Sentencia 1994-08665 de enero 26 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 540001-23-31-000-1994-08665-01 (18.965)

Consejera Ponente (E):

Gladys Agudelo Ordóñez

Actores: Antonio Vega Gallo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de 19 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Traslado de pruebas

Además de las pruebas aportadas al plenario con el escrito de la demanda, los actores y la demandada solicitaron el traslado de algunas pruebas del proceso penal radicado con el número 3645-0134, adelantado por la Fiscalía Segunda de la Unidad Primera de Vida contra los señores Julio Cesar Geney Berrocal, Luis Francisco Velasco Prieto, William Veloza, Jorge Luis Muñoz Ramírez y Carlos Julio Huertas (fls. 13 y 34, cdno. 1).

Tales pruebas fueron decretadas por el tribunal de instancia en auto de 2 de noviembre de 1995 y mediante oficio de 11 de diciembre de 1995, la jefe de la Unidad de Fiscalía de Norte de Santander, remitió copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver de Roberto Vega Omaña y las resoluciones 123 y 55 de 20 de mayo y 28 de julio de 1994, respectivamente.

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán valorase en el proceso contencioso administrativo(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

En el presente asunto, como quiera que las pruebas trasladadas del proceso penal fueron coadyuvadas por la entidad demandada, la cual además intervino en su práctica, y las mismas obran en copia auténtica, podrán valorarse.

Así las cosas, de conformidad con las pruebas practicadas válidamente en el plenario, se encuentra acreditado lo siguiente:

1. Según el registro civil de defunción, expedido por el Notario Primero de Cúcuta, el señor Roberto Vega Omaña, falleció el 27 de octubre de 1992, a las 11:00 a. m., como consecuencia de las múltiples lesiones que padeció en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Cúcuta (fl. 17, cdno. 2).

2. En el acta de levantamiento de cadáver del señor Roberto Vega Omaña, se consignó:

“MUERTE LUGAR: Av. Panamericana, calle 22 B. El Salado, frente a la casa Nº 22-15 margen izquierdo, dentro de una alcantarilla se encontró el vehículo marca Ford, tipo caba modelo, 3067 PAW (sic), placas donde se encontró el cadáver del occiso.

“ORIENTACIÓN DEL CADÁVER: Pies norte, cabeza sur

“POSICIÓN DEL CADÁVER: Natural de cúbito dorsal, extremidades superiores en extensión, extremidades inferiores semiflexionadas.

“DESCRIPCIÓN DE LAS HERIDAS: excoriaciones forma regular, extremidad superior derecha (codo), hematomas múltiples en forma lineal a la altura del pecho.

“MUERTE VIOLENTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, conductor del vehículo… (fl. 89, cdno. 2)

3. Sobre las circunstancias en que se produjo la muerte del señor Roberto Vega Omaña, el señor Rubén Darío Jaimes Vargas, quien acompañaba al occiso en el vehículo en el momento del accidente de tránsito, en la declaración que rindió ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, señaló:

“PREGUNTADO: Manifieste al despacho todo lo que le conste y sepa sobre los hechos acaecidos el día 27 de octubre de 1992, en los cuales perdió la vida ROBERTO VEGA OMAÑA, cuando era perseguido por una patrulla móvil de la Aduana Nacional. CONTESTO: Nosotros veníamos del Escobal, el finado y mi persona en la caba y nosotros íbamos a entrar a Cenabastos cuando vimos la patrulla de la Aduana y entonces el finado fue a parar y el señor de la Aduana le dijo que iba preso, entonces el finado cogió hacia la vía al Salado tan pronto él arrancó ellos nos comenzaron a dar plomo y nos dispararon y ellos nos estaban persiguiendo nos pasaron por la derecha y nos dieron 3 tiros y el finado se llenó de nervios y agarramos otra vía porque ellos nos robaron la vía derecha se nos metieron por la derecha y el finado cogió la izquierda y venía una caba de frente y por no chocarnos nos salimos de la carretera y ahí estaba el hueco donde él se mató, desde que salimos de Cenabastos nos venían persiguiendo a plomo… Los de la patrulla nos persiguieron ese día porque ellos pensaban que nosotros llevábamos material de zapatería porque ellos anteriormente habían agarrado una caba con material de zapatería, por eso nos persiguieron nosotros llevábamos era harina para marranos…” (fls. 141 y 142 cdno. 2) (Resalta la Sala)

Sobre los mismos hechos, el señor Rafael María Afanador Rodríguez, manifestó:

“PREGUNTADO: Manifieste al despacho todo lo que le conste y sepa sobre los hechos acaecidos el día 27 de octubre de 1992, en los cuales perdió la vida ROBERTO VEGA OMAÑA, cuando era perseguido por una patrulla móvil de la Aduana Nacional. CONTESTO: Tengo más de 20 años de vivir en Escobal de estar residenciado y a través de este tiempo como miembro directivo y ciudadano de Acción Comunal casi todos los días observaba que las patrullas de la Aduana mantenían permanentemente acosando a los comerciantes que como todos sabemos en Cúcuta no hay empresas, fábricas para que la gente trabaje y los chóferes en su mayoría asalariados son los que trabajan con estos comerciantes en este tipo de trabajo comestible, corría el año de 1992 y el señor ROBERTO VEGA OMAÑA de 38 años venía en las condiciones anotadas como transportador de baratijas y fue asediado por los lados del Salado por una patrulla de la Aduana que lo seguía haciéndole disparos y Roberto se sintió tan acosado que perdió el equilibrio del timón y fue a dar a una cuneta, el carro se voltió quedó aprisionado ante (sic) el timón y en esa forma se produjo su deceso, esta ocurrencia tuvo lugar el 27 de octubre de 1992… (fls. 137 y 138, cdno. 2).

Por su parte, el señor José Ernesto Jaimes Vargas, relató:

“PREGUNTADO: Manifieste al despacho todo lo que le conste y sepa sobre los hechos acaecidos el día 27 de octubre de 1992, en los cuales perdió la vida ROBERTO VEGA OMAÑA, cuando era perseguido por una patrulla móvil de la Aduana Nacional. CONTESTO: Pues yo en ese momento estaba en el Salado y vi cuando unos señores de la patrulla roja de la Aduana los iban siguiendo a Roberto Vega y les iban disparando, no me acuerdo si iba con alguien más, yo llegué cuando estaba la caba accidentada entonces la misma vecindad del Salado, mejor dicho los apoyamos todos los vecinos del Salado, la patrulla al principio se negaba a ayudar a sacar la caba ya cuando vimos fue al chofer muerto ahí, mejor dicho yo estaba presente en el momento de eso ahí… (fls. 139 y 140, cdno. 2).

4. Del material probatorio trasladado del proceso penal, se destaca:

4.1. El Fiscal 21 de la Unidad Primera de Vida, en la Resolución 123 de 20 de mayo de 1994, ordenó precluir la investigación penal en favor de los señores Julio Cesar Geney Berrocal, Luis Francisco Velasco Prieto, William Veloza, Jorge Luis Muñoz Ramírez y Carlos Julio Huertas. En dicho proveído, manifestó:

“…Cierto es y así lo reconocen los sindicados indagados que ellos en la fecha y hora conocida en autos resolvieron de común acuerdo revisar el vehículo furgón que divisaban a la distancia por estimar que llevaba mercancía de contrabando, habida cuenta que uno de ellos en épocas pasadas recientes había retenido ese automotor por transportar mercancía de contrabando; retención que no les fue posible efectuar a la primera intención pues el conductor del furgón se dio a la fuga obligando a los técnicos en investigación y vigilancia aduanera a perseguirlos, haciéndoles señas para que se detuvieran, lo que no hicieron…

“Si bien es cierto que los funcionarios de la Aduana al perseguirlos les disparaban, debemos estimar que si lo hicieron, los disparos se hicieron de manera preventiva dirigidos al aire, como lo anota EZEQUIEL PABÓN GUERRERO, y como igualmente se pudo establecer a través de la inspección judicial practicada al furgón, donde se constató que el mismo no presentaba impacto de bala. Pero con todo ello, así lo entiendo (sic) de haber hecho uso de sus armas aquellos funcionarios en nada minimiza su actuación ya que por expreso mandato de la ley estaban llamados a actuar de la manera que lo hicieron…

“No se requiere de mucho esfuerzo, para evidenciar, que era válida y acertada la sospecha o conjetura que los sindicados hicieron al notar la presencia del vehículo furgón de que éste iba cargado de mercancía de contrabando, ya que tanto el testigo RUBÉN DARÍO JAIMES, —compañero del occiso al momento del hecho— como el señor TULIO DURÁN CONTRERAS— de manera espontánea acuerdan en informar que la mercancía que transportaban en el vehículo furgón o caba era de procedencia venezolana y se hallaba en el país de contrabando, con lo que se tiene que uno y otro están confesando abiertamente que incurrían en una infracción administrativa de contrabando, que si bien es cierto dicha figura fue despenalizada no lo es menos que se siguió considerando como infracción objeto de las correspondientes sanciones…

“Con lo antes expresado se entiende sin discusión alguna que los sindicados tantas veces mencionados, al obrar de la forma como lo hicieron, se encontraban cumpliendo con un deber legal, cual fue el antes anotado cuyo comportamiento se encontraba como aún hoy en día está respaldado por una norma jurídica, esto es, con autorización legal perseguían a unas personas que conducían un automotor en el que cargaban, según se estableció fehacientemente harina venezolana sin los permisos pertinentes. Ahora bien, si el vehículo caba se accidenta y a consecuencia de ello fallece ROBERTO VEGA OMAÑA que fue lo que en realidad sucedió, no se debió a que fueran perseguidos por funcionarios de la Aduana, ya que como se dijo cumplían con su deber, sino el hecho de ellos, en especial el conductor, no atender los llamados de pare que se le hacia (sic) En conclusión se tiene que las personas aquí sindicadas nada tuvieron que ver con el resultado de este hecho, habida cuenta que este se propició por causa del mismo occiso, primero al no parar el automotor como correspondía, dos al tomar de manera imprudente el carril contrario al que se desplazaba en el momento que venía otro automotor, o que por evitar la colisión lo llevó a salirse de la vía precisamente y por desgracia en un lugar donde había una zanja en la que cae el automotor y se produce el resultado. Por aquellas razones la Fiscalía procede en este momento procesal a precluir la presente investigación penal al tenor de lo preceptuado en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, a favor de JULIO CESAR GENEY BERROCAL, LUIS FRANCISCO VELASCO PRIETO, JORGE LUIS MUÑOZ RAMÍREZ, WILLIAM VELOZA Y CARLOS JULIO HUERTAS, en consideración a que ellos no cometieron el hecho denunciado como punible ni a título de dolo ni de culpa, sino que el mismo se debió como se dijo a la imprudencia del sujeto pasivo de la relación procesal… (fls. 90 a 95, cdno. 2) (resalta la Sala).

4.2. La Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Norte de Santander, en providencia de 28 de julio de 1994, confirmó la resolución de preclusión de 20 de mayo de 1994. Como fundamento de su decisión, señaló:

“… Como bien lo anotó el señor fiscal a quo, los sindicados se encontraban cumpliendo con sus deberes oficiales y si el vehículo perseguido sufrió accidente con las consecuencias conocidas, no existe en el proceso ninguna prueba que indique que la causa del accidente fue la culpa de los sindicados, toda vez que éste se produjo por la conducta irresponsable del conductor que al tratar de burlar la acción de la autoridad cambió de carril y ante el hecho de ver venir otro vehículo de sus mismas características por evitar la colisión se salió de la vía y cayó en la zanja.

“Así las cosas la causa determinante del accidente de tránsito en el que perdió la vida Roberto Vega Omaña, fue su propia culpa al emprender la huida de la autoridad en alocada carrera (fls. 96 a 99, cdno. 2).

De acuerdo con los documentos y testimonios relacionados, se tiene por acreditada la muerte del señor Roberto Vega Omaña, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Panamericana con calle 22 de la ciudad de Cúcuta, en la fecha y circunstancias anotadas, sin embargo, de las pruebas que obran en el expediente, no es posible hacer imputación alguna a la entidad demandada.

En efecto, si bien en el proceso los testigos afirmaron que los miembros de la patrulla aduanera dispararon en varias oportunidades contra el vehículo que conducía el señor Roberto Vega Omaña, la Sala al hacer un análisis integral de estas declaraciones y los demás medios de prueba que obran en el plenario, concluye que los agentes del Estado no utilizaron sus armas de dotación contra los ocupantes del vehículo que perseguían, pues según se estableció en el proceso penal los disparos se hicieron al aire de manera preventiva, tal como lo indicó un testigo y se pudo constatar en la inspección judicial practicada al vehículo accidentado, donde se estableció que el mismo no presentaba ningún impacto de bala.

Así las cosas, es evidente que las declaraciones de los señores Afanador Ramírez Rodríguez, Rubén Darío Jaimes Vargas y José Ernesto Jaimes Vargas, quienes manifestaron que los agentes estatales accionaron sus armas contra el occiso, carecen de credibilidad e imparcialidad, pues de un lado, el señor Afanador Ramírez simplemente indicó que los integrantes de la patrulla realizaron unos disparos sin señalar la dirección ni el blanco de los mismos, y por el otro, es claro que las versiones de los señores Rubén Darío y José Ernesto Jaimes Vargas respecto a la forma cómo sucedieron los hechos en los que falleció el señor Roberto Vega Omaña, fueron desvirtuadas y refutadas por los demás medios de prueba que obran en el expediente.

En ese orden de ideas, es claro que en el proceso no obra prueba alguna, que demuestre que la persecución realizada por los técnicos de investigación y vigilancia aduanera al vehículo conducido por el señor Roberto Vega Omaña fue la causa adecuada o determinante del accidente de tránsito, toda vez que conforme a la normatividad respectiva, esto es, al manual de procedimiento para registro de vehículos y personas, la actuación desplegada por los agentes de la autoridad aduanera fue acorde a lo reglamentado, y por lo tanto, no es posible endilgarle responsabilidad a la entidad demandada por el daño causado, como quiera que los funcionarios del Estado actuaron dentro de los roles propios de la legalidad, y en el ejercicio de imperativas competencias.

Aunado a lo anterior, para la Sala es indudable que en el asunto sub lite se configuró una causal eximente de imputación —hecho exclusivo de la víctima—, como quiera que fue la imprudencia de la víctima la que causó su deceso, pues se acreditó plenamente que el señor Roberto Vega Omaña en su afán de huir del control de la autoridad aduanera, no respetó las normas de tránsito respectivas e invadió el carril contrario del que transitaba y al intentar esquivar el vehículo que circulaba por esa vía, perdió el control del automotor y colisionó contra una zanja que se encontraba a un costado, provocando el accidente de tránsito con las consecuencias ya conocidas.

Para la Sala es importante resaltar que no todas las acciones que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones(3), es un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho previo a la producción del daño(4), lo relevante es identificar cuál acción fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia o daño, sería la sumatoria de todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito(5).

De igual manera, es menester señalar que la Fiscalía precluyó la investigación penal a favor de los señores Julio Cesar Geney Berrocal, Luis Francisco Velasco Prieto, William Veloza, Jorge Luis Muñoz Ramírez y Carlos Julio Huertas, pues consideró que la muerte del señor Roberto Vega Omaña se debió a su propia imprudencia y negligencia, pues éste al intentar huir del control e inspección de la autoridad aduanera infringió elementales normas de tránsito.

Si bien la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado la posibilidad que tiene el juez contencioso administrativo de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, en razón de las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, no puede dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción(6).

En consecuencia, en el asunto sub lite es lógico concluir que el daño por cuya indemnización se demanda no es imputable a la entidad demandada, pues es evidente que el accidente de tránsito se produjo por culpa exclusiva del señor Roberto Vega Omaña, quien por desobedecer el requerimiento de la autoridad aduanera, desconoció y trasgredió las normas de tránsito, situación que provocó el accidente de tránsito que causó su deceso.

En ese contexto, para la Sala es evidente que en el presente asunto, se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación, como quiera que el daño no es atribuible a conducta alguna de la administración pública, esto es, no le es referible al Estado, toda vez que la culpa exclusiva de la víctima constituye una eximente de imputación en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

En consecuencia, de las pruebas que obran en el expediente, para la Sala es indudable que aún cuando se configuró un daño, no existe conexión entre el hecho dañoso y la conducta de los agentes de la entidad demandada, luego no le es imputable a la administración y por lo tanto, no debe responder patrimonialmente por el mismo.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 19 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.»

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

(3) “Como lo indica su propia denominación, para dicha teoría todas las condiciones son del mismo valor (equivalentes) en la producción del daño (Aequivalenztheorie). No cabe, por consiguiente, hacer distinciones, todas son indispensables, de modo que si faltase una sola no habría acaecido.

“Cada condición se —afirma— origina la causalidad de las otras y el conjunto determina el evento causa causae est causa causati. Como la existencia de éste depende de tal punto de cada una de ellas, si hipotéticamente se suprimiese alguna (condicio sine qua non) el fenómeno mismo desaparecería: sublata causa tollitur effectus.

“En consecuencia —sostiene von Buri—, dada la indivisibilidad material del resultado, cada una de las condiciones puede considerarse al mismo tiempo causa de “todo” el desenlace final. Es suficiente, pues, que un acto haya integrado la serie de condiciones desencadenantes del efecto dañoso para que pueda juzgar que lo causó. Por lo tanto, se concluye, para la atribución de un hecho a una persona es suficiente que ella haya puesto una de las condiciones necesarias para su advenimiento”. Goldenberg, Isidoro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Editorial La Ley. Argentina. 2000. Pág. 16.

(4) “Elevar al rango de causa de un daño a cada uno de los numerosos hechos antecedentes cuya ocurrencia determina precisamente ese resultado, significa extender ilimitadamente las consecuencias que derivan del encadenamiento causal de los sucesos”. Ibídem. Pág. 17.

“Tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo, como se propone en la teoría de la equivalencia de condiciones, o de la causalidad ocasional expuesta por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de septiembre de 1935, según la cual “en estos casos si la persona culpable se hubiera conducido correctamente, el perjuicio no habría ocurrido”, a la cual se refiere también un salvamento de voto del Dr. Antonio J. de Irisarri del 8 de octubre de 1986 (exp. 4587), en el cual se expresa que “con fines simplemente analíticos, para verificar esa relación de causa a efecto, puede examinarse qué ocurriría o habría ocurrido, si el suceso-causa no se hubiera dado. Si la respuesta es en el sentido de que el efecto no habría sucedido, ha de admitirse que aquél sí constituye causa de éste, porque justamente para que el efecto se dé en la realidad, tiene que ocurrir aquél. En la hipótesis contraria no existiría relación esa relación(sic) de causalidad”.

“Tal posición llevaría a que en el clásico ejemplo citado por José Melich, el sastre que retrasa por negligencia la entrega de un abrigo de viaje, tendría que responder por el accidente ferroviario que sufrió su cliente que debió por tal motivo aplazar su viaje. Como lo señala el doctor Javier Tamayo Jaramillo, “deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría absurdamente, buscar responsables hasta el infinito”.

“Lorenzetti puntualiza aquí: “No basta, según esta idea, la mera supresión mental hipotética, esto es borrar mentalmente la causa para ver si el resultado se produce o no sin ella. Es necesario emitir un juicio acerca de la regularidad con que se producen los fenómenos (constancia posible) lo que nos proporciona la noción de “causa adecuada” (ob. cit., pág. 261).

“Tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, “sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y normalmente producirlo”.

“H. Mazeaud, citado por José Melich Orsini, en “La responsabilidad civil por los hechos ilícitos” (Biblioteca de la academia de ciencias políticas y sociales, Caracas, 1995, págs. 211 a 215) expresa sobre el punto: “Hoy día la mayor parte de los autores han abandonado la teoría de la equivalencia de condiciones: ellos no admiten que todos los acontecimientos que concurren a la realización de un daño sean la causa de tal daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Parece, en efecto, que para ser retenido como causa desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es decir, para ser susceptible de comprometer la responsabilidad civil de su autor, el acontecimiento debe haber jugado un papel preponderante en la realización del daño. Pero los jueces serán libres de apreciar si el acontecimiento ha jugado o no un papel suficiente en la producción del daño para ser retenido como causa del daño. NO se puede ligar a la jurisprudencia por un criterio absoluto, ni aun por el criterio propuesto por los partidarios de la causalidad adecuada: el criterio de la normalidad. Todo lo que puede exigirse es que el acontecimiento haya jugado un papel preponderante, un papel suficiente en la realización del daño. Quienes no quieren adoptar el criterio de la normalidad propuesto por la teoría de la causalidad adecuada, son partidarios de la llamada tesis de la causalidad eficiente, esto es: que lo que debe investigarse es si el hecho ha jugado o no un papel preponderante, una función activa en la producción del daño”.

Ennecerus, citado en la misma obra, expresa: “En el problema jurídico de la causa, no se trata para nada de causa y efecto en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas... Prácticamente importa excluir la responsabilidad por circunstancias que, según su naturaleza general y las reglas de la vida corriente, son totalmente indiferentes para que surja un daño de esa índole y que, sólo como consecuencia de un encadenamiento totalmente extraordinario de las circunstancias, se convierte en condición del daño. Así, pues, se labora con un cálculo de probabilidades y sólo se reconoce como causa, aquella condición que se halla en conexión adecuada con un resultado semejante”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de septiembre de 1997, expediente 11.764.

(5) Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 15 de octubre de 2008, expediente 17.651, actor: Diana Victoria Mendoza y otros, M.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de marzo de 1994, expediente 8585.