Sentencia 1994-08714 de junio 23 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 54001-23-31-000-1994-08714-01(19572)

Ref.: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Nancy Ceballos Sánchez y otros

Demandado: Municipio de San José de Cúcuta

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil diez.

Resuelve la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia del 27 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. En escrito presentado el 28 de noviembre de 1994, los señores: Nancy Ceballos Sánchez, quien actúa en nombre y en representación del menor Fabián Eduardo Meléndez Ceballos; Rafael Arturo Meléndez Peñaranda y Carmen Sofía Cárdenas de Meléndez, mediante apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable al Municipio de San José de Cúcuta, por la muerte de su hijo y padre, José Rafael Meléndez Cárdenas, en hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1992, cuando un cable de energía cayó sobre el vehículo en el que se transportaba, en el barrio de invasión “Carlos Toledo Plata” en la ciudad de Cúcuta.

En consecuencia, los demandantes solicitaron que se condenara al demandado a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 1.000 gramos de oro, para cada uno de los padres de la víctima y 500 gramos de oro para el hijo. Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, $ 451.824,44 para el padre, $ 1'791.149,20 para la madre y $ 8'640.181,40 para el hijo.

En apoyo de sus pretensiones, los actores narraron que en la fecha y lugar citados, José Rafael Meléndez Cárdenas se desplazaba en un bus urbano afiliado a la empresa Transoriental, cuando un cable de alta tensión cayó sobre el vehículo, generando una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte. Señalaron que la omisión del municipio al permitir la construcción de urbanizaciones clandestinas permitía, igualmente, que los servicios públicos domiciliarios no se prestaran de forma adecuada, lo que generaba graves peligros para los ciudadanos.

2. La demanda fue admitida en auto del 23 de enero de 1995 y notificada en debida forma a la entidad demandada.

3. El municipio de Cúcuta solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y la falta de jurisdicción, toda vez que la entidad responsable de la transmisión y distribución de energía era la empresa Centrales Eléctricas del Norte de Santander y a esta entidad se le aplicaba el derecho privado, así que el presente litigio debía ser adelantado en la jurisdicción ordinaria. Adicionalmente señaló que el lugar donde ocurrieron los hechos era un barrio de invasión, en donde las redes de conducción de energía eran rústicas e inseguras.

4. El 3 de abril de 1995, se decretaron las pruebas.

El a quo citó a audiencia de conciliación para el 11 de diciembre de 1996, la cual fracasó porque las partes no llegaron a ningún acuerdo. De igual forma, corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto.

El apoderado de los demandantes insistió en que el ente municipal demandado tuvo un comportamiento omisivo en el acatamiento de la ley, al permitir la construcción y sostenimiento de una urbanización ilegal que no cumple con las medidas de seguridad y requisitos establecidos en los planes de desarrollo urbano.

El Ministerio Público consideró que se debía declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva ya que el servicio de energía eléctrica en el departamento de Norte de Santander lo prestaba la empresa Centrales Eléctricas del Norte de Santander, sin embargo, no fue demandada en el presente asunto.

La parte demandada guardó silencio.

II. Sentencia de primera instancia

El Tribunal, en sentencia del 27 de junio de 2000, declaró no probadas las excepciones y negó las súplicas de la demanda. Consideró que la conducción de energía eléctrica en el barrio Carlos Toledo Plata no la suministraba el ente municipal, por lo tanto, la muerte del señor José Rafael Meléndez Cárdenas producida por un cable de alta tensión no le era imputable. En relación con la omisión del municipio, al permitir el asentamiento de ciudadanos en barrios de invasión, indicó que no era posible predicar la responsabilidad patrimonial por esta razón, ya que la zona no era considerada de alto riesgo y, además no se acreditó que los habitantes del sector hubieran iniciado algún trámite ante el municipio para la defensa del derecho de propiedad de los terrenos donde está ubicado el sitio del accidente y que aquél se hubiera negado a darles trámite o comportado negligentemente.

III. Trámite en segunda instancia

La parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación contra la anterior providencia. Manifestó que el ente municipal tenía la obligación de verificar y controlar el desarrollo urbanístico de la ciudad, así que al permitir la construcción de un barrio de invasión que no cumplía con las normas de seguridad en materia de prestación del servicio público domiciliario de energía, era responsable por la muerte del señor Meléndez Cárdenas.

El recurso se concedió el 28 de agosto de 2000 y se admitió el 22 de febrero de 2001.

IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia del 27 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1.1. El señor José Rafael Meléndez Cárdenas murió el 29 de noviembre de 1992, por un “paro cardiorrespiratorio secundario a arritmia cardíaca debido a una corriente eléctrica —electrocución—” conforme al registro civil de defunción que obra a folio 16 del cuaderno 1 y al protocolo de necropsia inserto en el folio 21 del cuaderno 1.

1.2. Sobre la forma como ocurrió el hecho, el señor Marco Ramón Arias Gutiérrez, en declaración rendida en el proceso, expuso:

“Yo estaba trabajando normalmente estaba lloviendo demasiado, entonces me fui para la casa y donde pasa al barrio aeropuerto y entra a Toledo Plata iba un señor y me dijo que si le hacía el favor de llevarlo entonces yo le dije se subiera (sic) y subimos varias cuadras y en una esquina estaba liso el terreno y me tocó pasar despasito (sic) cuando sentí fue que algo cayó encima del techo del bus, entonces yo paré y apagué el carro para ver qué había pasado en esos momentos el señor que subí al carro se agarró de la manecilla para bajarse, cuando puso un pie en el suelo, pegó un quejido y quedó atravesado, en ese momento salieron los vecinos y miraron y el uno (sic) salió bravo y puso problema por la luz y el otro ayudó a bajar al señor de ahí. Yo intenté agarrar al señor y sacarlo para un lado pero me dijeron que no por que (sic) me pegaba la corriente, después tumbaron un orcon (sic) de madera los vecinos, enseguida vimos a un señor que tenía una lechuza, que vivía en el mismo sector más arribita (sic), cuando llegamos al hospital nos dijeron que no había nada que hacer...” (Mayúsculas en original) (fl. 110, cdno. 1).

1.3. En relación con la red de cables de energía que operaba en el lugar donde ocurrieron los hechos, el señor Henry Heber Muñoz Abreo, manifestó:

“Soy transportador y en relación al asentamiento Carlos Toledo Plata soy dirigente cívico de esas comunidade (sic), ya que fui el promotor de la invasión Carlos Pizarro y cuando se hizo la invasión Toledo Plata me puse al frente de esta comunidad para colaborarles en cualquier solución de vivienda… Se proveen del servicio eléctrico de Centrales Eléctricas pero robado, la energía es tomada piratamente del barrio Aeropuerto, con la colaboración de toda la comunidad que se encargan de conseguir los postes, los palos de madera para cada cual obtener su energía domiciliaria PREGUNTADO: Sírvase decirle a la señora magistrada, o mejor explicar más detalladamente qué significa su afirmación anterior sobre la provisión de energía eléctrica ‘robada’ es decir, cuáles son los mecanismos para la obtención de esa energía tomada de fuentes regulares y llevada como usted lo indica a la energía domiciliaria que cada cual se toma o se tomaba? CONTESTO: Significa lo anteriormente dicho, los mecanismos ante reuniones de la comunidad y ante la carencia de energía eléctrica por ser un sector de invasión, ya que hicimos petición formal ante Centrales Eléctricas, y nunca pudimos llenar los requisitos exigidos por esta entidad por carecer de título de propiedad, estábamos empezando a realizar el trazado de vías con la colaboración del municipio de Cúcuta, se nos fue difícil (sic) que Centrales Eléctricas, en esa época, no en la actualidad, nos instalara la energía y nos cobrara. Procedimos a robarnos la luz del barrio Aeropuerto y como Centrales Eléctricas nunca nos cortó los cables de luz, así se permaneció hasta hace un año que por iniciativa de la misma Centrales Eléctricas tendieron la red de alumbrado para cada familia y ahora sí llegan recibos de pago... Constantemente se hacían reuniones con la comunidad y se acordó que para poder tener luz en nuestras casas teníamos que cada uno conseguir cable, uno o dos maderos o palos, unos llevaban de un tamaño otros de otro y así llevamos la energía hasta nuestros hogares, arriesgando la integridad de nuestras familias, ya que esto fue realizado por cada uno de los habitantes y quedaban cables pelados cuando habían lluvias con los cables pelados se unían y en oportunidades quemaron los transformadores de donde nos robábamos la luz, esa situación anómala se vivió hasta hace un año que ya estos enredos de cables que existían fueron abolidos por Centrales Eléctricas para instalar las redes legales... Para nadie es un secreto que esta energía que nosotros tomábamos era un riesgo, nunca fue realizada por gente experta en la materia de electricidad, sino por los mismos habitantes, en varias oportunidades quedamos sin esta energía robada, ya que como entre mas días fue creciendo la invasión, mas gente se pegaba a la luz y las líneas se fueron recargando hasta ocasionar daños en artefactos eléctricos por no contar con las mínimas medidas de seguridad…” (Mayúsculas en original) (fls. 113 y 114, cdno. 1).

1.4. Respecto a las condiciones del barrio de invasión en donde sucedieron los hechos, obra en el expediente una diligencia de inspección judicial anticipada(1), realizada el 27 de octubre de 1993, que puede ser valorada en este proceso, pues los demandantes y el ente municipal participaron en ella y se entiende que se surtió con audiencia de la contraparte(2); allí se indicó lo siguiente:

“El lugar se encuentra ubicado en la invasión Carlos Toledo Plata de esta ciudad. En dicha invasión no existen direcciones ni nomenclaturas...

“En dicho lugar no existen redes eléctricas, ya que esta corriente es tomada de las líneas de baja tensión que pasan por el barrio panamericano y derivan esta corriente hasta hacerla llegar a sus respectivos hogares...

“Estos trabajos de construcción y extensión de redes son provisionales, son unos palos finos de madera... por estos palos pasan cables y alambres no adecuados para la conducción de la energía eléctrica, no existen (sic) ninguna clase de protección en dichos palos cuales ponen (sic) en eminente peligro ala (sic) ciudadanía...

“Esta energía ha sido tomada de las líneas de baja tensión que pasan por el barrio panamericano, ya que en la invasión donde aconteció el hecho no hay extensión de redes, ni transformadores…” (fls. 34 y ss., cdno. 1).

Igualmente, se realizó otra inspección judicial en el proceso contencioso administrativo el 16 de julio de 1996, en la que se señaló:

“Una vez ubicado el lugar pertinente para practicar la diligencia en el barrio de invasión Carlos Toledo Plata ubicado al noroccidente de la ciudad entre los barrios Porvenir y Paraíso, en inmediaciones del aeropuerto Camilo Daza de esta ciudad, se procedió a hacer un recorrido observándose que este asentamiento se encuentra compuesto por viviendas construidas en su mayoría en cartón y bareque. La instalación de energía en algunas zonas del barrio se encuentra ya legalizada con sus postes de concreto instalados por la Empresa Centrales Eléctricas, con todas sus técnicas, sin embargo se aprecia también la existencia de varias redes y postes colocados rudimentariamente por la misma comunidad, construidas con palos y alambres en forma precaria sin ninguna medida de seguridad, y según concepto de los técnicos que acompañan al personal de la diligencia no obedecen a los parámetros señalados por la empresa para este tipo de instalaciones, expresando al respecto lo siguiente: ‘Desde el año de 1992, el asentamiento Toledo Plata a su propia voluntad y riesgo instala el servicio de energía en forma ilegal, sin aprobación ni autorización para conectarse y/o derivarse de la red de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. Bajo estas condiciones, la instalación del servicio de energía en forma ilegal coloca en riesgo inminente la vida de las personas que integran el asentamiento que se establece al construir las redes eléctricas en forma rústica, sin cumplimiento de los requisitos técnicos de normas, utilizando materiales de precaria calidad, inadecuados y violando todas las normas de seguridad para este tipo de servicio. De igual forma se comenta el abuso de perjudicar el servicio de energía de los usuarios legalizados antes CENS, que en este caso corresponde a usuarios del barrio aeropuerto. Resumiendo, corresponde a un tipo de red que no debiera permitirse su construcción y que coloca en peligro y riego (sic) la vida de las personas’...” (fl. 129, cdno. 1).

1.5. En relación con la prestación del servicio de energía eléctrica en el barrio de invasión Carlos Toledo Plata, donde ocurrió el accidente, la jefe de la oficina jurídica de las Centrales Eléctricas del Norte de Santander, certificó lo siguiente:

“Esta electrificadora según sus estatutos presta el servicio de energía eléctrica en el departamento de Santander, a través de sus redes de transmisión y distribución.

“La empresa en el año de 1994 inició y terminó la construcción de redes de distribución para la invasión Carlos Toledo Plata, de acuerdo con las normas técnicas para la construcción de esta clase de redes.

“El procedimiento seguido para ello según la información suministrada por el Jefe de Departamento de Redes y Alumbrado Público, Ingeniero Jorge Alberto Ruiz García, fue el siguiente: Previa construcción de las redes de distribución de la invasión, fue necesario obtener permiso del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, quien mediante Oficio 4420076 del 28 de enero de 1993 entregó las alturas máximas de portería y en inspección formal se revisó la ruta de la red principal.

“Los habitantes de la invasión Carlos Toledo Plata, aún vez (sic) posesionados del terreno, procedieron a construir redes por riesgo y cuenta propia para obtener el servicio de energía. Para tal fin utilizaron palo de madera, cables de aluminio ACSR y herrajes, extendieron redes y se conectaron a la red existente en el barrio aeropuerto.

“(...).

“Esta situación de redes no autorizadas, se prolongó por espacio de tres años, hasta que a comienzos de 1994 la empresa inició la construcción de las redes de distribución según las normas técnicas que se adjunta (sic) en el volumen adjunto…” (fls. 64 y 65, cdno. 1).

1.6. En relación con las fotografías y recortes de periódicos que la parte actora allegó con la demanda y que pretenden demostrar la ocurrencia del hecho, se debe insistir en que, no se hará valoración alguna respecto a las fotografías allegadas, pues carecen de mérito probatorio, toda vez que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.

Igual situación se presenta respecto a la valoración de los recortes de prensa o periódicos que fueron allegados como prueba; es necesario reiterar que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en cuanto se relacionan con la configuración del daño antijurídico y su imputación a la entidad demandada, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados(3).

2. Conforme a las pruebas allegadas al proceso se encuentra demostrado que el 29 de noviembre de 1992, en el barrio de invasión Carlos Toledo Plata, murió el señor José Rafael Meléndez Cárdenas por una descarga eléctrica que le causó un paro cardiorrespiratorio.

Así mismo, está debidamente acreditado que el señor Meléndez Cárdenas cuando se desplazaba en un bus de servicio urbano en el barrio de invasión mencionado, un cable de alta tensión cayó sobre el vehículo, y al intentar bajarse de éste y colocar los pies sobre el pavimento, se produjo la electrocución.

Igualmente, se demostró que los cables y postes que conducían la energía eléctrica en el sector donde ocurrió el accidente, fueron instalados rudimentariamente por la población, sin cumplir con las medidas de seguridad necesarias para la conducción de la energía. Si bien es cierto, que las Centrales Eléctricas del Norte de Santander, instalaron redes de distribución de electricidad posteriormente, se acreditó que al momento de la ocurrencia de los hechos, 29 de noviembre de 1992, existían redes clandestinas y sin autorización, por lo tanto, los ciudadanos asumieron los riesgos y peligros que se derivaban de esta situación.

Ahora bien, en relación con la conducción de energía eléctrica, ésta ha sido tradicionalmente considerada por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad peligrosa, de la cual, además se ha dicho que cuando su guarda está a cargo de una entidad estatal, el daño causado en desarrollo de la misma resulta imputable a ésta. Al respecto, sobre las actividades peligrosas y la teoría de la guarda la sección, en sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842 señaló: 

“Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que “el responsable de la actividad peligrosa... es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad”(4)

En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 22 de febrero de 1995, expuso: 

“Natural corolario que se sigue de todo cuanto queda expuesto es que, siendo una de las situaciones que justifica la aplicación del artículo 2356 del Código Civil el hecho de servirse de una cosa inanimada al punto de convertirse en fuente de potenciales peligros para terceros, requiérese en cada caso establecer a quién le son atribuibles las consecuencias de acciones de esa naturaleza, cuestión esta para cuya respuesta, siguiendo las definiciones adelantadas, ha de tenerse presente que sin duda la responsabilidad en estudio recae en el guardián material de la actividad causante del daño, es decir la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de donde se desprende, que en términos de principio y para llevar a la práctica el régimen del que se viene hablando, tienen esa condición: (I) El propietario, si no se ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de su parte, la perdió, razón por la cual enseña la doctrina jurisprudencial que “...la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener...”, agregándose a renglón seguido que esa presunción, la inherente a la “guarda de la actividad”, “puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, (...) o que fue despojado inculpablemente de la misma como en el caso de haberle sido robada o hurtada...” (G.J. Tomo CXLII, pág. 188). (II) Por ende, son también responsables los poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticrética, acreedores pignoraticios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados (mandatarios y depositarios). (III) Y en fin, se predica que son “guardianes” los detentadores ilegítimos y viciosos, usurpadores en general que sin consideración a la ilicitud de los antecedentes que a eso llevaron, asumen de hecho un poder autónomo de control, dirección y gobierno que, obstaculizando o inhibiendo obviamente el ejercicio del que pertenece a los legítimos titulares, a la vez constituye factor de imputación que resultaría chocante e injusto hacer de lado. En síntesis, en esta materia para nada importa saber si la situación del guardián frente a la actividad dañosa, cuenta o no con la aprobación del derecho; el concepto de guarda, relevante como queda apuntado para individualizar a la persona que —en tanto tiene a la mano los medios para cumplirlo— le compete el deber de tomar todas las precauciones necesarias en orden a evitar que la actividad llegue a ocasionar daños, no ha sido elaborado, entonces, para atribuirle enojosas prebendas a esa persona, sino para imponerle prestaciones específicas de carácter resarcitorio frente a terceros damnificados por una culpa suya, real o presunta, que por lo general queda elocuentemente caracterizada por la sola ocurrencia del perjuicio derivado del ejercicio de dicha actividad… (G.J. Tomos CLV, primera parte, pág. 150, y CLXV, pág. 267, entre otras)”(5) (resaltado fuera de texto). 

De acuerdo con lo anterior, y con el material probatorio allegado al proceso, se puede afirmar que la guarda de la actividad de conducción de energía eléctrica que dio lugar al daño que se reclama, que en principio se encontraba en cabeza de las empresas públicas de Norte de Santander, se desplazó al tercero que realizó la conexión ilegal, al instaurar los postes para conducir la energía a los inmuebles del barrio de invasión, asumiendo así por su propia cuenta y riesgo el control y dirección de dicha actividad. 

Así las cosas, para la Sala se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación, como quiera que el daño no es atribuible a conducta alguna de la administración pública, esto es, no le es imputable al Estado, toda vez que el hecho del tercero constituye una eximente de imputación(6) en los términos de análisis del artículo 90 de la Constitución Política. 

4. De otro lado, respecto a la supuesta omisión del municipio en sus deberes de control y vigilancia de los asentamientos de ciudadanos en barrios de invasión, lo que obliga a los habitantes a la instalación de redes de electricidad sin el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y genera daños como el narrado en la demanda, la Sala considera que la supuesta omisión alegada no es causa adecuada o determinante de la muerte del señor Meléndez Cárdenas, pues, conforme a lo probado en el proceso, su óbito fue causa directa de una electrocución. 

Para la Sala es importante resaltar que no todas las acciones u omisiones que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la equivalencia de las condiciones(7); es un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho previo a la producción del daño(8), lo relevante es identificar cuál acción fue la causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que la consecuencia o daño, sería la sumatoria de todos los antecedentes, haciendo un retorno al infinito, propio de la teoría de la equivalencia de las condiciones. 

En consecuencia, de las pruebas que obran en el proceso, para la Sala es inhesitable que aún cuando se configuró el daño antijurídico, no existe conexión entre el resultado dañino y la supuesta omisión del ente municipal, luego no le es imputable y por lo tanto, no debe responder patrimonialmente por el mismo. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la Sentencia proferida el 27 de junio de 2000, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—Gladys Agudelo Ordóñez—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado».

(1) “La peritación también podrá solicitarse en forma anticipada con o sin citación de la presunta contraparte. Si se practica con intervención de ésta y se lleva a un proceso, el juez no decretará otro dictamen sobre los mismos puntos, a menos que no lo considere suficiente, caso en el cual ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos”. Betancur Jaramillo, Carlos. De la prueba Judicial. Editorial Bedout. Medellín. 1982.

(2) Conforme a los artículos 300 y 301 del Código de Procedimiento Civil.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia proferida el 17 de junio de 2004, expediente 15.450 y Sentencia del 4 de diciembre de 2007, expediente 15.498.

(4) Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996, pág. 78.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 22 de febrero de 1995, expediente 4345.

(6) En la lógica tradicional, correspondería a la mal llamada ruptura del nexo causal, por la configuración de una causa extraña, que en sentir de la más calificada doctrina es un absurdo, pues la causalidad o existe o no existe, pero no se rompe. Al respecto Oriol Mir Puigpelat señala “…un nexo causal existe o no existe, pero no se puede interrumpir. La expresión “interrupción del nexo causal”, tan entendida en la ciencia y la jurisprudencia administrativa de nuestro país, es, pues, incorrecta, y está haciendo referencia, en realidad, a la interrupción (a la exclusión, mejor) de la imputación…” (La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria: organización, imputación y causalidad. Primera edición, Ed. Civitas Madrid, 2000, págs. 239.)

(7) “Como lo indica su propia denominación, para dicha teoría todas las condiciones son del mismo valor (equivalentes) en la producción del daño (Äequivalenztheorie). No cabe, por consiguiente, hacer distinciones, todas son indispensables, de modo que si faltase una sola no habría acaecido.

“Cada condición —se afirma— origina la causalidad de las otras y el conjunto determina el evento causa causae est causa causati. Como la existencia de éste depende de tal punto de cada una de ellas, si hipotéticamente se suprimiese alguna (condicio sine qua non) el fenómeno mismo desaparecería: sublata causa tollitur effectus.

“En consecuencia —sostiene von Buri—, dada la indivisibilidad material del resultado, cada una de las condiciones puede considerarse al mismo tiempo causa de “todo” el desenlace final. Es suficiente, pues, que un acto haya integrado la serie de condiciones desencadenantes del efecto dañoso para que pueda juzgar que lo causó. Por lo tanto, se concluye, para la atribución de un hecho a una persona es suficiente que ella haya puesto una de las condiciones necesarias para su advenimiento”. Goldenberg, Isidoro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Editorial La Ley. Argentina. 2000, pág. 16.

(8) “Elevar al rango de causa de un daño a cada uno de los numerosos hechos antecedentes cuya ocurrencia determina precisamente ese resultado, significa extender ilimitadamente las consecuencias que derivan del encadenamiento causal de los sucesos”. Ibídem, pág. 17.

“Tampoco puede considerarse que todos los antecedentes del daño son jurídicamente causas del mismo, como se propone en la teoría de la equivalencia de condiciones, o de la causalidad ocasional expuesta por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 17 de septiembre de 1935, según la cual “en estos casos si la persona culpable se hubiera conducido correctamente, el perjuicio no habría ocurrido”, a la cual se refiere también un salvamento de voto del Dr. Antonio J. de Irisarri del 8 de octubre de 1986 (exp. 4587), en el cual se expresa que “con fines simplemente analíticos, para verificar esa relación de causa a efecto, puede examinarse qué ocurriría o habría ocurrido, si el suceso-causa no se hubiera dado. Si la respuesta es en el sentido de que el efecto no habría sucedido, ha de admitirse que aquél sí constituye causa de éste, porque justamente para que el efecto se dé en la realidad, tiene que ocurrir aquél. En la hipótesis contraria no existiría relación esa relación de causalidad”.

“Tal posición llevaría a que en el clásico ejemplo citado por José Melich, el sastre que retrasa por negligencia la entrega de un abrigo de viaje, tendría que responder por el accidente ferroviario que sufrió su cliente que debió por tal motivo aplazar su viaje. Como lo señala el doctor Javier Tamayo Jaramillo, “deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría absurdamente, buscar responsables hasta el infinito”.

“Lorenzetti puntualiza aquí: “No basta, según esta idea, la mera supresión mental hipotética, esto es borrar mentalmente la causa para ver si el resultado se produce o no sin ella. Es necesario emitir un juicio acerca de la regularidad con que se producen los fenómenos (constancia posible) lo que nos proporciona la noción de “causa adecuada” (Ob. cit., pág. 261).

“Tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, “sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y normalmente producirlo”.

“H. Mazeaud, citado por José Melich Orsini, en “La responsabilidad civil por los Hechos Ilícitos” (Biblioteca de la academia de ciencias políticas y sociales, Caracas, 1995, págs. 211 a 215) expresa sobre el punto: “Hoy día la mayor parte de los autores han abandonado la teoría de la equivalencia de condiciones: ellos no admiten que todos los acontecimientos que concurren al a realización de un daño sean la causa de tal daño desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Parece, en efecto, que para ser retenido como causa desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es decir, para ser susceptible de comprometer la responsabilidad civil de su autor, el acontecimiento debe haber jugado un papel preponderante en la realización del daño. Pero los jueces serán libres de apreciar si el acontecimiento ha jugado o no un papel suficiente en la producción del daño para ser retenido como causa del daño. NO se puede ligar a la jurisprudencia por un criterio absoluto, ni aun por el criterio propuesto por los partidarios del a causalidad adecuada: el criterio de la normalidad. Todo lo que puede exigirse es que el acontecimiento haya jugado un papel preponderante, un papel suficiente en la realización del daño. Quienes no quieren adoptar el criterio de la normalidad propuesto por la teoría de la causalidad adecuada, son partidarios de la llamada tesis de la causalidad eficiente, esto es: que lo que debe investigarse es si el hecho ha jugado o no un papel preponderante, una función activa en la producción del daño”.

“Ennecerus, citado en la misma obra, expresa: “En el problema jurídico de la causa, no se trata para nada de causa y efecto en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas... Prácticamente importa excluir la responsabilidad por circunstancias que, según su naturaleza general y las reglas de la vida corriente, son totalmente indiferentes para que surja un daño de esa índole y que, sólo como consecuencia de un encadenamiento totalmente extraordinario de las circunstancias, se convierte en condición del daño. Así, pues, se labora con un cálculo e(sic) probabilidades y sólo se reconoce como causa, aquella condición que se halla en conexión adecuada con un resultado semejante”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de septiembre de 1997, expediente 11.764.