vicente de Paúl de Lorica (Córdoba), por falla en el servicio médico que ocasionó la muerte de un feto en gestación debido a la demora en la atención y debida práctica médica por parte de los profesionales de la institución. En esta sentencia se unificó jurisprudencia sobre el reconocimiento y liquidación de daño inmaterial por afectación relevante a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados mediante medidas de reparación no pecuniarias – frente al trato de la mujer en materia médico asistencial. Asimismo, mediante este pronunciamiento, la Sala de Sección unificó su jurisprudencia frente al reconocimiento y liquidación del daño a la salud con aplicación de una regla de excepción.

En el expediente 31172 se confirma la responsabilidad de la Nación por las lesiones ocasionadas a un soldado voluntario debido al mal estado de una granada que le entregaron como arma de dotación y cuya explosión le ocasionó la amputación de sus dos piernas. Esta sentencia unificó la jurisprudencia en torno al reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de lesiones – regla general y reconocimiento y liquidación del perjuicio daño a la salud con aplicación de la regla de excepción. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar las siguientes variables: La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente); La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano; La reversibilidad o irreversibilidad de la patología; La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria; Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria; Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado; Los factores sociales, culturales u ocupacionales; La edad; El sexo; Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima; Las demás que se acrediten dentro del proceso.

(67) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2012. Exp. 23901. Consultar también las sentencias del 23 de mayo de 2012, Exp. 24.861 y sentencia del 19 de julio de 2001, Exp. 13.086 M.P. Alier E. Hernández, entre otras.

(68) Teniendo en cuenta que los Ingresos de la víctima al momento de la lesión eran de $ 81.510, el Período consolidado de 265,3 meses, el Índice final de marzo de 2015 (último conocido) de 120.985 e Índice inicial de marzo de 1993: 18.192; la actualización de la base equivale a $541.674.

(69) Teniendo en cuenta que al momento en que fue dado de baja del Ejército tenía 18 años y su expectativa de vida según la tabla de mortalidad expedida por la Superintendencia Bancaria.