Sentencia 1994-09601 de febrero 28 de 2011

 

Sentencia 1994-09601 de febrero 28 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-76001-3103-003-1994-09601-01

Magistrado Ponente

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil once.

Discutida y aprobada en Sala de veintinueve de noviembre de dos mil diez .

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Al tenor del artículo 946 del Código Civil, “la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”, o sea, puede reivindicar el “que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa” (artículos 946 y 950 Código Civil), y también se concede “la misma acción aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho” (artículo 951, ídem).

Por lo tanto, la acción reivindicatoria compete tanto al dominus cuanto al poseedor regular de todo el tiempo para la usucapión, esto es, quien adquirió la posesión con justo título, buena fe inicial, y tradición si es traslaticio de dominio, consumado el plazo legal para la adquisición de la propiedad por prescripción no declarada judicialmente (Cas. Civ., mar. 3/54, LXXVII, nums. 2138-2139, pág. 75).

En uno u otro caso, es menester prueba idónea de la calidad invocada o legitimatio ad causam activa y de las exigencias normativas de la reivindicación (Cas. Civ. Sent. 31 de 30 de julio de 1996, CCXLIII, págs. 154 ss.), a saber: a) derecho de propiedad del demandante o, en la actio publiciana, posesión regular (C.C., art. 764) durante el plazo legal para adquirir por prescripción (art. 951, ibídem); b) cosa singular o cuota determinada de ella; c) posesión material del demandado, y d) identidad entre el bien pretendido por el actor y el poseído por el demandado.

Sobre esta particular cuestión, tiene dicho la Corte que “dentro de los instrumentos jurídicos instituidos para la inequívoca y adecuada protección del derecho de propiedad, el derecho romano prohijó, como una de las acciones in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, Libro VI, Título I, Digesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario —y se sigue autorizando— para reclamar que, judicialmente, se ordene al poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este último, por manera que la acción reivindicatoria, milenariamente, ha supuesto no sólo el derecho de dominio en cabeza de quien la ejerce, sino también, a manera de insoslayable presupuesto, que éste sea objeto de ataque ‘en una forma única: poseyendo la cosa, y así es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho’ (LXXX, pág. 85)... Como lógica, a la par que forzosa consecuencia de lo esgrimido en el párrafo anterior, emergen las demás exigencias basilares para el éxito de la acción reivindicatoria, cuales son, que ella recaiga sobre una cosa singular o cuota indivisa de la misma, y que exista identidad entre la cosa materia del derecho de dominio que ostenta el actor y la poseída por el demandado” (Cas. Civ., sent. ago. 15/2001, exp. 6219; resaltado fuera del texto).

Justamente, ejercida la actio reivindicatio por el dueño de la cosa, sobre éste gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (D. 1250/70, arts. 43 y 54; Cas. Civ., Exp. 5672 jul. 30/2001 y Exp. 7895 oct. 6/2005) y también debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aquél cuyo dominio invoca y de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado.

2. El tribunal, soportó su decisión, de un lado en “errores sustanciales” predicados de la determinación del lote dos reivindicado al advertirlos en la Escritura Pública 1003 otorgada el 31 de marzo de 1977 en la Notaría 3ª del Círculo de Cali, contentiva de la partición material en la cual se adjudicó (fls. 62-63, cdno. del Tribunal), en la inoponibilidad de la escritura pública 10763 otorgada el 26 de noviembre de 1993 en la Notaría Décima del Círculo de Cali para corregirlos por su falta de inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 370-0021769 (fls. 31-32, cdno. 1; D.L. 1250/70, art. 44), y de otro lado, en que los títulos y matrículas inmobiliarias aducidos por las partes son diferentes y permiten concluir que se trata de predios distintos.

Al confrontar la acusación con los soportes medulares del fallo recurrido, refulge la ausencia de refutación de todos sus razonamientos centrales, por cuanto, en parte alguna cuestiona la inoponibilidad del instrumento público antes citado por carencia de inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria.

A este respecto, ha expresado la Corte que, “dado el carácter dispositivo de la impugnación y la imposibilidad que de allí se deriva para completar oficiosamente la acusación, iteradamente (...) ha señalado que ‘por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan sólo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (Sent. Cas. Civ. 27, jul. 27/99; resaltado de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche dependerá de ‘que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia’ (Sent. Cas. Civ. 2, ene. 25/2008) y ‘exista completa ‘armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución’ (Auto 34, mar. 12/2008, exp. 271)’ (Auto ene. 15/2010)” (Auto jul. 29/2010, Exp. 366).

Del mismo modo, ha sostenido la Sala que, en tratándose del recurso extraordinario de casación, “la actividad ‘ex officio’ de esta corporación, en lo que se refiere a la demanda interpuesta, es harto restringida, habida cuenta de que le impide auscultar ‘...defectos de la sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el recurrente y decidir la invalidación del fallo por errores no invocados en la demanda de casación’ (G.J., t. LXXXI, pág. 426)”, ni “le es permitido..., sin resquebrajar caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atención a que —en línea de principio— debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegación para todo tribunal de casación”, al punto que “le está vedado recrear el cargo o enmendar por su cuenta los defectos que este contiene” (...)” (Cas. Civ., Sent. mar. 23/2000, Exp. 5259; se resalta).

3. Al margen de otra consideración, el ataque es insuficiente por no confutar todos los argumentos torales del fallo.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de diciembre de 2008 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por Rafael Rojas Bravo contra la sociedad Abel Cardona F. e Hijos Ltda., con denuncias del pleito de esta a Fumigaciones Aéreas del Norte Limitada, Fuminorte, Doering & Cía. Limitada y Jorge Doering Cabrera, y con demanda de reconvención que incluye a personas indeterminadas.

Las costas en casación a cargo del demandante principal recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».