Sentencia 1994-07763 de marzo 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 41001233100019940776301 (24732)

Consejera ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: María Eugenia Laverde de Cabrera y otros

Demandado: municipio de Palermo

Referencia: reparación directa

Bogotá, D.C., marzo seis de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 6 de noviembre de 2002, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía(1).

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración.

2.1. El caso concreto

El 25 de agosto de 1993, el señor Álvaro Cabrera Pascuas resultó muerto en un accidente de tránsito, cuando se transportaba como pasajero en la vía que conduce del municipio de Palermo a Neiva, en una volqueta de propiedad del citado municipio, que transportaba una carga de 2.000 ladrillos y era conducida por el señor Jorge Eliécer Tovar Laguna, quien en la época se desempeñaba como conductor en dicho ente territorial.

El accidente se presentó cuando el camión que iba adelante sufrió un daño en los frenos y fue impactado en la parte trasera por la volqueta de propiedad del Municipio de Palermo que no alcanzó a frenar.

2.2. Las pruebas obrantes en el proceso

1. Copia de los registros civiles de nacimiento de María Eugenia Laverde, José Hitalo, Delio, Hernando, Belén, Edilma, Rigoberto, Marleny, Leonel, María Helena, Reinel y Álvaro Cabrera Pascuas (fls. 8 a 9 y 11 a 22, cdno. ppal.).

2. Copia del Registro Civil de Matrimonio de la víctima y la señora María Eugenia Laverde Donato y de Luis Alfredo Cabrera Perdomo y Raquel Pascuas Bonilla (fls. 7 y 10, cdno. ppal.).

3. Registro civil de defunción de Álvaro Cabrera Pascuas (fl. 23).

4. Fotocopias autenticadas de facturas de compras de repuestos de vehículo a nombre del municipio de Palermo y copia de órdenes de trabajo cuyo objeto era la reparación y mantenimiento de los automotores de su propiedad (fls. 60 a 96).

5. Testimonio de los señores Marlio Roa Bustos y Florencio Castañeda Losada y Carmelo Castañeda Hueje, quienes fueron contestes en declarar acerca de la unión familiar de la víctima con sus hermanos y su madre a quien ayudaba, razón por la cual sus familiares se han visto muy afectados con su muerte, por el sufrimiento que han padecido. Manifestaron también que la víctima trabajaba en una finca que tenía con sus hermanos y de ella derivaba el sustento (fls. 111 a 114, 117 a 126, cdno. ppal.).

6. Fotocopia autenticada del proceso penal adelantado contra Jorge Eliécer Tovar Laguna por el delito de Homicidio Culposo (fls. 128 a 321, cdno. ppal.).

7. Testimonio de Jorge Eliécer Tovar, quien venía conduciendo el camión en el cual se transportaba la víctima y sobre el accidente declaró:

“….viniendo de Neiva para acá, venía un camión adelante mío, no recuerdo bien las horas, y venía normalmente, cuando de un momento a otro ví que se frenó el camión, se le frenaron las llantas y yo pues le mandé los frenos a la volqueta y cuando se (sic) ví fue muy encima, yo traté de esquivarlo para pasar al lado izquierdo pero fue imposible porque venía un poco de carros fue cuando quedé prensado y llegaron a sacarme, yo quedé con la dirección de la volqueta prensado, me estrellé contra un camión por la parte de atrás del camión, …

PREGUNTADO: Indíquele al despacho cuál cree que sea la causa para que hubiese ocurrido esa colisión entre la volqueta que usted conducía y el camión, donde perdiera la vida el señor Álvaro Cabrera Pascuas? CONTESTÓ: Pues la única causa que ocurrió fue porque el señor del camión, según el conductor del camión me comentó que había acabado de salir del taller y estaba en el arreglo del freno de seguridad, pero parece que se lo dejaron mal porque se estacaba el freno de seguridad, por esa razón fue el accidente porque el(sic) va adelante y yo atrás y al estacarse el freno, el camión frena al (sic) seco y hay (sic) fue cuando le dí al camión. PREGUNTADO: A que frenos usted se refiere al de mano o de pie? CONTESTÓ: Al freno de seguridad o al de mano como se llama. PREGUNTADO: Exprésele al Juzgado a qué velocidad venía para el día de los hechos y a qué distancia estaba el camión cuando ocurrió el hecho que según usted (sic) por el hecho de haber frenado el otro automotor. CONTESTÓ: yo venía a cuarenta o cincuenta porque venía pesado, la distancia como de aquí a la teja (señala aproximadamente unos nueve metros) no le se(sic) decir. PREGUNTADO: Manifiéstele al Despacho si ese día usted antes de colisionar con la parte de atrás del camión ejerció u operó los frenos de la volqueta o por el contrario no tuvo tiempo de hacerlo por la distancia que tenía usted con respecto al otro vehículo? CONTESTÓ: Yo tuve tiempo de frenar la volqueta, lo que pasa es que con el peso, con dos mil ladrillos es verraco sostenerla al seco, yo le apliqué el freno, pero por el peso no la puede uno detener al seco. “ (fls, 357 a 358 vto, cdno. pruebas).

8. Declaración del señor Pedro Eduardo Velásquez Trujillo, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario de obras públicas y era el encargado de supervisar el mantenimiento de los vehículos a cargo de dicha secretaría, entre los cuales se cuenta el camión que sufrió el accidente. El funcionario manifestó que a los automotores se les hacía revisión permanente de acuerdo con el kilometraje recorrido según el tacómetro y los que no contaban con ese instrumento eran revisados cada mes y medio aproximadamente.

9. Certificación del Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Palermo donde consta que el vehículo OWH-789 es de propiedad del municipio, se anexa tarjeta de propiedad 94-1100797 y tarjeta de registro, así como certificación sobre la licencia de conducción del señor Jorge Eliécer Tovar Laguna (fls. 364 a 370, cdno. pruebas).

10. Certificación de la alcaldía municipal de Palermo donde consta que el 25 de agosto de 1993, el señor Jorge Tovar Laguna se encontraba desempeñando sus funciones como conductor del municipio, para el cual fue nombrado desde el 14 de agosto de 1988 (fls. 374 a 382, cdno. pruebas).

De las pruebas obrantes en el proceso penal, merecen destacarse las siguientes:

11. Informe del accidente 9320168, donde se consignaron como causas probables del mismo, respecto del vehículo 1 “Cod. 118 falta mantenimiento mecánico. Cod. 202 Falla –Frenos”. El conductor manifestó: “Sentí una fuga de aire el carro se frenó y sentí el golpe”. Acerca del vehículo 2 el informe dice “Cod 121 no mantener la distancia de seguridad y en cuanto a lo dicho por el conductor se registró: “Vi cuando el camión se frenó y no lo pude esquivar y le di”. Como observaciones se anotó: “La huella de frenada es del vehículo No. 1, el vehículo No. 1 quedó frene (sic) instalaciones de policía Palermo, veh. 2 instalaciones Alcaldía Palermo. (fls. 146 y 147, cdno. ppal.).

12. Álbum fotográfico que acompaña informe 01618 y levantamiento de cadáver número 208 de agosto 25 de 1993. De igual forma se allegó copia del informe 757 sobre el levantamiento del cadáver donde se consignó que según lo afirmado por el testigo Marlio López, Álvaro Cabrera Pascuas, era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Ospina Pérez-Palermo y que “en la vía Neiva - Palermo, se colisionó con un camión sufriendo varias heridas que le causaron la muerte, es de anotar que el hoy occiso viajaba como pasajero o acompañante” (fls. 158 a 166).

13. Diligencia de inspección judicial sobre los vehículos (fls 178 y 179, cdno. ppal.).

14. Álbum fotográfico del estado de los vehículos después del accidente y protocolo de necropsia A-223-93 donde se concluyó “hombre adulto que murió por un schock hipovolémico debido a una anemia aguda como resultado de un trauma cerrado toracoabdominal con compromiso visceral sufrido en accidente de tránsito”. Prueba de alcoholemia con resultado negativo (fls. 172 a 175 y 197 a 202, cdno. ppal.).

15. Declaración del señor Wilson Teodoro Manchola Moreno, conductor del vehículo con el que colisionó el camión del municipio de Palermo y manifestó:

“… iba normalmente por la vía, trabajando bien el carro, todo bien, y en esa recta que hay que no recuerdo cómo llama el sitio donde pasó el accidente iba normal cuando vi que se iba a disparar el freno de seguridad, sentí que hizo como (siiii), entonces miré el reloj y ví que la aguja estaba en sesenta libras o más abajo e inmediatamente se disparó el freno de seguridad y sentí que el carro no frenó, al sentir esto, lo único que hice fue coger el carro duro de la dirección y no dejarlo que se saliera, porque donde me saliera me podía voltiar,(sic) entonces el carro se fue resbalado de lado, cuando frenó el carro que paró, miré por los retrovisores y fue cuando vi que la volqueta chocó con el camión, el impacto fue tan duro que casi quiebro el parabrisas con la cabeza y el camión salió de la vía como para voltiarse (sic) por el golpe que le propinó la volqueta, me bajé rápidamente a mirar lo que había sucedido atrás y fue cuando ví la volqueta estrellada y los señores ahí aprisionados. Eso fue lo que sucedió. PREGUNTADO. Explíquenos mejor en qué consiste en (sic) freno de seguridad, qué tiene que ver la aguja del reloj cuando marca sesenta libras o menos y cuáles fueron las razones para que le hubiera sucedido este percance? CONTESTÓ: Resulta que el freno de seguridad trabaja adecuado con el manómetro, es decir, que mínimo de sesenta libras el freno se dispara automáticamente, y según lo que dijo el mecánico y quienes hicieron las revisiones fue que el compresor dejó de meter aire, entonces al no meter aire, entonces lógico que se le fue acabando el aire poco a poco a los tanques y se fue bajando la aguja y cuando llegó a la mínima que ahí se dispara el freno ya yo iba en marcha y fue cuando pasó lo que pasó. PREGUNTADO: Había hecho revisar el sistema de frenos, concretamente el compresor, en caso afirmativo cuándo y quién lo hizo? CONTESTÓ: Es que el carro estaba trabajando bien, el carro nunca había sufrido de esa falla, el compresor estaba trabajando bien, el carro bueno de frenos, es como cuando uno se monta a un carro y se va estando bueno, pero en el transcurso del viaje le puede a uno suceder cualquier cosa que no se espera.

(...).

PREGUNTADO: A qué le atribuye el accidente que hemos venido haciendo referencia? CONTESTÓ: Pues la falla mecánica del carro que yo conducía, lo otro es que el señor de la volqueta venía muy pegado del carro a alta velocidad y un carro pesado, no se puede detener en pocos metros osea(sic) cuando hay emergencia, osea(sic) lo que sucedió por no guardar la distancia de seguridad. PREGUNTADO: Puede precisarnos a qué distancia aproximada podía ir la volqueta del camión cuando se produjo la frenada? CONTESTÓ: Bien cerquita si iba, yo no le se(sic) decir a cuantos metros, pero cerquita si(sic) iba”. (fls. 203 a 204 vto, cdno. ppal.).

Posteriormente amplió su declaración manifestando que el camión no intentó adelantarlo, siempre venía detrás (fl 214 a 215, cdno. ppal.).

16. Providencia de noviembre 16 de 1993, mediante la cual la Fiscalía 4 especializada dictó medida de aseguramiento por considerar que la culpa fue del otro vehículo quien venía a velocidad y no guardó la distancia y resolución de acusación, calendada el 6 de enero de 1994 (fls. 205 a 209, y 227 a 231, cdno. ppal.).

17. Mediante auto del 8 de marzo de 1994, el juzgado sexto penal del circuito de Neiva, dispuso ampliar el dictamen pericial para que éste determinara:

“a) Si la falla mecánica referida por el conductor del camión Ford 53 señor Wilson Teodoro Manchola Moreno, en su versión visible al folio 56 frente y vuelto, sobre el sistema convencional y la activación del freno de seguridad, se presenta o puede presentarse de improviso, sin que se note de antemano su irregular funcionamiento; o si durante la marcha se puede apreciar tal acontecer, dando un tiempo prudencial para el estacionamiento y revisión; o se puede percibir a través de los días, dando tiempo a un chequeo mecánico del automotor. Si ocurrido el insuceso durante el mismo, se puede liberar fácilmente el freno de emergencia, etc.

b) Qué velocidad máxima puede desarrollar una volqueta Chevrolet 1984 en una carretera, recta, asfaltada, en buen estado de mantenimiento, de día, en tiempo seco y cargada con ocho toneladas, sin que exista peligro para las personas o cosas?

c) Qué espacio requiere la volqueta mencionada en las circunstancias anotadas para detener su marcha de una velocidad de 60 kilómetros por hora?

d) Que diga si a un camión como el Ford 53 se le acciona o dispara automáticamente el sistema de frenos por falta de compresión ¿los STOP funcionan? Qué espacio requiere este camión para detener su marcha si su velocidad es de 60 Kilómetros por hora, sin carga y en carretera seca y asfaltada?” (fls. 237 y 238, cdno. ppal.).

18. Dictamen pericial rendido por un funcionario del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento del Huila, donde consta:

a) El argumento expresado por el señor Wilson Teodoro Machola Moreno es lógico si se tiene en cuenta que un vehículo de ese modelo puede tener desgastes en el sistema de freno de seguridad, además este vehículo debe haber sido adaptado puesto que ese modelo originalmente viene sin este sistema de freno, por lo tanto el freno se puede accionar de improviso sin que se note por anticipado la irregularidad en su funcionamiento se carece (sic) o se encuentra en mal estado el reloj que indica la presión del aire, pero si este está funcionando correctamente debe haberse presentado descuido por parte del conductor por cuanto la aguja es la que da la pauta sobre la presión del aire. Al bajarse la presión del aire a 60 libras se dispara automáticamente produciéndose una frenada brusca.

b) De acuerdo a este interrogante la velocidad que puede desarrollar un vehículo de las características anotadas varía según el estado general del vehículo, por lo tanto para emitir una respuesta acertada es necesario efectuar la prueba pertinente.

c) Para detener la marcha de un vehículo de las circunstancias anotadas movilizándose a una velocidad de 60K/H puede ser de una longitud de 15 a 20 metros.

d) la primera parte de este interrogante quedó aclarada en el literal (a) en cuanto a lo(sic) Stops estos no funcionan, al accionarse el freno de seguridad por ser un sistema independiente.

En relación con el espacio que se requiere (sic) un camión como el FORD 53 y al cual se refiere ese despacho estando en óptimas condiciones de mantenimiento puede requerir de un espacio también que oscila entre los 15 y 20 metros de longitud para detener su marcha (fls. 253 y 254, cdno. ppal.).

19. Certificación del Comisario del Instituto de Tránsito y Transporte de Neiva, de fecha diciembre 13 de 1993, donde se consignó como causa probable “Fallas en los frenos: “Daño repentino que presentaron los vehículos durante el viaje en algunos de los elementos indicados. Según código 2020 de la planilla de accidentes tomando la versión de los conductores y según croquis podemos deducir que existe responsabilidad del vehículo de placas XY2443” (fl 225, cdno. ppal.).

20. Pruebas de alcoholemia de los dos conductores con resultado negativo (fls. 249 y 250, cdno. ppal.).

21. Providencia proferida por el juzgado 6 penal del circuito de Neiva, el 18 de enero de 1996, mediante la cual se absolvió al investigado por considerar que no se acreditó debidamente que el conductor del camión hubiera obrado culposamente y por el contrario lo ocurrido fue un caso fortuito ya que no podía prever que el vehículo que venía delante de él tendría fallas en su sistema de frenos y se detendría abruptamente, sin avisar y sin darle tiempo a reaccionar (fls. 308 a 317, cdno. ppal.).

2.3. De las pruebas trasladadas

Antes de abordar el análisis del caso, es necesario precisar que la jurisprudencia de la Corporación ha considerado que las fotografías no pueden ser valoradas en el proceso puesto que carecen de mérito probatorio, ya que ellas registran imágenes sobre las que no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas, y menos se tiene certeza sobre el sitio o la vía que en ellas aparece, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden cotejarse con otros medios de prueba allegados al proceso(3).

No obstante, en el sub judice, las fotografías allegadas hicieron parte de la inspección judicial realizada a los vehículos por las autoridades y por tanto, pueden ser valoradas, de manera conjunta con las otras pruebas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, en principio, los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador, cuando son trasladados en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, en los casos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, se ha considerado que ellas pueden ser valoradas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y a pesar de que no hayan sido ratificados, porque en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal, que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión(4).

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta, que la parte demandada hizo uso de los testimonios que fueron trasladados, para estructurar su defensa y sobre ese punto se ha dicho, que la exigencia legal de la ratificación de la prueba testimonial trasladada del proceso penal puede entenderse suplida con la admisión probatoria de quien en el proceso original no la contradijo, no la pidió o no se recepcionó con su audiencia(5).

En consecuencia, las pruebas que fueron trasladadas de la investigación penal adelantada por estos mismos hechos, serán valoradas en el sub judice, teniendo en cuenta que se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para dicho traslado, se allegaron en copia autenticada y fueron practicadas con audiencia de la parte contraria, de manera que pueden ser valoradas, excepto la indagatoria del señor Jorge Eliécer Tovar Laguna que al carecer de juramento no cumple con los supuestos de la norma.

Ahora bien, acerca de la posibilidad de apartarse de la decisión proferida en el proceso penal, de tiempo atrás se ha afirmado por esta Corporación que los fallos absolutorios no implican la exención de responsabilidad en el proceso contencioso(6), es decir que la valoración allí efectuada no tiene fuerza de cosa juzgada(7), en el proceso ante esta jurisdicción.

Así se ha pronunciado esta Sala:

“La Sala ha dicho repetidas veces también que la absolución penal no implica en todos los casos la absolución de la entidad en el proceso de responsabilidad patrimonial, porque las dos relaciones se subsumen para su definición en dos normatividades diferentes, hasta el punto de que ni siquiera puede hablarse, en tales eventos, de prejudicialidad mientras se define la responsabilidad penal del servidor público autor del ilícito. Normatividad una, que define la conducta culposa o dolosa del servidor desde la perspectiva del derecho penal y otra, que estudia esa conducta en relación con el funcionamiento del servicio para ver si pone de presente que por esa misma conducta, funcionó mal, no funcionó o lo hizo tardíamente(8)”.

De manera similar, la doctrina acepta que las pruebas que hayan sido trasladadas de otro proceso, no comprometen la libertad de valoración del juez:

“... Se refiere, con claro desarrollo del principio de economía procesal, a la posibilidad de que se utilicen pruebas ya practicadas dentro de un proceso para ser evaluadas en la decisión que debe tomarse en uno diferente, conservando el respectivo juez plena autonomía en el estudio crítico que realice, con lo cual queda sentado en esta materia no se trata de trasladar interpretaciones acerca del poder de convicción y alcance de la prueba, sino tan solo el medio probatorio como tal, como objetivamente se surtió dentro de otro proceso, para ser analizado en uno diferente y por juez distinto, con los alcances que según su entendimiento tienen, para generar la certeza que requiere la decisión que de él se espera.

Bien puede suceder que el juez que ahora estudia las pruebas, les dé un alcance diferente del que les otorgó el funcionario que anteriormente las examinó dentro del proceso de donde se trasladaron, dada la absoluta libertad de análisis probatorio de que goza el juez, lo cual igualmente permite que la opinión pueda ser coincidente con la del primero”(9).

2.4. La legitimación en la causa por activa

Está debidamente acreditada con los registros civiles de nacimiento del señor Álvaro Cabrera Pascuas, de su madre Raquel Pascuas de Cabrera, los hermanos José Hitalo, Delio, Hernando, Belén, María Edilma, Marleny, Rigoberto, Leonel, María Elena y Reinel Cabrera Pascuas, la hija Vivian Andrea Cabrera Laverde y el registro civil de matrimonio que contrajo con la señora María Eugenia Laverde.

2.5. El daño

Siendo el daño el primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad, debe precisarse que en el sub judice, el mismo se concreta en la muerte del señor Álvaro Cabrera Pascuas, lo cual aparece plenamente acreditado con el registro civil de defunción, el protocolo de necropsia y el acta de levantamiento del cadáver.

2.6. La imputación

Establecida la existencia del daño, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la parte demandada.

Es preciso indicar que en cuanto a la conducción de vehículos, la Sala tiene por establecido que es una actividad peligrosa y que como tal, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, pues el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos. En este tipo de responsabilidad al actor le bastará probar la existencia del daño y que éste pueda ser atribuido a la entidad, ya sea por acción o por omisión, en este caso en desarrollo de la actividad riesgosa, mientras que para eximirse de responsabilidad el demandado no puede alegar únicamente la diligencia o la ausencia de falla, ya que se le exige acreditar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

Por otra parte, conviene señalar que la víctima era un pasajero que se transportaba en un vehículo oficial y en tratándose de transporte benévolo de pasajeros en vehículos oficiales esta Corporación ha considerado que quien se transporta a título gratuito en un vehículo sin intervenir en su conducción no ejerce actividad peligrosa y por ello, en relación con la protección que demanda frente al riesgo derivado de dicha actividad está en la misma condición que los peatones(10).

Al respecto, es necesario señalar que en el sub judice se presenta una colisión de actividades peligrosas puesto que se trata de un accidente de tránsito ocurrido entre dos vehículos, pero esta circunstancia no afecta la imputación bajo el régimen objetivo, tal como lo ha considerado la Sala en oportunidad anterior:

“Así las cosas, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o peligrosa, resulta oportuno analizar la controversia desde el título objetivo del riesgo excepcional, en los términos señalados, con la salvedad de que, en el asunto sub examine se presentó una colisión de actividades peligrosas, como quiera que tanto Guillermo León Marín Gaviria como el departamento de Antioquia, Secretaría de Obras Públicas desarrollaban, al momento del accidente, la conducción de automotores sin que esta específica circunstancia suponga que se cambie o traslade el título de imputación a la falla del servicio. En efecto, si bien esta Corporación ha prohijado la llamada “neutralización o compensación de riesgos”, lo cierto es que en esta oportunidad reitera la Sala precisa su jurisprudencia en el mismo sentido en que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva. En consecuencia, al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

(…).

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño. Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico. En esa perspectiva, en cada caso concreto, el juez apreciará en el plano objetivo cuál de las dos actividades peligrosas fue la que concretó el riesgo creado y, por lo tanto, debe asumir los perjuicios que se derivan del daño antijurídico. En ese orden de ideas, el operador judicial a partir de un análisis de imputación objetiva determinará cuál de los dos o más riesgos concurrentes fue el que se concretó y, en consecuencia, desencadenó el daño; a estos efectos, la violación al principio de confianza y elevación del riesgo permitido se convierte en el instrumento determinante de cuál fue la actividad que se materializó. En otros términos, el régimen, fundamento, o título de imputación de riesgo excepcional, cuando existe colisión o simultaneidad de actividades peligrosas se configura y delimita a partir de un estudio de riesgo creado en sede de la imputación fáctica, que supone un examen objetivo, desprovisto de cualquier relevancia subjetiva (dolo o culpa), dirigido a identificar la circunstancia material que originó la concreción del peligro. En el presente caso es aplicable el régimen objetivo señalado, por tratarse de una colisión de automotores, uno de los cuales era de propiedad del departamento demandado”(11) ( Subrayas fuera de texto).

De lo anterior se deduce entonces, que lo fundamental es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que materialmente concretó el riesgo y el daño, es decir, analizar a quién se le puede atribuir su producción.

En el presente caso, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, se evidencia que el vehículo de placas XY-2443, que venía adelante en la vía, presentó una falla en el freno de seguridad, porque intempestivamente se activó el mecanismo de frenos, por falta de aire en el compresor y por consiguiente, el automotor se detuvo, sin previa advertencia para el vehículo que lo seguía, ya que las luces traseras, indicadoras de los frenos, en estos casos no se activan, tal como se señaló en el dictamen pericial. Durante el trayecto en que el vehículo ya frenado continúo en movimiento y se detuvo definitivamente, dejó una huella de 35 metros, según lo consignado en el informe del accidente.

Ante esta situación, el conductor de la volqueta que venía detrás no intentó sobrepasar el vehículo, tal como lo aceptó el conductor del camión al ampliar su declaración en el proceso, ni pudo esquivarlo, porque en el otro carril transitaban otros automotores, de modo que frenó para evitar la colisión, pero no lo logró entre otros factores por la distancia a la que venía respecto del vehículo y por el peso que transportaba lo cual dificultó la inmovilización del mismo.

2.7. De la causal exonerativa de responsabilidad

Como la entidad demandada alegó que el accidente fue por culpa de un tercero y que el funcionario del municipio no tuvo responsabilidad en el mismo, una vez definido el régimen de imputación aplicable, debe abordarse el análisis de la causal exonerativa de responsabilidad, para lo cual deberán tenerse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto.

En primer lugar debe advertirse que para que se configure la causal de exclusión de responsabilidad por hecho de un tercero, se requiere que éste sea exclusivo y determinante en la producción del daño y que además sea imprevisible e irresistible para la administración, circunstancias que la parte demandada debe probar en el proceso con el fin de obtener el reconocimiento de la causal y la consecuente exoneración de responsabilidad(12).

Sin embargo, cuando el hecho de un tercero no es exclusivo, es decir cuando en la producción del hecho dañoso participa también la administración, se genera una obligación solidaria y puede entonces solicitarse la reparación del daño a cualquiera de las personas que participaron en su producción. Así lo ha dicho la Sala:

“Si bien puede considerarse que en este caso participaron en la producción del hecho dañoso, tanto la conducta del tercero quien lo provocó materialmente, como la conducta de omisión del Estado quien no adoptó las medidas pertinentes tendientes a prevenirlo, tratándose del concurso de conductas distintas a la de la víctima, se genera una obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en su producción del daño, como ya se indicó (C.C., arts. 2344 y 1568). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única y por tanto no es exclusiva sino coparticipada o cooperada en forma eficiente y adecuada con la de otra (s) persona (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibíd.). Por lo tanto la actuación de un tercero cooperada con otra persona no es constitutiva de exonerante de responsabilidad, pues para que constituyera exonerante se requeriría que además de que fuera exclusiva rompiera el nexo de causalidad, entre la conducta demostrada contra el demandado y el daño causado a los demandantes. Debe recordarse que: -la solidaridad de los deudores se produce en relación con la parte demandante y que entre los deudores solidarios la obligación de cada uno es conjunta y, por lo tanto, admite división o separación (art. 1579 ibíd.). —el demandante puede dirigir su demanda por hechos como el descrito— concurrencia conductas entre demandado y tercero - contra uno de estos o contra todos (art. 1579 ibíd.)”(13).

Así ocurre en el sub judice puesto que a la producción del daño contribuyó tanto la conducta del tercero como también la conducta del funcionario que conducía el vehículo oficial, circunstancia que impide entonces que se configure la causal invocada.

En consecuencia, como de las pruebas obrantes en el proceso es posible concluir que en el sub judice no se presentó ninguna causal de exclusión de responsabilidad ya que tanto la conducta del tercero como la del conductor oficial, fueron determinantes en la ocurrencia del accidente, corolario de lo anterior resulta que debe atribuirse responsabilidad a la entidad demandada y por ello habrá de revocarse la sentencia impugnada.

2.8. Perjuicios morales

Actualmente, la corporación viene reconociendo que la simple acreditación de la relación de parentesco existente permite presumir el dolor sufrido por los padres, abuelos, hijos, hermanos y nietos de modo que al allegarse al proceso los registros civiles de los hermanos de la víctima eso es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales, teniendo en cuenta la especial protección a la familia(14).

Comoquiera que en proceso se allegó copia del registro civil de matrimonio que contrajo con la señora María Eugenia Laverde y de los registros civiles de Álvaro Cabrera Pascuas, de su madre Raquel Pascuas de Cabrera, los hermanos José Hitalo, Delio, Hernando, Belén, María Edilma, Marleny, Rigoberto, Leonel, María Elena y Reinel Cabrera Pascuas y su hija Vivian Andrea Cabrera Laverde, ello resultaría suficiente para el reconocimiento de los perjuicios morales, pero además se cuenta con el testimonio de los señores Marlio Roa Bustos y Florencio Castañeda Losada y Carmelo Castañeda Hueje, quienes depusieron acerca de la unión familiar de la víctima con su madre y sus hermanos y del sufrimiento que han padecido por su muerte, razones estas que son suficientes para conceder perjuicios morales a las señoras María Eugenia Laverde, Raquel Pascuas de Cabrera y Vivian Andrea Cabrera Laverde, el equivalente a 100 smmlv para cada una y para los señores José Hitalo, Delio, Hernando, Belén, María Edilma, Marleny, Rigoberto, Leonel, María Elena y Reinel Cabrera Pascuas el equivalente a 50 smmlv, para cada uno.

2.9. Perjuicios materiales

Los perjuicios materiales fueron solicitados para su esposa y para su hija, por la pérdida de la ayuda económica que recibían, ya que el señor Álvaro Cabrera Pascuas según afirmaron los declarantes en el proceso se desempeñaba en oficios varios, tenía una pequeña finca y de ella derivaba el sustento, por lo cual como no se conoce el monto de sus ingresos se liquidará tomando como base el salario mínimo, suma a la cual se le adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales y se le deducirá el 25% de lo que destinaba a su manutención, para un total de $ 552.656 suma que se dividirá por mitades entre la madre y la hija, correspondiéndole $ 276.328 a cada una

2.9.1. Liquidación para la señora María Eugenia Laverde.

La liquidación comprende dos periodos, uno que corresponde al lucro cesante consolidado que va desde el momento de los hechos hasta la fecha de esta providencia para un total de 234,3 meses.

 

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Liquidación de la indemnización futura o anticipada:

Comprende el lapso que se cuenta a partir de la fecha de esta providencia hasta la vida probable de la víctima, para un total de 268.6 meses.

 

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Total perjuicios materiales $ 161.684.564,4

2.9.2. Liquidación para la señora Vivian Andrea Cabrera Laverde

Para esta liquidación debe tenerse en cuenta que según el registro civil la hija nació el 15 de diciembre de 1986, de modo que si en la indemnización se reconoce el tiempo hasta que cumpla los 25 años, ello ocurrió el 15 de diciembre de 2011, por lo tanto se liquidará solo la indemnización consolidada desde la fecha de los hechos, hasta cuando cumplió los 25 años, para un total de de 220 meses.

 

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 6 de noviembre de 2002, y en su lugar se ordena:

2. Declarar que el municipio de Palermo es responsable por la muerte del señor Álvaro Cabrera Pascuas, ocurrida el 25 de agosto de 1993.

3. En consecuencia, condenase al municipio de Palermo a pagar a título de indemnización por perjuicios morales a las señoras María Eugenia Laverde, Raquel Pascuas de Cabrera y Vivian Andrea Cabrera Laverde, el equivalente a 100 smmlv para cada una y para los señores José Hitalo, Delio, Hernando, Belén, María Edilma, Marleny, Rigoberto, Leonel, María Elena y Reinel Cabrera Pascuas el equivalente a 50 smmlv, para cada uno.

4. Condenase al municipio de Palermo a pagar a titulo de indemnización por perjuicios materiales a las señoras María Eugenia Laverde de Cabrera la suma de $ 161.684.564,4 y a la señora Vivian Andrea Cabrera Laverde, la suma de $ 108.970.418,9.

5. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 9 de junio de 1994, el gramo oro tenía valor de $ 9.889,91, por tanto 1000 gramos oro equivalían a $ 9.899.910 y la mayor cuantía estaba fijada en $ 9.610.000.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, expediente 17042, consejero ponente Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 3 de 2010, radicación 18034, magistrado ponente Enrique Gil Botero y sentencia de octubre 14 de 2011, radicación 22066, magistrado ponente Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Ver sentencias del 18 de septiembre de 1997, expediente 9666, y del 8 de febrero de 2001, expediente 13.254.

(5) En este sentido se pronunció la Sala en Sentencia 13.247 del 2 de mayo de 2002. Actor: José Octavio Prado.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de marzo de 2011, radicación 17993, consejero ponente Enrique Gil Botero.

(7) Consejo de Estado, Sección tercera; sentencia del 3 de mayo de 2001, radicación 12338, consejero ponente Alier Hernández.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 1993, expediente 7863.

(9) López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento civil, tomo III prueba, Editorial Dupré, Bogotá, año 2001, pág. 90.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 7 de 2011, radicación 19256.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 23 de 2010, radicación 19007, consejero ponente Enrique Gil Botero

(12) Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de marzo 18 de 2010, radicación 18357, consejero ponente Enrique Gil Botero.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2002, radicación 13774, consejero ponente María Helena Giraldo.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de octubre 1º de 2008, expediente 27268, consejero ponente Enrique Gil Botero.