Sentencia 1994-07642 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 41001-23-31-000-1994-07642-01 (26979)

Consejero Ponente:

Dra. Olga Melida Valle de De la Hoz

Actor: Bleinder Diana Medina Pascuas y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: apelación sentencia - acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

Resuelve la Subsección el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, el 12 de septiembre de 2003, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda. La sentencia será revocada.

Antecedentes

1. La demanda.

El 31 de enero de 1994, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la señora Bleiner Diana Medina Pascuas actuando en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad: Nataly y Diana Carolina Jácome Medina, formularon demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, solicitando que se hagan las siguientes declaraciones y condenas (fl. 173, cdno. ppal.):

“1. Se declare a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, responsable de la totalidad de los daños y perjuicios causados a todos y cada uno de los actores como consecuencia de la muerte de su compañero permanente y padre Jaime Jácome Jácome, ocurrida el día treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992) en la ciudad de Neiva (H.), muerte ocasionada por la camioneta de propiedad de la Policía Nacional, distinguida con el código 16154, marca Nissan, modelo 1988, conducida por el agente de la Policía Nacional Javier Mauricio Patio Cerquera, la cual se volcó, colisionando el cuerpo del señor Jaime Jácome Jácome y causándole la muerte inmediata.

2. Que como consecuencia de lo anterior se declare que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, debe pagar a Bleiner Diana Medina Pascuas, Nataly Jácome Medina y Diana Carolina Jácome Medina, la totalidad de los perjuicios morales que les fueron causados con motivo de la muerte de su compañero permanente y padre Jaime Jácome Jácome, a razón de mil gramos oro para cada uno de ellos.

3. Que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, debe pagar a todos y cada uno de los demandantes la totalidad de los perjuicios materiales que les fueron causados por motivo de dicho suceso y que se demuestren en este proceso o posteriormente por el procedimiento señalado en el artículo 307 del CPC, los cuales son superiores a los $ 168.000.000, debido a que el occiso devengaba ingresos mensuales de un promedio de $ 700.000, tomando esta suma como el daño emergente a la fecha de presentación de esta demanda, es decir, a los perjuicios materiales actuales debidos.

4. Que se actualice el valor o monto de los perjuicios de acuerdo con el valor adquisitivo de la moneda a la fecha de ejecutoria de la sentencia; que se hagan los incrementos anuales de sus entradas o ingresos e igualmente que en la indemnización se distingan dos periodos: El de los perjuicios actuales debidos y los futuros.

5. Que se declare que las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia, devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a la ejecutoria y moratorios después de ese término, de conformidad con lo establecido por el artículo 177 inciso 5º del CCA.

6. Que se declare que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, está obligada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos por los artículos 176 y 177 del CCA”.

Para fundamentar el anterior petitum, la parte demandante explicó que el 31 de enero de 1992, el vehículo oficial identificado con el código 16154 que se encontraba a cargo de la Policía Nacional y era conducido en violación de los límites de velocidad por uno de sus agentes en servicio activo, colisionó contra un carro particular conducido por la señora Amanda González, volcándose debido a la fuerza del impacto, y arrasando por su camino con la vida del peatón Jaime Jácome Jácome, comerciante de calzado, al que le sobrevivieron una compañera permanente y dos hijas.

Con el objetivo de demostrar lo anterior, adjuntó como pruebas documentales: registros civiles de nacimiento de la víctima y sus familiares, y registro civil de defunción de la víctima; dos declaraciones extrajuicio; un recorte de prensa; copias de los plásticos de las tarjetas de crédito que tenía la víctima a su nombre; y copias de los extractos de cuentas corrientes, notas débito, estados de cuenta, cupones de pago, facturas, y de las anotaciones contables que llevaba el señor Jaime Jácome Jácome en su negocio de distribución de calzado.

Adicionalmente solicitó oficiar al comandante de la policía del Huila para que arrime copia del informativo disciplinario seguido contra el agente conductor del vehículo oficial; oficiar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que allegue copia auténtica de la necropsia practicada al cadáver de la víctima; oficiar al cuerpo técnico de la policía judicial con el fin de que envíe copia del levantamiento del cadáver y del plano topográfico del lugar en el que se encontró; y oficiar a la fiscalía novena de la ciudad de Neiva para que allegue copia del proceso penal seguido contra la señora Amanda González por el homicidio de la víctima. Finalmente solicitó la práctica de un dictamen pericial para calcular el valor de los perjuicios ocasionados a la compañera permanente y las hijas del peatón muerto, y la práctica de testimonios para dar cuenta tanto de los hechos en los que se basó la demandada, como de las relaciones familiares de la víctima.

2. La contestación de la demanda.

La demanda fue admitida el 9 de marzo de 1994 (fl. 189, cdno. ppal.), y notificada personalmente al Ministerio de Defensa, por conducto del comandante de la novena brigada de Neiva de la Policía Nacional, el 5 de mayo de 1994 siguiente (fl. 192, cdno. ppal.).

El 8 de junio de 1994, la demandada contestó ateniéndose a lo que resulte probado en el proceso. Al efecto advirtió que “Quedó demostrado que tanto el accidente de tránsito como el deceso del señor Jaime Jácome Jácome, fue provocado por la imprudencia e irresponsabilidad de la señora Amanda González de Cadena, quien conducía el vehículo particular de placas JV-7329 por la avenida La Toma, de occidente a oriente y al no hacer el pare al llegar a la altura de la carrera 12, vía que tenía prelación, dio lugar al lamentable e irresponsable suceso” (fl. 195, cdno. ppal.). Al efecto, solicitó oficiar al departamento de policía del Huila para que allegue copia del informativo disciplinario adelantado contra el agente conductor del vehículo oficial colisionado.

3. Los alegatos de conclusión en primera instancia.

Habiéndose dado traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión el 30 de enero de 2002, el 18 de febrero siguiente la actora arrimó escrito subrayando la irrelevancia que tiene para el caso de autos establecer si existió o no culpa por parte del conductor del vehículo oficial por tratarse de una actividad peligrosa que se rige por el régimen objetivo de responsabilidad del Estado (fl. 381, cdno. ppal.).

Por su parte, el 19 de febrero de 2002, el apoderado de la entidad demandada, en escrito de alegatos, esgrimió los mismos argumentos expuestos en otras etapas procesales, señalando que en el análisis de la responsabilidad por la muerte del peatón arrollado por el vehículo oficial, se configuró el hecho exclusivo y determinante de un tercero (fl. 397, cdno. ppal.).

El Ministerio Público guardó silencio (fl. 406, cdno. ppal.).

4. La providencia impugnada.

El 12 de septiembre de 2003, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia negando las súplicas de la demanda. En efecto, encontró probado que el accidente fue causado por el vehículo particular que colisionó contra el oficial, situación que a su juicio, configuró el hecho exclusivo y determinante de un tercero como causal eximente de responsabilidad (fl. 421, cdno. ppal.).

En la misma fecha, el magistrado Jorge Augusto Corredor salvó el voto indicando que si bien la conductora del vehículo particular omitió respetar la reglas de prelación en la vía, el conductor del vehículo oficial desconoció los límites de velocidad, motivo por el que se debió condenar a la Nación en el porcentaje con el que contribuyó a la causación del accidente (fl. 422, cdno. ppal.).

5. El recurso de apelación.

El 31 de octubre de 2003, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación (fl. 427, cdno. ppal.), el cual fue concedido el 21 de noviembre siguiente (fl. 449, cdno. ppal.), y admitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 10 de mayo de 2004 (fl. 453, cdno. ppal.).

En el escrito de sustentación, la actora solicitó revocar la sentencia pues con base en el acervo probatorio se tiene que “la causa eficiente de la manera espectacular en que se produjo dicha pérdida de estabilidad y equilibrio fue la alta velocidad de la camioneta de la policía” (fl. 427, cdno. ppal.).

Al efecto, solicitó oficiar al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva para que allegue la copia del proceso penal adelantado contra la señora Amanda González de Cadena por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, petición a la que accedió el Magistrado conductor del proceso en auto del 29 de julio de 2004 (fl. 456, cdno. ppal.).

El 13 de septiembre de 2004 se recibió por parte de esta corporación la prueba solicitada (fl. 460, cdno. ppal.), la cual fue allegada debidamente de acuerdo con auto del 7 de diciembre de 2004 por medio del cual se decide que “se tendrá como prueba para apreciarse en la oportunidad procesal correspondiente” (fl. 791, cdno. ppal.).

6. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

Habiéndose dado traslado a las partes para alegar el 15 de febrero de 2005 (fl. 793, cdno. ppal.), el 7 de marzo siguiente el apoderado de la parte actora insistió en los argumentos expuestos en otras etapas procesales (fl. 794, cdno. ppal.), mientras la parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 805, cdno. ppal.).

El proceso entró a esta corporación para fallo el 16 de marzo de 2005.

7. La competencia de la Subsección.

El artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia(1), dice que la corporación, en la Sala Contenciosa Administrativa, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales, en el mismo sentido del artículo 212 del CCA, subrogado por el artículo 51 del Decreto 2304 de 1989. Así, la corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora(2), en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado(3).

Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado(4), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) el régimen de responsabilidad aplicable; 2) el caso concreto; 3) la liquidación de perjuicios; y 4) la condena en costas.

1. Del régimen de responsabilidad aplicable.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) el daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(5). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(6).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(7). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(8); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(9).

Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(10).

En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el desarrollo de actividades definidas como peligrosas por la ley o la jurisprudencia. En efecto, esta Sección ha dicho: “Ciertamente, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del riesgo creado”(11).

Si dichas actividades son desarrolladas por agentes estatales, el eventual daño que puedan causar será imputable a la administración a título de riesgo excepcional. Al respecto, esta Sección explica que “En cuanto a la aplicación de la teoría del riesgo excepcional, ha sido reiterada la tesis según la cual, en los eventos en que el daño es producido por cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.) el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al cual el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella”(12)

En el caso sub lite se trata de un daño antijurídico ocasionado con un vehículo automotor conducido por un funcionario público que se encontraba en misión oficial. Al respecto, esta corporación ha dicho que “la conducción de vehículos automotores, comporta para quien la ejerce una actividad de suyo peligrosa, que origina un riesgo de naturaleza anormal, en consecuencia la entidad está llamada a responder por los daños que con dicha actividad ocasione, originado en el evento, impacto o consecuencia adversa propia del mismo riesgo, y en estos casos no será necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio, porque la responsabilidad se atribuye objetivamente a quien desplegó dicha acción”(13)

No obstante lo anterior, en el sub lite, el vehículo oficial colisionó con otro objeto en movimiento, vehículo particular conducido por la señora Amanda González. Sobre el tema, esta corporación ha considerado que “lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetivo concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño (...) por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y por lo tanto, el daño antijurídico(14) (negritas fuera de texto). 

Así las cosas, el análisis del régimen de responsabilidad aplicable al caso sub lite, como se verá más adelante, debe abordarse a título de responsabilidad objetiva por cuanto el vehículo oficial y el particular, ejercían la misma actividad(15).

2. El caso concreto.

2.1. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo. Ninguna fue objetada y todas pueden ser valoradas de acuerdo con las siguientes precisiones(16).

En lo que se refiere a las pruebas trasladadas del informativo disciplinario Nº 002/92 adelantado por la muerte del señor Jaime Jácome Jácome contra el agente Javier Mauricio Patio Cerquera(17), cuya práctica se solicitó en la demanda, y fue decretada y debidamente allegada en primera instancia, se les dará valor probatorio de acuerdo con lo dicho en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil —por remisión directa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual, “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el sub lite, el proceso disciplinario se adelantó contra un miembro de la Policía Nacional, parte demandada en el proceso que ahora se decide, por lo que los testimonios que allí reposan serán valorados en su integridad pues la demandada asistió e intervino en su práctica, situación que haría inocua la ratificación de la que habla el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(18). No obstante lo anterior, ni las versiones libres ni las indagatorias que reposen en dichos expedientes serán tenidas en cuenta por carecer del requisito de juramento considerado indispensable —en los términos del art. 227, CPC—, para ser apreciadas como declaraciones de terceros.

Por su parte, la prueba trasladada del proceso penal adelantado contra la señora Amanda González por el punible de homicidio culposo en la vida del señor Jaime Jácome Jácome(19) cuya práctica se solicitó en la demanda, y fue decretada y debidamente allegada en segunda instancia, deberá ser valorada con las formalidades previstas en la ley por cuanto no se trata de una prueba que hubiere sido practicada a petición de la parte contra la que se aduce ni con su audiencia. Así las cosas, la sentencia proferida el 10 de mayo de 1996 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito(20) será valorada como prueba documental de acuerdo con lo establecido en los artículos 251 y siguientes del Código de Procedimiento Civil advirtiendo que no fue tachada de falsa dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto proferido el 7 de diciembre de 2004 que ordenó tenerlo como prueba (fl. 791, cdno. ppal.).

En relación con el recorte de prensa que aparece foliado con el número 10 del cuaderno principal, se ha de señalar que en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(21) se estableció lo siguiente:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(22). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(23).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘(...) son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(...) son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen’(24).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos” (destacado fuera de texto).

Así las cosas, el recorte de prensa anexado con la demanda será analizado en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente, con el fin de verificar la información que en este consta(25).

Finalmente, en lo que se refiere a las declaraciones extraprocesales que reposan en los folios 9 y 9 bis del cuaderno principal(26), y cuyo objetivo es dar cuenta de las relaciones de consanguinidad y afinidad de la víctima con las demandantes, serán apreciadas conforme a lo previsto en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 130 del artículo primero del Decreto 2282 de 1989.

Realizadas las anteriores precisiones, pasa la Subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar.

- Folio 2 del cuaderno principal: registro civil de defunción correspondiente al señor Jaime Jácome Jácome fallecido el 31 de enero de 1992 por estallido craneano, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo de acuerdo con certificación médica y orden judicial.

- Folio 472 del cuaderno principal: informe de accidente rendido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte - Intra (croquis), el 31 de enero de 1992 en el que se indicó que en ninguna de las dos vías que confluyen en la intersección había señales de tránsito, que las señales de pare en la vía que llevaba el vehículo particular estaban partidas, que el vehículo oficial carecía de seguro obligatorio, que la víctima era un peatón, y que la probable causa del accidente fue el desconocimiento de las normas de prelación por parte del vehículo particular.

- Folio 276 del cuaderno principal: informe de accidente de tránsito rendido por el agente de la policía señor Javier Mauricio Patio Cerquera el 5 de febrero de 1992, en el que se lee: “El día 31 de enero pasado, siendo las 10:15 horas [ilegible] que transitaba a la altura de la carrera 12 con avenida La Toma de esta ciudad en sentido sur-norte, en función del servicio [ilegible] del señor subcomandante de departamento, acompañado del agente Ospina Jhon Jairo, al tomar el cruce de la avenida La Toma llevando la vía de acuerdo a la señalización existente en el lugar, en forma repentina fui colisionado en la puerta y llanta lado izquierdo, por el vehículo Dodge Alpine, modelo 81 de placas JV 7329 conducido por la señora Amanda González [ilegible] identificada con la CC Nº 36.173.943 de Neiva de 28 años de edad, residente en la carrera 12 Nº 33-03, Tel. 740249; como consecuencia del impacto el vehículo policial giró en su parte trasera yendo a golpear contra el andén peatonal del puente existente en el lugar de los hechos, originando su volcamiento hacia el lado derecho, rodando de costado alcanzando a atropellar al peatón, señor Jaime Jácome Jácome, de 35 años, identificado con la CC Nº 12.720.124 de Neiva, residente en la calle 16 Nº 8-B-19 de la ciudad, quien falleció a causa de las heridas recibidas y quien pasaba por el lugar junto a otra persona, luego el automotor después de hacer nuevamente contacto con el sardinel con la parte delantera quedó sobre el andén en sus 4 ruedas. De acuerdo a lo sucedido y croquis elaborado por los peritos de tránsito y transportes del Huila la colisión y volcamiento fue propiciado por imprudencia del vehículo Dodge Alpine, al omitir la señal de pare (no respetar la prelación)” (destacado fuera de texto).

- Folio 251 del cuaderno principal: providencia proferida por el comandante del departamento de policía del Huila el 25 de febrero de 1992, dentro de la investigación seguida contra el agente de policía señor Javier Mauricio Patio Cerquera por su presunta responsabilidad en la muerte del señor Jaime Jácome Jácome como consecuencia de un accidente de tránsito, en la que se lee: “Resuelve: Primero. Acoger el concepto emitido por el señor oficial investigador y en consecuencia absolver de toda responsabilidad disciplinaria al ag. Patio Cerquera Javier Mauricio con generales de ley en autos ya conocidos; por haberse establecido a través de la presente investigación, que no es responsable de los daños ocasionados a la camioneta Nissan Samuray de siglas 16-154 de propiedad de la Policía Nacional y adscrita al subcomando del Deuil, lo mismo que de la muerte del ciudadano Jaime Jácome Jácome ya que ello tuvo ocurrencia en lamentable accidente de tránsito registrado en la avenida la toma con carrera 12 de esta ciudad el día 31 de enero de 1992, cuando el uniformado conducía el vehículo policial por la vía con prelación; siendo así como la señora Amanda González de Cadena fue la que provocó la colisión al maniobrar irresponsablemente el vehículo particular Dodge Alpine con placas JV7329 en exceso de velocidad y no hacer el pare, cuando estaba obligada a ello, de acuerdo a la señalización del lugar” (resaltado fuera de texto).

- Folio 651 del cuaderno principal: providencia proferida por comandante del departamento de policía del Huila en su calidad de juez penal de primera instancia el 14 de junio de 1995, dentro de la investigación seguida contra el agente de policía señor Javier Mauricio Patio Cerquera por su presunta responsabilidad en la muerte del señor Jaime Jácome Jácome como consecuencia de un accidente de tránsito, en la que se lee: “Resuelve: Primero: Cesar procedimiento en favor del agente Javier Mauricio Patio Cerquera cédula Nº 12.117.545 de Neiva, de condiciones personales, policiales y civiles conocidas en el proceso, sindicado del delito de homicidio en accidente de tránsito artículo 264, por la vía del artículo 316 al reconocer una causal de inculpabilidad caso fortuito artículo 36 numeral 1º del Código Penal Militar, por hechos ocurridos el 310192 en Neiva, tal como se expresó en la parte motiva del presente proveído, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el plenario” (resaltado fuera de texto).

- Folio 732 del cuaderno principal: providencia proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito el 10 de mayo de 1996, dentro de la investigación penal seguida contra la señora Amanda González de Cadena, acusada de presunta responsabilidad en homicidio culposo, en la que se lee: “(...) V. De las pruebas: (...) Finalmente la prueba técnica, rendida por el profesor del programa de matemáticas y física de la universidad Surcolombiana, con su ampliación, esclarecen en primer lugar, que la velocidad del Dodge Alpine al producirse la colisión era igual o menor a 25,72 km/h (fl. 214) y que ‘los daños y distribución espacial de los vehículos después de la colisión (ver croquis fl. 9 y gráfico Nº 1 fl. 17) se puede explicar como principal causa, la velocidad del vehículo Nissan Patrol’ (fl. 259). VI. Consideraciones del juzgado: (...) Por manera que si a esta falta de percepción se le cataloga como imprudente, lo mismo hay que predicar del agente Patio Cerquera, pues establecido está que se desplazaba a mayor velocidad de la permitida reglamentariamente en zona urbana. Y esta imprudencia, con violación de reglamentos surge como causa sobreviniente que se constituye en la prevalente para la producción del homicidio. (...) Resuelve: Primero. Absolver a la procesada Amanda González de Cadena de la imputación hecha por la Fiscalía General de la Nación, en la resolución de acusación proferida en su contra, conforme a las consideraciones hechas en esta providencia” (resaltado fuera de texto). Dicha decisión quedó ejecutoriada el 22 de mayo de 1996 (fl. 744, cdno. ppal.).

2.2. La valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrado que el 31 de enero de 1992 murió el señor Jaime Jácome Jácome por estallido craneano, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo, producidos como consecuencia del volcamiento de una camioneta oficial conducida por un agente de policía en servicio activo, tras haber colisionado con un vehículo particular, habida cuenta de que tanto el vehículo oficial como el particular infringieron las normas de tránsito —el primero por exceder la velocidad permitida en el perímetro urbano y rodar sin seguro obligatorio, y el segundo por desconocer las reglas de prelación—.

2.2.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(27).

En el caso sub lite, la muerte del señor Jaime Jácome Jácome es suficiente para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan sus familiares.

2.2.2. La imputación.

Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si dicha muerte es imputable a la entidad demandada, o si por el contrario, es atribuible a una causa extraña.

Al respecto, el Decreto 1344 de 1970, por medio del cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época del accidente (derogado posteriormente por la L. 769/2002), establecía:

“ART. 1º—Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías públicas y por las vías privadas que están abiertas al público (...).

“ART. 2º—Modificado por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, numeral 1º. Para la interpretación y aplicación del presente código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (...) Prelación (adicionado por el D. 2591/90, art. 1º) Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a otras vías u otros vehículos.

(...).

“ART. 87.—La licencia de tránsito es la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos. La licencia de tránsito es un documento público; en ella se identificará el vehículo y se expresarán su destinación el nombre del propietario inscrito y el número de la placa.

(...).

“ART. 96.—La vigencia de un seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a terceros ocasionados con él, es requisito indispensable para la concesión y la conservación de la licencia de tránsito. El gobierno reglamentará la naturaleza, cuantía y prestación del seguro y la vigencia de esta disposición.

(...).

“ART. 109.—Modificado por el Decreto 1809 de 1990, artículo 1º, numeral 98. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor o como peatón, deberá comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito. Además observará las señales de tránsito que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

(...).

“ART. 127.—El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda.

(...).

“ART. 148.—En las carreteras la velocidad máxima permitida es de sesenta kilómetros por hora, salvo cuando el Ministerio de Obras Públicas por medio de señales adecuadas, indiquen un límite superior o inferior. En vías urbanas la velocidad máxima es de cincuenta kilómetros por hora, excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales, indiquen velocidades distintas.

(...).

“ART. 261.—Modificado por el artículo 117 de la Ley 33 de 1986. En la responsabilidad por el hecho ajeno cometido en ejercicio de actividades peligrosas, el demandado solo se libera mediante la prueba de una causa extraña. No están exoneradas de esta responsabilidad las personas de derecho público o privado” (resaltado fuera de texto).

A su turno, la reglamentación del seguro obligatorio se consignó en el Decreto 2544 de 1987 y posteriormente, en el Decreto 1032 de 1991 (vigentes para la fecha de los hechos), cuyo primer artículo sobre la obligatoriedad del mismo indicó: “Para transitar por las vías y lugares públicos del territorio nacional todo vehículo automotor debe estar amparado por un seguro vigente que cubra los daños corporales que se causen a personas en accidente de tránsito (...)”.

Así las cosas, del acervo probatorio se tiene más que demostrado, que tanto el vehículo oficial como el particular se encontraban ejerciendo la misma actividad y que los dos conductores desconocieron las normas de tránsito por cuanto por un lado, el vehículo particular irrespetó las reglas de prioridad para atravesar la vía, pero por el otro, el vehículo oficial aun cuando tenía la prelación y no estaba en obligación de detener la marcha al llegar a la intersección, transigió —por mucho—, los límites de velocidad.

Sin embargo, esta Sala considera que la responsabilidad por la muerte del señor Jaime Jácome Jácome es imputable a la entidad demandada por cuanto permitió la utilización del vehículo sin comprobar la existencia del seguro obligatorio tendiente a cubrir los daños corporales que se causen a personas en accidente de tránsito —de acuerdo con lo que quedó consignado en la casilla 9.2 del informe de accidente (fl. 472, cdno. ppal.)—, además de que su conductor desconoció los límites de velocidad, siendo así como materialmente aumentó el riesgo y produjo el daño antijurídico en los términos referidos ad supra

3. La liquidación de perjuicios.

Por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias(28).

Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (art. 1757, C.C.) como en la procesal civil colombiana (art. 177, CPC), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

3.1. Perjuicios morales.

La jurisprudencia tiene decantado, que el daño moral resarcible es aquel cierto, personal y antijurídico, y su tasación depende entonces de su intensidad, la cual deberá estar probada en cada caso y liquidada en salarios mínimos. En efecto, es numerosa la producción jurisprudencial y doctrinaria que coincide, en su mayoría, en la inconveniencia, dentro del ámbito jurídico y del sistema económico, de la formulación e imposición de elementos o variables objetivas que permitan una medición dineraria predefinida del valor dañoso. Lo anterior, por cuanto dicha función precisamente se encuentra en cabeza del juez quien goza de discrecionalidad judicial, facultad también conocida como arbitrium judicis, o arbitrio juris.

Es en este escenario en el que cobra importancia la función del juzgador, quien en el marco de dicha discrecionalidad, deberá hacer una valoración integral del acervo probatorio con el fin de establecer la medida compensatoria que considere más apropiada para aliviar el dolor sufrido por quienes ponen en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, tasando los perjuicios en términos de precio, es decir, en salarios mínimos(29).

Al respecto obran en el plenario las siguientes pruebas:

- Folio 7 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento correspondiente a Diana Carolina Jácome Medina, nacida el 18 de agosto de 1988, hija de Bleiner Diana Medina Pascuas y Jaime Jácome Jácome.

- Folio 8 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento correspondiente a Nataly Jácome Medina, nacida el 8 de abril de 1987, hija de Bleiner Diana Medina Pascuas y Jaime Jácome Jácome.

En este orden de ideas, establecido como está el parentesco con los registros civiles, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral sufrido por las hijas de la víctima, y lo reconocerá en la suma equivalente a 100 SMLMV para cada una.

Ahora, la señora Bleiner Diana Medina Pascuas acudió al proceso en su calidad de compañera permanente del señor Jaime. Para probar su dicho, obran en el expediente las siguientes pruebas:

- Folio 203 del cuaderno principal: diligencia de recepción de testimonios realizada el 15 de abril de 1998 en la ciudad de Neiva, en la que el señor Carlos Gómez Badillo declaró: “Preguntado: Manifiéstele al tribunal si usted sabe o le consta que el señor Jaime Jácome Jácome hubiere sido casado, o ejercía vida marital con alguna señora y si tenía familia o hijos. Contestó: Sí, el convivía con Diana Medina y tenía dos niñas; una de las niñas llama Natalia, que es la mayor y la otra que se llama Carolina. Como dije, ellos convivían pero no recuerdo si eran casados o unión libre, ellos vivían en Chapinero o Campo Núñez, en ese sector de Neiva”.

- Folio 221 del cuaderno principal: diligencia de recepción de testimonios realizada el 15 de abril de 1998 en la ciudad de Neiva, en la que la señora Francia Elena Araujo dijo: “Preguntado: Manifiéstele al tribunal en qué condiciones vivían en Chapinero Jaime Jácome Jácome y Diana a quien ha mencionado. Contestó: Desde que los conocí vivían juntos como una pareja normal, solvente, vivían juntos. Cuando los conocí ella estaba en embarazo de la niña mayor, al poco tiempo quedó en embarazo de la segunda niña o sea [sic] Carolina”.

- Folio 224 del cuaderno principal: diligencia de recepción de testimonios realizada el 15 de abril de 1998 en la ciudad de Neiva, en la que el señor Bernardo Arango Tobón expuso: “Preguntado: Sírvase manifestarle al tribunal, ya que dice haber sido vecino de Jaime Jácome Jácome, si este vivía solo o en compañía de quién o quiénes. Contestó: Bueno, Jaime vivía en compañía de su esposa Diana, así lo conocí yo. Tenían dos niñas”.

En consecuencia, por constar prueba de la calidad de compañera permanente de la señora Bleiner Diana Medina Pascuas, se reconocerá en su favor suma equivalente a 100 SMLMV, por cuanto se encontró acreditada la convivencia, la unión permanente y los lazos de afecto(30), siguiendo la posición reiterada de esta Corporación en virtud de la cual:

“Según lo previsto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, se denominan compañeros permanentes a quienes forman una unión marital de hecho, la cual se constituye a partir de la prueba de la comunidad permanente y singular formada por aquellos que no están casados(31).

Ahora bien, la existencia de la unión marital de hecho podrá probarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia (L. 979/2005, art. 2º). Cosa distinta es que la existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se presuma y que el juez esté llamado a declararla en dos situaciones: i) cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; ii) cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho (L. 979/2005, art. 1º).

De ese modo, para acreditar la existencia de la unión marital de hecho debe probarse lo siguiente: i) la unión, es decir, la cohabitación, ii) que la unión se efectuó entre dos personas, iii) que no contrajeron matrimonio entre sí, iv) que entre quienes la conforman exista una comunidad de vida permanente, y v) que dicha unión sea de carácter singular, es decir monogámica.

Así las cosas, al no existir tarifa legal en relación con la prueba de la unión marital de hecho, y por ende de la condición de compañero o compañera permanente, la Sala considera que los testimonios obrantes en el proceso dan cuenta del cumplimiento de las condiciones antes referidas. En otras palabras, al señalarse en los testimonios que el señor Tamara Tuiran y la señora Meza Díaz convivían, considerarlo como “el esposo” de esta y padre del feto obitado, la Sala estima que el trato y la fama como compañero permanente de la señora Meza Díaz fueron debidamente acreditados por vía testimonial(32)(33) (destacado fuera de texto).

En conclusión, se reconocerán los siguientes montos por perjuicios morales:

Diana Carolina Jácome Medina (hija)100 SMLMV
Nataly Jácome Medina (hija)100 SMLMV
Bleiner Diana Medina Pascuas (compañera permanente)100 SMLMV

3.2. Perjuicios materiales(34). 

Los actores solicitaron el reconocimiento y pago “a todos y cada uno de los demandantes la totalidad de los perjuicios materiales que les fueron causados con motivo de dicho suceso y que se demuestren en este proceso o posteriormente por el procedimiento señalado en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son superiores a los $168.000.000 debido a que el occiso devengaba ingresos mensuales de un promedio de $700.000 tomando esta suma como el daño emergente a la fecha de presentación de esta demanda, es decir, a los perjuicios materiales actuales debidos”.

Al efecto, adjuntaron copias de los plásticos de las tarjetas de crédito que tenía la víctima a su nombre; y copias de los extractos de cuentas corrientes, notas débito, estados de cuenta, cupones de pago, facturas, y de las anotaciones contables que llevaba el señor Jaime Jácome Jácome en su negocio de distribución de calzado cuya existencia está además comprobada con los testimonios que reposan en el plenario. Sin embargo, dichas pruebas no tienen la entidad suficiente para ofrecer convicción sobre el monto de los ingresos mensuales de la víctima —que pudieron haberse probado a través de un certificado de ingresos y retenciones—, razón por la cual los perjuicios se liquidarán con base en el salario mínimo por cuanto una persona laboralmente activa no puede devengar un salario menor al mínimo vigente, que hoy asciende a $616,000.

A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala, se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, cifra que asciende a $770,000 y se deducirá el 25% de gastos para el propio sostenimiento correspondientes a $192,500, quedando la base de la liquidación en $577,500.

Establecido el salario base de liquidación, este será a su vez dividido entre dos con el fin de establecer lo correspondiente a la liquidación de la compañera permanente y lo que corresponde a las hijas ($288,750), mitad que a su vez será repartida en dos (Nataly y Diana Carolina), de manera tal que la renta actualizada a partir de la cual se establecerá la indemnización para cada uno de estas será de $144,375.

3.2.1. Nataly Jácome Medina(35). 

Fecha de nacimiento8 de abril de 1987
Fecha cumpleaños Nº 258 de abril de 2012
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años de edad243 meses

3.2.1.1. Indemnización vencida.

1994-07642 Fórmula 1

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Nataly Jácome Medina, corresponde a un valor total de $66’855,778.

3.2.2. Diana Carolina Jácome Medina(36). 

Fecha de nacimiento18 de agosto de 1988
Fecha cumpleaños Nº 2518 de agosto de 2013
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años de edad259 meses

3.2.2.1. Indemnización vencida.

1994-07642 Fórmula 2

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Diana Carolina Jácome Medina, corresponde a un valor total de $74’652,662.

3.2.3. Bleiner Diana Medina Pascuas(37). 

Fecha de nacimiento22 de abril de 1968
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(38)261 meses
Vida probable(39)54.50(40)
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y la fecha en la que se cumple la vida probable202,68(41)
Salario base de liquidación$288,750

3.2.3.1. Indemnización vencida.

1994-07642 Fórmula 3

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para Bleiner Diana Medina Pascuas, corresponde a un valor total de $151’341,103.

3.2.3.2. Indemnización futura o anticipada.

1994-07642 Fórmula 4

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para Bleiner Diana Medina Pascuas, corresponde a un valor total de $37’151,638.

Así, sumada la indemnización vencida y futura, esta Subsección reconocerá en favor de la compañera permanente del señor Jaime, la suma de $188’492,741.

4. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revocar la sentencia apelada, esto es, la proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, el 12 de septiembre de 2003, y en su lugar disponer:

1. Declarar administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, de la muerte del señor Jaime Jácome Jácome.

2. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a reconocer y pagar lo equivalente en dinero de las siguientes sumas, a título de perjuicios morales en favor de las actoras así:

Diana Carolina Jácome Medina (hija)100 SMLMV
Nataly Jácome Medina (hija)100 SMLMV
Bleiner Diana Medina Pascuas (compañera permanente)100 SMLMV

3. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a reconocer y pagar las siguientes sumas por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante así:

Diana Carolina Jácome Medina (hija)$74’652,662
Nataly Jácome Medina (hija)$66’855,778
Bleiner Diana Medina Pascuas (compañera permanente)$188’492,741

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin costas.

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Enrique Gil Botero—Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(1) Es preciso advertir que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dice que el nuevo código “solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(2) “La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance del respectivo recurso de alzada (...) [Es así como], si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia de Unificación del 9 de febrero de 2012; Exp. 21060.

(3) De acuerdo con lo consignado en el Decreto 597 de 1988, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia —cuando la demanda fuera interpuesta en el año 1994—, era de $ 9.610.000. En el sub lite, la mayor pretensión superaba los $ 168.000.000, suma alegada como perjuicios materiales por la compañera permanente de la víctima.

(4) Al momento de la presentación de la demanda, el 31 de enero de 1994, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada, por cuanto los hechos ocurrieron el 31 de enero de 1992.

(5) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

(7) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

(8) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

(9) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622.

(10) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

(11) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 17 de marzo de 2010; Exp. 18567.

(12) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 15 de marzo de 2001; Exp. 11222.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2010; Exp. 17635.

(14) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 23 de junio de 2010; Exp. 19007.

(15) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de abril de 2011; Exp. 19453.

(16) Ver, Entre otras sentencias: 19 de septiembre de 2002, Exp. 13399; 4 de diciembre de 2002; Exp. 13623; 29 de enero 2004, Exp. 14018; 29 de enero de 2004, Exp. 14951.

(17) Fls. 246 a 276, 282 a 314, cdno. ppal.

(18) Ver, por ejemplo: Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 24 de noviembre de 2005; Exp. 13305. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 29 de febrero de 2012; Exp. 23412. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de febrero de 2011; Exp. 19038. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 8 de junio de 2011; Exp. 17990. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 23 de mayo de 2012; Exp. 22681.

(19) Fls. 461 a 750, cdno. ppal.

(20) Fl. 732, cdno. ppal.

(21) Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia del 29 de mayo de 2012; Rad: 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI).

(22) Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener “(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia del 27 de junio de 1996, Rad. 9255; sentencia del 15 de junio de 2000, Exp. 13.338; sentencia del 10 de noviembre de 2000, Exp. 18298; y sentencia del 16 de enero de 2001, Rad. ACU-1753; sentencia del 25 de enero de 2001, Rad. 3122; sentencia de 6 de junio de 2002, Rad. 739-01.

(23) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre 10 de 2000, según Rads. 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sostuvo la tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(24) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 6 de junio de 2007; Exp. AP-00029.

(25) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de enero de 2013; Exp. 25087.

(26) Exp. 1284: obran en folios 7 y 8. Exp. 1999: obran en folios 6 y 7.

(27) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 18 de febrero de 2010; Exp. 17885.

(28) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 20 de marzo de 2013; Exp. 25953.

(29) Por lo tanto, es preferible seguir los precedentes jurisprudenciales que sirven al juez para tasar de la manera más justa e igualitaria los perjuicios morales, que tratar de imponer metodologías cuya aplicación en la jurisdicción contencioso administrativa no es dable, pues ha de mediar un mínimo análisis y estudio sobre los objetivos que se persiguen con su aplicación, los procedimientos que se requieren para que su implementación sea adecuada, y los resultados esperados con la misma. Ver por ejemplo, lo dicho en la sentencia de Corte Constitucional, C-176 de 2007.

(30) “Esta se logra por cualquiera de los medios judiciales previstos en el Código de Procedimiento Civil, a fin de acreditar la convivencia, unión permanente y lazos de afecto, siendo la más común la testimonial”. Sentencia de 19 de noviembre de 2008. Exp. 28259. Puede verse también las sentencias de 20 de octubre de 1995. Exp. 10336; de 9 de marzo de 2000. Exp. 12489; de 12 de octubre de 2000, Exp. 1809-99; de 17 de junio de 2004. Exp. 15183; de 11 de diciembre de 2002. Exp. 13818.

(31) “ART. 1º—A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

(32) Fls. 210 a 213 y fls. 217 a 218, cdno. 1.

(33) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sala del 24 de abril de 2013; Exp. 26127.

(34) “Ahora bien, de conformidad con el artículo 1613 del Código Civil, el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro. Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya vivida”. En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que “se haya concluido la falta del ingreso”. Se considera perjuicio no consolidado aquella disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; esta categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados (daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro cesante futuro)”. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 2 de febrero de 2001; Exp. 18983.

(35) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 8 del cuaderno principal, Nataly nació el 8 de abril de 1987.

(36) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 7 del cuaderno principal, Diana Carolina nació el 18 de agosto de 1988.

(37) De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 5 del cuaderno principal, Bleiner Diana nació el 22 de abril de 1968.

(38) 31 de octubre de 2013.

(39) Resolución 497 de 1997 por la cual se modifica la Resolución 585 de 1994.

(40) Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la señora Bleiner Diana tenía 23 años.

(41) Al momento de los hechos Jaime tenía una vida probable de 38,64 años correspondientes a 463,68 meses, de los que se habrá de sustraer el número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponde a 261 meses para un total de 202,68 meses, lapso a indemnizar por lucro cesante futuro.