Sentencia 1994-9854 de abril 22 de 2004

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente:

Dr. Alier Eduardo Hernández Enriquez

Radicación número: 25000-23-26-000-1994-9854-01(14212)

Actor: Carmen Elisa Rodriguez Celemin

Demandado: Ministerio De Salud

Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil cuatro.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de abril de 1997 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes:

1. Lo que se demanda

En ejercicio de la acción de reparación directa y mediante escrito presentado el 12 de mayo de 1994 (folios 2 a 18), por medio de apoderado, la señora Carmen Elisa Rodríguez Celemín -obrando en nombre propio y en el de sus hijos menores de edad Saray Milena, María del Pilar, Deisy y Andrés Mauricio Forero Rodríguez-, solicitaron que se declarara responsables a la Nación - Ministerio de Salud, al Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud y al Municipio de Pandi, por la muerte de Fidelio Forero Morera, compañero permanente de la primera y padre de los demás demandantes, ocurrida “con ocasión de la intervención médica y tratamiento médico suministrada (sic) por el personal de trabajadores de la salud del puesto de salud del Municipio de Pandi (Cund.) el día 13 de enero de 1994 y los días inmediatamente anteriores”.

Como consecuencia, se pidió que se condenara a las demandadas a pagarle a Carmen Elisa Rodríguez, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente al precio de 2.000 gramos de oro, y la suma de $40.000.000.oo, por concepto de perjuicios materiales, en su condición de compañera permanente del fallecido, y a cada uno de sus hijos, la suma equivalente al precio de 1.000 gramos de oro, por concepto de perjuicios morales, y por concepto de daño material, la suma de $10.000.000.oo.

2. fundamentos fácticos

Sustentó la parte actora sus pretensiones en los siguientes hechos:

  1. Fidelio Forero Morera prestó sus servicios personales al Municipio de Pandi desde el 10 de julio de 1989, desempeñando el cargo de “viverista”. Sus funciones fueron “la construcción y sostenimiento de obras públicas, ya que dentro de sus deberes o actividades tenía que plantar, mantener toda clase de plantas, FUMIGARLAS PARA EVITAR QUE LOS INSECTOS LAS DESTRUYERAN, abonarlas y en general todas aquellas funciones propias del mantenimiento de un vivero”.
  2. Como consecuencia de la actividad laboral que desarrollaba el señor Forero Morera como “viverista”, sufrió una pérdida del 100% de su capacidad laboral. Se le diagnosticó una “CARDIOPATÍA Y VALVULOPATÍA MITRAL Y TRICUSPEDEA”, como “secuelas de las funciones cumplidas..., especialmente las de fumigar con tóxicos, sin la más mínima protección o seguridad industrial.
  3. El Ministerio de Trabajo había emitido concepto en el sentido de que Fidelio Forero Morera había sufrido una pérdida de la capacidad laboral permanente y total, y que presentaba imposibilidad para esfuerzo físico, inclusive de la marcha, que desencadenaba dolor toráxico severo, incapacitante, por presentar asfixia al menor esfuerzo. Con fundamento en ello, se ordenó el “reconocimiento médico” de la pensión de invalidez, la cual, sin embargo, a la presentación de la demanda no se había reconocido ni sustituido.
  4. Forero Morera fue atendido en el Hospital San José de Bogotá, en el Hospital San Rafael de Fusagasuga y en el Puesto de Salud del Municipio de Pandi, entre otros centros asistenciales.
  5. En este último puesto de salud fue internado “[p]or el estado crítico de salud y por su precaria situación económica”. Una vez internado, fue recuperando su salud al punto que el médico director de dicho puesto decidió darle de alta a partir del 13 de enero de 1994. Sin embargo, antes de que abandonara sus instalaciones, el médico JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ V., quien “no era un médico con el registro correspondiente, sino un practicante que estaba realizando el año rural”, decidió formularle “...5.- Laxis..., Cordalone..., Captopril..., Benzetacil..., Ampolla por 1.200 (sic) UI APLICAR V.I.M.”. Así, el mismo médico, sin practicar la “prueba técnico científica de la contraindicación del benzetacil o penicilina, procedió a aplicársela, reaccionando (sic) el paciente en forma inmediata y como consecuencia de ello a fallecer (sic)”.
  6. El mismo médico, “maliciosamente, para que se extendiera el registro civil de defunción..., certificó que el deceso ocurrió por “PARO CARDIACO CEREBRO - PULMONAR”.
 

Se expuso, además, en la demanda, lo siguiente:

“La responsabilidad por la muerte del señor FIDELIO FORERO MORERA... está en cabeza de la Nación, Ministerio de Salud, por la omisión de una función propia como es la de control, fiscalización y vigilancia para la buena prestación de los servicios médicos asistenciales a la comunidad y las dependencias pertenecientes a este sector lo hagan igualmente (sic). Así mismo, existe responsabilidad del Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud, por cuanto el Hospital San Rafael seccional Fusagasuga es una dependencia adscrita a dicha secretaría de salud, y en el mismo fue atendido, tratado e incapacitado el señor FIDELIO FORERO MORERA en su condición de trabajador del municipio de Pandi y al no haber igualmente ejercido eficaz tratamiento, ejercido control sobre dicho hospital regional y sobre el puesto de salud del Municipio de Pandi. También es responsable solidariamente el Municipio de Pandi, puesto que en el PUESTO DE SALUD DE DICHA LOCALIDAD fue atendido, tratado el señor FIDELIO FORERO MORERA y sobre todo en donde se le hizo el último tratamiento y formuló el día 13 de enero de 1994, los últimos medicamentos y entre ellos el FATAL BENZETACIL AMPOLLA DE 1200 MILIGRAMOS Y QUE LE APLICARA, sin la prueba respectiva, EL DR. JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ V.”.

3. Contestacion de la demanda.

El auto admisorio de la demanda fue notificado en debida forma; las entidades demandadas intervinieron oportunamente, exponiendo los siguientes argumentos (folios 52 a 64 y 72 a 81):

3.1. Contestación de la Nación: 

Luego de hacer referencia a la regulación normativa del sistema nacional de salud, consideró que el Ministerio de Salud no es una dependencia ejecutora ni prestadora del servicio de salud, por lo cual las pretensiones formuladas en su contra resultan improcedentes. Consideró, en efecto, que pretender que la Nación “sea responsable, es desconocer los principios constitucionales y legales que establecen la descentralización funcional y por servicios, y desconocer la autonomía de los entes territoriales en el manejo de sus propios asuntos”.

3.2. Contestación del Departamento de Cundinamarca: 

Expresó, igualmente, que la Secretaría de Salud Departamental no tiene a su cargo la prestación del servicio de salud, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 10 de 1990; sus funciones “son básicamente las de coordinar, supervisar, prestar asistencia técnica, administrativa y financiera...”. Agregó que el médico a que se alude en la demanda no era funcionario del Departamento; explicó, al respecto, que no es un practicante, según lo establece el Decreto 2396 de 1981, artículo 1º, y que fue nombrado por el Director del Hospital San Antonio de Arbeláez, para prestar el servicio social obligatorio en el puesto de salud de Pandi. Así, no hay relación de causalidad entre “la presumible conducta” de dicho médico y el Departamento de Cundinamarca.

De otra parte, indicó que el paciente tenía una enfermedad grave y de mal pronóstico, que fue atendida debidamente en el Hospital San Rafael de Fusagasuga. Adicionalmente, la naturaleza de dicha enfermedad indicaba que su vida útil esperable era muy corta.

Finalmente, llamó la atención sobre el hecho de que el demandante Andrés Mauricio Forero no fue reconocido por aquél como su hijo, según se desprende del registro aportado al proceso, por lo cual “no le asisten ningún derecho para reclamar”.

3.3. Contestación del Municipio de Pandi:

Consideró falsos algunos de los hechos de la demanda. Afirmó, en efecto, que Fidelio Forero se desempeñaba como celador de las instalaciones de un pequeño proyecto de vivero, pero no cumplía funciones de mantenimiento de plantas o fumigación, dado que éstas eran realizadas por los técnicos y prácticos. Además, en el libelo introductorio se omite decir hasta cuándo prestó sus servicios a la entidad.

Adicionalmente, indicó que los problemas de salud de Forero eran de nacimiento, y que ya recibía tratamiento cuando ingresó a trabajar en el Municipio.

Precisó que, si bien el puesto de salud de Pandi opera en el Municipio, depende administrativa y económicamente de la Secretaría de Salud Departamental y es vigilado por el Hospital de Arbeláez, cuyo director designó al médico citado en la demanda. Así, dicho municipio no puede ejercer ningún tipo de control sobre él, ni ordenar procedimientos médicos o administrativos.

Expresó que el fallecido cometió excesos que agravaron su estado de salud, como ir a una gallera y participar en juegos como el tejo y otros, y que si el médico del puesto de salud venía atendiendo de tiempo atrás al señor Forero, “es apenas lógico suponer que era sabedor de qué medicamento le servía y cuál era perjudicial”. Indicó, además, que no está probado que la inyección de benzetacil le hubiera sido aplicada al paciente y, por último, formuló las excepciones de inexistencia de responsabilidad del Municipio e inexistencia de la actividad laboral alegada.

4. Alegatos de conclusión.

Practicadas las pruebas decretadas mediante auto del 16 de junio de 1995 y fracasada la audiencia de conciliación, el tribunal corrió traslado a las partes para alegar, y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto (folios 85 a 89, 109 a 111 y 126).

Dentro del término respectivo, sólo intervino el Departamento de Cundinamarca, cuyo apoderado reiteró los argumentos expuestos al contestar la demanda y expresó, además, luego de aludir a las pruebas practicadas, que “si en gracia de discusión [el señor Forero Morera] hubiera sufrido un daño, éste presuntamente fue causado por un agente perteneciente a la planta de personal de un ente público como lo es el Hospital San Antonio de Arbeláez que... tiene autonomía administrativa, patrimonio propio y sus propios estatutos”, por lo cual “no existe relación de causalidad entre el daño presuntamente causado al actor con el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud, sino por una entidad descentralizada distinta y que no fue vinculada como parte demandada” (folios 128 a 134 y 140).

5. Sentencia de primera instancia:

Mediante sentencia del 3 de abril de 1997, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, resolvió negar las pretensiones de la demanda (folios 141 a 159).

Consideró que “no existe hecho alguno atribuible a las entidades demandadas a título de falla en la prestación del servicio” y que, además, “no se encuentran legitimadas en la causa por pasiva para responder...”. Al respecto, explicó:

“En efecto, la demanda se dirige contra la Nación -Ministerio de Salud, el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Salud y el Municipio de Pandi, todas ellas entidades administrativas con autonomía jurídica independiente, de ninguna de las cuales se puede predicar el hecho que la demanda atribuye como falla en la prestación del servicio médico, esto es la aplicación a Fidelio Forero Morera de penicilina sin realizar las necesarias pruebas previas, ocasionándole la muerte, pues ninguna de ellas prestó el servicio que a juicio de los demandantes ocasionó la muerte.

Se encuentra demostrado dentro del proceso que el puesto de salud de Pandi es una dependencia del Hospital San Antonio de Arbeláez, y que el médico que trató el 13 de enero de 1994 a Fidelio Forero Morera era empleado de tal hospital designado por su médico director y, en consecuencia, la posible falla en la prestación del servicio sólo era atribuible a tal organismo que ostenta la naturaleza de establecimiento público con personería jurídica y autonomía administrativa que lo hacen independiente de las entidades demandadas y, por lo tanto, contra él ha debido dirigirse la demanda...

Es de anotar que, aun cuando el hospital hubiera sido demandado, las pretensiones estarían llamadas al fracaso ya que no se demostró la relación de causalidad entre la muerte de Fidelio Forero y la conducta que se atribuye como falla en la prestación del servicio”.

6. Recurso de apelación:

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que sustentó exponiendo los siguientes argumentos (folios 161 a 165):

1. En el caso concreto, evidentemente, hubo ineficiencia y omisión grave por parte de la Administración Pública, “donde debe operar la figura de la CONJUNCIÓN DE PARTE, SI LA JUSTICIA QUIERE TENER EN CUENTA LA NORMA SUPRALEGAL “ART. 90 C.N.” Y EL ART. 40 IBIDEM”.

2. El médico “NO SÓLO TENÍA LA OBLIGACIÓN LEGAL Y PROFESIONAL de preguntarle al paciente si le habían aplicado PENICILINA, sino especialmente HACER LA PRUEBA ANTIALÉRGICA, pero parece que para el JUZGADOR DE INSTANCIA esa prueba NO ERA INDISPENSABLE...”.

3. “POR SIMPLES FORMALISMOS, que no son ciertos, ya que la realidad del proceso es otra, pretende y prejuzga EL TRIBUNAL, en (sic) afirmar que no (sic) ASÍ SE HUBIERA DEMANDADO AL HOSPITAL DE PANDI, las pretensiones no habrían prosperado porque dizque NO HABÍA RELACIÓN DE CAUSALIDAD, CUANDO LO VERAZ es que en el proceso EXISTE PRUEBA DOCUMENTAL PLENA DE QUE EL MÉDICO LABORALMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE, para la época del CASO QUE GENERÓ LA MUERTE, existía (sic) RELACIÓN JURÍDICA CON EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, por intermedio de su SECRETARÍA DE SALUD...”.

4. Al Tribunal no le importó “un aspecto HUMANITARIO, como lo es la desprotección y DESAMPARO DE UNA VIUDA Y UNOS HUÉRFANOS, todos menores de edad... No hubo según el TRIBUNAL DAÑO ALGUNO, a pesar de estar de por medio UNA MUERTE, que no se podía considerar casual, SINO EL PRODUCTO DE LA IRRESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL MÉDICO, que según el dicho de la viuda y de otras personas estaba hasta en estado de ebriedad...”.

5. Si la prueba solicitada al Instituto Nacional de Medicina Legal no se pudo llevar a cabo, por el tiempo transcurrido, “NO ES MENOS CIERTO que la mayoría de los testigos sí afirman que LA FATÍDICA AMPOLLETA DE BENZETACIL SÍ FUE APLICADA AL PACIENTE FORERO MORERA, y que a los pocos minutos YA ERA CADÁVER. ES QUE NO SE REQUIERE SER SABIO PARA DEDUCIR QUE LA CAUSA DE LA MUERTE FATAL (sic) había sido la mentada inyección...”. En efecto, “NO SE REQUERÍA DE MÁS MEDIOS, ya que fue concomitante la aplicación de la inyección con el paro cardiaco...”.

6. El servicio nacional de salud, el oficial o público, es uno solo. Ni el hospital, ni el centro de salud son ruedas sueltas, sino que dependen científica, técnica y económicamente del Departamento de Cundinamarca, y éste último, está sujeto al control, a las políticas y a la fiscalización del Estado, por conducto del Ministerio de Salud. Así, existe solidaridad de la parte demandada.

7. “Desconocer que el Hospital de Pandi, por ser UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO con capacidad jurídica, DEJABA DE SER PARTE (sic) DEL ENTE PÚBLICO - CÉLULA MUNICIPIO DE PÁNDI, es un despropósito, y más aún cuando el Tribunal acepta que EL PUESTO DE SALUD pertenecía al HOSPITAL, argumentando que no había legitimación pasiva”.

El recurso fue concedido el 29 de agosto de 1997 y admitido el 12 de diciembre del mismo año (folios 167 y 171).

7. Actuación en segunda instancia:

Corrido el traslado a las partes para alegar, y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto, sólo intervinieron éste último y el Municipio de Pandi (folios 173 a 188).

El apoderado del Municipio expresó que “el apelante talvez por falta de información no acierta en sus afirmaciones”, ya que en el proceso consta que en Pandi no funciona ningún hospital, sino sólo un Puesto de Salud, que depende administrativa y económicamente del Hospital Regional de San Antonio de Arbeláez, “ente de carácter oficial, con autonomía administrativa y económica, que nombra el médico y demás profesionales de la salud para que ejerzan sus funciones en el Municipio de Pandi y en el extremo sur de la provincia del Sumapaz, entre ellos Venecia y Cabrera...”.

Indicó, además, que el citado municipio “no se ha acogido a la Ley de descentralización de la salud por carecer de recursos y de la infraestructura suficiente para asumir tal responsabilidad”.

La representante del Ministerio Público solicitó la confirmación del fallo apelado. Se refirió, en primer lugar, a las normas que regulan el Sistema Nacional de Salud, y citó, concretamente, el Decreto Ley 056 de 1975, el cual prevé, en su artículo 36, que los centros y puestos de salud y de socorro locales serán dependencias administrativas del hospital que determine el servicio seccional de salud, y que su personal será nombrado por el Director del hospital del área de la cual dependan.

Citó también el parágrafo primero del artículo 19 de la Ley 10 de 1990, según el cual a las unidades de prestación de servicios de salud pública, en los distintos niveles de atención, sólo se les podrá autorizar su funcionamiento dotándolas de personería jurídica y autonomía administrativa, con excepción de las “unidades de prestación de servicios de salud de las instituciones de previsión y seguridad social y del subsidio familiar, puestos y centros de salud, pertenecientes a entidades descentralizadas que presten servicios de salud en el municipio de su jurisdicción”.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideró equivocada la formulación de la demanda en contra de la Nación - Ministerio de Salud, dado que a ella no le corresponde supervisar en cada caso concreto la prestación del servicio médico asistencial.

Respecto de la legitimación del Departamento de Cundinamarca, expresó, en primer lugar, que si bien se alega que el Hospital San Rafael de Fusagasuga depende de ese ente territorial, de la misma demanda se desprende que el hecho que ocasionó el daño, esto es, la aplicación de un medicamento sin la práctica de las pruebas previas respectivas, no tuvo lugar en dicho centro hospitalario.

De otra parte, en cuanto se alega que el Puesto de Salud también depende del municipio, está probado que el médico Jorge Enrique Rodríguez Varela, “último médico tratante de la víctima”, fue designado por el Director del Hospital San Antonio de Arbeláez -entidad a la que se encontraba vinculado el puesto de salud-, mediante resolución del 30 de septiembre de 1993, y que ello se hizo por solicitud de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública de Cundinamarca, la cual debía aprobar la anotada resolución, para su validez.

También está probado que el Hospital San Antonio de Arbeláez es una entidad pública, que hace parte del sistema de salud y que, por lo tanto, para su funcionamiento, requiere del otorgamiento de personería jurídica, conforme al artículo 19 de la Ley 10 de 1990, mientras que los puestos de salud pueden operar sin ella.

Así las cosas, “se deduce que el organismo responsable de la actividad desarrollada por el médico Jorge Enrique Rodríguez es el Hospital San Antonio de Arbeláez, por cuanto la dirección y control del puesto de salud de Pandi correspondía, para la época de los hechos, a dicho organismo, y fue su director quien designó al galeno que ejerció el acto médico que presuntamente causó la muerte al señor Fidelio Forero”.

La doctora María Elena Giraldo manifestó su impedimento para conocer el proceso, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 150 del C.P.C. y en el numeral 2 del artículo 160A del C.C.A. La Sala lo consideró fundado y resolvió, en consecuencia, separarla del conocimiento del proceso, mediante auto del 7 de octubre de 1999 (folios 191 y 192).

Consideraciones:

1. Observaciones iniciales sobre la responsabilidad del estado po rla prestación del servicio de salud

En relación con este tema y con el fin de aclarar algunos aspectos referidos al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, se considera pertinente citar algunos apartes del fallo proferido el 10 de febrero de 2.000, dentro del expediente 11.878. Manifestó la Sala en dicho fallo lo siguiente:

“El problema de la responsabilidad por la prestación del servicio médico asistencial fue resuelto por esta Sala, durante mucho tiempo, con apoyo en la teoría de la falla del servicio probada, partiendo de la base de que se trataba de una obligación de medios y no de resultados. Esta postura, sin embargo, comenzó a cuestionarse en algunos fallos(1), hasta llegar a la unificación de criterios en torno al tema, con la expedición de la sentencia de 30 de julio de 1992, con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández(2), donde se adoptó la tesis de la falla del servicio presunta.(3) Expresó la Sala en esa oportunidad:

“… Por norma general corresponde al actor la demostración de los hechos y cargos relacionados en la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que le hacen excesivamente difícil, cuando no imposible, las comprobaciones respectivas, tal el caso de las intervenciones médicas, especialmente quirúrgicas, que por su propia naturaleza, por su exclusividad, por la privacidad de las mismas, por encontrarse en juego intereses personales e institucionales, etc., en un momento dado se constituyen en barreras infranqueables para el paciente, para el ciudadano común obligado procesalmente a probar aspectos científicos o técnicas profesionales sobre los cuales se edifican los cargos que por imprudencia, negligencia o impericia formula… contra una institución encargada de brindar servicios médicos u hospitalarios.

Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general…, si en lugar de someter al paciente… a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, fueren éstos los que por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan…”.

En relación con esta posición, reiterada por la jurisprudencia de esta Sala a partir de la expedición del fallo citado, se considera necesario precisar que, si bien tiene origen en el llamado principio de las cargas probatorias dinámicas -cuya aplicación, aunque no tiene sustento en nuestra legislación procesal, puede decirse que encuentra asidero suficiente en las normas constitucionales que relievan el principio de equidad- ha resultado planteada en términos tan definitivos que se ha puesto en peligro su propio fundamento. En efecto, el planteamiento ha llevado a aplicar, en todos los casos de daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico asistencial, la teoría de la falla del servicio presunta, exigiéndosele siempre a las entidades públicas demandadas la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para poder exonerarse de responsabilidad.

Resulta, sin embargo, que no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si éstas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio.

(...)”. 

Así las cosas, se concluye que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que aquélla resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Sólo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado-, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial.(4) 

Ahora bien, observaciones similares a las anteriores, que se refieren a las dificultades que ofrece para el demandante la demostración de la falla del servicio, se han hecho respecto de la prueba de la relación de causalidad existente entre el hecho de la entidad demandada y el daño del cual resultan los perjuicios cuya indemnización se reclama. En efecto, también en ello están involucrados elementos de carácter científico, cuya comprensión y demostración resulta, en ocasiones, muy difícil para el actor. Refiriéndose a este tema, la Sala expuso lo siguiente, en sentencia del 14 de junio de 2001 (expediente 11.901):

“Por esta razón, se ha planteado un cierto aligeramiento de la carga probatoria del demandante, a quien, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde demostrar los supuestos de hecho del artículo 90 de la Constitución Política, que sirve de fundamento a sus pretensiones.

Así, en sentencia del 3 de mayo de 1999, está Sala manifestó:

“En consideración al grado de dificultad que representa para el actor la prueba de la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño en los casos en que esté comprometida la responsabilidad profesional, no sólo por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación causal, se afirma que cuando sea imposible esperar certeza o exactitud en esa materia “el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia” (Cfr. Ricardo De Ángel Yagüez. Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño), Ed. Civitas S.A., Madrid, 1995, p. 77), es decir, que la relación de causalidad queda probada “cuando los elementos de juicio suministrados conducen a un grado suficiente de probabilidad.” (ibídem, p. 77). Al respecto ha dicho la doctrina:

“En términos generales, y en relación con el ‘grado de probabilidad preponderante’, puede admitirse que el juez no considere como probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aun sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe la prueba directa, llegue a la convicción de que existe una ‘probabilidad’ determinante”. (Ibídem, p. 78, 79)...”.(5)

En sentencia del 7 de octubre de 1999, la Sala expresó que, “...aceptada la dificultad que suele presentarse en la demostración directa de la causalidad en materia médica, puede probarse indirectamente -indiciariamente- ...”(6). Y en el mismo sentido, precisó posteriormente lo siguiente:

“...de acuerdo con los criterios jurisprudenciales reseñados, la causalidad debe ser siempre probada por la parte demandante y sólo es posible darla por acreditada con la probabilidad de su existencia, cuando la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos involucrados o la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación impidan obtener la prueba que demuestre con certeza su existencia”.(7)

Se observa, conforme a lo anterior, que, tratándose de la relación de causalidad, no se plantea la inversión -ni siquiera eventual- del deber probatorio, que sigue estando, en todos los casos, en cabeza del demandante. No se encuentra razón suficiente para aplicar, en tales situaciones, el citado principio de las cargas probatorias dinámicas. Se acepta, sin embargo, que la demostración de la causalidad se realice de manera indiciaria, siempre que, dadas las circunstancias del caso, resulte muy difícil -si no imposible- para el demandante, la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar.

En la valoración de estos indicios tendrá especial relevancia el examen de la conducta de las partes, especialmente de la parte demandada, sin que pueda exigírsele, sin embargo, que demuestre, en todos los casos, cuál fue la causa del daño, para establecer que la misma es ajena a su intervención. En efecto, dadas las limitaciones de la ciencia médica, debe aceptarse que, en muchas ocasiones, la causa de la muerte o el empeoramiento del paciente permanece oculta, aun para los propios médicos.

Por lo demás, dicha valoración debe efectuarse de manera cuidadosa, teniendo en cuenta que -salvo en casos excepcionales, como el de la cirugía estética y el de la obstetricia, entre otros, que han dado lugar a la aplicación de regímenes de responsabilidad más exigentes para el demandado- los médicos actúan sobre personas que presentan alteraciones de la salud, lo que implica el desarrollo de diversos procesos en sus organismos, que tienen una evolución propia y, sin duda, en mayor o menor grado, inciden por sí mismos en la modificación o agravación de su estado, al margen de la intervención de aquéllos. Al respecto, considera la Sala acertadas las siguientes observaciones formuladas por el profesor Alberto Bueres:

 

“...creemos que el mero contacto físico o material entre el actuar profesional y el resultado, no siempre ha de ser decisivo para tener por configurada la relación causal, pues en la actividad médica el daño no es, de suyo, en todos los casos, revelador de culpa o de causalidad jurídica (adecuada). En rigor, a partir de la evidencia de que el enfermo acude al médico por lo común con su salud desmejorada, a veces resulta difícil afirmar que existe un daño y, en otras oportunidades, los tropiezos se localizan en el establecer si ciertamente el daño (existente) obedece al actuar médico o si deriva de la evolución natural propia del enfermo (Ataz López, Los médicos y la responsabilidad civil, Edit. Montecorvo, Madrid, 1985, p. 340. Sobre las causas concurrentes y la concausa, y la factibilidad de interrupción del nexo causal, ver Mosset Iturraspe, Responsabilidad Civil del médico, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1979, p. 267 a 269).

Esta última afirmación nos conduce de la mano a reiterar que en tema de responsabilidad galénica, el contacto físico entre un profesional y un paciente que experimenta daños, no permite indefectiblemente imputar estos daños al susodicho profesional, pues las pruebas aportadas al proceso, con suma frecuencia, suscitan dudas acerca de si el obrar médico fue en verdad el que ocasionó los perjuicios... Frente al daño médico, es muy común que las constancias procesales pongan de manifiesto que el perjuicio pudo ocurrir por el hecho del profesional o por una o varias causas ajenas derivadas fortuitamente del propio estado de salud del enfermo -amén de los supuestos de hecho (o culpa) de éste último-...”(8)

(...)”.  

Solo resta advertir -como también lo hizo la Sala en el fallo que acaba de citarse- que el análisis de la causalidad debe preceder siempre al de la existencia de la falla del servicio, en los casos en que ésta se requiere para estructurar la responsabilidad de la entidad demandada. En efecto, sólo aquellas fallas a las que pueda atribuirse la producción del daño tendrán relevancia para la demostración de dicha responsabilidad, de manera que la inversión del orden en el estudio de los elementos citados puede dar lugar a que la falla inicialmente probada resulte inocua, o a valorar indebidamente los resultados del examen de la conducta, teniendo por demostrado lo que no lo está.(9) 

Y debe insistirse en que la presunción de la causalidad será siempre improcedente; aceptarla implicaría incurrir en una evidente contradicción, en la medida en que supondría la aplicación, tratándose de la responsabilidad por la prestación del servicio médico asistencial, de un régimen más gravoso para el demandado inclusive que el objetivo, dado que si bien en éste la falla del servicio no constituye un elemento estructural de la obligación de indemnizar, el nexo causal está siempre presente y la carga de su demostración corresponde al demandante, en todos los casos.

2. El caso concreto:

Con fundamento en las pruebas practicadas legalmente dentro del proceso, se tiene lo siguiente:

 

Está demostrado que el señor Fidelio Forero Morera murió en la ciudad de Pandi el 13 de enero de 1994. Lo anterior consta en la copia autenticada del registro civil de la defunción, donde se anotó, como causa del deceso: “paro cardiaco cerebro-pulmonar” (folio 6 del c. 2).

Así, está probado el daño del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan los demandantes.

Adicionalmente, con base en las copias y los certificados de los registros civiles de nacimiento aportados al proceso (folios 1 a 5 del c. 2), se encuentra probado también que el señor Fidelio Forero Morera era el padre de Saray Milena, María del Pilar, Deisy y Andrés Mauricio Forero Rodríguez. También está demostrado, con fundamento en los testimonios rendidos en el proceso (folios 58 a 66 del c. 2), que el señor Forero Morera era compañero permanente de Carmen Elisa Rodríguez Celemín, madre de sus hijos.

Está acreditada, entonces, la legitimación de los demandantes para solicitar la reparación del perjuicio sufrido.

Ahora bien, el Tribunal de primera instancia resolvió negar las pretensiones formuladas, en primer lugar, por encontrar que las entidades demandadas carecían de legitimación en la causa, teniendo en cuenta que a ninguna de ellas puede atribuirse el hecho al que se atribuye la muerte del señor Forero Morera, esto es, la aplicación de una dosis de penicilina, sin que se efectuara la prueba previa necesaria para determinar la inexistencia de condiciones alérgicas en aquél, lo que le produjo una reacción inmediata y la muerte. Indicó que esta actuación se cumplió en el Puesto de Salud de Pandi, y que el mismo depende del Hospital San Antonio de Arbeláez, establecimiento público con personería jurídica y autonomía administrativa, que no fue demandado dentro del proceso.

Por su parte, cuestiona el apelante esta decisión, expresando que “EXISTE PRUEBA DOCUMENTAL PLENA DE QUE EL MÉDICO LABORALMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE, para la época del CASO QUE GENERÓ LA MUERTE”, tenía “RELACIÓN JURÍDICA CON EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, por intermedio de su SECRETARÍA DE SALUD...”. Agrega que el servicio público nacional de salud “es uno solo”, por lo cual el hospital y el centro de salud no son ruedas sueltas, sino que dependen científica, técnica y económicamente del Departamento de Cundinamarca, y éste último está sujeto al control, las políticas y la fiscalización del Estado, por conducto del Ministerio de Salud. Así, existe solidaridad de la parte demandada. Finalmente, expresa que es un despropósito entender que, por ser un establecimiento público con capacidad jurídica, el hospital de Pandi dejaba de ser parte del ente público “Municipio de Pandi”.

Así las cosas, debe hacer esta Sala referencia a los elementos de juicio que, respecto del primer problema planteado, obran en el expediente.

Se aportó al proceso la constancia original expedida por el Jefe de Departamento del Hospital San Antonio de Arbeláez, en el sentido de que, “revisados los archivos del personal del Hospital “San Antonio” de Arbeláez, se constató que el doctor Jorge Enrique Rodríguez Varela... prestó sus servicios durante el período entre el 1º de octubre de 1993 y el 30 de septiembre de 1994 en el cargo de Médico S-S-P-OO. Código 321505 en el Organismo de Salud de Pandi adscrito a esta institución” (folio 82 del c. 2).

De igual manera, junto con el oficio remisorio del 21 de noviembre de 1994, el Gerente del Hospital San Antonio de Arbeláez aportó al proceso copia de la hoja de vida del doctor Rodríguez Varela, dentro de la cual obran fotocopias de la Resolución 343 del 30 de septiembre de 1993, por la que el médico director de dicho hospital nombró a aquél como médico S.M.O. “en el organismo de salud de Pandi adscrito al Hospital “San Antonio “de Arbeláez”, cargo “previsto en la planta de personal” para la vigencia respectiva, y de la Resolución 334 del 30 de septiembre de 1994, por la cual el mismo médico director declaró insubsistente el nombramiento de Rodríguez Varela. En ambos actos administrativos se expresó que, para su validez, los mismos requerían de la aprobación de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública de Cundinamarca” (folios 71 y 80 del c. 2).

También obra en la citada hoja de vida copia de una comunicación del 21 de septiembre de 1993, suscrita por el jefe del Servicio Seccional de Salud de Cundinamarca y dirigida al médico director del hospital mencionado, en la que se solicita ordenar la elaboración de la resolución de nombramiento del doctor Jorge Enrique Rodríguez Varela, en el cargo de Médico S.M.O. en el organismo de Salud de Pandi, y se anota que esa plaza había sido aprobada por el Ministerio de Salud, para hacer la práctica del servicio social obligatorio (folio 73 del c. 2).

De otra parte, se aportó la certificación expedida por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, en el sentido de que el Hospital San Antonio de Arbeláez es “una entidad pública, creada mediante acuerdo municipal 02 del 3 de mayo de 1947”, y que mediante Resoluciones 062 del 20 de mayo de 1977 y 1360 del 14 de noviembre de 1977, respectivamente, se expidieron y aprobaron sus estatutos. Además, que, conforme al artículo 6º de la Resolución 8472 del 6 de diciembre de 1977, su representante legal es el médico director, posteriormente denominado “gerente” (folio 135).

Adicionalmente, como lo advierte la Procuradora Delegada ante esta Corporación, el Decreto Ley 056 de 1975 establece, en su artículo 36, que los centros y puestos de salud y de socorro locales serán dependencias administrativas del hospital que determine el servicio seccional de salud, y que su personal será nombrado por el Director del hospital del área de la cual dependan. Por otra parte, el parágrafo primero del artículo 19 de la Ley 10 de 1990 dispone que a las unidades de prestación de servicios de salud pública, en los distintos niveles de atención, sólo se les podrá autorizar su funcionamiento dotándolas de personería jurídica y autonomía administrativa, con excepción los puestos de salud y centros de salud, pertenecientes a entidades descentralizadas que presten servicios de salud en el municipio de su jurisdicción, entre otras unidades de prestación de servicios.

Además, observa la Sala que el reconocimiento de personería jurídica al citado hospital se realizó por el Ministerio de Justicia, mediante Resolución 13 del 18 de abril de 1951, publicada en el diario oficial. Así las cosas y con fundamento en las normas mencionadas, puede inferirse que, en la época de los hechos, el Puesto de Salud del Municipio de Pandi no tenía personería jurídica y se encontraba adscrito al Hospital San Antonio de Arbeláez. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el hecho de que el médico de dicho puesto de salud, al cual se atribuye la actuación que se califica en la demanda como constitutiva de falla del servicio, fue designado por el Director de dicho hospital, puede considerarse que era éste último el ente público legitimado para asumir, en este proceso, la condición de demandado.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación en la causa del Departamento de Cundinamarca, no pierde de vista la Sala la referencia que se hace, en varios de los actos administrativos citados, expedidos por el director del Hospital San Antonio de Arbeláez, a la necesidad de que la Secretaría de Salud y Asistencia Pública de Cundinamarca los aprobara, para que cobraran validez. Tampoco la solicitud formulada por el jefe del Servicio Seccional de Salud de Cundinamarca, al médico director del hospital, en el sentido de ordenar la elaboración de la resolución de nombramiento del doctor Jorge Enrique Rodríguez Varela, en el organismo de Salud de Pandi.

Estas circunstancias, sin embargo, no resultan suficientes para considerar demostrada, en el caso concreto, la legitimación en la causa del Departamento de Cundinamarca, como elemento necesario para establecer la posibilidad de imputarle a éste último la responsabilidad cuya declaración se solicita. En efecto, la aprobación de los actos administrativos aludidos puede encontrar su justificación en el ejercicio del denominado control de tutela, y la solicitud de nombrar al médico mencionado se explica, igualmente, por la previsión contenida en el artículo 4º del Decreto 2396 de 1981, según el cual el Ministerio de Salud seleccionará y aprobará, por el término de un año, las localidades, programas y servicios en donde puede cumplirse el servicio social obligatorio, y procederá a efectuar la inscripción y adjudicación de los cupos necesarios.

Por otra parte, ha quedado claramente establecido que el Puesto de Salud de Pandi no tenía relación alguna de dependencia con el Municipio de Pandi, por lo cual esta entidad territorial carecía de legitimación en la causa.

Finalmente, en cuanto se refiere a la Nación - Ministerio de Salud, se tiene que, conforme a lo expresado en la demanda, su responsabilidad pretende derivarse de “la omisión de una función propia como es la de control, fiscalización y vigilancia para la buena prestación de los servicios médicos asistenciales a la comunidad y las dependencias pertenecientes a este sector...”. No se alude, entonces, a una vinculación directa de la Nación, por la acción desarrollada por el médico del Puesto de Salud de Pandi, sino a una conducta omisiva en el cumplimiento del deber de controlar y vigilar el ejercicio de las funciones de prestación del servicio atribuidas a otros entes.

Considera esta Sala, entonces, que la Nación tampoco tiene legitimación en la causa. En efecto, conforme a lo dispuesto en e artículo 9º, literal f), de la Ley 10 de 1990, al Ministerio de Salud, hoy de Protección Social, le corresponde “[v]igilar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos y las normas técnicas, administrativas y de calidad del servicio, adoptados para el sector salud, e imponer, si es el caso, las sanciones a que hubiere lugar”; esta función, sin embargo, no puede comprender, sin duda alguna, la de fiscalizar y vigilar cada una de las actividades concretas, realizadas por las diferentes entidades encargadas de prestar el servicio de salud pública.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expresado, se considera pertinente hacer algunas observaciones en relación con la demostración de la causalidad material del daño en el caso concreto.

Al respecto, se encuentra demostrado que el 13 de enero de 1994, le fue prescrita al señor Fidelio Moreno, en el Puesto de Salud de Pandi, entre otras medicinas, “Benzetacil, ampolla x 1.200.000 U - 1, aplicar V.I.M.”. Este hecho consta en la copia auténtica de la respectiva fórmula médica que obra a folio 39 del c. 2.

De otra parte, sobre lo ocurrido posteriormente, ese mismo día, sólo fue aportada una historia clínica en fotocopia simple, la cual, por tratarse de un documento público, carece de valor probatorio (folio 52 del c. 2). No obstante, se advierte que en ella se hizo constar lo siguiente:

“Idx: - Cardiopatía dilatada.

  1. F/A
 

P: Benzetacil 1.200.000 u. 1.

Se le pregunta al paciente si le han aplicado penicilina. Dice que sí y que en el hospital le aplicaron mucha penicilina.

Se decide aplicar Benzetacil 1.200.000 U y posteriormente, al cabo de 1 minuto, hace paro cardio respiratorio. Se le tuerce la lengua. Se hace reanimación... ampollas de adrenalina. Se continúa reanimación hasta por 45 minutos, no respondiendo, el paciente fallece. Se nota edema temporal izquierdo.

Idx: Muerte por paro cardio-respiratorio secundario a accidente cerebro vascular.

Vs Infarto miocardio”.

Manifiesta el apelante que, visto lo anterior, “NO SE REQUIERE SER SABIO PARA DEDUCIR QUE LA CAUSA DE LA MUERTE FATAL (SIC) había sido la mentada inyección...”. En efecto, “NO SE REQUERÍA DE MÁS MEDIOS, ya que fue concomitante la aplicación de la inyección con el paro cardiaco...”.

No comparte la Sala estos planteamientos. La deducción que hace el recurrente está fundada en un indicio de carácter estrictamente temporal, que resulta claramente contingente. Debe recordarse, conforme a lo expresado en el numeral primero de estas consideraciones, por una parte, que si bien se ha aceptado la demostración de una causalidad probable, fundada indiciariamente, ello sólo procede en los eventos en que, dadas las circunstancias del caso, resulte muy difícil -si no imposible- para el demandante, la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar. Por otra parte, como lo explica el profesor Alberto Bueres en el texto citado en el mismo numeral, el contacto físico o material entre un acto profesional y un resultado dañino no siempre puede ser decisivo para tener por configurada la relación causal, “pues en la actividad médica el daño no es, de suyo, en todos los casos, revelador de culpa o de causalidad jurídica (adecuada)”. Para ello, además, debe tenerse en cuenta que el enfermo acude al médico con su salud desmejorada, por lo cual, en ocasiones, resulta difícil establecer si el daño obedece a la intervención médica o se deriva de la evolución natural propia de la patología padecida por aquél.

En el caso concreto, consta en la historia clínica aportada en copia simple que el paciente padecía de “ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA, INSUFICIENCIA MITRAL Y TRICUSPIDEA y DISFUNCIÓN VENTRICULAR IMPORTANTE”, desde el 26 de abril de 1990 (folio 53 del c. 2), lo que le generó una pérdida de capacidad laboral permanente y total, por imposibilidad para realizar inclusive esfuerzos físicos mínimos, como el propio de la marcha (folio 11 del c. 2). Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Directora del Puesto de Salud de Pandi consideró, el 11 de agosto de 1993, que se trataba de una enfermedad “de mal pronóstico y que no mejora con el tiempo, sólo permanece estable, o inestable” (folio 12 del c. 2). El paciente padecía, entonces, una grave enfermedad, que lo incapacitaba totalmente para trabajar y permitió hacer un juicio pesimista sobre su evolución futura.

Adicionalmente, no se probó en el proceso que el señor Fidelio Forero fuera alérgico a la penicilina, y tampoco que el paro cardiorrespiratorio sufrido constituyera una reacción típica en caso de que el paciente tuviera aquella condición.

Por lo demás, en relación con lo expresado, debe tenerse en cuenta el concepto rendido por el Director Seccional de Cundinamarca del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el sentido de que no existe “un mecanismo efectivo para establecer si el fallecimiento [del señor Forero Morera] se debió a shock anafiláctico por el medicamento o a... la severa patología cardiovascular que se describe ampliamente en la historia clínica desde 1990, y que lo mantenía en una situación de incapacidad para actividad física de leves esfuerzos” (folios 175 y 176 del c. 2).

Debe observarse también que, según consta en la historia clínica mencionada, al paciente se le preguntó si, con anterioridad, le había sido aplicada penicilina, a lo cual respondió que sí, y no se estableció en el proceso que esta anotación fuera contraria a la verdad. 

En este orden de ideas, concluye la Sala que no se demostró en el proceso que el paro cardiorrespiratorio sufrido por el señor Fidelio Forero Morera se hubiera presentado como consecuencia de una falla en la prestación del servicio médico a cargo del Puesto de Salud de Pandi. Es claro, entonces, que la parte demandante no logró acreditar siquiera la relación de causalidad física, como primer elemento del proceso de imputación. 

Conforme a lo anterior, se impone confirmar el fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 3 de abril de 1997, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra BecerraAlier E. Hernández EnríquezRicardo Hoyos DuqueGermán Rodríguez Villamizar.

 

1 Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 24 de octubre de 1990. Expediente 5902. Actora: María Helena Ayala de Pulido.

2 Expediente 6897.

3 De esta evolución da cuenta el fallo expedido por la misma Corporación el 24 de agosto de 1992. Expediente 6754. Actor Henry Enrique Saltarín Monroy.

4 Sobre la aplicación de la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, que permite la corrección de la ley para evitar una consecuencia injusta no prevista por el legislador, ver sentencias de la Corte Constitucional C-1547 de 2000 y SU-837 de 2002.

5 Expediente 11.169.

6 Expediente 12.655.

7 Sentencia del 22 de marzo de 2001, expediente 13.284.

8 BUERES, Alberto J. Responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, p. 312, 313.

9 Teniendo en cuenta observaciones similares, la Sala ha hecho afirmaciones como estas, en fallos anteriores:
“Lo que interesa para los efectos de resarcimiento, y naturalmente, de la estructuración de la responsabilidad es, ante todo, la posibilidad de imputación o reconducción del evento dañoso al patrimonio de quien se califica preliminarmente responsable; esto ha de aparecer acreditado cabalmente, para no descender inoficiosamente al análisis culpabilístico” (sentencia del 7 de octubre de 1999, expediente 12.655).
“Ni aun en el evento de que se hubiera probado una falla del servicio habría lugar a declarar la responsabilidad del Estado mientras el vínculo causal no hubiera sido establecido, al menos como probable” (Sentencia del 22 de marzo de 2001, expediente 12.843).