Sentencia 1994-08879/13969 de julio 14 de 2004

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 68001-23-15-000-1994-08879-01(13969)

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Lucrecia Santos Jaimes y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Bogotá, D. C., catorce de julio de dos mil cuatro.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 13 de marzo de 1997, proferida por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Valle, en la que se decidió lo siguiente:

“1. DECLÁRASE A LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, de los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, causados al señor SALOMÓN RAMÍREZ PRETEL.

“2. Como consecuencia de la declaración anterior CONDÉNASE A LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, A PAGAR al señor SALOMÓN RAMÍREZ PRETEL, por concepto de PERJUICIOS LAS SIGUIENTES CANTIDADES:

“a) Morales, el equivalente a UN MIL (1.000) gramos oro.

“Este valor se tasará al precio del oro que indique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

“b) Materiales, la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 62/100 CTVS ($28.388.680.62). M/CTE.

“3. DECLÁRASE IGUALMENTE RESPONSABLE AL SEÑOR ALFREDO ORTIZ DE LOS PERJICIOS OCASIONADOS AL DEMANDANTE, por lo cuales debe responder a la entidad demandada. Esta, una vez efectúe el pago deberá repetir contra el señor ALFREDO ORTIZ por el valor de la condena aquí impuesta.

“4. LA CONSTANCIA DE PAGO Y LA COPIA AUTÉNTICA DE ESTA SENTENCIA, SERVIRÁN DE TÍTULO EJECUTIVO A LA ENTIDAD DEMANDADA contra el señor ALFREDO ORTIZ.

“5. De la sentencia EXPÍDASE COPIA a las partes, de conformidad dispuesto en el art. 115 de C.P.C.

“6. Esta condena se cumplirá en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

“7. CONSÚLTESE CON EL SUPERIOR

“8. ABSUÉLVESE AL SEÑOR GUSTAVO BERNAL GARCÍA como llamado en garantía” (fls. 165 y 166, cdno. 1).

I. Antecedentes:

1. Mediante demanda presentada el 17 de mayo de 1993, Salomón Ramírez Pretel solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa, Policía Nacional por las lesiones que le fueron causadas el 20 de septiembre de 1992, en la ciudad de Cali, por miembros de la Policía Nacional.

Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalentes en gramos de oro a $80.000.000. Por perjuicios materiales, la suma máxima de $200.000.000.oo, tomando en cuenta su expectativa de vida (fls. 2 y 3, cdno. 1).

En respaldo de su pretensiones, el actor narró que el 20 de septiembre de 1992, cuando se encontraba en su residencia ubicada en el barrio Antonio Nariño de Cali, los agentes de la policía Alfredo Ortiz y Gustavo Bernal García entraron en ella y le dispararon sus armas de dotación, causándole una lesión en la columna vertebral que le produjo invalidez permanente. Los uniformados entraron en el inmueble porque, supuestamente, se estaba agrediendo desde su interior a otras personas que se encontraban en la calle (fls. 3 a 5, cdno. 1).

2. La demanda fue admitida mediante auto de 25 de mayo de 1994 y fue notificada en debida forma (fls. 5 a 7, cdno. 1).

La demandada invocó la configuración de culpa exclusiva de la víctima, la cual se probaría en el curso del proceso, ya que el demandante se encontraba armado y los uniformados estaban autorizados a entrar en su residencia, como se permite en todos los casos de flagrancia (fls. 18 a 21, cdno. 1).

3. El Procurador Judicial 20 ante el Tribunal, solicitó el llamamiento en garantía de los agentes de la Policía Nacional, Alfredo Ortiz y Gustavo Bernal García. El llamamiento fue aceptado mediante auto de 19 de agosto de 1994, el cual fue notificado en debida forma. Lo llamados guardaron silencio (fls. 22 a 30, 40 y 46, cdno. 1).

4. Practicadas las pruebas decretadas mediante auto de siete de junio de 1995 y fracasada la conciliación, se corrió traslado para alegar de conclusión. Las partes guardaron silencio (fls. 48 y 49, 89 a 92, 128, cdno. 1).

El representante del Ministerio Público solicitó la condena de la demandada. Estimó acreditado el estado de invalidez del actor, a causa de las lesiones causadas por el agente Alfredo Ortiz, quien las produjo con su arma de dotación oficial cuando estaba prestando el servicio. Así mismo pidió la condena del mismo agente, llamado en garantía, por su conducta dolosa, así como la absolución del agente Gustavo Bernal (fls. 129 a 143, cdno. 1).

II. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia de 13 de marzo de 1997, el Tribunal Administrativo del Valle declaró la responsabilidad patrimonial de la demandada, en los términos trascritos al inicio de esta providencia; así mismo, ordenó la repetición de lo pagado contra el llamado en garantía Alfredo Ortiz. El a quo concluyó que las lesiones de Salomón Ramírez Pretel, que lo condenaron a permanecer en silla de ruedas, fueron causadas por arma el arma de dotación oficial disparada por el agente de la Policía Nacional Alfredo Ortiz, quien en compañía del agente Gustavo Bernal García, irrumpieron en la residencia del afectado, sin causa justificada, conducta del agente que estimó como típicamente culposa. Tal conclusión se fundamentó en la providencia del Tribunal Superior Militar, en la que se decidió revocar la cesación de procedimiento en favor del agente Alfredo Ortiz y la convocatoria a consejo verbal de guerra por el delito de lesiones personales. Tomó en cuenta, también, la preclusión de la investigación a favor del demandante, por los delitos de porte ilegal de armas y violencia contra empleado oficial (fls. 150 a 167, cdno. 1).

III. Recurso de apelación:

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia (fl. 170, cdno. 1). En la sustentación manifestó que la Policía Nacional instruye a sus miembros en el manejo de armas, cumpliendo con la misión que la Constitución y la ley le han encomendado. En el caso concreto se configuró una culpa personal de los agentes Alfredo Ortiz y Gustavo Bernal García, pues su conducta no guarda relación causal con la función pública (fls. 175 y 176, cdno. 1).

El recurso fue concedido el 30 de mayo de 1997 y admitido el dos de octubre siguiente. En el traslado para alegar de conclusión, la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fls. 173 y 174, 181, 183 y 197, cdno. 1).

El apoderado de la demandada manifestó que las lesiones se debieron a la agresión del demandante contra los uniformados, circunstancia que configura la culpa de la víctima (fls. 188 y 189, cdno. 1).

IV. Consideraciones:

1. Parámetros para el juzgamiento de la responsabilidad.

En relación con el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, se considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 14 de junio de 2001. Manifestó la Sala en aquella oportunidad:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“... Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”.(1) 

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad. 

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad. 

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.(2) La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas actividades. En efecto, la utilización de armas de fuego ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y cuando su guarda corresponde al Estado, por tratarse de armas de dotación oficial, el daño causado cuando el riesgo se realiza, puede resultar imputable a este último. 

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(3).

La Sala ha considerado necesario presentar, previamente, estas reflexiones, que serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de la entidad demandada.

2. Valor probatorio de providencias judiciales:

La sentencia de primera instancia se fundamenta en un auto del Tribunal Superior Militar, y en la valoración de las pruebas citadas en él. Sobre la eficacia probatoria de las providencias judiciales, la Sala, en sentencia de 16 de agosto de 2001, manifestó lo siguiente:

“La eficacia probatoria que otorga el tribunal a los testimonios enunciados en el fallo penal desconoce el alcance probatorio que se debe dar a los documentos públicos, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil. Dicha norma dispone que “los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”. El alcance probatorio de las sentencias como documento público ha sido precisado por la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente forma:

“... aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad... no puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha corporación, en la fecha mencionada, más no sirve para la demostración de los hechos que fundamentaron tal resolución... pues como lo ha reiterado la Sala tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos “... incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción” (G.J. LXXV, 78)(4).

“La copia del auto de preclusión de la investigación da fe de la decisión tomada por el fiscal acerca de la responsabilidad penal de Nelson Garavito Sánchez, pero no da lugar a deducir otro tipo de consecuencias. En este caso, se le dio valor de prueba al análisis realizado por el citado funcionario, de las declaraciones que obran en el proceso penal. A lo sumo, la referencia a estas declaraciones sirve para comprobar que fueron practicadas en dicho proceso, pero no puede concluirse que, por ello, puedan ser valoradas en el proceso contencioso administrativo.

“La eficacia probatoria a los testimonios practicados en el proceso penal, está sujeta a que se surta el trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, sobre traslado de pruebas y ratificación de testimonios”(5).

Visto lo anterior, debe notarse que la providencia del Tribunal Superior Militar en la que se revocó la cesación de procedimiento a favor del agente Alfredo Ortiz y se determinó su juzgamiento por el delito de lesiones personales, mediante la convocatoria de consejo verbal de guerra, solo sirve, en este proceso, para acreditar tal circunstancia, sin que pueda darse eficacia probatoria a los medios de prueba citados en él.

Por ello, la Sala ordenó allegar copia del expediente del proceso que cursó, por los mismo hechos, en la justicia penal militar, que había sido solicitado por las dos partes y aceptado en el auto que decretó las pruebas en primera instancia (folios 4, 20 y 48 cuaderno 1).

Debe puntualizarse, sin embargo, que la indagatoria del agente Alfredo Ortiz, que obra en dicho proceso, no puede ser trasladada al proceso contencioso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. En el mismo sentido, tampoco son valorables las pruebas practicadas por la fiscalía seccional de Cali, dado que no fueron practicadas a petición o con audiencia de la demandada, como lo prescribe el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para el traslado de pruebas.

2. El caso concreto:

Precisado lo anterior, con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se tiene lo siguiente:

a. El 20 de septiembre de 1992, en el barrio Antonio Nariño de la ciudad de Cali, Salomón Ramírez Pretel fue herido con arma de fuego. Ingresó inicialmente a la Unidad de Salud Carlos Carmona M. con herida en la región dorsal y después fue remitido al Hospital Universitario Evaristo García, en donde se le practicó, el 30 de septiembre siguiente, una laparotomía exploratoria. Lo acreditan así la certificación del primer centro de salud y la historia clínica remitida por el segundo (fls. 2, 6 a 27, cdno. 3).

El 18 de mayo de 1993, el Instituto de Medicina Legal, Regional del Sur, a petición del Juzgado 83 de Instrucción Penal militar, conceptuó lo siguiente sobre la evolución de las lesiones:

“Descripción de las lesiones: Examinado hoy a las 11:00 horas presenta:

“1. Ingresó en silla de ruedas.

“2. Cicatriz hipertrófica retráctil de más o menos 2 ctm, abdominal supra e infra umbilical, ostensible.

“3. Bolsa para recolección de orina, pues manifiesta incontinencia urinaria.

“4. Cicatriz hipertrófica, retráctil, ostensible de más o menos 8 ctm en cara anterior del tercio proximal del muslo derecho, que no tiene relación con el caso, la cicatriz Nº 2 empeora grandemente la alteración estética causada por la lesión descrita en este numeral.

“5. Arreflexia patelar y aquiliana derecha, con hipotrofia moderada del cuadriceps; disminución de más o menos el 90 % en la fuerza del miembro inferior derecho.

“Aporta su despacho copia de historia clínica del Hospital Mario Correa Rengifo, a nombre del lesionado... en donde informan sobre la herida por proyectil de arma de fuego paravertebral izquierda, que causa heridas intestinales, de cava inferior y sección medular. Ingresa en septiembre 20/92, y es laparatomizado ese mismo día, se hace resección intestinal rafia termino terminal y de cava inferior, queda con incontinencia urinaria y paraplejia flácida. No hay fecha de salida” (fl. 56, cdno. 4)

Luego de la operación quirúrgica, en la historia clínica obra el examen fisiatría, en el que se diagnosticó lo siguiente:

“Paciente de 28 años de edad con historia clínica... con herida de arma de fuego en IX-92 a nivel de L1 actualmente ingresa en silla de ruedas sin escara en la piel y con colector externo para la orina.

“Al comer hay espaticidad moderada, con anestesia en52 (sic) y desde el punto de vista motor con dorsiflexión y plantiflexores 4 muscular de cadera rodilla entre 3 4.

“DIAGNOSTICOS:

1) TRM por arma de fuego L1

2) Lesión cano medular

3) Paraparesia

4) Vejiga neurogénica” (fl. 17, cdno. 3).

El 16 de junio de 1994, en un nuevo dictamen de medicina legal, se determinó: “En base a lo anterior de define perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente” (fl. 101, cdno. 4).

El 11 de septiembre de 1996, mediante dictamen médico laboral, de la División de Empleo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se estableció lo siguiente:

“Manifestándole que he examinado y estudiado el resumen de la historia clínica correspondiente a SALOMÓN PRETEL RAMÍREZ y puedo certificar que presentó:

“Trauma de raquimedular a nivel de L1 con arma de fuego. Que le produjo paraparesia y vejiga neurogénica.

“Lo anterior le produce:

“Deficiencia 50%

“Discapacidad 10%

“Minusvalía 15%

“Total invalidez 75%” (fl. 23, cdno. 2) (original en mayúsculas).

b. Sobre la manera como sucedieron los hechos, en el informe de los agentes Gustavo Bernal García y Alfredo Ortiz, al comandante de la sexta estación de policía de Cali, el mismo día del incidente, manifestaron:

“El sujeto antes en mención [Salomón Ramírez], fue detenido a eso de las 02:12 Hs cuando a petición de un taxista, nos informó que en la carrera 38 con Cl. 39, habían unos sujetos haciendo disparos, posteriormente al dirigirnos a la dirección antes mencionada, constatamos una fiesta en ese sector, en la cual nos llamó un señor que se encontraba en la misma, que en la residencia del frente con nomenclatura Nº 37-32, se encontraban unos sujetos desde hacía rato asomando la cabeza en forma muy sospechosa sobre el balcón; al dirigirnos al sitio de las gradas al llegar al balcón, uno de los sujetos se abalanzó por las escaleras, tratando de llegar al primer piso al mismo instante que nos disparaba con un arma de fuego, lo cual (sic) al defendernos se le causó una herida, en la región dorsal parte izquierda sin orifico de salida, al cual se le decomisó un revólver hechiza de un solo tiro calibre 38L... tres cartuchos para revólver, siendo trasladado posteriormente hasta el hospital departamental en el vehículo..., donde quedó en custodia policial” (fl. 3, cdno. 4).

El comandante de la Sexta Estación de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en comunicación dirigida al Tribunal, manifestó:

“... que para la fecha 20/SEP/92, siendo las 02:12 horas, los agentes Bernal García Gustavo y Ortiz Alfredo, se encontraban realizando primer turno de vigilancia, correspondiéndoles como lugar de facción la jurisdicción de la Sexta Estación, con el indicativo FV-21, portando como dotación oficial para el servicio los revólver (sic) Nro. 8962 y 4326, respectivamente y se movilizaban en el vehículo Luv, distinguido con las siglas 24-664, de la cual el Agente ORTIZ era el conductor” (fl. 113, cdno. 4).

Fueron anexadas las copias de las minutas de asignación de vehículo, turno de vigilancia y novedades de personal para esa fecha (fls. 114 a 116, cdno. 4).

El agente Gustavo Bernal García, ante el juzgado 88 de Instrucción Penal Militar, relató lo siguiente:

“Eso fue esta madrugada siendo aproximadamente la 2:00 de la mañana yo me encontraba haciendo cuarto y primer turno patrullando de vigilancia en el sector de la sexta estación componente de la patrulla FV24 o sea encargados de la ronda de vigilancia en el sector en un vehículo Luv con el agente Ortiz Alfredo, veníamos de Vergel hacía el CAI de la 39 cuando un taxista empezó a pitarnos para que paráramos y entonces nosotros paramos y nos pidió la colaboración que en la carrera 38 con calle 39 se encontraban unos sujetos haciendo disparos... llegamos a una residencia cerca de la dirección anotada donde se estaba realizando una fiesta y un señor de esa fiesta nos llamó y me informó y me dijo que al frente de la misma fiesta habían unos sujetos sospechosos los cuales no hacían sino asomarse sacando la cabeza en forma sospechosa, entonces pues nosotros procedimos a dirigirnos a esa residencia y en el momento en que yo subía por la escalera de la casa para llegar al segundo piso en el balcón donde ya nos habían señalado cuando ya me ubiqué en la parte del balcón un sujeto brincó al lado derecho mío y el compañero mío que se encontraba en la escalera ya subiendo también el sujeto que saltó por la escalera pasó por el lado del compañero y noté que trató de quitarle el revólver al compañero mío y entonces ya el tipo ya ganado el primer piso cuando veo que va voltiando (sic) y va sacando un revólver apuntándonos hacía nosotros y en ese preciso momento el compañero mío lo hizo en ese momento en el tipo disparaba mi compañero accionó el revólver y el tipo cayó al piso y ya nosotros lo levantamos y lo llevamos al hospital Carmona de ahí lo remitieron al departamental y en el momento del hecho que nos ocupamos con el tipo para llevarlos al hospital al otro tipo que había se voló porque eso era muy oscuro por ahí, cuando llegamos al Carmona procedimos a requisarlo y le encontramos tres cartuchos calibre 38 en el bolsillo del lado izquierdo y el arma yo la recogí en el momento de recogerlo para llevarlo al hospital porque ese arma cayó al piso era un revólver hechizo 38 largo disparado de un solo cartucho, en el momento en que el sujeto sacó el revólver lo sacó con la chapuza y lo accionó contra nosotros porque nosotros estábamos en la misma dirección hacia el sujeto...” (fl. 7, cdno. 4).

Ante el mismo juzgado, el afectado, Salomón Ramírez Pretel declaró:

“Eso fue el día 20 septiembre de 1992 a eso dela 2:00 y 3:30 horas, me encontraba en mi casa en la dirección anterior, yo me encontraba con Milton Antonio Mesa, llegaron dos agentes de la policía entonces yo venía del barrio el Vergel de una fiesta, que no conocía a las personas que estaban organizando la fiesta, yo llegué a mi casa y queda en un segundo piso, pensaba tocar la puerta de mi casa, y hacía más o menos una semana, mi mamá había salido del hospital a consecuencia de un derrame, al saber que mi madre estaba un poco [mal] de salud, entonces no quería tocar la puerta, para que mi mamá no se levantara, yo preferí quedarme afuera en el balcón de la casa en el segundo piso, en compañía de Milton, estaba acompañándome que amaneciera, cuando llegaron los dos agentes de policía, en una moto, subieron las escaleras, subieron pegándome con la cacha del revólver y me daban duro en la cabeza y me hicieron bajar las escaleras de la casa, cuando menos sentí el disparo por la espalda, yo me quedé tirado quedé inconsciente y no me di cuenta de que pasó más... Yo no portaba ningún tipo de arma ese día, tal [vez] ellos lo llevaban y me lo quieren achacar a mi que yo lo llevaba” (fls. 42 y 43, cdno. 4).

El acompañante del lesionado, Emilton Antonio Meza Cucuyame, ante el mismo despacho, declaró lo siguiente:

“... nosotros veníamos de una fiesta del barrio el Vergel, que queda en seguida de otro barrio contiguo llamado el diamante, eran las dos y media de la mañana, íbamos hacia la casa de Salomón en la calle 38 # 37-34 Antonio Nariño, pero allí no le abrieron, entonces yo pensé irme a casa de mis padres, pero como no le abrieron, él me dijo que se iba a quedar allí en el balcón del 2º piso de su casa, cuando yo pensé irme a mi casa, llegaron dos policías en moto, uno de ellos tenía chaleco zapote, no se que número lo distinguía y subieron a la grada del 2º piso de la casa de Salomón, y nos dijeron que nos bajáramos, entonces Salomón no se quería bajar, porque como él estaba en su casa, y como los policías llegaron allí todos arrebatados diciendo que nos bajáramos, Salomón les preguntó que por qué, uno de los agentes le dijo que a ellos los habían llamado diciéndoles que habían dos sospechosos en una casa, Salomón les dijo que porque éramos sospechosos y de que, sino corrijo, si estábamos en casa de él, entonces Salomón dijo que él no se bajaba, siendo que estaba en su casa, yo tampoco lo hacía, pero yo no decía nada a la policía, entonces ellos se subieron a bajarnos a la fuerza todos los dos policías subieron las grada y cogieron primero a Salomón de los brazos empujándolo a que se bajara, al ver que estaban bajándolo a la fuerza, Salomón se rebotó, tratando de safársele de los brazos de donde lo tenía cogido el policía, entonces el agente lo soltó y antes de que el policía lo soltara, el otro policía le estaba dando cachazos con su revolver en la espalda, entonces ya fue bajando Salomón y faltando dos peldaños de las gradas por terminar de bajarlas, cuando el agente venía cogiendo de los brazos, le disparó por la espalda, en la grada bajaba primero Salomón, detrás de él un policía, luego venía yo y detrás de mi el otro policía que le había dado cachazos de revólver es su espalda cuando estaba en la grada, le colocó un revolver al lado de Salomón y como al frente hay o había una fiesta a esa hora, ya la gente se aglomeró allí y le preguntaban a los policías que por qué le habían disparado, entonces los policías les contestaron que le habían tenido que dispararle (sic), porque Salomón también les había disparado, entonces el Agente que disparó llamó por radio a una patrulla y llegó una Luv y lo recogieron al herido y lo llevaron al hospital Carmona... (fl. 82, cdno. 4)...

Al declarante se le interrogó sobre el arma encontrada, supuestamente, a Salomón Ramírez:

“No, cuando yo estaba allí, el policía se agachó y le colocó un arma de fuego, no se decir que clase es, corrijo, es un revólver hechizo, calibre 38, no sé si estaría o no cargado con munición” (fl. 82, cdno. 4).

c. Contra Salomón Ramírez se abrió investigación penal por la supuesta agresión con arma de fuego contra los agentes Ortiz y Bernal. El 30 de septiembre de 1992, el fiscal de la Unidad Especializada en ley 30 y varios de Cali, se abstuvo proferir medida de aseguramiento en contra del implicado, por los delitos de porte ilegal de armas de defensa personal y violencia contra empleado oficial, respecto del primer delito, precluyó la investigación por atipicidad de la conducta y ordenó proseguirla por el segundo (fls. 173 a 180, cdno. 4).

El dos de febrero de 1995, la Fiscalía 54 Delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración, precluyó la investigación en contra de Salomón Ramírez Pretel, por el delito de violencia contra empleado oficial y ordenó compulsar copias para que se investigara el presunto abuso de autoridad, por actos arbitrario e injustos, contra los dos agentes involucrados en el episodio (fls. 207 a 219, cdno. 4).

d. El primero de abril de 1998, en consejo verbal de guerra el agente Alfredo Ortiz fue declarado responsable del delito de lesiones personales contra Salomón Ramírez Pretel (fl. 539, cdno. 4). El ocho de abril siguiente, el juzgado de primera instancia, Policía Metropolitana de Cali, lo condenó a la pena de cuatro años de prisión y multa de $50.000, y a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas, así como la separación absoluta de la Policía Nacional (fls. 556 y 557, cdno. 4). El Tribunal Superior Militar, mediante sentencia del 22 de julio de 1998, modificó la anterior providencia, condenándolo a pena de prisión de dos años y concediendo el beneficio de condena de ejecución condicional (fls. 601 y 602, cdno. 4). El ocho de marzo de 2000, le fue concedida la libertad definitiva por pena cumplida (fl. 624, cdno. 4).

De acuerdo con lo anterior, se encuentra establecido que en la madrugada del 20 de septiembre de 1992, cuando se encontraba en su casa de habitación, en el barrio Antonio Nariño de Cali, fue herido Salomón Ramírez Pretel, por arma de dotación oficial, disparada por el agente de la Policía Nacional Alfredo Ortiz, quien se encontraba prestando turno de vigilancia en la Sexta Estación de la misma ciudad. Las lesiones dejaron paralítico al afectado y con una incapacidad laboral permanente del 75%. Por los mismos hechos, el agente Ortiz fue condenado a dos años de prisión por la justicia penal militar.

La parte demandada adujo dos causales de exoneración de la responsabilidad, en esta instancia. En el recurso de apelación manifestó que se trataba de una culpa personal del agente causante de las lesiones. De acuerdo con lo probado en el proceso, dicha causal no tiene ningún fundamento. En efecto, no cabe duda que el agente Ortiz, en compañía del agente Bernal, se encontraban prestando turno de vigilancia al momento de los hechos y que en el incidente actuó con evidente abuso de autoridad, dado que, sin ninguna justificación, disparó al afectado, con los resultados conocidos. Resulta difícil deducir de estos hechos alguna circunstancia que conduzca a concluir la configuración de la causal de exoneración alegada por la recurrente. 

De otra parte, en los alegatos de conclusión, el apoderado de la apelante alegó que las lesiones se debieron a la agresión de la víctima contra los agentes de la policía. Se encuentra suficientemente acreditado en el proceso que esa fue la justificación inicial de los implicados; dijeron, en efecto, que Salomón Ramírez Pretel, al ser abordado por los agentes, los agredió con un arma de fuego, que fue inmediatamente incautada. Esa versión contrasta con la rendida por el afectado y su acompañante Emilton Antonio Meza Cucuyame, en el sentido que los agentes los agredieron desde el momento en que llegaron al sitio, asunto que terminó con el disparo del agente Ortiz a Ramírez Pretel, quien no portaba ningún arma; ésta había aparecido posteriormente, después de ser puesta por los propios agentes a la víctima, para justificar el hecho. Lo anterior se encuentra acreditado, además, con la absolución de Ramírez Pretel en la justicia penal ordinaria, por los delitos de porte ilegal de armas y violencia contra empleado oficial, a partir de la cual se puede tener por establecido que la agresión alegada por la apelante no existió. 

Así las cosas, se encuentra acreditada la responsabilidad de la demandada por las lesiones causadas al demandante, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia.

En cuanto a lo decidido respecto de los llamados en garantía, no se interpuso recurso de apelación por lo que se confirmará el fallo en ese punto.

4. Indemnización de perjuicios.

Respecto del monto de los perjuicios, se confirmara, también, la providencia apelada. Solo cabe anotar que en relación con el perjuicio moral, considera la Sala que, con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentra debidamente acreditado que Salomón Ramírez Pretel sufrió una gran angustia y aflicción como consecuencia de la lesión sufrida, dada su magnitud y la juventud de la víctima, al momento del hecho, por causa de una agresión injustificada.

En cuanto al daño material se encuentra probado que el actor tenía una actividad laboral al momento de los hechos y que como consecuencia de la lesión sufre una incapacidad permanente del 75%; así lo manifestó el declarante Emilton Antonio Meza Cucuyame: “... El trabajaba en construcción, el pinta casas también” (fl. 82, cdno. 4), y el examen médico laboral del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (fl. 23, cdno. 2).

Debe notarse en todo caso, que, respecto del monto de los perjuicios morales reconocidos en la providencia apelada, conforme a lo expresado en sentencia reciente, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(6). No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que, en este caso, se condenó a la entidad demandada al pago, por este concepto, de la suma equivalente a mil gramos de oro, para el actor, dado que, en la fecha de esta sentencia, dicha suma es inferior a aquélla que corresponde al número de salarios mínimos antes indicados, se conservará dicha suma, a fin de respetar el principio de congruencia.

Por lo tanto, se confirmará la condena del pago de la suma en dinero equivalente en salarios mínimos legales mensuales hasta por el valor, que a la fecha de la sentencia, tengan mil gramos de oro. En este caso, el primero equivale a 95.24 salarios mínimos legales mensuales, es decir la suma de $ 34.096.360. Advierte la Sala que estas sumas no exceden el valor de las pretensiones contenidas en la demanda, en relación con el perjuicio moral. Según lo expresado, la decisión de segunda instancia, se limitará a expresar en pesos el valor de la condena impuesta por el fallo apelado.

b. Respecto de la condena por perjuicios materiales se actualizará el monto de la misma. Aplicando la fórmula utilizada reiteradamente por la jurisprudencia, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (sentencia del 13 de marzo de 1997), multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes de la providencia, conforme a las certificaciones del DANE.

índice final - mayo/2004 (151.47)

Ra = $28.388.680.62 ---------------------------------------------- = $55.474.144.28

índice inicial – marzo/97 (77.51)

El valor de la indemnización total por perjuicios materiales es de $55.474.144.28

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 13 de marzo de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, la cual quedará así:

DECLÁRASE a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, responsable de las lesiones causadas a Salomón Ramírez Pretel, ocurridas el 20 de septiembre de 1992.

CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a pagar a Salomón Ramírez Pretel, por concepto de perjuicios morales, la suma de treinta y cuatro millones noventa y seis mil trescientos sesenta pesos ($34.096.360.oo).

CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar a Salomón Ramírez Pretel, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de cincuenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos con veintiocho centavos ($55.474.144.28)

CONDÉNASE a Alfredo Ortiz, como llamado en garantía, a pagar a la demandada la totalidad de los sumas de dinero, que conforme a lo dispuesto en esta providencia, dicha entidad está obligada a pagar al demandante.

ABSUÉLVESE a Gustavo Bernal García como llamado en garantía.

DENIÉGANSE las demás pretensiones de las demandas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, Presidente de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—María Elena Giraldo Gómez—Nora Cecilia Gómez Molina—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

2 Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024.

3 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente: 12.696, actores: José Tulio Timaná y otros.

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia S-011-99, 6 de abril de 1999, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 de agosto de 2001, expediente 12.959, actores: Julio Roberto Palencia y otros.

6 Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.