Sentencia 1994-09970 de julio 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 21229

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Dilia Isabel Castro Montes

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, porque, para entonces, el monto de la pretensión mayor —$ 58.293.680—, superaba la cuantía exigida para que las sentencias proferidas en acciones de reparación directa, tuviesen vocación de doble instancia.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala resolver si la Nación-Ministerio de Defensa, debe responder por los daños ocasionados a la demandante por la muerte del infante de marina Alejandro Castro Castro, en hechos ocurridos el 15 de abril de 1994 en el corregimiento de Perijá-municipio de Simití-Bolívar al caer de un remolcador a aguas del río Madalena.

Hechos probados

De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:

3.1 Prueba documental.

3.1.1. De la unión de los señores Gabino Castro Marrugo y Dilia Castro Montes nació el señor Alejandro Castro Castro el 27 de febrero de 1971—fl. 7, cdno. ppal—.

3.1.2. Según consta en la orden administrativa 57 de 17 de marzo de 1993, para la fecha en que sucedieron los hechos el señor Alejandro Castro Castro, se desempeñaba al servicio de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Cartagena. Señala el documento —fl. 36, cdno. ppal.—:

ART. 1º—De conformidad con los establecido en el Decreto 370 de 1991, artículo 1º literal d, con fecha primero (1º) de febrero de 1993 considéranse dados de alta al servicio activo de la Armada Nacional como infantes de marina voluntarios, al siguiente personal de reservistas, destinados a la Primera Brigada de Infantería Marina - Cartagena - Compañía Contraguerrillas.

(...).

72045689 Castro Castro Alejandro.

3.1.3. El infante de marina Alejandro Castro Castro falleció el 15 de abril de 1994 en el corregimiento de Payares-municipio de Simití-Bolívar, por inmersión conforme obra en el certificado individual de defunción expedido el 18 de abril de 1994 por la Inspección Penal de Policía del corregimiento de Payares —13, cdno. ppal.—. No obstante, el 9 de junio se sentó el registro civil de defunción ante la Notaría Única de Simití-Bolívar, en el cual consta que el entonces nombrado murió por homicidio —fl. 45, cdno. ppal.—.

3.1.4. Según consta en el informe administrativo elaborado por el cabo primero de infantería William Zuluaga Mosquera enviado al Comandante del Batallón de Perijá, relativo a las circunstancias que rodearon el hecho —fl. 8, cdno. ppal.— se observa:

“El día 15 de abril el IMVL. Castro Castro Alejandro se encontraba de guardia con el IMVL. Carvajal Mesa Jorge Alexis como a las 24:40 (sic) escuché la voz de alarma de un marinero que sintió cuando una persona resvala (sic) y cae al río. Corrió para tratar de prestarle ayuda acompañado por varios infante (sic) de marina que acudieron a ese mismo fin todo fue tan rápido que no se le pudo prestar ayuda, el personal se encontraba de descanso cuando ocurrió este hecho.

Yo comandante del escolta me encontraba en descanso, inmediatamente cuando escuché la voz de alarma prosedí (sic) a buscarlo por la orilla del río pero todo fue imposible porque a esa hora no había medios para seguirlo buscando, regresé a llamar por radio para comunicarme con naviera 4, pero fue imposible la comunicación, esperé que amaneciera y lo seguí buscando con unos percadores (sic) pero ellos me decían que por colaborar conmigo, porque el salía a flote a las 24 horas.

Inmediatamente regresé y le aseguré el materiar (sic) de guerra y los documentos de identidad con 2.500 pesos que los tenía en la cartera que se encontraba en la tula.

3.1.5. Mediante orden administrativa 219 de 13 de julio de 1994, proferida por el Comandante de la Armada Nacional, el infante de marina voluntario Alejandro Castro Castro fue dado de baja por defunción —fl. 37, cdno. ppal.—.

3.1.6. Según Resolución 13352 de 28 de diciembre de 1994, el subsecretario general de la Armada Nacional reconoció a los señores Gabino Castro Marrugo y Dilia Isabel Castro Montes padres del infante de marina fallecido la suma de $ 5.396.400, por concepto de prestaciones sociales adeudadas al occiso —fl. 38, cdno. ppal.—.

El juicio de responsabilidad

La conducción de vehículos automotores, al igual que la navegación fluvial o marítima comporta una actividad que pone a las personas y a las cosas en riesgo anormal, en cuanto la actividad puede escapar al control de quien la ejerce, potencializando las posibilidades de daño como ocurrió en el caso sublite.

Aunque la Sala ha sostenido que la entidad está llamada a responder por los daños ocasionados en ejercicio de toda actividad peligrosa, sin que resulte necesario demostrar la existencia de una falla del servicio, porque en estos casos la responsabilidad se atribuye objetivamente a quien despliega la acción; para que surja la obligación de reparar se hace necesaria la existencia de un hecho imputable a la entidad pública demandada, la comprobación de un daño y la relación de causalidad entre uno y otro. En este caso, la censura del demandante resultó insuficiente para configurar la responsabilidad de la administración, en tanto la demanda no especifica, la conducta activa u omisiva que comprometa su responsabilidad, en los términos del artículo 90 constitucional.

En suma porque, para que surja la obligación de reparar, es necesario que estén presentes los elementos que configuran la responsabilidad de la administración y, en este caso lo único que se sabe es que la víctima resbaló de la cubierta de un remolcador cayendo al río Magdalena donde falleció.

En efecto, de la revisión de los distintos elementos de prueba, se observa que el cargo imputado por la parte demandante contra la Nación-Ministerio de Defensa no tiene vocación de prosperidad, en tanto no está probada la causalidad material entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de la administración.

De manera que, aunque aparece acreditado el fallecimiento del señor Alejandro Castro Castro el 15 de abril de 1994, cuando cayó de un remolcador en el que navegaba por el río Magdalena a la altura del corregimiento de Payares, municipio de Simití-Bolívar; desde el punto de vista fáctico u jurídico no hay relación material entre el daño antijurídico que su muerte ocasionó a sus padres y la conducta de la administración, como quiera que tampoco están demostradas las circunstancias previas y concomitantes que rodearon el hecho, ni las características del vehículo en el que el infante se transportaba.

Si bien, en la demanda se asegura que realizaba labores de patrullaje junto con los demás miembros de la unidad, no hay prueba que así lo indique. Solo se sabe que el infante resbaló de la cubierta de un remolcador que navegaba por el río Magdalena, sin que se conozca la actividad ejercida por la unidad de infantes de marina en dicho lugar.

Ahora, en relación con la causa del fallecimiento, se precisa que, independientemente de que en el registro civil de defunción sentado dos meses después de ocurridos los hechos, se consignara como causa del deceso -homicidio-, no quedó acreditado este hecho, aunado a que el demandante tampoco lo denuncia en la demanda; y no obra investigación penal o administrativa en tal sentido. Además, el certificado individual de defunción expedido por el Inspector Penal de Policía del corregimiento de Payares consigna como causa de la muerte -inmersión- y en la demanda no se contradice el documento.

La única prueba existente sobre los hechos lo constituye el informe elaborado por el cabo primero de infantería William Zuluaga Mosquera al mando de la unidad el día de los hechos, el cual, en lo fundamental, coincide con las afirmaciones puestas de presente por la parte actora en el sentido de asegurar que la víctima resbaló de la cubierta y cayó en el río Magdalena donde falleció.

En consecuencia, aunque se encuentra acreditado que el infante de marina voluntario Alejandro Castro Castro murió el 15 de abril de 1994 al caer de un remolcador en el que navegaba en aguas del río Magdalena y que para entonces se encontraba de servicio. Esta sola circunstancia, tampoco permite inferir que dicho accidente tuviera relación con actos propios del servicio ni con ocasión del él, lo único que se sabe es que el hijo de la actora resbaló del remolcador en el que se transportaba, sin que la demandante haya precisado la conducta positiva o negativa imputable a la administración y tampoco se probó que la víctima hubiera sido expuesta a un riesgo mayor que el normal propio de sus funciones.

Por otro lado, las imputaciones del demandante relativas a que la patrulla no estaba obligada a prestar el servicio de seguridad al remolcador, no tienen sustento probatorio, antes por el contrario, corresponde al Estado por conducto de los integrantes de la fuerza pública velar por la seguridad de sus asociados, en cuanto es su deber constitucional garantizarlo.

Por último, se observa que el infante de marina ingresó voluntariamente al servicio y que, de acuerdo con la naturaleza de las labores propias de su vinculación, asumió los riesgos que comporta ejercer labores de patrullaje, de modo que cualquier reclamación o compensación que esté pendiente será del conocimiento del juez contencioso laboral, en tanto no está probado que hubiera sido expuesto a un riesgo mayor o distinto al de sus funciones.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primer grado que niega las pretensiones, comoquiera, que el hecho dañoso no es imputable a la demandada.

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión-Sede Barranquilla el 20 de octubre de 2000, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

SIN COSTAS por no aparecer causadas.

DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».