Sentencia 1994-08949 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 1994-08949 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 27704

Rad. 08001-23-31-000-1994-08949-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Pedro Segundo Flórez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de 2013.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en un proceso que, por su cuantía (fl. 25, cdno. 1)(5), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

10. Al presente proceso fueron remitidas copias auténticas de los trámites que, con ocasión de los hechos aquí discutidos, adelantaron la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

10.1. La Sala valorará las pruebas pertinentes practicadas en dichos trámites, toda vez que su traslado fue solicitado en la demanda para aducirlas en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, y esta entidad hizo referencia a ellas en sus intervenciones procesales, según se hizo su reseña en acápites anteriores de esta providencia —ver párrafos 5.2. y 5.2.1—.

10.2. La jurisprudencia ha dicho que cuando el traslado de los elementos de convicción recopilados en otro proceso es solicitado por cuenta o con la anuencia de ambas partes, los mismos pueden ser valorados en el proceso posterior, aun cuando se trate de testimonios no ratificados, pues resultaría contrario a la lealtad procesal que una parte solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que posteriormente, si encuentra que los medios de convicción son contrarios a sus intereses, invoque formalidades legales para que no se admita su valoración. Así lo ha dicho la Sección Tercera, frente al tema concreto de los testimonios practicados en otro trámite:

“Previamente a realizar el estudio de fondo, es necesario advertir que si bien los testimonios rendidos dentro de la investigación preliminar adelantada por la Unidad Investigativa Regional Policía Judicial Sijín del Departamento del Tolima, con ocasión de los hechos ocurridos..., no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos testimonios pueden y deben ser válidamente apreciados, por cuanto hacen parte de la actuación adelantada por la Sijín que luego, a petición de la parte demandante, fue trasladada a este proceso y con fundamento en los cuales al alegar de conclusión en segunda instancia la entidad demanda estructuró su defensa”(6).

10.3. No se apreciarán las declaraciones juramentadas rendidas dentro del proceso penal por los señores Beatriz Lucila Bruzón de Flórez (fl. 330, cdno. 1), Ramsés Segundo Flórez Bruzón (fl. 124) y Lucina Judith Flórez Bruzón (fl. 300), pues se trata de personas que son demandantes dentro del presente trámite, y podrían verse beneficiadas por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio. Al respecto, debe aclararse que las aludidas declaraciones no fueron decretadas y practicadas con el cumplimiento de las formalidades que, para la recepción de interrogatorios de parte, establecen los artículos 202 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

III. Hechos probados

11. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las circunstancias fácticas que a continuación se relacionan, por ser relevantes para la decisión del presente asunto.

11.1. El señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón —fallecido—, nacido el 15 de octubre de 1963, era hijo de los señores Pedro Flórez González y Beatriz Lucina Bruzón Cotes (fl. 10, cdno. 1), y hermano de los señores Martha Josefa Flórez Bruzón (fl. 14), Alicia Beatriz Flórez Bruzón (fl. 15), Aura Remedios Flórez Bruzón (fl. 16), Lucina Judith Flórez Bruzón (fl. 17), Enrique Rafael Flórez Bruzón (fl. 18), Rosana Patricia Flórez Bruzón —nacida el 10 de mayo de 1989— (fl. 19), Hugo Antonio Flórez Bruzón (fl. 20) y Ramsés Segundo Flórez Bruzón (fl. 21).

11.2. Al medio día del 6 de junio de 1993, el señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón se movilizaba en una camioneta por las calles del barrio “Los Nogales” de la ciudad de Barranquilla, en compañía del señor Carlos Charrys Bocanegra cuando, de repente, tuvieron que detener su marcha debido a que se les atravesó un vehículo tipo sedan –Mazda 323 HS— color verde, del que descendieron varios sujetos con armas de fuego. Cuando los pasajeros de la camioneta —entre ellos el pariente de los hoy demandantes— fueron interpelados verbalmente por los ocupantes del otro automotor, estos entablaron un diálogo con aquellos y después les quitaron la vida con numerosos disparos de arma de fuego(7). El hecho está narrado con diversos rasgos en los testimonios trasladados obrantes en el expediente, de los cuales se trascriben, tal como sigue, los apartes más importantes, en la medida en que se trata de las pruebas en torno a las cuales girará la discusión sobre el fondo del asunto.

11.2.1. El señor José Ezau Vizcano Gámez, quien manifestó que en el momento de los hechos se encontraba en una tienda ubicada a una cuadra de distancia del lugar de la balacera, narró que algunas de las personas que dispararon contra los pasajeros de la camioneta, eran agentes de policía, lo cual pudo establecer por las vestimentas que llevaban dichos sujetos. El mencionado señor dada dentificadorindió[sic] su declaración juramentada ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla, en los siguientes términos:

“Yo estaba en una tienda que queda como a una cuadra, en el momento que yo venía de hacer un mandado que estaba haciendo, venía la camioneta donde venía el difunto Peyo y el difunto Iván, en ese momento un carro, Mazda verdocito[sic], con vidrios oscuros, se le atravesó y se bajaron dos agentes, porque le mostraron un carné o algo y empezaron a hablar y discutiendo algo así, yo me quedé estático cuando eso, esas dos personas, estaban como dos agentes, como visten los agentes, después se bajaron otros tres armados con unas metras de civil y empezaron a discutir y primero mataron al difunto Iván, el difunto Peyo (sic), oí cuando le decía a uno de los uniformados ‘... Salamanca tú nos conoces... Salamanca tú nos conoces...’, y salió corriendo, cuando él salió corriendo lo levantaron a tiros y yo salí corriendo para atrás, pero a él le hicieron un rafagazo, de ahí salí corriendo... Todo fue tan rápido, pero sé que estaban uniformados, se identificaron, sacaron la chapa, empezaron a dialogar, eran como altos, gruesos, difícil por el impacto de todo (sic), yo soy amigo de la familia de Peyo, y eso fue lo que vi, no alcancé a ver las caras de las otras personas... Eso era de día y habían varias personas, conozco a marcos y un vigilante que le digo Bello, y otras que no conozco... Preguntado: Sírvase manifestar a la procuraduría si usted sabe a quién se dirigía cuando decía Salamanca... tú nos conoce (sic), Contestó: Yo creo que al que se identificó, que estaba uniformado”... (fl. 83, cdno.1).

11.2.2. Por su parte, el señor Marcos Castillo García, quien manifestó ser residente en una casa cercana al lugar de los hechos en el barrio “Los Nogales”, mencionó repetidamente ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla, que las personas que dispararon contra los occisos eran miembros de la Policía Nacional. En palabras del declarante:

“El día 6 de junio, un domingo, estoy parado en la esquina donde se coge el bus o buseta de Florida Terminal, entre la una y una y media de la tarde, a esa hora era un domingo y vi cuando venía la camioneta de mi amigo Pedro Flórez, venía acompañado con otro señor que no conocía y venía atrás otro carro, como un Mazda de vidrios ahumados oscuros, era de color verde o verdoso con los vidrios oscuros, el Mazda se le atravesó a la camioneta, cuando se atravesaron se bajaron dos tipos primero, esos eran dos agentes, o sea se bajaron dos agentes, uniformados, uno de ellos le dijo a Pedro Flórez ‘... venga, venga y le quito el arma en forma amigable...’, y entonces Pedro se la entregó, inclusive se la entregó con proveedor afuera, al policía, después empezó a alegar, entonces los tipos que estaban atrás en la silla del Mazda se bajaron rápidamente, esos estaban de civil, con armas largas, pistolas 9mm. y subametralladoras, se bajaron con arma en mano, maltrataron al tipo compañero de Pedro, yo estaba como a una distancia de sesenta metros aproximado (sic), cuando vi el alegato y vi a Pedro que alegaba con un uniformado y le decía ‘... Salamanca, Salamanca, te vas a quedar con la pistola...’, le hacía con las manos, ‘... Salamanca, Salamanca, tú me conoces...’, y le manoteaba con las manos, fue cuando en eso (sic) vi cuando sonó un rafagazo y se lo metieron al otro tipo, fue cuando Peyo salió corriendo, pero inmediatamente uno de ellos le pegó un tiro en la nalga y salió medio corriendo y le mandó otra ráfaga en toda la cabeza y los tipos se montaron en el carro y se fueron común y corriente, cuando salí a ver bien, ya Pedro estaba muerto al igual que el otro compañero. Eso fue cosa de cuatro minutos o cinco, en ese lapso que se fueron tratamos de auxiliarlos pero no se podía hacer nada. Preguntado: Sírvase manifestar si usted conoció a los uniformados, en caso afirmativo indique cómo eran. Contestó: Yo vi uno que era el que venía adelante del carro, o sea el que venía dirigiendo el operativo, era un tipo de uno setenta y cinco de estatura, pelito malo, o sea ensortijado, era moreno claro, era un tipo que le decía Pedro: Salamanca, estaba uniformado, tenía arma y tenía un radio en la mano, un radiecito de los portátiles que usa la autoridad, no alcancé a identificarlo porque yo me escondí por la balacera y me protegí, si me lo ponen yo podría reconocerlo por su fisonomía, al otro no lo alcancé a divisar bien, más que todo al que hablaba con Pedro. Ya después de eso tocó fue esperar... Eso fue lo que vi y me dejó impresionado porque era la justicia, quiero dejar en claro que fueron miembros de la justicia los que mataron a esas personas, y agrego que ese carro estaba en la Estación de los Alpes antes de los hechos, por alguna infracción estaba en ese parqueadero que es de la Policía y del F2... otrosí: En este estado de la diligencia el señor Marco Antonio Castillo García desea aclarar cómo estaba vestido el policía que hablaba con Pedro Flórez: El policía estaba vestido, como se visten los oficiales o los suboficiales, de camisa caqui, y pantalón verde de paño, con el radio en la mano, tenía rango, no era agente simple, claro que el otro sí era agente, pero el tal salamanca era de rango, con su radio en la mano. Tenía camisa con charreteritas...” (fl. 84, cdno.1).

11.2.3. Posteriormente, el señor Marco Antonio Castillo García volvió a rendir declaración en la cual se le puso de presente la foto del agente de la Policía Nacional de nombre Henry Salamandra Álvarez (fl. 112, cdno.1), que había sido obtenida por la Procuraduría General de la Nación en las oficinas de recursos humanos de la entidad demandada, mediante diligencia de visita llevada a cabo el 26 de octubre de 1994 (fl. 113). En su declaración el testigo dijo lo siguiente:

“... Ahora, respecto de como se lo describo físicamente, él mide como 1:73, color moreno, un poco crespo, no recuerdo más, pues la verdad es que en ese momento estaba muy impresionado al ver cómo mataron a esos muchachos. Preguntado: ¿Reconoce usted la foto de la persona que le pongo de presente? Contestó: Yo creo que esa foto corresponde al tal Salamanca que mató a los muchachos; sin embargo, mañana me comprometo a traer a la señora madre de Pedro Flórez que ella sí se acuerda exactamente de el Salamanca, ya que él iba a la casa de ellos”... (fl. 123).

11.3. Una vez se puso en conocimiento del hecho a las autoridades competentes, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la inspección judicial en el sitio de los hechos con miras al levantamiento de los cadáveres (fl. 261 y ss.), documento en el cual se consignaron los siguientes datos de interés(8).

11.3.1. En relación con el cadáver del señor Iván Carlos Charrys Bocanegra, se dijo:

“... Descripción de heridas. Orificio de herida abierta en cara interna tercio medio brazo izquierdo, de 8 cms x 5 cms de diámetro, orificio región maxilar inferior lado derecho, orificio región cigomática derecha, orificio región deltoniana superior derecha, orificio región occipital con fractura de cráneo, heridas al parecer producidas por proyectil de arma de fuego...” (fl. 265).

11.3.2. En lo atinente al cuerpo del occiso Pedro de Jesús Flórez Bruzón, se consignaron los siguientes datos:

“... Descripción de las heridas: Orificio en región malar lado derecho, orificio en región preauricular lado derecho, orificio en rodilla derecha cara externa, orificio en región del glúteo parte inferior lado izquierdo, al parecer estas heridas por proyectil de arma de fuego...” (fl. 264).

11.4. A los cadáveres se les practicó estudio de necropsia, en cuyas actas se consignaron los datos que a continuación se relacionan:

“Nombre: Iván Carlos Charris Bocanegra

Edad: 30 años

Procedencia del cadáver: Carrera 42b calle 88

(...).

Conclusión: Hombre adulto con heridas de proyectil de arma de fuego, quien fallece en shock neurogénico secundario a laceración cerebral.

Heridas por proyectil de arma de fuego

1.1. Orificio de entrada: Localizado en vértex, región interparietal, sobre la línea media, a 4 cms del vértice, de 0.9 cm, sin ahumamiento ni tatuaje.

1.2. Orificio salida: Localizado en región temporal derecha, a 14 cms del vértice y 13 cms de la línea media; 1 cm de diámetro, de bordes irregulares.

1.3. Lesiones: cuero cabelludo, huesos parietales, duramadre, laceración de cerebro, lóbulo parietal y temporal derecho, duramadre, hueso temporal y piel.

1.4. Trayectoria: posterior - anterior, izquierda - derecha; supero - antero.

2.1. Orificio entrada: localizado en región occipital izquierda, a 4 cms de la línea media y 19 cm del vértice, de 0.8 cms con bordes regulares, sin ahumamiento ni tatuaje.

2.2. Orificio salida: de bordes irregulares, 1 cm de diámetro localizado en mejilla derecha, a 21 cms del vértice y 7 cms de la línea media.

2.3. Lesiones: cuero cabelludo, músculos posteriores del cuello, faseta lateral de c2, piso de la boca, maxilar inferior derecho, piel de mejilla derecha.

2.4. Trayectoria: izquierda-derecha, posterior-antero; supero inferior.

3.1. Orificio de entrada: localizado en hombro derecho, a 24 cms del vértice y 17 cms de la línea media, ovalado, de 0.9 cms de diámetro, sin ahumamiento ni tatuaje.

3.2. Orificio salida: se recupera proyectil en línea posterior de axila derecha.

3.3. Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo, músculos de la axila y basos[sic] sanguíneos.

3.4. Trayectoria: supero-inferior; izquierda-derecha; posterior-anterior.

(...).

Nombre: Pedro de Jesús Flórez Bruzón

Edad: 28

Procedencia del cadáver: Carrera 42b, entrada inmueble # 88-44

(...).

Conclusión: Hombre adulto con herida por proyectil de arma de fuego, quien fallece primordialmente en shock neurogénico por laceración cerebral.

Heridas por proyectil de arma de fuego.

1.1. Orificio de entrada: En cara externa de rodilla derecha, cara anterior, a 45 cms del talón, de 0.9 cms de diámetro, ovalado, sin ahumamiento ni tatuaje.

1.2. Orificio salida: Localizado en línea media de rodilla derecha, a 56 cms del talón, bordes irregulares, 1 cm de diámetro.

1.3. Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo, piel.

1.4. Trayectoria: derecha-izquierda, antero-posterior; infero-superior.

2.1. Orificio entrada: Localizado en glúteo derecho, a 7 cms de la línea media, a 65 cms del vértice, de 0.9 cms, redondeado, sin ahumamiento ni tatuaje.

2.2. Orificio salida: No se recupera proyectil en músculos del muslo derecho, tercio medio deformado.

2.3. Lesiones: Piel, músculos, glúteos, músculos del glúteo donde se aloja.

2.4. Trayectoria: Postero-anterior, izquierda-derecha, supero-inferior.

3.1. Orificio entrada: localizado en región occipital, lado derecho, a 12 cms del vértice y 2 cms de la línea media de bordes irregulares y 0.9 cms de diámetro, sin ahumamiento ni tatuaje.

3.2. Orificio salida: localizado en mejilla derecha, a 13 cms del vértice y 11 cms de la línea media; de bordes irregulares, 1 cm de diámetro.

3.3. Lesiones: Piel, hueso occipital, duramadre, laceración cereberosa, tienda del cerebelo y lóbulo temporal derecho, duramadre, fosa media, maxilar superior, piel.

3.4. Trayectoria: postero-anterior, supero-inferior, izquierda-derecha.

4.1. Orificio entrada: localizado en región occipital lado derecho, a 10 cms del vértice y 0.5 cms de la línea media, de 0.9 cms de diámetro, sin ahumamiento ni tatuaje.

4.2. Orificio salida: Localizado en región temporofrontal, lado derecho, a 8 cms del vértice y 11 cms de la línea media, de bordes irregulares.

4.3. Lesiones: cuero cabelludo, hueso occipital, duramadre, lóbulo cerebrales y temporal, hueso temporal y piel.

4.4. Trayectoria: postero-antero; izquierda-derecha; inferior-superior” (fls. 287-291).

11.5. El 7 de junio de 1993, al día siguiente de la ocurrencia de los hechos en los que murieron el señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón y su acompañante, agentes del Departamento de Policía del Atlántico realizaron el hallazgo del vehículo marca Mazda 323 HS color verde, el cual fue reconocido como aquel en el que se transportaban los sujetos que propinaron la muerte a dos personas, entre ellos el familiar de los demandantes en reparación. Ello se consigna en el respectivo informe, en los siguientes términos:

“El vehículo anteriormente relacionado fue hallado abandonado en el interior de un parqueadero donde funciona una fábrica de block de propiedad del señor Orlando Mariño ubicada en la calle 100 con crra. 25, barrio La Paz, y según lo manifestado por el señor Marciano Gutiérrez Bolaño... de 67 años de edad... fue llevado por tres individuos el día de ayer, a eso de las 14:30 horas y, de acuerdo a informaciones allegadas, se dice que en el citado automotor se movilizaban los individuos que a eso de las 13:00 horas del día 060693 dieron muerte a los señores Pedro Flórez Bruzón e Iván Charris Bocanegra, en la calle 88 con crra. 42.

Por otra parte, le informo a esa jefatura que según lo manifestado por una hija del señor Marciano Gutiérrez de nombre Marta, las placas del citado vehículo son UGF 255 o QGF 255 y fueron quitadas por los desconocidos que dejaron estacionado el automotor” (fl. 64)(9).

11.6. Con ocasión de los hechos antes relatados, la señora Beatriz Lucina Bruzón de Flórez formuló una queja ante la Procuraduría General de la Nación, calendada el 22 de junio de 1993, en la que manifestó que la muerte del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón fue causada por miembros de la Policía Nacional y que, además, dichos miembros estaban realizando continuos hostigamientos en la residencia de la familia del occiso. La queja fue presentada en los siguientes términos:

“El 6 de junio del presente año, mi hijo Pedro de Jesús Flórez Bruzón fue asesinado en cercanía de nuestra residencia. En relación con los móviles y autores de este crimen, no contamos con información, y esperamos, como ciudadanos colombianos, que las instancias y dispositivos previstos en la Constitución Nacional y las leyes, lleguen al esclarecimiento de este hecho tan punible como doloroso, sean quienes fueren los culpables e implicados.

Señor Procurador: mi casa, donde resido con mi esposo Pedro Flórez González, mis hijos Hugo, Ramsés, Roxana, Lucina y Marta, es rondada frecuentemente, casi de manera permanente, por grupos de hombres que se movilizan en vehículos, muchos de ellos sin placas que permitan su identificación. También he notado un inusitado incremento de los patrullajes de los policiales en motos y en otros autos de la policía.

En varias ocasiones se han presentado a mi casa varios grupos de miembros del F-2 aduciendo que son “La ley”. A falta de documentos oficiales que legalicen su ingreso en el domicilio, han mostrado sus armas, y han procedido a interrogatorios intimidantes. Las personas que moramos en la casa, al igual que quienes han venido a expresar condolencias por el aciago crimen, hemos sido atemorizados por las actitudes y metrallas de quienes han interrumpido el curso de nuestra vida familiar...” (fl. 53, cdno. 1)(10).

11.7. Con ocasión de los hechos ocurridos el 6 de junio de 1993, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación con miras a establecer la responsabilidad por los homicidios de los señores Pedro de Jesús Flórez Bruzón y Carlos Charrys Bocanegra. Dicho trámite, proseguido por la Fiscalía Quinta de la Unidad de Delitos contra la Vida de Barranquilla, está identificado con el número 4025 (fls. 257 y ss. cdno. 1). Los hitos procesales más importantes de la investigación penal, incluidas las piezas probatorias que le fueron remitidas a la Fiscalía por la Procuraduría General de la Nación, pueden resumirse así:

11.7.1. Mediante providencia calendada el 12 de julio de 1993 (fls. 100 y 300), la fiscal conocedora del caso dispuso abrir investigación previa “... para los efectos de establecer el autor, autores o partícipes, si hubo infracción penal o no y, en general, lo atinente al artículo 319 del Código de Procedimiento Penal...”. En la misma decisión se dispuso recoger los testimonios de las personas que fueron testigos de los hechos ocurridos el 6 de junio de 1993, y recopilar las piezas probatorias que hubiera recaudado la Procuraduría General de la Nación en la indagación disciplinaria que eventualmente hubiera proseguido dicha entidad con ocasión de los mismos sucesos.

11.7.2. Mediante resolución fechada el 3 de noviembre de 1993 (fls. 101 y 318), la Fiscalía Tercera de la Unidad Previa y Permanente de Barranquilla dispuso la entrega del vehículo marca Mazda 323 color verde, a la empresa aseguradora Skandia, quien para ese momento acreditó ser la propietaria del automotor, por cuanto el mismo le había sido hurtado a su dueño original quien, a su vez, fue el tomador de una póliza antirrobo ante la referida empresa aseguradora(11). Según se dice en la decisión bajo referencia:

“... reposa en los autos que los facinerosos se desplazaban en un vehículo Mazda, el cual en informe de fecha 16 de julio de 1993 lo puso a disposición de esta Fiscalía junto con varias declaraciones y pesquisas evacuadas, no lográndose aún así individualizar a los responsables. El vehículo tiene las siguientes características: Clase automóvil, marca Mazda, tipo sedán, color verde, chasis Nº 323HB21631, motor Nº E3-3254-15.

(...).

Al dársele un trámite incidental, puesto que en el vehículo se desplazaban los asesinos, se citó al anterior dueño único, y bajo juramento se ratificó de su denuncio penal presentado en la Sijín el 25 de marzo del presente año, y expuso brevemente los hechos, demostrando que fue víctima de un hurto, pagándosele por parte de la compañía lo correspondiente a ello...”.

11.7.3. Al proceso penal se allegó copia del acta de la visita especial fechada el 25 de octubre de 1994 (fl. 107), practicada por la Procuraduría General de la Nación en la oficina de recursos humanos de la Sijín, diligencia en la que pudo establecerse que, para la época de los hechos, no laboraba en dicha unidad policial agente alguno de apellido Salamanca. Se dice en la respectiva acta:

“... aparece la orden interna de servicios Nº 124 para la fecha 5 y 6 de junio de 1993, la cual fue revisada en su totalidad, sin encontrar ninguna persona con apellido Salamanca. Seguidamente, la funcionaria procede a preguntar al jefe de recursos humanos si en esta seccional existe o existía alguna persona con apellido Salamanca, a lo cual manifiesta que no...”.

11.7.4. En la oficina de recursos humanos de la Sijín se practicó nueva visita por parte de la Procuraduría General de la Nación, el día 26 de octubre de 1994, diligencia en la cual se obtuvo copia de la hoja de vida y las fotografías de un agente de policía llamado Henry Salamandra Álvarez “... quien para esa época estaba asignado a la Planta Riomar (P.V.E.)...” (fl. 113).

11.7.5. El día 27 de octubre de 1994, la Procuraduría General de la Nación practicó visita especial en las dependencias del grupo automotores de la Sijín (fl. 122), en la que pudo constatarse que el vehículo marca Mazda 323 color verde, utilizado para perpetrar el homicidio del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón y su acompañante, fue puesto a disposición de la Policía Nacional el día 7 de junio de 1993, esto es, un día después de ocurridos los hechos en que resultó muerto el familiar de los demandantes en reparación. De acuerdo con las palabras consignadas en el acta de visita:

“... entendido el objeto de la visita, procedió a dejar a disposición de esta visitaduría el libro de control de automotores, el cual fue revisado en lo correspondiente a todo el año 1992 y 1993, encontrándose que el vehículo antes mencionado fue retenido el día 7 de junio de 1993, radicado con el Expediente 5823 y entregado el 6 de noviembre de 1993...”.

11.7.6. Dentro del proceso penal rindió testimonio el señor Marciano Gutiérrez Bolaños (fls. 266 y siguientes), quien era el administrador de la fábrica en donde fue abandonado el vehículo marca Mazda 323 HS color verde. En ninguna parte de su declaración se habla de la presencia de agentes de la Policía Nacional en los alrededores de la fábrica o en el momento en que fue estacionado el automotor. En todo caso, se afirma que el hecho fue presenciado directamente por las hijas del deponente. En dicha declaración se consignó, en lo pertinente, lo siguiente:

“... Yo me encontraba en frente con un señor que fue a comprar unos bloques y las hijas mías fueron las que me avisaron que unos tipos habían metido un carro, eso fue como a las dos y media de la tarde de ayer, eran tres tipos, cuando mis hijas me avisaron ya los tipos iban como a una cuadra, uno de ellos es moreno, alto, otro más bajito y uno blanco, entonces yo no les paré bolas y me quedé tomándome unos tragos, los tipos se perdieron, en horas de la mañana de hoy cuando me levanté, Orlando Meriño me dijo que iba a pegar el denuncio... Las placas los tipos como que se las quitaron...”.

11.7.7. De otra parte, rindió su declaración la señora Martha Lucía Alonso (fl. 267), quien también presenció el momento en que el vehículo fue abandonado en la fábrica. Aseveró que los sujetos que se movilizaban en el automotor anunciaron que dejarían el carro estacionado durante un corto periodo de tiempo, y que posteriormente lo recogerían. En ningún aparte de la declaración se aprecia que la deponente hubiera afirmado que las personas que abandonaron el vehículo estuvieran uniformadas con atuendos propios de los agentes de la Policía Nacional. Según las palabras de la declarante:

“... Yo me encontraba dentro de la casa viendo televisión, cuando salí y vi el vehículo parqueado dentro de la fábrica y enseguida llamé a mi papá que estaba tomando en frente, yo le pregunté que qué hacía ese carro allá y él me dijo que no sabía, entonces en el instante pasó una patrulla de la policía y mi papá les dijo que allí había un carro y los agentes no pararon bolas, eso fue como a las dos y media de la tarde de ayer... no nos dimos cuenta porque estábamos viendo televisión en el cuarto. Uno de los tipos que dejó el carro allá regresó en horas de la noche de ayer y dijo que iba a sacar una cosa del carro, llegó y le quitó las placas al carro, el muchacho es moreno, no lo vi muy bien; un vecino por la casa le preguntó que porqué había dejado el vehículo parqueado allí sin permiso y el tipo le contestó que era que se había quedado varado, pero que después lo sacaba de allí; el tipo llegó a pie, tiene acento costeño, no es muy grueso, es alto...”.

11.7.8. La Fiscalía Quinta Delegada de la unidad especializada en delitos contra la vida y otros, mediante providencia calendada el 19 de abril de 1995 (fl. 337), decidió dar apertura a la instrucción por el homicidio de los señores Pedro de Jesús Flórez Bruzón e Iván Carlos Charrys Bocanegra, en la medida en que los testimonios rendidos por el hermano y la progenitora de uno de los occisos —el familiar de los hoy demandantes en reparación— se hicieron señalamientos en contra de un agente de la Policía Nacional “... de nombre Heriberto Aldana Silva...”. Se dice en el auto de apertura de la instrucción:

“0.Visto el informe que antecede, luego de analizar detenidamente la presente actuación, y encontrándose vencido el término de investigación previa, encuentra la fiscalía que existe mérito para proferir resolución de apertura de instrucción, lo que en efecto se hace, con base en las declaraciones de Ramsés Segundo Flórez Bruzón y Beatriz Bruzón de Flórez, quienes hacen sindicaciones a la persona conocida con el nombre de Heriberto Aldana, a quien señalan como un agente del F-2, como uno de los autores del homicidio que se investiga. En consecuencia, y en aras de lograr los objetivos propuestos en el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal, se dispone la práctica de las siguientes diligencias:

(...).

2. Oír en indagatoria a Heriberto Aldana con el lleno de los requisitos legales.

3. Ofíciese al Comandante del Departamento de Policía Atlántico, así como a la Dirección General de la Policía Nacional - Santafé de Bogotá, para que se sirvan informar en el menor tiempo posible, si Heriberto Aldana, está o estuvo vinculado a la Policía Nacional, fecha de ingreso, fecha y motivo de retiro si fuere el caso, si estuvo vinculado o adscrito a la Policía Judicial - Sijín de este departamento. De ser posible, remitir la hoja de vida...”.

11.7.9. La Policía Nacional, mediante Oficio Nº 0312/urehu-deata del 26 de abril de 1995 (fl. 348), dirigido a la Unidad Especializada de Delitos contra la vida de la Fiscalía General de la Nación, rindió el siguiente informe:

“... le informo que revisados antecedentes y archivos que se llevan en esta unidad figuran:

Ex. Ag. Aldana Silva Edilberto, identificado con cédula de ciudadanía 18.913.794 de Aguachica (Cesar)”.

“Ingresó a la institución el 010284, fue retirado a solicitud propia con fecha 120891, tiempo en el cual prestó sus servicios en la Policía Judicial”(12).

11.7.10. La Fiscalía Quinta Delegada de la Unidad de Delitos contra la Vida —Barranquilla—, mediante providencia fechada el 1º de octubre de 1996, dispuso vincular “... mediante declaración de indagatoria al imputado Edilberto Aldana Silva...” y ordenó su captura en los términos del artículo 375 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal (fl. 366). La orden de captura librada como consecuencia de la aludida decisión, fue expedida el 2 de octubre de 1996 (fl. 368). Según los documentos que reposan en el presente trámite contencioso administrativo, la orden de captura fue la última diligencia adelantada por la Fiscalía General de la Nación en relación con la investigación del homicidio de los señores Pedro de Jesús Flórez Bruzón e Iván Carlos Charrys Bocanegra.

11.8. En el expediente reposa factura Nº 14429 expedida por la “Casa Funeraria del Recuerdo” de Barranquilla, en donde consta que el día 11 de mayo de 1994 la señora Beatriz Lucina Bruzón Cotes pagó la suma de ochocientos ochenta y seis mil doscientos pesos m/cte ($ 886.200) por concepto de los servicios funerarios y exequiales del fallecido Pedro de Jesús Flórez Bruzón (fl. 22).

IV. Problema jurídico

12. Para emitir un pronunciamiento de fondo frente al asunto sub júdice, previa determinación de la existencia del daño cuya indemnización reclaman los demandantes, la Sala tendrá que dar solución a los siguientes interrogantes:

12.1. En primer lugar, al analizar la imputabilidad causal o fáctica del daño a la entidad demandada, será necesario determinar si con las pruebas del proceso está suficientemente demostrado que la muerte del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón fue causada por agentes de la Policía Nacional, que es lo que afirman los demandantes dentro del presente proceso.

12.2. En segundo orden, en caso de que se tenga por demostrado que al fallecido familiar de los demandantes le quitaron la vida miembros de la Policía Nacional, será necesario estudiar las circunstancias en que acaecieron los hechos que se analizan, con el propósito de establecer si la actividad de los supuestos agentes policiales estuvo relacionada con el servicio público que ellos debían prestar a nombre del cuerpo armado estatal, o si, por el contrario, se trató de un hecho propio y exclusivo del agente, lo que tiene virtud para exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, según lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sección Tercera.

12.3. Habida cuenta de que la conclusión del anterior análisis será que no hay lugar a endilgar responsabilidad a la entidad demandada, entonces la Sala se relevará de estudiar lo concerniente al llamamiento en garantía.

V. Análisis de la Sala

13. En lo que tiene que ver con el daño, la Sala considera que el mismo se encuentra demostrado en el proceso, comoquiera que con los diversos informes policiales que reposan en el expediente, así como con el acta de necropsia y el registro civil de defunción, pudo establecerse que el día domingo 6 de junio de 1993 resultó muerto el señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón, debido a las heridas de arma de fuego que le fueron propinadas en diferentes partes de su cuerpo.

13.1. También se acreditó la relación de parentesco que el occiso tenía con sus padres —Pedro Flórez González y Beatriz Lucina Bruzón Cotes— y sus hermanos Martha Josefa Flórez Bruzón, Alicia Beatriz Flórez Bruzón, Aura Remedios Flórez Bruzón, Lucina Judith Flórez Bruzón, Enrique Rafael Flórez Bruzón, Rosana Patricia Flórez Bruzón, Hugo Antonio Flórez Bruzón y Ramsés Segundo Flórez Bruzón, todos ellos mencionados en la demanda de reparación directa que motiva el presente trámite, como deudos del mencionado difunto. El hecho de que en el proceso se demostraran las relaciones de parentesco existentes entre los aludidos accionantes en reparación y quien perdió su vida en las circunstancias fácticas aquí discutidas, implica que puede deducirse que aquellos vivieron una situación de angustia, congoja y dolor por el deceso de su pariente(13).

13.2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el daño material cuya indemnización se solicita con ocasión del pago de los gastos correspondientes a los funerales y exequias del fallecido Pedro de Jesús Flórez Bruzón —daño emergente—, y por la pérdida de la ayuda económica que el occiso supuestamente dejó de prestar a su familia —lucro cesante—, la Sala abordaría dicho análisis en el acápite de liquidación de perjuicios, sí y solo si hay lugar a la condena en responsabilidad a cargo de la entidad demandada, lo cual, según las consideraciones que pasan a exponerse, no es procedente en el presente caso.

14. En lo que tiene que ver con la imputación del daño, la Sala inicia por precisar que el análisis se centrará en el aspecto causal o fáctico de dicho elemento de la responsabilidad, en la medida en que el estudio jurídico de la imputabilidad solo es procedente cuando se encuentra demostrado que el menoscabo alegado tiene su origen causal en una acción u omisión atribuible a la administración. Por tal razón, la solución al problema jurídico se circunscribirá a determinar si con las pruebas válidamente arrimadas al proceso, y los hechos probados relacionados en acápites precedentes, puede afirmarse de forma categórica que (1) la muerte del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón fue causada por miembros de la Policía Nacional y, en caso de que sea afirmativa la respuesta al anterior interrogante, se estudiará si dichos agentes estatales (2) actuaron en actividades que tuvieran un nexo con el servicio que presta la entidad respecto de la cual se predica la responsabilidad extracontractual —Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional—; o si, por el contrario, sus conductas se desplegaron dentro de la esfera individual y privada de los agentes, evento este en el que no habría lugar a la condena en perjuicios a cargo de la entidad demandada.

14.1. Frente a lo primero, esto es, si en el proceso se demostró que la muerte del familiar de los accionantes en reparación fue causada por agentes de la Policía Nacional, la Sala considera —tal como lo hizo el juzgador a quo— que las pruebas que obran en el plenario no son concluyentes para dar por cierta la hipótesis que sostiene la parte actora, en la medida en que no existe evidencia alguna que incrimine a un agente que hubiera sido identificado como miembro activo de la entidad demandada para la época de los hechos y, en el mismo sentido, los señalamientos que se hacen en las pruebas que al respecto existen en el proceso son vagos e imprecisos y, por tanto, carecen de credibilidad.

14.1.1. En efecto, las únicas pruebas del proceso que señalan la responsabilidad de agentes del estado en la muerte del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón, son los testimonios rendidos por los señores José Ezau Vizcano Gómez y Marcos Castillo García, quienes afirmaron que los sujetos que interceptaron al familiar de los demandantes y su acompañante, estaban uniformados y portaban elementos —carnés y radios— que hacían presumir que los ocupantes del vehículo Mazda eran integrantes de la Policía Nacional.

14.1.1.1. No obstante, antes de dar plena credibilidad a dichas versiones juramentadas, es necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica según las cuales, para el estudio de la prueba testimonial, debe realizarse una lectura integral de todos los elementos que rodean la declaración, así como las condiciones personales del deponente, todo ello con el objetivo de verificar las características que deben estar presentes en la versión juramentada, si es que con ella se pretende formar el convencimiento del juez. Dichos rasgos son la imparcialidad del testigo, la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del testimonio con los demás medios de prueba que obren en el plenario(14), y cualquier defecto presente en alguno o varios de dichos elementos de análisis, tiene virtud para minar la credibilidad del declarante y, por esa misma vía, dar al traste con la vocación probatoria del medio de convicción sometido a la crítica del juzgador. Frente a este punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

“Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando ‘... las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente (sic)...’ (G.J.T. CXI, pág. 54), relato que por lo tanto debe incluir la razón de la ciencia del dicho de los deponentes que, según conocida definición de la jurisprudencia, consiste en ‘... la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo...’ (Casación Civil de mar. 8/72), toda vez que solamente así, explicando de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron caer sobre la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio obrante en el proceso. Y en orden a verificar si el requisito mencionado se cumple, es decir si en un caso determinado los testigos dieron razón fundada de su dicho o no, preciso es no olvidar que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o sea para desecharlas, han de tomarse en su integridad, evitando extraer frases aisladas o afirmaciones ocasionales que por lo común desorientan en el análisis, sentándose entonces un criterio de razonable ponderación crítica en el cual muchas veces ha insistido la Corte al destacar que, cuando de la prueba testimonial se trata, ‘... no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación’ (G.J.T. LXXXIX pág. 842), regla esta que lleva a entender, por lógica inferencia, que la expresión de la ciencia del dicho de los testigos no es cuestión que dependa en modo alguno de exigencias rituales, toda vez que aun cuando lo normal es que aparezca explícita o formalmente referida, pues a ello tiende sin duda alguna el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, ‘... no repugna que ella esté implícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría entrarse en la contestación dada a otro de los puntos...’” (G.J.T. CVI, pág. 140)...(15).

14.1.1.2. Además, tal como se insinúa en la cita recientemente hecha, es necesario enfatizar que, según los mismos criterios de la sana crítica, la prueba testimonial debe ser analizada en forma integral y no aisladamente en cada una de sus partes y, además, debe ser percibida en conjunto con todas los demás medios de convicción que componen el acervo probatorio, para lo cual debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el dicho del testigo se vea mediatizado por la acción del tiempo transcurrido entre la época de ocurrencia de los hechos que se relatan, y el momento en que la declaración es vertida al proceso. En palabras de la Corte Suprema de Justicia:

“En la labor tendiente a apreciar tal prueba —se refiere a la prueba testimonial—, el juez debe obrar con especial cuidado, porque si no es factible exigir uniformidad a declarantes que dada la diversidad de sus condiciones personales perciben en forma diferente las circunstancias fácticas, ni reclamar especial grado de fidelidad cuando el tiempo transcurrido entre el hecho que se investiga y el que declara el testigo, impide reconstruir con nitidez el hecho objeto de investigación, tampoco puede catalogarse de sospechosa la versión de un grupo de personas que, en lo sustancial, narran hechos similares, porque es entendible que si el paso del tiempo borra los detalles y las particularidades, también puede aclarar el acaecimiento del hecho por probar, sin las aristas que en un momento determinado puedan enturbiar lo principal.

Adicionalmente, cabe recordar que la declaración del testigo no puede tomarse únicamente de una frase aislada, ni de las afirmaciones disgregadas de su declaración, sino que cada versión debe valorarse teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas; amén de que deben ser apreciadas las condiciones sociales del deponente, porque mientras algunos adornarán con especial cuidado su exposición, otros rendirán un relato escueto sobre lo que se les interroga, todo lo cual conduce a que el juez debe velar por lograr un mesurado equilibrio en el estudio de las varias circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean el hecho investigado, de tal manera que no se vea precisado, como resultado de una severa crítica, a dejar sin valor testimonios que no podrían ser rendidos en otra forma”(16).

14.1.1.3. Aplicadas las anteriores reglas al análisis de los testimonios en el caso concreto, la Sala considera que las declaraciones juramentadas de los señores José Ezau Vizcano Gámez y Marcos Castillo García adolecen de serias contradicciones —externas e internas— y falencias descriptivas que minan su credibilidad y, además, la hipótesis que sobre los hechos formula la parte demandante, la cual pretende ser demostrada con los aludidos testimonios, presenta serios reparos en cuanto al nivel de probabilidad lógica de sus afirmaciones, todo lo cual pasa a explicarse en lo subsiguiente.

14.1.1.3.1. De una parte, la Sala considera que no son creíbles los señalamientos que el señor José Ezau Vizcano Gámez hace en contra de indeterminados miembros de la Policía Nacional, en la medida en que dichas apreciaciones están frecuentemente acompañadas de aclaraciones hechas por el mismo declarante, que denotan la duda que este tiene respecto a la forma en que acaba de narrar los acontecimientos por los que se le pregunta.

14.1.1.3.1.1. Así, cuando el declarante afirma que los ocupantes del vehículo Mazda portaban carnés de la policía, luego siembra un manto de duda sobre dicha afirmación cuando asevera, acto seguido, que conoce la calidad de los homicidas por el hecho de que portaban “... un carné o algo así...”, lo que denota que el señor José Ezau Vizcano Gámez no tenía plena seguridad sobre los rasgos en los que se basó para concluir, según dijo en su declaración, que eran miembros de la Policía Nacional quienes le quitaron la vida al señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón.

14.1.1.3.1.2. Posteriormente, el mismo testigo continúa con las apreciaciones que denotan la forma difusa como tuvo conocimiento de los hechos, en el sentido de afirmar que le era “difícil” describir ciertas circunstancias, debido a lo impactante de la forma como fueron muertos el señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón y su acompañante, y culmina su declaración aseverando que le resultó imposible ver las caras de las otras personas que, siendo las que le dieron muerte al familiar de los demandantes, viajaban vestidos de civil en la parte trasera del automotor marca Mazda.

14.1.1.3.1.3. Se aclara que el análisis anterior no implica que se estén estudiando aisladamente las afirmaciones del testigo, sino que se trata de resaltar la existencia de apreciaciones dudosas a todo lo largo de la declaración, ello en aras de resaltar aquellas imprecisiones que siembran un manto de duda sobre algunos aspectos de la versión construida por el declarante.

14.1.1.3.1.4. Del mismo modo, no quiere la Sala insinuar que el testigo José Ezau Vizcano Gámez hubiera tenido la intención de mentir cuando señaló como responsables del crimen a personas uniformadas, sino que las mismas afirmaciones del testigo ponen en duda tales señalamientos, pues es claro que las circunstancias en que se produjeron los hechos impidieron al declarante apercibirse de los acontecimientos con el nivel de detalle suficiente como para afirmar, tal como lo hace el deponente, que los homicidas eran miembros de la Policía Nacional.

14.1.1.3.2. Por su parte, el testigo Marcos Castillo García incurre en graves contradicciones internas, y no es concordante con lo que señalan otras pruebas que obran en el expediente, situaciones estas que minan totalmente la credibilidad del deponente en punto a determinar si el señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón fue muerto a manos de agentes de la Policía Nacional.

14.1.1.3.2.1. En efecto, en numerosos apartes de su testimonio el señor Marcos Castillo García manifiesta que del vehículo marca Mazda se bajaron dos uniformados y que uno de ellos cargaba “... un radiecito de los portátiles que usa la autoridad...”, y manifestó además que si le ponían de presente una fotografía de alguno de los asesinos “... podría reconocerlo por su fisonomía...”. Incluso, cuando se le pidió que hiciera una descripción de la persona a la que señalaba como responsable del homicidio, el deponente relata que el supuesto agente policial “... era un tipo de uno sesenta y cinco de estatura, pelito malo, o sea ensortijado, era moreno claro...”.

14.1.1.3.2.2. No obstante, al mismo declarante, en una diligencia posterior, se le puso de presente una foto correspondiente a un agente de la policía de nombre Henry Salamandra Álvarez, y se le preguntó que si tal uniformado había sido la persona que le quitó la vida al familiar de los demandantes —y a su acompañante—, cuestionamiento frente al cual manifestó el testigo que creía que la fotografía correspondía al señalado agente policial, pero luego se retractó de lo dicho, indicando que solo la progenitora del difunto Pedro de Jesús Flórez Bruzón podría efectuar con exactitud un reconocimiento del agente policial supuestamente involucrado en la muerte de Pedro de Jesús Flórez Bruzóin[sic]. Ello quiere decir que el testigo no tenía certeza sobre los rasgos físicos de las personas involucradas en los asesinatos, lo cual entra en clara contradicción con lo que se había dicho en la anterior declaración, en la que se afirmó que los homicidas eran agentes de la policía y que, si se le pusieran de presente, el testigo podría reconocer a dichos sujetos por sus rasgos y fisonomía.

14.1.1.3.2.3. En el mismo sentido, debe observarse que el testigo quiso dar certeza a sus señalamientos en contra de indeterminados agentes de la Policía Nacional, a costa de afirmar que, según dijo tener conocimiento, el vehículo utilizado para cometer los homicidios había estado en poder de la entidad demandada —a cargo de la Sijín— en los días anteriores a los hechos, con lo que pretendía insinuar que por tal razón los agentes de la policía homicidas tuvieron acceso al automotor marca Mazda que utilizaron para cometer los crímenes.

14.1.1.3.2.4. Sin embargo, en contraste con dicha afirmación, en el proceso reposan varias pruebas que indican que el vehículo había sido hurtado varios meses antes de la ocurrencia de los hechos, y que estuvo en poder de la Policía Nacional solo a partir de cuando fue abandonado en una fábrica, al día siguiente de aquel en el que ocurrió la muerte del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón, esto es, el lunes 7 de junio de 1993. A este respecto, son claros y descriptivos los informes elaborados por la Policía Nacional —párrafo 11.5—, cuyos datos fueron confirmados en posteriores visitas adelantas por la Procuraduría General de la Nación en las instalaciones del Grupo de Automotores de la Sijín —párrafo 11.7.5.—.

14.1.1.3.2.5. En efecto, según el informe calendado el 7 de junio de 1993 elaborado por investigadores de la Policía Nacional, en esa fecha el vehículo fue encontrado en una fábrica de la ciudad de Barranquilla y posteriormente, según lo dicho en el informe calendado el 16 de julio de 1993, el vehículo fue puesto a disposición de los parqueaderos “Los Alpes” de la Sijín. De ello se deduce que la Policía Nacional no estaba en posesión del vehículo antes de que se cometieran los asesinatos y, por tanto, no es coherente con los demás medios de prueba la afirmación del testigo en el sentido de señalar que, para quitarle la vida al señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón —y a su acompañante—, los agentes se valieron del automotor que supuestamente se encontraba en los parqueaderos de la institución.

14.1.1.3.2.6. Del mismo modo, debe resaltarse que en varios apartes de su declaración, el señor Marcos Castillo García —al igual que lo hiciera el testigo José Ezau Vizcano Gámez—, menciona que el agente policial que supuestamente participó en el homicidio del familiar de los hoy demandantes en reparación, era una persona de apellido Salamanca, afirmación esta que posteriormente resultó carente de cualquier respaldo en las demás pruebas del proceso, cuando la Procuraduría General de la Nación adelantó varias visitas en las oficinas de recursos humanos de la Sijín, en las que pudo establecerse que para la época de los hechos no existía en dicha unidad policial agente alguno que tuviera ese apellido.

14.1.1.3.2.7. Así las cosas, la Sala considera que no existe coherencia interna en el testimonio rendido por el señor Marcos Castillo García, en la medida en que incurre en serias contradicciones consigo mismo, sobretodo en cuanto a la forma en que pretendía identificar a las personas a quienes señalaba como responsables del homicidio, tal como se reseñó en los apartes precedentes. Además, el testimonio también es incongruente con las otras pruebas que reposan en el plenario, pues contiene afirmaciones que después resultaron rebatidas por las demás pruebas que obran en el expediente.

14.1.1.4. En el anterior orden de ideas, la Sala considera que los testimonios en que se basa la hipótesis sostenida por la parte demandante, de acuerdo con la cual el señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón fue muerto a manos de agentes de la Policía Nacional, no gozan del nivel de credibilidad suficiente como para dar por cierta dicha versión de los hechos pues, por un lado, existen dudas sobre la idoneidad de los testigos para percibir los hechos con el detalle en el que los narran —testimonio del señor José Ezau Vizcano Gámez— y, por otra parte, incurren en serias contradicciones internas y externas que impiden darles credibilidad —declaración del señor Marcos Castillo García—.

14.1.2. Además de lo anterior, debe ponerse de presente que, de acuerdo con las circunstancias probadas en el proceso, no es creíble la versión de los hechos según la cual los supuestos agentes de la Policía Nacional, estando uniformados y portando elementos distintivos de la institución, participaron en unos homicidios en los cuales se utilizó un vehículo particular marca Mazda color verde que, posteriormente, fue encontrado sin placas, abandonado en una fábrica de la ciudad de Barranquilla. En efecto, según se expondrá, dicho relato adolece de serios reparos en cuanto a su nivel de probabilidad lógica. Al respecto, es pertinente tener en cuenta los criterios analíticos que en otras oportunidades ha tenido en cuenta esta Sala:

“22. Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada con un mayor nivel de probabilidad lógica(17), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso responde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o por el sentido comúnmente aceptado(18). Al decir de Taruffo, ‘... si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (...). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más alejado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas’(19) ... (20).

14.1.2.1. En el presente caso, no es creíble que los hechos del proceso hubieran ocurrido como se narra en la demanda, pues no tiene fundamento lógico alguno el que los agentes policiales, para cometer los homicidios ocurridos el 6 de junio de 1993, utilizaran un vehículo particular robado, lo cual sería lógico solo si lo que pretendían era evitar ser fácilmente identificados; pero que, al mismo tiempo y en contradicción con el propósito de permanecer incógnitos, cometieran los crímenes vestidos con uniformes de la Policía Nacional y con la dotación oficial de dicha institución, a plena luz del medio día de un domingo, en circunstancias en las cuales serían fácilmente visibles y reconocibles por las personas que pudieran presenciar los hechos.

14.1.2.2. De otra parte, la aludida versión no es armónica con la mayoría de los demás elementos de prueba visibles en el expediente, los cuales pueden enumerarse así:

14.1.2.2.1. Con posterioridad a la ocurrencia de los hechos que aquí se discuten, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación elaboraron varios informes en los que se hicieron constar las circunstancias en las que se tuvo noticia de los hechos y, además, se describió la situación en la que fue encontrado el cadáver del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón, así como el de su acompañante —el señor Iván Carlos Charrys Bocanegra—. En dichos informes se consignan las hipótesis existentes sobre los móviles del crimen, y en todos ellos se dice que los homicidios posiblemente se debieron a “... ajustes de cuentas...”, sin que en parte alguna se refiera la versión de que los mencionados señores hubieran sido muertos por integrantes de la Policía Nacional —párrafos 11.3. y siguientes—, de manera que estos documentos no son consonantes con lo que mencionaban los testigos Vizcano Gómez y Castillo García.

14.1.2.2.2. En el expediente también reposan los testimonios de las personas que presenciaron el momento en que el vehículo marca Mazda fue abandonado en una fábrica de la ciudad de Barranquilla, y los declarantes relatan que al automotor se le retiraron las placas y que uno de sus ocupantes manifestó que el carro estaba descompuesto y que, por esa razón, estaba siendo dejado en el paraje donde fue posteriormente encontrado por la Policía Nacional. Al respecto es diciente el hecho de que en ninguna de dichas declaraciones —rendidas por los señores Marciano Gutiérrez Bolaños y Martha Lucía Alonso— se menciona que los ocupantes del automotor estuvieran uniformados —ver párrafos 11.7.6 y 11.7.7—, situación que refuerza la tesis de que no fueron agentes de la policía quienes perpetraron el homicidio del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón.

14.1.2.2.3. Por la misma vía, cuando las autoridades investigadoras —Fiscalía y Procuraduría General de la Nación— pretendieron verificar las versiones dadas por los familiares de las víctimas y procedieron a inspeccionar los archivos de la Policía Nacional para saber si dentro de la nómina de agentes integrantes de la Dijín, existía algún efectivo con el apellido Salamanca para la época de los hechos, dichas autoridades obtuvieron resultados negativos, hecho que hace pensar que los señalamientos en contra de supuestos agentes policiales, se hicieron sin que mediara un verdadero conocimiento de causa sobre la identidad de las personas que le quitaron la vida al pariente de los hoy demandantes en reparación, en la medida en que, se insiste, lo dicho en los testimonios que sirven de base para señalar a un agente policial como causante del homicidio, no encuentra respaldo alguno en los demás medios de prueba obrantes en el expediente.

14.1.2.2.4. El reparo anteriormente señalado cobra mayor fuerza cuando se verifica que el único señalamiento que se hizo por parte de la Fiscalía General de la Nación, proferido con base en unas acusaciones hechas en las quejas y denuncias presentadas por la señora Beatriz Lucina Bruzón de Flórez —madre del occiso—, estuvo dirigido en contra de un agente policial llamado Heriberto Aldana —párrafo 11.7.8.—, razón por la cual se ofició a la Policía Nacional para que allegara la correspondiente hoja de vida. Cuando la institución policial dio contestación a dicho requerimiento, allegó la hoja de vida de un agente de nombre Edilberto Aldana Silva, quien se había retirado de la Policía Nacional el día 12 de agosto de 1991, esto es, antes de que ocurrieran los hechos que motivan el presente proceso de reparación directa. Razón por la que a partir de esta fecha, las conductas o actuaciones del ex agente, por sí mismas, no comprometen la responsabilidad de la entidad demandada.

14.1.2.2.5. De otro lado, es pertinente señalar que en las actas de necropsia y en las diligencias de inspección en el sitio de los hechos no se observa dato alguno que permita establecer una relación entre el crimen investigado y algún integrante de la Policía Nacional. De hecho, en dichos informes —en especial el citado en la nota al pie Nº 7— la única hipótesis que se hilvana por los investigadores es que “... Los móviles al parecer se le atribuyen a venganzas por cuestiones de deudas...”, y en ninguna parte se contempla la posibilidad de la participación de agentes de la policía en los hechos.

14.1.2.2.6. Finalmente, debe resaltarse que las afirmaciones vertidas tanto en la demanda como en las diversas denuncias presentadas por los familiares de los demandantes, según las cuales los agentes policiales habrían dado muerte al señor Perdo de Jesús Flórez Bruzón y a su acompañante por “cometidos extorsivos”, es una mera apreciación personal de los demandantes que no haya respaldo alguno en el acervo obrante dentro del proceso, lo que denota que muchas de las sindicaciones que dieron origen al presente trámite, se realizaron sin fundamento alguno y con total falta de conocimiento de causa sobre las circunstancias que rodearon los hechos ocurridos el 6 de junio de 1993. Esta apreciación se ve comprobada por lo dicho en las dos quejas presentadas por la señora Beatriz Lucina Bruzón de Flórez —párrafo 11.6.—, pues mientras en la primera no se hace señalamiento alguno a miembros de la Policía Nacional, en la segunda se acusa a estos del crimen de su hijo, sin que en aparte alguno del paginario se halle explicación a este viraje en los señalamientos.

14.1.2.3. Tal como quedó expuesto, la Sala considera que no es verosímil la versión de los hechos sobre la cual los demandantes edifican sus imputaciones contra la Policía Nacional y, además, las afirmaciones de la demanda no son consonantes con las demás pruebas presentes en el expediente.

14.1.3. En conclusión, la Sala considera que en el proceso no está probado que el señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón hubiera resultado muerto a manos de agentes de Policía Nacional y, por tanto, el daño no es imputable a dicha entidad.

14.2. Ahora bien, la Sala debe advertir que aún si se tuviera por cierto que la muerte del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón fue causada por miembros de la Policía Nacional, ello no sería suficiente para endilgar responsabilidad a la demandada, pues es necesario que se demuestre, además, que los miembros de dicha institución armada actuaron con comportamientos conexos con el servicio público pues, de lo contrario, si se demostrara que actuaron en desarrollo de actividades de su fuero personal, entonces se estaría frente a un hecho propio y exclusivo del agente, el cual tiene virtud para exonerar de toda responsabilidad a la entidad demandada. Al respecto ha dicho esta Sala:

“En casos como el presente, es necesario reiterar que la sola condición de servidor público, es decir, el solo hecho de que una persona esté vinculada laboral o contractualmente a una entidad estatal, no es suficiente para imputarle a la misma responsabilidad patrimonial por todos los daños antijurídicos que aquella pueda ocasionar con sus actuaciones u omisiones. Los servidores del Estado son personas que también tienen una vida privada y ejercen actividades de esta índole, totalmente desligadas del servicio; por ello, es necesario distinguir en cada caso las circunstancias en las cuales actuó el servidor público al producir el daño, porque no todas las veces esas circunstancias permiten imputarle la responsabilidad a la administración. Es por ello que se requiere la existencia de un nexo con el servicio, que, se reitera, no puede ser exclusivamente la vinculación laboral del agente estatal. Es justamente por esta razón, que una de las causales de exoneración de responsabilidad del Estado, es la culpa personal del agente, como lo ha establecido la Sección en anteriores oportunidades, al reiterar que ‘... las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público(21). La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública...’, agregando que ‘... no puede perderse de vista que la Sala ha estimado que son ajenas al servicio las actuaciones realizadas por los agentes que se hayan disponibles para su prestación, pero a quienes no se les haya ordenado realizar una labor determinada(22)’”(23)(24).

14.2.1. De manera que no basta con evidenciar que la persona causante del daño es integrante de una entidad o cuerpo armado adscrito al Estado, sino que además es menester comprobar que el funcionario actuó prevalido de su condición de servidor público pues, de lo contrario, se estaría en presencia de un hecho personal del agente que no tiene virtud para obligar en responsabilidad al organismo estatal del que aquel hace parte.

14.2.2. En el presente caso, si estuvieran demostradas —que no lo están— las circunstancias narradas en la demanda, se estaría ante un suceso en el cual los supuestos agentes policiales habrían actuado en actividades inconexas con la función pública, acompañados de personas ajenas a la institución policial y movilizados en un transporte de tipo particular, rasgos todos ellos que indican que se trataba de una actividad en la que no estaba involucrada la personalidad pública de la entidad policial.

14.2.3. Del mismo modo, como en el proceso no se demostró el móvil que orientó a los supuestos agentes en la comisión del homicidio y, además, la motivación que mencionan los demandantes relacionada con unos supuestos “... cometidos extorsivos...” por parte de los policías, no tiene nada que ver con las actividades propias de la Policía Nacional, entonces resulta imposible establecer un nexo entre la actividad estatal y la investidura de funciones y servicios públicos, por un lado, y la actividad delictiva ocurrida en el presente caso, por el otro.

VI. Conclusión

15. En los términos anteriores, la Sala encuentra que en el presente caso no están dadas las condiciones para predicar responsabilidad a cargo del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por los daños padecidos por los demandantes con ocasión de la muerte del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón, en hechos ocurridos el 6 de junio de 1993. En ese orden, la sentencia de primera instancia, por medio de la cual se denegaron las súplicas de la demanda, será confirmada.

VII. Costas

16. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

17. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección “B”— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 20 de noviembre de 2003 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron en primera instancia las pretensiones de la demanda presentada.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo».

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(5) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización de perjuicios materiales a favor de cada uno de los señores Pedro Segundo Flórez y Beatriz Lucina Bruzón Cotes —padres del occiso—, en la suma de 2000 gramos de oro fino que, para la época de presentación de la demanda —12 de agosto de 1994—, equivalían a $ 20.380.000. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1994 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 9.610.000.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Rad. 73001-23-31-000-1995-03172-01(14174), actor: Dioselina García Ramírez y otros, demandado: La Nación —Ministerio de Defensa Nacional—. En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 12370, actor: Ómar Pérez Castiblanco y otros, demandado: Nación —Ministerio de Defensa Nacional—; dicha providencia fue reiterada en la sentencia del 23 de junio de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 52001-23-31-000-1997-08660-01(17493), actor: Humberto Portilla Montenegro y otros, demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura.

(7) A folio 11 del cuaderno 1 se aprecia registro civil de defunción del señor Pedro de Jesús Flórez Bruzón, en el que consta que murió el 6 de junio de 1993 a causa de una “laceración cerebral”.

(8) En el expediente reposa informe elaborado por el Departamento de Policía del Atlántico (fl. 69 y 264) en donde se describen las circunstancias en las que se llevaron a cabo los levantamientos de los cadáveres. Allí se dice que “... Los hechos en los cuales perdieron la vida... tuvieron ocurrencia a las 13:00 horas en la carrera 42 con la calle 88 y de los mismos se sindica a dos sujetos que se movilizaban en un vehículo marca Mazda color verde oscuro, cuatro puertas, modelo H.S. el cual presenta un golpe, los cuales en primera instancia entraron en conversación con las víctimas y posteriormente procedieron a dispararles... Los familiares de las víctimas se abstuvieron de suministrar información aduciendo que no instaurarían denuncia... Los móviles al parecer se le atribuyen a venganzas por cuestiones de deudas...”. Las diligencias de levantamiento de los cadáveres cuentan con sus respectivos álbumes fotográficos (fl. 275 y ss.). También se levantaron planos de la escena del crimen (fl. 294).

(9) En el expediente se observa copia del informe Nº 00131-POJUD-749 calendado el 16 de julio de 1993, por medio del cual se deja el vehículo a disposición de los parqueaderos “Los Alpes” de la Sijín. Se dice en el informe: “... El vehículo anteriormente relacionado, según el informe policial suscrito por el SS. Ángel Perea Sánchez, de fecha 070693, fue en el que se movilizaron los desconocidos que el día 060693 dieron muerte con arma de fuego a los señores Pedro Flórez Bruzón e Iván Charrys Bocanegra...” (fl. 307).

(10) La señora Beatriz Lucina Bruzón de Flórez realizó ampliación verbal de su queja disciplinaria, en diligencia llevada a cabo el día 17 de febrero de 1994 (fl. 82), en la que reiteró los hostigamientos realizados en su vivienda por supuestos agentes del F2. En esta ocasión, la quejosa afirmó que los asesinos de su hijo eran miembros de la Policía Nacional.

(11) El señor Luis Alberto Vasallo Rubio, quien acreditó ser el primer propietario del vehículo Mazda, rindió declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación el 2 de noviembre de 1993 (fl. 317 y siguientes), oportunidad en la cual refirió lo siguiente: “... Preguntado.- Díganos todo lo concerniente al hurto del vehículo de placas QGI-233, ocurrido el presente año y por el cual puso usted denuncio penal. - Contestó: Eso fue la noche del 25 de marzo del presente año, yo llegué a la casa de mi mamá ubicada en la Carrera 41 D Nº 76-62, mi esposa llamada Marta Luz Grau se bajó a abrirme el garaje y mientras yo esperaba estaba con el niño mío, llegaron dos tipos con revólver en mano y me dijeron que eran del F-2, que me bajara del carro y me bajé enseguida y los tipos se fueron y se llevaron el carro...”.

(12) En el expediente reposa extracto de hoja de vida del señor Edilberto Aldana Silva (fl. 372), en la que consta que fue retirado de la Policía Nacional el 3 de septiembre de 1991, momento en el que detentaba el grado de Agente Nacional.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083), actor: Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros, demandado: Departamento del Valle del Cauca. Se dijo en esa sentencia: “...la jurisprudencia en la actualidad, en lo que atañe particularmente con el daño moral, tiene en cuenta dicha base legal sobre la regulación probatoria de los hechos procesales y por ello lo que concierne con el daño moral de los parientes (padres, hijos, hermanos y abuelos) lo ve indicado mediante prueba lógica indirecta, cuando se demuestra plenamente el hecho del parentesco, pues la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre estos parientes existe afecto...” (destacado del texto citado).

(14) Al respecto ha dicho la Sección Segunda del Consejo de Estado: “Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos, debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 8 de abril de 1999, rad. 15258, actor: Jaime Cendales Melo.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de agosto de 1992. Dicha providencia aparece citada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2007, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, Rad. 68001-23-15-000-2006-02791-01(PI), actor: Tiberio Villarreal Ramos, demandado: Edelmira Loza Mancilla.

(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de febrero de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, Exp. 6353. En el mismo sentido puede consultarse del Consejo de Estado: Sección Cuarta, sentencia del 28 de enero de 2002, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Rad. 25000-23-26-000-2001-01551-01 (1791), actor: Irma Yolanda Páez Luna.

(17) [19] En este punto se acoge la doctrina sentada por Michelle Taruffo, quien afirma: “... Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica.” La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141.

(18) [20] Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (...). Estas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133.

(19) [21] Taruffo Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5, pág. 325.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 7 de abril de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 27001-23-31-000-1995-02471-01 (Nº interno 20333), actor: José Antonio Campos y otros, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional.

(21) [2]... En sentencia de 26 de septiembre de 2002, Exp. 14.036, dijo la Sala: “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se dé debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna, sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos, lo que importa para atribuir al estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’”.

(22) [3]... Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2001, Exp. 13.666: “... el agente que está disponible está en servicio activo, pero no tiene señalada una función específica, la cual, sin embargo, puede serle asignada en cualquier momento. Así las cosas, mientras no se le ordene desarrollar una determinada labor, no cumplirá funciones propias del servicio, y sus actuaciones, por lo tanto, no vincularán al Estado, a menos que existan elementos adicionales que permitan considerar que su conducta tiene un nexo con el servicio respectivo”.

(23) [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, Exp. 15914, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 41001-23-31-000-1994-07692-01(20228), actor: Ángel María Ñáñez y otro, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. El mismo criterio había sido mantenido por esta Subsección B en el fallo del 22 de noviembre de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 41001-23-31-000-1994-07911-01, actor: Gustavo Coy Camacho, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.