Sentencia 1995-001123 de junio 22 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 0500123250001995001123 01 (20.150)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Marta Lucía Giraldo y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, con sede en Medellín el 30 de noviembre de 2000, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, dado que para el momento en el cual se propuso el recurso de apelación, la cuantía de la demanda alcanzaba aquélla exigida para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera segunda instancia ante el Consejo de Estado (D. 597/88)(1).

2. Responsabilidad de la entidad demandada.

Se anticipa que la decisión adoptada por el a quo habrá de revocarse dado que el acervo probatorio recaudado permite imputar a la demandada el daño por el cual se reclama indemnización, con fundamento en las siguientes consideraciones.

2.1. El daño que se imputa a la entidad demandada.

2.1.1. Está demostrado que el señor Libardo Emilio Manco Gómez falleció el 11 de julio de 1994, como consecuencia de un shock hipovolémico ocasionado por una herida causada con arma de fuego, según se acreditó con los siguientes documentos:

(i) Certificado de registro civil de defunción del señor Libardo Emilio Manco Gómez (fl. 16, cdno. 1), en el cual se dejó consignado como causa de la muerte “shock hipovolémico”.

(ii) Copia auténtica del acta 78 de necropsia elaborada el 12 de julio de 1994, practicada en el hospital María Auxiliadora de Chigorodó-Antioquia (fls. 124 a 125 y 178 a 179, cdno. 1), en la cual se consignó lo siguiente:

“Diagnóstico macroscópico: Herida por proyectil de arma de fuego transfixiante de aorta toráxica descendente, transfixiante de arteria pulmonar derecha y transfixiante de lóbulos pulmonares superior derecho e inferior izquierdo.

(…).

“Conclusión. Por los anteriores hallazgos conceptuamos que el deceso de quien en vida correspondía al nombre de Libardo Emilio Manco Gómez, fue consecuencia natural y directa de herida transfixiante de aorta toráxica descendente, resultante de herida única por proyectil de arma de fuego de naturaleza esencialmente mortal”.

(iii) Copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver del señor Libardo Emilio Manco Gómez, de 11 de julio de 1994, en la que se consignó:

“Descripción de las heridas: un orificio en la región pectoral a ocho centímetros de la tetilla derecha, un orificio en la base del omoplato derecho” (fls. 93, 126, 164, cdno. 1).

2.1.2. Igualmente, está acreditado que la muerte del señor Libardo Emilio Manco Gómez causó daños morales a las siguientes personas: (i) Aura María Gómez de Manco (madre); (ii) Marta Lucía Giraldo Osorio (esposa); Libardo Emilio y Edgar de Jesús Manco Giraldo (hijos); Severo de Jesús, Orlando Antonio, María de Jesús, Jorge de Jesús, Luis Arturo, Rafael Antonio, Alicia del Socorro, Rosa Antioquia y Olga Magdalena Manco Gómez y Reinaldo Antonio Manco Estrada (hermanos) según se constata en los certificados de las actas de registro civil de nacimiento del fallecido y de los demás demandantes (fls. 15 a 32, cdno. 1).

La demostración del vínculo matrimonial y del parentesco en el primer y segundo grados de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que éstos sufrieron con la muerte de aquél.

3. La muerte del señor Manco Gómez ocurrió como consecuencia de un enfrentamiento entre agentes del Estado y un particular.

Para efectos de estudiar la responsabilidad de la entidad demandada, se establecerán en primer lugar las pruebas que resultan evaluables sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Manco Gómez y después se analizarán los hechos demostrados con el fin de determinar si el daño que se causó es imputable a la entidad demandada.

Sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Manco Gómez, se valorarán los documentos que en copia auténtica fueron aportados al proceso así como los testimonios recibidos en el trámite del mismo.

De igual manera, en relación con las circunstancias antecedentes, concurrentes y posteriores al hecho, aducidas en la demanda, obran las pruebas trasladadas del proceso penal que se adelantó en la Unidad Seccional de Fiscalías de Chigorodó-Antioquia, radicado al Nº 553, por la muerte del señor Libardo Emilio Manco Gómez en contra del señor Arley Ortiz Estrada, las cuales fueron allegadas al proceso en copia auténtica a solicitud de ambas partes y por tanto serán valoradas, precisamente porque su incorporación al proceso tuvo el aval de las dos partes, evento en el cual, la Sala ha entendido que no se hace necesaria la ratificación para tener por surtida la contradicción de la prueba.

Sin embargo, no será valorado el testimonio recibido en el trámite de esa actuación, a la señora Marta Lucía Giraldo Osorio (fl. 171) toda vez que la declarante hace parte de las personas que integran el grupo de demandantes, quienes de conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser citadas al proceso de oficio o a petición de parte, con la finalidad de que absuelvan un interrogatorio de parte, que es un instrumento que tiene la finalidad de obtener la confesión sobre hechos relevantes para el litigio, pero para que tenga tal carácter, debe ser practicado con todos los requisitos que la ley exige para este medio de prueba.

De igual forma, se valorarán las pruebas contenidas en la copia auténtica del proceso penal militar radicado al número 097 adelantado por el Juzgado 136 de Instrucción Penal Militar con ocasión de dicha muerte y en la cual se abstuvo de abrir investigación en contra de los agentes de la Sijín: Álvaro Hernando Villamizar Pinzón, Liber Celorio Mandinga, José Omar Agudelo Uribe y Héctor Iván Sierra Quirama, quienes participaron en la persecución del señor Arley Ortiz Estrada. Tales copias fueron aportadas auténticas y a solicitud de ambas partes y contienen pruebas que fueron practicadas a instancias de la entidad demandada, quien adelantó el trámite de dicho proceso penal, circunstancias con las cuales se entiende cumplido el requisito de la contradicción.

El acervo probatorio así conformado, permite tener por acreditados los siguientes hechos:

(i) La muerte del señor Libardo Manco Gómez se produjo durante un enfrentamiento armado y posterior persecución que se presentó entre el señor Arley Ortiz Estrada, y los agentes de la Sijín, quienes se encontraban en servicio activo: Álvaro Hernando Villamizar Pinzón, Liber Celorio Mandinga, José Omar Agudelo Uribe y Héctor Iván Sierra Quirama. En efecto del enfrentamiento armado y de la calidad de agentes de la Sijín dan cuenta las siguientes pruebas:

— Copia auténtica del informe mediante el cual el comandante de la Estación de Policía de Carepa-Antioquia dejó a disposición de la Fiscalía al señor Arley Ortiz Estrada:

“De manera respetuosa me permito dejar a disposición a ese despacho al señor Arley Ortiz Estrada, identificado con la c.c. 8'335.133 de Chigorodó, de 33 años de edad, profesión oficios varios, hijo de María y Juan, el cual penetró a una casa ubicada en la calle 80 Nº 79-78 en una forma brusca cuando era perseguido por unidades de la Sijín y de la Estación de Policía Carepa, a el (sic) cual se encontró en su poder un revólver Smith & Wesson de número 3021552 y de número interno 57792 con cuatro cartuchos y dos (2) vainillas, dicho individuo fue perseguido y capturado en razón a que en momentos antes había atacado a una patrulla de la Sijín conformada por los señores Celorio Mandinga, Sierra Quirama y Villamizar Pinzón y Agudelo Uribe.

“Mismo hecho en la calle 80 Nº 73-72 al parecer en el intercambio de disparos resultó muerto el señor Libardo Emilio Manco Gómez, identificado con la c.c. 70'434.267 de Cañas Gordas (Ant.) de 38 años de edad, profesión comerciante, el cual presenta un impacto de bala en la tetilla izquierda, el levantamiento fue practicado por la Unidad Móvil de la Sijín e Inspolicía (76, cdno. 1) (resalta la Sala).

— En el mismo sentido obra el informe de novedad suscrito por el comandante de la Estación de Policía de Carepa Antioquia, mediante el cual se comunicó al teniente coronel del Departamento de Policía de Urabá que el señor Manco Gómez fue herido en el intercambio de disparos (fls. 100, 136, 216, 241 y 280, cdno. 1).

— De la calidad de agentes de la Sijín de los señores Liber Celorio Mandinga, Álvaro Hernando Villamizar Pinzón, José Omar Agudelo Uribe y Héctor Iván Sierra Quirama, además de los informes ya mencionados da cuenta la certificación proferida por el jefe de la Sijín Deura, el 29 agosto de 1994 (fl. 177, cdno. 1):

“En respuesta a su oficio de la referencia, me permito informar a ese despacho que el día 11 de julio del año en curso [1994] los agentes Agudelo Uribe José Omar, Celorio Mandinga Liber, Sierra Quirama Iván y Villamizar Pinzón Álvaro fueron nombrados como patrulla en el municipio de Carepa Antioquia, con el fin de adelantar labores de inteligencia y efectuar búsqueda de la moto DT 125 color blanca hurtada el día 9 de julio de 1994 en horas de la tarde al agente Celorio Mandinga cuando este se hallaba estudiando en el Colegio Cooperativo de Apartadó”.

(ii) Al momento del enfrentamiento armado, el señor Libardo Manco Gómez se dirigía con su esposa por la calle 80 “Calle del Comercio” de la ciudad de Carepa-Antioquia en sentido oriente-occidente, lugar en el cual quedó en medio del fuego cruzado que se presentó entre los agentes de la Sijín y el señor Arley Ortiz Estrada, razón por la cual abandonó la moto en la que se transportaba y trató de resguardarse en la acera contigua donde finalmente falleció como consecuencia del impacto de bala que recibió en el pecho.

Así se acreditó con el esquema elaborado durante la diligencia de inspección judicial (fl. 289, cdno. 1), que se adelantó en el trámite del proceso penal sobre el lugar y la forma en que ocurrieron los hechos, según la cual una vez los agentes de la Sijín, quienes se dirigían en sentido occidente-oriente, tomaron la calzada contraria con el propósito de requisar al señor Arley Ortiz Estrada, momento en el cual se presentó el enfrentamiento razón por la cual el señor Manco Gómez, al ver que se encontraba en medio del fuego, buscó refugio y en ese momento recibió el impacto de bala que le quitó la vida.

De igual manera de este hecho dan cuenta los testimonios de los señores Marta Lucía Figueroa (fls. 63 a 64, vlto.), Nirida del Carmen Higuita David (fls. 65 a 67, cdno. 1) y Félix Dionisio Bedoya Mosquera (fls. 64, vlto. a 66, cdno. 1), quienes afirmaron que una vez se presentó el enfrentamiento el señor Manco Gómez se bajó de la moto y buscó refugio en una de las casas más cercanas.

(iii) En el proceso también se acreditó que, tanto los agentes de la Sijín como el señor Arley Ortiz Estrada, hicieron uso de sus armas de fuego, antes de que este último procediera a fugarse, momento en el cual el señor Libardo Emilio Manco Gómez recibió el impacto de bala que terminó con su vida. Así se acreditó con:

— Testimonios de los agentes Liber Celorio Mandinga (fls. 88, 159 y 261, cdno. 1), Álvaro Hernando Villamizar Pinzón (fls. 89 a 90, 160 a 161 y 262, vlto. a 263, cdno. 1) José Omar Agudelo Uribe (fls. 90, vlto. a 91, 162 vlto. a 162 y 263 a 264, vlto. cdno. 1) y Héctor Iván Sierra Quirama (fls. 91 a 92, 162, vlto. a 163 y 264, vlto. a 265, cdno. 1), rendidos en el trámite del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, en el cual señalaron que una vez le solicitaron una requisa al señor Arley Ortiz Estrada, éste disparó en su contra y emprendió la huida, razón por la cual y como respuesta hicieron uso de sus armas de dotación oficial, con el propósito de defenderse de dicha agresión y con el fin de evitar que escapara.

— En los informes rendidos por el comandante de la Estación de Policía de Carepa-Antioquia a los que ya se hizo referencia, se da cuenta de que al momento de la captura el señor Arley Ortiz Estrada portaba una revolver calibre 38 con cuatro cartuchos y dos vainillas.

— Copia auténtica del acta de la diligencia de inspección judicial del arma que fue encontrada en posesión del señor Arley Ortiz, practicada durante el trámite del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación (fls. 252, cdno. 1), en la cual el perito concluyó que “el tambor parte anterior presenta los alvéolos ahumamiento que significa que el revólver ha sido disparado y al olfatearse el cañón se siente en una forma leve que este presenta residuos de pólvora”.

(iv) En el proceso no se acreditó quién fue el que disparó en contra del señor Manco Gómez, lográndose demostrar exclusivamente que su muerte se produjo durante el enfrentamiento que sostuvieron los agentes de la Sijín con el señor Arley Ortiz.

En efecto, sobre este aspecto no se practicó sobre el proyectil que causó la lesión a la víctima, una prueba de balística forense que permitiera establecer el arma de la cual provino el disparo y las demás pruebas son insuficientes y contradictorias en relación con este aspecto. Dichas pruebas son:

3.1. Testimonios rendidos durante el trámite de este proceso y en la investigación penal adelantada por la Fiscalía, los cuales, además de que individualmente considerados no permiten acreditar quién realizó el disparo, se contradicen en lo atinente al autor directo del homicidio, toda vez que en unos se afirma que fueron los agentes de la Sijín y en otros que fue el señor Arley Ortiz. Tales declaraciones son las siguientes:

3.1.1. Por una parte obran los testimonios rendidos en el trámite de este proceso, por varias personas que se encontraban en los alrededores del lugar en el que se presentó el fuego cruzado y quienes manifestaron presenciar el momento en el cual los agentes de la Sijín dispararon y le causaron la muerte al señor Libardo Manco Gómez:

— La señora Marta Lucía Figueroa (fls 63 a 64 vlto.), declaró lo siguiente:

La muerte fue el once de julio del noventa y cuatro un lunes, como a las cinco y diez de la tarde, el señor estaba esperando la señora aquí, entró en el Seguro de aquí en Carepa, entonces recogió a la señora y se vino con ella más aquí adelante como dos cuadras más o menos ahí había una balacera de un muchacho que lo venía (sic) persiguiendo y había mucha gente como dos motos iban persiguiendo un muchacho, pues dicen que era de la Sijín, pues no es que digan sino que uno sabe ellos andan por ahí encontes (sic) ese día venían persiguiendo a un muchacho que trabajaba en el batallón entonces el muchacho se encerró en una casa, en ese momento había mucha gente entonces venían los de la moto [agentes de la Sijín] tirando bala entonces en eso era que don Libardo con la esposa llamada Marta Lucía Giraldo, venían del Seguro entonces cuando la balacera entonces la señora alcanzó a entrarse a una casa y ya cuando el señor fue a entrar en la casa hay (sic) fue cuando lo cogió la bala, hay fue cuando ese señor quedó hay (sic) tirado, entonces el muchacho que estaban persiguiendo llamado Arley Ortiz, no recuerdo si lo cogieron y no sé si se lo llevaron. (...). Ella [esposa] venía de parrillera entonces ella viendo la balacera le dijo al él [víctima] pare, entonces el no paró en ese momento, ella se tiró, entonces más adelante tiró la monto (sic) entonces se fue corriendo detrás de ella, para ver si alcanzaba a meterse en la casa donde Marta se había metido entonces hay (sic) fue donde él no alcanzó a entrar allá porque cuando eso esa gente la policía estaba disparando y una sola balita le dio a él...” (resalta la Sala).

— El señor Félix Dionisio Bedoya Mosquera (fls. 64, vlto. a 66, cdno. 1), relató:

“Eso fue el once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, yo ese día estaba por La Cascada eso es un barcito, allá estaba tomado fresco cuando se escucharon los tiros entonces la gente se asomó en ese preciso momento venía él [víctima], venía subiendo de los Seguros aquí al centro y cuando en esas se oyó (sic) los tiros y el se tiró de la moto y salió corriendo hacia el otro lado cuando se sintió el tiro y él cayó y los otros tipos siguieron disparando, los tipos eran de la Sijín, era contra otro muchacho que se le desapareció y entonces cuando el muchacho se entró a la casa de un señor no recuerdo el apellido, ya el señor Libardo ya se estaba muriendo, ya después vinieron al levantamiento (...) PREGUNTADO: A quien le disparaban los agentes de la Sijín en el momento que doña Marta [esposa] y Libardo [víctima] pasaban por el lugar. CONTESTÓ: Le disparaba a un señor que venía de Piedras Blancas, hacia el centro de Carepa y al parecer eran los mismos de la Sijín porque ellos lo cogieron y se lo llevaron y al momento lo largaron. PREGUNTADO: Qué hizo Libardo y doña Marta en el momento de esta balacera. CONTESTÓ. Ellos se tiraron de la moto doña Marta se tiró al suelo y Libardo salió corriendo porque era muy nervioso me consta porque yo chansiaba (sic) mucho con él, él salió corriendo al otro de la calle y en eso la bala dio. PREGUNTADO: Díganos si el señor al que le disparaba la policía también le disparó. CONTESTÓ: Pues únicamente oía los tiros de la policía al tipo no lo vi disparando. PREGUNTADO. Díganos si la muerte de Libardo fue un hecho accidental, o si por el contrario fue que los agentes tiraron a matarlo. CONTESTÓ: Para mí eso es accidental ellos no estaban siguiendo a Libardo, eso fue porque él iba pasando” (resalta la Sala).

— La señora Nirida del Carmen Higuita David (fls. 65 a 67, cdno. 1), presenció los hechos de la siguiente manera:

Yo en ese tiempo trabajaba en casa de familia yo iba diagonal al Seguro para la casa, entonces cuando iban cuatro tipos en dos motos, esos tipos eran de la Sijín, o sea que iban persiguiendo a un muchacho pero el muchacho también era del Sijín, y hay (sic) fue donde se formó la plomera y en ese momento venía don Libardo con doña Marta en una moto y el hijo Emilio, entonces Marta se tiró al suelo y don Libardo salió corriendo y accidentalmente le cayó una bala a él, y ella después se levantó salió corriendo para una charcutería de un señor que se llama Roberto, entonces cuando ya fueron a mirar él o sea don Libardo estaba muerto, entonces los de la Sijín dieron la vuelta por la misma cuadra y siguieron persiguiendo al muchacho y el muchacho se metió para la casa de los Uribes (...) PREGUNTADO: Díganos si este muchacho a quienes los agentes de la Sijín perseguían también disparó a los policías: CONTESTÓ: El muchacho que iban persiguiendo nunca disparó” (resalta la Sala).

En relación con dichos testimonios la Sala considera que si bien presenciaron el enfrentamiento y posterior persecución que se presentó entre el señor Arley Ortiz y los agentes de la Sijín, lo cierto es que de su dicho no puede tenerse acreditado que el disparo que le causó la muerte al señor Manco Gómez fue percutido por una de las armas que estaban a disposición de dichos agentes.

Sobre este aspecto debe tenerse en cuenta que los testigos son contestes en afirmar que los agentes de la Sijín eran los que disparaban en contra del señor Arley Ortiz, afirmación que no se acompasa con los informes de policía rendidos en el proceso, con los cuales según se señaló, se logró establecer que el individuo que se resistió al procedimiento de requisa y posterior identificación, también hizo uso de su arma de fuego en contra de los agentes, de manera que no puede tenerse por acreditado que al ser los agentes del Estado los únicos que dispararon, fueron éstos los que le causaron la muerte al señor Manco Gómez, como lo afirman los declarantes.

De igual forma, la Sala considera que el testigo Félix Dionisio Bedoya Mosquera no pudo presenciar a plenitud la forma en que se desenvolvieron los hechos, toda vez que afirma que se encontraba al interior del establecimiento La Cascada cuando escuchó varios disparos y al salir del mismo observó que la víctima se encontraba en busca de refugio porque había quedado en medio de la balacera en la cual perdió la vida, esto es que antes de que observara a los agentes de la Sijín hacer uso de sus armas de fuego, el enfrentamiento ya había iniciado, razón por la cual el testigo no puede determinar si los disparos que oyó fueron de los agentes de la Sijín o del señor Arley Ortiz, ni mucho menos si de ellos pudo provenir el que le causó la lesión mortal al señor Manco Gómez.

Similares consideraciones corresponde realizar en relación con lo dicho por la señora Nirida del Carmen Higuita David, quien no pudo apreciar si realmente el disparo fue realizado por los agentes del Estado, como quiera que ella misma afirmó encontrarse casi a dos cuadras del lugar donde ocurrió el tiroteo, cerca de la oficina del Seguro, de manera que su ubicación y distancia le impedían apreciar con exactitud cuál de los disparos en medio del fuego cruzado que se presentó, fue el causante del hecho que dio origen a este proceso.

Por otra parte, los testigos afirman que la persona que huía era un agente del Estado, afirmación esta que no tiene respaldo probatorio en el expediente y que corresponde únicamente a la impresión que en ellos generó el aspecto físico del señor Arley Ortiz, circunstancia que le resta aún más mérito probatorio a dichos testimonios en relación con la circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que percibieron el enfrentamiento.

Finalmente, cabe resaltar que no se necesita ser un experto en criminalística para afirmar que, las circunstancias mismas en las que ocurre un enfrentamiento, ponen en duda la afirmación de los declarantes, toda vez que la forma en que se desenvuelven los hechos en los cuales se presentan disparos cruzados en un zona donde hay concurrencia de personas así como el riesgo que corren de verse afectados quienes se encuentran cerca del lugar, dificultan la apreciación por parte de los testigos de un hecho tan específico relacionado con el autor directo del homicidio, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto los agentes de la Sijín como el señor Arley Ortiz, hicieron uso de las armas que portaban.

3.1.2. Por otra parte y en contraposición de lo expuesto en las anteriores versiones, obran los testimonios rendidos en el trámite del proceso penal que se adelantó ante la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Arley Ortiz, por los agentes de la Sijín que participaron en el operativo y quienes afirmaron que fue éste quien disparó en contra del señor Libardo Manco Gómez:

En la denuncia formulada por el señor Liber Celorio Mandinga, ante la Inspección de Policía de Antioquia, el testigo expuso:

Yo me encontraba realizando patrullaje en el municipio de Carepa en motocicleta, ordenado por el señor jefe de la Sijín, nos desplazamos por la calle principal, al llegar al establecimiento de razón social La Cascada, ví un sujeto que estaba parado en la mitad de la calle en actitud sospechosa, entonces desidimos (sic) practicarle una requisa porque esto hace parte de nuestra función, identificar a cualquier persona sospechosa, entonces en el momento en que yo le dije somos de la Policía permítanos una requisa señor, el sujeto en forma estraña (sic) colocó la mano en la cintura, sacó un arma y empezó a dispararnos, en varias ocasiones, al ver esto nos tiramos al piso de una vez, es de anotar que yo me encontraba con mis compañeros Villamizar Pinzón Álvaro, Sierra Quirama y el agente Agudelo Uribe, después de esto el sujeto antes mencionado emprendió la huida y entonces nosotros comensamos (sic) a seguirlo y este sujeto seguía disparando... Aclaro nuestra primera reacción fue tirarnos al piso para así evitar ser heridos por el sujeto, el cual no nos dio tiempo de sacar nuestra arma de dotación cuando nos levantamos nos dimos cuenta que había una persona. herida gravemente y se encontraba tendida en el piso y es de anotar que el sujeto herido se encontraba en medio de los disparos que el sujeto nos hizo a nosotros y el estaba a unos cuanto metros de la balasera (sic) producida por éste sujeto, y digo que también éste sujeto no llevaba armas ni se encontraba disparando solamente era un ciudadano normal que se encontraba en medio de la balasera (sic) provocada por éste sujeto que anteriormente menciono” (fl. 243).

En posterior declaración sostuvo:

“(...) yo iba de parrillero le dio la vuelta a la motocicleta en que nos desplazábamos para quedar frente al sujeto, la otra moto hizo lo mismo, entonces yo me bajé de la moto, el sujeto se encontraba como a diez (10) metros aproximadamente, entonces le grité somos de la policía señor permítanos una requisa, este de inmediato colocó la mano en la cintura, sacó un revólver y empezó a dispararnos en varias ocasiones. Nuestra primera reacción fue tirarnos al piso para evitar ser alcanzados por una de las balas. En un momento después este sujeto habernos disparado mas o menos en cuatro o cinco ocasiones hizo un pausa, entonces nosotros nos levantamos y nos dimos cuenta que este emprendía la huida, en ese momento nos dimos cuenta también que había una persona gravemente herida en el piso (...) PREGUNTADO: Hubo cruce de disparos el día de los hechos entre el sujeto Arley Ortiz y ustedes. CONTESTÓ: Intercambio de disparos no hubo, nosotros disparamos después que vimos la persona herida en el piso y este señor emprendía la huida, esto lo hicimos con el fin de que este sujeto parara que dejara de correr, el cual lo que hizo fue tratar de eludirnos” (fls. 88, 159 y 261, cdno. 1).

— El agente Álvaro Hernando Villamizar Pinzón (fls. 89 a 90, 160 a 161 y 262, vlto. a 263, cdno. 1), narró:

“Antes de terminar la pavimentada Celorio iba de parrillero de mi, y me dijo ese hombre está sospechoso, yo adelanté como unos 20 metros después de la pavimentada y esperé que llegara la otro moto que venía detrás, cuando las dos motos quedaron de frente le dije a Agudelo que iba manejando que requisáramos a ese señor que estaba sospechoso tan pronto yo le dije eso el sujeto se mandó la mano a la parte derecha de la cintura nosotros nos tiramos al suelo y en ese momento se escucharon 3 a 5 disparos, cuando reaccionamos el hombre iba como quien dice para la parte del comando, se metió a una boutique que da como a unos 50 metros después de la pavimentada cuando nosotros lo estábamos siguiendo ya habíamos visto un herido ahí (...) PREGUNTADO: Quiénes de la Policía repelieron el ataque es decir quiénes de ustedes dispararon contra el sujeto. CONTESTÓ: Todos pero después de que habíamos salido corriendo a seguir al sujeto, como a unos 10 metros de la pavimentada ya estaba un herido ahí (...) PREGUNTADO: Cuando ustedes le quisieron hacer requisa a Ortiz Estrada. CONTESTÓ: Nosotros habíamos pasado primero por ahí y el muerto no estaba, fue después con los disparos que él [Ortiz Estrada] que resultó esa persona muerta”.

— En su relato el agente José Omar Agudelo Uribe (fls. 90 vlto. a 91, 162 vlto. a 162 y 263 a 264, vlto. cdno. 1), manifestó:

“Tres compañeros y yo salimos a un servicio ordenado por la jefatura de la Sijín, consistente en patrullar los sectores de Carepa, siendo las 5:10 más o menos nos dirigíamos por la calle principal que conduce a Piedras Blancas, en esta mis ¿????? dirección iba un sujeto por la mitad de la carretera, entonces el agente Celorio manifestó que esta persona estaba como sospechosa y parecía que estaba armada, que lo requisáramos, avanzamos, nos adelantamos aproximadamente 20 metros de esta persona hasta salir a la calle destapada cuando hicimos el giro se bajó de la moto el agente Celorio y le manifestó a este ciudadano que éramos de la policía, que le pedíamos una requisa este señor se mandó la mano a la cintura, sacó un revólver y nos hizo aproximadamente de 4 a 5 disparos, esto retrocediendo hacia atrás, lo cual duró aproximadamente 4 minutos, nosotros nos tiramos al suelo, cuando nos levantamos hicimos unos tiros al aire, yo hice dos (2) para tratar de detener esta persona, ya que al levantarnos había un herido...”.

En otro aparte de su declaración el testigo manifestó:

PREGUNTADO: Manifieste al despacho si cuando ustedes quisieron hacerle la requisa a Arley Ortiz ya había una persona herida o fue después cuando sucedieron los disparos. CONTESTÓ: en el intercambio de disparos y al nosotros levantarnos fue que observamos que esta persona estaba en el suelo herida...”.

— El señor Héctor Iván Sierra Quirama (fls. 91 a 92, 162 vlto. a 163 y 264 vlto. a 265, cdno. 1), expuso lo siguiente:

“El día 11 de julio a mis compañeros y a mi persona por orden del comandante de la Sijín, nos dirigimos a efectuar labores de inteligencia en el área urbana de Carepa, fin (sic) recuperar una moto que se había perdido. Nos encontramos por la principal del Carepa kra. 80 saliendo de la pavimentada a la destapada, el señor agente Celorio Mandinga notó un tipo sospechoso a los cual nos devolvimos a requisarlo, al señor Celorio identificársele como policía de una vez el tipo sacó un arma de fuego revólver y nos disparó, nosotros nos tiramos al suelo para cubrirnos de las balas mientras sacábamos nuestras armas de dotación oficial (revolver 38 largo y mini usi). El tipo trató de huir disparando al cual nosotros notamos una persona tendida en el suelo herida, tratamos de darle captura al individuo y él se devolvió hacia la boutique (...) cuando nosotros nos levantamos después de que el tipo nos atacó el señor [Libardo Manco Gómez] estaba ahí”.

En relación con estos testimonios, debe señalarse que se les resta mérito probatorio por tratarse de testigos sospechosos en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(2), como quiera que lo dicho por ellos, por encontrarse directamente implicados en la forma en que se desenvolvieron los hechos, puede estar encaminado a favorecer sus intereses en relación con la posible condena que le pueda ser impuesta a la entidad demandada y la posibilidad de verse envueltos en procesos de responsabilidad administrativa, disciplinaria e incluso patrimonial.

Adicionalmente, la Sala observa que si bien en sus declaraciones los testigos afirman que solo dispararon con posterioridad a que cesó la agresión del señor Arley Ortiz, en su declaración el señor José Omar Agudelo Uribe afirmó que la lesión mortal ocasionada al señor Manco Gómez ocurrió durante el enfrentamiento y que sólo una prueba de balística podría determinar quién realizó el disparo, razón por la cual ante dicha contradicción, que no resulta de poca importancia, no puede darse crédito a lo expuesto por ellos en relación con la autoría del homicidio.

Así mismo tales testimonios no se acompasan con los informes de policía elaborados con fundamento en lo expuesto por tales agentes al momento de la ocurrencia de los hechos, puesto que en dichos informes se indicó que la muerte del señor Libardo Manco Gómez ocurrió durante el enfrentamiento y no por causa de la acción del señor Arley Ortiz.

3.1.3. Declaración rendida en la estación de Policía de Carepa Antioquia, la cual hace parte integrante tanto de la investigación adelantada por la justicia penal militar como por la ordinaria, por el señor Leonel Herazo Padilla, en la cual se afirmó:

“Yo tenía como diez minutos de haber llegado cuando oí el tiroteo salí a mirar porque mi señora estaba afuera lavando platos y también ya la oí gritando yo me asomé a la puerta, cuando oí los disparos que sonaban en la calle yo alcancé haber (sic) al señor cuando salió corriendo, después que él le disparó a los policías y al señor que murió y se metió en la pieza de un vecino, de (sic) luego el vecino se salió de la pieza de él y se fue para la mía y luego nos encerramos a esperar que terminara el tiroteo (...) El señor primero le disparó al señor que murió y cuando vio que los policías iban pasando le disparó a los policías y allí ellos también le dispararon y cuando él vio que se le había terminado toda la munición corrió a salirse por detrás pero no pudo y entonces se metió a la pieza del vecino donde la Policía lo encontró minutos después...” (fls. 137, 222 y 244, cdno. 1).

En relación con este testimonio, es pertinente señalar que no pudo presenciar de forma exacta la forma en que se presentó el enfrentamiento, puesto que se encontraba al interior de su residencia y una vez escuchó los disparos salió a la calle, de manera que no resulta verosímil que pudiera observar con certeza al señor Arley Ortiz disparando en contra del señor Libardo Manco Gómez, como quiera que antes de que observara al mencionado ciudadano hacer uso de su arma de fuego, ya se habían presentado varios disparos, sin que el testigo pueda determinar su procedencia y de alguno de tales disparos pudo eventualmente ser aquél que cegó la vida del señor Manco Gómez.

De conformidad con lo expuesto, se concluye que en el proceso existe un grupo de testigos que imputan la muerte del señor Manco Gómez al disparo realizado por los agentes de la Sijín y otro al tercero que se resistió al procedimiento de requisa e identificación, sin que pueda darse mayor valor a unos u otros, toda vez que además de que no existen elementos de juicio adicionales que permitan tener acreditado lo expuesto por alguno de dichos grupos de testigos, en el contenido de las declaraciones a que se hizo referencia, se aprecian serias falencias en relación con la forma en que los declarantes apreciaron los hechos en algunos casos y en otros su imparcialidad resulta cuestionada por el interés que les asiste en el resultado del proceso.

3.2. Obran en el expediente el acta auténtica del levantamiento del cadáver del señor Libardo Emilio Manco Gómez, de 11 de julio de 1994, en la que, sin establecer cuál es el orificio de entrada y cuál es el de salida, se señaló que la víctima presenta “un orificio en la región pectoral a ocho centímetros de la tetilla derecha, un orificio en la base del omoplato derecho”.

En relación con esta prueba, la Sala considera que si bien de la forma en que se describen las heridas, podría tenerse como viable la hipótesis de que el señor Arley Ortiz fuera el causante de la muerte, por el hecho de que la víctima se movilizaba por la calle del comercio del municipio de Carepa-Antioquia, en la misma dirección de los policiales de la Sijín, pero un poco más adelante de ellos, esto es dándoles la espalda y presumiendo que el orificio de entrada lo fue el que se describe en el pecho, lo cierto es que en el proceso se acreditó que una vez se presentó el enfrentamiento, la víctima, según los testimonios de Marta Lucía Figueroa, Félix Dionisio Bedoya Mosquera y Nirida del Carmen Higuita David a los que la Sala se refirió, y la inspección judicial que se practicó durante el trámite del proceso penal, se bajó de su motocicleta y trató de refugiarse en una de las casas del sector, razón por la cual, no puede afirmarse con certeza que quien realizó el disparo fue el individuo que se encontraba de frente a la víctima, toda vez que los desplazamientos de ésta al resguardarse implican un cambio de orientación de su cuerpo, razón por la cual el disparo pudo provenir de cualquiera de las direcciones en las que se encontraban ubicadas las partes enfrentadas.

La anterior conclusión resulta corroborada, si se tiene en cuenta que el cuerpo del señor Manco Gómez fue encontrado decúbito lateral derecho, con la cabeza en sentido oeste-este, es decir en la dirección en la que se encontraba el señor Arley Ortiz, según se acreditó con el acta de levantamiento del cadáver a la cual ya se hizo referencia y el registro fotostático tomado durante la diligencia de inspección del cadáver, en el cual cada fotografía tiene una explicación de las imágenes tomadas, las cuales dan cuenta de la posición en que falleció el señor Libardo Emilio Gómez Manco (fl. 169, cdno. 1).

La posición en la que quedó el cadáver, no es indicativa de que el proyectil que le causó la lesión hubiere provenido de la dirección en la que se movilizaba, porque si necesariamente el disparo hubiere sido realizado de frente, resulta poco verosímil que la cabeza de la víctima estuviera ubicada en el sentido en el que en un principio se desplazaba, circunstancia que se explica únicamente por el hecho de que el disparo se realizó en el momento en que buscó refugio, situación en la cual el disparo pudo provenir de cualquiera de las direcciones de las partes en conflicto, sobre todo si se tiene en cuenta que el croquis elaborado durante la diligencia de levantamiento del cadáver (fls. 168, 271, cdno. 1) indica que la víctima abandonó su motocicleta y corrió en sentido contrario a su desplazamiento inicial.

Así las cosas la forma en que la víctima buscó protección y la dirección en que se desplazaba, no dan certeza de cuál de los grupos enfrentados pudo eventualmente realizar el disparo que le causó la muerte al señor Libardo Emilio Gómez Manco.

3.3. Por otra parte obran en el proceso varios testimonios en los cuales los declarantes afirman que no presenciaron las circunstancias en las que se presentó el enfrentamiento, razón por la cual no es posible determinar de su dicho quién disparó en contra del señor Manco Gómez. En efecto:

— El señor José Roberto Rodríguez Gómez (fl. 173, cdno. 1), en declaración rendida durante el trámite del proceso penal, manifestó que la esposa del occiso se resguardó en su casa al momento de los hechos, pero que no pudo darse cuenta quién disparó en contra del señor Manco Gómez.

— La señora Luz Edilma Toro Tossa, esposa del señor José Roberto Rodríguez Gómez, durante el trámite del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación (fls. 173 a 174 y 275 a 276, cdno. 1), expuso que la esposa de la víctima se resguardó en su casa al momento de los hechos y que una vez terminado el enfrentamiento se dieron cuenta de que con ocasión del mismo el señor Manco Gómez había perdido la vida.

— Por su parte el señor Oscar de Jesús Martínez, ante la Inspección de Policía de Carepa-Antioquia, manifestó escuchar los disparos y encontrarse directamente con el señor Arley Ortiz cuando ingresó a su casa con el propósito de evadir la acción de la Policía. El testigo sostuvo que no pudo identificar al agresor del señor Manco Gómez (fls. 139, 221 y 246, cdno. 1).

— El señor Fredy Navarro Ortega, en declaración rendida ante la inspección de Policía de Carepa-Antioquia (fls. 140, 220 y 245, cdno. 1), afirmó que el señor Arley Ortiz disparó en contra del señor Manco Gómez, pero con posterioridad, en el testimonio rendido ante la Fiscalía General de la Nación (fls. 274 a 275, cdno. 1), se retractó de su dicho y afirmó no saber quién causó la muerte durante el enfrentamiento.

— La señora Glodis Sucerquía Funieles (fls. 138, 219 y 242, cdno. 1), afirmó que ella vio cuando el señor Arley Ortiz le disparaba a los agentes de la Sijín, pero nada manifestó de la muerte del señor Libardo Gómez Manco.

3.4. Obra en el proceso copia auténtica de la providencia de 10 de octubre de 1994 (fls. 201 a 206, cdno. 1), mediante la cual el Juzgado Ciento Treinta y Seis de Instrucción Penal Militar se abstuvo de abrir investigación en contra de los agentes que participaron en el hecho, toda vez que según se acreditó por dicha autoridad judicial, la muerte del señor Manco Gómez fue causada por el señor Arley Ortiz. Sobre dicha decisión judicial, la Sala considera pertinente señalar que la misma tuvo por fundamento único los testimonios rendidos por los agentes de la Sijín implicados en el operativo, razón por la cual si bien la misma constituye prueba(3), lo cierto es que en este proceso obran otras que contradicen las conclusiones expuestas por la justicia penal militar y que por ende impiden que con la misma se tenga por acreditado con grado de certeza quién fue el autor directo del homicidio, sobre todo si se tiene en cuenta que la Sala puso de relieve las inconsistencias y la falta de mérito probatorio de las declaraciones de dichos agentes y que fueran referidas en el trámite del proceso penal militar.

3.5. Obra en el proceso inspección judicial adelantada por el Juzgado Ciento Treinta y Seis de Instrucción Penal Militar (fls. 194 a 197, cdno. 1), en la que no se da cuenta de quién fue el que disparó en contra del señor Libardo Manco Gómez y la cual, de igual forma que la providencia proferida por ese juzgado a la cual ya se refirió la Sala, se elaboró con fundamento en las declaraciones de los agentes de las Sijín que dentro de dicha causa eran investigados, razón por la cual ante el hecho de que existen otras pruebas en el proceso que contradicen dichas declaraciones, no tiene la entidad probatoria suficiente para determinar quién fue el autor directo del disparo que cegó la vida de la víctima.

3.6. En el trámite del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, se practicó diligencia de inspección judicial del arma que fue encontrada en posesión del señor Arley Ortiz, al cual la Sala ya hizo referencia y en la que se da cuenta del estado del revólver y se analizan los cartuchos y las vainillas que portaba al momento de su captura. Dicha prueba solo es indicativa de que tal arma fue disparada toda vez que así expresamente lo señala el perito encargado de realizar el reconocimiento, pero el análisis que se realizó no permite determinar si con la misma hubiere disparó (sic) el proyectil que le quitó la vida al señor Manco Gómez.

De conformidad con lo acreditado y concluido el análisis de las pruebas que obran en el expediente, se demostró en el proceso que la muerte del señor Libardo Manco Gómez se produjo como consecuencia de un enfrentamiento que se presentó entre un tercero, respecto del cual a pesar de lo dicho por los testigos, no se acreditó que fuera entre un agente de la Fuerza Pública y varios agentes de la Sijín, y sin que fuera posible determinar con grado de certeza cuál de los extremos del enfrentamiento realizó el disparo que acabó con la vida de la víctima.

4. La responsabilidad del Estado en los casos de enfrentamientos armados.

4.1. El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles.

Los criterios de atribución que tradicionalmente han sido acogidos por la jurisprudencia de la corporación, han sido básicamente dos: (i) de responsabilidad subjetiva por falla del servicio, derivado del incumplimiento de una obligación estatal, que se concreta en un funcionamiento anormal o irregular o en una inactividad de la administración, y (ii) de responsabilidad objetiva, por daño especial o riesgo excepcional, en relación con el cual no resulta relevante el estudio de la subjetividad de la conducta de la entidad demandada, pudiendo la misma exonerarse sólo cuando acredite una causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero y la fuerza mayor.

En todos estos regímenes o criterios de imputación (subjetivo y objetivo) se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño, bien de manera exclusiva o concurrente con la de la víctima o la de un tercero, es por ello que en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra suya, por haber sido éste su autor, bien por haberlo causado directamente, como cuando el daño antijurídico es producto de su actuación defectuosa, o de una actuación legítima del Estado, o cuando el Estado a pesar de no ser su autor directo propició su causación, bien porque omitió cumplir la obligación que le correspondía y que tenía la virtud de interrumpir el proceso causal adelantado por el tercero, o porque constituya la concreción de un riesgo lícitamente creado por el mismo.

De conformidad con los anteriores criterios, indudablemente en los eventos en los cuales se presentan enfrentamientos armados, los daños que sufren las personas ajenas al conflicto que, para su infortunio, estuvieran cerca, son atribuibles al Estado de conformidad con el artículo 90 Constitucional, toda vez que sus agentes participaron en el hecho y propiciaron su causación.

Precisa la Sala que tales daños, causados durante una confrontación armada, son imputables al Estado: (i) por haber omitido su deber de protección de los asociados (falla del servicio) y (ii) cuando tales daños son causados como consecuencia de la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Sobre este último aspecto, esta Sala sostuvo(4).

“En el presente caso, se imputa responsabilidad a la entidad demandada porque el hecho dañoso —muerte de Pérez Galíndez— se produjo durante el enfrentamiento armado que sostuvo la Policía Nacional con subversivos, sosteniendo la parte actora que se imputa la producción de ese hecho a la entidad demandada puesto que la víctima “resulta inocente de la guerra que a diario libran la Fuerza Pública y la fuerza de la subversión o revolucionaria”, por lo tanto, alega que “es de justicia, de equidad, que el Estado también salga en defensa de esa víctima y repare la lesión antijurídica causada a él y a su familia. Sólo así se fortalece y restablece el principio de equilibrio en la distribución de las cargas que deben soportar todos los administrados”; al respecto, la Sala ha sostenido que en los casos de daños producidos en desarrollo de actividades peligrosas como lo es el manejo de armas de fuego el título de imputación no es otro que el fundamentado en la actividad generadora de riesgo (riesgo excepcional), donde, por una parte, al demandante sólo le basta probar el daño antijurídico y el nexo causal, y por otra parte, a la entidad demandada, para exonerarse de responsabilidad, le corresponderá probar una causa extraña que rompa dicho nexo, esto es, fuerza mayor, hecho o culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero”.

Ahora bien, conforme al anterior criterio vale destacar que los daños causados durante una confrontación armada entre el Estado y un grupo subversivo, a las personas ajenas al conflicto, no son imputables al Estado a título de daño especial, porque la aplicación de este régimen supone siempre la existencia de una relación de causalidad directa entre una acción legítima del Estado y el daño causado, lo cual descarta, por definición, todo daño proveniente de dicha actividad legítima pero riesgosa para los ciudadanos, cuyo autor material no pudo ser identificado.

Es, justamente, en estos casos por la elevación del riesgo normalmente permitido, que el daño es imputable al Estado, al margen de que el mismo no se demostrara como causado directamente por éste, sino durante el enfrentamiento, como quiera que la acción armada del Estado constituye uno de los riesgos más graves a los que se exponen las personas. Por lo tanto, aunque la confrontación armada sea legítima y no se demuestre que la Fuerza Pública causó directamente el daño, deberá el Estado indemnizar los perjuicios bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional, por haber generado dichos riesgos.

4.2. En el sub lite, según las probanzas del expediente, se acreditó que la muerte del señor Libardo Manco Gómez, se produjo durante un enfrentamiento que sostuvieron agentes de la Sijín, con el señor Arley Ortiz quien se negó a un procedimiento de requisa y posterior identificación. En el proceso no se logró establecer el autor del disparo que le quitó la vida a dicho ciudadano.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el daño causado a la parte actora es imputable a la entidad demandada, como quiera que si bien no se demostró en el proceso una falla en el servicio en operativo adelantado por los agentes de la Sijín, sí se probó que por las circunstancias en las que se desenvolvió el caso, la administración generó un riesgo de naturaleza excepcional el cual, según se indicó, constituye una circunstancia en la que se ponen en grave peligro los bienes jurídicos de quienes transitan por el lugar al momento del enfrentamiento, circunstancia que impone el deber de indemnizar en el evento en que dichos riesgos se concreten en la ocurrencia de los daños, como sucedió en el sub lite con la muerte del señor Libardo Emilio Manco Gómez.

En consecuencia, se revocará la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar proceder a condenar a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios ocasionados a los integrantes de la parte actora.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1. Daño moral.

Se solicitó en la demanda una indemnización equivalente a 1.000 gramos de oro para la esposa, hijos y la madre de la víctima, y a 500 gramos oro para cada uno de sus hermanos. Se advierte, que para establecer el valor de la indemnización a reconocer a título de perjuicios morales, la Sala tendrá en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos de mayor intensidad, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

Con fundamento en lo anterior, la Sala reconocerá la indemnización por perjuicios morales en favor de las demandantes, así: (i) para Aura María Gómez de Manco (madre), Marta Lucía Giraldo Osorio (esposa); Libardo Emilio y Edgar de Jesús Manco Giraldo un valor equivalente a 100 SMLMV, para cada uno (hijos) y (ii) para Severo de Jesús, Orlando Antonio, María de Jesús, Jorge de Jesús, Luis Arturo, Rafael Antonio, Alicia del Socorro, Rosa Antioquia y Olga Magdalena Manco Gómez y Reinaldo Antonio Manco Estrada (hermanos), la suma correspondiente a 50 SMLMV, para cada uno.

5.2. Perjuicio material.

5.2.1. Lucro cesante.

Se solicitó en la demanda condena en relación con este concepto, para la esposa y los hijos de la víctima. En el proceso se acreditó que al momento de su muerte, el señor Libardo Manco Gómez se desempeñaba en labores de construcción, según da cuenta el testimonio de los señores Marta Lucía Figueroa y Félix Dionisio Bedoya, a los cuales la Sala ya se refirió.

Ahora bien, en relación con las ganancias que percibía por esa actividad económica, los testigos afirman que producía semanalmente $ 80.000, cifra respecto de la cual no se tiene certeza, toda vez que dicha actividad económica era variable, de manera que la única forma de establecer los ingresos es promediando lo producido en un mes de trabajo sin que en el proceso sea posible establecer el monto al cual asciende dicha cifra y adicionalmente porque los testimonios que se recibieron no resultan ser prueba suficiente para demostrar ese hecho, habida consideración de que no dan cuenta de la razón de su dicho.

Ahora bien, para determinar la renta se tendrá en cuenta el salario mínimo para la fecha de la sentencia, esto es, la suma de $ 535.600(5), incrementado en el 25% por concepto de prestaciones sociales, lo que arroja la suma de $ 669.500. De esa suma se descuenta el 25% que la Sala infiere que el productor de la renta dedicaba a su propio sostenimiento, dado que su remuneración la compartía con su esposa y sus dos hijos. Así las cosas, la suma que sirve de base a la liquidación, corresponde a $ 502.125, la cual dividida en partes iguales arroja un resultado de $ 167.375, que corresponderá a la base de liquidación de la indemnización de cada uno ellos.

— Período a indemnizar:

— Para la señora Marta Lucía Giraldo Osorio (esposa): por el término de su vida probable calculada a la fecha de la ocurrencia de los hechos (jul. 11/94), de acuerdo con la Resolución 497 de 1997, expedida por la Superintendencia Financiera, mediante la cual se adopta la tabla de mortalidad de los asegurados, que era de 35.52 años, que equivalen a 426.24 meses (fl. 17, cdno. 1).

— Para Libardo Emilio Manco Giraldo: desde la fecha de la ocurrencia de los hechos 11 de julio de 1994, hasta el 28 de diciembre de 2003, fecha en la cual cumplió los veinticinco años, esto es 113.05 meses.

— Para Édgar de Jesús Manco Giraldo desde la fecha de la ocurrencia de los hechos 11 de julio de 1994 hasta 5 de enero de 2005, fecha en la cual cumplió los veinticinco años, esto es 125.08 meses.

— Para Marta Lucía Giraldo Osorio:

Indemnización debida o consolidada.

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

 

 

 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 167.375

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho (jul. 11/94) hasta la fecha de la sentencia: 83.36

S = $ 167.375 (1 + 0.004867)83.36 - 1

0.004867

S = $ 17'156.926

Indemnización futura

Que abarca desde la fecha de esta sentencia, hasta la vida probable de la víctima, 342.88 meses.

S = Ra (1 + i)n - 1

i (1 + i).

S = $ 167.375 (1+0.004867)342.88 - 1

0.004867 (1.004867)342.88

S = $ 28'654.600

Total lucro cesante a favor de la señora Marta Lucía Giraldo Osorio $ 17'156.926 + $ 28'654.600 = $ 45'811.525

Para Libardo Emilio Manco Giraldo

Indemnización consolidada

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 167.375

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho (jul. 11/94) hasta la fecha en que cumplió los 25 años: 113.05

S = $ 167.375 (1 + 0.004867)113.05 - 1

0.004867

S = $ 25'149.663

Para Edgar de Jesús Manco Giraldo

Indemnización consolidada

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 167.375

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de ocurrencia del hecho (ene. 26/97) hasta la fecha en que cumplió los 25 años: 125.08

S = $ 167.375 (1 + 0.004867)125.08. -1

0.004867

S = $ 28'730.807

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el por Tribunal Administrativo de Antioquía Sala de Descongestión con sede en Medellín el 30 de noviembre de 2000 y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: Declárase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional patrimonialmente responsable de la muerte del señor Libardo Manco Gómez.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a los demandantes los perjuicios ocasionados así: (i) para la señora Marta Lucía Giraldo Osorio, la suma equivalente a 100 SMLMV, como indemnización por los perjuicios morales y la suma de cuarenta y cinco millones ochocientos once mil quinientos veinticinco pesos ($ 45'811.525), a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; (ii) para el señor Libardo Emilio Manco Giraldo el monto equivalente a 100 SMLMV, corno indemnización por los perjuicios morales y la suma de veinticinco millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres pesos ($ 25'149.663) a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; (iii) para el señor Édgar de Jesús Manco Giraldo la suma equivalente a 100 SMLMV como indemnización por los perjuicios morales y la suma de veintiocho setecientos treinta mil ochocientos siete pesos ($ 28'730.807) a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y (iv) para los demandantes Severo de Jesús, Orlando Antonio, María de Jesús, Jorge de Jesús, Luis Arturo, Rafael Antonio, Alicia del Socorro, Rosa Antioquia y Olga Magdalena Manco Gómez y Reinaldo Antonio Manco Estrada la suma correspondiente a 50 SMLMV, para cada uno por concepto de perjuicios morales.

TERCERO: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 1995, tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación por virtud de una apelación propuesta antes de la vigencia de la Ley 954, era de $ 9.610.000 y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a la suma de $ 40'060.686, solicitados como daño material en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Martha Lucía Giraldo Osorio.

(2) La mencionada disposición establece lo siguiente: “ART. 217.—Testigos sospechosos. Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

(3) Sobre el valor de la sentencia penal en los procesos de responsabilidad consúltese: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de agosto de 2008, expediente 16.533, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2004, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente 14405.

(5) Se toma el salario mensual vigente a esta fecha, por ser mayor que el salado indexado vigente para la época de la ocurrencia de los hechos (ene. 26/97).