Sentencia 1994-04914/24158 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION B

Radicación: 500012331000199404914 01

Expediente: 24158

Consejero ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Inversiones y Construcciones el Buque Ltda.

Demandado: Municipio de Villavicencio

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., 26 de junio de 2014

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia

5. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba 

6. En relación con la totalidad de los medios probatorios obrantes en el presente asunto, cabe señalar que al momento de presentar la demanda, la sociedad actora aportó algunas pruebas documentales consistentes en oficios realizados por el Instituto de Valorización Municipal del municipio de Villavicencio, correspondencia remitida por ella a planeación municipal del ente territorial referenciado, entre otras, que a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del C.P.C., serán valoradas libremente por la Sala. Al respecto, conviene recordar que recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación siempre y cuando no se hubieran tachado de falsos a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.//Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.  

(…)

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.(2) 

III. Los hechos probados 

7. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo, valorado en su conjunto y con observancia de lo expuesto en el anterior acápite, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

7.1. El 4 de junio de 1979, el señor Pedro Enrique Sánchez Quimbay pactó a título de compraventa con los señores Alfonso Peñaranda Ruan, Carlos Vicente Moreno Jiménez y Hernando Rojas González, la trasferencia de su derecho de propiedad sobre un lote de terreno que formaba “parte de un globo de terreno de mayores dimensiones denominado “EL BUQUE” ubicado en jurisdicción del municipio de Villavicencio”, del cual se segregaba y cuya extensión era de 250 052 metros cuadrados, protocolizándose su mapa topográfico al levantarse la escritura pública correspondiente, la cual fue inscrita el 10 de agosto del año en mención en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, inmueble para el cual se abrió el folio de matrícula inmobiliaria n.° 230-0011532, identificado igualmente con el código catastral n.° 01-4-001-003 -registro que posteriormente varió al código n° 01-04-078-0001-000-1, de conformidad con la resolución n.° 50-001-0139-94 del 30 de marzo de 1994, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-. En cuanto a los linderos iniciales del predio, se estipuló lo siguiente (copias auténticas de la escritura pública n.° 2191 levantada ante la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá D.C., del folio de matrícula n.° 230-0011532 y de la resolución n.° 50-001-0139-94 del 30 de marzo de 1994, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y copia simple del mapa topográfico levantado por el topógrafo Arístides Forero y titulado “INVERSIONES EL BUQUE”; f. 5a,16-32, 55, 71, c. 1):

OCTAVO: LINDEROS GENERALES. El lote materia de esta venta cuyo plano topográfico fue levantado de común acuerdo entre las partes y aceptado por éstas comprende las mismas (sic) linderos registrados en la escritura, en la escritura (sic) trescientos cuarenta (340) de fecha veinticuatro (24) de enero de mil novecientos cincuenta y siete (1.957), de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, según matrícula inmobiliaria número 230-0002593 del municipio de Villavicencio departamento del Meta y registro catastral número 01-4-001-001 de Villavicencio; para efectos del presente documento se alinderó utilizando el sistema de amojonamiento. POR EL ORIENTE. Partiendo del mojón 2 en una longitud de ciento sesenta y cinco (165) metros hasta llegar al mojón 1 que marca el costado derecho de la proyectada avenida Circunvalación en dirección oriente occidente, y de este mojón 1 en la misma dirección en una longitud de doscientos ocho (208) metros hasta el mojón 16. De esta dirección sur a norte y en una extensión de setenta y dos con cincuenta (72.50) metros hasta el mojón 15A, siguiendo la misma dirección en una longitud de cuatrocientos treinta y tres con setenta (433.70) metros hasta el mojón 15 (…). Del mojón 3 en dirección occidente-oriente, siguiendo la cerca de piedra en una longitud aproximada de ciento y treinta y dos (132MTS,) metros hasta encontrar el mojón 2 y encierra.(3)

7.2. La sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda. fue constituida por los señores Alfonso Peñaranda Ruan, Carlos Vicente Moreno Jiménez y Hernando Rojas González, mediante escritura pública n.° 1463 del 24 de noviembre de 1981 suscrita ante la Notaría 30 del Círculo de Bogotá D.C., la cual fue inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 30 de agosto de 1983. En la escritura pública referenciada, los mencionados constituyentes en calidad de socios, decidieron aportar a la sociedad como capital social, la suma de $12 000 000 dividida “en doce mil (12.000) cuotas o partes sociales, de un valor nominal de un mil pesos ($1.000.oo) moneda corriente (…). El aporte anterior ha sido pagado en su totalidad en la siguiente forma: a) para pagar el aporte anterior, los tres (3) comparecientes, por medio de esta escritura, transfieren a la sociedad a título de aporte social y en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12´000.000.oo) MONEDA CORRIENTE, el derecho pleno de dominio y la posesión material e inscrita que los comparecientes socios tienen por partes iguales, en común y en proindiviso sobre un lote de terreno denominado EL BUQUE, ubicado en jurisdicción del municipio de Villavicencio, con registro catastral número 01-4-001-003 de Villavicencio, el cual se encuentra alinderado, según su título de adquisición así: (…). El anterior instrumento fue registrado en el folio de matrícula del bien inmueble en mención, el 12 de enero de 1982 (original del certificado de existencia y representación legal de la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda., expedido el 12 de julio de 1995 por la Cámara de Comercio de Villavicencio y copias auténticas de la escritura pública n.° 1463 elevada ante la Notaría 30 del Círculo de Bogotá D.C., y del folio de matrícula n.° 230-0011532; f. 1-4; 27-49, 71, c. 1).

7.3. El 5 de diciembre de 1984, la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda. y el municipio de Villavicencio suscribieron un contrato de “CESIÓN A TÍTULO GRAUTITO” del derecho de dominio que ostentaba la primera sobre ciertos terrenos del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 230-0011532, negocio jurídico que fue elevado a escritura pública ante la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio e inscrito en dicho folio de matrícula el 12 del mismo mes y año, contrato en el que se acordaron los espacios cedidos según fueron delimitados en un plano definitivo de loteo que contenía el proyecto de urbanización “EL BUQUE”, conforme al aprobado por el decreto n. 64 de 1982 y al reloteo aceptado en acta n.° 38 del 22 de agosto de 1983. En el contrato se acordó (copias auténtica de la escritura pública n.° 4757 del 5 de diciembre de 1984, del folio de matrícula inmobiliaria n.° 230-0011532 y copias simples del plano definitivo de loteo del proyecto de urbanización “EL BUQUE”, de fecha noviembre de 1984; f. 5, 5b, 9-15, 83, c.1):

PRIMERA: PROPIEDAD DEL TERRENO: EL CEDENTE, declara que es propietario de un globo de terreno situado en la ciudad de Villavicencio, correspondiente a la extensión total de la urbanización El Buque la cual corresponde a la escritura pública No. 1.350 de fecha junio 15 de 1982 (sic), de la Notaria Primera del Círculo de Villavicencio, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No 230-0011-532, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Villavicencio, y con cabida superficiaria de: DOSCIENTOS CINCUENTA MILCINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS (250.052 M2), SEGUNDA: CESIÓN GRATUITA: EL CEDENTE TRANSIFERE A TÍTULO DE CESIÓN GRATUITA A FAVOR DEL MUNICIPIO, libres de todo gravamen con destino a uso público el derecho de dominio y la posesión que tiene sobre las siguientes zonas de terreno segregadas del inmueble alinderado en la estipulación anterior, zonas que se hallan especificadas y demarcadas en el plano de proyecto DE LA URBANIZACIÓN EL BUQUE, No. 1(4) de la siguiente manera:

VÍA 1(V-1) AVENIDA CIRCUNVALACIÓN: Con un área de 13.869.35 M2, y alinderado así: por el NORTE: en extensión de 503 ML, en línea recta siguiendo los mojones 9-10-11-101-139-140-31-31A-32, por el ORIENTE: en extensión aproximada de 15.50 ML, en línea recta siguiendo los mojones 32-33, por el SUR: en extensión aproximada de 510 ML, en línea recta siguiendo los mojones 33-53-75-76-77-195-201-78-93-94-95-8, por el OCCIDENTE: en extensión de 15ML, en línea recta siguiendo los mojones 8-9 y encierra. 

(…)

QUINTA: Las cesiones de zonas y obras de urbanismo y saneamiento a que se contrae el presente instrumento se efectúan por el CEDENTE, para dar cumplimiento a las obligaciones en tal sentido previstas en Decreto No. 065 de fecha junio 2 de 1982, y al Reloteo según acta No. 038 de Agosto 22 de 1983 del Departamento de Planeación, reglamentaria en la URBANIZACIÓN EL BUQUE (resaltado por la Sala).

7.4. Los días 12 y 13 de octubre de 1989, el Instituto de Valorización Municipal de Villavicencio ofició a la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda., con el objeto de comunicarle, por una parte, que unos terrenos que poseía aquélla estaban sin pavimentar, por lo cual se iba a llevar a cabo las obras de “pavimentación y obras complementarias de la avenida circunvalación, sector entre Villavicencio y la urbanización El Trapiche, la cual fue aprobada mediante el acuerdo 061 de septiembre 14 de 1.988”, y por lo cual le solicitaba que se acercaran a las oficinas respectivas para coordinar la “pavimentación del frente de sus terrenos”, y de otro lado, “que la franja de terreno de propiedad EL BUQUE LIMITADA, que se encuentra ubicada entre Villavicencio y la Urbanización EL BUQUE, la calzada derecha tiene afectación vial en todo su trayecto por la obra que va a ejecutar el Instituto de Valorización Municipal “pavimentación y obras complementarias de la avenida circunvalación (…)””, motivo por el que le pidió que le cediera dichos terrenos para que de tal forma se pudiera realizar la obra en comento, respectivamente (copias auténticas de los oficios n. G-550 y G-545, elaborados por el Instituto de Valorización Municipal de Villavicencio; f. 163, 164, c. 1).

7.5. El 3 de marzo de 1994, la sociedad Inversiones y Construcciones EL Buque Ltda. remitió una carta al secretario de Planeación Municipal, con el fin de advertir que comoquiera que para esa fecha se estaban adelantando obras de construcción con el objeto de ampliar la avenida Circunvalación en una parte del predio de su propiedad que no fue cedido gratuitamente al municipio, se le debía pagar el valor de ese terreno. En ese sentido, señaló (copia auténtica del memorial elaborado por la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda., elaborado el 3 de marzo de 1994; f. 51, c.1):

Por la presente nos permitimos someter a su consulta, para saber a (sic) quién nos debe pagar el valor de los terrenos de nuestra propiedad, ubicados en la urbanización EL BUQUE de esta ciudad, los cuales están afectados por la prolongación de la avenida Circunvalación y que no fueron incluidos en la escritura de cesión de la urbanización EL BUQUE, según escritura número 4.757 del 5 de diciembre de 1984 cuya copia adjuntamos.

Nosotros cumplimos con todas las cesiones estipuladas por planeación para la aprobación del proyecto urbanístico de la urbanización EL BUQUE, habiéndonos reservado este terreno por cuanto los terrenos que dan frente a esta proyectada vía en esa época, no eran de nuestra propiedad. 

Como quiera que en la actualidad están (sic) adelantando un proyecto de construcción en dichos terrenos, queremos saber con quién debemos negociar esta franja, si con el municipio de Villavicencio, o con lo propietarios de la construcción que allí se adelanta.

7.6. El 3 de junio siguiente, la aludida sociedad envió una comunicación escrita a “VALORIZACIÓN MUNICIPAL” del municipio de Villavicencio, con el objeto de informar que valoraban la franja de terreno colindante relacionada con el lindero derecho de la proyectada avenida Circunvalación, en un total de $99 840 000. Al respecto, manifestó (copia autentica del memorial del 3 de junio de 1994, elaborado por la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda.; f. 50, c.1):

Con la presente y de acuerdo a nuestra conversación en el día de ayer, estamos remitiendo fotocopia de la escritura pública número 2.191 de fecha 4 de junio de 1.979 correspondiente a la compra de los terrenos en los cuales se desarrolló la urbanización El Buque en esta ciudad. 

Hemos sobresaltado en rojo lo referente al lindero derecho sobre la proyectada vía de Circunvalación en esa época; según hoja de papel sellado número AB-02784643. 

Nosotros hicimos entrega al municipio, según escritura número 4.757 del 5 de diciembre de 1984 de todas las afectaciones sobre nuestro predio. A la franja de terreno de nuestra propiedad le corresponde el número de matrícula catastral número (sic) 01-04-0748-0001-000-001. Esta franja mide 208 metros de longitud por 15 metros de ancho para un área total de 3.120 metros cuadrados, y le estimamos un valor de $32.000.000,00 M2 para un total de $99.840.000.00.

Agradeceríamos nos dieran una pronta solución.  

77. Alrededor del mes de septiembre de 1994, la parte demandante en el presente asunto elevó solicitud de conciliación extrajudicial a la cual pidió citar al municipio de Villavicencio y al Instituto de Valorización Municipal -órgano del cual no se probó que tuviera personería jurídica-, con el fin de intentar llegar a un acuerdo sobre el valor o precio de la parte del terreno de su dominio que había sido invadida -alrededor de dos meses antes a la presentación de la petición en comento(5)-, para continuar con la construcción de la avenida Circunvalación. En la diligencia respectiva, fue señalado por las partes (copias auténticas de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada por la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda., de la hoja de reparto de la misma, y del acta de la diligencia de conciliación extrajudicial celebrada el 16 de noviembre de 1994; f. 59-60, 116-120 c. 1):

Manifiesta: Esta como se propone en la petición se busca que el municipio y el Instituto de Valorización pague la franja de terreno que en el curso de este año procedió a abrir como vía pública y que aún no ha salido del dominio de la sociedad que represento, por la elemental razón y al constituirse la urbanización por la sociedad que represento no fue cedida por no quedar dentro de la afectación vial a que estaba obligada la sociedad en su momento a hacer. En ningún momento se está pidiendo que se pague una vía pública ni tampoco y esto lo manifiesto por lo que al respecto se comentó por el señor representante del municipio que por un posible error cuando se hizo la aprobación de la urbanización por los funcionarios de la época, no se hizo tal cesión que de haber esto ocurrido con mayor razón no puede mi poderdante pagar los errores que en su momento pudo haber cometido el municipio. En cuanto al valor de la franja, dejo enclaro (sic) que esta (sic) sería negociable sobre la base de que el municipio o valorización aceptara que está (sic) obligada a cencelar (sic) el valor del terreno que por las vías de hecho hizo vía pública y que ha motivado esta petición. (…) En representación de la administración municipal, comedidamente me permito manifestar que no existe ánimo conciliatorio al respecto y que por el contrario existe preocupación y en cierta forma repudio por lo acaecido en la urbanización El Buque, donde en un principio el mismo urbanizador elaboró en sus propias oficinas y presentó a la administración municipal un plano topográfico, en el cual se nota con claridad nítida, valga la redundancia, una avenida que el urbanizador llamó en ese momento como avenida de circunvalación. En dicho plano, que merece toda credibilidad para la administración municipal, (…) aparece la vía llamada avenida de circunvalación, sin sin (sic) reserva y limitación alguna y este plano así presentado por el urbanizador fue aprobado por el decreto No. 136 de diciembre 5 de 1989, firmado por el señor alcalde, por el director de planeación y por el secretario de gobierno de esa época. Así las cosas el municipio al proferir este acto administrativo dio por aprobado el plano presentado por el urbanizador y en este momento no puede cambiar estos parámetros así se diga que no se cedió y que la avenida continuó siendo de propiedad privada porque en su debido momento no se incluyó en la escritura de cesión de áreas que también debe ser elaborada inicialmente por el urbanizador, demostrando así que la administración al parecer fue víctima de un engaño, no se sabe si con la complicidad, tolerancia o ignorancia de los funcionarios de planeación que en ese momento debía (sic) hacer el estudio de la documentación presentada por el urbanizador. En consecuencia una franja de terreno que había sido claramente señalada por el urbanizador como una vía, se reservó como propiedad privada, lo cual no deja de ser por lo menos inaudito. Por esa época estaba en vigencia el decreto 022 de 1.986 y en su artículo 24 y subsiguientes, establece las obligaciones que debe cumplir el urbanizador entre ellas la de ceder las vías necesarias y en este caso con mayor razón las trazadas por él mismo como vía pública. La norma que me refería anteriormente es un decreto municipal que para esa época estaba vigente como Código de Urbanismo y la vialidad a que me he referido se encuentra consagrada en el literal F del artículo 47. Así las cosas no se requiere mucha dedicación niesfuerzo (sic) para deducir sin lugar a dudas que el hecho de noincluir (sic) en una escritura de cesión de áreas una vía pública que ya se había señalado como tal en el plano de la urbanización es cuando menos un fraude al municipio que no estamos dispuestos a cohonestar porque esta administración que preside la Dra. ZORAYA ROMERO MEDRANO ha sido y seguirá siendo honesta y pulcra hasta el final. Finalmente debo anotar que la vía circunvalación si venía siendo ocupada por elpúblico (sic) en general y por los urbanizadores que tienen obras al frente tales como FER GLAS LTDA que la está utilizando desde hace más de un año, cuando dirigió una comunicación en tal sentido a la oficina jurídica del municipio, en la cual informaba que el arquitecto CARLOS VICENTE MORENO le estaba obstaculizando la entrada y que le había ofrecido en venta la parte de la avenida, que hoy pretende que le pague al municipio, en ese entonces por la suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000). En esa ocasión personalmente me trasladé al lugar y pude verificar que la parte a que se refiere la solicitud de conciliación se diferenciaba del resto del trayectode (sic) la vía, solamente por que (sic) estaba sin pavimentar y por dicha razón no la utilizaban los vehículos que pasaban a la otra calzada que sí estaba pavimentada. Observé que por esta vía, que hoy dicen es privada pasa una obra pública como es el alcantarillado de ese sector de la ciudad. Así las cosas reitero que no hay disposición para conciliar y que la reciente pavimentación que se hizo no fue una toma de la vía como se ha dicho en esta diligencia sino que obedece a una vieja aspiración de los moradores de esta zona que encontró eco en la señora Alcaldesa y por dicha razón se ejecutó la obra para beneficio de la comunidad y no del propio municipio. (…) no veo la posibilidad de que el Instituto de Valorización Municipal pueda conciliar sobre el valor de la misma. (…) Además, debo aclarar que la Secretaría de Planeación Municipal la proyectó como parte de la malla vial de la ciudad que de acuerdo con los planos que se presentan al expediente unirá la avenida de circunvalación con el anillo vial segunda etapa. Quiere decir lo anterior que la administración públicaen (sic) este caso accedió a unos parámtros (sic) de interés social que independiente de vicios formales, en el procedimiento decesión (sic), tiene que ceñirse a los procedimientos señalados en el Código de Urbanismo del municipio. (…) Quiero manifestar que la urbanizadora cumplió con todos sus requisitos haciendo las cesiones correspondientes, la cesión de vías, afectaciones viales, zonas verdes y demás requisitos indispensables para la aprobación de la urbanización, para evitar suspicacias mal intencionadas, de engaños al municipio quiero informarles que el municipio no aprobó esta urbanización sin su estudio correspondiente por los funcionarios de la época y sin antes haber llenado todos los requisitos como ya dije; prueba de esto es que la escritura decesión (sic) al municipio tiene fecha de diciembre 5 de 1.984 siendo alcalde el Dr. OMAR ARMANDO BAQUERO SOLER fecha ésta muy anterior a la aprobación del decreto que autorizaba la urbanización.

7.8. Los días 9 de noviembre de 1999 y 3 de febrero del 2000, fue practicada la inspección judicial con intervención de peritos solicitada por la parte demandada en la contestación de la demanda(6), diligencia en la que se registró que en el bien en conflicto había sido construido un segmento de la calzada derecha de la avenida Circunvalación del municipio de Villavicencio, cuya longitud era de 200 metros y anchura era de 15 metros, aproximadamente. Por su parte, en el dictamen rendido por los auxiliares mencionados, se estableció que los mojones que habían fijado inicialmente los linderos del predio total adquirido ulteriormente por la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda, habían variado luego de que se efectuara el reloteo aprobado mediante el acta n.° 38 del 22 de agosto de 1983 -por la cual se reglamentó la urbanización El Buque; ver notas 3 y 4-, no obstante lo cual, comparando los planos respectivos, advirtieron la correspondencia de la mayoría de éstos al igual que de los límites del terreno. Es así como una vez efectuado lo anterior y verificadas las partes del bien inmueble cedidas gratuitamente al municipio de Villavicencio, determinaron que efectivamente había una porción del terreno que no había sido objeto de tal traslado de dominio, no obstante lo cual, se había edificado un fragmento de la avenida Circunvalación en el mismo, terreno cuya área superficiaria era de 3 196,34 metros cuadrados, el cual estimó en $667 492 076,80 m/cte para el año 2000, luego de realizar un estudio comparativo en la zona y un análisis del mercado inmobiliario, valor que asignaron de haberse podido destinar el predio en mención a ser urbanizado. Del estudio aludido, cabe destacar lo siguiente (actas de las inspecciones judiciales efectuadas por el Tribunal a quo y dictamen pericial rendidos por los peritos Víctor Manuel Parrado Parrado y Jesús Enrique Guzmán Valbuena; f. 214-216, 221-223, c.1; 1-50, c. dictamen pericial):

(…) El relote llevado acabo (sic) sobre el predio previamente descrito en el ítem 1.1.- fue el presentado a la oficina de Planeación de Villavicencio por la SOCIEDAD INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL BUQUE LTDA (…).

Por medio de este acto se renombraron los mojones límites del lote, como se observa en el plano de aprobación de reloteo (…) donde se marca con rojo el número de cada uno de los mojones correspondientes al plano de terreno PL-1 comprobándose su correspondencia entre sí en la mayoría de estos, al igual que en sus límites (Léase el mojón de relote correspondiente entre paréntesis) así:

Partiendo por EL ORIENTE del mojón N° 2 (N° 34) en longitud de ciento setenta y cinco metros (165.00) hasta llegar al mojón N° 1 (No hay mojón correspondiente en reloteo); luego partiendo del mojón N° 1 (no hay mojón correspondiente en reloteo) en dirección oriente occidente hasta llegar al mojón N° 16 (N°31) en extensión de doscientos ocho (208.00) metros (…).

1.2.2.- ACLARACIÓN DE CORRESPONDENCIA: 

(…)

En consecuencia los puntos del reloteo se ajustan con excepción de: 

A).- Al mojón N°2 le corresponde en el reloteo el N° 34, y no extiende su longitud al mojón N° 1 sino al N° 32 en una longitud de ciento cuarenta y ocho metros con ochenta y un centímetros (148.81). Del N° 32 sí se va al N°1 en una longitud de 16.02 ml. 

B).- El mojón que aparece como N° 31A del reloteo y que no tiene relación con mojón alguno en el terreno inicial de la compra, aparece en el eje de la vía -avenida de Circunvalación- y se cruza con el eje de la vía 2(V-2) apareciendo, así, una línea paralela al lindero oriental referenciado entre el mojón N° 1 y mojón N°16 de la escritura de compra y el mojón N° 32 y mojón N° 31A de la escritura de reloteo. Definiéndose, de esta manera, la media calzada en el reloteo para cesión de vías. 

(…)

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD 

(CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROPIEDAD) 

La propiedad está determinada por el remanente que quedó después de elaborarse la escritura de cesión N° 4757 de la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio a favor del municipio de Villavicencio (…). En este plano, que se anexa, aparece el área cedida de la avenida Circunvalación y que reza en la escritura referenciada así: VÍA I (V-1): AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, con un área de 13.869.35M2, y alinderado así:

(…)

EL REMANENTE en cuestión está conformado por el área que queda inscrita en los siguientes linderos: partiendo del mojón uno (N° 1) de la escritura de compra en sentido occidental al mojón diez y seis (sic) (N° 16) de la escritura de compra (treinta y uno (31) de la escritura de reloteo), en una longitud de doscientos ocho metros con diecisiete centímetros (208.17mts), limita: con predios del conjunto cerrado Villa María, en una longitud de 16.16 ML; con terrenos de Inversiones Palermo en 58.37 ML, con los de Balcones de la Calleja en 35.99 ML, con propiedades de Dacasa en 34.77 ML, con los de Llano 2000 en 34.76 ML y con terrenos de Inversiones Palermo en un (sic) longitud de 28.12 ML, de allí gira en sentido sur a alcanzar el mojón treinta y uno “A” (N° 31A de la escritura de reloteo) limita con la avenida circunvalación y cruce con la actual carrera 43 en longitud de quince metros con cincuenta y siete centímetros (15.57); de este mojón en sentido oriental hasta el mojón N° 32 (de la escritura de reloteo) sobre el eje del separador de la vía circunvalación, vía al medio con el conjunto cerrado El Buque y conjunto cerrado Buganvilles en longitud de doscientos diez y siete (sic) metros con noventa y un centímetros (217.91); de allí gira en sentido norte limitando con avenida circunvalación con longitud de diez y seis (sic) metros con dos centímetros (16.02 mts.) hasta alcanzar el mojón N°1 (del a escritura de compra). Este remanente tiene una cabida superficiaria de tres mil ciento noventa y seis punto treinta y cuatro metros cuadrados (3196.34 M2). Ver PLANO DEL LOTE de la medición realizada por los peritos y del cual se anexa también la cartera.

La propiedad en cuestión descrita en el ítem anterior, actualmente, forma parte de la vía -AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN- área no cedida por no ser exigible según la legislación de la época. 

(…)

2.3.- USO DE DESTINACIÓN DEL INMUEBLE 

El predio, en discusión, hace parte del plan vial del municipio de VILLAVICENCIO y en consecuencia por no haberse podido exigir, legalmente como cesión, debió ser negociado cumpliendo con la proyección vial de la administración municipal. 

2.4.- ENTORNO DEL SECTOR 

El entorno del sector tiene características bien definidas, una de predios con uso mixto sobre la avenida y otra en predios ya urbanizados de estrato alto, el sector se halla con desarrollo urbanístico. Su estrato es cinco y conformado en 90% por agrupaciones residenciales de esquema cerrado denominados comúnmente conjuntos residenciales. 

(…)

4.2.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO Y TOPOGRAFÍA 

El terreno es de leve inclinación apropiado para redes de conducción. Pequeños niveles de ventajas múltiples en diseño arquitectónico. 

4.3 La forma del predio está definida y determinada principalmente por los límites de la compra inicial. Es un trapecio regular y de características geométricas con lados desiguales en longitud. 

(…)

V.- BASES Y MÉTODO DEL AVALÚO  

El valor asignado al predio, objeto del presente avalúo, es el correspondiente al que se determina, tomando como referencia los valores de los predios del sector, en condiciones y características normales del mercado inmobiliario de la ciudad. 

(…)

Estos datos estarán basados en una muestra aleatoria simple, por la encuesta que los determina. 

5.1.- CONSIDERACIONES JURIDICOECONOMICOS (sic)

5.1.1. - ASPECTOS ECONÓMICOS 

Para la determinación del valor del terreno se llevó a cabo la investigación económica en forma directa e indirecta, del valor bruto de los terrenos de las urbanizaciones que se están desarrollando en el sector. 

(…)

Se realizó un estudio y análisis del mercado inmobiliario consultando las estadísticas propias y de la muestra aleatoria, sobre operaciones y avalúos recientes de propietarios y administradores del sector.  

Esto nos deja ver que el terreno como bien de capital debe producir un interés comercial para sus propietarios. Este se debe estimar como el coste de alquiler que tiene por objeto contrapesar el deterioro del valor adquisitivo que sufre la moneda en tal período. El valor real de tal conjetura se tasará como la valorización neta de un lote en un período de tiempo. 

Deduciendo el incremento porcentual de valores de la tierra en el sector, y el índice general del costo de vida que aumenta en un porcentaje definido de donde se resta el incremento del valor de la tierra menos el valor del coste general de vida lo que da como resultante el índice de valorización neta. Sumándolo al valor inicial obtenido de la encuesta llevado a una regresión lineal donde se obtendrá el valor M2 real para el sector. 

5.1.2.- CONSIDERACIONES 

Elementos intrínsecos tomados en la encuesta como cualitativos para reafirmar parámetros de homogeneidad, calidad y plusvalías de mercado considerados determinantes al efectuar la valuación (véase postulados 1, 3, 4, 5, 6, y 10 de la encuesta). 

Extrínsecos inherentes a los inmuebles circundantes considerados determinantes para efectuar la valuación por cálculo matemático. 

Dentro de la muestra aleatoria, el muestreo es aleatorio simple partiendo de que se ubica en un sector específico de la ciudad (véase plano anexo localización predios de la muestra) y que los predios de la muestra están en relación usuario vivienda =1 y que el número promedio de habitantes por vivienda es de 5. Se considera constante por lo que se desprende de la información DANE, además que esta ubicación se encuentra en el estrato 5 generalizado para todo el sector por viviendas en esquema urbano cerrado a partir de el (sic) hecho de la homogeneidad del sector por viviendas en esquema urbano cerrado es decir conjuntos residenciales (de grandes áreas) los cuales a partir de los parámetros de planeación tienen características similares y porcentuales en áreas iguales; aliados a predios de aproximadamente el 20% de área comparados con los primeros pero de mayor valor de venta que éstos; lo que determina una muestra con una sola variable o precio de venta actual. Se realizó entonces un muestreo por encuesta y de allí se podrá deducir el costo por M2.

(…)

6.2 VALOR DEL PREDIO DEL AVALÚO 

VALOR TOTAL DEL INMUEBLE 

Basados en el valor del metro cuadrado del sector $208.830,12/m2 y multiplicado por el área del lote de avalúo (3.196.34 m2) se obtiene un valor de seiscientos setenta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil setenta y seis pesos ($667.492.076.80) con ochenta centavos moneda legal. 

(…)

Tendríamos también que el precio del terreno se valorizó así: 

$32140,oo /m2 para 1981 

$208.830,12/m2para el año 2000 

Donde $32.140,oo corresponde a un 15.39% del valor actual del metro cuadrado. Esto indica que el valor por metro cuadrado, en 17 años se incrementó en un 84.61%, a razón de 4.98%, aproximadamente por año. 

Estos incrementos están sujetos a la ola inflacionaria creada por el valor constante UPAC que tan sólo para este año regresara a tazas normales bajo la modalidad de U.V.R.(7)

IV. Problema jurídico 

8. En consideración a que la sentencia de primera instancia, declaró la caducidad de la acción en el presente asunto, debe la Sala abordar el estudio de su configuración para establecer si efectivamente los demandantes hicieron uso de la acción de reparación directa de manera extemporánea, o si por el contrario, el escrito inicial fue presentado a tiempo, para lo cual se impone tener en cuenta que la ocupación material permanente -obras de construcción- del bien objeto del litigio habría iniciado, de conformidad con los elementos de convicción allegados al expediente, en el año 1994 -no se estableció un mes en específico-.

8.1. Ahora bien, en caso de determinarse la procedibilidad del estudio de fondo de las peticiones contenidas en el libelo introductorio por verificarse que la acción respectiva fue ejercitada oportunamente, le corresponderá a la Sala dilucidar la configuración del daño alegado por la sociedad demandante, consistente en la ocupación de un bien inmueble de su propiedad que en ningún momento se encontraba en el deber jurídico de ceder gratuitamente al municipio de Villavicencio, así como su imputación a éste, para de tal forma comprobar el surgimiento de la obligación de indemnizar los detrimentos ocasionados con el hecho en cuestión en cabeza del ente territorial mencionado y así proceder a liquidarlos.

V. Análisis de la Sala 

9. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. De esta manera, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, toda vez que de no hacerlo en tiempo oportuno, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho conculcado cuya reparación pretenden.

9.1. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente(8).

9.2. Con observancia de lo anterior, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. -previo a su modificación por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(9)-, para ejercer la acción de reparación directa se estableció un término de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público, so pena de que se produzca su caducidad.

9.3. En este sentido, para la aplicación de la regla mencionada, resulta suficiente en la mayoría de los casos verificar el día en el cual ocurre cualquiera de los eventos descritos, con el fin de que sea posible contabilizar el plazo señalado a partir del mismo, sin perjuicio de que, bajo ciertas circunstancias, sea posible que el cómputo del término en mención varíe.

9.4. En efecto, comoquiera que la acción de reparación directa pretende el resarcimiento o indemnización de un daño, no resultaría plausible que el lapso de tiempo para presentar la demanda correspondiente se contabilice como se expresó, cuando dicho daño no se genera o no se hace visible de manera concomitante con el hecho, actuación u omisión respectiva, motivo por el cual, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación que en dichos casos, el tiempo para la configuración del fenómeno procesal de la caducidad inicia para quien se encuentra llamado a acudir a la jurisdicción, desde el momento en que debió tener conocimiento del daño aludido o en otras palabras, que éste se hubiera hecho advertible(10), puesto que se precisa que no siempre ese momento de ocurrencia consiste en aquél en que la persona en específico tuvo conocimiento del referenciado daño -lo cual es una circunstancia subjetiva que en ocasiones no es posible advertir, sino desde la fecha en que resultaría evidente que pudo haberse percatado del mismo, habiendo razones que justifiquen el conocimiento posterior a la circunstancia en la que éste se fundamenta(11)-. Al respecto, se ha señalado:

A efectos de la contabilización de dicho término ha de tenerse en cuenta que “por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”(12). Así mismo, que “la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos”(13), de manera que “el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr”(14). 

Así mismo, ha dicho la Sala que “debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido”(15). Bueno es recordar igualmente que, según lo ha precisado la Sala(16): 

“El hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000: 

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos(17).”(18)(19) 

9.5. Ahora bien, en los casos de ocupación de inmuebles, la Sala Plena de la Sección Tercera, en un reciente pronunciamiento que reitera antiguos criterios jurisprudenciales sobre el conteo del término de caducidad, estableció una distinción entre la ocupación temporal y la permanente, y precisó que, mientras en el primer caso el tiempo para interponer la demanda se cuenta a partir de que ha cesado la perturbación, cuando se trata de una ocupación permanente, en contraste, el término empieza a correr desde que se ha consumado la afectación, lo que ocurre, por ejemplo, cuando termina de construirse la obra pública que ocupa el inmueble. Así, en la providencia del 19 de febrero de 2011 se dijo:

30. La jurisprudencia de la Sala distingue dos supuestos, en lo que tiene que ver con la ocupación temporal o permanente de inmuebles: 

31. (I) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para el ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior. En la sentencia del 10 de junio de 2009 se dijo al respecto: 

En los asuntos relativos a la ocupación de un inmueble por trabajos públicos, la jurisprudencia ha reiterado, en varias oportunidades […], que el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que cesó la ocupación del bien, comoquiera que la pretensión del afectado es reclamar los perjuicios que se dieron durante el lapso que permaneció ocupado el terreno y éstos sólo pueden determinarse, cuando aquella haya cesado.

(…)

Como quiera que el acta de iniciación del contrato no fue aportada al expediente y de las actas de reunión no se puede establecer claramente cuándo se dio por terminado aquél, en el presente caso no se declarará la caducidad de la acción toda vez que al no existir claridad sobre la fecha exacta de finalización de la obra, se entiende que no ha corrido el término legal de 2 años para presentar la demanda de reparación directa por ocupación de inmueble por trabajos públicos(20).

32. Por otra parte, (ii) cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”, el término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la misma: 

Así las cosas, en tratándose de ocupación temporal o permanente de inmuebles el inicio del término para intentar la acción de reparación directa coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble, es decir, desde cuando cesó la ocupación temporal, o desde cuando se terminó la obra en relación con la ocupación permanente, y solo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo, de acuerdo con las circunstancias concretas del caso(21).

33. Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término(22), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a la aplicación de los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales(23).

9.6. Asimismo, al momento de contabilizar el término de acaecimiento del fenómeno procesal aludido, el juzgador no puede perder de vista los hechos génesis del daño objeto de la demanda, así como éste, habida cuenta de que como se mencionó, de ellos depende dicho cómputo, y para lo que cabe precisar que en materia de ocupación de bienes inmuebles, es posible que ésta se presente de manera material -temporal o permanente-, o jurídica, situaciones que si bien pueden llegar a vulnerar los derechos de los particulares de manera similar, también es cierto que es posible que comporten diferencias entre ellas que influyen en la forma en que opera la caducidad de la acción para solicitar la indemnización de los perjuicios que generan. En efecto, puede suceder a título de ejemplo que el Estado decida declarar de utilidad pública un bien inmueble de propiedad privada afectándolo para dicho fin -siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos establecidos por la ley vigente para ello-, lo que equivaldría a que a su dueño le fuera inviable disponer libremente del mismo durante el tiempo en que se tarda la celebración del contrato correspondiente con el Estado, pero en últimas éste no se lleva a cabo -situación que puede ocurrir y que se constituiría en la ocupación jurídica del bien por el tiempo en que se restringió el derecho de propiedad del interesado-, limitación que se volvería la fuente del daño que se procedería a demandar y evento en el que el conocimiento de la misma es esencial para establecer la caducidad de la acción pertinente. De esta manera, la Sala de esta Subsección ha destacado:

Para tal efecto se hará, en primer término, una breve presentación de los eventos en los cuales la administración puede causar daños a los titulares de derechos reales de bienes inmuebles, cuando tales bienes resulten comprometidos, por su destinación, a una obra pública o a la prestación de un servicio de interés colectivo, de manera temporal o definitiva (afectación, expropiación, ocupación temporal, permanente o jurídica); la acción procedente para reclamar la indemnización de esos daños y el momento a partir del cual se considera que se materializan los mismos, con el fin de establecer cuándo empieza a correr el término para presentar en forma oportuna la demanda.  

(…)

Puede suceder que la entidad estatal autorizada por la ley declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación y, sin embargo, lo ocupe materialmente con la obra pública. En este caso, se está frente a un hecho de la administración, cuya reparación puede ser demandada a través del ejercicio de la acción de reparación directa, y el término para interponerla, según lo previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, es de dos años, contados desde el día siguiente al de la finalización de la obra pública, si la ocupación es permanente, o desde que cesa la ocupación temporal del inmueble, o desde que el actor tenga conocimiento de esos hechos, siempre que demuestre que no pudo enterarse de los mismos con anterioridad(24). 

También puede suceder que la entidad declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación ni lo ocupe materialmente, pero se niegue a expedir las autorizaciones administrativas necesarias para que el propietario puedan realizar construcciones sobre el mismo, reformarlo, urbanizarlo, lotearlo, etc. Es decir, que se hubiera producido una ocupación jurídica, en tanto si bien no se despoja materialmente del bien a su titular, sí se le limita el ejercicio de las facultades propias de los derechos reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio ocupado, como ocurre en los casos en los cuales se le impide la explotación económica del bien(25).  

El afectado, en tal caso, podrá demandar la reparación de los perjuicios que ese hecho le cause, también a través del ejercicio de la acción de reparación directa, la cual puede interponer dentro del término previsto en la ley, contado a partir del momento en que tenga certeza de que el titular está imposibilitado para hacer uso de las facultades que el derecho le reconoce en tal calidad(26). 

9.7. Finalmente, si bien como se observó, la caducidad de la acción produce efectos en virtud de la ley y no admite sujeción alguna a la voluntad de las partes que conforman el respectivo litigio judicial, no se puede desconocer que desde 1991, el legislador introdujo al ordenamiento jurídico colombiano el instituto de la conciliación(27) -Ley 23 de 1991-, y previó que en virtud de dicho instrumento de autocomposición cuando se constituía en una actividad preventiva para evitar el inicio de un proceso judicial contencioso administrativo -trámite de una conciliación prejudicial, posteriormente denominada conciliación extrajudicial por el artículo 3 de la Ley 640 de 2001-, se suspendía el transcurso del plazo en que los interesados podían demandar la protección o el resarcimiento del bien jurídico del que aludían ser titulares y que se encontrara tutelado por la ley, por lo que es claro que desde la fecha en que comenzó a regir aquélla ley se estableció un condicionamiento al carácter continuo de contabilización del término para demandar ante esta jurisdicción, puesto que a nivel legal se aceptó que cuando se intentara llegar a un acuerdo conciliatorio previamente a presentar una demanda, tal interregno se vería suspendido por un plazo determinado(28).

9.8. Ahora, con observancia de todo lo expuesto, la Sala considera que en el caso concreto, de conformidad con la demanda y los elementos probatorios obrantes en el plenario, no le asistió razón al Tribunal a quo al deducir la configuración de la caducidad de la acción de reparación directa ejercida por la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda. en cuanto a los hechos en discusión, los cuales según ella, dieron lugar al daño cuya indemnización depreca en el presente proceso.

9.9. A pesar de que lo sostenido en la sentencia de primera instancia es acertado, en cuanto a que es posible inferir -debido a la carencia de material probatorio directo al respecto- que el inmueble objeto de litigio tenía vocación de uso público desde el momento de la aprobación del plano de la urbanización El Buque, es decir, desde 1982 -en virtud del acto jurídico al que se hace mención en ese mapa y en la escritura pública de cesión gratuita n.° 4757 del 5 de diciembre de 1984, es decir, del decreto n.° 64 de 1982; ver párrafo 7.3 y consultar la Ley 1 de 1943, vigente al momento de ocurrencia de los hechos-, en consideración a que en el croquis en comento se advertía que esa parte del predio iba a ser destinada a la edificación de un segmento de la avenida Circunvalación del municipio de Villavicencio, y adicionalmente, que para el año de 1989, dicho ente territorial ofició a la sociedad demandante reconociendo su derecho de propiedad sobre aquélla pero solicitando su cesión para efectuar la obra pública mencionada, se advierte que tales circunstancias no pueden ser tomadas en cuenta para efectos de contar el término preclusivo en que se debía incoar la demanda en análisis, toda vez que para esos momentos no habían acaecido aún los acontecimientos objeto del libelo introductorio que dieron lugar al daño aseverado como ocasionado -los que como se verá, se encuentran fehacientemente demostrados-, esto es, la ocupación física y material con aptitud de permanencia que cercenó de manera definitiva el derecho de dominio sobre el terreno por el cual la sociedad demandante sometió este asunto a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, hecho por el cual no percibió valor o remuneración económica alguna.

9.10. Es así como se observa que en la decisión impugnada se incurrió en un yerro o confusión que llevó a que se hubieran denegado las pretensiones solicitadas por la parte actora, en tanto se coligió que el término de caducidad tenía que contabilizarse desde el momento en que se afectó el bien inmueble correspondiente para ser usado con fines públicos, como si éste hecho por sí solo fuera el origen de la demanda y del daño por el cual se ejercitó la acción de reparación directa, no obstante lo cual, se advierte que de una simple lectura de aquélla es factible avizorar que su fundamento tiene que ver realmente con un hecho material que si bien guarda relación a nivel legal con la declaratoria de interés público en comento, mantuvo en el caso concreto total autonomía y exclusividad como origen del detrimento demandado.

9.11. Ciertamente, se impone destacar que la parte demandante no elevó pretensión alguna destinada a pedir la indemnización de los perjuicios ocasionados por el destino que habría sido determinado para el bien inmueble de su propiedad, carga que le correspondía asumir de conformidad con la ley(29), si no que enfocó sus pretensiones al resarcimiento de los menoscabos que le significó la circunstancia de que la franja de terreno aludido hubiera sido invadida permanente, sin percibir su valor económico así como los ingresos que de su explotación hubieran ingresado a su patrimonio.

9.12. En consecuencia, tratándose el presente asunto de una ocupación permanente de bien inmueble, teniendo en cuenta que se debe acudir al precedente jurisprudencial que en interpretación de la norma pertinente estableció que el término de caducidad de la acción de reparación directa fenece después de los dos años contados a partir del momento en que se concreta la perturbación definitiva, es decir, en que finaliza la obra pública que se edificaba -ver párrafos 9.5 y 9.6-, y sin perjuicio de que en el sub judice no se hubiera allegado medio de prueba alguno que permitiera inferir dicha fecha, es posible concluir que la demanda fue presentada en tiempo oportuno, debido a que sí obran elementos probatorios que posibilitan determinar que la construcción de la calzada en cuestión inició en el año 1994 -alrededor del mes de marzo, según la carta enviada por la sociedad demandante al Instituto de Valorización Municipal y la solicitud de conciliación extrajudicial; ver párrafos 7.6 y 7.7-, de lo que se sigue que la misma necesariamente culminó de manera posterior, y al haber mediado el agotamiento de una conciliación extrajudicial -la cual suspendió la contabilización del término de caducidad de la acción por el lapso de 60 días de conformidad con la Ley 23 de 1991, vigente para el momento de presentación de la demanda; ver párrafo 9.7 y nota n.° 28- y haber sido incoado el escrito inicial el 15 de agosto de 1995, resulta palmario que para ese momento no podía haber transcurrido el interregno de dos años contados desde la finalización de la construcción de la ampliación de la avenida circunvalación del municipio de Villavicencio, por lo que es evidente que el fenómeno procesal en análisis no operó.

10. Una vez precisado lo anterior, la Sala advierte que se encuentra debidamente acreditado el daño objeto de la demanda, consistente en la ocupación permanente de una franja de terreno de un predio de mayor extensión de dominio de la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda. -propiedad adquirida a título de aporte de los socios correspondientes, conforme a la escritura pública n.° 1463 del 24 de noviembre de 1981, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria n.° 230-0011532, el 12 de enero de 1982; ver párrafos 7.1 y 7.2 con sus notas respectivas-, cuya extensión se estableció en 3 196,34 metros cuadrados de acuerdo al dictamen pericial obrante en el plenario, ocupación que se inició alrededor del mes de marzo de 1994 y que consistió en la edificación que allí se hizo de un fragmento de la calzada de la parte derecha de la avenida Circunvalación del municipio de Villavicencio, sin que se hubiera negociado su valor de adquisición y por ende, sin que se hubiese recibido la remuneración correspondiente -ver párrafos 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8 con sus notas correspondientes-.

10.1. En este punto, conviene precisar que si bien como se ha resaltado, se puede colegir que la parte del terreno que terminó por ser ocupado estaba afectada al interés público para la construcción de una vía en el municipio de Villavicencio, de ello no se deriva irreflexivamente que la sociedad demandante se encontrara en el deber jurídico de ceder gratuitamente su derecho de dominio sobre el mismo, es decir, sin que se le reconociera la debida contraprestación económica que la ley ordena en la mayoría de los casos luego de la tramitación del proceso pertinente de negociación directa o el de expropiación, consideración que fue estimada como procedente por la parte demandada para alegar que el daño producido con la ocupación de cualquier forma era jurídico, así como también que desde el momento en que se aprobó la urbanización se le debió haber cedido aquél de manera gratuita y el hecho de que no se hubiera incluido en la escritura pública correspondiente obedecía a un error, por lo que no resultaba factible declarar su responsabilidad en el sub lite.

10.2. En este sentido y para abordar el estudio del argumento esbozado por la parte demandada, se debe recordar que el artículo 90 de la Constitución Política contempló que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y por ende, es claro que el constituyente decidió establecer un fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado(30), para lo que determinó dos elementos estructurales para su producción, esto es, la antijuridicidad del daño y su imputabilidad.

10.3. El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que “[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(31)(32). Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que “no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella”(33), en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, sí éste tenía que ser soportado o no por quien lo sufre(34).

10.4. Con observancia de lo expuesto, no todos los daños que podrían serle atribuidos al Estado deben ser reparados por éste, por cuanto pueden existir aquellos que no sean antijurídicos en la medida en que quienes los padecen tengan la obligación de hacerlo, habida cuenta de que hay derechos respecto de los cuales la ley puede imponer limitaciones o restricciones configurándose entonces en cargas o daños que deben ser asumidos legítimamente por las personas destinatarias de la norma correspondiente.

10.5. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se debe entrar a diferenciar el daño que debía ser soportado por la sociedad demandante, de aquél que no se probó que le fuera exigible jurídicamente, distinción que lleva al traste la línea argumentativa de defensa del municipio de Villavicencio.

10.6. En efecto, mientras que la afectación al interés público o colectivo de un bien inmueble es una carga definida por el ordenamiento jurídico que implica que la persona destinataria de la misma deba desprenderse de su derecho de propiedad en beneficio de la comunidad -cuando el procedimiento para ello sea iniciado por la autoridad administrativa competente-, lo cual para la época del caso concreto se encontraba regido en un principio por la Ley 1 de 1943 y posteriormente por la Ley 8 de 1989 -normas jurídicas de carácter nacional que no requieren de prueba según lo dispuesto por el artículo 188(35) del C.P.C.-, el hecho de que en el caso concreto y de manera específica, la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda. no debiera percibir un ingreso económico por tal renuncia en cuanto al bien materia del litigio, tenía que encontrarse establecido expresamente en una normativa -así como lo aludió la parte demandada sin identificarla-, la cual de conformidad con las pruebas analizadas se infiere que no habría tenido alcance nacional -por lo que debía probarse; ver nota 35-, puesto que según la escritura pública n.° 4757 del 5 de diciembre de 1984, la cesión gratuita que para dicha fecha efectuó la parte actora respecto de ciertos terrenos de su dominio dentro de los cuales de acuerdo con lo señalado por el municipio de Villavicencio estaba comprendido aquél en el que se realizó la ocupación permanente, se dio en cumplimiento de las obligaciones establecidas por el decreto n.° 64 del 2 de junio de 1982 y el acta n.° 38 del 22 de agosto de 1983, expedidos por el Departamento de Planeación del aludido ente territorial -ver párrafos 7.3-, disposiciones que debieron haber sido allegadas por el municipio de Villavicencio para efectos de sustentar su postura y el efecto jurídico de la excepción que pretendía hacer valer frente a la parte activa del presente conflicto judicial, no obstante lo cual no obraron dentro del plenario.

10.7. Al respecto, la Sala no pierde de vista que el municipio de Villavicencio, a pesar de tener la carga de demostrar(36) la configuración de un daño jurídico en virtud del cual, si bien no se había formalizado el traspaso del derecho de propiedad, no era viable que le correspondiera realizar pago alguno por la franja de tierra ocupada en consideración a que cualquier caso se le tenía que ceder gratuitamente, no cumplió con la misma. En relación con el deber aludido, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el siguiente sentido:

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses. 

Los planteamientos expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del Juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el thema probandum del proceso es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración, pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandada(37). 

10.8. Asimismo, cabe aclarar que la circunstancia de que en los planos del bien inmueble adquirido por la sociedad demandante, especialmente de aquél en el que se delimitaron las zonas cuyo dominio se trasladó sin costo alguno al municipio de Villavicencio, se evidencie la proyección de la avenida Circunvalación, permite concluir, como se aseveró, que las porciones de tierra donde pasa dicha proyección se encuentran afectadas a esa obra pública, pero de ello no se sigue que todas esas áreas deban ser entregadas sin que la sociedad demandante percibiera la remuneración acorde a su valor, máxime cuando tanto en el mismo mapa mencionado como en la escritura pública donde consta las cesiones efectuadas y a las que estaba obligada aquélla, se establecieron claramente los mojones que establecían las partes cedidas, sin que dentro de los mismos se hubiera individualizado la franja de terreno objeto de disputa en este asunto.

10.9. Claramente, al observar el plano del loteo definitivo aprobado por el Departamento de Planeación Municipal de Villavicencio, tanto en el croquis como en el cuadro de “ÁREAS DE CESIÓN POR VIALIDAD”, y las zonas que se procedieron a ceder en el instrumento público referenciado y “que se hallan especificadas y demarcadas en el plano de proyecto DE LA URBANIZACIÓN EL BUQUE, No. 1”, se advierte que no se incluyeron dentro de los mojones que delimitaron la “VÍA 1(V-1) AVENIDA CIRCUNVALACIÓN”, los mojones, puntos o descripción alguna relacionada con el terreno a partir del cual se depreca la reparación, cuyos límites fueron decantados en el estudio elaborado por los peritos correspondientes, razón por la cual se hace palmario, como dichos auxiliares de la justicia lo adujeron al momento de efectuar su análisis, que éste al no haber sido objeto de la cesión gratuita, continuó siendo de propiedad de la sociedad actora a pesar de que se hubiera ocupado construyéndose la obra pública correspondiente a la avenida señalada -ver párrafos 7.1, 7.3 y 7.8 y notas 3, 4 y 5-.

10.10. En este punto, resta advertir que la Sala acoge el mencionado dictamen pericial en cuanto a la identificación y extensión del predio objeto de la demanda, el cual, conjuntamente con los mapas y las escrituras públicas allegadas al plenario, permiten concluir que aquél no fue incluido en la cesión gratuita de los terrenos a los que se había obligado la sociedad demandante de acuerdo con las normas de carácter territorial vistas, y adicionalmente, que éste se vio ocupado con la construcción de la vía Circunvalación del municipio de Villavicencio. Lo anterior, en consideración a que sobre esos puntos se observa que tal estudio pericial fue fundado en la comparación de los mapas y el acto de cesión correspondientes, y de las propias mediciones y planos levantados por los expertos que los rindieron -arquitectos-. Sobre la valoración de este tipo de elementos de convicción, se ha establecido:

3.5.1 Ha dicho la Sala que para que el dictamen pericial pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal(38) y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que de cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(39).  

El artículo 241 del C.P.C. señala que el juez al valorar o apreciar el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a “…aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores…”(40). En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho(41).(42) 

11. Al analizar el régimen de imputación de responsabilidad que debe tenerse en cuenta para el estudio de las consecuencias indemnizatorias que pueden surgir de la ocupación de bienes inmuebles, la Sala considera pertinente reiterar los criterios sentados en reciente providencia de esta Subsección, en la que se realiza un recuento jurisprudencial respecto al tema que aquí se discute. Así, en la sentencia del 26 de octubre de 2011, se dijo por esta Sala:

16. Fijado todo lo anterior, es procedente que la Sala aborde el estudio de la cuestión de fondo en el presente asunto, que lo es la demostración de los elementos relacionados con la ocupación permanente por causa de trabajos públicos, del inmueble denominado “La Meza o Miraflores” del que era propietario el señor Daniel Jesús Cabrera de la Rosa, afectación que supuestamente se produjo por la construcción de una carretera que comunica al municipio de Pasto con las veredas “La Minga” y “jamondino”. 

16.1. La responsabilidad estatal surgida de la ocupación de bienes inmuebles tiene su fundamento normativo en los artículos 58(43), 59(44) y 90 de la Constitución Política, y en los artículos 86(45), 219(46) y 220(47) del Código Contencioso Administrativo. En interpretación de las normas mencionadas, el Consejo de Estado ha precisado, en una uniforme línea jurisprudencial, que para que surja obligación indemnizatoria a cargo del estado por el aludido tipo de responsabilidad, se requiere que el interesado acredite que es titular de unos derechos en relación con un bien inmueble(48), y que esos derechos han sido limitados o suprimidos por virtud de la ocupación de facto –temporal o permanente(49)- del susodicho bien. Igualmente, el interesado debe demostrar que la ocupación es atribuible a la entidad pública contra la cual se dirige la reclamación, bien sea porque la afectación del predio fue instrumentada por alguno de sus agentes, o bien porque la entidad autorizó la ocupación del inmueble por parte de terceros particulares. 

16.2. El análisis de los anteriores presupuestos debe realizarse bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad, con aplicación de la teoría del daño especial por rompimiento de las cargas públicas que el ciudadano debe soportar en condiciones de igualdad, de tal forma que al interesado le basta con demostrar que existió la ocupación y el daño surgido de la misma, sin que tenga que evidenciar que la limitación de los derechos sobre el bien ocurrió con ocasión de una falla del servicio, y a la entidad demandada le corresponde, para exonerarse de responsabilidad, la labor de comprobar que la ocupación se produjo por una causa extraña -fuerza mayor, hecho de un tercero y hecho exclusivo de la víctima- (…)(50).

11.1. Como se observa, en los casos de ocupación de bienes inmuebles -sea de carácter temporal o permanente-, el régimen de imputación de responsabilidad es de carácter objetivo de tal forma que, para que surja la obligación indemnizatoria, en el proceso debe demostrarse que al demandante le asisten derechos frente al inmueble ocupado y que los mismos han sido afectados por la entidad demandada, sin que sea relevante el aspecto subjetivo de la conducta desplegada por el Estado, a menos que la falla del servicio haya sido alegada y demostrada(51).

11.2. Los anteriores presupuestos, que son propios del actual orden constitucional, se aplican también a los casos de ocupación de predios que se hubiera consumado antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 pues, según lo ha precisado el Consejo de Estado en otras oportunidades, en la antigua Carta Política de 1886 también se estipularon normas relacionadas con la protección de los derechos de los ciudadanos, entre ellos la propiedad privada sobre bienes inmuebles. Al respecto, en la sentencia del 1º de noviembre de 2001 se dijo:

La demanda se queja de que la administración sin facultades que la autorizaran e injustificadamente procedió el 30 de agosto de 1989, de una parte, a inmovilizar, ocupar y sellar la aeronave de propiedad del demandante y, de otra parte, en ese tiempo a dicho bien le sustrajeron partes. 

Los hechos demandados por su fecha se iniciaron bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 y culminaron con la entrega de ese mismo bien bajo el imperio de la nueva Carta Política de 1991, el día 21 de febrero de 1992. 

Es preciso recordar que bajo esas dos cartas fundamentales, el título jurídico de imputación por falla es uno de los regímenes de responsabilidad del Estado. Y si bien en la carta de 1886 no existía, como hoy (art. 90) una disposición específica en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en su artículo 16 aludía al deber del Estado en la protección de la vida, la honra y los bienes de quienes habitan en la República. Tal normatividad permitió al Consejo de Estado declarar la responsabilidad por falla, entre otros regímenes; lo mismo ocurre en vigencia de la nueva Carta Fundamental(52).

11.3. En el caso concreto, se advierte que están dados los elementos para dar aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, en aras de decidir sobre la obligación resarcitoria a cargo de la entidad demandada frente a la ocupación permanente de un predio que es de propiedad de la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda. Al respecto, es claro que con la construcción de la avenida Circunvalación efectuada por el municipio de Villavicencio a través de sus dependencias, tal como se desprende de los oficios remitidos por el Instituto de Valorización Municipal de Villavicencio y del intento de conciliación extrajudicial correspondiente -ver párrafos 7.4 y 7.7-, se afectó de manera indefinida el derecho real de dominio que tiene la parte demandante sobre la franja de terreno identificada en el estudio pericial -ver párrafo 7.8-, edificación en virtud de la cual ésta ya no tiene la posibilidad de hacer uso de las prerrogativas del derecho en comento y por consiguiente, para la Sala es diáfano que en el presente asunto se configuraron todos los presupuestos de la responsabilidad que se radica en cabeza del mencionado ente territorial, por lo que se procederá a estudiar el monto de la indemnización que corresponda de conformidad con el material probatorio allegado al proceso.

VI. Liquidación de perjuicios 

12. En el libelo introductorio de este asunto, la sociedad demandante solicitó que se le indemnizaran los perjuicios materiales que adujo se le habían ocasionado con la ocupación demandada, en los conceptos de (i) daño emergente consistente en el valor comercial del lote del terreno respectivo, y (ii) lucro cesante, derivado de la imposibilidad de explotar económicamente el mismo.

13. En cuanto al daño emergente relacionado con el precio del bien inmueble que no recibió la parte actora y que efectivamente fue ocasionado -el municipio de Villavicencio se abstuvo de pagar la suma sugerida por la sociedad demandante en la conciliación extrajudicial y no demostró haber hecho erogación alguna al respecto; ver párrafo 7.7-, se tiene como elemento probatorio el dictamen pericial practicado para el año 2000, en el que se determinó que el fragmento invadido y ocupado tenía una extensión de 3 196,34 metros cuadrados, los cuales se avaluaron económicamente en la suma de $667 492 076,80 m/cte para dicha fecha, luego de hacerse una ponderación del valor fijado por los propietarios de predios aledaños respecto de sus propios bienes -ver párrafo 7.8 y nota 7-.

13.1. Al respecto, si bien el mencionado estudio se fundamentó en la aplicación de distintas formulas y cálculos con el fin de fijar un ponderado de los valores de los inmuebles estudiados y de esa forma, asignar el valor de la franja de terreno objeto de litigio, lo cierto es que el mismo no podrá ser tenido en cuenta por la Sala para calcular el perjuicio en análisis, toda vez que la administración municipal no está en el deber de pagar el precio avaluado por comparación para el año 2000, sino aquél que tenía a la fecha en que lo ocupó, es decir, para algún momento alrededor del mes de marzo de 1994 -el cual tendría que ser indexado a la fecha de la condena-, dado que fue en esa época y no en la del estimación pericial que se causó el daño sobre el derecho de propiedad cuyo quantum monetario se reclama.

13.2. Ciertamente, a pesar de que la omisión del avalúo del terreno para la época de la ocupación es atribuible a la entidad pública que debió adquirir esos bienes a través del procedimiento señalado en la ley, es decir, por negociación directa o expropiación, dicha omisión no implica que pueda realizarse el reconocimiento de una indemnización que supere el perjuicio realmente causado a la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda., lo que ocurriría de utilizarse la apreciación del bien que corresponde a un momento posterior a la construcción de la obra pública que lo ocupó, y de lo cual se derivaría un enriquecimiento sin justa causa a su favor y en detrimento del patrimonio público de la entidad demandada(53).

13.3. De esta manera, se considera que como no fue posible en el proceso contar con un avalúo del terreno en mención para el año 1994, es decir, al momento de su ocupación y antes de que se construyera la obra, debe proferirse condena en abstracto, a fin de que en el trámite del incidente que promueva la parte demandante, según lo previsto en el artículo 172(54) del Código Contencioso Administrativo, se determine la cuantía de la indemnización.

14. Ahora bien, de manera previa a fijar los criterios en cumplimiento de los cuales corresponderá establecer la liquidación del perjuicio en mención, conviene precisar respecto de la petición indemnizatoria formulada en el escrito inicial consiste en el lucro cesante configurado por la imposibilidad de explotar económicamente el predio, que la misma en dichos términos no se encuentra llamada prosperar, en la medida en que al comportar esta decisión la transferencia del derecho de dominio como contraprestación al valor que se establece como condena pero que debió haber pagado el municipio de Villavicencio para el momento en que le correspondía celebrar la venta o ejecutar la expropiación respectiva -año 1994-, es claro que no sería factible que el mismo bien le produjera a la sociedad actora ingreso económico alguno que se relacione con su explotación o producción.

14.1 No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que en la demanda se pidió la indemnización de todos los daños y perjuicios producidos, y con observancia de que esta Corporación ha entendido que con la finalidad de efectuar una reparación integral de los detrimentos originados como consecuencia de una ocupación permanente, tal como sucede en el sub lite, ésta debe comportar tanto el valor del terreno o predio ocupado, como el dinero derivado de la rentabilidad que el pago de dicho precio que el bien acarrea, se condenará a la parte demandada igualmente, a título del menoscabo en estudio, al pago de la suma que se llegue a determinar por intereses legales -6% anual sobre el precio de la franja de terreno ocupada-. Sobe la materia, se ha señalado:

El actor solicita el pago de lo dejado de producir por el contrato de pasturaje por espacio de ocho años (de 1992 a 1999) y que se terminó según lo plantea la demanda, a raíz de la ocupación permanente de los predios por parte del municipio. 

En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir. 

Adicionalmente, las fincas ocupadas no perdieron su vocación ganadera, agrícola o comercial, tal como se aprecia en la experticia rendida en el proceso (fol. 49) y en su escrito complementario (fol. 148). 

En ese sentido y dado que el actor solicitó en sus pretensiones el pago de los perjuicios de toda índole, procederá, exclusivamente a título de lucro cesante el pago del interés técnico que dejó de producir el valor histórico de las fajas de terreno ocupada. El lucro cesante desde junio de 1991 a la tasa del 6% anual asciende a la suma de quinientos treinta mil ciento setenta y un pesos ($530.171.oo), según la siguiente liquidación (…)(55)

14.2. Teniendo en cuenta lo expuesto, durante el incidente incoado por el interesado para la estimación de los perjuicios señalados -tanto daño emergente como lucro cesante-, se deberá (i) establecer el valor comercial del metro cuadrado de la franja de terreno delimitada en el dictamen pericial allegado a este proceso, para el momento antes de que se diera la ocupación, con fundamento en la valoración del bien que realice el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3(56) del Decreto 1420 de 1998; (ii) a falta de esa prueba, la parte demandante podrá acudir a otros medios probatorios que de manera fundada, técnica y económicamente, permitan tener certeza sobre ese valor; (iii) la suma que se logre dilucidar como valor del terreno en su totalidad -valor de los 3 196,34 metros cuadrados ocupados-, será indexada a la fecha del auto en el cual se resuelva el incidente, teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor fijados por el DANE, de acuerdo con fórmula pertinente(57); (iv) de haberse producido la valorización del bien inmueble por el trabajo público realizado y conforme a lo pactado por las partes, la misma se deberá reducir de la indemnización total del precio del bien, a menos de que se pruebe que la sociedad efectivamente hubiera pagado la contribución de esa valorización, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 219 del C.C.A., y (v) al valor histórico, es decir, al precio que tenía el bien inmueble objeto de litigio para el año en que se dio la ocupación, para efectos de indemnizar el lucro cesante, se le aplicará el interés del 6% anual desde la fecha en la cual debió realizarse el pago, fecha de terminación de la ejecución de la obra, hasta la fecha del auto en que se resuelva el incidente, para lo cual se aplicará asimismo la fórmula respectiva(58).

15. Finalmente, conviene señalar que esta sentencia y el auto en el que se resuelva el incidente, debidamente protocolizados y registrados obrarán como título translaticio de dominio del inmueble, a favor del municipio de Villavicencio, porque es la propietaria de la vía y en consecuencia, deberán ser inscritos en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente.

VII. Costas

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE 

REVOCAR la sentencia del 1 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, y, en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio de Villavicencio, por los perjuicios causados a la Sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda., por la ocupación permanente de una franja de terreno que es de su propiedad, identificado en el dictamen pericial al que se hace alusión en la presente providencia y con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 230-0011532, de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Villavicencio.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR en abstracto, al municipio de Villavicencio, al pago de los perjuicios irrogados a títulos de daño emergente y de lucro cesante, a favor de la sociedad Inversiones y Construcciones El Buque Ltda., los cuales se liquidarán mediante incidente de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

CUARTO: Esta sentencia y el auto mediante el cual se resuelva el incidente de liquidación de la condena, deberán ser registrados en la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio de Villavicencio, como títulos translaticio de dominio del inmueble en cuestión. Los gastos correspondientes al registro serán por cuenta del municipio.

QUINTO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

1 En la demanda se estima el valor de la de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales, en mínimo la suma de $150 000 000. Se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2o del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1995 fuera de doble instancia, debía ser superior a $9 610 000.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Ruben Darío Silva Alzate y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

3 El mapa topográfico levantado por el topógrafo Arístides Forero y titulado “INVERSIONES EL BUQUE”, coincide exactamente con las descripciones de los linderos generales del bien inmueble pertinente fijados en la escritura pública, y en el que cabe advertir que se evidencian con puntos los mojones n.° 1 y 16, ubicados al costado derecho del dibujo de una vía denominada “avenida circunvalación”, de tal forma que se observa que tal vía proyectada se encontraba dentro del terreno adquirido por los señores Alfonso Peñaranda Ruan, Carlos Vicente Moreno Jiménez y Hernando Rojas González.

4 En el plano de loteo definitivo se observa el sello de un arquitecto del Departamento de Planeación Municipal de Villavicencio, con su respectiva firma, en la parte denominada “OBSERVACIONES”, en la que se anotó la aprobación que tuvo el mismo de conformidad con los actos públicos mencionados -decreto y acta-. Igualmente, se aprecia que el punto individualizado con el mojón n.° 1 e inicialmente fijado con la adquisición del predio en su totalidad, no aparece demarcado en el plano en mención, y el mojón n.° 16 cambió su numeración -como todos los demás mojones iniciales- al mojón n.° 31, ubicado al lado derecho de la proyección de la avenida de circunvalación o “VÍA I (V-1)” -ver nota 3-. Por su parte, en el cuadro de mojones “(CESIONES)” visible en el mismo plano, se estableció:
“I-ÁREAS DE CESIÓN POR VIALIDAD
VÍAPERFILMOJONES ÁREA M2
VÍA IV-18-9-10-11-101-139-140-31-32-33(…) 13.869.35”
Finalmente, se advierte que en el cuadro general de áreas se estableció:
“ÁREA TOTAL DEL LOTE250.052.00 M2 100.00%
ÁREAS DE CESIÓN:
PLAN VIAL55.971.07 M2 22,36 %”.

5 En la solicitud de conciliación extrajudicial, se estableció como hecho que: “1) EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL INSTITUTO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, hace aproximadamente dos meses iniciaron en la avenida de Circunvalación en esta ciudad, la apertura de un tramo de la vía, en una franja de terreno de propiedad de mi poderdante que estaba hasta ese momento bajo su dominio y posesión por no habérsele aún cedido al municipio”.

6 Solicitud probatoria cuyo fin era determinar los linderos, ubicación y características físicas y topográficas del terreno cedido por la sociedad demandante mediante escritura pública n.° 4757 de 1984 -folio 149 del cuaderno 1-. Durante la práctica de la diligencia de inspección judicial, la parte actora solicitó que el estudio pericial que se rindiera fuera ampliado para efectos de fijar el valor comercial del inmueble objeto de litigio, los perjuicios ocasionados por la pérdida de utilidad al no ser posible hacer uso del predio, se efectuara memoria fotográfica del mismo y del sector de su ubicación así como si era posible, se aportaran carteras topográficas ligadas a coordenadas –folio 22 del cuaderno 1-.

7 Al estudio en mención se le anexó 5 encuestas efectuadas a propietarios de predios aledaños al bien objeto de discusión en el presente asunto –Dacasa Ltda., Inversiones Fragoto, Conllano Ltda., Conjunto Los Bungavilles, Inversiones Palermo- así como los planos con que se efectuaron la identificación de sus linderos y de los dueños encuestados, 2 carteras de levantamiento y 25 fotografías.

8 Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina "contra non volenten agere non currit prescriptio", es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.//Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la Administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, exp. 12.200, actor: Miguel Antonio Prada Jaimes, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

9 Se observa que la modificación en comento, consistente en que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del hecho dañoso, no se encontraba vigente para el momento de ocurrencia de los acontecimientos del presente asunto y por consiguiente, no resulta aplicable al cómputo de la caducidad de la acción en estudio. Efectivamente, comoquiera que el respectivo término de caducidad ya había comenzado a correr -los hechos de la demanda y su presentación se dieron mucho antes de que fuera viable acudir a la Ley 446 de 1998-, se rige de acuerdo a lo señalado por la ley vigente al tiempo de su iniciación -Decreto 2304 de 1989-, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, lógica que luego reiteró el artículo 164 de la Ley 446 de 1998.

10 “Como el derecho a reclamar la reparación del daño sólo surge a partir del momento en que este se produce, resulta razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho dañino, solamente deba contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.” (nota n.° 5, de la sentencia en cita: “En este sentido se pronunció la Sala en providencia del 7 de septiembre de 2000, exp. 13126”). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 54001-23-31-000-1992-07531-01(17631), actor: César Alejandro Duarte Pacheco, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

11 “Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota n.° 9 del auto en cita: “Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación No. 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón”), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, exp. 54001-23-31-000-2008-0301-01 (38271), actor: Pablo Carvajalino Lázaro y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12 [9] Sentencia del 11 de mayo de 2000. Expediente No. 12.200. Consejero Ponente Dra. María Elena Giraldo Gómez.

13 [10] Sentencia del 26 de abril de 1984. Expediente No. 3393, citada en providencia del 5 de diciembre de 2005.

14 [11] Sentencia de 5 de diciembre de 2005. Expediente No. 14.801. Consejero Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez. En el mismo sentido se encuentra la sentencia 18 de octubre de 2000, Expediente No. 12.228

15 [12]Sentencia del 29 de enero de 2004. Exp. 18.273. M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

16 [13]Sentencia del 5 de diciembre de 2005. Exp. 14.801. M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

17 [14]Nota original de la sentencia citada: “Expediente 3393. actor: Bernardo Herrera Camargo.”

18 [15] Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radiación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano.”

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2010, exp. 13001-23-31-000-1994-09850-01(17815), actor: Bibiana Archbold Britton y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 [7] Sentencia del 10 de junio de 2009, expediente: 22461, demandante: Sociedad de Comercio Jaramillo Fonnegra y Cía, C.P.: Enrique Gil Botero. En dicha sentencia se citan otras proferidas por ésta Sala, a saber: 28 de enero de 1994, expediente 8610; 2 de noviembre de 2000, expediente 18 086; y 17 de febrero de 2005, expediente 28 360. También puede consultarse el auto del 25 de agosto de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente: 26 721. Allí se dijo: “Entratándose de ocupación temporal o permanente de inmuebles, el término para accionar, empieza a correr a partir del día siguiente a su ocurrencia, es decir desde cuando cesó la ocupación temporal porque en ese momento se consolida el perjuicio, o desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente”.

21 [8] Sentencia del 7 de mayo de 2008, expediente 16 922, demandante: Sociedad Preycosanter Ltda., C.P.: Ruth Stella Correa.

22 [9] Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C.P.: Myriam Guerrero de Escobar. Radicación n.° 16 699, actor: Gilberto Torres Bahamón.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Sala Plena-, auto del 9 de febrero de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.° 54001-23-31-000-2008-00301-01(38271), actor: Pablo Carvajalino Lázaro y otros, demandado: Empresa Electrificadora de Santander y otros. Esta providencia cuenta con salvamento de voto de la Consejera de Estado Stella Conto Diaz del Castillo.

24 [9] La Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación unificó la jurisprudencia en relación con el término para interponer la demanda en eventos de ocupación de inmuebles, mediante sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 38.271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

25 [10] A la ocupación jurídica se refirió la Sección Tercera de la Corporación en sentencia de 16 de febrero de 1992, exp. 6643, en estos términos: [R]esulta evidente que los intereses del demandante fueron afectados por la integración de su predio al Parque Natural Farallones de Cali, sin que hasta la fecha el ente oficial haya resarcido a cualquier título los efectos patrimoniales de la reservación oficial, olvidándose que con la declaración de Parque Nacional Natural y por mandato expreso del artículo 13 de la ley 2ª de 1959, en esas tierras ‘quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola…’, es decir, que respecto de los terrenos afectados, sus propietarios quedaron legalmente imposibilitados e incapacitados para disponer libremente de ‘sus tierras’, o para someterlas a un régimen normal de explotación económica, agrícola o industrial. Cuál es entonces, la diferencia concreta y objetiva para el propietario que se encuentra limitado en el ejercicio de sus derechos de dominio y posesión sobre sus predios, por causa de la declaración de Parque Natural Nacional, frente a quien sufre la misma limitación originada en una ocupación permanente? Sin duda alguna, los derechos conculcados son los mismos, no puede vender, gravar o explotar económicamente su propiedad…En este orden de ideas, bien puede asimilarse la actuación de la administración como una especie de expropiación del predio del actor y, por consiguiente, se impone en su favor un reconocimiento indemnizatorio. En el mismo sentido, en sentencia de 25 de junio de 1992, exp. 6974.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 25000-23-26-000-2000-00076 01(24679), actor: Sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A., C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

27 Institución concebida como el procedimiento por medio del cual un número determinado de individuos entre quienes existe una controversia deciden componerla con la intervención de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de sugerir fórmulas de arreglo, da fe del acuerdo al que lleguen los interesados el cual les resulta obligatorio y definitivo, teniendo en cuenta que los asuntos materia de la conciliación son aquellos susceptibles de transacción, desistimiento, conciliación y los que la ley determine de manera expresa. AL respecto ver artículos 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998 y 19 de la Ley 640 de 200. En relación con las características de la conciliación, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 1 de abril de 2004, exp. 25000-23-26-000-2001-02935-01(25853), actor: Ingenieros Civiles Asociados S. A. de C. V. “Ica”, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

28 Artículo 61 de la Ley 23 de 1991: “Durante el término de la vía gubernativa, el trámite de la conciliación suspenderá el de aquélla durante un plazo que no excederá de sesenta (60) días.
Cuando no fuere procedente la vía gubernativa o estuviere agotada, el procedimiento conciliatorio suspenderá el término de caducidad de la respectiva acción por un plazo no mayor de sesenta (60) días”.

29 Artículo 1 de la Ley 1 de 1943 –vigente al momento de proyectarse la urbanización El Buque-: “Son motivos de utilidad pública o interés social para decretar la expropiación de predios urbanos, fuera de los determinados en las leyes vigentes, las obras de ornato, embellecimiento, seguridad, saneamiento, construcción, reconstrucción o modernización de barrios, apertura o ampliación de calles, edificaciones para mercados, plazas, parques y jardines públicos en las ciudades capitales de Departamentos y en aquellas otras cuya población sea o exceda de 25.000 habitantes”.

30 “Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."
Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

31 [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

32 Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

33 Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amortegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

34 Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

35 “El texto de las normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte”.

36 Artículo 177 del C.P.C.: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 [12] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

39 [13] Consejo de Estado, sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

40 [14] Parra Quinjano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, Pág. 649.

41 [15] Consejo de Estado, op. cit., pág. 96.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 05001232400019950167301 (20543), actor: Hernán Arango Serna, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

43 [22] Que en su inciso tercero dispone que “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación de mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto al precio”.

44 [23] Que establece en su inciso tercero que “El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes”.

45 [24] En lo pertinente regula: “ART. 86.- Modificado. Decr. 2304 de 1989, art. 16. Modificado. Ley 446 de 1998, art. 31. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea… la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. (…)”.

46 [25] ART. 219.- Modificado. Decr. 2304 de 1989, art. 56. En la sentencia que ordene reparar el daño por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya haya sido pagada la mencionada contribución.// En esta clase de procesos cuando se condenare a la entidad pública, o a una privada que cumpla funciones públicas, al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.

47 [26] ART. 220.- Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.

48 [27] No sólo el titular del derecho de dominio puede verse afectado como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble. Al respecto, en la ya citada sentencia del 11 de marzo de 2004 (C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, n.° interno 12289)… se dijo por la Sala: “Ahora bien, no cabe duda a la Sala de que el poseedor de un bien está legitimado en la causa para solicitar la indemnización del perjuicio causado como consecuencia de la ocupación permanente o transitoria de un inmueble por causa de trabajos públicos. En efecto, si bien aquél no es titular del derecho de propiedad, tiene otro derecho digno de tutela, reconocido y regulado por el legislador civil en su contenido, sus efectos y su forma de protección. Así lo ha reconocido esta misma Sala, en fallos anteriores (se citan en este punto, como nota al pie de la página, las sentencias del 11 de diciembre de 1992 [ expediente 7403], del 2 de diciembre de 1996 [expediente 11248], del 26 de abril de 2001 [expediente 12994] y del 10 de julio de 2003 [expediente 11163-9918]), y ha recurrido, en algunos de ellos, a la prescripción contenida en el artículo 2342 del Código Civil, según la cual puede pedir la indemnización “no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho…”.”

49 [28] Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 23 de agosto de 1995, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, radicación n.° 8378, actor: Inversiones y Urbanismo Turbay, demandado: Fondo Vial Nacional; sentencia del 29 de agosto de 1996, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, radicación n.° 9054, actor: Jesús Ariza Franco, demandado: Corporación Eléctrica de la Costra Atlántica –CORELCA-; sentencia del 18 de septiembre de 1997, C.P. Daniel Suárez Hernández, radicación n.° 11646, actor: Belia del Castillo de Silgado; sentencia del 26 de abril de 2001, C.P. María Helena Giraldo Gómez, radicación n.° 52001-23-31-000-1995-6630-01(12994), actor: Alfredo López y Adela Delgado, demandado: Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías; sentencia del 4 de diciembre de 2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.° 52001-23-31-000-1996-07633-01(07633), actor: Ilmo Giraldo Chaves, demandado: Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 26 de octubre de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.° 52001-23-31-000-1998-00523-01, n.° interno 18 350, actor: Daniel Jesús Cabrera de la Rosa, demandado: Fondo Nacional de Caminos Vecinales y otros. En dicha sentencia se cita in extenso la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación n.° 44001-23-31-000-1997-01097-01(158147), actor: Johny Edilberto Reinoso Pérez, demandado: municipio de Riohacha.

51 El Consejo de Estado ha sido reiterativo en señalar que el régimen de falla del servicio se prefiere sobre los demás regímenes, en atención al papel pedagógico y aleccionador que debe tener la jurisprudencia contencioso administrativa frente a las actuaciones desplegadas por la administración pública. Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.° 50001-23-31-000-1998-00220-01, n.° interno 23503, actor: Manuel Pinto Montenegro y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Se dijo en dicha providencia: “13.1. Sólo en aquellos casos en que se invoque por la parte demandante la falla cometida por la administración pública, y siempre que sea evidente el defecto en el servicio, procede el análisis del caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad subjetiva pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en estos eventos es necesario que el Consejo de Estado ponga en evidencia los errores cometidos por la administración en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de que se fijen pautas para que esos yerros no tengan nueva ocurrencia”. En esta providencia se hace una cita extensa de la sentencia del 8 de julio de 2009, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio, radicación n.° 05001-03-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación n.° 76001-23-25-000-1994-09791-01(13185), actor: Eugenio Sandoval La Rota; ya citada –nota al pie n.° 22-. El Consejo de Estado había abordado el tema de la responsabilidad estatal por la ocupación de bienes inmuebles, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1984, C.P. José Alejandro Bonivento Fernández, radicación n.° 2724.

53 Criterio adoptado por esta Subsección en sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 05001232400019950167301 (20543), actor: Hernán Arango Serna, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Igualmente, consultar la sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 25000-23-26-000-2000-00076 01(24679), actor: Sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A., C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

54 “Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere si establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.//Cuando la condena se haga en abstracto, se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escritura que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 1997, exp. 9718, actor: Blanca Ilva Polo de Buelbas, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

56 “La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración”.

57 Vp= Vh * (I.final÷I.inicial)
Vp: Valor presente
Vh: Valor histórico
I.final: Índice final de precios al consumidor
I. inicial: Índice inicial de precios al consumidor

58 I = (C x R x T)/100
De donde I: corresponde al interés liquidado; C es el capital, esto es, el valor del predio para el tiempo antes de que iniciara la ocupación, fijado conforme a las pautas anteriores; R: es la renta mensual (0.5%) y T: es el tiempo o número de meses, que en el presente caso abarca desde la fecha de la ocupación hasta la fecha en la que se profiera el auto que resuelva el incidente.