Sentencia 1995-00047 de abril 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 05001-23-26-000-1995-00047-01(20159)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Aura Rosa Rendón de Estrada y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, dado que para el momento en el cual se propuso el recurso de apelación, la cuantía de la demanda alcanzaba aquélla exigida para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera segunda instancia ante esta corporación (D. 597/88)(1).

2. Responsabilidad de la entidad demandada.

Se anticipa que la decisión adoptada por el a quo habrá de confirmarse dado que el acervo probatorio recaudado no permite imputar a la demandada el daño por el cual se reclama indemnización, con fundamento en las siguientes consideraciones.

2.1. El daño que se imputa a la entidad demandada.

2.1.1. Está demostrado que el señor Yony de Jesús Estrada Rendón falleció el 1º de enero de 1993, como consecuencia de un shock neurogénico ocasionado por múltiples heridas causadas con arma de fuego, según se acreditó con los siguientes documentos:

(i) Certificado del registro civil de la defunción del señor Yony de Jesús Estrada Rendón (fl. 6, cdno. 1), en el cual se dejó consignado como causa de la muerte “muerte violenta chock (sic) neurogénico”.

(ii) Copia auténtica del acta de necropsia elaborada el 2 de enero de 1993, por el hospital San Fernando de Amagá-Antioquia, en la cual se indicó que “el deceso de quien en vida respondió al nombre del Johny (sic) de Jesús Estrada Rendón, fue consecuencia natural y directa de la herida Nº 1, la cual le produjo shock neurogénico por laceración encefálica por penetrante a cráneo por proyectil de arma de fuego, dicha herida tenía connotación esencialmente mortal” (fl. 221, cdno. 1).

2.1.2. Igualmente, está acreditado que la muerte del señor Yony de Jesús Estrada Rendón causó daños morales a las siguientes personas: Aura Rosa Estrada de Rendón y Oscar Emilio Estrada Ramírez quienes demostraron ser sus padres y también a los demandantes Jorge Eliécer, Yesenia María, Robinson Andrés, Samuel Emilio y Bairon de Jesús Estrada Rendón, quienes demostraron ser sus hermanos según se constata en los certificados de las actas de registro civil de nacimiento del fallecido y de los demás demandantes (fls. 5 y 6 a 15, cdno. 1).

La demostración del parentesco en el primer y segundo grados de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que éstos sufrieron con la muerte de aquél.

Del dolor y la aflicción que sintieron los familiares del señor Estrada Rendón, dan cuenta también los testimonios rendidos en el proceso por los señores Jorge William Osorio Montoya (fl. 237 a 238, cdno. 1), Mario Herrera Guzmán (fl. 239, cdno. 1) y Alberto López Herrera (fl. 240, cdno. 1), quienes conocían a los parientes de la víctima y fueron testigos del sufrimiento expresado por ellos con la muerte de su hijo y hermano.

2.2. La muerte del señor Yony de Jesús Estrada Rendón fue causada por el suboficial del Ejército Carlos Mario Restrepo Chavarriaga.

2.2.1. No fue objeto de controversia en el proceso el hecho de que la muerte del señor Yony de Jesús Estrada Rendón hubiera sido causada por el señor Carlos Mario Restrepo Chavarriaga, hecho que, además, se encuentra suficientemente respaldado con las pruebas documentales allegadas al proceso, principalmente con las providencias dictadas en el trámite del proceso penal, a las cuales la Sala hará referencia en capítulo posterior de esta sentencia.

2.2.2. Tampoco existe duda en cuanto a que al momento de ocurrencia del hecho de que trata este proceso, el señor Carlos Mario Restrepo Chavarriaga tenía la calidad de suboficial del Ejército. Así se acreditó con el informe rendido por el Comandante de la Décima Brigada Aerotransportada del Ejército Nacional de 8 de agosto de 1997, dirigido al a quo, en el que se indicó que el señor Restrepo Chavarriaga era suboficial del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Infantería Nº 28 Colombia (fl. 245, cdno. 1).

2.3. Sobre el nexo con el servicio y la atribución de responsabilidad al Estado.

De acuerdo con jurisprudencia reiterada de la Sala, las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público(2) y la simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública.

En doctrina que la Sala ha acogido en reiterada jurisprudencia, se señala que para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que ésta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público:

“…no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación de responsabilidad a la administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de éste pueda calificarse como propia del ‘funcionamiento de los servicios públicos’. Es decir que la conducta del agente de la administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. “Por tanto, la administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce ‘en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda cualificación jurídico-pública”(3).

2.3.1 En el proceso el daño no es imputable a la entidad demandada toda vez que la actuación del servidor público no tuvo nexo con el servicio.

En el presente asunto, la parte actora imputó responsabilidad a la entidad demandada por la muerte del señor Estrada Rendón, bajo el supuesto de que las pruebas allegadas al expediente permiten concluir que dicha muerte fue causada por un miembro del Ejército Nacional, circunstancia que hace responsable a la entidad demandada, toda vez que se encontraba en el deber de vigilar y garantizar que sus funcionarios respetaran la vida y la integridad de los ciudadanos.

Para efectos de estudiar la responsabilidad de la entidad demandada, se establecerán en primer lugar las pruebas que resultan evaluables sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Estrada Rendón y después se analizarán los hechos demostrados con el fin de determinar si el daño que se causó es imputable a la entidad demandada.

Sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Estrada Rendón, se valorarán los documentos que en copia auténtica fueron aportados al proceso así como los testimonios recibidos en el trámite del mismo.

Así mismo, en relación con las circunstancias antecedentes, concurrentes y posteriores al hecho, aducidas en la demanda, obran las copia auténticas de las decisiones tomadas por los jueces que conocieron del trámite del proceso penal seguido en contra del señor Carlos Mario Retrepo Chavarriaga, por la muerte del señor Yony de Jesús Estrada Rendón, las cuales fueron aportadas a solicitud de ambas partes y por tanto serán valoradas sin necesidad de ratificación, precisamente porque su incorporación al proceso tuvo el aval de las dos partes, evento en el cual, la Sala ha entendido que no se hace necesaria tal ratificación para tener por surtida la contradicción de la prueba.

El acervo probatorio así conformado, no permite concluir que en realidad la muerte del señor Estrada Rendón, hubiere ocurrido como consecuencia de un hecho ejecutado por su victimario en nexo con el servicio, toda vez que las circunstancias en las que la misma ocurrió, fueron las siguientes:

(i) El sitio en el cual se produjo la muerte del señor Estrada Rendón fue en el corregimiento la Estación municipio de Angelópolis-Antioquia, en la tienda de la señora Irene Cano, en instantes en los cuales la víctima se acercó a la puerta de dicho establecimiento de comercio y el señor Restrepo Chavarriaga, quien se encontraba al interior de la misma le propinó varios disparos que le quitaron la vida. Las siguientes declaraciones acreditan la conclusión de la Sala:

— Testimonio del señor Jorge William Osorio Montoya, al cual la Sala ya se refirió en el acápite relacionado con el daño sufrido por los demandantes y quien presenció la forma en que se desenvolvieron los hechos en los cuales resultó muerto el señor Estrada Rendón. El testigo relató lo sucedido de la siguiente manera:

“A Jhony (sic) lo conocí de toda la vida en la Estación, igualmente a Carlos Mario Restrepo porque somos del mismo corregimiento. De los hechos: yo estaba parado en frente de la tienda de Alba Luz Velásquez, cuando yo vi que pasó Jhonny (sic) de la heladería la Toscaza al negocio de Irene Cano, cuando él sin entrar aún al negocio, sale el señor Carlos Mario Restrepo, se sacó la pistola y le pegó un tiro en el pie a Jhonny (sic), aclaro la pistola la sacó Carlos Mario de la cintura, después de que le dio el tiro en un pie a Jhony éste cayó al piso y ahí mismo lo remató en el piso. Yo me acuerdo que le pegó un tiro en un pie y el otro en la cabeza, fueron dos tiros lo que escuché…” (fls. 237 a 238, cdno. 1).

En otro aparte de su declaración el testigo, ante la pregunta que le hiciera el juez en relación con el hecho de si se presentó una discusión o forcejeo entre la víctima y su agresor, contestó: “no hubo palabras, solamente observé lo que ya dije, se apoyó en la puerta de entrada al negocio de Irene Cano y el otro se paró sacó el arma y le disparó”.

— Testimonio del señor Jonny Alberto Rojas Cano, quien estuvo presente en el momento de los hechos y narró:

“Sí yo distinguí a Jhony (sic) y también a Carlos Mario Restrepo, porque soy nacido y criado en la Estación y ahí los conocí. Bueno, el primero de enero del 93 que me encontraba yo en la Toscaza, una heladería que hay al frente de la garita, que es el negocio de la señora Irene Cano, me encontraba tomándome una cerveza afuera en el corredor cuando llegó Jhony (sic) y me pidió una gaseosa, yo le dije que se la tomara, entonces me dijo tocayo pídeme la gaseosa que yo voy a ir allí donde Irene y yo le pedí una pepsicola, me dijo estas palabras ‘tocayo voy a donde Irene ya vengo’, eso fue como entre una o una y media de la tarde, salió y cuando iba a entrar a la puerta de entrada de la garita o negocio de Irene sonaron los disparos y ahí fue cuando Jhony (sic) cayó a la orilla de la carretera, porque entre la toscasa (sic) donde estaba yo a la garita no los separa sino la carretera y ya el señor Carlos Mario salió corriendo por la carretera arriba” (fl. 228 vlto. a 229, cdno. 1).

En este mismo sentido obra la declaración del señor Rubén Darío Cano Velásquez (fls. 227 a 228, cdno. 1), testigo presencial de los hechos y quien afirmó que el señor Restrepo Chavarriaga le disparó al señor Estrada Rendón una vez que éste trató de ingresar al establecimiento comercial de propiedad de la señora Irene Cano.

(ii) El señor Restrepo Chavarriaga era miembro del Ejército Nacional, según se acreditó con el informe rendido por el comandante de la Décima Brigada Aerotransportada del Ejército Nacional, Henry Fernández Mendoza, de 8 de agosto de 1997, en el que se certificó que el señor Restrepo Chavarriaga para la época de los hechos era suboficial del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Infantería Nº 28 Colombia (fl. 245, cdno. 1).

(iii) La acción armada emprendida por el suboficial del Ejército Nacional en contra del señor Yony de Jesús Estrada Rendón, tuvo como móvil una vieja rencilla personal entre éstos. Así se acreditó con las siguientes pruebas:

— Providencia de 6 de junio de 1995, proferida en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Titiribí, en la que se concluyó lo siguiente:

“La rivalidad era, entones, de dominio público, en el corregimiento “La Estación” de Angelópolis. Johny (sic) Alberto Rojas Cano se enteró que el procesado había hecho correr al ahora occiso y a Conrado Pérez Quiroz. Es muy probable que la causa del antagonismo haya sido la relatada por el padre de la víctima, Oscar Emilio Estrada Ramírez, en el sentido de contárselo ‘(…) que lo había hecho correr dos veces en el sector de marquetalia (sic), dizque porque una vez lo mandó a comprar unos bazucos y el hijo mío se sopló dos antes de llevárselos y por eso lo hizo correr con una pistola y desde ahí, según se comenta viene el problema’ (fl. 1). Versión ratificada por Jorge William Osorio Montoya (fl. 2, vto.). Las cosas debieron suceder así, si se repara en que la madre del hoy fenecido no niega que era vicioso (fl. 45, vto.).

“Así las cosas, se hace patente el móvil de la conducta desplegada al medio día del primero de enero de 1993 por Carlos Mario Restrepo Chavarriaga: saldar la rivalidad existente con Johnny (sic) de Jesús Estrada Rendón”.

(…).

“Ha quedado sin piso, en consecuencia la presunta legítima defensa esgrimida por el acusado y el defensor. Fue Carlos Mario Restrepo Chavarriaga quien movido por la enemistad profesada a la víctima, lo hirió con intención de matar. Como se dijo fue el homicidio la culminación del antagonismo reinante entre los sujetos activo y pasivo hostilidad de la que dieron (sic) de (sic) varias personas” (fls. 19 a 135, cdno. 1).

La anterior providencia fue confirmada en segunda instancia mediante sentencia de 11 de agosto de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Antioquia.

Sobre este aspecto, es pertinente señalar que la Sala, en criterio que ahora se reitera, ha sostenido que la sentencia penal condenatoria tiene valor probatorio en el proceso administrativo, en relación con las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la responsabilidad del agente estatal e inclusive en lo que tiene que ver con el nexo con el servicio, dado que constituye prueba documental en el proceso(4).

Así en sentencia de 13 de agosto de 2008(5), la Sala sostuvo lo siguiente:

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad.

— Testimonio de la señora María Solangel Piedrahita Acevedo, en el cual la testigo expresó:

“A Jhony (sic) lo distinguí ahí en la Estación desde que era pequeño, era vecino de nosotros. Vea antes de matarlo a él, dos meses ante yo subía a llevarle almuerzo al marido mío y el que lo mató, ese que llaman picho, hijo de Guillermina picho, subía a llevar almuerzo y el difunto Jhony (sic) estaba en el corredor de la casa de la difunta Lola, cuando ese otro picho subía y entonces hizo tirar a Jhony por ese cafetal pa (sic) bajo, con un revolver en la mano, yo se lo vi y entonces aperé el paso, porque de pronto me daba con eso. Ya cuando bajé no había nada por ahí, ese día no hizo disparos sino que hicieron correr a Jhony…Preguntada: Manifieste al despacho si Ud. tuvo conocimiento en qué laboraba para la época en que sucedieron los hechos el señor Carlos Mario Restrepo Chavarriaga, conocido por Ud. como picho? Contestó: El venía mucha veces vestido de soldado pero ese día que mató al difunto Jhony (sic) no sé si estaba vestido de civil o de soldado porque ahí mismo se voló” (fl. 231, cdno. 1).

(iv) Que el suboficial Carlos Mario Restrepo Chavarriaga, para la fecha de la ocurrencia de los hechos, se encontraba de licencia. Así se acreditó con los siguientes documentos:

— Informe rendido por el comandante de la Décima Brigada Aerotransportada del Ejército Nacional de 8 de agosto de 1997, al cual ya se refirió la Sala, en el sentido de que: “El comando del batallón de infantería Nº 28 ‘Colombia’, había concedido una licencia a Restrepo Chavarriaga y por consiguiente para el día de los hechos disfrutaba de la misma, por lo tanto no se encontraba cumpliendo ninguna orden de servicio como militar”.

— Informe de la misma fecha y suscrito por el mismo funcionario en el que certificó que “Para el día antes mencionado [ene. 1º/93] el señor Restrepo Chavarriaga se encontraba disfrutado de una licencia concedida por el Comando del Batallón de Infantería Nº 28 ‘Colombia’, unidad a la cual pertenecía” (fl. 245, cdno. 1).

(iv) Que el arma con la cual el señor Restrepo Chavarriaga le causó la muerte al joven Estrada Rendón era de uso personal, razón por la cual además de la condena impuesta por homicidio, se le encontró responsable del delito de porte ilegal de armas. Así se constata con la providencia de 6 de junio de 1995, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Titiribí, confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia en sentencia de 11 de agosto de 2005, a las cuales la Sala ya se refirió. La sentencia de primera instancia, en lo pertinente concluyó:

“Por tanto, Carlos Mario Restrepo Chavarriaga, dolosamente violó los artículos 3º del Decreto-Ley 100 de 1990 (C. Penal), y primero del Decreto 2263 de 1991, canon inicial, cuando al medio día del primero de enero de 1993, segó la vida de Johnny de Jesús Estrada Rendón con arma de fuego de defensa personal, sin verificar causal alguna de exoneración de antijuridicidad o culpabilidad”.

La condena impuesta en dicha sentencia fue la siguiente:

Primero: Condénase a Carlos Mario Restrepo Chavarriaga a diez (10) años y cinco (5) meses de prisión, al ser encontrado penalmente responsable del concurso heterogéneo de homicidio simple intencional (D. 100/90, arts. 36 y 323 o C. Penal) y violación del artículo primero del Decreto 2263 de 1991 (porte ilegal de arma de fuego de defensa personal), cometidos el primero de enero de 1993, en detrimento de la vida de Johnny (sic) de Jesús Estrada Rendón y la seguridad pública.

De conformidad con lo que se acreditó en el proceso, fuerza concluir que la muerte causada al joven Estrada Rendón por parte del señor Restrepo Chavarriaga, no tuvo ningún nexo con servicio, porque ni la calidad de servidor que ostentaba el autor del ilícito penal, ni las funciones que le correspondía cumplir en tal calidad tuvieron incidencia en el hecho, ni tampoco el daño se produjo con ocasión del cumplimiento defectuoso de dichas funciones.

En efecto, según se acreditó en el expediente, el señor Restrepo Chavarriaga, si bien tenía la calidad de suboficial del Ejército, no se encontraba de servicio al momento en que ocurrieron los hechos, como quiera que le había sido otorgada una licencia por sus superiores para ausentarse de sus labores en consecuencia su actuación se desenvolvió en el marco de su esfera privada y no fue propia del servicio público que como agente del Estado le correspondía.

Así mismo, en el proceso se demostró que el suboficial Restrepo Chavarriaga no tenía a su disposición armas de propiedad del Ejército Nacional, toda vez que, de conformidad con las providencias proferidas en el trámite del proceso penal, el arma utilizada por dicho funcionario era de defensa personal, razón por la cual fue condenado por la comisión de la conducta tipificada como porte ilegal de armas, de manera que tampoco por este aspecto puede derivarse nexo alguno con el servicio, ni mucho menos la falla imputada en la demanda, consistente en el incumplimiento de los deberes de guarda y de custodia que tenían los superiores sobre las armas de dotación oficial y que implicaban exigirle al funcionario que devolviera aquella que le fue entregada para el cumplimiento de sus deberes.

Así las cosas, la Sala concluye que no se puede imputar responsabilidad a la entidad demandada por la muerte del señor Yony de Jesús Estrada Rendón, como quiera que no se produjo en circunstancias que permitieran afirmar la existencia de un nexo entre el daño reclamado en la demanda y el servicio público a cargo de la misma, razón por la cual no hay lugar a condenarla a reparar los perjuicios sufridos por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 3 de noviembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.»

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 1994, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 9.610.000 y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a la suma de $ 22.000.000, solicitados como daño moral, a favor de cada uno de los demandantes.

(2) En sentencia de 26 de septiembre de 2002, expediente 14.036, dijo la Sala: “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del Policía Nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”.

(3) Andrés E. Navarro Munuera. La ampliación de la responsabilidad patrimonial de la administración a los daños ocasionados por sus funcionarios o agentes actuando al margen del servicio público, en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 60, octubre-diciembre de 1988. Se analiza en el artículo la sentencia del Tribunal Supremo de España del 27 de mayo de 1987, que concedió a los demandantes la indemnización por la muerte de su hijo ocasionada por un agente de la policía con arma de fuego reglamentaria, pero quien disfrutaba de sus vacaciones, en aplicación de la teoría del riesgo como título de imputación).

(4) Así lo ha reiterado la Sala, entre muchas otras, en sentencias de 2 de noviembre de 1989, expediente 5625, 19 de noviembre de 1998, expediente 12.124 y 8 de mayo de 2000, expediente 11.952.

(5) Sentencia de 13 de agosto de 2008, expediente 16.533.