Sentencia 1995-00079 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Exp. 30.785

Rad.: 05001233100019950007901

Demandante: Héctor de Jesús Gómez Londoño

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 27 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, Sala de Descongestión, en el caso sub examine.

2. De la cuantía.

Si bien, de conformidad con lo deprecado por perjuicios morales el proceso en principio no tendría vocación de doble instancia, se advierte que una vez realizada la liquidación del lucro cesante consolidado, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Sección Tercera, se tiene la cuantía requerida para asumir en esta instancia el conocimiento del mismo, la cual asciende en este caso, a la suma de $10’350.000 pesos(1).

3. Ahora bien, ha de precisarse que las pruebas practicadas en el proceso tramitado ante la justicia penal militar, pueden valorarse, en consideración a que la Sala ha determinado, en jurisprudencia reiterada, que los medios probatorios obrantes en esa condición fueron practicados con audiencia de la demandada(2).

4. De los elementos demostrativos recaudados se destacan los siguientes:

4.1. Acta de inspección judicial realizada por la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalía de Segovia, del 2 de marzo de 1993, sobre el vehículo Toyota placas Nº NFE 445, en la que se anotó:

“La suscrita jefe de fiscalías de Segovia en asocio del secretario de la unidad, se trasladó, al frente de las instalaciones del Comando de la Policía con el fin de practicar inspección judicial al vehículo retenidos y dejado a disposición de la Fiscalía (...) constatando que se trata del mismo vehículo de que trata esta investigación, o sea (sic), un Toyota de placas NFE 445 de Medellín, se revisa la puerta trasera que es única y abre de derecha a izquierda y esta presenta veintisiete (27) orificios de entrada y por la parte interior presenta veinte orificios de salida, en la misma parte de atrás sin tener en cuenta la portezuela tenemos diecinueve (19) orificios de entrada al lado izquierdo y cuatro también de entrada al lado derecho; en el bomper trasero presenta seis (06) orificios de entrada; al costado derecho del carro presenta dos (02) orificios de entrada y tres orificios de salida y en la puertezuela del mismo lado (derecho) hay tres (03) orificios de salida; por el frente el carro presenta siete (07) orificios de salida; la portezuela izquierda no presenta impactos de entrada ni salida; continuando por la parte exterior del automotor, presenta diez (10) orificios de entrada y un (01) orificio de salida; la cojinería donde se sienta el conductor presenta ocho (08) orificios de salida y nueve (09) de entrada; en el cojín doble delantero, o sea (sic) donde se sientan los pasajeros o acompañantes del conductor presenta veintidós (22) orificios de salida y veintidós (22) orificios de entrada; la cabina o sea (sic), en donde está la guantera, cabrilla, frenos, etc., tiene doce (12) orificios de entrada; el techo de la carrocería presenta cuatro (04) orificios de salida y nueve (09) orificios de entrada; la cojinería trasera del lado derecho presenta en el espaldar dos (02) orificios de entrada; la cojinería lado izquierdo de la parte trasera en el espaldar presenta dos (02) orificios de salida y en el siento dos rasgados por acción de bala de más de cuarenta centímetros cada uno; por la parte de abajo el vehículo no presenta ningún impacto. No se encontró respuesta para el mismo y la cadena con la que lo asegura está colgando lo que demuestra que fue retirado. El automotor presenta un total de ciento veinte orificios de entrada (120) y de salida un total de setenta (70); pues hay que tener en cuenta que muchos proyectiles quedaron entre las dos láminas del carro y otros fueron los que destrozaron el parabrisas totalmente por lo que es imposible determinar qué cantidad de impactos recibió el mismo” (fl. 31 reverso cdno. 2).

4.2. Copia autenticada de la licencia de tránsito 342050, en la que se observa que Héctor de Jesús Gómez Londoño, aparece como propietario del vehículo Toyota campero, color habano y marfil, placa Nº NFE 445, número de chasis FJ4330219, modelo 1974 (fl. 2).

4.3. Declaración del lancero – paracaidista y contraguerrilla Germán Augusto Castro, quien sostuvo:

“... ese día me encontraba en cumplimiento de una misión ordenada por el Comando del Batallón de Infantería Nº 42 - Bomboná, según orden de operaciones número 029, hacia el área general de la vereda “Matuna”, jurisdicción del municipio de Segovia-Antioquia, con el fin de montar observatorios y emboscadas sobre grupos de bandoleros que delinquen en esa jurisdicción, yo me encontraba al mando de la patrulla, compuesta por un oficial, cinco suboficiales y treinta y dos soldados. Yo me encontraba en la parte de adelante, yo era el quinto hombre en la primera escuadra, cuando salimos de una trocha que cae a la carretera principal que de Segovia, conduce a la vereda “El Río”, aproximadamente a quince minutos de Segovia, o sea (sic) del sector del alto de los patios. Yo salí a la carretera iba adelante con la primera escuadra en el momento en que terminaban de cruzar a la carretera los últimos soldados de la primera escuadra y los primeros de la cuarta escuadra, dos soldados le hicieron el pare a un vehículo tipo campero que bajaba o descendía con una exploradora prendida yo solamente vi el reflejo de la luz del carro, como yo me encontraba en la parte de adelante de la patrulla, aproximadamente a unos trescientos metros de donde ocurrieron los hechos escuché cuando se inició el combate, inmediatamente con los hombres que nos encontrábamos adelante nos protegimos ubicándonos hacia la cerca del alambre de la carretera y de inmediato sentimos que desde la parte alta de ese cerro nos iniciaron a disparar hacia donde nos encontrábamos los que (sic) la parte de adelante, ahí transcurrieron aproximadamente cinco minutos cuando nos organizamos para empezar a subir y tomarnos el cerro de donde nos estuvieron disparando, una vez llegamos a la parte alta inició nuevamente otra retaliación y fue entonces cuando cayó herido el soldado Sierra Naranjo Luis Eduardo. Posteriormente yo mandé al Sargento Segundo Deantonio Peña que se encontraba conmigo en ese momento junto con cuatro soldados para que evacuaran al soldado herido, después de eso yo tomé contacto radial con el personal que se encontraba abajo, en el lugar de los hechos en ese momento con el Cabo Primero Cortes Ramírez, el cual me informó, que se encontraba muerto el Cabo Segundo Rojas González, y que habían unos civiles que iban en el vehículo, que al parecer estaban muertos inmediatamente yo mandé que subiera una escuadra para que se ubicaran en la parte alta donde yo me encontraba y poder así bajar y tomar el control en el lugar donde se habían presentado los hechos. De ahí baje y fue donde me enteré de toda la situación. (...).PREGUNTADO: Relátenos los hechos ocurridos, tal y como fueron narrados a usted por los soldados a su cargo. RESPONDE: Inicialmente cuando el carro entra directamente por donde se encontraba la tropa, los soldados Silva Fetecua Jhon y Sanamaria Guzaman Angtel, le hicieron el pare al vehículo, el cual reaccionó acelerándolo y colocándolo las luces altas, fue ahí cuando el Cabo Segundo Rojas González Fernando quien se encontraba más adelante se le metió al carro y en voz alta le ordenó que parara, el carro paró más adelante de donde se encontraba el suboficial, fue ahí cuando un sujeto de los que iban en la parte atrás golpió (sic) la puerta trasera y la abrió, cuando el suboficial se acercó, dicho sujeto empuñó una arma, una pistola y disparó en repetidas ocasiones, el suboficial no tuvo tiempo de reaccionar porque cayó de una en los hechos, entonces fue ahí cuando el soldado que se encontraba en la parte de atrás, el soldado Rodríguez Bonilla Joaquín reaccionó directamente contra dicho sujeto y contra el vehículo, él dice que abrió fuego. En ese momento por el margen izquierdo del vehículo se encontraba el soldado Obando Rodríguez José, quien resultó herido, quien afirma que de la parte delantera del vehículo dispararon contra él y el soldado Vega Sánchez David quien se encontraba detraes del soldado Obando, el que estaba herido, reaccionó, contra la parte de adelante que era de donde estaban disparando, en igual forma reaccionaron los soldados Cornelio Lizcano Baudelino y Vega Sánchez Gonzalo, después do eso se inició el contacto con los de adelante, ellos buscaron protección y posteriormente el contacto terminó” (fl. 26 cdno. 2).

4.4. Declaración del soldado voluntario Baudelino Cornelio Lizcano, quien señaló:

“... íbamos para un lado por donde hay un río, yo no sé cómo se llamará eso, en ese momento venía un carro, un Toyota creo que era, gris, entonces el cabo que murió iba hacia delante de mí, yo vi el carro que venía, sí y nosotros nos orillamos en la carretera y dirigimos la mirada hacia el lado contrario del carro para no dejarme encandilar, de ahí el carro, el cabo que murió le salió al carro a pararlo, porque nosotros los de atrás íbamos perdidos porque los compañeros de la primera escuadra iban adelante y ahí fue cuando pues se le fue a acercar al carro, el carro trató de arrancar, entonces él le dijo, hey, hey, pare, entonces el carro paró, ahí fue cuando el man de atrás que iba, llegó y empujó la puerta con un pie y le disparó a él, entonces inmediatamente uno que iba en la parte de adelante del carro le disparó a un soldado que estaba al lado izquierdo del carro y el man iba al carro en la parte derecha, pero rompió el vidrio delantero y le disparó al compañero, nosotros al ver que nos estaban dando candela a nosotros, pues, ya viendo al cabo muerto, yo encendí el carro a plomo y el man que iba en la parte de atrás del carro se bajó como a tratar de huir y ahí quedaron cinco manes muertos, yo no sé cómo quedarían ellos ahí porque yo no los vi y ya de ahí ya nosotros esperamos ordenes de mi teniente, pero eso nos llovió plomo de todas partes, de un filo y la primera escuadra reaccionó hacia adelante, hacia un filo quo había, la cuarta reaccionó cobre una parte de atrás de otro filo de donde nos estaban disparando, segunda y tercera escuadra se quedaron quieta y ahí al ratico, ya se calmó el candeleo y los manes huyeron, los que estaban en el filo, la guerrilla huyó y yo no sé más de esa vaina. (...) ahí estábamos el soldado que estaba herido y tres más, éramos cuatro conmigo, nosotros fuimos los que reaccionamos contra el vehículo, ellos éramos Bonilla, Gonzalo, Vega y yo, Cornelio. PREGUNTADO: qué tipo de arma portaba usted esa noche. RESPONDIÓ: un galil” (fl. 33 cdno. 2).

4.5. Declaración de Adíela Correa Botero, en la que manifestó:

“PREGUNTADA: bajo la gravedad de juramento que tiene prestado dígale al despacho si usted tiene propiedades, en caso afirmativo nos indicará en qué consisten las mismas? CONTESTÓ: un carrito que era el que nos daba la comida. PREGUNTADA: Explique al despacho, ¿qué clase de carro posee usted, y en donde se encuentra en estos momentos? CONTESTÓ: Era un carro Toyota, de color cafecito y blanquito, no recuerdo las placas ni el modelo, ese carro lo manejaba un muchacho Jorge Alirio, pero no recuerdo el apellido, yo lo conocía con el apodo de Guainaza, él me manejaba ese carrito hacía como mes y medio ahora últimamente, pero ahora tres años también me lo manejó cuando estaba el esposo mío aquí toda vía. PREGUNTADO: dígale al despacho ¿en dónde se encuentra el vehículo a que usted nos hace referencia anteriormente? CONTESTÓ: ese carro está allá donde la Policía, porque en el fue donde mataron a esos muchachos. PREGUNTADA: Manifiéstele al despacho ¿qué sabe usted con relación a los hechos en donde según usted manifiesta mataron unos muchachos? CONTESTÓ: Ese día viernes de la semana pasada (en el calendarlo feb. 26/93), el carro salió tardecito de la casa porque estaba varado por batería, yo lo compré la batería y ya salió a trabajar por hay (sic) como a las nueve y media de la mañana más o menos, y desde eso no volvió, porque desde tooo (sic) el día ni toda la noche yo volví a ver el carro, y yo le dije al conductor que el carro no me lo trabajara hasta más tardar a las ocho de la noche, y yo toda la noche esperando el carro y no apareció, cuando a las ocho de la mañana del sábado llegó el sobrino mío Guillermo Correa que, es chofer hay (sic) en la plaza, entonces me dijo, “Tía el carro no ha venido" entonces yo le dije que no, y me dijo que por hay (sic) estaban diciendo que habían matado al chofer y que el carro estaba vuelto nada, que todos los vidrios estaban quebrados llenos de bala, y como yo sufro del corazón no salí de mi casa, y aún yo no he ido a ver como quedó el carro, no sé como quedaría porque yo sufro del corazón y no puedo ir. PREGUNTADO: Díganos a cuántas personas dieron muerte dentro del carro de su propiedad? CONTESTÓ: la gente comenta por hay (sic) que al chofer, a otro muchacho y otros tres me parece, pero yo no las conocía, solamente conocía al chofer Jorge Alirio porque él hace tres años que lo manejó, y ahora últimamente hacía mes y medio que me lo estaba manejando de nuevo, a él se le pagaba al porcentaje que era el 25% de lo que hiciera fuera de la gasolina, porque cuando se le iba a cambiar aceite, yo le tenía que dar la plata para eso. PREGUNTADO: A qué horas de la noche acostumbraba el señor Jorge Alirio a llevarle, y donde era el parqueadero del mismo. CONTESTÓ: El unas veces llegaba a las siete, otras veces a las siete y media, otras veces a las ocho de la noche, ese carro lo guardaba yo hay (sic) en seguida de la casa que tenemos un taller de mecánica y allá lo guardábamos todas las noches? PREGUNTADA: Díganos si el viernes 26 de febrero de este año, en las horas de la noche el señor Jorge Alirio le avisó a usted y le pidió consentimiento para ir a llevar o hacer una carrera para los lados del río en esta localidad? CONTESTÓ: no, nada, él salió con el carro desde las nueve y media mañana y no volvió en todo el día. AGREGA: Tampoco me mandó a decir nada. PREGUNTADO: Dígale al Despacho quién o quiénes fueron las personas que dieron muerte al conductor y los pasajeros que iban en su vehículo en la noche el pasado viernes 26 de febrero hogaño. (...) PREGUNTADO: bajo juramento díganos ni usted conoció a los señores Fernando Antonio Rojas González, Jorge Alirio Pulgarín Duque, Juan Amado Pulgarín Duque, Aldemar Areiza Torres, a alias Lucho y José María Arroyo Ruiz, en caso afirmativo cuanto hacía, en razón de qué y si alguno de ellos era de su familia? CONTESTÓ: No, únicamente conocía a Jorge Alirio y Juan Amado Pulgarín, que el primero era el chofer mío, y el otro era hermano de él. PREGUNTADO: ¿En cuánto avalúa usted los perjuicios materiales causados al vehículo de su propiedad, y si este tenía algún seguro? CONTESTÓ: Ni se, porque las latas disque están todas llenas de huecos, los vidrios están todos quebrados, eso vale mucho pero no sé cuánto podrá valer, yo no he ido a ver el carro, yo mandé a un mecánico con un hijo mío a traerlo que (sic) donde había quedado, y ellos fueron los que me dijeron como había quedado el carro. PREGUNTADO: Díganos si ¿usted tiene documentos de propiedad de dicho automotor? CONTESTÓ: Sí, ese carro figura a nombre del esposo mío Héctor Gómez, pero él no se encuentra por aquí, el se tuvo que ir de por aquí porque lo tenían amenazado, pero no sé quién, eso fue porque él era secuestre de un inmueble y por eso lo amenazaron y se tuvo que ir hace dos años larguitos ya, pero no sé dónde se encontrará, él llama y no más pero yo tengo los papeles del carro. PREGUNTADO: Dígale al despacho si ¿usted tenía conocimiento, que en la noche del pasado viernes 26 de febrero, antes de la ocurrencia de los hechos, se había perpetrado un posible secuestro en el vehículo de su propiedad? CONTESTÓ: No, no sé ni tenía conocimiento de eso. PREGUNTADA: desea usted agregar algo más a su declaración? CONTESTÓ: No, que yo no sé qué voy hacer ahora, porque ese carrito era de donde nosotros vivíamos, lo teníamos hacía muchos años, y de ese carrito vivíamos nosotros” (fl. 47 cdno. 2).

4.6. Declaración de Emilia Rosa Gómez Correa, quien sostuvo:

“PREGUNTADA: bajo la gravedad de juramento que tiene prestado, diga al despacho, si sus padres tienen algún mueble tipo automotor, en caso afirmativo de qué clase y cuánto hace que lo poseen?. CONTESTÓ: Sí , tenemos un Toyota de placas NFE 445, me parece que está afiliado a Transportes Segovia, no recuerdo el modelo, es de color ábano (sic)y marfil, ese carro figura a nombre de mi papá Héctor de Jesús Gómez Londoño. AGREGA: Ese carro hace por ahí unos diez (10) años más que lo tiene. PREGUNTADO: dígale al despacho si ¿usted se enteró qué hizo ese vehículo durante el día viernes 26 de febrero del presente año? CONTESTÓ: Vea, el viernes el carro salió por hay (sic) a las cinco de la mañana más o menos y no regresó en todo el día, estuvo varado un momentico por batería, y como a las nueve (9) de la mañana lo repararon de nuevo otra vez para salir a trabajar. (...). PREGUNTADA: Díganos si ¿usted tiene conocimiento, a qué horas acostumbraba Jorge Alirio sacar el vehículo del garaje en las horas de la mañana, y a qué horas de la noche lo regresaba de nuevo al garaje? CONTESTÓ: El más común era de cuatro y media de la mañana, a siete y media u ocho de la noche. PREGUNTADA: Díganos bajo juramento, ¿cuál era el promedio en dinero que el señor Jorge Alirio Pulgarín entregaba por concepto de utilidades del vehículo por el trabajo que se realizaba diario? CONTESTÓ: Eso era de acuerdo al trabajo que tuviese, pero tenía un promedio más o menos de doce a quince mil pesos, muchas veces le resultaban viajes para Yolombó, y así, entonces entregaba más, y de ahí se sacaba el porcentaje para pagarle a él. PREGUNTADA: Cuánto hacía que el señor Jorge Alirio Pulgarín les trabajaba a ustedes como conductor del Toyota. CONTESTÓ: hacía nuevamente como mes y medio, iba a cumplir los dos meses, porque él antes había trabajado con nosotros hacía como tres años, que trabajó como dos o tres meses algo así. (...) PREGUNTADO: Háganos un relato de todo cuanto usted sepa y le conste con relación a la muerte de las personas que dieron muerte dentro de dicho automotor, explicando, fecha, horas y nombre de las personas y por parte de quién o quiénes (sic)? CONTESTÓ: Vea, como a las ocho de la mañana del sábado 27 de febrero de éste año, llegó un primo mío a la casa llamado Guillermo León Correa, y le preguntó a mi mamá que si el carro estaba guardado, entonces mi mamá le dijo que no, que porque que el carro no lo habían llevado, que no había aparecido, entonces mi primo le dijo a mi mamá que por la calle estaban comentando que a Jorge Alirio lo habían matado, y que el carro estaba todo dañado, entonces mi mamá se asustó toda y como ella es tan enferma del corazón, yo me fui con el primo mío, y un chofer de un taxi nos llevó, el chofer se llama Mario Alonso Echavaéria, eran por ahí las ocho y cinco o las ocho y diez de la mañana, y nos fuimos por los lados del hospital, y cogimos la vía de la carretera que va para el río y cuando llegamos allá, no dejaron pasar los carros ... entonces nosotros nos fuimos a pie, y más abajo habían como tres o cuatro soldados, entonces nos preguntaron que para donde íbamos, entonces nosotros les dijimos que nosotros éramos los dueños del carro que estaba por ahí, y que veníamos a ver qué era lo que había pasado, ... entonces el soldado nos llevó ... vimos el carro ahí en la carretera normalmente estacionado, entonces mi primo Guillermo dijo hay (sic) mismo, “hay ve como me volvieron el carrito”, todos los vidrios se quebraron, que mandad de huecos”, .... (...) si, yo el carro lo ví todo untado de sangre en los cojines en el piso, la cabrilla, y arriba en la capota también habían manchas de sangre así como chipoteado, muchos huecos y todos los vidrios quebrados (...) los comentarios de la gente ya el sábado por la mañana, era que disque llevaban a un tipo amarrado ahí, disque a un muchacho que estudiaba en la nocturna, pero no sé a quién” (fl. 53 cdno. 2).

4.7. Declaración de Guillermo León Correa, quien afirmó:

“PREGUNTADO: ...dígale al despacho si conoció al señor Jorge Alirio Pulgarín y a su hermano Juan Amado Pulgarín Duque, en caso afirmativo, cuánto hace, en razón de qué y si son de su familia. CONTESTÓ: Sí los distinguí hacía varios años, por ahí unos ocho años más o menos, los conocía así entre los choferes, porque todos dos eran conductores de carros, no eran de mi familia, éramos amigos y conocidos... Jorge Alirio estaba manejando un toyota del señor Héctor Gómez, él hacía por ahí dos meses que lo estaba manejando, trabajaba la ruta Segovia y Remedios, ese carro estaba afiliado a transportes Segovia, y Juan Amado también era conductor, pero por ahora no estaba manejando carro, estaba sin empleo. PREGUNTADO: Dígale al despacho cuales son las características del carro toyota que conducía Jorge Alirio Pulgarín Duque en los últimos dos meses. CONTESTÓ: Es un toyota modelo 74, color habano y marfil, la placa no la recuerdo en este momento, era un toyota en buen estado, en forma para trabajar. PREGUNTADO: ... qué conocimientos tiene usted con relación a la muerte del señor Jorge Alirio Pulgarín Duque, su hermano, y cuatro personas más en hechos ocurridos en la noche del viernes 26 de febrero del presente año, en esta localidad. CONTESTÓ: yo estaba parado el sábado por la mañana, en el calendario sábado 27 de febrero de 1993, yo estaba parado ahí en la acera del palacio, cuando llegó un compañero que le dicen Ramón que es también conductor de un Nissan verde, y me dijo: “sabes a quién mataron hombre” y yo le dije, a quién, y él me dijo a Guainas y le dañaron todo el carrito, porque así le decían a Jorge Alirio Pulgarín, yo me quedé ahí parado y no le creí mucho, cuando al rato apareció el conductor de la escalrera (sic) que trabaja para el río, él se llama Jorge Santan, y me confirmó que sí era el carro la tía mía y que habían varios muertos ahí, entonces yo salí para donde la tía mía Adíela Correa, y le pregunté que si el carro estaba guardado, y me dijo que no, que el carro no había ido esa noche, que ella se había quedado hasta muy tarde de la noche esperándolo, y que el caro no había aparecido, entonces yo le dije que lo que pasaba era que por ahí en la calle había mucho comentario de que habían matado al chofer y al ayudante, y que el carro lo habían dañado mucho, entonces me dijo que qué podía hacer, que si yo le colaboraba para ir por el carro y si lo podían traer, entonces fui con una hija de ella o sea con una prima hermana mía de nombre Emilia Rosa Gómez (...). PREGUNTADO: usted se enteró qué persona era la que llevaban amarrada dentro del vehículo antes mencionado, para dónde lo llevaban, por qué razón y por parte de quien o quienes? CONTESTÓ: En este momento no recuerdo, creo que era un muchacho Aldemar, no se quien ni para dónde lo llevaban ni porqué.” (fl. 55 reverso del cdno. 2).

4.8. Declaración de Graciela Inés Torres de Areiza, quien señaló:

“PREGUNTADA: Bajo la gravedad de juramento que tiene prestado, dígale al despacho si usted conoció en vida al joven Aldemar Areinza Torres, en caso afirmativo cuanto hace y en razón de qué? CONTESTÓ: claro, él era mi hijo. (...). PREGUNTADA: cuál es la razón para que su hijo Aldemar no arrimara hasta la casa esa noche. CONTESTÓ: los comentarios de la gente, es que lo cogieron unos tipos hay (sic) en el plan, unos tipos encapuchados, dicen que fueron tres, otros dicen que fueron disque dos” (fl. 72 cdno. 2).

4.9. Declaración de Uldarico Areiza Echavarría, quien indicó:

“PREGUNTADO: Dígale al despacho qué se encontraba haciendo su hijo Aldemar esa noche por esos contornos, en compañía de quién se encontraba. CONTESTÓ: se lo llevaron en un carro, iba con más personas pero no sé quiénes eran y mataron a cinco personas dentro del carro, no sé quiénes serán. (...) lo cogieron ahí mismo en el barrio, como a las diez de la noche más o menos que él iba de la escuela porque estudiaba en la nocturna, estaba como en noveno año, no sé quienes lo cogieron, comenta la gente que eran cuatro que disque habían dos de ellos encapuchados” (fl. 73 reverso del cdno. 2).

4.10. Declaración de Pedro Claver Buitrago, quien relató:

“... eso fue por ahí a los 40 metros de distancia de la puerta de mi casa, más concretamente desde el frente de la casa del señor Ignacio, que no le sé el apellido, pues el pelao (sic) mío Aury entró muy asustado a la casa y tocó la puerta y le dijo a la mamá: “mamá, mamá, abra la puerta”, entonces la mamá le dijo: “entonces para qué te quedaste afuera”, entonces él le dijo: Se llevan a Aldemar ama, se llevaron a Aldemar”, entonces la mamá le preguntó, quién, entonces él le contestó que tres (3) tipos encapuchados tapados la cara, y hay (sic) mismo la mamá le dijo que se entrara y se acostara y no fue más” (fl. 75 reverso del cdno. 2).

4.11. Copia auténtica de la providencia del 13 de agosto de 1993 proferida por el Juzgado de Instrucción Penal Militar, en la que se resolvió decretar la entrega del vehículo a Elba del Socorro Gómez Correa, en la que se consignó:

“De conformidad con el estudio de la solicitud elevada por el señor Héctor de Jesús Gómez Londoño, para los efectos de esta decisión, parte este juzgado de la base incuestionable de que en el presente asunto se encuentran extinguidas las acciones penales, tal y como en efecto lo advirtió la Fiscalía, debido a que los ocupantes del automotor cuya entrega se solicita perecieron después de haber dado de baja a un Cabo y herido a un soldado del Ejército Nacional, a consecuencia de la reacción inmediata de la Tropa por tal causa.

En consecuencia este juzgado estima que las probanzas tendientes a acreditar no solamente la propiedad del vehículo automotor, sino el hecho de constituir este un elemento necesario como medio de subsistencia para la familia del peticionario, unido a la circunstancia de encontrarse extinguida la acción penal respecto de los ocupantes del mencionado vehículo, resulta jurídicas y procedente entonces hacer la entrega del mismo.

Atendiendo al hecho de la situación económica de la familia que se beneficia con el trabajo del vehículo y de quienes se presume buena fe respecto del hecho que se refiere a que el automotor es prácticamente el medio del cual se valen para atender sus necesidades alimentarias con su producido, este despacho acepta la petición que en su propio nombre hace el ciudadano Héctor de Jesús Gómez Londoño, y por lo tanto, ordena hacer entrega del mismo a su hija según lo solicita” (fl. 112 cdno. 2).

5. Con los documentos y demás medios de prueba relacionados, se encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que el vehículo Toyota campero, color habano y marfil, placa Nº NFE 445, número de chasis FJ4330219, modelo 1974, de propiedad de Héctor de Jesús Gómez Londoño, fue averiado en el enfrentamiento ocurrido entre delincuentes y el Ejército Nacional.

6. Ahora bien, en estos eventos el título de imputación aplicable es el del daño especial, cuyo fundamento se encuentra en la equidad y en la solidaridad. Este régimen de imputación pone acento en la lesión entendida en su sentido técnico jurídico, sufrida por la víctima, la cual debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no querido, ni tampoco merecido(3). Esta teoría, con fuerte basamento en la equidad, la igualdad y la solidaridad, se enmarca dentro de los factores objetivos con los que se ha enriquecido el catálogo de títulos de imputación al Estado(4).

La Sección Tercera de esta corporación, ha aplicado este título de imputación, en los siguientes términos:

“...el daño especial ha sido el sustento para declarar la responsabilidad del Estado en eventos de escasa ocurrencia que van desde el ya conocido cierre del diario el Siglo(5), la liquidación de un banco, la retención de un vehículo que transportaba sulfato de potasio por creer que era un insumo para la fabricación de estupefacientes(6) o el daño a una aeronave que había sido secuestrada por miembros de un grupo guerrillero(7); hasta eventos muy similares al que ahora ocupa a la Sala, verbigracia, enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla en un área urbana de la ciudad de Cali(8), el ataque bélico de un grupo guerrillero contra el cuartel de la policía de la población de Herrera, departamento del Tolima(9), o la muerte de un joven en un enfrentamiento entre guerrilla y ejército, sin claridad acerca de la autoría de la muerte(10).

Sin lugar a dudas, el daño especial ha sido entendido como un título de imputación de aplicación excepcional, que parte de la imposibilidad de resarcir un daño claramente antijurídico con fundamento en un régimen subjetivo de responsabilidad. En este sentido, resulta valiosa la referencia que nos aporta la jurisprudencia de esta corporación al decir:

“Esta teoría se aplica de manera excepcional y por equidad, precisamente porque es subsidiaria, de modo que ha de recurrirse a ella tan sólo en eventos en los que el caso concreto examinado no logre su encasillamiento dentro de los otros regímenes de responsabilidad y se aprecie por el sentenciador que esa ausencia de tipicidad, si así puede decirse, comporta vulneración injustificada del principio de equidad”(11).

Aunque la situación a partir de la Constitución de 1991 ha cambiado radicalmente, el aparte trascrito resulta especialmente esclarecedor de los elementos que soportan la teoría del daño especial, ya que el mismo resalta claramente el papel que dentro del razonamiento jurídico realizado por el juez juega el principio de equidad. Es éste, y no otro elemento, el que conduce al juez a la convicción de que el daño que se causó es por esencia antijurídico; y que, por consiguiente, si no se encuentra fundamento a la reparación del mismo en la falla del servicio, debe buscarse en otro de los posibles regímenes de responsabilidad estatal.

Lo dicho no debe entenderse como un reducto de arbitrariedad del juez, fruto exclusivo de su personal idea de justicia. Por el contrario, este tipo de razonamiento es el que se exige de todos y cada uno de los operadores jurídicos, quienes al momento de aplicar la ley deben permear su interpretación con los principios constitucionales vigentes dentro del sistema jurídico(12), sobre todo a partir de la entrada en rigor de la nueva Constitución, norma que incorpora los valores y principios como un elemento esencial dentro de su estructura, algo que debe reflejarse en la concepción del derecho que tengan los operadores jurídicos.

Lo expresado tiene eco en el entendimiento que ha señalado la Corte Constitucional, sobre el particular:

la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes(13). (resaltado dentro del texto de la sentencia)

Esta es, precisamente, la esencia del daño especial, la injusticia material que se derivaría de seguir otro parámetro de responsabilidad estatal en un caso concreto, situación que impone sobre los hombros del juez el deber de excepcionar la aplicación del régimen general con el objeto de dejar actuar la justicia material que de sentido al Estado social de derecho.

Esta aproximación sirve para reforzar la idea de que la equidad en ningún momento debe entenderse como consecuencia del arbitrio judicial; por el contrario, se trata del uso de la discrecionalidad que permite —e incluso, en algunos casos exige— el ordenamiento para eventos en que la vía excepcional es la que cumple con el valor de justicia material que se busca(14).

A su turno nuestra Corte Constitucional ha identificado tres elementos característicos de la equidad:

“El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se encuentran las partes —sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial— es de suma relevancia para determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las particularidades de una situación”(15).

De manera que la actuación en equidad se refiere a una particular decisión del juez, que excepciona la aplicación de la regla general en virtud a que sus resultados se denotan ante él como lejanos a la idea de justicia que se quiere desarrollar. Y precisamente, esta es la filosofía que ha inspirado a la jurisprudencia en los casos de aplicación del daño especial, la cual inició su desarrolló con la idea de evitar que la inexistencia de falla en el servicio conllevara a la consolidación de situaciones con un claro desequilibrio en las cargas que debían soportar los administrados.

Como se anotó, la justicia material se concreta en los casos de daño especial en el objetivo de reequilibrar la asunción de cargas públicas, en virtud a que el perjuicio sufrido presenta características de excepcional y anormal. En otras palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio de igualdad frente a las cargas públicas, resulta considerablemente superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes de actuación con que cuenta la administración. En este sentido, respecto de las calidades del perjuicio sufrido, se estableció por el Consejo de Estado desde los primeros años de implementación de esta teoría

“El Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de los particulares, pero si esa afectación es igual para todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad. Es por tanto característica de la responsabilidad del Estado que el daño sea especial, lo que ocurre según Bonnard, cuando en una categoría dada de individuos, colocados en una misma situación, el daño no afecta sino a uno o algunos de ellos, pues si todos los que se hallen en estas situaciones son o pueden ser afectados por el daño, el individuo se encuentra en presencia de una carga pública, como lo son, por ejemplo: los inconvenientes normales de vecindad que todo propietario debe soportar por el hecho de las propiedades vecinas. El daño debe ser, por tanto excepcional y anormal, porque la responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular o excepcional del daño ocasionado(16). —negrilla fuera de texto—.

Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas(17). Sin embargo, no debe entenderse dicho principio como el anhelo de lograr una equiparación matemática entre los administrados frente a la actividad administrativa; el contenido que el mismo involucra es, evidentemente, el mantenimiento de un relativo balance en esta materia. En consecuencia, es posible considerar como legítimas las imposiciones que puedan ser ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con la jurisprudencia, acepta el principio de igualdad ante las cargas públicas; y, en este mismo sentido, el Estado deberá responder cuando quiera que una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que exceda el ámbito de molestia que debe ser soportado.

La igualdad, y como se antepuso, su manifestación en el equilibrio ante las cargas públicas, aparece como el bien jurídico a restituir en estos casos, fruto directo de postulados equitativos a los que repugna, como lo expresan el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los eventos de extrema desigualdad en la repartición de las cargas públicas.

Sobre el particular, la Sección Tercera de esta corporación, en pronunciamiento del 23 de agosto del 2012 sostuvo(18):

“Esta Sección en sentencia de 19 de abril del presente año(19), tuvo ocasión de conocer otra demanda originada en los mismos hechos a los que se circunscribe la que hoy se decide pero respecto de otro inmueble y en tal oportunidad unificó su posición en torno a las siguientes reflexiones:

“Como sea que los hechos que dieron lugar al daño por el cual hoy se reclama ocurrieron en el marco del conflicto armado interno(20) y resulta evidente que es al Estado a quien corresponde la búsqueda de soluciones que conlleven a la terminación de la guerra, de ahí que debe convenirse en que se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas...

“...Ahora, en cuanto al título de imputación como herramienta de motivación que debe ser aplicado para dar respuesta al caso concreto, la Sala considera que, en aras de materializar el valor justicia(21), la responsabilidad del Estado en este caso se ha comprometido a título de daño especial, por entenderse que no hay conducta alguna que pueda reprochársele a entidad demandada, quien actuó dentro del marco de sus posibilidades, así como tampoco se puede reprochar la conducta de la actora, quien se presenta como habitante del pequeño poblado de Silvia, víctima indirecta de un ataque dirigido contra el Estado, cuyo radio de acción no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que comprendió también a la población civil y que, en tales circunstancias le causó un perjuicio en un bien inmueble de su propiedad, trayendo para ella un rompimiento de las cargas públicas que debe ser indemnizado...

“...En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas y, que explica que la imputación de responsabilidad no obedezca a la existencia de conducta alguna que configure falla en el servicio, sino que se concreta como una forma de materializar los postulados que precisamente justifican esa lucha contra la subversión y representan y hacen visible y palpable, la legitimidad del Estado”.

(...).

En consecuencia, la declaratoria de responsabilidad del Estado en este caso se fundamenta en el deber de acompañamiento a las víctimas del conflicto, ahora la señora Carmen Lina Quiguanas, quien se vio sometida a un rompimiento de las cargas públicas que normalmente debía asumir”.

Esta reparación igualitaria, en cuanto responsabilidad del Estado, es reforzada en su razón de ser por la solidaridad, valor que debe animar el actuar del Estado colombiano, no sólo por su calidad de Social —y por ende redistributivo—, sino además porque el constituyente ratificó este carácter al consagrar en el artículo 1º a la solidaridad como uno de los valores fundantes del Estado, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia de esta corporación.

En armonía con lo manifestado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha entendido que la solidaridad dentro del Estado social de derecho es simplemente un medio para dar aplicación real a uno de los valores fundacionales del Estado moderno: la justicia material, principio sobre el cual la Corte Constitucional refirió:

“El principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales.

“Dicho principio es de obligatoria observancia en las actuaciones administrativas, pues la función de aplicar el derecho en un caso concreto no es misión exclusiva del juez, sino también de la administración cuando define situaciones jurídicas o actúa sus pretensiones frente a un particular en desarrollo de las competencias y prerrogativas que le son propias”(22).

De este extracto jurisprudencial se derivan dos ideas que resultan capitales al desarrollo argumentativo del presente caso y que reafirman las razones expuestas: la idea de que la justicia material busca la aplicación efectiva de principios y valores constitucionales; y, que es la misión del juez, entre otros, velar por su efectiva materialización.

En resumen, la teoría del daño especial reúne una buena muestra de los eventos en que, con el ánimo de buscar un resultado satisfactorio desde una óptica de justicia material, se utiliza la equidad para reequilibrar las cargas públicas, honrando así el principio de igualdad. En otras palabras, la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración en situaciones concretas, objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de impulsión de la acción reparadora del Estado(23).

Así las cosas, considera la Sala que en atención al principio iura novit curia, es necesario dirimir la controversia desde el título objetivo del daño especial, en los términos señalados, imponiéndose desde luego, la liquidación de los perjuicios, con las consideraciones a que haya lugar.

Liquidación de perjuicios

7.1. Perjuicios morales.

En relación con la procedencia del perjuicio moral en los eventos de pérdida de bienes inmuebles, la doctrina ha aceptado, sin lugar a dudas, su resarcimiento, en atención a que es viable que exista cierto grado de aflicción, desconsuelo o congoja por la destrucción, pérdida, detrimento o deterioro de cosas materiales; así lo ha expresado el tratadista Ramón Daniel Pizarro:

“...nada obsta a la existencia de intereses no patrimoniales, de afección, vinculados a bienes patrimoniales, cuya aminoración (por destrucción, pérdida o deterioro) puede generar un detrimento espiritual a su titular.

“En estos supuestos el daño moral requiere de una prueba más categórica, orientada a persuadir al juzgador sobre la existencia de un interés no patrimonial cierto, ligado a un bien patrimonial, conculcado por el ilícito, y de una minoración espiritual o que es consecuencia de esa situación...”(24).

Asimismo, como antecedente relevante y de interés en la jurisprudencia colombiana, la Corte Suprema de Justicia en el renombrado caso Villaveces(25), por primera vez ordenó el resarcimiento del daño moral sufrido por el demandante con motivo de la destrucción del mausoleo en el que se encontraban los restos de su esposa, los cuales fueron depositados en una fosa común.

Igualmente, esta corporación, en varias oportunidades, ha admitido la posibilidad de conceder indemnización por este concepto(26). En efecto, en sentencia del 5 de octubre de 1989, se indicó:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume(27)”.

Posteriormente, en términos similares, expresó:

“La afectación moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros, factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un bien material”(28).

De lo anterior, se puede establecer que en lo que se refiere al pago de perjuicios por la pérdida de cosas materiales, inicialmente, el juez de lo contencioso no aceptaba dicho reconocimiento, sin embargo, en circunstancias especiales y por razones de particular afecto, admitía esta posibilidad, pero se exigía un tratamiento especial para evitar rendirle culto a las personas que “se dejan poseer por las cosas”. Al respecto, se señaló:

“La pérdida de las cosas materiales, por si misma, no amerita su reconocimiento. Es posible que en circunstancias especiales, y por razones de particular afecto, se vivencie el dolor moral por la pérdida de los bienes materiales. Pero la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas”(29).

No obstante lo anterior, de manera paralela, la jurisprudencia aceptó la posibilidad de que la pérdida de los bienes materiales causara perjuicio moral, sin embargo, éste no se presumía y debía acreditarse en el proceso(30). Igualmente, exigía que la afectación moral fuera tan intensa y tan apreciable que no cualquier pérdida de un bien podía ser moralmente compensado. Es más, se debían estudiar varios factores para determinar si había lugar a su reconocimiento. Al respecto en la sentencia del 6 de agosto de 1993, se afirmó:

“Sin desconocer el impacto emocional que ese tipo de hecho dañoso genera en una persona, en el presente caso no hay lugar a su reconocimiento. La afectación moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros, factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un bien material(31).

Finalmente, la jurisprudencia ha decantado el asunto para llegar a aceptar que es posible indemnizar todo perjuicio moral, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas en esta materia independientes a la mera titularidad del derecho. En efecto, se ha indicado:

“...la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba...”(32).

Y en similares términos, se explicó:

“Solicita la parte demandante que se reconozca perjuicios morales a favor de los demandantes en atención al ‘profundo dolor y trauma síquico que produce el hecho de ver destruirse su casa de habitación, la cual ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida’. En cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que esta corporación ha encontrado posible su reconocimiento y así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989: (...) En relación con la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: ‘... la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente y en consecuencia, para considerarlo indemnizable con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública.’...”(33).

En esta línea de pensamiento, es preciso advertir que en la actualidad no existe obstáculo o razón alguna para no admitir la reparación del daño moral que podría causar la pérdida de un bien inmueble, claro está, siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud, situación que no ocurre en el caso bajo examen, habida consideración que si bien, están acreditados los daños sobre el vehículo, en modo alguno puede inferirse que, al margen del daño emergente y/o del lucro cesante que pudo haberse producido, se haya generado un dolor que tenga su fuente en la afectación espiritual por la pérdida del mismo, diverso a la mengua meramente patrimonial sufrida, y en razón de ello, se denegara el reconocimiento del perjuicio deprecado.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Daño emergente.

Del material probatorio recaudado, resultan indubitables los daños ocasionados al vehículo, sin embargo, no obran en el proceso los elementos de juicio suficientes para establecer el monto de los perjuicios, sin que ello impida su reconocimiento e imponga la denegatoria correspondiente, ya que pueden ser apreciables material y jurídicamente. En casos como este, se ha acudido a la aplicación del principio de equidad, para valorar o tasar el perjuicio, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que dispone:

Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

Lo expuesto justifica que la Sala acuda a la información publicada por la Federación Colombiana de Aseguradores, Fasecolda, en la lista de la Guía de Valores 213 del año 2014, para efectos de poder determinar el valor comercial del vehículo en la actualidad, pues se trata de una entidad especialista e indicador económico en el mercado de automotores, reconocida en el ámbito colombiano como referente para efectos de la comercialización de vehículos usados, y es utilizada como fuente principal de entidades como Econometría S.A., para efectos de los análisis y estudios del mercado automotor. Así las cosas, la información contenida en lista 213 de la guía de valores de la Fasecolda, en la que se establece que el valor del campero, Toyota, modelo 1974, cabinado, chasis Nº FJ4330219, es de tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000), al ser un indicador económico, será valorado conforme a lo preceptuado en el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil.

7.2.2. Lucro cesante.

Finalmente, en cuanto a la pretensión de reconocer perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por lo dejado de percibir desde el momento en que fue averiado el vehículo hasta que se profiera el fallo condenatorio, habrá de tenerse en cuenta lo señalado por la esposa y la hija de Héctor de Jesús Gómez Londoño, quienes recibían del conductor Jorge Alirio Pulgarín Duque, el producido de los viajes realizados con el vehículo, lo que ascendía en promedio, a la suma diaria de $12.000 a $15.000 pesos, valor del que se descontaba el porcentaje para pagarle al conductor, el cual, conforme a los sostenido por Adíela Correa, quien administraba el vehículo, era del 25% de lo recibido, lo que arroja un producción diaria promedio de $11.250 pesos(34), que actualizada a la fecha de la providencia equivale a $70.533,98, suma que aunque representa el valor diario de producción y no mensual, se tendrá como renta al momento de liquidar, en consideración a que el vehículo del cual se deriva el ingreso, con el paso del tiempo ve considerablemente reducida su vida útil y de producción, e igualmente, resulta objeto de depreciación y no de incremento en su valor.

Así, el lucro consolidado solicitado comprenderá el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 26 de febrero de 1993, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 255 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

1995-00079CE A
 

 

7. Como corolario de lo anterior, se impone la revocatoria de la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 27 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, Sala de Descongestión, en su lugar se decide:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional—, de los perjuicios sufridos por el demandante.

2. Condénase a la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional—, a pagar por concepto de daño emergente, a Héctor de Jesús Gómez Londoño, la suma de tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000).

3. CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional—, a pagar por concepto de lucro cesante, a Héctor de Jesús Gómez Londoño, la suma de treinta y cinco millones cuatrocientos noventa y un mil ciento cincuenta y tres pesos ($35’491.143).

4. Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin costas.

6. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) A razón de 690 días (transcurridos desde la fecha de los hechos: 26 de febrero de 1993, hasta la fecha de presentación de la demanda: 18 de enero de 1995) multiplicados por $15.000, suma indicada como la utilidad percibida diariamente por el servicio público de transporte prestado por el vehículo.

(2) Ver sentencias del 18 de septiembre de 1997, expediente 9666; del 8 de febrero de 2001, expediente 13.254; del 17 de mayo de 2001, expediente 12.370; del 21 de febrero de 2002, expediente: 05001-23-31-000-1993-0621-01(12789).

(3) García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, curso de derecho Administrativo, t. II, ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 369.

(4) Lo expuesto es soportado por los aportes que numerosos autores han realizado al tema de la responsabilidad, de los que constituye un buen ejemplo el tratadista Vázquez Ferreyra, quien escribió:

“Insistimos en señalar que los factores objetivos de atribución constituyen un catálogo abierto sujeto a la expansión. Por ello la mención sólo puede ser enunciativa. Al principio sólo se mencionaba el riesgo creado; un análisis posterior desprendido del perjuicio subjetivista permitió vislumbrar a la equidad y la garantía. Hoy conocemos también otros factores, como la igualdad ante las cargas públicas, que es de creación netamente jurisprudencial”. —subrayado fuera de texto—

Vázquez Ferreyra Roberto A., Responsabilidad por daños (elementos), Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 197.

(5) En la ya mencionada sentencia del Consejo de Estado, de julio 27 de 1947, C.P. Gustavo A Valbuena.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 5502, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, 1º de agosto de 1991.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 6097, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, 20 de marzo de 1992.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 6110, C.P. Policarpo Castillo Dávila, sentencia de 24 de abril de 1991.

(9) En donde resulta especialmente enunciativo un párrafo de dicha providencia, que se trascribe “No puede perderse de vista que de no hacerse responsable a la Nación colombiana, como se enuncia en el párrafo anterior, bien, aplicando el principio de responsabilidad por daño especial, ora siguiendo las enseñanzas de quienes abogan por la responsabilidad originada en el desequilibrio o rompimiento de las cargas públicas (o desigualdad de los ciudadanos ante la ley), o, por último, como lo entiende esta Sala, según la teoría de la “lesión” al patrimonio de administrado, se desconocería la noción de equidad”.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 7716, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, 17 de junio de 1993.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 4655, C.P. Antonio José Irisarri Restrepo, en Extractos de Jurisprudencia del consejo de Estado, primer trimestre de 1989, Tomo III, Publicaciones Caja Agraria, Bogotá, pág. 249 y 250.

(12) Exigencia que se deriva de la idea de “sistema” del ordenamiento jurídico, es decir, de cuerpo único y armónico de normas jurídicas, que se relacionan con base en reglas de jerarquía, competencia y vigencia. Es esta la base del principio de hermeneútica conforme a la Constitución, que exige la interpretación y aplicación de las normas infraconstitucionales con armonía y estricta observancia de los preceptos constitucionales. En este sentido Corte Constitucional se ha referido al principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución, entre otras en la Sentencia C-070 de 1996 y C-038 de 2006.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-1547 de 2000, M.P. (e): Cristina Pardo Schlesinger, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil.

(14) “Porque la equidad no es fuente del derecho, sino medio de determinación del derecho justo”, como sabiamente lo ha enseñado Entrena Klett Carlos María, La equidad y el arte de juzgar, Ed. Aranzadi, 2ª Ed., Navarra, 1990, pág. 23.

(15) Corte Constitucional, Sentencia SU-837 de 2002.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Pedro Gómez Parra, septiembre 30 de 1949.

(17) En este sentido ha expresado esta corporación:

“todo perjuicio anormal, que por su naturaleza e importancia exceda las molestias y los sacrificios corrientes que exige la vida en sociedad, debe ser considerado como una violación de la igualdad de los ciudadanos delante de las cargas públicas, y por consiguiente debe ser reparado”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Guillermo González Charry, abril 21 de 1966.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2012, exp. 23.219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(19) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente 21515.

(20) En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” – Informe 55/97, Caso 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera.

“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan, Z… Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(21) De lo anterior se desprende, entonces, que el título jurídico más correcto para determinar la responsabilidad de reparar un daño será aquel que pase el análisis como el más justo. Pero ¿Qué es lo justo? Es bien sabido que el tema es particularmente álgido en nuestros días y admite muchos enfoques de escuelas del pensamiento jurídico. No obstante si partimos de la aceptación de que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la celebérrima sentencia de Ulpiano podemos explorar una respuesta. En efecto, esta definición, permite comprender lo que es la injusticia, que contrario a reconocer el Derecho, implica desconocerlo, lesionarlo, negarlo.

(22) Sentencia T-429 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(23) Esta filosofía que se inspira en la equidad y solidaridad, ha sido recogida en sentencia del 7 de mayo de 2007, radicado 50001-23-26-000-1991-06081-01. Expediente 16.696, C.P. Enrique Gil Botero.

(24) Daniel Pizarro, Ramón. Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del Derecho. Editorial Hammurabi, págs. 531 y 532.

(25) Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Civil; Sentencia del 22 de agosto de 1924; M.P. Tancredo Nannetti; Gaceta judicial T XXI, pág. 82.

(26) Ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, expediente. 5320, M.P. Gustavo de Greiff Restrepo; del 5 de junio de 2008, expediente 14.526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 7 de junio de 2006, expediente AG 001, M.P. Alier E. Hernández Enríquez; del 13 de abril de 2000, expediente. 11.892, M.P. Ricardo Hoyos Duque y del 11 de Noviembre de 2009, expediente 17.119 MP. Mauricio Fajardo Gómez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, expediente. 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, expediente 8009, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 1994, expediente 6828 C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1994, expediente 9367, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, expediente 8009, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226, C.P. Ricardo Hoyos.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 20.109, C.P. Hernán Andrade Rincón. En términos similares, se puede ver la sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 17.119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(34) Teniendo como base el valor del promedio mayor de $15.000 pesos y descontando el 25% de esa cantidad.