Sentencia 8001-31-03-002-1994-12835-02 de diciembre 16 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

EXCEPCIONES NO FORMULADAS EN EL PROCESO EJECUTIVO

No pueden discutirse mediante proceso ordinario.

EXTRACTOS: «Sea lo primero recordar que este proceso tuvo como antecedente un juicio ejecutivo en el que las aquí demandantes, allá demandadas, nada dijeron de la nulidad que ahora esgrimen en proceso ordinario; acontece entonces que las sociedades demandantes no hicieron resistencia pretextando nulidad en el escenario natural previsto por el ordenamiento jurídico para hacerlo, pues tal reclamo debió plantearse en aquel proceso ejecutivo en el que se hizo efectivo el gravamen hipotecario. Para la Corte, como la nulidad no fue formulada en el momento y lugar que correspondía, precluyó la oportunidad para someter a la jurisdicción la anomalía alegada, es decir, la invalidez no podría prosperar ahora, si hubo silencio en la ocasión propicia para plantear que el defecto del acto impedía la ejecución, razón definitiva para que el tribunal desestimara la pretensión de nulidad.

No cabe duda que el tribunal sí consideró relevante el silencio que a propósito de la nulidad sustancial observó el demandado —hoy demandante— en el proceso ejecutivo. Así, tuvo en cuenta ese juzgador que “a pesar de haber presentado a través de apoderado judicial excepciones de mérito los aquí demandantes dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario que se siguió en su contra en el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad [Barranquilla], por parte del banco demandado, en ningún momento atacaron los contratos de hipoteca, todo lo contrario, los aceptaron expresamente”, entonces, el juez de segundo grado dejó sentado que el saneamiento de los negocios provino de la ratificación tácita de las partes, con lo cual reconoció que agotada la oportunidad concedida en el trámite ejecutivo, no era posible proponer la nulidad absoluta de las hipotecas, como se hizo tardíamente en el presente proceso ordinario.

Sobresale a manera de conclusión parcial, que las sociedades aquí demandantes persiguen dejar sin piso la ejecución adelantada en su contra, para lo cual pretenden la nulidad del título hipotecario, misma que omitieron implorar cuando tuvieron la ocasión en el trámite ejecutivo que protagonizaron en calidad de demandadas. Es de ver que las firmas Mandonnet & Vengoechea Ltda. y Carbo & Navarro Ltda. propusieron en el proceso ejecutivo, sin éxito, las excepciones de mérito que denominaron “pago parcial”, “pago”, “prescripción y caducidad” y “las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor” (fls. 5 vto., 7, 10 y 12 respectivamente del cdno. 3), pero en ningún momento aludieron defensas vinculadas a la nulidad absoluta de los títulos hipotecarios, ni cuestionaron la validez de las garantías reales que dieron vida al proceso ejecutivo, de donde viene que la oportunidad de hacerlo feneció con la fase de oposición de aquel juicio. No cabe duda que quien dice haber pagado una obligación —así lo hicieron las sociedades demandantes en el proceso ejecutivo en que fueron demandadas—, con ello está observando una conducta que puede ser tomada como equivalente del cumplimiento, con mayor razón si omite cualquier alegación sobre la nulidad del gravamen. [...].

En eventos similares, en que los demandantes intentan debatir en proceso ordinario la validez del título con fundamentos omitidos en el proceso ejecutivo, la Corte concluyó el fracaso de la pretensión de nulidad, pues si ellos dejaron de proponer tal medio de defensa dentro del término previsto por el artículo 509 —numeral 2º del 554 del Código de Procedimiento Civil, para el proceso ejecutivo hipotecario—, “deviene inexorablemente la preclusión contra el ejecutado, impidiéndole invocar después en un proceso ordinario hechos que se hubieran podido alegar como tales excepciones en el trámite de la ejecución; si así no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer efectivo el pago de las obligaciones perdería su razón de ser, amén de que quedaría al talante del ejecutado optar por acudir allí a oponerse al cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspirado su omisión, y dejar para ir después a la vía ordinaria a exponer sus defensas, proceder este que no solo atentaría contra la seguridad jurídica y la lealtad procesal, sino que le otorgaría a la ejecución coactiva judicial un carácter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley” (Sent. Cas. Civ. de 10 de septiembre de 2001, Exp. 6771).

Es que, dada la naturaleza jurídica que tiene el proceso ejecutivo en nuestro medio, que permite una fase para que las partes intenten desvirtuar el mérito sustancial de los actos que son fuente de las obligaciones objeto de recaudo, resulta inaceptable que con posteridad a la etapa de contradicción del título ejecutivo, puedan los deudores plantear un tema propio de las excepciones, recurriendo al proceso ordinario, si es que tal defensa fue inédita en el procedimiento ejecutivo antecedente. En últimas, si las partes celebraron un negocio jurídico que una de ellas adujo como fundamento de la ejecución, las irregularidades y vicios del acto deben alegarse dentro del proceso ejecutivo; y el silencio de los ejecutados genera los efectos preclusivos que la jurisprudencia ha reconocido.

No está demás señalar que de conformidad con el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que resuelve las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo hace tránsito a cosa juzgada, imperativo del cual no puede escapar el demandado con solo dejar de proponer la excepción o haciéndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante de la pretensión. El silencio del demandado sobre un medio de defensa que a su haber tenía contra el título ejecutivo, no puede quedar impune, ni deja abierta la jurisdicción para que dicha excepción sea discutida mediante proceso ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado no solo desconoce el alcance del artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, sino que se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la que podría afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocaría en un ámbito bastante relativo la cosa juzgada. El tránsito de un negocio jurídico por el proceso de ejecución, en línea de principio, depura definitivamente la relación sustancial, porque nada justificaría que el deudor callara una excepción para luego poner en disputa el valor de la cosa juzgada y la seguridad jurídica que ella depara a las partes y a terceros.

Por lo tanto, si las partes pretendían alegar la nulidad absoluta del gravamen hipotecario, el lugar adecuado para expresar ese interés no es otro que el ámbito del proceso ejecutivo en el que se reclama el pago de las obligaciones que tienen fuente en el contrato presuntamente nulo».

(Sentencia de casación, 16 de diciembre de 2005. Expediente 08001-31-03-002-1994-12835-02. Magistrado Ponente: Dr. Edgardo Villamil Portilla).

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