Sentencia 1994-07850 de marzo 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 41001-23-31-000-1994-07850-01(19353)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Secundino Cortés y otros

Demandado: Departamento del Huila

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., marzo diez de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de septiembre 7 de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, D.C., mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

I. Síntesis del caso

1. El 16 de octubre de 1992, aproximadamente a las 3:50 p.m., la volqueta de placas OW-8730 de propiedad del departamento del Huila, conducida por un empleado de dicha entidad pública, arrolló al señor Carlos Eliécer Cortés Duarte quien en esos momentos pretendía cruzar la calle 10 entre carreras 13 y 14 del municipio de Pitalito (Huila), vía por la que se desplazaba el automotor. El peatón fue golpeado por la parte izquierda del guardabarros delantero de la volqueta y fue lanzado sobre la calzada. En esos momentos las personas presentes en el lugar de los hechos le gritaron al conductor del vehículo oficial que parara; sin embargo, éste aceleró su marcha y aplastó con las llantas izquierdas traseras de la volqueta el cráneo del señor Cortés Duarte, causándole la muerte inmediata. El conductor huyó del lugar de los hechos en el vehículo oficial.

II. Lo que se demanda

2. Mediante demanda presentada el 12 de septiembre de 1994, los señores Secundino Cortés, Rosa Elena Duarte, María Elisa, Jesús Antonio, Florentino, María Etelvina, María Helena, Héctor William, Ana Leonor y Jorge Enrique Cortés Duarte, así como la señora Gladys Hurtado Meneses, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Faiver Andrés Cortés Hurtado, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron que se declarara que “el departamento del Huila es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios que resultaron ser pasibles [los actores], por la muerte de su hijo, compañero permanente, padre y hermano, CARLOS ELIÉCER CORTÉS DUARTE, en hechos ocurridos en el municipio de Pitalito (H) el día 16 de octubre de 1992” (fls. 11 a 28 c.p.).

3. En consecuencia, pidieron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes Secundino Cortés, Rosa Elena Duarte, Gladys Hurtado Meneses y Faiver Andrés Cortés Hurtado, en calidad de padres, compañera permanente e hijo del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, respectivamente y, el equivalente en pesos a 500 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes María Elisa, Jesús Antonio, Florentino, María Etelvina, María Helena, Héctor William, Ana Leonor y Jorge Enrique Cortés Duarte, en calidad de hermanos (fl. 13 c.p.).

4. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió lo que resultara acreditado en el proceso a favor de la señora Gladys Hurtado Meneses y del menor de edad Faiver Andrés Cortés Hurtado, en atención a que su compañero permanente y padre, el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, les deparaba el sustento diario, del cual se verán privados de forma definitiva y permanente con ocasión de su prematura muerte (fl. 13 c.p.).

III. Trámite procesal

5. El departamento del Huila se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y señaló que la causa adecuada, exclusiva y excluyente de la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte estuvo constituida por su propia culpa, toda vez que fue él quien se arrojó bajo las llantas de la volqueta oficial en momentos en los que intentaba cruzar la vía por donde transitaba el automotor, sin ningún cuidado o precaución, pues se encontraba en estado de embriaguez (fls. 149 a 153 c.p.).

6. El señor Edmundo Montilla Tapia —quien el día de los hechos conducía la volqueta de placas OW-8730 de propiedad del departamento del Huila y por ello fue vinculado al presente proceso como llamado en garantía de la entidad pública demandada a solicitud del Ministerio Público—, contestó la demanda en el sentido de oponerse a sus pretensiones, con fundamento en que el daño padecido por la parte actora habría tenido como causa la culpa de la propia víctima, el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, puesto que el día de los hechos, al encontrarse en estado de embriaguez, se habría arrojado imprudentemente bajo la volqueta que conducía, la cual lo atropelló y le causó la muerte. Señaló además que tal circunstancia había sido reconocida dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación en su contra, por lo cual se había declarado extinguida la correspondiente acción penal (fls. 141 a 143, 159, 160, 177 y 179 a 184 c.p.).

7. En la oportunidad para alegar de conclusión la parte actora solicitó que las pretensiones de la demanda fueran acogidas en su totalidad, en atención a que estaría plenamente acreditada la falla del servicio en la que habría incurrido la parte demandada el 16 de octubre de 1992 (fls. 251 a 270 c.p.).

8. La parte demandada solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto se habría acreditado que la causa de la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte estaría constituida por la culpa exclusiva y excluyente de la víctima, al pretender cruzar un vía altamente transitada en estado de embriaguez y sin adoptar la menor medida de seguridad al respecto (fls. 271 a 275 c.p.).

9. Por sentencia de septiembre 7 de 2000, el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, D.C., negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que se encontraba debidamente probado que el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, al momento del accidente que le costó la vida, se encontraba bajo el influjo del alcohol, por lo cual no adoptó la más mínima precaución al momento de cruzar la vía por donde transitaba la volqueta oficial, con la mala fortuna de que ésta —a pesar de desplazarse a baja velocidad— no tuvo oportunidad de frenar y en consecuencia lo atropelló y le causó la muerte (fls. 278 a 288 c.p.).

10. La parte actora interpuso en tiempo recurso de apelación contra la sentencia anterior y solicitó que la misma fuera revocada y que en su lugar se accediera a la totalidad de las pretensiones de la demanda, por cuanto estaría plenamente acreditado que la única causa del daño padecido por la parte actora, exclusiva y excluyente, era una falla del servicio en la que habría incurrido la entidad pública demandada (fls. 292 a 299 c.p.).

11. De la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia solo hizo uso la parte actora, la cual insistió en que la causa adecuada del deceso del señor Castaño Aguirre fue una falla del servicio en la que habría incurrido la entidad pública demandada (fls. 309 a 317 c.p.).

Consideraciones de la Sala

I. Competencia

12. Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(1) el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, D.C., el 7 de septiembre de 2000.

II. Validez de los medios de prueba

13. Fue allegada al proceso copia auténtica del expediente 456, correspondiente a la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 21 de Pitalito (Huila), por el delito de homicidio en accidente de tránsito en la persona del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, sindicado el señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia.

14. La Sala valorará las pruebas pertinentes practicadas en dicha investigación, pues el traslado del contenido de las mismas fue solicitado en la demanda para ser aducidas en contra de la entidad pública accionada, la cual, a su vez adhirió a dicha solicitud en su escrito de contestación de demanda y por su parte, el llamado en garantía, señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia, también coadyuvó dicha solicitud (fls. 28, 151 y 180 c.p.).

15. La Sección ha expresado en otras ocasiones que cuando el traslado de pruebas, practicadas en otro proceso, es solicitado por o cuenta con la anuencia de ambas partes, tales pruebas pueden ser valoradas en el proceso contencioso administrativo, aunque hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no estén ratificadas en el proceso contencioso administrativo, pues en tales casos resultaría contrario a la lealtad procesal que una parte solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que si posteriormente encuentra que puede ser contraria a sus intereses, pretenda invocar formalidades legales para su inadmisión(2).

III. Los hechos probados

16. Con base en las pruebas recaudadas en la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 21 de Pitalito (Huila), más aquellas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

a. Para el mes de octubre de 1992, el señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia prestaba sus servicios para el departamento del Huila en la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, como chofer clase I grado 01 (copia auténtica de la constancia de octubre 21 de 1992, suscrita por el jefe de la División de Asuntos Laborales de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales del Huila y en original informe de diciembre 6 de 1993, suscrito por la jefa de la División de Asuntos Laborales de la Secretaría de Obras Públicas del departamento del Huila y certificación remitida al a quo el 10 de junio de 1999 por el secretario de Vías e Infraestructura del departamento del Huila, fls. 66, 120 y 197 c.p.).

b. El 16 de octubre de 1992, el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte se encontraba en compañía de los señores José Belisario Acosta Prieto y Nelson José Montoya Leal en el establecimiento de comercio denominado El Despiste, de la ciudad de Pitalito (Huila), donde ingirió algunas cervezas. Alrededor de las 3:50 p.m., el señor Cortés Duarte junto con sus acompañantes se dirigió a la plaza de mercado que quedaba al otro de la calle 10 entre carreras 13 y 14 del barrio Cálamo de esa ciudad (copia auténtica de los testimonios rendidos dentro de la investigación penal el 5 de noviembre de 1992, por los señores José Belisario Acosta Prieto y Nelson José Montoya Leal, fls. 83 vto. a 92 c.p.).

c. En el momento en el cual el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte cruzaba la calle 10 hacia la plaza de mercado del municipio de Pitalito (Huila) —más o menos en la mitad de la vía— fue arrollado por la volqueta de placas OW-8730, color verde, modelo 1982, marca Chevrolet, de servicio oficial, propiedad de la Oficina de Obras Públicas Departamentales del Huila, conducida por el señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia (copia auténtica del informe de accidente de tránsito 724315 del 16 de octubre de 1992, suscrito por el guarda municipal de tránsito Amador Gundisalvo y de la ampliación del informe de accidente de tránsito 1154 del 19 de octubre de 1992, suscrito por el comandante de la Estación de Policía de Pitalito (Huila), fls. 54 a 56 c.p.).

d. Respecto de las características de la vía, en el informe de transito levantado con ocasión de dicho accidente, se señaló que la misma era recta, en pendiente, de doble sentido, con dos carriles, en material afirmado, en buen estado, seca y sin obstáculos (copia auténtica del informe de accidente de tránsito 724315 del 16 de octubre de 1992, suscrito por el guarda municipal de tránsito Amador Gundisalvo, fls. 55 y 56 c.p.).

e. La volqueta de placas OW-8730, que iba cargada con material de construcción, golpeó al señor Carlos Eliécer Cortés Duarte con la parte frontal izquierda del guardafango delantero y lo lanzó por el aire hacia la calzada; en esos momentos, las personas presentes en el lugar —entre palabras soeces— le gritaron al conductor que parara, sin embargo, éste aceleró su marcha, pasó por encima del cuerpo del peatón arrastrándolo 23,40 metros desde donde ocurrió el primer golpe, aplastó el cráneo del señor Cortés Duarte con las llantas traseras del costado izquierdo del automotor y emprendió la huida (copia auténtica del informe de accidente de tránsito 724315 del 16 de octubre de 1992; de la ampliación del informe de accidente de tráansito 1154 del 19 de octubre de 1992, suscrito por el comandante de la Estación de Policía de Pitalito (Huila); del informe rendido con ocasión del levantamiento de un cadáver elaborado el 19 de octubre de 1992, suscrito por el señor Carlos Alberto Cano Mesa, Investigador Judicial del CTI; de los testimonios rendidos bajo la gravedad de juramento el 21, 26, 27 y 28 de octubre de 1992, dentro de la investigación penal, por los señores Jorge Bonilla Ramírez, Rolando Acosta Peña, Fabiola Murillo Martínez y Rubiela Martínez de Vargas, testigos presenciales de los hechos y acta de la diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos, llevada a cabo el 19 de noviembre de 1992 dentro de la investigación penal y con presencia de testigos, en la que se reconstruyeron los sucesos investigados y se levantó el plano 023, fls. 52, 54 a 56, 58, 59, 71, 72, 76 vto., 77, 84, 85, 105 a 107 y 118 c.p.).

f. Como consecuencia del atropellamiento, el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte resultó muerto en el lugar de los hechos. Su cadáver presentaba una “herida en la región frontal temporal y occipital derecha, con compromiso de masa encefálica, escoriación (sic) en rodilla derecha, escoriación (sic) en tercio superior brazo izquierdo, corte en mentón de aproximadamente 10 centímetros, costado derecho, escoriación (sic) en el tercio superior hombro izquierdo” (copia auténtica del acta 0026 de levantamiento del cadáver del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, llevado a cabo el 16 de octubre de 1992, a las 4:30 p.m., por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación; del informe rendido con ocasión de dicho levantamiento de cadáver, elaborado el 19 de octubre de 1992 por el señor Carlos Alberto Cano Mesa, Investigador Judicial del CTI y del registro civil de defunción del señor Cortés Duarte, fls. 43, 48 y 52 c.p.).

g. La muerte de quien en vida se llamó Carlos Eliécer Cortés Duarte, tuvo como causa un “trauma cráneo encefálico severo”, conclusión a la que llegó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses toda vez que el cadáver presentaba “aplastamiento frontotemporal derecho con herida de aproximadamente 15 x 15 cms. con salida total de masa encefálica. Presenta fracturas múltiples en huesos de la cara y el maxilar inferior” (copia auténtica del informe de protocolo de necropsia 742 de octubre 19 de 1992, elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pitalito (Huila), fl. 112 c.p.).

h. El vehículo tipo volqueta de placas OW-8730 fue encontrado ese mismo día, por los investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación en las instalaciones del Distrito de Obras Públicas Departamentales, donde pudieron establecer que “la volqueta fue dejada en dicho patio y que el conductor se había ido para San José de Isnos, sin manifestar nada de lo que había sucedido. De inmediato se procedió a revisar el vehículo, encontrándose que la farola delantera del costado izquierdo se encontraba averiada y al revisar las llantas se constató que [bajo] el volco o sea en el guardafango de las ruedas traseras del costado izquierdo, se hallaron varios fragmentos de sesos pegados [y sangre] y se notaba que había sido limpiada en varios sitios. (…)”. En cuanto a la parte mecánica del vehículo, los peritos de la Fiscalía General de la Nación dictaminaron que se encontraba en adecuadas condiciones de funcionamiento y frenos (copia auténtica del informe rendido con ocasión del levantamiento de un cadáver mediante Acta 0026, elaborado el 19 de octubre de 1992, suscrito por el señor Carlos Alberto Cano Mesa, Investigador Judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación; de la ampliación del informe de accidente de tránsito 1154 del 19 de octubre de 1992, suscrito por el comandante de la Estación de Policía de Pitalito (Huila) y del acta de 21 de octubre de 1992 de la diligencia de inspección judicial con presencia de peritos, llevada a cabo ese día por la Fiscalía 21 de Pitalito (Huila), fls. 52, 54 y 57 c.p.).

i. Por los hechos del 16 de octubre de 1996, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional, Fiscalía 21 de Pitalito (Huila), inició una investigación por el delito de homicidio en accidente de tránsito en contra del señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia, dentro de la cual se resolvió declarar extinguida la acción penal a favor del sindicado, al precluirse la investigación que cursaba en su contra, mediante providencia de noviembre 27 de 1992, con fundamento en que “…se ha probado de manera clara y suficiente que no hubo responsabilidad en este hecho por parte de Edmundo Eduardo Montilla Tapia, que todo obedeció a un caso fortuito por imprudencia del peatón, (…)” (copia auténtica de la providencia de noviembre 27 de 1992, proferida dentro de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 21 de Pitalito, Huila, fls. 109 a 111 c.p.).

IV. Problema jurídico

17. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis la parte demandada es responsable de la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, con ocasión del accidente automovilístico en el cual se produjo su deceso por atropellamiento, o si por el contrario, se presenta la causal excluyente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima, dado que ésta habría pretendido cruzar la vía por donde transitaba el vehículo de propiedad de la entidad pública demandada, sin ninguna precaución.

V. Análisis de la Sala

18. La Sala encuentra demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en la muerte en accidente de tránsito del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte el 16 de octubre de 1992, aproximadamente a las 3:50 p.m., en una vía pública de la ciudad de Pitalito (Huila), en momentos en los cuales una volqueta adscrita al servicio del departamento del Huila lo atropelló, cuando aquel pretendía cruzar la calle por la que se desplazaba el automotor oficial. 

19. Cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos automotores, generalmente el título de imputación bajo el cual se resuelve la controversia es el objetivo de riesgo excepcional(3), porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al cual el Estado expone a los administrados, caso en el cual la Administración únicamente podrá exonerarse de responsabilidad si demuestra que entre la actividad peligrosa por ella desplegada y el daño medió una causa extraña, exclusiva y excluyente. 

20. De conformidad con lo expuesto y una vez establecido el daño padecido por la parte demandante, considera la Sala que el mismo debe serle imputado a la parte demandada —departamento del Huila—, toda vez que bajo un análisis objetivo de los hechos probados, es claro que la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte se produjo como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa —conducción de automotores— por parte de la Administración, con un vehículo oficial propiedad de dicho ente territorial, el cual era conducido por uno de sus agentes; es decir, el daño se derivó de la concreción de un riesgo de naturaleza anormal y excepcional, creado por dicho departamento y al cual expuso a los administrados.

21. Bajo la anterior perspectiva, la única manera en que la Administración hubiere podido engervar su responsabilidad en la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, era mediante la comprobación fehaciente de que el daño se derivó de una causa extraña, exclusiva, excluyente y adecuada; al efecto, el departamento del Huila, en las distintas oportunidades en las cuales intervino a lo largo de proceso, aseveró que el daño padecido por los actores tuvo como única causa la culpa de la propia víctima —apreciación que fue compartida por el a quo—, pues al momento de cruzar la calle 10 de municipio de Pitalito (Huila), por donde se desplazaba la volqueta oficial, aquél se encontraría en estado de embriaguez, por lo que no habría adoptado medida de precaución y seguridad alguna al respecto, sino que se habría lanzado irresponsablemente a la volqueta que finalmente lo arrolló. 

22. Ha sostenido la Sala que para que el hecho de la víctima pueda considerarse como causal excluyente de responsabilidad, en primer lugar, éste debe ser imprevisible e irresistible para la Administración y además, debe acreditarse no sólo que la víctima participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada(4), entendida como aquella causa idónea, eficiente y preponderante cuya consecuencia directa e inmediata es el daño mismo:

… el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado. (…) la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño (…)(5).

De igual forma:

El hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a quien lo invoca, en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para él, se revela una falla del servicio, como quiera que teniendo el deber de precaución y de protección derivado de la creación del riesgo, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo(6).

23. En el expediente no obra prueba alguna que de manera fehaciente demuestre que la conducta de la víctima hubiere sido la causa exclusiva o al menos concurrente del daño por ella padecido, toda vez que no obra medio probatorio alguno que acredite que al momento preciso de ocurrir el daño aquel se encontraba en las condiciones anotadas, pues si bien se demostró que antes de ocurrir su muerte había estado en compañía de unos amigos tomando algunas cervezas(7), lo cierto es que no se tiene certeza acerca de que el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte se encontrare en estado de embriaguez y que precisamente hubiere sido tal estado la causa de que la volqueta de placas OW-8730 lo hubiere arrollado produciéndole la muerte.

24. Las únicas pruebas que refieren que el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, antes de ser atropellado por el vehículo de placas OW-8730 había ingerido algunas cervezas, no son ni idóneas ni eficientes, ni mucho menos eficaces para acreditar que tal ingesta lo hubiere dejado en estado de embriaguez y que la misma hubiere sido la causa del daño. Ellas son los testimonios rendidos el 5 de noviembre de 1992 dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía 21 de Pitalito (Huila), por los señores José Belisario Acosta Prieto y Nelson José Montoya Leal, quienes refieren que aunque junto con el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte tomaron algunas cervezas, “en su parecer” aquél no se encontraba embriagado (copia auténtica de los testimonios rendidos dentro de la investigación penal el 5 de noviembre de 1992, por los señores José Belisario Acosta Prieto y Nelson José Montoya Leal, fls. 83 vto. a 92 c.p.).

25. Dichas pruebas no revisten la relevancia suficiente para tener por establecido el supuesto estado de embriaguez de la víctima, pues no pasan de ser meras apreciaciones personales que carecen de respaldo probatorio que las confirme o infirme, toda vez que la prueba idónea para establecer el estado de embriaguez de la víctima al momento de ocurrir su muerte y si éste fue relevante o no en la producción de la misma, sería un dictamen técnico de embriaguez post mortem(8). Sin embargo, al momento de practicarle la necropsia al cadáver del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, dicho examen no fue ordenado y ni siquiera, en la descripción detallada del estado del cadáver, se hace referencia a dicha condición(9).

26. En consecuencia, precisa la Sala que la causal excluyente de responsabilidad que consiste en el hecho exclusivo de la víctima, alegada por la parte demandada, no fue acreditada por ésta, en cuanto era su carga al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por lo cual, dicha causal no puede operar en el caso concreto como enervante de la responsabilidad del departamento del Huila.

27. Además de lo expuesto, es preciso poner de presente que del análisis de los hechos probados salta a la vista, de forma más que evidente, que la entidad pública demandada incurrió en una falla del servicio, pues si bien en un primer momento el golpe dado al peatón Carlos Eliécer Cortés Duarte con la parte izquierda del guardabarros delantero de la volqueta OW-8730 pudo ocurrir de forma accidental, lo cierto es que con posterioridad a ello, el conductor del vehículo oficial asumió una conducta negligente e incluso temeraria, pues una vez el peatón cayó sobre la calzada, el señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia, en vez detener su marcha para auxiliar a la persona que acababa de golpear, aceleró el vehículo, pasó por encima del cuerpo del señor Cortés Duarte, lo arrastró 23,40 metros y con las llantas traseras izquierdas de la volqueta le aplastó el cráneo(10), lo cual —según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses— fue la causa de la muerte del señor Cortés Duarte(11), y además de forma inmediata emprendió la huida.

28. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada, para en su lugar, declarar responsable al departamento del Huila, por la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte y la condenará a pagar la indemnización correspondiente, previa liquidación de los perjuicios a que hubiere lugar.

VI. Liquidación de perjuicios

a. Perjuicios morales

29. Por concepto de perjuicios morales, en la demanda se solicitó que se condenara a la demandada a pagar el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes Secundino Cortés, Rosa Elena Duarte, Gladys Hurtado Meneses y Faiver Andrés Cortés Hurtado, en calidad de padres, compañera permanente e hijo del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, respectivamente, y el equivalente en pesos a 500 gramos de oro a favor de cada uno de los demandantes María Elisa, Jesús Antonio, Florentino, María Etelvina, María Helena, Héctor William, Ana Leonor y Jorge Enrique Cortés Duarte, en calidad de hermanos (fl. 13 c.p.).

30. Se encuentra acreditado en el proceso que el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte (occiso) era hijo de los señores Secundino Cortés y Rosa Elena Duarte, que tenía por hermanos a los señores María Elisa, Jesús Antonio, Florentino, María Etelvina, María Helena, Héctor William, Ana Leonor y Jorge Enrique Cortés Duarte y que era el padre del menor Faiver Andrés Cortés Hurtado, ello de conformidad con las copias auténticas de los respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 34 a 42 y 155 c.p.).

31. Respecto del menor de edad Faiver Andrés Cortés Hurtado, éste estuvo debidamente representado en el proceso de la referencia, en tanto que su madre, la señora Gladys Hurtado Meneses, otorgó poder a un profesional del derecho, en nombre propio y en representación del referido menor. Al efecto se allegó al expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento del niño, de donde se desprende que dicha señora tenía vigente la patria potestad de aquél, por ser menor de edad —3 años de edad— al momento de otorgar el poder a su representante judicial y de presentación de la demanda (fls. 2, 34 y 155 c.p.).

32. De conformidad con lo anterior, se tiene que está debidamente establecido el parentesco existente entre el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte (occiso) y los señores Secundino Cortés, Rosa Elena Duarte, María Elisa, Jesús Antonio, Florentino, María Etelvina, María Helena, Héctor William, Ana Leonor y Jorge Enrique Cortés Duarte y el menor Faiver Andrés Cortés Hurtado, al tenor de los artículos 1º, 54, 101, 105, 112 y 115 del Decreto 1260 de 1970, los cuales señalan que cuando se expide un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre éste y aquéllos y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley(12).

33. Una vez establecido el parentesco a partir de su plena prueba —registro civil de nacimiento en copia auténtica—, se puede inferir(13) que los padres, hermanos e hijo del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte (occiso) padecieron pena, aflicción o congoja con la muerte de su hijo, hermano y padre, con lo cual se los tiene como damnificados por tal suceso. Es decir, a partir de un hecho debidamente probado llamado “indicador”, que en este caso es el parentesco, se infiere o deduce indiciariamente a través del razonamiento lógico, otro hecho llamado “indicado”, que corresponde al sufrimiento y tristeza padecidos por los parientes más próximos del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, a raíz de su muerte(14).

34. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala condenará al departamento del Huila a pagar a favor de cada uno de los demandantes Secundino Cortés, Rosa Elena Duarte (padres) y Faiver Andrés Cortés Hurtado (hijo), la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales(15) vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia y, para cada uno de los señores María Elisa, Jesús Antonio, Florentino, María Etelvina, María Helena, Héctor William, Ana Leonor y Jorge Enrique Cortés Duarte (hermanos) la suma equivalente a 50 smmlv, con el fin de compensar el daño moral padecido por éstos como consecuencia de la muerte de quien fuera su hijo, padre y hermano.

35. En cuanto a la señora Gladys Hurtado Meneses, quien se presentó al proceso en calidad de compañera permanente del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, observa la Sala que tal condición no fue demostrada. En efecto, aunque la señora Hurtado Meneses aportó declaraciones extrajuicio ante Notario sobre su relación con el señor Duarte Carreño, esa prueba no cumple con los requisitos de ley, porque tales declaraciones de terceros, extraproceso, no fueron ratificadas por los declarantes, previo juramento de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, como esas declaraciones fueron tomadas por fuera del presente proceso, sin la audiencia de la parte demandada y no fueron objeto de ratificación, es evidente que no puede valorarse por cuanto carecen de eficacia probatoria(16).

36. En consecuencia, al no encontrarse acreditada, respecto de la señora Gladys Hurtado Meneses, la condición de compañera permanente de la víctima ni tampoco que hubiere padecido perjuicio moral como consecuencia de la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, lo cual pudiera permitir tenerla como damnificada por el deceso de aquél, no habrá lugar a efectuar condena alguna a su favor por concepto de perjuicios morales.

b. Lucro cesante

37. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió lo que resultara acreditado en el proceso a favor de la señora Gladys Hurtado Meneses y del menor de edad Faiver Andrés Cortés Hurtado, en atención a que su compañero permanente y padre, el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, les deparaba el sustento diario, del cual se verán privados de forma definitiva y permanente con ocasión de su prematura muerte (fl. 13 c.p.).

38. Frente a la solicitud efectuada por la señora Gladys Hurtado Meneses, en virtud de que no obra prueba en el expediente que la acredite como damnificada con la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, la Sala no hará reconocimiento alguno a su favor por lucro cesante.

39. Respecto del menor Faiver Andrés Cortés Hurtado, se precisa que a partir de la plena prueba del parentesco que lo unía a la víctima, en conjunto con la obligación alimentaria prevista en el artículo 411 numeral 2º del Código Civil, según la cual se deben alimentos a los hijos, la Sala puede inferir(17) que el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte (occiso) deparaba sustento económico a su pequeño hijo (copia auténtica del registro civil de nacimiento de menor a fls. 34 y 155 c.p.).

40. En cuanto al ingreso base para llevar a cabo la liquidación del lucro cesante a favor del hijo del señor Cortés Duarte, en el expediente no obra prueba acerca del monto exacto de los ingresos que éste percibía mensualmente, por lo cual, se tomará el salario mínimo legal mensual vigente al momento de ocurrir el daño, aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales. En consecuencia la renta a actualizar será la correspondiente al salario mínimo mensual vigente en 1992:

— Actualización de la renta:

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta histórica, el último salario mensual devengado por la víctima, $ 65.190.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 106,83 que es el correspondiente a febrero de 2011.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 17,11 que es el que correspondió al mes de octubre de 1992.

41. En este punto del cálculo, nota la Sala que a la fecha, la actualización del salario mínimo legal mensual vigente en 1992 ($ 407.027) es inferior al salario mínimo legal mensual actual ($ 535.600.). Por tal razón, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo(18).

42. A dicho monto se le suma el 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 669.500) y, en cuanto al porcentaje que de sus ingresos dedicaba el occiso a gastos personales y familiares, como no hay prueba que permita deducirlo, es necesario aplicar las reglas de la experiencia(19), según las cuales no es posible afirmar que la víctima destinaba todos sus ingresos al mantenimiento de su hijo, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia, el cual es estimado por la Sala, cuando menos, en un 50%. Entonces, a la renta actualizada se le descontará el 50%, correspondiente al valor aproximado que el señor Carlos Eliécer Cortés Duarte debía destinar para su propio sostenimiento, por lo cual la base de la liquidación queda en la suma de $ 334.750.

43. Como límite temporal se tendrá en cuenta la fecha en la cual el hijo del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte cumpliría 25 años de edad, en tanto que las reglas de la experiencia indican que ese sería el momento aproximado en el cual aquel conformaría su propia familia, es decir, se emanciparía del seno familiar y, por lo tanto, dejaría de percibir la ayuda económica paterna. Con base en lo anterior, se tasará la indemnización debida o consolidada, que abarca el lapso transcurrido desde la época de los hechos hasta la sentencia en la cual se dispone la indemnización y la indemnización futura o anticipada, que abarca el período transcurrido entre la sentencia y los 25 años del menor Faiver Andrés Cortés Hurtado.

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 334.750.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el momento del daño —oct. 16/92— hasta la fecha en la cual se profiere esta sentencia, es decir 220,76 meses.
1=Es una constante

Cálculo de la indemnización futura o anticipada

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 334.750.
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde la sentencia, hasta los 25 años de edad del damnificado (nacido sep. 16/91), es decir 66,23 meses.
1=Es una constante

44. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para el hijo del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte es el siguiente:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 132’106.744$ 18’930.170$ 151’036.914

VII. Acerca de la responsabilidad del llamado en garantía

45. Para el año 1992, el señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia —llamado en garantía de la entidad pública demandada a solicitud del Ministerio Público(20)— prestaba sus servicios para el departamento del Huila en la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, como chofer clase I grado 01 y, el 16 de octubre de ese año conducía la volqueta de placas OW-8730, involucrada en el accidente de tránsito que le costó la vida al señor Carlos Eliécer Cortés Duarte(21).

46. Respecto de la conducta desplegada por el señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia el 16 de octubre de 1992, de conformidad con los hechos probados, la Sala considera que es constitutiva de culpa grave, en tanto que aunque no se aprecia que haya sido intencional, sí es claro que fue extremadamente negligente, incuriosa e incluso temeraria, pues resulta aberrante que una vez que golpeó al señor Carlos Eliécer Cortés Duarte con la parte izquierda del guardabarros delantero del vehículo oficial que conducía, lanzándolo por los aires contra la calzada de la vía por la cual se desplazaba, en vez de detener su marcha con el fin de auxiliar al peatón —actitud que sería la exigible—, su reacción fue la de acelerar el automotor con el fin de emprender la huida, por lo cual pasó por encima del cuerpo del señor Cortés Duarte, lo arrastró 23,40 metros y con las llantas traseras izquierdas de la volqueta le aplastó el cráneo, hecho que constituyó la causa del deceso del peatón(22)

47. En efecto, la Sala, con apoyo en el artículo 63 del Código Civil(23) y en la doctrina, ha considerado que la culpa grave es la negligencia o imprudencia que sólo podrían explicarse por la necedad, temeridad o incuria del agente y que se asimila al dolo que es la intención positiva de causar daño a otro. Ha dicho la Sala:

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico.

Precisamente, en relación con la gradación de la culpa el artículo 63 del Código Civil establece que:

“ART. 63.—[CULPA Y DOLO]. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

(…).

Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “…obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110)[(24)] y agregan que “…reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente…” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, T. I, Vol. II, pág. 384.)(25).

48. Por lo tanto, se condenará al llamado en garantía a rembolsar al departamento del Huila el 70% del valor de la condena que se profiere en esta sentencia, porque su actuación, sin ninguna duda fue gravemente culposa, en tanto fue negligente, despreocupada y temeraria en una entidad especialmente grave. 

49. Cabe aclarar que aunque en el proceso penal se profirió a favor del señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia resolución de preclusión de la investigación, mediante providencia de noviembre 27 de 1992, con fundamento en que la causa del daño fue la imprudencia de la víctima, su conducta bien podía ser valorada en este proceso porque, como ya lo ha señalado la Sala(26), el artículo 57 del Decreto 2700 de 1991, vigente al momento de adoptarse la decisión penal, sólo inhibía la acción civil cuando se hubiera declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no la cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa, norma de la cual la Sala infirió que en los demás eventos la absolución o su equivalente en materia penal no impedía adelantar contra el servidor estatal favorecido penalmente, la acción de repetición o condenarlo en el proceso cuando había sido llamado en garantía. En un caso similar dijo la Sala:

…la decisión penal en este caso no tiene efectos de cosa juzgada, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos, porque el fundamento de la misma no fue el que la conducta causante del perjuicios no existiera, ni que el sindicado no la cometiera, ni que éste hubiera obrado en cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa, sino que el daño se produjo por la imprudencia de la víctima, es decir, que en la sentencia penal se reconoció que el hecho existió (el accidente en el cual perdió la vida el motociclista existió); que el sindicado incurrió en la conducta descrita (giró a su izquierda invadiendo el carril sobre el cual se desplazaba el motociclista); pero a juicio del juez penal, la causa determinante del daño fue la actuación de la víctima, quien continuó la marcha sobre la vía a pesar de la interposición del vehículo oficial. Por lo tanto, resulta procedente la valoración de la conducta del servidor público para establecer si el mismo obró de manera dolosa o gravemente culposa en la producción del daño(27).

50. Aclara la Sala que la condena en contra del llamado en garantía se hará por el 70% y no por el 100% de la condena que en esta sentencia se profiere en contra del departamento del Huila, porque la falla del servicio de dicha entidad pública en el caso concreto fue también evidente, en tanto eligió a una persona evidentemente no apta ni idónea para ejecutar una actividad peligrosa per se, como lo es la conducción de automotores.

VIII. Costas

51. En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición.

52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de septiembre 7 de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, D.C., y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al departamento del Huila, por la muerte del señor Carlos Eliécer Cortés Duarte, ocurrida el 16 de octubre de 1992 en el municipio de Pitalito (Huila).

2. En consecuencia, CONDENAR al departamento del Huila a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los siguientes demandantes: Secundino Cortés, Rosa Elena Duarte y Faiver Andrés Cortés Hurtado y,

Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los siguientes demandantes: María Elisa Cortés Duarte, Jesús Antonio Cortés Duarte, Florentino Cortés Duarte, María Etelvina Cortés Duarte, María Helena Cortés Duarte, Héctor William Cortés Duarte, Ana Leonor Cortés Duarte y Jorge Enrique Cortés Duarte.

3. CONDENAR al departamento del Huila a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento cincuenta y un millones treinta y seis mil novecientos catorce pesos ($ 151’036.914) a favor de Faiver Andrés Cortés Hurtado.

4. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

5. CONDENAR al llamado en garantía, señor Edmundo Eduardo Montilla Tapia, a reintegrar al departamento del Huila, el 70% de la condena impuesta en esta sentencia.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Subsección—Ruth Stella Correa Palacio—Danilo Rojas Betancourth.

1 En razón de la cuantía, el proceso es de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente a perjuicios morales a favor de cada uno de los padres de la víctima, se estimó en $ 10’782.320 (equivalente a 1.000 gramos de oro al momento de presentación de la demanda), suma que supera la cuantía requerida en 1994 ($ 9’610.000) para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, fuere de doble instancia.

2 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de septiembre 18 de 1997, expediente 9666, de febrero 8 de 2001, expediente 13254 y de febrero 21 de 2002, expediente 12789.

3 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de julio 27 de 2000, expediente 12099, C.P. Alier Hernández y mayo 3 de 2007, expediente 25020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 3 de 2002, expediente 14207, C.P. Ricardo Hoyos.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 18 de 2000, expediente 11981, C.P. Alier Hernández.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 30 de 2007, expediente 15635, C.P. Ramiro Saavedra.

7 Ver supra hecho 16 - b.

8 Respecto de la relevancia de la prueba técnica de alcoholemia, como aquella idónea para establecer el estado de embriaguez de la víctima de un daño imputable al Estado y su grado de incidencia en la producción del mismo, en sentencia de 20 de marzo de 2008, expediente 14780, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, la Sala señaló: “…No obstante, no figura en dicha historia [clínica] que se hubiera practicado al lesionado dictamen técnico de embriaguez. Es decir, que lo consignado por el médico en la historia clínica fue sólo su percepción, pero no el resultado de un examen de laboratorio. La prueba de embriaguez se determina con una prueba sobre la cantidad de alcohol en sangre y, además, no puede establecer con ese solo dato su condición síquica, dado que se desconocen los niveles de tolerancia que tenía la víctima en relación con el alcohol[*]”.

[*]“En cuestiones médico-legales, esta tolerancia orgánica al etanol, tiene implicaciones importantes, pues es precisamente por este fenómeno, que la correlación entre los signos clínicos de la intoxicación etílica y los niveles de alcohol en sangre (alcoholemia), no es siempre constante, ya que se ve modificada de acuerdo con la susceptibilidad personal del sujeto... Gracias al fenómeno de la tolerancia se ha podido comprobar que dos sujetos con iguales cifras de alcoholemia, por ejemplo 80 miligramos por ciento, no siempre presentan el mismo grado de embriaguez. Los bebedores ocasionales, que no han desarrollado aún tolerancia presentarán con estas cifras de alcoholemia mayor cantidad de signos de embriaguez que aquellos bebedores habituales (tolerantes), quienes escasamente presentarán algunos signos leves, o inclusive puede darse el caso que no presenten signos clínicos de la embriaguez”. En: “Actualización del dictamen médico forense por embriaguez”, por María Dolores Sánchez Prada y Ricardo Mora Izquierdo. Instituto de Medicina Legal-Colombia. Tomado de: http://www.policia.gov.co/inicio/portal/unidades/egsan.nsf.

9 Ver supra párrafo 16 - g.

10 Ver supra párrafo 16 - c y e.

11 Ver supra párrafo 16 - g.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 21 de 2000, expediente 11766, C.P. Alier Hernández.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, expediente 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

14 Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, expediente 12703, C.P. María Elena Giraldo.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, C.P. Alier Hernández.

16 Ver al respecto entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 19 de 2008, expediente 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, expedientes acumulados 15583 y 17278, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, expediente 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 6 de 2005, expediente 13406, C.P. Alier Hernández, entre otras.

20 Ver supra párrafo 6.

21 Ver supra párrafos 16 - a y c.

22 Ver supra párrafos 16 - e, f y g.

23 Normatividad vigente al momento de ocurrencia de los hechos, en tanto que la Ley 678 de 2001 aún no había sido expedida.

24 Cfr. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente 8493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. La jurisprudencia de la Sección antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 se apoyó en esta doctrina para precisar el alcance de la culpa grave.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de diciembre 3 de 2007, expediente 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 13 de 2008, expediente 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; reiterada entre otras en sentencia de enero 29 de 2009, expediente 16050, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de abril 28 de 2010, expediente 17537, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 13 de 2008, expediente 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.