Sentencia 1994-04715/14715 de marzo 18 de 2004

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 05001-23-25-000-1994-04715-01(14715)

Consejera ponente:

Dr. María Elena Giraldo Gómez

Actor: Lucelly Rojas de Arango y otros

Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional

Referencia: apelación sentencia indemnizatoria

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil cuatro.

I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el día 15 de octubre de 1997 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió lo siguiente: “Niéganse las peticiones de la demanda” (fls. 440 a 447).

II. ANTECEDENTES PROCESALES:

A. DEMANDA:

Se presentó en ejercicio de la acción de reparación directa, el día 11 de agosto de 1994 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la apoderada judicial de los señores William Arango Arango, Lucelly Rojas de Arango, Gabriel Alfonso y José Fernando Arango Rojas, mayores de edad, quienes actúan en nombre propio; y Yolanda Monsalve quien obra en su propio nombre y en representación de su menor hija Laura Jhanyna Arango Monsalve y Ana Patricia Dávila, quien obra en su propio nombre y en representación de su menor hija Zoraida Marcela Arango Dávila; y se dirigió frente a la Nación (Mindefensa, Polinal, Ejército Nacional, DAS) fls. 17 a 50.

1. PRETENSIONES:

“3. Lo que se pretende

Solicito que en sentencia con fuerza de cosa juzgada se hagan en contra de la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa - Policía Nacional), como también la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa - Ejército), e igualmente, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, las siguientes o parecidas declaraciones y condenas:

3.1. Que la nación Colombiana (Ministerio de Defensa- Policía Nacional), Nación Colombiana (Ministerio de la Defensa - Ejército), e igualmente, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, son solidaria y administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los señores: William Arango, Lucelly Rojas de Arango, Gabriel Alfonso Arango Rojas, José Fernando Arango Rojas, Yolanda Monsalve, Laura Jhanyna Arango Monsalve, Zoraida Marcela Arango Dávila y Ana Patricia Dávila, con motivo del desaparecimiento de que fue víctima Juan Martín Arango Rojas, en los hechos que se condenaron a partir del 3 de marzo de 1993, a las 3:30 de la tarde, en la ciudad de Medellín, Cl. 25 con carrera 65, cuando un grupo de hombres armados que se identificó como del DAS, y que se movilizaban en camionetas y con apoyo de un helicóptero que volaba bajo, sobre la dirección indicada, calle 25 con carrera 65, donde se hizo el procedimiento, capturaron y desaparecieron a Juan Martín Arango Rojas, sin que hasta la fecha se haya vuelto a saber de su paradero.

3.2. Que, en consecuencia, la Nación Colombiana (Ministerio de la Defensa - Policía Nacional), Nación Colombiana (Ministerio de la Defensa - Ejército), e igualmente, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, deberán cancelar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente, en moneda legal Colombiana, hasta un mil gramos de oro, a la cotización más alta vigente en el mercado por la época de ejecutoria de la sentencia, conforme a la certificación que al efecto expida el Banco de la República.

3.3. Que, además, la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa - Policía Nacional), Nación Colombiana (Ministerio de Defensa - Ejército), e igualmente, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, deberán cancelar a favor de la menor Laura Jhanyna Arango Monsalve, una suma de dinero por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante), teniendo en cuenta la vida probable del desaparecido, su padre, la edad de la menor hasta que llegue a cumplir 25 años de edad, el salario o ingreso mensual que se probare, o en su defecto el salario mínimo, suma que desde ya se estima no inferior a TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 30.000.000).

3.4. Que, en consecuencia, la Nación Colombiana (Ministerio de Defensa - Policía Nacional), Nación Colombiana (Ministerio de Defensa - Ejército), e igualmente, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, darán cumplimiento a la sentencia que en su contra se dicte, en los términos de los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, e igualmente, que todas las sumas líquidas que se determinen a cargo de las entidades demandadas deberán ser reajustadas conforme al incremento en el Índice de Precios al Consumidor, o al por mayor, sin perjuicio de la caución especial de intereses corrientes y de mora prevista en el artículo 178 del Decreto 01 de 1984 (fls. 19 a 21).

2. HECHOS

“1. La Familia de William Arango Arango y Lucelly Rojas de Arango, está conformada por los siguientes hijos: Gabriel Alfonso y José Fernando Arango Rojas.

2. Los esposos William Arango y Lucelly Rojas, han perdido dos hijos, a William Arango Rojas, quien falleció en noviembre 22 de 1990 y Juan Martín Arango Rojas, a quien desaparecieron los órganos de seguridad del Estado en marzo 3 de 1993.

3. Cuando en 1990, falleció William Arango Rojas, sus padres y hermanos, esto es, William Arango Arango, Lucelly Rojas, Gabriel Alfonso, José Fernando y Juan Martín Arango Rojas, acogieron en el hogar paterno a la viuda Ana Patricia Dávila y a su hija menor de edad, Zoraida Marcela Arango Dávila, como miembros de la familia.

4. Juan Martín Arango Rojas para comienzos de 1993, convivía en el hogar paterno, con su pequeña hija Laura Jhanina Monsalve, su compañera Yolanda Monsalve, vivía aparte, con sus respectivos padres, pero mantenía una excelente relación afectiva con Juan Martín y naturalmente con su hija.

5. Juan Martín Arango Rojas, para el 3 de marzo de 1993, se desempeñaba como comerciante y con el fruto de su trabajo, atendía la manutención de su hija, la propia y ayudaba a YOLANDA MONSALVE.

6. El día 3 de Marzo de 1993, a eso de las 3:30 de la tarde, Juan Martín Arango Rojas, se dirigió a la salsamentaria y residencia de su tío, Jairo Arango Arango, ubicada en la carrera 65 con calle 25, y conocida como ‘Salsamenteria(sic) La 25’, estando allí, Juan Martín se puso a jugar parqués con Jairo Oswaldo Arango Zapata, Yolanda Zapata, Eliana Arango Zapata y Teresa Zapata de Arango.

7. Dentro de la salsamentaria, se repite, jugaban parqués las personas que se vienen de citar en el hecho que precede, cuando intempestivamente irrumpió un grupo de más de diez hombres portando metralletas y armas de largo alcance, hicieron tirar a todo el mundo al piso, se identificaron como agentes del DAS, y procedieron de inmediato a coger del pelo a Juan Martín Arango Rojas, lo sacaron arrastrado, y manifestaron que más tarde podían averiguar por él en el DAS, que este quedaba detenido.

8. Mientras la anterior escena ocurría un helicóptero sobrevolaba muy bajo la manzana, donde se llevaba el operativo, y una parte del grupo armado, detuvo el tráfico automotriz sobre la carrera 65, exhibiendo en sus manos placas que los identificaban como autoridad, y se formó una fila larga de automotores, una vez arrancaron las camionetas con el grupo de hombres armados y con Juan Martín Arango Rojas, el helicóptero, igualmente tomó altura y desapareció.

9. Los vehículos en que se movilizaban los hombres armados, se encontraban sin placas.

10. No había transcurrido cinco minutos, cuando intempestivamente llegó un camión del ejército, a todo el frente de la Salsamentaria La 25, parqueó allí, varios soldados se bajaron, miraron, no hicieron preguntas, se quedaron allí unos pocos minutos, y silenciosamente partieron, así como silenciosamente llegaron.

11. Entre las camionetas y vehículos en que se movilizaban los hombres armados, había una Toyota cuatro puertas color café.

12. Paradójicamente, en la ciudad de Medellín, quienes se movilizaban en camionetas toyotas cuatro puertas, fueron en otra época, las narcotraficantes, y en estos tres últimos años quienes las han venido utilizando son los organismos seguridad, tales como la Dijín, Sijín, DAS, F2, etc., precisamente de las muchas que decomisaron a los mafiosos cuando al fin decidieron acabar con el narcotráfico en Antioquia.

13. Este tipo de vehículos toyotas fue y todavía sigue siendo muy utilizado por los organismos secretos de seguridad, para llevar a cabo operativo, para escoltar etc., con la característica de que generalmente transitan sin placas, y sus ocupantes de civil, portan generalmente brazaletes o algún emblema que exhiben o sacan por las ventanillas, para abrirse paso cuando hay congestión vehicular, esto no solo ocurre en Medellín sino también en Bogotá y otras ciudades.

14. Presenciaron el helicóptero volando a baja altura, encima de la salsamentaria, entre muchas otras personas, Jairo Arango, Wilson Vinasco o Minasco, Humberto Manrique y Román Diosa.

15. Los familiares de Juan Martín Arango Rojas, sin excepción alguna, desde aquella nefasta fecha, no han pasado día, sin que acudan a diario al anfiteatro, a Medicina Legal, Decypol, DAS, F2, Dijín, han viajado hasta Bogotá, sin tener razón de su familiar.

16. En varias oportunidades notificaron verbalmente el hecho en la Oficina de Derechos Humanos, pero allí nada concreto se hizo, tristemente y de antología se les ha manifestado que ellos, los familiares, si llegaban a saber algo, para que les informen a la Oficina de Derechos Humanos, seguramente para llenar algún cuadro de estadística.

17. El 18 de marzo de 1994 después de más de un año de desaparecido Juan Martín Arango Rojas, su padre formuló denuncia escrita en la Procuraduría, viendo que las informaciones verbales que se hacían en la Oficina de Derechos Humanos no conducían absolutamente a nada.

18. La situación de los Derechos Humanos, en Colombia, ha llegado a extremos tales que del 30 de mayo al 3 de junio de 1994, se realizó la semana internacional del detenido desaparecido, de ello da cuenta el periódico el Colombiano en su edición del jueves de 2 de junio de 1994 pág. 3 A, bajo el título ‘Semana del Detenido - Desaparecido. Publican nueva edición del II informe de la CIDH’.

19. La comunidad Internacional, Amnistía Internacional, y La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O. E. A., entre otros organismos han enjuiciado y condenado severamente al gobierno Colombiano, por la situación de los Derechos Humanos, en efecto, pueden verse los siguientes titulares:

‘D. A. S Demandará Penalmente A Amnistía (Periódico el Colombiano, viernes 20 de mayo de 1994 pág. 15 A).

Amnistía Desafía Al Gobierno Colombiano (Periódico el Colombiano, jueves 26 de mayo de 1994 pág. 5 C).

Al Gobierno Colombiano Solo Le Preocupa Su Imagen (Periódico el Tiempo, domingo 29 de mayo pág. 14 A).

Dice el Procurador hay que reconocer las faltas en derechos humanos (Periódico el Colombiano, viernes 3 de junio de 1994 1 A.).

Comisión De la O. E. A Condena Exceso En Derechos Humanos (Periódico el Colombiano, sábado de 4 de junio de 1994, pág. 1 A), y de la misma fecha, en el mismo periódico, en las páginas, 5 A, 14 A, 5 B, respectivamente, aparecen los siguientes titulares: La Verdad De Los Derechos Humanos (Editorial); Que El Gobierno Desvirtúe El Informe De Amnistía y según el Defensor del Pueblo No Se Puede Desconocer Abusos En Derechos Humanos.

Situación de derechos humanos es de pronóstico reservado (Periódico el Colombiano, miércoles 8 de junio de 1994 pág. 2 A.

Desaparición Forzosa Delito Atroz (Periódico EL Colombiano, viernes 10 de junio de 1994, 16 C).

Dice Defensor del Pueblo: La violación de los derechos humanos no es esporádica (Periódico el Colombiano sábado 11 de junio de 1994 pág. 9 B).

Derechos humanos prioridad de un sistema de justicia (Periódico el Colombiano Lunes 13 de junio de 1994, pág. 6 A).

Derechos Humanos: Una Espina En El Corazón de Colombia (Periódico el Colombiano Miércoles 15 de junio de 1994 pág. 8 A).

20. El desaparecimiento de Juan Martín Arango Rojas, por organismos de control de Seguridad del Estado, ha dejado en todos los demandantes un dolor insoslayable, y un estado de angustia permanente, y nunca jamás resuelto, pues aunque se encuentran seguros de la muerte de su familiar, mantienen viva la esperanza que solo la fe permite en tragedias como estas (fls. 22 a 28).

Como fundamentos de derecho mencionó la existencia de prueba indiciaria que permite inferir la responsabilidad de la parte demandada y añadió:

“( ) resulta insólito por decir lo menos, que un grupo de más de diez hombres fuertemente armados, portando metralletas y demás armas de largo alcance, movilizados en vehículos tipo camionetas, marca Toyota - muy llamativas desde luego - a plena luz del día - 3:30 de la tarde, puedan desplazarse tranquila y serenamente por zonas residenciales urbanas y céntricas de la ciudad de Medellín, penetrar intempestivamente a una residencia, realizar un operativo, paralizar el tráfico y comportarse en un todo y por todo, como un cuerpo de seguridad del Estado, invocar durante el procedimiento, ser agentes del DAS, amén de indicarles a los parientes que más tarde averigüen por el retenido en la institución. Esto de por sí, ya deja perplejo, y no deja duda que fue un organismo del Estado quien retuvo a Juan Martín Arango Rojas.

Pero más asombro aún, es que mientras se hacía el operativo, un helicóptero, se encontraba volando sumamente bajo, encima del techo de la residencia donde los hombres armados hacían el procedimiento, y una vez estos salieron raudos, la aeronave igualmente alzó el vuelo.

Y lo que no admite discusión, para inferir de quienes se trataba, es que no habían pasado cinco minutos de realizado este procedimiento cuando llegó un camión cargado de soldados, estacionaron el mismo al frente de la salsamentaria y residencia donde se llevó a cabo el rapto, los soldados se apearon, miraron el lugar y silenciosamente volvieron a arrancar, sin dar explicación alguna.

Todo lo anterior, en derecho probatorio constituye una fuerza de hilvanación con un significado máximo. Los indicios en cierta medida son los ojos y voz de la verdad que se filtran sutilmente, sobre el carácter gaseoso del manto de la impunidad. Es la labor de la inteligencia enderezada al hallazgo monolítico de las circunstancias, poniéndose por encima de lo simple o de lo evidente” (fls. 29 a 35).

Trajo a colación jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el manejo probatorio de los indicios; luego se refirió a la desaparición forzada y la situación, en Colombia, de la violación de los derechos humanos por conductas de desaparecimiento y similares, la participación de las entidades del Gobierno y la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijurídico (art. 90 C. N.).

B. TRÁMITE PROCESAL

1. La demanda se admitió el 8 de septiembre de 1994; se notificó el auto admisorio “a los representantes legales de la Nación” al Ministerio de Defensa (Policía y Ejército) por intermedio del Comandante de la Cuarta Brigada y al Departamento de Seguridad – DAS, y al Ministerio Público, diligencias que se surtieron los días 13, 21 y 22 de septiembre del mismo año (fls. 52 a 53, 53 vto, 55 y 56).

El Procurador 31 en lo Judicial ante el a quo, Renato Cardeño Pérez, manifestó su impedimento para intervenir en el proceso invocando la causal 150 numeral 11 del C. P. C., el cual le fue aceptado por auto de la Sala de 21 de noviembre de 1994 y se ordenó su reemplazo por el Procurador 32 quien le sigue en turno (fls. 54 y 70).

2. La contestación de la demanda la hicieron, por la Nación, el Ministerio de Defensa y DAS.

El Ministerio de Defensa aseguró que no le constan los hechos materia de la demanda, en especial la imputación atinente a que fueron sus miembros quienes se encargaron del procedimiento de detención de Juan Martín Arango Rojas. Solicitó que se oficie al Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y al Comandante de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, para que certifiquen si unidades adscritas a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y del Departamento de Antioquia y a la IV Brigada realizaron operativo en la ciudad de Medellín, en la carrera 65 con calle 25 donde funciona la Salsamentaria La 25 (fls. 59 y 60).

El DAS indicó: frente a los hechos, que en unos se atiene a las resultas probatorias, otros los niega como que los organismos de seguridad del Estado hayan desaparecido a Juan Martín pues no ha habido declaración de autoridad competente que así lo determine, aclaró otros, al informar que no posee helicópteros, que utiliza vehículos de toda clase y marcas y no exclusivamente toyotas 4 puertas; que es lógico que una vez desaparecido un familiar sus parientes averigüen en los cuerpos de seguridad; que su Oficina de Derechos Humanos no ha recibido denuncia sobre el desaparecimiento ni figura antecedente del caso; que Amnistía Internacional no es entidad juzgadora de sus actuaciones. Se opuso a las pretensiones por carecer de fundamentos jurídicos; criticó el concepto de violación porque la parte actora desde su propia convicción pretende que se tenga por establecida una presunta falla en el servicio cuando en realidad la sola sindicación que hace la parte demandante, sin prueba, sobre la autoría de los agentes del DAS en la desaparición, no permite establecer la existencia de falla ni por acción ni por omisión y menos la participación de los organismos del Estado en ese hecho. Tampoco existe daño indemnizable porque, de una parte, no ha habido muerte y de otra porque habiéndose demostrado la autoría del hecho demandado por parte del D. A. S no puede endilgársele daño a indemnizar y por ende no puede existir ni existe nexo causal.

Solicitó que se oficie, a su Oficina de Derechos Humanos para que informe sobre la existencia de queja o denuncia relacionada con la desaparición de Juan Martín y a la Seccional DAS Antioquia para que informe si existió o no orden de autoridad competente para capturar al hoy desaparecido o si intervino en algún operativo relacionado con el caso (fls. 62 a 66).

3. Mediante auto el día 21 de marzo de 1995 el proceso se abrió a pruebas. Encontrándose en esta etapa procesal, el día 19 de septiembre de 1995, el entonces Magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, doctor Ricardo Hoyos Duque (hoy Consejero de Estado) manifestó su impedimento para conocer del asunto porque uno de los demandantes se desempeña como Oficial Mayor de la Sección Segunda de ese Tribunal de la cual hace parte, presentándose así el hecho constitutivo de impedimento previsto en el numeral 5 del artículo 150 del C. P. C., y este le fue aceptado mediante auto de la Sala de 22 de septiembre de 1995 (fls. 93 y 95). Posteriormente, cada uno de los Magistrados integrantes de la Sala manifestó impedimento por los mismos fundamentos, fáctico y normativo; los conjueces elegidos y posesionados asumieron sus funciones (fls. 197, 392 a 395, 399 y ss.).

Practicadas las pruebas y luego de fracasada la audiencia de conciliación, el conjuez sustanciador corrió traslado a las partes, de lo cual se dejó constancia en la misa Acta de conciliación, del 15 de octubre de 1996, para que presentaran sus alegatos de conclusión (fl. 410 cdno. ppal.). La parte demandada guardó silencio.

El Procurador 32 (encargado), ahora Renato Cardeño Pérez, quien manifestó su impedimento como Procurador 31, ahora lo manifiesta como encargado y le fue aceptado por la Sala de Conjueces mediante auto de 18 de noviembre de 1996 y ordenaron su reemplazo por el Procurador 30 quien le sigue en turno (fls. 411 y 429).

4. La parte demandante solicitó la declaratoria de favorabilidad de las pretensiones; señaló que el caso no puede analizarse “desarticuladamente dada la complejidad de los hechos que buscan generalmente la absoluta impunidad a través del modus operandi sofisticado, mediante el cual se ejecuta”; que la prueba debe observarse en conjunto y que la responsabilidad del Estado se probó porque a través de sus organismos de seguridad “se ha convertido en una máquina de muerte”. Destacó que la prueba testimonial conteste permite concluir que el operativo fue desplegado por más de quince hombres de civil todos armados, quienes llegaron en varios vehículos “todos lujosos y obsérvese la extensa lista de vehículos que para la época tenían decomisados los organismos de seguridad” e hicieron un retén en dos cuadras con detención del tráfico vehicular en un sector que es eminentemente comercial; que tuvieron apoyo de un helicóptero que volaba bajo sobre la manzana “que tomó altura una vez el comando armado emprendió la marcha con el capturado”; que manifestaron a los testigos presenciales que era un allanamiento y que averiguaran por la suerte del retenido en el DAS, aspectos que le dan convicción sobre la autoría del hecho por parte de organismos de seguridad del Estado, y por lo tanto de la responsabilidad de éstos en el proceso y que luego el Ejército llegó en un camión cuya presencia y conducta fue pasiva “su presencia y misión debió obedecer a algo”. Además, destacó, de una parte, que el Estado, en otros casos, ha desarrollado conducta y procedimiento similares, para apoyar este argumento cita el dicho del testigo Wilson Vinasco quien declaró que ha presenciado operativos del F 2 y del DAS en los cuales agentes secretos están vestidos de civil y llegan en carros particulares y de otro, que los familiares de Juan Martín han tenido una conducta activa de búsqueda. Y concluyó,

“Si dadas estas circunstancias, de procedimientos y de esta naturaleza, que contaron hasta con apoyo aéreo, pluralidad de vehículos, un contingente de hombres con armas de largo alcance, quienes hasta cumplieron funciones de agentes de tránsito al hacer un retén, y si el Estado lo ignoraba, o no controlaba ello, si eso es lo que se quiere pensar, no solo sería una vergüenza para la existencia del Estado y la autoridad, sino que además, sería una inmesurable falla del servicio, al permitir otro Estado paralelo.”

Insistió en el manejo y valoración de la prueba indiciaria porque en este caso concurren en número plural y en gravedad monumental y, finalmente dijo que la tacha de sospecha frente a los testimonios, de familiares de la víctima, hecha por la Nación, no es de recibo porque del contenido de los dichos se concluye que fue producto de las vivencias transmitidas en forma espontánea y que coinciden con el de aquellos que carecen de vínculo familiar (fls. 412 a 428).

C. SENTENCIA APELADA:

Negó las súplicas de la demanda porque estimó que con las pruebas aportadas al juicio no se demostró que Agentes del DAS sean autores de la aprehensión, captura, rapto o desaparición de Juan Martín Arango Rojas. En primer término analizó el interés jurídico para demandar por parte de los actores y concluyó que en efecto acreditaron la calidad que adujeron. Enseguida, partió del contenido del artículo 90 de la Carta Política para luego analizar el acervo probatorio; frente a los testimonios indicó que independientemente de la sospecha que sobre ellos pueda recaer, debido al vínculo entre los deponentes y la víctima, “ninguno de ellos afirma en forma categórica que hayan sido agentes del DAS los autores de la aprehensión, captura o rapto de Juan Martín”; no son contestes en la identificación de los vehículos pues uno indica que se trató de una camioneta Toyota color café acompañada por un Sprint blanco y un Mazda y otro testigo relató que se trató de dos camperos uno color café y otro azul. Destacó que la investigación de la Procuraduría iniciada por la denuncia hecha por el padre de la víctima directa no encontró mérito para abrir investigación formal disciplinaria por la desaparición de Juan Martín y consideró,

“es pues conclusión obligada de lo hasta aquí expuesto que no existe medio de prueba alguno que comprometa la responsabilidad de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS ni de ninguna otra entidad del Estado Colombiano como autores de la aprehensión y desaparecimiento de Juan Martín...Cuando se habla de la responsabilidad del Estado, conforme a las normas..., se está hablando de una responsabilidad anónima u objetiva, por la sola falla del servicio, y ella se configura por la presencia de estos tres elementos: la autoría material o imputabilidad, el daño y un nexo causal que vincule su autoría con el daño, pues no obra aquí el elemento subjetivo o culpa como sí en la responsabilidad del funcionario. Pero en todo caso el daño tiene que serle imputable al obrar o a un hecho de la Administración, cosa que no se demostró en este proceso” (fls. 431 a 438). 

D. RECURSO DE APELACIÓN:

La parte actora no compartió la sentencia de primera instancia y por consiguiente solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se acojan de manera íntegra las pretensiones. Manifestó que en ese fallo se ignoró la prueba indiciaria o prueba por razonamiento; no se tuvo en cuenta que los testigos afirmaron que Juan Martín fue sacado por personas que dijeron ser del DAS, tal y como lo manifestó el padre de la víctima al denunciar el hecho ante la Procuraduría Departamental por tanto “no corresponde a la realidad procesal, la afirmación hecha en la sentencia referente a que los testigos narraron sus particulares vivencias, pero exigirles como lo pretende la sentencia, un juicio categórico de validez, esto es, de que efectivamente fueron agentes del D. A. S, es una actividad de verificación de hecho, que no corresponde por esencia a la naturaleza del testimonio como medio de prueba”; señaló que existen factores que obran en el momento del hecho sobre el testigo como son el ánimo, la tensión, los factores fisiológicos, más aún cuando el modus operandi en este tipo de hechos y la complejidad de los mismos pueden influenciar la apreciación de los testigos pero que en este caso “los testimonios transcritos coinciden en lo fundamental”; que no se puede descartar del plano un testimonio por razón del vínculo del parentesco y que el a quo se limitó a transcribir los oficios de los organismos de seguridad en los cuales niegan que hayan capturado a Juan Martín siendo que en los casos de desaparecimiento ello no se registra en los libros de la institución.

Por otra parte, indicó que lo cierto es que quienes se llevaron a Juan Martín eran hombres armados, que el color de los vehículos es irrelevante pues con apoyo en la doctrina mencionó que los testigos presenciales de un hecho no ven ni aprecian las cosas en idéntica forma y que “fue sobre frágiles consideraciones, y con el debido respeto, con un enfoque ligero, sin fuerza y ahondamiento conceptual, que se despachó el asunto en una sentencia absolutoria”. Destacó como testimonio excepcional el de Román Diosa Restrepo, por las condiciones de espontaneidad, la falta de parentesco y la fuerza de convicción (fls. 448 a 459).

E. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA:

El recurso se admitió el día 2 de abril de 1998, luego se corrió traslado para alegar de conclusión el día 22 de mayo de 1998; las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 465 y 467).

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado se procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES:

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo proferido por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, el día 15 de octubre de 1997, por medio del cual se negaron las súplicas de la demanda.

Para decidir el recurso se estudiarán los siguientes puntos:

1. PRUEBA TRASLADADA

En este juicio existen pruebas practicadas a solicitud de las partes en este proceso y otras pedidas por éstas pero practicadas en otro atinentes a las actuaciones investigativas adelantadas por la Procuraduría Departamental de Antioquia, motivada por la denuncia que por el desaparecimiento de Juan Martín presentó William Arango Arango (padre).

El material probatorio trasladado contiene documentos, declaraciones e informes públicos y es apreciable debido a la conducta procesal de las partes: la de la demandante porque las solicitó; y la de la demandada porque al igual que la actora sustentó sus alegaciones y memoriales de intervención en el proceso en esas pruebas; es decir, se trata de medios probatorios en estado de valoración por la admisibilidad tácita, derivada del actuar dentro del proceso.

2. IMPUTACIONES:

La parte actora enunció tanto en el capítulo de pretensiones, en el de los hechos de la demanda, como en el del concepto de violación, las conductas de las cuales pretende la declaratoria de responsabilidad y la consecuencial de condena:

En las pretensiones se lee:

3.1. Que la nación Colombiana (Ministerio de Defensa- Policía Nacional), Nación Colombiana (Ministerio de la Defensa - Ejército), e igualmente, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, son solidaria y administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los señores: William Arango, Lucelly Rojas de Arango, Gabriel Alfonso Arango Rojas, José Fernando Arango Rojas, Yolanda Monsalve, Laura Jhanyna Arango Monsalve, Zoraida Marcela Arango Dávila y Ana Patricia Dávila, con motivo del desaparecimiento de que fue víctima Juan Martín Arango Rojas, en los hechos que se condenaron a partir del 3 de marzo de 1993, a las 3:30 de la tarde, en la ciudad de Medellín, Cl. 25 con carrera 65, cuando un grupo de hombres armados que se identificó como del DAS, y que se movilizaban en camionetas y con apoyo de un Helicóptero que volaba bajo, sobre la dirección indicada, calle 25 con carrera 65, donde se hizo el procedimiento, capturaron y desaparecieron a Juan Martín Arango Rojas, sin que hasta la fecha se haya vuelto a saber de su paradero”.

En los hechos:

“2. Los esposos William Arango Y Lucelly Rojas, han perdido dos hijos, a William Arango Rojas, quien falleció en Noviembre 22 de 1990 y Juan Martín Arango Rojas, a quien desaparecieron los órganos de seguridad del Estado en marzo 3 de 1993.

Dentro de la salsamentaria, se repite, jugaban parqués las personas que se viene de citar en el hecho que precede, cuando intempestivamente irrumpió un grupo de más de diez hombres portando metralletas y armas de largo alcance, hicieron tirar a todo el mundo al piso, se identificaron como agentes del DAS, y procedieron de inmediato a coger del pelo a Juan Martín Arango Rojas, lo sacaron arrastrado, y manifestaron que más tarde podían averiguar por él en el DAS, que este quedaba detenido.

8. Mientras la anterior escena ocurría un helicóptero sobrevolaba muy bajo la manzana, donde se llevaba el operativo, y una parte del grupo armado, detuvo el tráfico automotriz sobre la carrera 65, exhibiendo en sus manos placas que los identificaban como autoridad, y se formó una fila larga de automotores, una vez arrancaron las camionetas con el grupo de hombres armados y con Juan Martín Arango Rojas, el helicóptero, igualmente tomó altura y desapareció.

9. Los vehículos en que se movilizaban los hombres armados, se encontraban sin placas...

20. El desaparecimiento de Juan Martín Arango Rojas, por organismos de control de Seguridad del Estado, ha dejado en todos los demandantes un dolor insoslayable, y un estado de angustia permanente, y nunca jamás resuelto, pues aunque se encuentran seguros de la muerte de su familiar, mantienen viva la esperanza que solo la fe permite en tragedias como estas”.

3. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO:

La Sala encuentra que aunque la demanda no indicó en forma expresa un título jurídico preciso de imputación para la declaratoria de responsabilidad del Estado y que el planteado con posterioridad, en los alegatos de conclusión de segunda instancia, por falla, no es de recibo, porque no es momento procesal para agregar cualificaciones de ocurrencias al proceder estatal. Del contenido del capítulo de los hechos de la demanda se observa que la conducta estatal se conectó al desaparecimiento de una persona que implica de por sí una conducta irregular o anormal propia del título de falla.

La conducta de retención de personas por parte del Estado le genera la obligación de custodia sobre el retenido; ello deviene de los mandatos constitucionales que señalan máximas inherentes a la persona humana, como la observancia del debido proceso que incluye la preexistencia de la ley al acto que se le imputa, el juez competente, la observancia de las formas propias del juicio y la presunción de inocencia; la prohibición de las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua; la proscripción de la desaparición forzada y de los tratos crueles y degradantes; también existen previsiones constitucionales que de una u otra forma son cualificadas por el supuesto normativo, así: para el sindicado el derecho de defensa y la asistencia de un abogado durante la investigación y el juzgamiento, entre otras; para el privado de la libertad el derecho de habeas corpus; para el delincuente sorprendido en flagrancia, una vez aprehendido de llevarlo ante el juez.

a) CASO CONCRETO Y CRÍTICA DE LAS PRUEBAS

Frente a las supuestas captura y posterior desaparición y en atención a que las partes y el a quo dieron mayor relevancia probatoria a los testimonios, se procederá a resumirlos en los apartes más importantes:

• LOS TESTIMONIOS:

Se recepcionaron dentro de este juicio los días 13 y 14 de septiembre de 1995, los de los señores María Teresa de Jesús Zapata Echeverri, Jairo Arango Arango, Jairo Oswaldo Arango Zapata, Román Diosa Restrepo y Wilson Vinasco y dentro de la investigación llevada a cabo por la Procuraduría Departamental, el día 22 de abril de 1994, el testimonio de Elina Cecilia Arango Zapata, quienes narraron lo siguiente:

— MARÍA TERESA DE JESÚS ZAPATA ECHEVERRI dijo convivir, desde hace 26 años, con el tío de la víctima directa Jairo Arango Arango. Fue testigo presencial de los hechos; relató que Juan Martín se encontraba en el negocio que tiene en su casa cuando llegaron como quince hombres armados, quienes les dijeron que se trataba de un allanamiento; los tiraron al piso y les exigieron que no se miraran y les apuntaron con un arma; que a Juan Martín le preguntaron si su nombre era Diego y aunque dijo que no, se lo llevaron; que lo último que escuchó fue la expresión de “si lo van a reclamar vayan al DAS”; precisó que entre la llegada y salida de los hombres pasaron como cinco minutos; que cuando terminó dicha situación ella salió y “las personas que estaban en la calle me dijeron que lo habían metido a un carro pegándole y todo, yo no quise salir porque estaba muy asustada”; aseguró que no se dio cuenta si los hombres iban uniformados porque se asustó, la tiraron al piso y no dejaban de mirarlos.

Cuando se le preguntó sobre ¿qué otras personas se encontraban cuando fue retenido Juan Martín? respondió que “estaba mi hermanita de nombre Yolanda Zapata, nadie mas(sic)”. Luego al ser interrogada por el apoderado de los demandantes sobre “si conoce a las siguientes personas y en caso afirmativo nos dirá dónde se encontraban al momento del ingreso de los hombres armados que se llevaron a Juan Martín, son ellos Jairo Arango, Wilson Vinasco, Humberto Manrique y Román Diosa? Respondió: si los conozco; ellos estaban en la prendería donde trabaja el esposo mío, menos Román porque estaba en su negocio que tiene a la cuadrita de mi casa; es una hamburguesería. Recordó que Juan Martín fue a saludar y que llegó como a las 12 del día y que no dio cuenta de los vehículos y de la forma cómo se desplazaban los captores e indicó que no se fijó en el tipo de armamento que llevaban (fls. 75 a 78).

JAIRO ANTONIO ARANGO ARANGO dijo ser tío de la víctima; manifestó que Juan Martín estaba en su casa con su señora y un amigo y que él se encontraba en el trabajo, a una cuadra de su casa; que se lo llevaron unos quince hombres armados con R 15; quienes hicieron un retén, llegaron en tres carros dos toyotas uno café y un Mazda e indicó “cuando me avisaron que había unos señores frente a mi casa yo en ese momento salí a la esquina y vi que salieron con Juan Martín, lo montaron a un carro en ese momento había un helicóptero rodeando la casa que dio varias vueltas y “en ese momento cuando salieron con Juan Martín el aparato se perdió”, y llegaron unos militares “a cuadra o mejor a la media cuadra estuvieron ellos”, segundos después del operativo. Al ser interrogado sobre a qué institución pertenecían los militares o qué uniforme vestían, respondió: “no sé bien, policías no eran sino que era como verde con amarillo” y luego indicó que no conoce los uniformes o vestimentas que usan las fuerzas militares, que sí ha visto soldados pero que no sabe qué uniforme visten; y que su afirmación de que eran militares la hace porque “donde yo trabajo dijeron que eran unos militares que habían llegado; relató que se transportaban en una “jaulita tres y medio mas(sic) o menos, el carro estaba a cuadra y media y no alcancé a ver el carro”. Indicó que su esposa no le comentó que los hombres se hubieran identificado como miembros de algún organismo de seguridad porque estaba muy nerviosa; que le consta que unos dos o tres hombres armados, vestidos de civil y a quienes no les vio distintivo hicieron un retén a una cuadra de donde se encontraba mientras los demás ingresaban a la casa. Al ser interrogado sobre si fue personal militar uniformado el que se llevó a Juan Martín, respondió “no,...estaban de civil”. Expresó además que al momento de rendir el testimonio “hay mucha ley” (fls. 78 a 82).

ROMÁN DIOSA RESTREPO dijo que es “compadre” de Jairo Antonio Arango Arango; relató que al momento de los hechos se encontraba en su negocio, ubicado como a media cuadra del lugar; describió que llegaron unos diez hombres en dos camperos: uno como color champaña y otro de color azul, de los cuales no tuvo la precaución de mirar si los vehículos tenían placas; que las personas portaban fusiles como los utilizados por la autoridad, unos se pararon en la puerta de la casa del tío de la víctima, otros entraron y dos cuidaban el carro, momentos después sacaron a un muchacho y lo subieron al campero azul y lo hicieron acostar en el piso, uno de los hombres le indicó que se entrara a su negocio. Dijo que no sabe sobre el retén y además que los hombres no accionaron las armas y que luego de que se llevaron a Juan Martín, como a los cinco o diez minutos, llegó un camión con militares o soldados por el uniforme que vestían. Frente a la pregunta ¿Qué procedimiento operativo o misión cumplieron esos militares? Respondió, “ninguno porque llegaron únicamente hasta la esquina y siguieron” luego aseguró que estos no se bajaron del camión y solo “se detuvieron, miraron y siguieron”, que se demoraron máximo un minuto. Señaló que volaba un helicóptero que dejó de dar vueltas por el sector cuando se llevaron al muchacho, pero al ser interrogado sobre si vio el helicóptero respondió: “no muy bien porque como el señor ese que tenía el fusil en la mano me estaba haciendo señas de que entrara al negocio me dio miedo mirar, oí el ruido y antes de eso alcancé a ver la sombra del helicóptero encima”. Cuando se le preguntó sobre si esos militares que se detuvieron interrogaron a personas respondió “Que yo haya visto no, llegaron directamente por el joven”; luego dijo que quienes detuvieron a Juan Martín no eran militares uniformados porque estaban de civil y únicamente dio cuenta que la otra testigo Teresa Zapata le comentó que los hombres habían dicho que se trataba de un allanamiento. No supo qué comentarios hicieron los vecinos (fl. 82 a 86).

JAIRO OSWALDO ARANGO ZAPATA dijo ser primo de la víctima directa; que se encontraba en lugar de los hechos “eso fue en mi casa”; recordó que además de Juan Martín y él estaban su madre, hermana y su tía Yolanda; que varios hombres, aproximadamente diez, entraron armados con todo tipo de armas (pistolas, fusiles y metralletas) los encañonaron a todos, los tiraron al piso, requisaron toda la casa por todas partes, las piezas, los baños y closets; manifestó, en principio, que los hombres no dijeron nada sólo cogieron a Juan Martín pero cuando el Despacho le interrogó sobre si ¿los hombres preguntaron directamente por Juan Martín, por alguna otra persona o por la búsqueda de algún artefacto o elemento o no preguntaron nada?, respondió: “preguntaron por otro nombre no recuerdo cuál y él se identificó pero en todo caso se lo llevaron”. Luego al ser repreguntado por el Despacho sobre ¿Qué manifestaciones hicieron los hombres durante el operativo?, respondió manifestó: preguntaron por el otro nombre y se lo llevaron nada más cuando se fueron dijeron que eran del DAS que lo reclamaran allá pero no enseñaron placa ni distintivo. Expresó que los comentarios de la gente decían que los hombres no dejaban pasar los carros ni a las personas en las dos cuadras y que había un helicóptero en ese momento allí apoyándolos (fl. 87 a 89).

WILSON VINASCO DÍAZ dijo que es amigo de Jairo Arango Arango y que como “trabajaba en una prendería de mensajero el muchacho Juan Martín pasaba a la prendería y charlaba con Jairo y ahí fue donde lo conocí”; que la prendería de Jairo Arango queda como a una cuadra y diez metros del lugar de los hechos; que venía de la casa de Jairo (lugar donde sucedieron los hechos) como diez metros cuando sintió que pararon varios carros en el semáforo de los cuales se bajaron varios hombres, aproximadamente 10 a 16, armados con fusil, vestidos de civil, quienes entraron a la casa de Jairo y sacaron a Juan Martín y lo tiraron dentro de una Trooper; que era un Trooper café, un Renault nueve blanco y otros carros; dijo no saber o haber visto sobre el retén pero que para evitar que se acercara alguien apuntaban hacia los lados; no escuchó al helicóptero ni tampoco vio al camión con personal militar pero luego aclaró “o mejor como yo tenía que venirme para acá para la prendería entonces Jairo bajó y ya no me di cuenta” y finalmente señaló que en el barrio donde sucedieron los hechos rara vez hay operativos de vigilancia o de petición de papeles de identificación y que algunas veces ha presenciado procedimientos por agentes secretos del F2 o del DAS en vehículos particulares y vestidos de civil (fl. 89 a 92).

ELINA CECILIA ARANGO ZAPATA dijo que el día 3 de marzo de 1993 se encontraba en el lugar de los hechos, que Juan Martín estaba jugando parqués e irrumpieron unos hombres vestidos de civil diciendo “quietos esto es un allanamiento, como le obligaron a permanecer en una habitación no presenció el momento en que se llevaron a Juan Martín, hecho del cual tuvo conocimiento porque su madre le informó, no vio el carro en el cual se desplazaban pero oyó que se trataba de “burbuja blanco”, no recuerda que sobrevolara un helicóptero pero dice que tal vez lo atribuye al susto (fls. 147 y vto).

• LA DENUNCIA POR LA DESAPARICIÓN DE JUAN MARTÍN ARANGO ZAPATA

La instauró William Arango Arango, el día 18 de marzo de 1994, ante la Procuraduría Departamental de Antioquia Oficina de Derechos Humanos de Medellín, después de más de un año de ocurridos los hechos; expuso los hechos de acuerdo con la información que le dieron los testigos presenciales (declaraciones que ya se resumieron). En síntesis indicó que a su hijo se lo llevaron entre 10 y 12 hombres armados vestidos de civil, con armas de corto y largo alcance, en una camioneta Toyota café, la cual era acompañada por un Sprint blanco y un Mazda; que Juan Martín se encontraba jugando parqués en la casa de su tío Jairo Arango, junto con Jairo Oswaldo y Elina Cecilia Arango Zapata y Yolanda Zapata; y que a ellos les dijeron que “se lo llevaban para el D. A. S que le avisaran a la familia para que lo fueran a reclamar al DAS”; que por información de Jairo Arango, la casa fue rodeada por un helicóptero con personal de autoridad y que llegó también un camión con varios soldados se bajaron en el sitio y estuvieron inspeccionando el lugar pero sin hacer ninguna averiguación luego tomaron el vehículo y se fueron; citó como testigos presenciales del hecho a Humberto Manrique, Wilson Vinasco, Román Diosa y Jairo Arango; al preguntársele sobre si puede reconocer físicamente a los captores respondió que no porque “como a ellos los hicieron tirar al suelo, ellos no repararon, incluso con las armas los amenazaban y también amenazaron a los negocios vecinos, no sé si los testigos estén en capacidad de reconocerlos”; cree que la captura de su hijo se dio por una equivocación de identidad porque él no tenía problemas y que cuando hacía 15 días había ido a la Procuraduría a reportar el hecho “la persona que me recibió me dijo que en esos mismos días se habían recibido varias quejas sobre los mismos carros” (fls. 141 a 143).

• PRUEBA DOCUMENTAL:

SOBRE LA NOTICIA EN DIARIO LOCAL: 

El día 7 de marzo de 1993, en el Diario El Colombiano apareció la foto de Juan Martín Arango Rojas con el título de desaparecido y se describen su edad, rasgos físicos, lugar, hora y cómo vestía en ese momento (documento privado en original, fl. 16 n)

SOBRE OPERATIVOS, RETENCIONES O CAPTURAS:

Respecto de esos hechos tratan los informes de las autoridades de Seguridad del Estado que dan cuenta sobre las actividades de Juan Martín Arango Rojas, en la fecha del hecho, en los días anteriores y posteriores y sobre otros datos concretos, así:

El día 14 de abril de 1994, el Subdirector del DAS, Departamento de Antioquia en respuesta a requerimiento del Abogado Comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, informó que el personal de dicha Institución no participó en la retención de Juan Martín Arango Rojas el día 3 de marzo de 1993 (documento público, fl. 148).

El día 2 de mayo siguiente, el Jefe de la Sijín, Departamento del Valle de Aburrá respondió, al Abogado Comisionado, que revisados los libros de control de retenidos en la fecha 3 de marzo 2003 “no aparece registrada anotación alguna sobre el particular Juan Martín Arango Rojas” (documento público, fl. 149).

El día 22 de septiembre de 1994, el Jefe de la Unidad Investigativa de Policía Judicial del DAS, Seccional Antioquia remitió al Jefe de la Unidad Regional de Policía Judicial de Medellín copias autenticadas de los operativos de allanamiento y captura que esa unidad llevó a cabo los días 2, 3, 4 y 5 de marzo de 1993, incluida la bitácora, dentro de las cuales no se observa ni el nombre de Juan Martín Arango ni la dirección de la residencia-negocio donde ocurrieron los hechos (documentos públicos, fls. 107 a 124).

El día 6 de diciembre de 1994, el Jefe de la Unidad Investigativa de Policía judicial, Seccional Antioquia respondió al Abogado Comisionado, que verificados los archivos de la época no aparece registrado operativo practicado en la fecha, ni en la dirección citada en el oficio remisorio (documento público, fl. 166).

El día 26 de septiembre de 1995, el Jefe de la Sijín, Sección de Policía Judicial e Investigación del Departamento de Antioquia respondió al a quo que durante los días 3, 4 y 5 de marzo de 1993 no realizó ningún allanamiento ni efectúo capturas en la ciudad de Medellín (documento público fl. 128)

El día 28 de septiembre siguiente, el Comandante del Departamento de Policía de Antioquia informó al Tribunal, que revisados cuidadosamente los libros de anotaciones y minutas de guardia, no aparece anotación ni antecedente sobre procedimientos realizados el día 3 de marzo de 1993, en la carrera 65 calle 25 donde funciona o funcionaba la salsamentaria La 25 (documento público, fl. 170).

El día 30 de octubre de 1995, el Comandante de la Policía del Valle de Aburrá remitió al Tribunal los boletines policiales correspondientes a los días 3, 4, y 5 de marzo de 1993, en los cuales se describe cada una de las actividades realizadas por la Policía, el procedimiento empleado, los nombres de las personas participantes y las direcciones donde se efectúan. El Consejo de Estado no observa que exista referencia a la captura, aprehensión o desaparecimiento de Juan Martín Arango ni tampoco operativo realizado en la dirección donde ocurrieron los hechos (documentos públicos, fls. 348 a 387).

SOBRE LOS BIENES MUEBLES AFECTADOS AL SERVICIO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD:

El día 12 de octubre de 1995 la Dirección Nacional de estupefacientes remitió al Tribunal, la relación de los bienes destinados en forma provisional o definitiva al D. A. S, al F-2, a la Dijín en el Departamento de Antioquia. Informó además que al Bloque de Búsqueda no hace destinaciones de bienes, en forma directa, porque se efectúan al Ministerio de Defensa o a la Policía Nacional y estas entidades las distribuyen dentro de esos grupos especiales. En los listados aparecen múltiples bienes muebles e inmuebles asignados a las distintas entidades territoriales y dependencias del Estado, concretamente al Departamento de Antioquia y conforme a los vehículos mencionados en los testimonios, se encuentran asignados a las distintas dependencias de la Policía en el Departamento de Antioquia, los siguientes:

— automóviles Mazda LAB-489 para la Policía Antinarcóticos con destinación provisional revocada; LAA-615 para la Policía Judicial de Antioquia, BAH 085 a la Policía de Antioquia (fls. 312, 316 y 319).

— Camperos Toyota TA 1115 para la Policía de Antioquia, Rionegro, LYH 993 para la Policía Antinarcóticos y Camperos Mitsubishi RIB 000, Chevrolet Cherokee TIQ 852 para la Policía Antinarcóticos y Suzuki LL-9964 para la Policía de Medellín (fls. 313, 314 y 319).

— Camioneta Toyota AP 7397 Policía de Antioquia (fl. 316).

Las otras planillas no informan la Regional a la que se asignaron sino sólo la entidad en general; en una de ellas de fecha 12 de octubre de 1995 figura con destinación definitiva a la Policía Nacional, el helicóptero Hyges HK2704X (fl. 333).

Al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, regional Antioquia se asignaron:

— Camionetas Chevrolet sin placa; con placa KF 5451 y otra LG 7630 para el DAS Puerto Triunfo; sin marca pero con placa LX 7167, otra con serial 16CDCN1N212134 con la anotación de devuelto a su dueño; placas BAZ 565, RE 4514 y AJ 3918 y RE 4514 (fls. 323, 326, 327, 318 y 325).

— Automóviles Mazda color rojo no se menciona placa; FLX con placa ITK 118 con anotación de devuelto a su dueño (fl. 324).

— Camperos Toyota LI 2540 y AR 4416 con anotación de devuelto a su dueño y FUK 156; Land Rover KF 1417; Mitsubishi LM 6785 con anotación de devuelto a su dueño y Susuki destinado al D. A. S de Caucacia, QA 7970 (fls. 324, 328, 329, 327 y 330).

El día 13 de octubre de 1995, el Director General de la Policía, ante requerimiento del A Quo, respondió:

“1. Durante las operaciones adelantadas por el bloque de Búsqueda en la Ciudad de Medellín, se acondicionó en las instalaciones de la Escuela de Policía Carlos Holguín, un helipuerto, el cual sirvió como base al apoyo helicóptero del personal, en el desarrollo de las diferentes acciones adelantadas por el personal allí destacado. No se contó con otro helipuerto al servicio de la Policía Nacional en la Ciudad de Medellín.

2. Para el día 3 de marzo de 1993 la Policía Nacional, contaba con dos helicópteros para el servicio en la Ciudad de Medellín, distinguidos con las siglas PNC-134 y PNC- 147.

3. Para el día 3 de marzo de 1993 los helicópteros mencionados se encontraban tripulados por el siguiente personal:

PNC –134: 
MY. Forero Huertas Marco Jaiberpiloto
CT. Aponte Sánchez Carlos Enrique Copiloto
SS. Rentería Quintero Carlos Eduardo Técnico
AG. Tovar Parrado Wilson Artillero
PNC – 147 
MY. Mancipe Carrillo AníbalPiloto
CT. Montoya Castro Hebert Antonio Copiloto
SV. Libonatti Palacio Alexander Técnico

4. El día 3 de marzo de 1993 el helicóptero de siglas PNC- 134 realizó un vuelo Medellín - Anza - Medellín y el PNC - 147 realizó un vuelo Medellín - Rionegro - Medellín.

5. Para el día 3 de marzo de 1993 no había helicópteros al servicio de la Policía Nacional en otras instituciones o lugares, distintos a los que hallaban para la fecha en la Escuela de Policía Carlos Holguín.

Anexo las diligencias adelantadas por la dirección de Policía Antinarcóticos, con relación a lo solicitado (documentos públicos fls. 171 a 172, 178, 179 a 181).

Dentro de la investigación de la Procuraduría, el DAS y Decypol le reportaron al Abogado Comisionado, a su requerimiento, la carencia de antecedentes a nombre de Juan Martín Arango (documentos públicos, fls. 154 y 155). Y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec (Cárcel del Distrito Judicial de Medellín, Dactiloscopia) respondió que Juan Martín no registra entradas al penal (documento público, fl. 161).

SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DEPARTAMENTAL:

El día 14 de junio de 1994, el Abogado Comisionado de la Procuraduría Departamental de Antioquia rindió informe evaluativo de la investigación y solicitó el archivo al no encontrar pruebas que demuestren como responsable del hecho al DAS. Consideró que son pocas las pruebas que obran y que de la comparación del dicho de la testigo con el contenido de la denuncia existe punto de no coincidencia como es la presencia del helicóptero y añadió “en la experiencia se demuestra que en la ciudad de Medellín para la época, ocurrieron procedimientos por fuerzas oscuras que participaban en la guerra de carteles y en muchas ocasiones para detener a un delincuente, la autoridad utilizó esta clase de aparatos para llevar a cabo su misión, en el caso que nos ocupa no se explica que la declaración de Elina no mencione este hecho si se tiene en cuenta la impresión que causa en la ciudadanía el uso de estos medios coercitivos; esto crea duda acerca de la aseveración del quejoso” (documento público fls. 156 a 157).

El día 11 de enero de 1995, la Procuraduría Departamental de Antioquia profirió auto mediante el cual ordenó el archivo de la investigación por no existir mérito para la apertura formal de investigación disciplinaria “en contra de persona alguna que hubiese ostentado la calidad de autoridad competente” en los hechos relacionados con la desaparición de Juan Martín Arango y mediante oficio de 25 de septiembre de 1995 informó al a quo sobre esta decisión (documentos públicos fls. 127 y 168).

SOBRE LOS CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA:  

El día 12 de octubre de 1995, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Tribunal, los siguientes documentos:

1. Copia del Informe Anual de Amnistía Internacional, publicado en 1994, sobre casos denunciados de violación de derechos humanos en Colombia, en cuyo contenido no se encuentra el caso relacionado con el señor Juan Martín Arango.

2. Copia del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 1994, referente a casos denunciados de violación de Derechos Humanos en Colombia, dentro de los cuales están: Informe número 22 de 1993 caso 9477 Colombia emitido 12 de octubre de 1993, sobre la desaparición de la señora Patricia Eugenia Rivera, sus dos hijas menores de edad y el señor Marco Crespo; informe número 23 de 1993 caso 10.456 en Colombia emitido el día 12 de octubre de 1993, sobre el caso sucedido en la vereda Piedra Azul del Municipio de Concepción, hecho en el cual 18 campesinos fueron detenidos por miembros del Batallón García Rovira y sometidos a vejámenes y malos tratos; informe número 1 de 1994 Colombia emitido el día 1 de febrero de 1994, sobre el caso sucedido los días 15 y 16 de agosto de 1987, en el municipio de Torres, en la zona del Departamento de Santander, en el cual el alcalde del municipio fue asesinado por un grupo de personas ajenas a la localidad; informe número 24 de 1993 caso 10.537 de Colombia emitido el 12 de octubre de 1993, sobre hecho ocurridos el 7 de enero de 1988, en la Ciudad de Buenaventura en el Departamento del Valle del Cauca, donde la señora Olga Esther fue detenida de forma arbitraria; informe número 2 de 1993 caso 10.912 de Colombia emitido el 1 de febrero de 1994, sobre hechos acaecidos el día 4 de marzo de 1988, en la Finca Honduras ubicada en el Municipio de Turbo, Departamento de Antioquia, en donde un grupo de hombres vestidos de civil asesinaron a los trabajadores de dicha finca (documento público fls. 198 a 305).

LA SALA ENCUENTRA frente a la prueba testimonial lo siguiente:

Se cuestiona sobre si existe ¿Sospecha de las declaraciones de los testigos?:

No siempre los testimonios rendidos por familiares, amigos o dependientes son susceptibles de sospecha, de ahí que la previsión del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil sea amplia al determinar que son sospechosas las personas que “en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón del parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”; es más incluso en el siguiente artículo se permite apreciar los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso (último. inc. art. 218 ibíd.), es decir, que las circunstancias de afectación del testigo mencionadas en la norma procesal no implican per se, su desecho de la comunidad probatoria porque puede ser que el juez considere que aun cuando hay parentesco o dependencia etc., la narración del testigo fue precisa y creíble y por ende apreciable desde todo punto de vista.

En el caso particular, no se observa que las relaciones de parentesco, amistad o dependencia entre los testigos y entre estos y la víctima hayan afectado el relato de los hechos, por tanto se apreciarán y se valorarán bajo la sana crítica, pues, como ya lo ha dicho la jurisprudencia, “No puede considerarse a priori que un testigo ligado por vínculos de consanguinidad con una de las partes, va a faltar deliberadamente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaración si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana crítica puede merecer plena credibilidad, y con tanta razón si los hechos que relata están respaldados por otras pruebas o al menos con indicios que la hagan verosímil”(1). Además, la valoración de los testimonios de María Teresa, Jairo Oswaldo, Jairo Antonio, Román, Wilson y Elina Cecilia se hace indispensable y necesaria toda vez que se trató de testigos presenciales del hecho, sobre todo los dos primeros quienes departían con Juan Martín al interior de una vivienda, al momento en que fue supuestamente retenido. Por otra parte, no debe perderse de vista que el a quo al decidir indicó que valoraba los testimonios independientemente de la tacha y que la demandada, quien tachó de sospechosos a los testigos, no apeló.

Valoración y apreciación de los testimonios: En cuanto al contenido de esas declaraciones no son precisos ni contestes, como lo aseguró la parte demandante, y no lo son propiamente por circunstancias de miedo, presión sicológica o de cualquier otra índole, pues las imprecisiones de los deponentes sobrepasan el límite de aceptación que un juez debe tener para valorar la coincidencia o contradicción de los testimonios. Para ello la Sala entra a precisar los puntos de coincidencia y de divergencia entre los dichos de los testigos:

EN QUÉ COINCIDEN:

Hecho material: Retención de Juan Martín Arango de quien no se ha vuelto a saber nada.

Lugar de los hechos: casa negocio de Jairo Arango Arango.

Condiciones de modo: Grupo de hombres: En número superior a 10, armados, vestidos de civil y sin distintivos o identificación alguna. Expresiones de los captores: Es un allanamiento, buscaban a una persona de nombre Diego y “si lo van a reclamar vayan al DAS”, así lo manifiesta en forma tajante MARÍA TERESA ZAPATA mientras que Jairo Oswaldo en principio dijo que los hombres no dijeron nada sólo cogieron a Juan Martín pero al ser interpelado por el Despacho con las preguntas: ¿los hombres preguntaron directamente por Juan Martín, por alguna otra persona o por la búsqueda de algún artefacto o elemento o no preguntaron nada? y ¿Qué manifestaciones hicieron los hombres durante el operativo? Respondió, que sí habían preguntado por otro nombre pero que no recordaba por quién y que cuando se fueron dijeron “que eran del DAS que lo reclamaran allá”. Por su parte JAIRO ANTONIO ARANGO ARANGO indicó que su esposa Teresa Zapata no le comentó que los hombres se hubieran identificado como miembros de algún organismo de seguridad y Román Diosa dice que la misma señora le contó que los hombres habían dicho que se trataba de un allanamiento.

EN QUÉ SE CONTRADICEN:

Personas presentes al momento de los hechos: MARÍA TERESA dijo que con Juan Martín estaba ella y “mi hermanita de nombre Yolanda Zapata, nadie mas(sic)”. JAIRO OSWALDO dijo haber estado con la víctima en el lugar de los hechos junto con su madre, su hermana y su tía Yolanda, mientras el otro testigo JAIRO ANTONIO ARANGO ARANGO dijo que Juan Martín estaba con un amigo cuando los hechos indican incluso que Jairo Oswaldo es hijo de Jairo Antonio Arango Arango. ELINA CECILIA ZAPATA da cuenta de su hermano Jairo Oswaldo.

Armamento portado por los captores: MARÍA TERESA dice no haberse fijado en esto por el susto que tenía; ELINA CECILIA no determinó el tipo de armas; JAIRO ARANGO ARANGO aseguró que tenían R 15; ROMÁN DIOSA RESTREPO señaló que portaban fusil como los que portan las autoridades; JAIRO OSWALDO ARANGO ZAPATA indicó que tenían todo tipo de armas (pistolas, fusiles y metralletas).

Vehículos en los cuales los captores llegaron y se fueron llevándose a Juan Martín: 

MARÍA TERESA no los vio; JAIRO ARANGO ARANGO dijo que eran tres carros dos toyotas uno café y un Mazda; ROMÁN DIOSA RESTREPO aseveró que llegaron en dos camperos uno como color champaña y otro de color azul y que no tuvo la precaución de mirar si los vehículos tenían placas; WILSON VINASCO dijo que venían en un Trooper café, un Renault nueve blanco y otros carros. ELINA CECILIA dijo no haberlos visto pero que oyó que era burbuja blanca.

Sobre el Retén: 

El único testigo que informa sobre esto es JAIRO ANTONIO ARANGO; los demás testigos a pesar de estar relativamente cerca, a una cuadra, a media cuadra o en el mismo lugar de los hechos no dan cuenta sobre el retén porque dicen no haberlo visto. JAIRO OSWALDO señaló que supo de éste por los comentarios de la gente.

Sobre el camión del Ejército: 

MARÍA TERESA no da cuenta de esto; por su parte WILSON VINASCO dijo no haber visto el camión. JAIRO ANTONIO ARANGO ARANGO primero dijo que los militares llegaron en el momento en que los captores salían con Juan Martín, luego que no, que llegaron unos segundos después del operativo pero que no sabe finalmente si eran militares o no, pues dice que lo son porque eso le dijeron donde trabaja, que se transportaban en una “jaulita tres y medio” pero luego indicó que no alcanzó a ver el carro; por su parte, ROMÁN DIOSA dijo que el camión con los militares llegó a los cinco o diez minutos luego que los hombres se llevaron a Juan Martín, que eran soldados por el uniforme que vestían y que no desplegaron operativo ni misión “porque llegaron únicamente hasta la esquina y siguieron”, no se bajaron del camión solo “se detuvieron, miraron y siguieron” y que se demoraron máximo un minuto y luego cuando se le pregunta si esos militares que se detuvieron interrogaron a algunas personas respondió “Que yo haya visto no, llegaron directamente por el joven” cuando ya había mencionado que quienes detuvieron a Juan Martín no eran militares uniformados porque estaban de civil.

Sobre el helicóptero que sobrevolaba: MARÍA TERESA no da cuenta de esto. WILSON VINASCO, a pesar de haber estado en la calle ni siquiera lo escuchó; ELINA CECILIA, no lo recordó, olvido que atribuyó al susto; JAIRO ANTONIO ARANGO ARANGO dijo que en el momento de los hechos había un helicóptero rodeando la casa que dio varias vueltas y que cuando los hombres salieron con Juan Martín el aparato se perdió en ese momento pero no lo describió; Román Diosa dijo que en efecto volaba un helicóptero que dejó de dar vueltas por el sector cuando se llevaron al muchacho pero al preguntársele sobre las características del mismo, respondió que no las determinó porque “como el señor ese que tenía el fusil en la mano me estaba haciendo señas de que entrara al negocio me dio miedo mirar, oí el ruido y antes de eso alcancé a ver la sombra del helicóptero encima”.

Ahora, pasando a otro punto, la Sala también observa respecto de la denuncia puntos de contradicción y razones que no la convencen:

la tardanza en efectuarla, pues el hecho del desaparecimiento ocurrió el 3 de marzo de 1993, la denuncia se formuló un año después del hecho 18 de marzo de 1994 con cinco meses de anticipación a la presentación de la demanda el día 11 de agosto de 1994; y

la narración del denunciante se basó en el dicho de los testigos presenciales (ex audictu) y aunque coincide en puntos como la retención de William por grupo de hombres armados que mencionaron al DAS, frente a otros hechos, de igual importancia, como las circunstancias modales las relata de distinta forma. En este punto la Sala se refiere a aspectos como que las armas portadas por los captores eran de corto y largo alcance; que los vehículos eran una camioneta Toyota café, un Sprint blanco y un Mazda; que la casa fue rodeada por un helicóptero con personal de autoridad y que un camión llegó al lugar de los hechos con varios soldados se bajaron en el sitio y estuvieron inspeccionando el lugar pero sin hacer ninguna averiguación luego tomaron el vehículo y se fueron, circunstancias destacadas en negrilla que ni siquiera los testigos presenciales indicaron y que incluso contradicen el dicho de aquellos, como que en el helicóptero había personal de autoridad, pues los dos testigos que lo mencionan ni siquiera describen la aeronave y los demás ni lo vieron; que los soldados del camión inspeccionaron el lugar cuando los testigos dicen que ni siquiera descendieron del vehículo porque se detuvieron en la esquina, que había un Sprint blanco o la referencia al tipo de armas que portaban los captores que como ya se analizó son puntos de contradicción entre los mismos testigos presenciales.

PARA LA SALA, es claro que aun escindiendo la prueba testimonial para dejar sólo los puntos de coincidencia entre los testigos, estos tampoco constituirían prueba fehaciente que permitiera atribuir a las entidades demandadas, la autoría o participación en la conducta falente o irregular menos aún cuando del relato de los hechos por los testigos y las demás pruebas obrantes en el proceso, documental por excelencia, no arrojan certeza sobre las imputaciones fácticas hechas en la demanda. Y no es como lo menciona la parte demandante y recurrente que los testigos coincidan en lo fundamental o que el a quo les haya exigido un juicio categórico de valoración sobre la autoría del DAS, sino que esa narración de los hechos lejos de ser precisa presenta las inconsistencias ya referidas que impiden, como bien lo indicó el A Quo, determinar la responsabilidad del Estado. Menos aún, puede aceptarse que el análisis probatorio del a quo haya sido desarticulado por la complejidad de los hechos o por el modus operandi sofisticado mediante el cual se ejecuta ese tipo de procedimientos, porque la realidad del proceso indica que el demandante enlazó hechos históricos, probados y no probados, para forzar o acomodar un resultado que le fuera favorable a sus peticiones.

Nótese que pretendió atribuir al Estado, a título de conducta irregular o anómala, la desaparición de Juan Martín, con base en su captura previa, basado en hechos como que los captores se identificaron con placas o distintivos de autoridad (ver hecho 8 de la demanda) que no se demostró, al cual concatenó, a título de colaboración o cooperación entre las distintas entidades demandadas, a hechos como: la presencia de un helicóptero que extrañamente sólo vieron dos de los testigos (Jairo Arango y Román Diosa), quienes ni siquiera logran describirlo; al retén previo o concomitante a la captura que sólo vio Jairo Arango; al arribo de un camión con soldados” que sólo vieron dos de los testigos (Jairo Arango y Román Diosa) y cuyas circunstancias de tiempo no son claras como tampoco lo es, la identificación de quienes se transportaban en el camión; a la utilización de vehículos que supuestamente son aquellos que el Estado ha decomisado al narcotráfico y ha destinado a las distintas entidades de seguridad DAS, Policía, Ejército, los cuales ni siquiera se identificaron por los testigos y dio a entender que los vehículos estaban sin placas (ver hecho 9 de la demanda) cuando en realidad el único testigo que menciona lo de las placas dice que no se fijó si las tenían o no.

Recuérdese que algunos deponentes describen los vehículos por la marca y el color, parámetros, casi indefinidos, que impiden a la Sala encontrar coincidencia con los relacionados en las planillas de la Dirección Nacional de Estupefacientes como asignados a las entidades demandadas. Se pregunta la Sala [¿]será que dentro de la lógica jurídico probatoria, la descripción genérica de un vehículo permitiría dar por demostrado que ese fue el instrumento utilizado en el hecho que se acusa? La respuesta es negativa, salvo que el género fuera de aquellos a los cuales se les añade una característica exclusiva que los convierte en algo único, es decir, en un cuerpo individualizable a primera vista, a título de ejemplo, el carro que fue decomisado en el lugar de los hechos o para hacer referencia al caso la única o de las pocas camionetas Chevrolet color café que hay en la población.

Frente a las cosas de género, el Código Civil dispone que son aquellas en que se debe indeterminadamente “un individuo de una clase o género determinado”, también la jurisprudencia ha ayudado a dilucidar los conceptos que se mencionan: En sentencia de 6 de febrero de 1936(2) de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia expresó:

“En lenguaje jurídico se llama género ‘una cosa que se determina únicamente por la clase a que pertenece’; y también significa la clase de cosas. Por el término cantidad se significan ordinariamente las cosas determinadas de clase determinada que se designan por su número, peso o medida.

De suerte que en el lenguaje de los jurisconsultos y de nuestro Código, género es lo que los filósofos llaman especie, por ejemplo un caballo, un vestido; y especie es para los jurisconsultos y nuestro Código, lo que los filósofos llaman individuo, por ejemplo, el vestido negro, el caballo blanco...”.

En sentencia posterior de 3 de julio de 1991(3), esa misma Corporación, en su Sala Civil, consideró,

“Si el proceso versa sobre corporales deben determinarse éstas a cabalidad, con el inocultable propósito de disipar ab initio, cualquier incertidumbre o vaguedad acerca de lo que constituye el objeto de decisión judicial. La identificación de cosas de género y de otra clase de bienes muebles, incluidos las especies o cuerpos ciertos. En tratándose de un conjunto de cosas de un mismo género, lo importante no es identificar aisladamente cada una de las cosas, objetos o animales, sino el conjunto en sí, con las características que sean necesarias e impidan confundirlo con otro...”.

Para la Sección Tercera del Consejo de Estado es innegable entonces que las descripciones genéricas en la prueba testimonial sobre el instrumento al cual se vincula la conducta irregular, en la mayoría de los casos, imposibilitan al juzgador de la responsabilidad extracontractual para determinar su real ocurrencia como en efecto sucede en este caso, pues ni las camionetas o camperos Chevrolet café y azul, ni los Renault blancos, ni los Mazda, son bienes específicos ni géneros distinguibles fácilmente dentro del grupo, menos aún en una ciudad como Medellín, ni tampoco son exclusivos del Estado, en su propiedad, uso o afectación.

Se observa además, que aunque se demandó a la Nación por actividades de la Policía y del Ejército y, al DAS por su propia actuación, el demandante al imputar las conductas no determinó a cuáles exactamente se refería; tampoco de los hechos probados puede deducirse la ingerencia(sic) de aquellas en la conducta irregular, material y jurídicamente, imputada, así pues, en relación con el Ejército, sólo se mencionó, sin haberlo demostrado, la presencia de un camión que transportaba militares y aunque hipotéticamente se hubiera probado, tampoco podría tenerse por demostrada su participación o cooperación en la conducta irregular de desaparición de Juan Martín, porque la sola presencia de una persona, pública o privada, sin apoyo en otras pruebas, no implica indefectiblemente su responsabilidad, por ende no es viable derivar que la desaparición de aquel le sea atribuible al Ejército por ese único hecho material imputado. En relación, con la Policía, la Sala desconoce cuál fue el supuesto fáctico pues la demanda, al respecto, no adujo nada. En relación con el DAS el sustento fáctico está dado porque los testigos presenciales dicen que los captores vestidos de civil y sin distintivos dijeron que a Juan Martín debían reclamarlo en el DAS, y que se trataba de un allanamiento, pero como ya se analizó no obra otra prueba que respalde la narración testimonial frente a una mera mención de los supuestos captores.

La Sala ha dejado adrede y de último la referencia a la prueba documental pública, más aún si se tiene en cuenta que la parte recurrente en forma velada ha dado a entender que esta prueba, en su mayoría pública, proviene de las autoridades que hacen parte de la Nación y que la desaparición de una persona no consta ni es escrita en los libros de las autoridades públicas. Sólo se dirá que de ninguno de esos documentos se evidencia labor militar, policial o de otro organismo de seguridad del Estado, en relación con la captura o retención de Juan Martín Arango, ni en los alrededores de la casa donde supuestamente sucedió el rapto y menos aún que las autoridades hayan sido informadas del caso, salvo en cuanto a la denuncia ante la Procuraduría que como ya se indicó se instauró pasado un año contado desde la ocurrencia del hecho afirmado definidamente en la demanda, más no probado.

Resta a la Sala referirse a la última y más fuerte de las críticas que el recurrente hace a la decisión del a quo,

b) LOS INDICIOS g

El apelante también acusó la sentencia de primera instancia porque el Tribunal a quo ignoró, por completo, la prueba indiciaria que se deriva: de la narración de los hechos de los testigos, de la situación generalizada de violación de derechos humanos y de desaparición forzada y de los casos en los cuales organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan casos concretos de desaparición forzada de otros Colombianos.

Al respecto la Sala considera que esos hechos a los cuales el demandante pretende atribuir la característica de indicios necesarios para encontrar eco en las súplicas de la demanda, no son indicios, toda vez que “si el hecho no muestra otro no es indicio ... es un hecho que tiene la propiedad, por así decirlo, de salirse de sí para mostrar otro, pero es un hecho, una circunstancia”(4).  

Esa consideración sobre la inexistencia de indicio, en el caso que ocupa la atención de la Sala se sustenta en que el demandante pretende que de cada hecho narrado por los testigos se infiera el hecho indicado, oculto o manifiesto pretendido, esto es, que fueron los agentes del Estado quienes desaparecieron a la víctima; en efecto, el dicho coincidente de los testigos se refiere únicamente a la retención de Juan Martín Arango por un grupo numeroso de hombres armados vestidos de civil quienes afirmaron definidamente —sin otro sustento— que se trataba de un allanamiento y que fueran al DAS a reclamarlo, pero de tales menciones no se deduce nada distinto que la desaparición de la víctima pero no la autoría del Estado (inimputabilidad de conducta).  

Además, los restantes hechos mencionados en la demanda y reiterados en el recurso de apelación, con los cuales el demandante buscó apuntalar la imputación (presencia de helicóptero oficial, camión con soldados y operativo de retén oficial) no se demostraron y, por tanto, no es viable tratarlos como hechos indicadores, toda vez que el hecho conocido del cual se pretende inferir el desconocido, sí debe y requiere estar probado, pues la prueba indiciaria no aparece de la mera elucubración.

Retomando otros hechos planteados por el actor como indicadores como son, de una parte, la situación generalizada de violación de derechos humanos y de desaparición forzada y de otra, algunos casos particulares y concretos sobre desaparición forzada de otros Colombianos denunciados por organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales para la Sala tampoco son entendibles como hechos indicadores, pues si bien tratan el problema de la desaparición de personas, para el caso concreto que se juzga, son independientes gyg autónomos al hecho de autoría Estatal que se pretende indicado. 

Nótese que incluso en dichos documentos se hace referencia a todos los partícipes del conflicto en Colombia no sólo al Gobierno (entendido como Estado) y en los casos concretos de personas cuya captura y posterior daño han sido causados por los organismos del Estado contaron con sustento probatorio fehaciente, que incluso permitió que la jurisdicción contencioso administrativa declarara la responsabilidad del Estado y la consecuencial indemnización. En cambio en este asunto, particular, la prueba es insuficiente tal y como ya lo estudió la Sala en los capítulos anteriores y como lo aseveró la Procuraduría al cerrar la investigación que se originó en la denuncia del padre de la víctima. Además, en el derecho Colombiano las decisiones proferidas dentro de otros procesos no constituyen antecedente de juzgamiento dado sus efectos inter partes.

Para la Sala entonces, el a quo no ignoró la prueba indiciaria, no exigió a los testigos juicio categórico de validez ni tampoco dejó valorar la prueba testimonial; por el contrario, los hechos probados no establecen que la conducta irregular (desaparición de un particular) sea atribuible a la Nación y por ende la Sala está relevada de estudiar los dos elementos restantes de responsabilidad, daño y nexo causal.

4. COSTAS:

Como para el momento en que se dicta este fallo la ley 446 de 1998, norma procesal de aplicación inmediata, dispone que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente (art. 55) y ninguna actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas(5).

En mérito de lo expuesto, el Consejog de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el día 15 de octubre de 1997 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, presidente—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández EnríquezRamiro Saavedra Becerra.

1 Corte Suprema de Justicia, mayo 14 de 1981. (Tomada de Tratado de la Prueba Judicial, El Testimonio. Parra Quijano, Jairo. Tomo I, El Profesional Ed. 3 ed. 1988. pág.56).

2 Sentencia de la Sala de Negocios Generales. Publicada en G. J. XLIII, pág. 277.

3 Sentencia 164. Leonel Arango Vélez contra Lucila Muñetón de Medina y otros. Publicada en G. J. Tomo CCXII. No. 2.451. pág. 7.

4 Parra Quijano. Jairo. Tratado de la prueba judicial, indicios y presunciones. El profesional ed. 1990, págs. 7 y 12.

5 En relación con este tema puede consultarse el fallo dictado por la Sala el día 18 de febrero de 1999, expediente 10.775.