Sentencia 1994-09762 de noviembre 30 de 2006

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernandez Enríquez

Rad. 13001-23-31-000-1994-09762-01(15473)

Actor: Catica Leonor García Salguedo y otro

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de dos mil seis.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 18 de mayo de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes:

1. Mediante demanda presentada el treinta de junio de 1994 por medio de apoderado, Catica Leonor García Salguedo y Eneisi García Salguedo, actuando en nombre propio solicitaron que se declarara la responsabilidad administrativa de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional por la muerte violenta de su hermano Alberto Anibal González Salguedo por la acción directa del agente de la Policía Nacional Gustavo Pérez Villalba y que, como consecuencia de ello, se condenara a esta a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de dinero equivalente a 1.000 gramos oro a cada una de las demandantes, así como sus intereses correspondientes(1).

En apoyo de sus pretensiones, los demandantes narraron, en síntesis, los siguientes hechos:

1. El 1º de enero de 1993 en horas de la madrugada Alberto Anibal Salguedo en compañía de su hermano y dos personas más transitaban por una calle del barrio Escallón Villa de Cartagena y fueron abordados por Gustavo Pérez Villalba quien los amenazó con “echarles bala” en caso de que no guardaran silencio.

2. Gustavo Pérez Villalba quien era un agente de policía sacó de una de las casas cercanas un “revolver” y procedió a dispararlo contra sus “contrincantes”, quienes en “legítima defensa” se lanzaron contra su agresor.

3. Pese a la acción de sus opositores, el Agente Gustavo Pérez Villalba continuó disparando.

4. Con tales disparos causó la muerte de Alberto Anibal González Salguedo. No alcanzó siquiera a llegar con vida al centro de atención médica de Confenalco donde lo llevaron sus familiares.

5. Catica Leonor González Salguedo formuló la correspondiente denuncia penal por el delito de homicidio, y la Fiscalía 36 de Cartagena profirió “Resolución acusatoria”.

6. La víctima “significaba un apoyo emocional y económico para su familia” de lo que se deriva un indiscutible daño para los demandantes.

2. Con auto de 26 de junio de 1994 fue admitida la demanda por el Tribunal Administrativo de Bolívar (folio 16 del cuaderno principal).

3. La contestación de la demanda fue presentada el 23 de septiembre de 1994 (folios 20 a 22 del cuaderno principal). La apoderada del demandado solicitó que se probaran todos y cada uno de los hechos manifiestos en la demanda y se opuso a la totalidad de las pretensiones contenidas en ella, aduciendo, en primer lugar, “la excepción de falta de legitimación en la causa” y en segundo lugar, la culpa “exclusiva o personal” del agente de policía Gustavo Pérez Villalba.

En lo que respecta a lo primero, argumentó que las demandantes no aportaron al proceso prueba idónea que demuestre su parentesco de segundo grado de consanguinidad (hermanas) con la víctima y, como consecuencia, que no han demostrado su interés legítimo. En lo atinente al segundo aspecto, se señaló que los hechos que condujeron a la muerte de Alberto Aníbal González Salguedo ocurrieron en “actos ajenos del servicio”.

4. El 26 de septiembre de 1994 el Procurador 21 en lo Judicial de Bolívar presentó solicitud al Tribunal Administrativo de este departamento, para que se llamara en garantía al señor Gustavo Pérez Villalba, con el propósito de que respondiera solidariamente junto con el demandado, en caso de que este resultara condenado. (folios 26 y 27 del cuaderno principal). El Tribunal Administrativo de Bolívar, con auto de 25 de noviembre de 1994, resolvió aceptar el referido llamamiento en garantía (folios 30 a 33 del cuaderno principal). No habiendo sido posible notificar personalmente a este, se procedió emplazarlo y, posteriormente, se nombró a la señora Marlene Romero Sáenz como su curadora ad litem (folio 52 del cuaderno principal).

5. Las pruebas fueron decretadas por auto de 2 de mayo de 1996 (folios 58 y 59 del cuaderno principal).

6. Con auto de 19 de noviembre de 1996 el Tribunal Administrativo de Bolívar dio traslado a las partes y al ministerio público, para los alegatos de conclusión y el concepto, respectivos (folio 165 del cuaderno principal).

6. El apoderado de las demandantes, en sus alegatos (folios 166 a 171 del cuaderno principal) ratificó los hechos presentados en la demanda, argumentó con algunos extractos de jurisprudencia la ocurrencia de una falla presunta del servicio fundada en el desarrollo, por el agente infractor, de actividades “peligrosas” como las relacionadas con las armas de fuego, y ratificó lo atinente a las pretensiones por indemnización de perjuicios por daño moral e hizo referencia a aquella por daño material la cual la discriminó en daño emergente y lucro cesante y para ambas hizo alusión a la capacidad laboral de la víctima, así como a su expectativa de vida.

El apoderado de la parte demandada por su parte, presentó sus alegatos (folios 172 a 174 del cuaderno principal) en los cuales ratificó las dos ideas presentadas en la contestación de la demanda: 1) la falta de legitimación en la causa de las demandantes y 2) La responsabilidad exclusiva o personal del sujeto agente, por cuanto los hechos acaecieron por fuera del servicio de policía y el arma que causó la muerte a la víctima era un revólver de propiedad del agente infractor. Aseveró que estos hechos se encuentran plenamente probados dentro del proceso, principalmente en la investigación adelantada por la fiscalía 36 y en la existencia dentro del procedimiento disciplinario del salvoconducto del arma homicida, documento este que no existe ni se predica de las armas de dotación oficial.

7. La procuraduría 21 en lo judicial administrativo de Bolivar presentó su concepto (folios 176 y 177 del cuaderno principal), el cual resulta poco comprensible toda vez que si bien al inicio hace referencia al llamamiento en garantía que solicitó, luego involucra una persona y unos hechos desconocidos dentro del proceso.

II. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia de 18 de mayo de 1998 (folios 185 a 195), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se negaron las pretensiones de la demanda. Fundó su decisión este Tribunal en la verificación probatoria de que el agente de policía Gustavo Pérez Villalba, en el momento de ocurrencia de los hechos, no se encontraba en servicio, sino “en descanso, y, festejando y departiendo el fin de año y el comienzo de año, con familiares y amigos”; así mismo, afirmó que resultaba probado que el arma con la que se causó la muerte a la víctima no era de dotación oficial.

III. Recurso de apelación:

1. Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la parte demandante presentó, primero, y sustentó, luego, el recurso de apelación (folios 197 y 206 a 217 del cuaderno principal). Manifestó que no cabe duda de la aludida falla presunta del servicio, toda vez que del hecho que el infractor se encontrara descansando, departiendo y festejando el fin de año, no puede derivarse su falta de vinculación directa con el servicio; para argumentar esta posición trascribió algunos extractos de jurisprudencia.

2. La Sección Tercera del Consejo de Estado por auto de 12 de febrero de 1999 lo admitió (folio 219 del cuaderno principal).

3. Dentro del traslado para alegar de conclusión las partes demandante (folios 223 a 228 del cuaderno principal) y demandada (folios 238 a 243 idem) insistieron, la primera, en los argumentos del recurso de apelación y la segunda en los dos argumentos referidos desde la contestación de la demanda.

IV. Consideraciones:

La Sala revisará en primer lugar el material probatorio que obra en el expediente para efectos de señalar aquellos hechos que efectivamente fueron probados; en segundo lugar, centrará su atención en el análisis de la condición de servidor público de Gustavo Pérez Villalba, su relación con el servicio el día y hora de los acontecimientos que dan lugar a las pretensiones de responsabilidad frente a la demandada, así como la naturaleza de dotación oficial o no del arma con que se causó la muerte a Alberto Aníbal Salguedo; en un tercer punto se pasará a determinar si las pruebas analizadas principalmente en atención a los aspectos señalados en el numeral dos, dan lugar a una responsabilidad del demandado.

1. Los hechos probados.

Del material probatorio que obra en el expediente resultan ciertos los siguientes hechos pertinentes para el análisis de responsabilidad que ocupa a esta sentencia:

1) El señor Alberto Anibal Salguedo falleció el 1º de enero de 1993 en horas de la madrugada por agresión provocada con arma de fuego. Su muerte se encuentra certificada a través de copia auténtica del registro civil de defunción (Folio 10 del cuaderno principal); que esta se haya causado por arma de fuego obra en el expediente en el Acta del protocolo de Necropsia No. 0.02.93 de 1º de enero e 1993 expedida por el Instituto de Medicina Legal, seccional Bolívar (folios 69 a 72 del cuaderno principal).

2) El señor Gustavo Pérez Villalba al momento de ocurrencia de los hechos se encontraba vinculado a la Policía Nacional en condición de agente. En efecto, obra en el expediente copia de su hoja de vida (folios 153 a 273 del cuaderno No. 1 de pruebas) y extracto de la misma (folio 25 del cuaderno No. 1 de pruebas) donde se evidencia que el día 1º de febrero de 1993 (un mes después de ocurridos los hechos) este se encontraba activo desde siete años y tres meses antes. Estas pruebas documentales fueron aportadas al proceso a solicitud del a quo por petición de la Policía Nacional (folio 83 del cuaderno principal).

3) Las demandantes Catica Leonor Salguedo y Eneisi García Salguedo son hermanas entre sí e hijas de Elia Salguedo, madre de la víctima(2).

2. El ejercicio de funciones como servidor público del agente infractor al tiempo de ocurrencia de los hechos y la naturaleza del arma con que se cometió la infracción.

Como se indicará en detalle en el siguiente numeral, en el caso objeto de análisis resulta pertinente analizar lo referente al régimen de responsabilidad por riesgo excepcional. Para ello se hace necesario determinar con precisión, a partir de la revisión de las pruebas que obran en el expediente, si el sujeto que produjo el daño se encontraba en servicio cuando este se produjo y si el arma con la que cometió el hecho era de dotación oficial.

De la totalidad de las pruebas aportadas al proceso, de los hechos referidos en la demanda y su contestación, así como de los diferentes alegatos de conclusión, se colige que el agente de la Policía Nacional Gustavo Pérez Villalba, al momento de ocurrencia de los hechos, se encontraba con algunos allegados, departiendo, tomando trago y en general, celebrando el fin de un año y el comienzo del nuevo.

Estas circunstancias hacen, sin opción de dudas, pensar en la falta de vínculo del agente infractor con el tiempo del servicio; prueba que señale lo contrario no se encuentra en el expediente y el demandante se limitó a indicar que la celebración no significaba que estuviera por fuera del tiempo de servicio. El rigor con que debe apreciarse esta circunstancia se denota atenuado en consideración de la naturaleza del arma con que se ocasionó la muerte de la víctima.

En efecto, distintos son los hechos probados en el proceso que apuntan o inducen a demostrar la naturaleza de arma de propiedad del infractor y no de dotación oficial: nunca se inició un proceso por parte de la justicia penal militar, sino por el contrario la investigación sobre la muerte de Alberto Aníbal Salguedo se desarrolló por parte de la Fiscalía 56 de la Unidad de Vida de Cartagena, Bolívar (folio 86 del cuaderno principal); En la declaración juramentada que hizo el C.S Humberto Rodríguez España en su condición de suboficial de la SIJIN, este indicó la condición de arma privada del infractor (folio 3 del cuaderno 2 de pruebas); finalmente, y este resulta ser el indicio más significativo, obra en el expediente del proceso disciplinario adelantado por la Policía Nacional y que terminó con la destitución del agente Gustavo Pérez Villalba, copia del salvoconducto del arma infractora (Folio 6 del cuaderno 1 de pruebas(3)).

Vale la pena advertir, que en la “diligencia de ratificación y ampliación” del apenas mencionado proceso disciplinario, el investigado allí y aquí autor del daño, confesó la condición de arma de su propiedad (folio 91 del cuaderno principal). Esta prueba no se evaluará, por tratarse de la declaración del investigado, si así se hiciera se contradiría lo ordenado para la valoración probatoria.

Se concluye entonces que con las pruebas que obran en el proceso, susceptibles de valoración, se verifica la condición de arma de propiedad privada y no de dotación oficial. Esta última condición no fue probada y ni siquiera aludida por la parte demandante.

3. La oportunidad del régimen de responsabilidad por riesgo excepcional.

El artículo 90 de la Constitución Política contenedor de la regla general de responsabilidad del Estado establece: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.” 

Según lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, allí se contienen diversas formas de interpretación del daño al Estado, dentro de las cuales, se destaca la falla en la prestación del servicio. Existen sin embargo algunas actividades propias de las administraciones públicas susceptibles de ser calificadas como riesgosas, caso en el cual el régimen de responsabilidad se distancia un poco de las consideraciones subjetivas de aquella y se acerca a la objetividad. 

Tal es el caso del manejo de las armas de fuego de dotación oficial, donde ha considerado esta Sala que su sola existencia constituye título de imputación idóneo para atribuir responsabilidad al Estado, cuando quiera que se cause un daño antijurídico a una persona(4)

En lo atinente a la determinación de si un arma es de dotación oficial o no, se sostuvo que cuando un servidor público de un organismo armado del Estado, hiere o mata alguien con arma de fuego, se presume que esta es de dotación oficial, por lo cual corresponde a la entidad destruir la presunción, demostrando que el arma es de propiedad particular.(5) 

Esta tesis fue abandonada con posterioridad, involucrando un elemento adicional, como es el del “tiempo del servicio”(6). En efecto, se dijo, que si el arma era utilizada en la prestación del servicio, se presumía que era de dotación oficial y si no era así, correspondía al demandante probar esta naturaleza del arma. 

La explicación de este cambio se ha expresado en los siguientes términos:

“... es necesario aclarar que, en realidad, en estos casos en los que, según el fallo citado, opera una presunción, estamos siempre ante hechos probados mediante indicios. Así, con fundamento en el hecho probado de que un miembro de un cuerpo armado del Estado causa daño con un arma, en horas de servicio, puede inferirse que esta es de dotación oficial. Esta inferencia está fundada, por lo demás, en clarísimas reglas de la experiencia y aun en disposiciones legales, dado que, en principio, las armas de dotación oficial no pueden ser utilizadas por los mencionados agentes estatales cuando no se encuentran en servicio. El indicio construido por el juez puede constituir, en estos eventos, prueba suficiente para establecer la naturaleza del arma con la cual se causó el daño y, por lo tanto, la imputabilidad de este al Estado. En el otro caso, esto es, cuando el agresor se encontraba fuera de servicio, ha considerado la Sala que el hecho probado de su condición de agente estatal no constituye indicio suficiente para inferir que el arma utilizada es de dotación oficial.”(7) 

En relación con el caso objeto de análisis, como se dijo, no está probado que el agente estuviera en “tiempo del servicio” toda vez que se evidencia que al momento de ocurrencia de los hechos el infractor se encontraba festejando y celebrando el fin del año viejo y el comienzo del nuevo; no existe, como se dijo prueba que indique que el agente de policía Gustavo Pérez Villalba se encontraba en “tiempo de servicio”. Resulta imposible, entonces, conforme a la tesis indicada y ratificada en múltiples pronunciamientos de esta Corporación, presumir que el arma utilizada por el agente de policía mencionado, fuera de dotación oficial. Esta condición, como se dijo, tampoco fue probada de otra manera. 

Es más, como también se anotó, obran en el expediente pruebas orientadas a demostrar la naturaleza de arma privada y no de dotación oficial.

Por este motivo, esta sala confirmará la sentencia del a quo a través de la cual se negaron las pretensiones del demandante. Es evidente que en el presente caso se presentó una típica falla personal, sin nexo alguno con el servicio público a cargo del municipio de la Nación - Policía Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 18 de mayo de 1998 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar (Sala Plena) dentro del presente proceso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, Presidente—Alier E. Hernández Enríquez—Fredy Ibarra Martínez—Ruth Stella Correa Palacio—Ramiro Saavedra Becerra.

1 Si bien en el encabezado de la demanda se hace alusión a la persecución de indemnización de perjuicios por daños materiales, en las pretensiones de la misma solo se hace referencia a los perjuicios morales (folios 1 a 9 del cuaderno principal).

2 Registro civil de una y otra obran en el expediente (folios 11 y 12 del cuaderno principal respectivamente), así como sus partidas de bautismo (folios 183 y 182 respectivamente); de estos se evidencia su relación de primer grado de consanguinidad con Elia Salguedo. Por su parte del Registro civil de nacimiento de Alberto Aníbal Salguedo (folio 181 del cuaderno principal) se deriva su condición de hijo de esta última. Vale la pena advertir que la víctima era ciudadano venezolano y que como consecuencia de ello el registro civil de este no es un documento nacional; esta situación no se examinará, sin embargo en detalle, toda vez que como se indicará más adelante no se hace necesario en el presente caso determinar con exactitud el vínculo de parentesco entre las demandantes y la víctima.

3 Como antes se anotó este expediente fue incorporado como prueba al presente proceso por disposición del a quo (folios 58 y 59).

4 Ver, entre otras, sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 12.053.

5 Sentencias de esta sección e 17 de agosto de 1993 y 21 de abril de 1994, expedientes 7717 y 6991, respectivamente.

6 Sentencia de 11 de noviembre de 1999, expediente 12.700.

7 Sentencia de esta sección de 8 de noviembre de 2001, expediente 13.883.