Sentencia 11001-31-03-018-1994-1325 de noviembre 22 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

COPIAS APORTADAS AL PROCESO POR LAS PARTES

Valor probatorio

EXTRACTOS: «Ahora bien, con prescindencia de un estudio sistemático y detenido que pudiera la Corte realizar en torno a los documentos originales y a las copias y su correspondiente aducción a un proceso, se observa delanteramente que el tribunal incurrió en el error de derecho denunciado, cuando le desconoció eficacia probatoria a los documentos que se acompañaron con la demanda, apoyado únicamente en la razón de no reunir los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, sentando, sin más, la regla general de que toda copia al carbón era probatoriamente inadecuada, razonamiento que, por absoluto, no resulta atinado, ya que tal clase de documento, en ciertas hipótesis puede tener eficacia probatoria, bien porque califique como original, bien como copia, en el primer evento, porque lo que hace “original” a un documento “…no es el mecanismo utilizado para hacer constar en el papel, para el caso, la declaración de voluntad, sino la certeza de que esta es la expresión primitiva, por no repetir original, de quien la emitió” (sentencia 30 de mayo de 2003, Exp. 200300040-01), mientras que en el segundo, porque cumpla alguna de las exigencias previstas en la ley. Al fin y al cabo, una copia al carbón de un documento debidamente firmado por su autor, según el caso, puede considerarse auténtica.

El razonamiento del sentenciador, aunque prima facie pudiera parecer de recibo, en puridad, deviene especulativo y sobre todo conjetural, habida cuenta que el ad quem no determinó si las copias de los referidos documentos habían sido aportadas por su autor —caso en el que podrían tener validez—, o si el notario había tenido al frente suyo uno o varios originales cuando procedió a realizar la diligencia de autenticación de los mismos, lo que significa que tales piezas documentales fueron descartadas sin un argumento contundente y arropador, para el caso en comentario, que implicó desconocer su eficacia probatoria, a la postre, sin parar mientes en que ellas fueron allegadas oportunamente al proceso por la parte demandante, hecho este de indiscutida importancia procesal con el que aquella, de una u otra manera, reconoció la autenticidad de tales probanzas, lo que no mereció un análisis mesurado desde el punto de vista de su significación probatoria, no obstante que estas no recibieron objeción de la parte demandada, ni reparo del juez de primera instancia.

Es que si bien el mérito probatorio de una copia depende de su autenticidad, esta se puede establecer no solo por vía de atestación notarial, sino también por reconocimiento efectuado en el marco de un proceso, reconocimiento que, como es sabido, puede ser expreso —espontáneo o provocado— o implícito, según que el documento se haya aportado al proceso bajo la afirmación de haber sido manuscrito o firmado por la contraparte (CPC, art. 252, num. 3º), o que se hubiere adosado por quien lo elaboró, escribió a mano o signó (art. 276, ibíd.).

Por tanto, cuando un documento es aportado por la parte que, ex ante, lo elaboró y firmó, sin ser tachado de falso por ella o por la parte contra quien se presenta, ello es importante, no es menester detenerse a examinar si se trata de original o de copia y, en esta última hipótesis, si cumple con las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pues la autenticidad, en ese evento, se deduce o emerje de su aportación, sin protesta.

Ciertamente, el tribunal admitió en su fallo que las copias fueron aportadas por la demandante, y que ellas no fueron tachadas de falsas por la parte demandada, pero no reparó en el singular y diciente significado que —desde la óptica probatoria— tenía la aportación de los pluricitados documentos, ni en la presencia en el expediente de otros, v.gr. los soportes de la reclamación (fl. 37, cdno. 1) y el recibo de pago de la indemnización en el que aparece estampado el número de la póliza y del certificado de seguro (fl. 47, ibíd.), que le hubieran permitido clarificar o despejar cualquier duda que pudiere existir en torno a la autenticidad de tales documentos.

Precisamente en relación con la aportación de documentos, esta Sala ha señalado que es “un importante elemento de análisis que no puede pasar desapercibido haciéndole juego, por añadidura, a una rígida lógica formalista para la cual, valga apuntarlo, no suministra explicación razonable ni siquiera el reconocido carácter de orden público que se le atribuye a las normas legales que en el marco general del denominado procedimiento probatorio, fijan los límites subjetivos u objetivos de admisibilidad de las pruebas en el proceso civil, ya que si bien es cierto que a los jueces no les es permitido tomar en consideración para fundar sus decisiones más que las pruebas que les han sido proporcionadas de modo regular, también resulta ser igualmente cierto que por imperativo de elementales criterios ético-jurídicos, un principio general de esta naturaleza tiene que ser llevado a la práctica con prudente juicio y luego de examinar el comportamiento procesal desplegado por el litigante que con su aplicación resulte beneficiado, habida cuenta que casos hay, y el presente expediente es significativa muestra de uno de ellos, en que ese comportamiento inicial, en cuanto concluyente e inequívoco en poner de manifiesto una aquiescencia tácita respecto del valor demostrativo integral de determinado medio probatorio a pesar del vicio existente, excluye la posibilidad de que aquel, cambiando su posición y contrariando en consecuencia sus propios actos anteriores en los que otros, particulares y autoridades, fundaron su confianza, pretenda obtener ventaja reclamando la descalificación de dicho medio por estimarlo inadmisible” y que “siempre deben hacerse compatibles drásticas reglas de procedimiento probatorio, como lo son por ejemplo en el ámbito de la evidencia de tipo documental las contenidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con caracterizadas exigencias de buena fe, en especial con aquella que rechaza las conductas contradictorias y obliga a quienes en actitudes de esta estirpe incurren, a responder por las consecuencias de la confianza suscitada, propósito este de suyo laudable que puede alcanzarse en la medida en que se distinga el documento producido, de un lado, y del otro el acto de producirlo en función probatoria lo que, por sabido se tiene, le está de ordinario reservado a las partes, entendiendo entonces que no se trata de otorgarle al primero una cualidad que la ley le niega, cosa que evidentemente no es factible hacer con solo valerse del postulado en cuestión, sino que se trata de imprimirle seriedad y estabilidad al segundo, impidiendo el ejercicio posterior de facultades procesales que, sin embargo de ser legítimas en abstracto, lo contradicen y por ende deben ser paralizadas” (CCLII, vol. I, 626, 627).

Finalmente, aunque el tribunal señaló que solo con el original de la póliza se probaba el contrato de seguro, la Sala observa que tal original se entrega al tomador, de ordinario, poco tiempo después de perfeccionarse el referido negocio jurídico (C. Co., art. 1046), por lo que el asegurador tendría una seria dificultad, ello es medular, para aportarlo con la demanda, habida cuenta que ya no se encuentra en su poder, por la potísima razón de haberse entregado con antelación. Es más, en la actualidad, el artículo 3º de la Ley 389 de 1997, modificatorio del artículo 1046 del Código de Comercio, reiteró la obligación del asegurador de entregar el original de la póliza al tomador dentro del plazo allí previsto, y dispuso a la vez, en el parágrafo de la misma norma, que el primero “está obligado a librar a petición y a costa” del segundo, “duplicados o copias de la póliza”, puesto que, en cumplimiento de ese específico mandato, se reitera, el original ha sido entregado previamente al tomador, perspectiva desde la cual la tesis del tribunal —antes y después de la prenotada reforma legislativa— no resulta tampoco de recibo, por cuanto para los efectos propios del artículo 1096 del Código de Comercio, no solo con el original de la póliza puede demostrarse que otrora se celebró el contrato de seguro.

En suma, el ad quem incurrió en el error de derecho denunciado cuando consideró que los documentos acompañados con la demanda que demostraban la celebración del contrato de seguro, no eran documentos idóneos probatoriamente, yerro que tiene la virtud de resquebrajar el fallo impugnado en casación, y que obliga a la Sala, en consecuencia, a dictar la correspondiente providencia de reemplazo».

(Sentencia de casación, 22 de noviembre de 2005. Expediente 11001-31-03-018-1994-1325. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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