Sentencia 1995-00116/18078 de junio 9 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejera ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordoñez

Rad.: 13001-23-31-000-1995-00116-01(18078)

Actor: María Denaida Cueto de Hurtado y Otros

Demandado: Nación Colombiana-Ministerio de Defensa Nacional y Otro

Referencia: Reparación Directa

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada Nación - Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuya parte resolutiva se dispuso:

“1. DECLÁRASE a la Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable de la muerte del señor Rafael Antonio Hurtado Cueto.

“2. Igualmente DECLÁRASE a La Armada Nacional - Ministerio de Defensa Nacional administrativamente responsable de la muerte del señor Rafael Antonio Hurtado Cueto.

“3. Como consecuencia de lo anterior CONDÉNASE en forma subsidiaria (sic) a las entidades antes mencionadas al pago de los perjuicios morales a:

• María Denaida Cueto de Hurtado en valor equivalente a Mil (1000) gramos oro.

• María Cristina Hurtado Cueto, Álvaro Enrique Hurtado Cueto, Jose Hurtado Cueto, Edilma Hurtado Cueto, Daniel Hurtado Cueto, Alengandrina (Sic) Hurtado Cueto, Antonio Jose Hurtado Cueto, Carlos Antonio Hurtado Rodríguez y Antonio Carlos Hurtado Rodriguez, en valor equivalente a Quinientos (500) gramos oro, para cada uno.

“4. Así mismo CONDÉNASE en forma subsidiaria (sic) a las entidades mencionadas a pagar a la señora María Denaida Cueto de Hurtado, como perjuicios materiales la suma de $10.819.075.42 Diez Millones Ochocientos Diecinueve Mil Setenta y Cinco Pesos Con Cuarenta y Dos Centavos., m/cte, conforme a lo explicado en la parte motiva de este fallo”.

I. Antecedentes:

1. Mediante demanda presentada el 24 de abril de 1995, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, los señores María Denaida Cueto de Hurtado, María Cristina Hurtado Cueto, Álvaro Enrique Hurtado Cueto, Edilma Hurtado Cueto, Daniel Hurtado Cueto, Alejandrina Hurtado Cueto, Antonio José Hurtado Cueto, José Hurtado Cueto, Carlos Antonio Hurtado Rodríguez y Antonio Carlos Hurtado Rodríguez, actuando en sus propios nombres y por conducto de apoderado judicial, instauraron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada por el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de obtener la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas y la consecuencial condena al pago de la indemnización de los perjuicios que se afirman irrogados por el fallecimiento del señor Rafael Antonio Hurtado Cueto, ocurrida el 19 de mayo de 1993.

1.1. Pretensiones.

“a) La Nación Colombiana, La Armada Nacional, El Ministerio de Defensa Nacional y/o La Fiscalía General de la Nación son responsables de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes con la muerte abrupta y violenta de Rafael Antonio Hurtado Cueto como producto del impacto recibido de un automotor perteneciente a la Fiscalía General de La Nación, o detentado por ella, automóvil involucrado en una caravana que realizaba un operativo de inteligencia militar en cercanías del municipio de Marialabaja, el día 19 de mayo de 1993.

b) Condénese a la Nación Colombiana, La Armada Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y/o Fiscalía General de la Nación, a pagar:

1) A los demandantes María Denaida Cueto Hurtado, María Cristina Hurtado Cueto, Álvaro Enrique Hurtado Cueto, José Hurtado Cueto, Edilma Hurtado Cueto, Daniel Hurtado Cueto, Alejandrina Hurtado Cueto, Antonio José Hurtado Cueto, Carlos Antonio Hurtado Rodríguez Y Antonio Carlos Hurtado Rodríguez, los daños y perjuicios materiales, patrimoniales, incluyendo el lucro cesante, los intereses compensatorios de lo que sumen, desde la fecha de la causación del daño y hasta la fecha de la indemnización en la cuantía que resulte de las bases demostradas en el curso del proceso.

Su pago se hará en pesos corrientes desde la fecha de la causación del daño o perjuicio, es decir teniendo en consideración la variación del índice de precios al consumidor entre la fecha de muerte del joven Rafael Antonio Hurtado Cueto y la sentencia.

2) A la demandante (madre de la víctima) María Denaida Cueto de Hurtado los daños morales, equivalentes a los que valgan mil gramos (sic) oro fino en la fecha del fallo.

3) A los demandantes, a cada uno de ellos (hermanos de la víctima), María Cristina Hurtado Cueto, Álvaro Enrique Hurtado Cueto, José Hurtado Cueto, Edilma Hurtado Cueto, Daniel Hurtado Cueto, Alejandrina Hurtado Cueto, Antonio José Hurtado Cueto, Carlos Antonio Hurtado Rodríguez Y Antonio Carlos Hurtado Rodríguez, los daños morales, equivalentes a lo que valgan quinientos gramos (sic) oro fino en la fecha del fallo.

4) Los intereses corrientes, aumentados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha en que el fallo deba cumplirse hasta la efectiva solución de las obligaciones que resulten.

5) Los gastos del proceso.

Comuníquese lo resuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que en el término de treinta días, contados a partir de su conocimiento le dé cumplimiento. (fls. 1 y 2 Cdno. Tribunal).

1.2. Hechos.

“1) Sucedieron en cercanías al municipio de Marialabaja (sic), el día 19 de mayo de 1993, aproximadamente a las doce del mediodía, transitaba por dicho lugar una comisión de trabajo ordenada por la señora Jefe de la Unidad Investigativa de Orden Público de la Fiscalía General de la Nación —Fiscalía Regional con sede en Barranquilla—, bajo la dirección de la doctora Dora Gilma Baquero, orden de trabajo que tiene como número 123 del 18 de mayo de 1993, colaborando con dicha misión de trabajo iban miembros de la Infantería de Marina; en cumplimiento de dicha misión y para su efecto viajaban por la carretera que conduce al municipio prenombrado, varios automotores en forma de fila; encabezando la marcha corría raudamente en un Jeep (sic) Montero Blanco al mando de un Capitán de apellido Flórez, el investigador judicial de nombre Juan Prada Feo y otros miembros de las Fuerzas Armadas; siguiendo marcha veloz viajaba un camión de la Infantería de Marina marca Mercedes Benz con varios Infantes de Marina al mando del Teniente Perico; en tercer lugar viajaba el señor José María Quijano Rodríguez, conduciendo un vehículo Marca Nisan (sic) de color rojo de propiedad de la Fiscalía General de la Nación o por lo menos se beneficiaba con él, sin placas, en compañía del investigador judicial Oscar Forero y el Sargento Oscar Parra y por último en la fila de automotores viajaba un Camión marca Ford 350 al mando del Teniente de Infantería de apellido Vélez. Los vehículos se desplazaban raudamente, cuando intempestivamente el vehículo conducido por el señor José María Quijano Rodríguez arrolló mortalmente al joven Rafael Antonio Hurtado Cueto, hijo y hermano de mis poderdantes. Este vehículo pertenece a la Fiscalía General de la Nación o por lo menos lo usaba para su beneficio ese día, estaba a su cuidado y era conducido por un funcionario de esa Institución en ejercicio de su cargo.

“2) Ha manifestado el conductor del vehículo que pertenece a la Fiscalía General de la Nación, en Investigación que cursa en la Fiscalía General de la Nación, señor José María Quijano Rodríguez, que él fue sacado de la carretera por el conductor del camión FORD 350 perteneciente a la Infantería de Marina, y es por esa circunstancia que en este libelo instauro demanda contra las dos Entidades.

“3) Cursa actualmente en la Fiscalía General de la Nación, seccional Cartagena, Unidad Especializada de Vida la Instrucción por la muerte del joven Rafael Antonio Hurtado Cueto.

“4) En el fatídico suceso no hubo, por parte de la víctima ninguna participación que haga concluir que hubo culpa o responsabilidad por parte de ella, todo lo contrario, la responsabilidad recae completamente en la Fiscalía General de la Nación o en la Armada Nacional o Ministerio de Defensa que es a quién pertenece el Camión Ford 350 mencionado, o a ambas Instituciones por participar cada una de ellas o ser causa directa de la muerte de Rafael A. Hurtado Cueto.

“5) En el acontecimiento luctuoso que produjo la lamentable muerte de Rafael Hurtado no hubo fuerza mayor o caso fortuito, o fue este causado por un tercero, ¡NO!, fue la imprudencia de los vehículos que raudamente viajaban por el lugar, ya que venía de hacer unos operativos y allanamientos.

“6) La víctima estaba esperando un bus en el lugar de los hechos, en el sitio que se utiliza para esa faena, es decir la acera o zona de peatones.

“7) Está claro que la muerte del joven Rafael Hurtado C. fue originada o causada por impericia o negligencia o falta de cuidado del conductor del Jeep (sic) Rojo marcas Nissan que servía a la Fiscalía General de la Nación y/o del camión Ford 350 perteneciente a la Armada Nacional - Ministerio de Defensa Nacional.

“8) La señora María Denaida Cueto De Hurtado, además del enorme dolor que ha venido sufriendo por la pérdida de su hijo, se encuentra desprotegida económicamente, ya que el joven Rafael Hurtado, a pesar de su juventud, le daba el sustento de manera diaria, con dinero que obtenía de su humilde trabajo, la víctima trabajaba como vendedor estacionario en el centro de la ciudad de Cartagena, y como producto de ese trabajo lograba producir diez mil pesos diarios. Trabajo humilde pero necesario para ayudar a su madre en la alimentación diaria.

“9) Igualmente el joven Rafael Hurtado C., le hace falta a sus hermanos, los cuales han sufrido un gran dolor por el hecho luctuoso que los embarga.

“10) Madre y hermanos de la víctima, además de verse patrimonialmente afectados, ya que el joven Rafael Hurtado C. colaboraba en gran medida con el mantenimiento del hogar, también han sufrido la irreparable pérdida que los han (sic) sumido en el dolor y la aflicción disminuyéndose considerablemente su salud y estado anímico y sus condiciones plenas de trabajo, ya que todos convivían en el momento del lamentable hecho en el mismo hogar y hay entre los demás una interrelación de afecto que nace del diario vivir y el trato constante. Por eso es bueno resaltar que a la hora de la muerte del Joven Rafael Hurtado Cueto éste gozaba de excelente salud física y mental.

“11) Con la muerte de Rafael Hurtado Cueto se ha visto mermada la unión y el núcleo familiar que hasta el momento de la muerte existía en dicho hogar.

“12) El conductor del Camión Ford 350 perteneciente a la Infantería de Marina o la Armada Nacional de nombre Jimmy Madero Sossa, en el momento de los hechos luctuosos realizaba labores en beneficio de la Armada Nacional o del Ministerio de Defensa; lo mismo que el conductor del Jeep (sic) Rojo marca Nissan perteneciente a la Fiscalía General de la Nación o que ella detentaba, de nombre José María Quijano Rodríguez funcionario perteneciente a la Fiscalía General de la Nación.

“13) La muerte de Rafael Hurtado Cueto fue causada en síntesis, por uno cualquiera de los dos automotores anteriormente mencionados o en últimas por lo dos automotores perteneciente (sic) uno a la Armada Nacional - Ministerio de Defensa y el otro a la Fiscalía General de la Nación, o por lo menos se beneficiaban con ellos, en el momento de los fatídicos hechos. La caravana prenombrada, y obvio los dos vehículos que causaron la muerte de Rafael Hurtado Cueto, realizaba (sic) trabajos de inteligencia militar, los conductores eran miembros activos de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y su actuación fue en ejercicio activo y con ocasión del mismo.

“14) Los acontecimientos sucedieron por falta o falla del servicio o por negligencia o impericia del conductor José María Quijano Rodríguez y/o Jimy Madero Sosa.

“15) En todo caso le es atribuible el daño en la persona de la víctima Rafael Hurtado Cueto a cualquiera de las entidades demandadas o en forma solidaria a las dos y en últimas a la Nación Colombiana y responderán patrimonialmente cada una de ellas o en forma conjunta, por el daño antijurídico causado a la víctima y a los demandantes el cual le es imputable por una acción suya.

“16) Rafael Hurtado Cueto, había nacido el 9 de noviembre de 1972, tenía 21 años de edad el día de los trágicos hechos, y tenía una supervivencia de acuerdo con la tabla de mortalidad del Instituto de Seguros Sociales de más de 54 años de vida aproximadamente. (fls. 2 a 6 Cdno. Tribunal)

1.3. Fundamentos de derecho.

Invocó los artículos 1, 2, 4, 6, 11,13, 42 y 85 de la Constitución Política y los artículos 1, 2, 3, 77, 82, 83, 86, 129, 131, 136, 137, 139, 142, 174, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

1.4. La contestación de la demanda.

Los representantes de la Nación Colombiana fueron notificados en debida forma de la admisión de la demanda, a través de los funcionarios delegados para tales efectos y procedieron a contestar la demanda dentro del término de fijación en lista.

1.4.1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones de los demandantes y manifestó no constarle los hechos en que se fundan.

Como razones de la defensa adujo que los hechos de la demanda son contradictorios en cuanto a la descripción del suceso, en la medida en que, de una parte, señalan que el vehículo que arrolló a la víctima era de marca Nissan, color rojo, de propiedad de la Fiscalía General de la Nación o al servicio de la entidad, y seguidamente consigna la demanda que la muerte del señor Hurtado Cueto, se produjo como consecuencia del golpe recibido por el vehículo antes descrito o por el de un vehículo al servicio de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, el cual ni siquiera coincide en su descripción, pues inicialmente señala que era de marca Mercedes Benz y más adelante sostiene que se trataba de un vehículo de marca Ford F-350, para concluir que con uno de los vehículos antes señalados se produjo el daño.

Sostuvo que en tales condiciones las pretensiones de la demanda son inadmisibles, porque no es posible pretender el resarcimiento de los perjuicios, atribuyendo indiscriminadamente la responsabilidad “…a cualquiera de las partes demandadas…”.

Señaló que la versión rendida por el conductor del vehículo marca Nissan de color rojo, conducido por el servidor de la Fiscalía General de la Nación, está orientada a brindar una justificación al hecho de haber arrollado a la víctima, bajo la aducción del hecho de un tercero, por tal razón corresponde a quien aduce tal circunstancia, es decir, al “…conductor de la Fiscalía General de la Nación…”, demostrar que la actuación del tercero fue la causa determinante del daño.

Concluyó afirmando que “...Siguiendo los criterios fácticos planteados por el señor apoderado de la parte actora, a la luz de la experiencia, la lógica, la sana crítica, el sentido común (…) es poco probable, por no decir imposible que si los vehículos relacionados por el apoderado actor se desplazaban en carabana (sic) específicamente en un operativo militar, no se entiende cómo uno de ellos pretendiera sobrepasar al otro para sacarlo de la vía y ocasionar así el daño conocido…”. La anterior manifestación a juicio de la demandada, comporta una exculpación que carece de fundamento y que tiene como única finalidad eludir la responsabilidad que se le atribuye. Solicitó negar las súplicas de la demanda frente a La Nación - Ministerio de Defensa Nacional.

Solicitó la práctica de pruebas (fls. 61 a 63 Cdno. Tribunal).

1.4.2. El apoderado judicial de la Nación - Fiscalía General de la Nación, manifestó oponerse a las pretensiones de la demanda y, en cuanto a los hechos, atenerse a los que resulten probados dentro del proceso.

Indicó que para estructurar la responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio, es imprescindible determinar, de manera previa, las obligaciones a cargo de la respectiva entidad, para efectos de establecer cuáles de éstas han sido incumplidas y en esa medida poder determinar si se estructura o no la responsabilidad. Las funciones de la Fiscalía General de la Nación, están determinadas por el artículo 250 de la Constitución Política y están orientadas fundamentalmente a la investigación de los delitos y a la acusación de los presuntos infractores de la ley penal ante los Juzgados y Tribunales competentes.

Con fundamento en lo anterior sostuvo que la responsabilidad por la cual se demanda no guarda relación con las funciones de la Fiscalía General de la Nación, por ende, los hechos que fundamentan la demanda desbordan el ámbito de la responsabilidad de los funcionarios de la entidad.

Añadió: “… Lo anterior tiene su asidero en las mismas apreciaciones contenidas en el libelo demandatorio. “En el fatídico suceso no hubo, por parte de la víctima ninguna participación que haga concluir que hubo culpa o responsabilidad por parte de ella, todo lo contrario, la responsabilidad recae completamente en la Fiscalía General de la Nación o o (sic) en la Armada Nacional o Ministerio de Defensa que es a quien pertenece el camión Ford 350 mencionado, o a ambas instituciones por participar cada una de ellas o ser causa directa de la muerte de Rafael A. Hurtado Cueto…”.

Advirtió que no existe plena identificación del directo responsable de la muerte del señor Hurtado Cueto y que el demandante atribuye la responsabilidad directamente a la Fiscalía General de la Nación y de manera concurrente al Ministerio de Defensa Nacional.

Pese a lo anterior, sostuvo que en el asunto sub iudice no se evidencia una falla en la prestación del servicio que tenga la virtualidad de configurar la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación; “…sería absurdo que se pretendiera exigir al Estado la protección individual hasta el último riesgo y hasta la más imprevisible amenaza. Constituiría esto una nueva versión del Estado - Gendarme, tan peregrina como imposible…”.

Solicitó la práctica de pruebas (fls. 86 a 91 Cdno. Tribunal).

1.5. El llamamiento en garantía.

En el mismo escrito de contestación de la demanda, la Nación —Fiscalía General de la Nación—, solicitó llamar en garantía al señor José María Quijano Rodríguez, quien conducía uno de los vehículos que participaron en el accidente de tránsito (fl. 91 Cdno. Tribunal).

El Tribunal, mediante auto del 12 de junio de 1996, accedió a la solicitud, por consiguiente, ordenó la citación del llamado en garantía y dispuso la suspensión del proceso para efectos de obtener la vinculación del tercero.

El término de suspensión del proceso transcurrió sin que se lograra obtener la notificación del llamado en garantía, razón por la cual se ordenó la reanudación del mismo sin la comparecencia del tercero (fls. 113 y 114 Cdno. Tribunal).

1.6. Los alegatos de primera instancia.

1.6.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación, sostuvo que dentro del proceso no se logró acreditar la falla en la prestación del servicio a cargo de la entidad que representa. Señaló que, por el contrario, la prueba recaudada permite deducir que el accidente ocurrió porque el conductor del vehículo de marca Ford F-350, al servicio de la Armada Nacional, no guardó la distancia prudente con el vehículo que se avanzaba delante suyo, el cual era conducido por el empleado de la Fiscalía General de la Nación. La anterior circunstancia determinó que ante la emergencia que se presentó, el conductor del camión de marca Ford F-350 no alcanzara a detenerse y golpeara en la parte trasera al vehículo conducido por el empleado de la Fiscalía, generando que éste saliera de la carretera y se produjera el accidente con las consecuencias conocidas.

Sostuvo que el incumplimiento de las normas contenidas en el artículo 149 del Código Nacional de Tránsito por parte del conductor del camión al servicio de la Armada Nacional, fue la causa del accidente, de manera que el vínculo de causalidad entre el hecho y el daño debe analizarse a la luz de la teoría de la causalidad adecuada, de cuya aplicación debe concluirse que la causa relevante para que el accidente se produjera fue exclusivamente la imprudencia del conductor de este vehículo (fls. 194 a 200 Cdno. Tribunal).

1.6.2. El señor apoderado de la parte actora sostuvo que dentro del proceso se halla suficientemente demostrado que la muerte del joven Rafael Antonio Hurtado Cueto, fue causada de manera directa por un funcionario de la Fiscalía general de la Nación, quien conducía un vehículo de la entidad “raudamente” por una vía cerca del municipio de María La Baja el día 19 de mayo de 1993, cuando se desplazaban en compañía de otros automotores.

Añadió que dentro del expediente quedó demostrado que el vehículo de la Fiscalía General de la Nación no fue chocado por el automotor perteneciente a la Armada Nacional, como lo sostuvo inicialmente el conductor de la Fiscalía, por el contrario, quedó demostrado que el hecho se produjo como consecuencia del actuar exclusivo de la persona que conducía el automotor al servicio de la Fiscalía.

Señaló que se encuentran reunidos los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado (fls. 201 y 202 Cdno. Tribunal).

1.6.3. La Nación - Ministerio de Defensa —Armada Nacional—, guardó silencio.

1.7. El concepto del Ministerio Público.

El señor Agente del Ministerio Público solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto dentro del proceso se hallan acreditados los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La falla en la prestación del servicio se encuentra acreditada. El conductor del vehículo al servicio de la Fiscalía General de la Nación actuó de forma imprudente pues se desplazaba con exceso de velocidad, sin tomar las previsiones que demanda el ejercicio de una actividad peligrosa.

El daño lo constituye la muerte del joven transeúnte y el vínculo de causalidad se halla configurado porque la imprudencia —constitutiva de falla—, fue la causa del accidente que trajo como consecuencia la muerte del señor Hurtado Cueto. (fls. 205 y 206 Cdno. Tribunal).

1.8. La Sentencia Recurrida.

Mediante Sentencia de fecha 29 de octubre de 1999, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos consignados al inicio de la presente providencia.

A tal efecto, el a quo precisó algunos aspectos atinentes a la responsabilidad civil extracontractual del Estado y dijo analizar los supuestos de la demanda bajo el régimen jurídico de falla en la prestación del servicio en la modalidad presunta, pese a lo cual desarrolló el contexto de la responsabilidad con base en la falla en la modalidad probada.

La falla endilgada a las entidades demandadas la encontró configurada con base en la prueba testimonial recaudada dentro del proceso, de la cual, a juicio del Tribunal, se infiere la imprudencia de los empleados de las entidades demandadas que conducían los vehículos involucrados en el accidente, en la medida en que avanzaban a gran velocidad.

El daño lo encontró acreditado con el acta del registro civil de defunción del señor Rafael Hurtado Cueto.

Sostuvo, además, que de la prueba allegada al proceso se infiere que los demandantes sufrieron perjuicios de orden moral y material por la muerte del señor Hurtado Cueto.

El nexo causal lo halló constituido. Sostuvo que la actuación imprudente de los empleados de la Fiscalía General de la Nación y de la Armada Nacional en la conducción de los vehículos a cargo de cada uno de ellos, trajo como consecuencia (efecto) las lesiones inferidas al señor Hurtado Cueto, las cuales le produjeron la muerte. Si los conductores hubieran obrado con diligencia y prudencia, el daño no se hubiera producido y sin éste los perjuicios reclamados se tornarían inexistentes.

Advirtió que de la prueba recaudada se puede inferir que la víctima se hallaba fuera de la carretera, debajo de una valla publicitaria ubicada a una distancia aproximada de 4 metros fuera del margen de la vía y en ese sitio fue arrollado por el vehículo de marca Nissan de color rojo, contrario a lo que afirmaron los conductores de los vehículos involucrados en el accidente quienes adujeron que la víctima se hallaba sobre la vía.

Y finalmente en cuanto a la imputabilidad material de los hechos que fundan la responsabilidad precisó:

“…A lo largo del proceso se ha probado que los conductores de los vehículos de la Fiscalía y de la Armada Nacional, de (sic) desplazaban a altas velocidades, en una carretera llena de huecos, con el agotamiento de haber trabajado toda la noche anterior y haber amanecido y no haber realizado descanso suficiente para reparar el sueño perdido, por lo que viajaban con un grado de reacción muy deficiente, lo que no logró su reacción adecuada en el manejo de los automotores que tuvo como resultado la colisión por parte del Camión Ford F 350 de la Armada Nacional con el carro de la Fiscalía, sumado a la imprudencia del primero al querer rebasar en esas condiciones al segundo tal y como lo expresa el señor Pedro Díaz Fernández en su declaración…”

(…)

“…En conclusión, se observa también que el vehículo oficial de la Armada Nacional, actuó imprudentemente, siendo partícipe directo y agravante en el accidente que le costó al vida al joven Rafael Antonio Hurtado Cueto, siendo responsable administrativamente de la muerte de éste.

“Para la Sala es claro que para ninguna de las dos Entidades demandadas en este proceso, no se probó en forma algunas de las causales de exoneración de la responsabilidad”. (fls. 209 a 230 Cdno. Consejo).

Dentro del término de ejecutoria, el señor apoderado de la parte actora solicitó la aclaración de la sentencia proferida por el Tribunal, en el sentido de cambiar la expresión “subsidiaria” contenida en la parte resolutiva por “solidaria” que es la naturaleza de la obligación a la cual hace referencia el fallo.

Mediante providencia del 25 de noviembre de 1999, el Tribunal accedió a la solicitud. (fl. 235 Cdno. Consejo).

1.9. El recurso de apelación.

La apoderada judicial de la Nación —Fiscalía General de la Nación—, interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el día 29 de octubre de 1999.

El recurso de apelación contiene idénticos planteamientos a los consignados en los alegatos de conclusión de primera instancia.

En efecto, adujo que el vínculo de causalidad en el asunto sub lite debe analizarse acorde a la noción jurídica de la causalidad adecuada, según la cual “…se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que debieron haberlo producido…”. En consecuencia no podría estructurarse la responsabilidad a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por cuanto la causa relevante del daño fue el “…golpe dado por el carro Ford 350 de la Armada Nacional al vehículo de la Fiscalía…”. (fls. 250 a 256 Cdno. Consejo).

1.10. Los alegatos de segunda instancia.

La señora apoderada judicial de la Nación —Fiscalía General del a Nación—, reiteró los fundamentos esbozados en la sustentación del recurso de apelación. (fls. 261 a 267 Cdno. Consejo).

La parte actora, la Nación —Ministerio de Defensa Nacional— Armada Nacional y el Delegado del Ministerio Público guardaron silencio.

Consideraciones de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandada, Nación - Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el día 29 de octubre de 1999, como quiera que la cuantía del proceso determinada por la pretensión de mayor valor, asciende a $11’561.720.oo, equivalente a 1.000 gramos de oro(1) para la fecha de interposición de la demanda(2) y para dicha fecha eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera la suma de $9’610.000.oo(3), monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo en primera instancia a términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

El recurso de apelación interpuesto tiene como finalidad obtener la modificación de la sentencia de primera instancia en cuanto declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la ocurrencia de los hechos y en cuanto condenó a dicha entidad al pago de la indemnización de los perjuicios causados a los demandantes de manera solidaria con su codemandada (Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional).

En efecto, a juicio de la recurrente, la obligación indemnizatoria se predica exclusivamente de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, por ser ésta quien contribuyó con la condición constitutiva de la causa que produjo el resultado dañoso y en esa medida es la única entidad que debe ser declarada responsable y condenada a la indemnización de los perjuicios causados por la ocurrencia de los hechos.

Dentro del anterior marco, la Sala realizará el análisis del elemento de la responsabilidad, es decir, centrará el estudio en los aspectos atinentes a la relación de causalidad entre el hecho y el daño exclusivamente respecto de las condiciones desplegadas por la Nación Fiscalía General de la Nación, pues el recurrente limitó el recurso a tales aspectos bajo el entendido de que aquellos son los únicos que les son desfavorables a sus intereses.

Desde luego, no se analizará el contexto de la responsabilidad respecto de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, pues esta entidad no manifestó inconformidad alguna con la decisión de primera instancia; igualmente, no se analizarán los aspectos atinentes a la condena al pago de las respectivas indemnizaciones a favor de los demandantes, como quiera que ninguno de los sujetos procesales manifestó su inconformidad con tal extremo del litigio.

Para acreditar los supuestos de hecho de la demanda y de la defensa, las partes de manera conjunta solicitaron el traslado en copia auténtica del expediente contentivo de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por la muerte del señor Rafael Antonio Hurtado Cueto (fls. 9, 62 y 90 Cdno. Tribunal).

La Sala en reiteradas oportunidades se ha pronunciado sobre la eficacia de la prueba trasladada, señalando que resulta posible valorarla en el proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con las exigencias preceptuadas por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que se pueden apreciar sin formalidad adicional siempre que en el proceso del cual se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

Es sabido que las pruebas, en tratándose de los medios de prueba documentales, se pueden trasladar de un proceso a otro en original, previo desgloce del proceso primitivo con observancia de las demás exigencias previstas por el mencionado artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o en copia auténtica, para efectos de cumplir la disciplina probatoria que regenta la aportación de documentos al proceso en los términos del artículo 253 ibídem, entendiéndose por tal, aquella expedida bajo la aducción de algunos de los supuestos establecidos por el artículo 254, para poder deducir sin hesitación que guarda identidad con el original.

Contrario sensu, si la prueba que se pretende trasladar(4) no ha sido practicada con audiencia de la parte contra quien se aduce o a petición de la misma, no podrá valorarse en el proceso al cual se ha trasladado(5). No obstante, ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(6).

En el asunto sub lite, como se dijo anteriormente, la prueba fue trasladada al presente proceso por petición de la parte demandante que, a su turno, fue coadyuvada por las entidades demandadas, situación que por sí misma se ubica dentro de la primer hipótesis expuesta para poder apreciar los elementos de juicio sin necesidad de formalidades adicionales, conforme lo prevé el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

Los únicos elementos de juicio que obran en el expediente penal y que no pueden ser valorados por la Sala son las actas de las audiencias de indagatoria rendidas ante la autoridad competente por las personas implicadas en la comisión de las conductas punibles tipificadas por la ley penal, situación que merece un especial análisis porque si bien, en principio, no podrían tenerse como medio de prueba válido para deducir de allí los supuestos de hecho declarados, es posible que puedan adquirir tal connotación dependiendo de las distintas hipótesis que puedan presentarse, las cuales deberán ser analizados en cada caso.

En efecto, la indagatoria en principio no está concebida como un medio de prueba del cual se puedan tener como ciertos los hechos que son esgrimidos por el indagado, razón por la cual, entre otras, es rendida libre de apremio y de juramento; se trata de un medio de defensa que tiene la persona contra quien se inicia la acción penal y comporta, además, una de las formas de vinculación al proceso de la misma naturaleza a términos del Decreto 2700 de 1991 y de la Ley 600 de 2000, ordenamientos del procedimiento penal que actualmente se hallan derogados.

Lo anterior implica que ante el traslado del documento contentivo de tales declaraciones no pueda darse el mismo tratamiento que se le otorga a la prueba testimonial trasladada, pues la única similitud que podrían tener es que se trata de la declaración vertida por una persona ante un funcionario judicial con fines judiciales.

Con todo, dentro de la diligencia de indagatoria puede suceder que el indagado realice manifestaciones que, a la postre, se traduzcan en imputaciones contra otras personas, por ende, en ese momento asume la condición de testigo y la declaración que realice es recibida bajo la gravedad del juramento según lo previsto por los artículos 357 del Decreto 2700 de 1991(7) y 337 de la Ley 600 de 2000(8), por ende, tales declaraciones pueden ser trasladadas al proceso contencioso administrativo y de cumplir las exigencias destacadas en precedencia, pueden ser valoradas sin más formalidades en el proceso al cual han sido trasladados con el rigor que exige el ordenamiento jurídico para valorar la prueba testimonial conforme lo dispone el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para deducir a partir de dichos supuestos el comportamiento ilícito que eventualmente puede conducir a la estructuración de uno de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual del Estado.

Desde luego, para los fines del proceso contencioso administrativo, tales declaraciones, por regla general, provendrán o bien del particular que atribuya conductas ilícitas al servidor público o cuando otro servidor impute la comisión de conductas punibles a quien también detenta tal condición.

Igualmente, puede suceder que el servidor público dentro de la indagatoria rendida ante el funcionario competente asuma la responsabilidad penal que se le endilga y, por ende, en el evento en que se reúnan las demás exigencias previstas por los artículos 296 del Decreto 2700 de 1991 o 280 de la Ley 600 de 2000, pueda adquirir la connotación de confesión, que en materia penal constituye un medio de prueba autónomo pero que, en materia civil y contencioso administrativa, surge como resultado de la declaración que realiza una de las partes del proceso sobre hechos propios o ajenos que perjudican a quien declara o benefician a su contraparte(9), por consiguiente, a pesar de que la indagatoria contenga declaraciones constitutivas de confesión no es posible valorarlas ni como declaración de parte ni como testimonio dentro del proceso contencioso administrativo, pues cuando el servidor público detenta la condición de indagado, la posición que asume en el proceso penal sólo trasciende en el ámbito de una responsabilidad personal, sin que tenga la virtualidad de comprometer la responsabilidad del ente al cual pertenece en el proceso contencioso administrativo, pues respecto de éste, en principio, detentará la condición de tercero. Además, la indagatoria que rinde el empleado o funcionario público no podría trasladarse como un medio de prueba testimonial con fines judiciales, debido a que, como se advirtió, no reúne las exigencias que el ordenamiento procesal civil prevé para la validez de tal medio de prueba(10).

En tal sentido, no es posible deducir la responsabilidad de la entidad demandada con fundamento en las declaraciones esbozadas en las respectivas diligencias de indagatoria de las personas vinculadas a la investigación penal por la presunta comisión de conductas sancionadas por la ley penal, de manera que atendiendo los criterios expuestos la Sala valorará las pruebas que obran en el proceso penal trasladado.

Dentro del expediente contentivo de la actuación penal se destacan los siguientes medios de prueba que dan cuenta de la ocurrencia de los hechos:

1. Copia auténtica del oficio 0416 suscrito el día 20 de mayo de 1993 por el Comandante de la Estación de Policía Vial de Bolívar, mediante el cual traslada al señor Fiscal Permanente en Turno de Cartagena el informe elaborado con ocasión de los hechos ocurridos el día 19 de mayo de 1993. Consigna que a las 12:00 horas del día, en la vía que del municipio de María La Baja conduce a Matuya se produjo un accidente de tránsito, hallándose involucrado el vehículo de marca Nissan Patrol de color rojo, sin placas, que al parecer pertenece a la Fiscalía Regional del Atlántico y que era conducido por el señor José Quijano Rodríguez. Igualmente, consigna que como consecuencia del hecho fue arrollado el señor Rafael Hurtado Cueto, quien falleció en el mismo lugar; el levantamiento fue practicado por la Inspección Central de María La Baja. Al parecer el accidente se originó por tratar de esquivar un hueco (fls. 1 y 2 Cdno. 1).

Anexo se encuentra el informe elaborado por las autoridades de tránsito y el croquis elaborado con ocasión del suceso:

Describe que el vehículo chocó contra un objeto fijo (valla o señal); la carretera en la cual ocurrió el accidente es una vía recta de doble sentido y una calzada, asfaltada, en buenas condiciones, perteneciente al área rural. Según el croquis, sólo un vehículo estuvo involucrado en el siniestro.

Pese a que no es muy clara la gráfica, se observa sobre la figura de la vía un dibujo que al parecer representa un imperfecto en la misma, como un hueco; el vehículo accidentado se salió de la carretera por el mismo costado en el que se desplazaba y fue a dar a una distancia de 11.03 metros al margen de la vía. Al momento de levantar el croquis el conductor no se encontraba en el lugar de los hechos.

En el aparte referente a “Causas Probables” consigna: “306 Huecos”. (fl. 3 Cdno. 1).

2. Copia auténtica del acta del levantamiento del cadáver de Rafael Antonio Hurtado Cueto. Consigna respecto del lugar de ocurrencia de los hechos, lo siguiente: “Accidente producido por un vehículo Nissan, sin matrícula de color rojo con blanco, en la vía pública. El peatón se encontraba esperando vehículo, el Nissan se salió de la vía y arroyó (sic) al occiso enviándolo frente de una casa”.

El cuerpo presenta prolitraumatismos en la cabeza y golpes en el brazo derecho. (fl. 4 Cdno. 1).

3. Copia auténtica del acta de inspección del vehículo de marca Nissan Patrol, involucrado en el accidente:

El perito que asistió a la diligencia dejó constancia del estado del vehículo en los siguientes términos:

“Se trata de un vehículo Nissan Patrol de color rojo con cabina de fibra roja y blanca, capota blanca, dos puestos, sin placas (…) se observa undimiento (sic) del capo (sic) lado izquierdo, igualmente hundimiento punta izquierda compromiento (sic) guardabarros del mismo lado, al igual que desperfectos en el bomper (sic) parte delantera con leve hundimiento del radiador (…) hundimiento de la puerta izquierda y parte trasera del mismo lado, afectando stop y lámina donde va empotrado al mismo (…). Se deja constancia que en la diligencia estuvo presente la Dra. Adriana Raish Perna, directora regional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación con sede en la ciudad de Barranquilla, quien identificó el vehículo objeto de la presente diligencia como de propiedad de la Fiscalía, provisionalmente en decomiso…”. subrayado fuera del texto (fl. 18 Cdno. 1).

4. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por el señor Oscar Forero Montier, quien viajaba como pasajero en el vehículo de marca Nissan Patrol implicado en el accidente. Para la fecha de la diligencia desempeñaba el cargo de Investigador Judicial del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Regional. Manifestó que el día 18 de mayo de 1993 se habían dirigido al corregimiento de “Meza” ubicado en el municipio del Carmen de Bolívar con la finalidad de llevar a cabo varios allanamientos ordenados por un Fiscal Regional de la ciudad de Barranquilla.

Añadió: Siendo las 10:00 de la mañana aproximadamente, cuando ya habían terminado la práctica de las diligencias se devolvieron “…los dos camiones con tropa perteneciente a la primera Brigada de Cartagena, la persona que estaba dirigiendo el operativo, una vez inició el retorno nos comunicó que él iría adelante en el campero Mitsubishi blanco, en segundo lugar vendría un camión mercedes bensa (sic) cargo (sic) del cual se encontraba un teniente de apellido Perico, tercer lugar nosotros en el nissan samurai (sic) rojo y cerraba la carabana (sic) un camión 350 staca (sic) en el cual iba al mando el teniente de apellido Vélez, al momento de iniciar el retorno mi compañero José María Quijano me dijo que por qué no conducía ya que como habíamos amanecido y él había manejado de ida pues que cojiera (sic) el carro yo a lo que le dije que no manejaba porque tenía conjuntivitis en el ojo izquierdo, entonces él cojió (sic) el carro y nos vinimos, yo heche (sic) para atrás el asiento y cerré los ojos, de momento fue cuando sentí el golpe me encontre (sic) sangrando…”. Sostuvo que el vehículo iba a una velocidad aproximada de 50 o 60 Km/h.

El testigo sostuvo que, según lo manifestaron el señor José María Quijano y el Sargento Parra “…no se explican porque (sic) motivo el camión Ford 350 que iba detrás de nosotros por orden del (sic) un oficial dentro de la jerarquía de ellos quiso revazar (sic) al vehículo en el cual nosotros nos encontrábamos, José María me dijo que como la carretera tenía huecos él venía un poco salido del carril o sea de la línea que viene marcando la mitad, llegando el momento él se dio cuenta por el espejo retrovisor que el camión venía muy encima de nosotros a lo que él le hizo el quite, me imagino que giró un poco el volante a su derecha y el señor del camión hizo lo propio pero hacia el lado izquierdo, deporsi (sic) que con este movimiento la carrocería del camión golpeó el carro donde nosotros veníamos y esa fue la razón por la que nos salimos de la carretera (…) El muchacho estaba sobre la vía eso creo y al momento que el carro perdio (sic) el contro (sic) y se salio (sic) de la carretera se lo encontró…”. (fls. 51 y 52 Cdno. 1).

5. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por la señora Edonia Angel de Alba, ante el Fiscal Delegado. Expresó que al momento del suceso se encontraba en la cocina de su casa y que su marido se encontraba con la víctima, no sabe si hablando, pero en todo caso su marido se encontraba en la terraza de la casa mientras el joven esperaba un carro para trasladarse a María La Baja. Cuando sucedió el accidente salieron a ver lo que sucedía y en ese momento los infantes sacaron a la persona arrollada de debajo del carro y lo pusieron en otro sitio. (fls. 56 y 57 Cdno. 1).

La declaración del señor Carlos Enrique Hurtado Martínez, quien era la persona que, según la testigo anterior acompañaba a la víctima al momento del accidente, no obra completa en el expediente, razón por la cual no es posible valorarla (fls. 59 y 60 Cdno. 1).

6. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por el señor Carloman Parra Varón, quien viajaba al interior del vehículo Nissan Patrol. Sostuvo que momentos antes del accidente sólo sintió que el conductor hizo un giro brusco hacia la izquierda y que al percatarse se estaban saliendo de la carretera. Aseguró que al momento de los hechos iba distraído. Por otra parte afirmó que según los comentarios que le realizó la persona que conducía el vehículo, el accidente se produjo porque el peatón trataba de atravesar la vía. Sostuvo que ninguno de los vehículos transitaba con exceso de velocidad porque el estado de la vía es pésimo. Desconoce si el vehículo fue golpeado o no por el vehículo que venía detrás. (fls. 62 y 63 Cdno. 1).

7. Inicialmente la única persona que fue vinculada al proceso penal en calidad de sindicado fue el conductor del vehículo Nissan Patrol, señor José María Quijano Rodríguez, según se infiere de la Resolución a través de la cual se define la situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento, la cual obra en copia auténtica (fls. 65 a 72 Cdno. 1).

8. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por el señor Juan Manuel Feo Sánchez, quien viajaba al interior del vehículo que encabezaba la caravana. Expresó que no presenció el accidente, sólo se percató de lo sucedido porque uno de los camiones que hacía parte de la comitiva se estaba devolviendo, ante lo cual pensó, inicialmente que se trataba de una emboscada. Afirmó que el conductor del vehículo Nissan Patrol le manifestó lo siguiente: “nos adujo que por desviar un hueco o uno de tantos huecos por ser una vía en mal estado, recta traíamos una velocidad de 60 a 70 kilómetros por hora aproximadamente, él desvió el hueco, el señor Quijano y al mismo tiempo uso el freno, al accionar éste (sic) venía el cuarto vehículo camión quien lo alcanzó a tocar y creo que lo sacó sacándolo (sic) de la vía y desafortunadamente se encontraba el hoy occiso en el mismo punto siendo desafortunadamente arrollado por éste (sic) vehículo…”. Aseguró que la víctima se hallaba fuera del margen de la carretera (fls. 95 a 98 Cdno. 1).

9. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por el señor Víctor Hugo Vélez Barrero, quien comandaba el vehículo Ford F350 al servicio de la Armada Nacional. Manifestó en cuanto a las circunstancias de ocurrencia de los hechos lo siguiente: “…Por la carretera llegando a María cuando de un momento a otro el 350 donde yo venía frenó en seco y alcanzó como a patinar ya que la carretera estaba mojada y en mal estado, en vista de que el carro que iba adelante después de hacer unas pitadas de advertencia el carro de la Fiscalía bajó la velocidad y giró un poquito hacia la izquierda y cuando el carro Ford 350 alcanzó a frenar en seco alcanzó a golpear al vehículo de la Fiscalía con la carrocería o parte de atrás y fue cuando el carro de la fiscalía se abrió a la derecha y fue cuando perdió el control, en estos momentos el Ford 350 frenó al lado izquierdo y fue cuando unos infantes me informaron que se había volteado el carro de la Fiscalía, enseguida nos bajamos del camión. (…) Nos dirigimos hacia el lugar del accidente y encontramos el carro de la Fiscalía volteado con las llantas hacia arriba como a cinco metros de distancia de la carretera y estaba un sujeto debajo del carro (…) como necesitamos sacar a los heridos que estaban golpeados (sic), necesitamos voltear el carro y ponerlo en posición normal (…) El pelao (sic) está (sic) esperando el bus en la orilla de la carretera según la declaración de la señora pero yo no lo vi porque iba en la cabina del vehículo de atrás pero el carro de la Fiscalía no lo atropelló en ese momento, ya que el sujeto al verse el carro encima , corrió para llegar a la casa y fue cuando el carro lo interceptó y le golpeó (sic) la cabeza, de acuerdo con la versión de la señora que estaba parada a la orilla de la carretera por eso yo saco esa conclusión, ya que eso yo no lo presencié. Si él se hubiese quedado en la orilla de la carretera no le hubiera pasado nada porque el carro pasó lejos de la orilla donde estaba el muchacho parado. El carro al golpear con una piedra dio vuelta en el aire y es cuando lo golpea en la cabeza, fue únicamente en la cabeza ya que no presentaba más lesiones en el resto del cuerpo y quedó debajo del vehículo…”

Añadió: “…Cuando hay una caravana militar siempre se da la instrucción del orden a seguir los carros y la distancia (sic) que deben ir, se da una distancia, normalmente es de 50 metros, siempre tratar de mantener la seguridad, no deben ir muy juntos ni muy separados, por seguridad…” e insistió: “…el Ford al golpear el carro de la Fiscalía como que lo descontroló y se salió de la carretera…” y finalizó señalando: “…La parte donde ocurrió el accidente en esos momentos estaba en mal estado porque estaba mojado y también tenía barro y cerca del accidente hay un hueco grande como de casi un metro y cinco centímetros de profundidad aproximadamente….” (fls. 107 a 110 Cdno.1).

10. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por el señor Jhonny Madero Sossa, quien conducía el camión de marca Ford F-350 el día del accidente. Es de anotar previamente que a pesar de haber sido vinculado con posterioridad al proceso penal, la presente declaración la rindió en condición de testigo, bajo la gravedad del juramento, pues aún no detentaba la condición de sujeto procesal.

Respecto de la ocurrencia de los hechos señaló: “…Eso fue por los lados de (sic) antes de llegar a Maria labaja (sic), me refiero al accidente, cuando el carro de la Fiscalía iba hacia delante (sic) del carro que yo conducía que es un 350, cuando de pronto iba pitando se encontraba un muchacho en la carretera, cuando de repente hizo una frenada bruscamente y resbalando la llanta por el mal estado de la vía de la carretera y mientras yo frenaba también el carro que yo conducía resbaló por el mal estado de la carretera también y esquivandolo (sic) lo rocé, allí paramos de pronto y llegamos donde estaba el carro para auxiliar a los heridos….”. Aseguró que el joven que fue arrollado por el vehículo “…se encontraba encima de la carretera…”. (fls. 111 y 112 Cdno. 1).

11. Copia auténtica del protocolo de necropsia correspondiente al cuerpo sin vida del señor Rafael Antonio Hurtado Cueto, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Dirección Seccional Bolívar.

Presenta múltiples laceraciones en el rostro, fractura del maxilar inferior derecho y fractura del maxilar superior; múltiples escoriaciones en cuello y torax y fractura completa en la fosa media del cráneo con múltiples laceraciones en el tallo cerebral y el cerebelo.

A título de conclusión consigna: “…Hombre adulto quien fallece por laceraciones cerebrales con signo de hipertensión endocraneana, y fractura completa de cráneo (fosa media). Con antecedentes de accidente automovilístico….” (fls. 114 a 116 Cdno. 1).

12. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por el señor Pedro Frantirque Díaz Hernández, quien viajaba al interior del camión de marca Mercedes Benz 600 que iba de segundo lugar en la caravana. Manifestó acerca de los hechos: “…Yo venía en el segundo vehículo de la caravana o sea en el Mercedes 600, venía a una distancia prudente del carro de la Fiscalía ya (sic) los convoy los carros no pueden venir tan pegados el uno del otro, venía en medio de los dos carros de la Fiscalía, cuando yo escuche un pito era la 350 pidiéndole (sic) vía al vehículo de la Fiscalía, o sea al que se accidentó, en esos momentos yo volteo a mirar cuando ya veo el carro de la Fiscalía dando vueltas hacia debajo de la carretera fue entonces cuando nos regresamos el personal que venía en el mercedes para verificar lo sucedido en el momento. Al llegar nos dimos cuenta que estaba totalmente destruido el carro de la Fiscalía y estaba el muchacho muerto…”.

Puntualizó sobre las causas que, en su entender, ocasionaron el accidente lo siguiente: “…En ese momento yo iba en el Mercedes y yo escuché el pito de la 350 pidiéndole (sic) vía al carro de la Fiscalía ya que iba a tanquear porque estaba sin gasolina, cuando en eso el carro de la Fiscalía trató de desviar un hueco porque la carretera se encontraba en mal estado y ese día había llovido, cuando él al desviar el hueco se dio cuenta que ya venía muy pegada a (sic) la 350, él trató de frenar pero la carretera no se prestaba porque estaba muy dañada fue entonces cuando él se fue al abismo ya que eso un pequeño hueco que hay allí (…) Yo viajaba en la carrocería en toda la punta al final de la carrocería. Yo me di cuenta fue cuando escuche el pito de la 350 que intentaba o le estaba pidiendo vía al carro de la Fiscalía. Cuando yo escuche el pito yo volteo pero eso fue rápido como a una distancia de 100 metros, después que escuche el pito que volteo ya veo el carro volteado, él al tratar de frenar las llantas le patinaron y se fue a un lado de la carretera llevándose un aviso que estaba allí (…) por delante…”.

Aseguró que no vio a la persona accidentada cuando el camión en el que viajaban pasó por el lugar del accidente. Añadió que el vehículo no arrolló a la víctima sino que el carro le cayó encima. (fls. 122 a 126 Cdno. 1).

13. Copia auténtica del acta contentiva de la declaración rendida por el señor Luis Martínez Vargas, quien viajaba en la carrocería del vehículo Ford F 350, contiguo a la cabina. Sostuvo en cuanto a la ocurrencia del hecho: “…cuando el carro de la Fiscalía frenó para esquivar un hueco, el carro de la Infantería le pegó al carro de la Fiscalía, el de la Fiscalía siguió rodando y se desvió hacia la orilla por donde estaba un sembrado de yuca. Había un cartel (sic) de Aguardiente Antioqueño que pegó (sic) contra el cartel (sic) y el carro dio dos voltereta (sic), a lo que el carro voló nosotros gritamos que pararan los carros porque se había volteado uno….” Aseguró que el golpe fue propinado al carro de la Fiscalía “…en la costilla (sic) del carro, se lo pegó con el chasis de atrás, del mismo lado donde yo iba, yo me tuve que echar hacia atrás porque el retrovisor se rompió con el chasis de la 350, el carro de la Fiscalía quedó un poco ladeado y ahí fue donde ocurrió el accidente….”.

Finalmente sobre la causa que a su juicio, produjo el accidente precisó: “…A la carretera porque al sacarle el zigzag al hueco fue cuando ocurrió el accidente…”. (fls. 127 a 129 Cdno. 1).

14. Dentro del presente proceso se recibió el testimonio del señor Miguel Antonio Galarza Alfaro, de profesión conductor quien transitaba por el lugar al momento de los hechos. Expresó: “Yo venía de los lados de San Onofre hacia Cartagena, una carrera de taxi que había hecho, pasaron unos carros antes de llegar a Maríalabaja (sic), llegando a Maríalabaja (sic), y al poco rato un carro rojo se salió vi a unos militares que se bajaron y después me acerqué y vi que había un accidentado y dijeron que estaba muerto (…) el carro lo cogió fuera de la carretera, ahí había un aviso y él estaba como debajo del aviso a la sombra del aviso porque era medio día poco más o menos….” (fl. 156 Cdno. 1).

Igualmente se recibió el testimonio del señor Máximo Pereira Torres, quien en lo pertinente manifestó: “…Yo salía a una diligencia al corregimiento de El Níspero, en una camioneta de propiedad del Hospital María La Baja, al regresar en inmediaciones del Puente de Retiro Nuevo me encontré con una caravana de carros, venían unos del Ejército que estaban allí comiendo mango; yo seguí y al llegar a una finca de un familiar de los señores Hurtado, que queda entre Matulla (sic) y la curva de María La Baja, al llegar a esa parte los carros me pasaron de una forma precipitada, aún en el mal estado de la carretera y observé cuando un carro de dicha caravana se salió de la vía llevándose un aviso (…). Ahí debajo del aviso estaba Rafael en la sombra, y vi cuando el carro se llevó al aviso y al muchacho...”

Finalmente precisó frente a la pregunta “Recuerda usted si el señor Rafael Hurtado se encontraba en el andén de la carretera o fuera de ella. Contestó: Se encontraba fuera de ella, es decir, debajo del aviso que allí estaba. Como a cuatro o cinco metros de la carretera…” (fls. 157 y 158 Cdno. Tribunal).

Apreciado el material probatorio antes relacionado y haciendo un análisis objetivo y comparativo de tales medios de convicción para llegar a una conclusión dentro de lo razonable (art. 187 del C. de P.C.), encuentra la Sala acreditado que el accidente ocurrió el día 19 de mayo de 1993 en la carretera que del municipio de María La Baja conduce a Matuya (Bolívar), mientras se desplazaban cuatro vehículos que transportaban una comitiva integrada por militares de la Infantería de Marina de la Armada Nacional y servidores de la Fiscalía General de la Nación; que uno de los vehículos que avanzaba en la caravana, particularmente el tercero de los cuatro automotores, el cual se hallaba al servicio de la Fiscalía General de la Nación, se salió de la vía por la cual transitaba, dio varios botes y cayó encima del señor Rafael Antonio Hurtado Cueto, ocasionándole múltiples fracturas que le produjeron la muerte instantánea.

Como se dijo anteriormente, el planteamiento central del recurso de apelación se hace consistir en que si bien el vehículo que finalmente ocasionó el daño (la muerte) fue aquel que se encontraba al servicio de la Fiscalía General de la Nación (Nissan Patrol de color rojo, sin placas), no es menos cierto que la condición que condujo a la producción del daño fue el golpe que recibió por el vehículo que avanzaba en el cuarto lugar de la caravana (camión Ford F-350), al servicio de la Armada Nacional, pues el choque fue el que determinó que el conductor del vehículo al servicio de la Fiscalía General de la Nación perdiera el control del mismo, saliera de la vía y golpeara al señor Hurtado Cueto, ocasionándole lesiones de tal magnitud que le produjeron la muerte, de suerte que a la luz de la teoría de la causalidad adecuada el fenómeno que constituyó la causa del daño fue el choque por parte del camión al servicio de la Armada Nacional.

El problema en la relación de causalidad(11), surge a partir de la permisa lógica de que no está llamado a resarcir un daño aquel que no ha contribuido a su realización(12), de manera que siempre debe existir un ligamen entre el daño causado y el hecho que se atribuye a quien debe responder. Esa relación necesaria se ha denominado nexo causal y se ubica como un elemento imprescindible que debe ser acreditado en todos los casos para efectos de estructurar la responsabilidad, sin importar la noción jurídica a través de la cual se pretenda constituirla, es decir, el nexo causal requiere ser acreditado tanto en los regímenes de responsabilidad objetiva como en el de responsabilidad subjetiva.

La idea de la causalidad surge a partir del concepto de causa que en la noción más elemental se asocia con los competentes de anterioridad y necesidad(13), los cuales al confluir se traducen en que una cosa ocurre después de otra(14), de suerte que sin la primera la segunda no podría haber sucedido, o lo que es lo mismo, al remover la primera la segunda desaparecería.

Desde el punto de vista filosófico el principio de causalidad se erige como una formulación del principio de la razón suficiente(15) aplicado en relación con la existencia de las cosas, dejando de lado la razón de ser de la cosa misma como objeto del conocimiento, para señalar que todo lo que pasa obedece a una razón, es decir, nada pasa “porque sí” o sin que tenga alguna explicación, de manera que la existencia de un fenómeno debe su razón de ser a la existencia de otro.

Lo anteriormente señalado permite afirmar que la relación de causalidad en términos jurídicos es el vínculo o ligamen existente entre dos fenómenos diversos (entre el hecho y el daño) en virtud del cual el segundo debe la existencia al primero y en ese sentido el segundo de los fenómenos se ubica como el efecto jurídico del primero(16), es por ello que la relación de causalidad constituye el nexo etiológico material - en cuanto dice relación a la parte objetiva-, que liga un fenómeno a otro y, que, en relación con el daño, constituye el factor de imputación material o física (imputatio facti)(17) del mismo a un sujeto determinado(18). Es decir, cuando se hace alusión a la imputación material se remite al contexto de la relación de causalidad para determinar a quién es atribuible materialmente la producción del daño, en tanto la imputación jurídica que también se trata de una forma de establecer el ligamen entre dos fenómenos, distinta, por supuesto, a la material, constituye el soporte de la de la obligación de reparar el daño(19), de manera que la imputación jurídica(20) consiste en determinar el fundamento o la razón de la obligación indemnizatoria(21) acorde con uno de los títulos de imputación que han sido decantados por la jurisprudencia y la doctrina, según se trate de supuestos que se ubican dentro de una noción (subjetiva u objetiva) de la responsabilidad y, por consiguiente, se sitúa en ese plano dentro de la estructura lógica del fenómeno de la responsabilidad.

El problema fundamental que se suscita frente a la estructuración del nexo causal surge a partir de la existencia de distintas condiciones que preceden a la producción del daño, de manera que se dificulta establecer cuál o cuáles constituyeron la causa del fenómeno o cuáles de las concausas han contribuido realmente a la realización del daño.

La doctrina se ha encargado de elaborar algunas teorías para efectos de dilucidar el problema. La primera que apareció fue la teoría de la equivalencia de las condiciones o la condictio sine qua non(22), según la cual todas las condiciones o concausas tienen el mismo valor para la realización del daño, de suerte que la teoría se apoya en la idea según la cual al desaparecer una de las condiciones que dentro del marco de la teoría constituyen concausas no se produciría el daño —esfera negativa—, y a su turno bajo la premisa de que el resultado dañoso es la consecuencia de todas las concausas tanto en conjunto como por cada una de las condiciones asiladamente consideradas —aspecto positivo—, de suerte que cada una de las causas es causa de que las siguientes causen el resultado (Causa cusae est causa causati). Posteriormente, el concepto se morigeró para reconocer que algunas concausas no eran jurídicamente relevantes para la producción del daño(23), incluso se planteó que las concausas podrían pertenecer a esferas positivas o negativas, desde el punto de vista del resultado, de hecho, podría pensarse que algunas concausas impiden que el daño sea mayor —esfera negativa—(24).

Otra de las teorías que han sido expuestas es la de la causa próxima, que grosso modo, consiste en que de todas las condiciones que intervienen en la producción del daño(25), existe una que es la más relevante para que erija en causa del mismo y es la que antecede inmediatamente a la producción del daño. Como es de suponer la teoría no puede tener acogida en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo porque es completamente contraria a lo dispuesto por el artículo 2344 de Código Civil, sino porque podría conllevar a enormes desatinos. Por vía de ejemplo, a la luz de esta teoría se diría que cuando un vehículo golpea a otro que se encuentra detenido y éste a su vez arrolla a un peatón, el resultado dañoso es únicamente atribuible al propietario del vehículo estacionado, pese a que simplemente sirvió de instrumento para la producción del hecho dañino.

Por otra parte, la teoría de la causalidad adecuada, a la cual alude la apelante como fundamento del recurso, parte de un supuesto similar al expuesto por la teoría de la equivalencia de las condiciones, en la medida en que las condiciones adquieren la connotación de causas, sin embargo preconiza que del conjunto de condiciones es posible llegar a establecer una de ellas que constituye la causa adecuada en la producción del daño, se trata de buscar en abstracto la probabilidad de que esa condición sea la causa concreta del daño, de manera que la condiciones se ubicarán en una escala, por decirlo, jerárquica, y la más relevante será la que se tome como productora del daño, por esa razón la determinación de la causa a la luz de esta teoría parte del supuesto de establecer en primer lugar las posibles condiciones que intervinieron en la producción del hecho dañino (saber ontológico)(26) y en segundo lugar de la indagación generalizada acerca de qué causas han podido incidir en la producción del fenómeno (saber gnomológico) con apego a las leyes de la naturaleza, de suerte que sólo tendrá la virtualidad de constituir la causa aquella condición que ha sido conocida previamente por el agente productor del daño(27). Como se puede observar la noción de previsibilidad que informa esta teoría implica una intromisión en el elemento subjetivo de la responsabilidad, por esa razón, a juicio de la Sala la teoría de la causalidad adecuada no es posible aplicarla, en principio, en los regímenes objetivos de responsabilidad, pues para efectos de establecer cuál de las condiciones es causa adecuada en la producción del daño y cuáles de las condiciones eran conocidas por el agente se requiere indagar la esfera intrínseca del individuo al momento de ocurrencia del fenómeno, sin embargo, algunos doctrinantes con la finalidad de morigerar la noción subjetiva que edifica la teoría, trataron de reformular la tesis dejando de lado el plano del sujeto actuante para definir la probabilidad con base en supuestos objetivos(28), sin embargo, a juicio de la Sala tal supuesto se traduce en trasladar el ingrediente, en principio objetivo, a la esfera subjetiva del juez para efectos de dilucidar qué es lo probable.

Existen además otras teorías en torno a la relación de causalidad como las formuladas por Von Bar, Birkmeyer, Kholer, etc., sin embargo, la Sala considera que en cada caso el juez debe realizar el ejercicio intelectivo para determinar dentro del marco que informa la lógica de lo razonable, cuál de las condiciones que intervienen en la producción del daño constituye la causa del mismo dentro de la noción estricta del concepto, es decir cuál o cuáles de las circunstancias es la que de manera directa, eficaz, eficiente y determinante conllevan a la producción del fenómeno (daño), para evitar así que la responsabilidad se disemine en la cadena de concausas o condiciones que en mayor o menor medida hayan confluido en la producción del evento dañoso, de suerte que armonizando este concepto con la disposición contenida en el artículo 2344 del Código Civil., según el cual “Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”, se puede concluir que no toda aquella condición que intervenga en la producción del hecho dañoso puede tener la categoría de causa, sólo las que tengan influencia determinante en el efecto lo serán, pero entre estas causas determinantes, directas y eficientes, ninguna puede tener mayor o menor relevancia, porque de ser así, la responsabilidad sería proporcional de acuerdo a la incidencia en la producción del daño, es decir, la obligación de reparar no sería solidaria sino conjunta.

Lo anterior supone que las condiciones no siempre constituyen causas y en esa medida no todas las circunstancias que intervienen en la producción del hecho dañoso serán causas del mismo, como tampoco constituyen causas o concausas, de manera imprescindible, las condiciones más próximas en el tiempo a la producción del evento dañoso. En cada caso el juez deberá realizar el ejercicio intelectivo para establecer cuáles de las condiciones fueron directas, determinantes, eficaces, eficientes y, que, por ende, constituyen causas o concausas para la ocurrencia del daño. 

Dentro del marco expuesto, la decisión recurrida se mantendrá incólume en cuanto a la estructuración de la responsabilidad se refiere, pues de las pruebas obrantes en el proceso se infiere sin hesitación alguna que las entidades vinculadas contribuyeron de manera determinante y concurrente a la producción del daño.

En efecto, de la prueba testimonial se deduce que la caravana de vehículos que transitaba el día 19 de mayo de 1993 por la carretera que conduce del municipio de María La Baja al Matuya se hallaba conformada por cuatro automotores encabezaba por un campero de marca Mitsubishi en el cual viajaba el Comandante de la tropa junto con otros servidores públicos, en segundo lugar transitaba un camión de marca Mercedes Benz en el cual viajaban un grupo de Infantes de Marina de la Armada Nacional, en tercer lugar se desplazaba el vehículo marca Nissan Patrol conducido por el servidor público de la Fiscalía General de la Nación y cerraba el grupo el camión de marca Ford F-350 dispuesto al servicio de la Armada Nacional y conducido por un servidor público de la entidad. En este sentido son responsivos los testimonios que como prueba trasladada obran el proceso.

En relación con la ocurrencia del accidente existen versiones similares entre los testigos, aun cuando las declaraciones de los testigos presenciales son responsivas y guardan el mismo contexto.

Los testigos Oscar Forero Montier y Carloman Parra Varón (Prueba 2 y 4; fls. 51, 52, 62 y 63 Cdno. 1), pese a que se encontraban en el lugar de ocurrencia de los hechos no tuvieron oportunidad de presenciar el accidente por distintas circunstancias, de manera que la versión que rindieron está relacionada con el dicho expresado por el conductor del vehículo que causó la muerte al joven Hurtado Cueto, es decir su conocimiento es de oídas. Sin perjuicio de lo anterior, observa la Sala que las declaraciones, en cuanto a la descripción de los hechos concierne, coincide, en términos generales, con el dicho expresado por los demás testigos, salvo que, al decir de los declarantes, el señor Rafael Antonio Hurtado Cueto, se hallaba sobre la vía tratando de atravesarla, no obstante, tal afirmación contrasta con los demás elementos de juicio allegados al proceso, a lo cual cabe anotar que no resulta coherente el supuesto expresado por los declarantes, pues habiendo pasado momentos antes dos de los cuatro vehículos que conformaban la comitiva, resulta poco creíble que la víctima decidiera apostarse sobre la vía justo cuando transitaba el tercero de los vehículos. Por otra parte, la prueba documental indica que el vehículo fue hallado a una distancia de 11.03 metros contados a partir del margen de la carretera y según las versiones de los testigos presenciales el campero cayó encima de la víctima, de suerte que por simple inferencia lógica es muy poco probable que el señor Rafael Antonio Hurtado Cueto estuviera sobre la vía y luego se alejara 11 metros al margen de la misma para evitar ser alcanzado por el automotor, más aún teniendo en cuenta el interregno que pudo transcurrir entre el instante en que el conductor del vehículo Nissan Patrol perdió el control y el momento en que se salió de la vía.

Con todo, la versión de los testigos presenciales Juan Manuel Feo Sánchez y Pedro Frantirque Díaz Hernández (prueba 6 y 10 fls. 95 a 98 y 122 a 126 Cdno. 1) es contraria a la rendida por estos dos testigos, sólo en cuanto aseguraron que la víctima se hallaba al margen de la carretera,

De las declaraciones de los testigos presenciales valoradas en conjunto, infiere la Sala que las circunstancias que precedieron el accidente fueron las siguientes: mientras avanzaban sobre la carretera el conductor del vehículo Nissan Patrol aplicó el freno y al mismo tiempo maniobró dando un giro hacia la izquierda para tratar de esquivar un hueco que se hallaba sobre la vía (tal circunstancia se encuentra corroborada por el informe de tránsito elaborado con ocasión del accidente, en el cual se observa una gráfica representativa de una imperfección en la vía situada sobre la calzada en la que transitaban los vehículos, además se halla consignado en el mismo informe como causas probables del accidente “huecos”), y en ese mismo momento el conductor del vehículo Ford F- 350, estacas, (quien según uno de los testigos iba escaso de combustible) trataba de adelantar al campero Nissan Patrol quien ya se hallaba fuera de la calzada y al percatarse el conductor del campero por la señal del claxon y el espejo retrovisor que el camión Ford F-350 lo podía chocar, trató de girar a la derecha para retornar al carril, no obstante, la reacción no fue suficiente y pese a que el conductor del camión frenó, alcanzó a golpear con la carrocería de estacas al campero en la parte izquierda trasera, ocasionando que éste se desestabilizara de tal forma que perdiera el rumbo, saliendo de la carretera por el margen derecho, dando varios giros y finalmente cayendo encima del señor Hurtado Cueto, causándole la muerte de manera instantánea. La anterior conclusión se extrae de la valoración conjunta de los testimonios de los señores Juan Manuel Feo Sánchez (fls. 95 a 98 Cdno. 1), Víctor Hugo Vélez Barrero (fls. 107 a 110 Cdno. 1), Jhonny Madero Sossa (fls. 11 y 112 Cdno. 1), Pedro Frantirque Díaz Hernández (fls. 122 a 126 Cdno. 1) y Luis Martínez Vargas (fls. 127 a 129 Cdno 1) y de someter dichas declaraciones al examen de coherencia, secuencia lógica y concatenarlas con las reglas de la experiencia.

Dentro del anterior contexto se deduce sin ambages que las concausas que contribuyeron a la producción del daño fueron en primer lugar la maniobra apresurada del conductor del vehículo al servicio de la Fiscalía General de la Nación quien en un acto - reflejo, desbordó el margen central de la vía para esquivar la imperfección que se hallaba sobre la misma, sin percatarse previamente que por el costado izquierdo trataba de adelantarlo el conductor del camión Ford F-350. Precisa la sala que no existe prueba, o por lo menos no fue allegada al proceso, de la magnitud de la imperfección que trató de esquivar el conductor del campero, lo cual hubiera servido de fundamento para establecer si la maniobra realizada por el conductor del campero resultaba ineludible para evitar que el vehículo se hubiera desestabilizado al hacer contacto con la imperfección que presentaba la vía, pues en tal evento la relación de causalidad se hubiera podido enervar por la existencia de una causa extraña que impediría la configuración de la responsabilidad a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

Otra de las circunstancias imputables materialmente a la Fiscalía General de la Nación y que contribuyó de manera determinante en la producción del daño fue el exceso de velocidad que llevaban los vehículos. A este respecto resulta pertinente consignar los apartes de la declaración del señor Máximo Pereira Torres.

“…Yo salía a una diligencia al corregimiento de El Níspero, en una camioneta de propiedad del Hospital María La Baja, al regresar en inmediaciones del Puente de Retiro Nuevo me encontré con una caravana de carros, venían unos del Ejército que estaban allí comiendo mango; yo seguí y al llegar a una finca de un familiar de los señores Hurtado, que queda entre Matulla (sic) y la curva de María La Baja, al llegar a esa parte los carros me pasaron de una forma precipitada, aún en el mal estado de la carretera y observé cuando un carro de dicha caravana se salió de la vía llevándose un aviso (…). Ahí debajo del aviso estaba Rafael en la sombra, y vi cuando el carro se llevó al aviso y al muchacho...”

El dicho del testigo resulta creíble, pues a pesar de que no existe dentro del proceso una prueba técnica que permita inferir la velocidad a la cual se desplazaba el vehículo al servicio de la Fiscalía, la circunstancia de que el conductor haya perdido el control del vehículo y se hubiera precipitado al margen de la vía dando botes hasta recorrer una distancia de 11 metros, es un elemento contundente e indicativo del exceso de velocidad en que viajaban.

En las anteriores condiciones encuentra la Sala que la conducta del conductor del vehículo al servicio de la Fiscalía General de la Nación contribuyó de manera directa, determinante y eficiente para la producción del evento dañoso, pues si la velocidad hubiera sido moderada y si no hubiera realizado la maniobra para esquivar la imperfección, no se hubiera producido el impacto con el camión Ford F-350 o de haberse producido no hubiera perdido el control del automotor y sin la concurrencia de estas concausas no se hubiera producido el daño, por ende, resulta atribuible materialmente la causación del daño a dicha entidad. 

Como se dijo al inicio de las consideraciones, la Sala se abstendrá de realizar cualquier estudio respecto de la imputabilidad material del hecho a la codemandada —Nación— Ministerio de Defensa —Armada Nacional—, y de cualquier análisis sobre la imputabilidad jurídica respecto de las entidades demandadas, pues tales extremo no fue objeto del debate en segunda instancia.

Los anteriores razonamientos resultan suficientes para mantener incólume la decisión de primera instancia en cuanto a los supuestos de la responsabilidad se refiere.

IV. Finalmente, la Sala modificará la sentencia de primera instancia con el fin de adecuar la condena impuesta a las nuevas pautas jurisprudenciales adoptadas a partir de la Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó el criterio de tasar en salarios mínimos el resarcimiento del perjuicio moral, dejando a un lado la estimación que hasta la fecha se efectuaba con base en el valor del gramo de oro, todo lo cual está orientado con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 de la ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia condenó solidariamente a las entidades demandadas al reconocimiento y pago del equivalente a mil (1.000) gramos de oro a favor de la señora María Denaida Cueto de Hurtado, madre de la víctima, la Sala considera que la condena ajustada a las nuevas pautas debe fijarse en el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

Siguiendo el mismo criterio y atendiendo a que la condena impuesta a favor de los señores María Cristina Hurtado Cueto, Alvaro Enrique Hurtado Cueto, José Hurtado Cueto, Edilma Hurtado Cueto, Daniel Hurtado Cueto, Alejandrina Hurtado Cueto, Antonio José Hurtado Cueto, Carlos Antonio Hurtado Rodríguez y Antonio Carlos Hurtado Rodríguez, fue fijada en quinientos (500) gramos de oro, para cada uno de ellos, la Sala considera que dicha condena de acuerdo con las nuevas pautas debe fijarse en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

El valor del salario mínimo será el vigente para la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

Por otra parte, la Sala procederá a actualizar la condena impuesta a título de indemnización por perjuicios materiales a favor de la señora María Denaida Cueto de Hurtado, para traerla a valor presente.

Es de anotar que no resulta viable entrar a verificar la liquidación efectuada por el Tribunal a quo, en primer lugar porque la apelante única es la entidad demandada - Nación —Fiscalía General de la Nación—, y en esa medida no es posible modificar la decisión para hacer más gravosa la situación del recurrente y en segundo lugar porque ninguna de las partes manifestó inconformidad con lo resuelto a este respecto por el juez de primera instancia.

En consecuencia tomará la suma de diez millones ochocientos diecinueve mil setenta y cinco pesos con cuarenta y dos centavos ($10.819.075.42) M/cte., a cuyo reconocimiento y pago a favor de la señora María Denaida Cueto Hurtado fueron condenadas solidariamente las entidades demandadas y actualizará dicha suma con base en los índices de precios al consumidor certificados por la autoridad competente, tomando como índice inicial el correspondiente a la fecha de la sentencia de primera instancia y como índice final el certificado para el mes anterior a la fecha de esta providencia, en aplicación de la siguiente fórmula:

FORMULAS-00116-1
 

Vh = 10.819.075.42

FORMULAS-00116-2
 

Ra= $20.016.152.29

Total: Veinte Millones Dieciséis Mil Ciento Cincuenta Y Dos Pesos Con Veintinueve Centavos ($20.016.152.29).

Resumen de la condena:

DemandanteEquivalente en salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicio moralValor en pesos por concepto de perjuicio material
María Denaida Cueto de Hurtado 100$20.016.152.29.
Álvaro Enrique Hurtado Cueto500
José Hurtado Cueto500
Edilma Hurtado Cueto500
Daniel Hurtado Cueto500
Alejandrina Hurtado Cueto500
Antonio José Hurtado Cueto500
Carlos Antonio Hurtado Rodríguez 50 
Antonio Carlos Hurtado Rodríguez50 

V. No se impondrá condena en costas porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 29 de octubre de 1999.

En su lugar, la parte resolutiva quedará así:

“1. DECLÁRASE a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y a la Nación Colombiana - Fiscalía General de la Nación, civil, patrimonial y solidariamente responsables por la muerte del señor Rafael Antonio Hurtado Cueto, en hechos ocurridos el día 19 de mayo de 1993.

“2. Como Consecuencia de la anterior declaración CONDÉNASE a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y a la Nación Colombiana - Fiscalía General de la Nación, a pagar solidariamente a título de indemnización las siguientes sumas de dinero:

A) por perjuicios morales:

A favor de la señora María Denaida Cueto de Hurtado, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

A favor de los señores María Cristina Hurtado Cueto, Alvaro Enrique Hurtado Cueto, José Hurtado Cueto, Edilma Hurtado Cueto, Daniel Hurtado Cueto, Alejandrina Hurtado Cueto, Antonio José Hurtado Cueto, Carlos Antonio Hurtado Rodríguez y Antonio Carlos Hurtado Rodríguez, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de ellos.

El valor del salario mínimo será el vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

B) Por Perjuicios Materiales: A favor de la señora María Denaida Cueto de Hurtado, la suma De Veinte Millones Dieciséis Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos Con Veintinueve Centavos ($20’016.152.29) M/cte, a título de indemnización de perjuicios materiales.

“3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

“4. Sin condena en costas.

“5. Para el cumplimiento del fallo se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“6. Expídanse copias de la Sentencia con destino a las partes, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio, Presidenta de la Sala, Con aclaración de voto—Mauricio Fajardo GómezEnrique Gil Botero, Con aclaración de voto—Gladys Agudelo Ordóñez.

1 www.banrep.gov.co.

2 24 de abril de 1995.

3 “ART. 2º del Decreto 597 de 1988.

4 Haciendo referencia no sólo al medio de prueba documental sino a cualquier otro que conste en un documento, como puede suceder con el acta de la audiencia de un testimonio practicado en otro proceso, por vía de ejemplo.

5 Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

6 Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

7 “ART. 357. Prohibición de Juramentar al Imputado. La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a exhortar al imputado a que diga la verdad, advirtiéndole que debe responder de una manera clara y precisa a las preguntas que se le hagan. Pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo.

8 “ART. 337. Reglas para la Recepción de la Indagatoria. La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a informar al sindicado el derecho que le asiste de guardar silencio y la prohibición de derivar de tal comportamiento indicios en su contra; que es voluntaria y libre de todo apremio; no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera permanente; le informará la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente y el derecho que tiene a nombrar un defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo, se le designará de oficio. Pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo.

9 Para Quijano J. Manual de Derecho Probatorio. Librería Ediciones del Profesional Ltda., décimo sexta edición, 2008.

10 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de septiembre de 2009, expediente 15.354.

11 Hoy día no se discute que el nexo causal constituye uno de los elementos para la configuración de la responsabilidad y pese a que la noción en un principio se hallaba implícitamente consagrada en los distintos ordenamientos referentes a la responsabilidad, no se reconocía como elemento autónomo, sino que se daba el tratamiento implícito de ser una consecuencia lógica o intuitiva: “tanto el delito como el cuasidelito, son hechos deshonestos e ilícitos que causan daños a otros y que obligan a repararlo” (Carrier). A nivel doctrinario el tema cobró importancia a partir de los estudios realizados por los penalistas alemanes de mediados del siglo XIX y luego fue estudiada por los civilistas franceses tan sólo a principios del siglo XX.

12 Amezága J.J., Culpa Aquiliana, pág. 74.

13 Peirano Facio J. Responsabilidad extracontractual, pág. 408.

14 Ibídem.

15 El principio de razón suficiente dice relación con el mundo de los objetos reales; fue formulado inicialmente por el filósofo alemán Wihelm Leibinz, aunque algunos autores atribuyen su autoría a Aristóteles. todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique”. Lo que es, es por alguna razón, “nada existe sin una causa o razón determinante”.

16 Este es un sentido aproximado de la noción expresada por De Cupis en su obra “El Daño”, pág, 246.

17 En la edad media aludían a la imputatio facti (imputación física) y a la imputatio iuris (imputación moral). A la primera se referían para determinar a quien era imputable materialmente el acto y en la segunda si era atribuible moralmente.

18 Ibídem.

19 Gil Botero E. Responsabilidad Extracontractual del Estado, pág 69.

20 En principio, el problema de la imputación jurídica era manejado desde el plano de la culpabilidad. Francesco Carrara, para diferenciar la imputatio facti e imputatio iuris sostuvo “El magistrado encuentra en un individuo la causa material del acto y le dice: “tú lo hiciste - imputación física”. Encuentra que aquel individuo ejecutó el acto con su voluntad inteligente, y le dice: “tú lo hiciste voluntariamente”, imputación moral. Otros han denominado a la imputación moral, la imputación psicológica, como lo hace De Cupis.

21 Ver entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 12 de junio 1993, expediente número 7622.

22 De Cupis, El daño.

23 Peirano Facio. J. Responsabilidad Extracontractual.

24 Esto determinó la revaluación de la primitiva teoría de la equivalencia de las condiciones. Un ejemplo permite dilucidar mejor el concepto. Si en una persona irrumpe ante el agresor al esgrimir el arma de fuego que está dirigida contra un sujeto y como consecuencia de la irrupción consigue que el disparo no cause una herida mortal sino una lesión menor, la concausa será negativa para la producción del daño.

25 A la luz de esta teoría las condiciones se diferencian de la causa. La condiciones anteceden a la producción del daño, en tanto la causa lo determina.

26 El creador de la teoría (Kries) denominó a este tipo de saberes ontológico y gnoseológico. Ver Givanovitich, principios.

27 Es lo que se ha denominado teoría sujetiva de la causalidad. La doctrina suele utilizar un ejemplo bastante ilustrativo sobre el particular: si se trata de un golpe en la cabeza y la especial debilidad craneana hace que ese golpe sea mortal, la tesis entiende que dicho golpe no puede tenerse por causa de la muerte, por cuanto el hecho de la debilidad craneana de la víctima no pudo ser tomado en cuenta como condición porque el ofensor no lo conocía. En ese sentido ver Tratado de la responsabilidad, Mazeaud H, L - Tunc A. y Peirano Facio J. Responsabilidad extracontractual.

28 A ello se ha denominado “Pronostico objetivo retrospectivo” Von Lizt. Citado por Peirano Facio J. Responsabilidad extracontractual.

ACLARACIÓN DE VOTO

Dr. Enrique Gil Botero

Con el acostumbrado respeto por la Corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales, si bien comparto la decisión adoptada el 9 de junio de 2010 del año en curso, aclaro mi voto en relación con unos aspectos de la parte motiva del proveído en cuestión.

1. Argumentos sobre los cuales recae la presente aclaración de voto.

En la providencia señalada, se confirmó la sentencia proferida el 29 de octubre de 1999, por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la que se condenó a la demandada.

En lo que concierne a los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, citando jurisprudencia de la Sala, se consignó lo siguiente:

“Dentro del anterior marco, la Sala realizará el análisis del elemento de la responsabilidad, es decir, centrará el estudio en los aspectos atinentes a la relación de causalidad entre el hecho y el daño exclusivamente respecto del condiciones desplegadas por la Nación Fiscalía General de la Nación, pues el recurrente limitó el recurso a tales aspectos bajo el entendido de que aquellos son los únicos que le son desfavorables a sus intereses.

“Desde luego no se analizará el contexto de la responsabilidad respecto de la Nación -Ministerio de Defensa - Armada Nacional, pues esta entidad no manifestó inconformidad alguna con la decisión de primera instancia: igualmente, no se analizarán los aspectos atinentes a la condena al pago de las respectivas indemnizaciones a favor de los demandantes, como quiera que ninguno de los sujetos procesales manifestó su inconformidad con tal extremo del litigio.

(…)

“El problema de la relación de causalidad, surge a partir de la premisa lógica de que no está llamado a resarcir un daño aquel que no ha contribuido a su realización, de manera que siempre debe existir un ligamen entre el daño causado y el hecho que atribuye a quien debe responder. Esa relación necesaria se ha denominado nexo causal y se ubica como un elemento imprescindible que debe ser acreditado en todos los casos para efectos de estructurara la responsabilidad, sin importar la noción jurídica a través de la cual se pretenda constituirla, es decir, el nexo causal requiere ser acreditado tanto en los regímenes de responsabilidad objetiva como en el de responsabilidad subjetiva” (fls. 14,15 y 29 de la providencia).

2. Razones y fundamentos de la aclaración.

Previo a la aclaración de fondo, debo precisar que, siendo la Fiscalía General de la Nación apelante único, de haber prosperado la apelación, necesariamente se hubiera modificado la condena respecto de la Armada Nacional; resulta equívoco, por lo tanto, que se afirmara en la providencia que no se podía estudiar el contexto de la responsabilidad de esta entidad demandada y que no podía haber pronunciamiento alguno respecto de la condena, porque ninguno de esos dos aspectos había sido impugnado por las partes. Es preciso recordar que cuando se trata de apelante único, debe entenderse interpuesta la apelación en lo desfavorable a él, es decir, el límite es la garantía de la no reformatio in pejus respecto de esa parte, en lo demás la sentencia puede ser modificada.

Me aparto de las afirmaciones transcritas, en cuanto a los elementos de la responsabilidad y el nexo de causalidad, tal y como lo he venido haciendo en forma sistemática, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“2.1. La Sala parte, en este caso implícitamente, del reconocimiento de que son varios los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado, los cuales serían, a saber: i) daño antijurídico, ii) hecho dañoso, iii) nexo causal y, en algunos casos, iv) imputación.

“2.2. La anterior estructura conceptual, en mi criterio, desconoce los postulados sobre los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991, en tanto el artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico.

“El inciso primero del texto constitucional antes señalado, es del siguiente tenor literal:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

“(…)” (negrillas fuera del texto original).

“2.3. Previo a cualquier análisis, es menester reseñar elementos estructurales de conocimiento jurídico que son inherentes a la problemática planteada, como quiera que de la posición que se asuma respecto a los mismos deriva la comprensión frente al tema objeto de estudio; es así, como bien vale la pena destacar que son dos categorías diferentes la causalidad y la imputación, toda vez que el objeto de las ciencias naturales, es la naturaleza, mientras que el objeto de la ciencia del derecho, es el derecho; verdad que parece de perogrullo, pero de la cual se derivan consecuencias importantes que por obvias se dejan equivocadamente de lado, de allí que estamos en presencia de un dualismo entre la naturaleza como orden causal y la sociedad como orden normativo;(1) y en ese entendimiento, los principios específicos que los rigen son el de la causalidad y el de la imputación que se expresan bajo leyes propias, y que aunque bien, se traducen bajo la forma de juicios hipotéticos que establecen una relación entre una condición y una consecuencia, en palabras de Kelsen, en uno y otro caso, se rigen por los principios de la necesidad (del ser) y el de la libertad (del deber ser)(2). Podría decirse, igualmente, que dentro de las ciencias de la naturaleza la causalidad correspondería, tanto en su acepción primitiva como en la más refinada a que hubo lugar en el pensamiento aristotélico, a una forma de conocimiento en cuanto busca una explicación de los fenómenos, y por el contrario, las ciencias sociales a través de la imputación refiere la vinculación de conductas frente a actos o hechos bajo la conexión del deber, y no bajo el imperativo del tener, propio de la causalidad.

“Así las cosas, según la disposición lógico - normativa del artículo 90 de la Constitución Política, se tiene que establecida la presencia del daño, algo lo tuvo que originar como realidad, toda vez que no es un efecto incausado. Y en él se encuentra inmersa la causalidad, como parte o condición del efecto —Daño—. Por ello se ha dicho con trascendencia y claridad epistemológica:

“… Causa y efecto además no existen como términos aislados, sino como meros momentos de un proceso, de un continuum.“Los fenómenos como causa y efecto, dice Kelsen, constituyen una conexión de hechos directa, aunque no siempre perceptible inmediatamente. La llamada causa se cambia imperceptiblemente en el llamado efecto. Causa y efecto son, en palabras de Goethe, un fenómeno indivisible. Que los separemos sin embargo una de otro, que incluso que los opongamos entre sí, que intencionalmente aislemos de la cadena continua de innumerables elementos dos solamente como la causa y el efecto que se imputa a esa causa sola, se debe al vetusto hábito de interpretarla naturaleza conforme al principio de retribución”(3).

“Ahora bien, configurada la existencia del daño como entidad fenoménica, ontológica, donde va implícita la causalidad entendida como ese continuum, es donde interviene el juez en una postura axial frente a ese dato objetivo o conocimiento dado por la experiencia, para impregnar de contenidos valiosos o disvaliosos el daño como tal, y donde su labor apunta no a la valoración de la conducta, sino más bien, a establecer si quien lo padece debe soportarlo o no. Y es así, como la jurisprudencia de esta Corporación lo ha entendido:

“porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”(4)

“Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento.

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores(5), el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencia proferidas dentro de los procesos acumulados 10948 y 11643 y número 11883, se ha señalado tal circunstancia precisándose en ésta última, que “… es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse cono antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado(6) (Negrilla fuera de texto)

“Superado el concepto del daño como fenómeno natural, este se torna en jurídicamente relevante una vez es tomado en consideración por el derecho como daño antijurídico resarcible, “…de tal forma que el daño jurídicamente relevante constituye una especie del daño entendido en sentido genérico (o en sentido naturalístico) y el daño antijurídico una especie del daño jurídico relevante, cuando su relevancia deriva de su antijuridicidad. El daño o perjuicio que las normas jurídicas pretenden repara o evitar no es cualquier daño, sino únicamente aquél que frustra expectativas aseguradas por el derecho(7)

“La nota de antijuridicidad, es la calificación en sentido convencional que se predica de lo contrario a derecho, lo cual sin lugar a dudas es una tautología, y aunque, el concepto como tal fue elaborado por la dogmática penal, pasó a ser una categoría general del derecho. En efecto, la doctrina sostiene:

“Por lo demás, la no circunscripción de la categoría de antijuridicidad a una única rama del ordenamiento jurídico no hace más que poner de relieve, una vez más, la esencial trabazón existente entre todos los sectores jurídicos parciales integrantes del mismo, puesto que la “determinación normativa” de las circunstancias que caracterizan la antijuridicidad puede encontrarse fuera del ámbito normativo que cualifica tipológicamente el supuesto de hecho que hace surgir la responsabilidad civil”(8).

“2.4. La anterior posición, según la cual el principal elemento configurativo de la responsabilidad del Estado corresponde al daño antijurídico, se ve reflejado en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde en la ponencia para segundo debate (de la disposición que fuera a convertirse en el actual artículo 90 de la Carta Política), se precisó:

“(…) La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.

“La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.

“Esta figura tal y como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo…”(9)

“2.5. En ese contexto, es claro que la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado - en materia contractual y extracontractual-, contenida en el artículo 90 ibídem, se soporta única y exclusivamente en los elementos antes referidos de daño antijurídico e imputación -entendida esta última como atribución de la respectiva lesión-, sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo componentes a efectos de configurar la responsabilidad.

“Más aun, dicha posición ha sido asumida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones(10), en la cual se ha puntualizado recientemente, entre otros aspectos, lo siguiente:

“De manera tal que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(11), lo cual significó un giro copernicano en el fundamento de la responsabilidad estatal, la cual ya no reposa en la “calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa” (subrayas en el original)(12).

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración(13). Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13)(14), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución(15). (Negrilla fuera del texto)

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz el artículo 90 constitucional es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas, aspecto en el cual también ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación y tratado profusamente por el Consejo de Estado. Esta última autoridad judicial ha sostenido que la imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño “es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti”(16). (Negrilla fuera del texto)

“La Corte Constitucional ha, de esta manera, reiterado las consideraciones del Consejo de Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, tribunal que ha resumido su criterio en los siguientes términos:

“(S)on dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas. 

La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar.” (negrillas y subrayado fuera del texto original)(17)

“Esta última cita es pertinente para recalcar en la cuestión objeto de estudio en la presente decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño.(18)

“Como se aprecia, no es posible, estrictamente hablando, que se amplíe la gama de los componentes de la responsabilidad extracontractual del Estado, como quiera que ellos se circunscriben, desde la óptica del derecho, al daño antijurídico y a la imputación del mismo a una entidad de derecho público.

“2.6. En esa perspectiva, considero que la Sala debe replantear la forma como aborda el análisis de los elementos estructurales de la responsabilidad del Estado, para evitar de esta manera introducir criterios que se subsumen en los conceptos antes referidos. Proceder como se viene haciendo, en contravía de la propia jurisprudencia administrativa, es desconocer la realidad normativa (art. 90 C.P.), que corresponde como bien lo señala la Jurisprudencia Constitucional, a un giro copernicano en la materia, toda vez, que la virtud o bondad del precepto estriba precisamente en consolidar en nuestra cultura jurídica el derecho de daños, opuesto a la concepción tradicional en el tema, donde prevalecía el análisis subjetivo de la conducta por oposición al carácter hoy objetivo del daño, de no hacerlo así, como se viene haciendo en una sorprendente cotidianidad jurídica en los fallos proferidos por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es sin lugar a dudas, seguir manteniendo una posición que no coincide con el ordenamiento jurídico en su dimensión unitaria o hermética, para de paso, mantener equivocadamente en mi criterio, una postura que corresponde a un modelo de pensamiento jurídico ya superado como fue el que antecedió a la constitución vigente. En síntesis, puede afirmarse, que la labor analítica del juez en asuntos de esta naturaleza, se reduce simple y llanamente a la constatación del daño como entidad, que es un dato objetivo o de conocimiento dado por la experiencia; a la posición axial frente al mismo por parte del juez, lo que imprime el sello de antijurídico o jurídico, y una vez estructurado aquel -daño antijurídico, coprogramáticamente mirar la posibilidad de imputación del mismo a una entidad de derecho público.

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

“No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(19).

“Así las cosas, hay que reconocer que desde la estructura moderna de la responsabilidad patrimonial del Estado, el nexo de conexión, o vínculo que debe existir entre la acción, omisión, o conducta generante de un efecto, esto es, de una modificación patrimonial —el daño en sentido fenoménico y jurídico—, corresponde a la imputación material y/o normativa del mismo(20), lo que explica precisamente la posibilidad de eximentes de imputación cuando quiera que por alguna circunstancia no es posible hacer esa referibilidad, superando así aún, la problemática que presenta la denominada causalidad de la conducta omisiva y que en el esquema tradicional en vano ha tratado de justificarse acudiendo a todo tipo de distorsiones dialécticas, que lo único que hacen es poner de manifiesto el paralelismo entre physis y nomos.

“Esa relación en el derecho, tradicionalmente llamada causalidad física, no puede seguir siendo la base del sistema, ni elemento autónomo, ya que es parte estructural del daño al posibilitar su existencia en la alteración o conformación mejor de una realidad, cosa diferente es la posibilidad de atribuir ese daño al obrar o no del sujeto, lo que constituye la imputación en sentido jurídico; más aún hoy día en que se habla de la crisis del dogma causal en las ciencias de la naturaleza, lo que ha permitido la conceptualización y desarrollo de criterios como el de la imputación objetiva y el deber de cuidado en el campo jurídico, desde luego.

“En síntesis, mientras se mantenga la convicción de que la causalidad en su natural sentido óntico, hace parte de las ciencias sociales, y que constituye en ese entorno un elemento de la responsabilidad patrimonial, se incurre en un error al mezclar dos líneas paralelas, que corresponden a objetos de conocimiento diferentes: la naturaleza y el derecho, como ya se dijo. Y de otro lado, aunque el daño es producido por la acción u omisión, esto es, se da una relación entre dos hechos, eso hace parte de una regla de derecho —imputación— mas no causalidad, la imputación vincula conductas, por ello se ha dicho: “La ciencia del derecho no pretende, pues, dar una explicación causal de las conductas humanas a las cuales se aplican las normas jurídicas”(21), o bien, en otro horizonte: “La diferencia entre la causalidad y la imputación se pone de manifiesto en la relación entre la condición y la consecuencia: en la ley de la naturaleza se designa a la condición como causa y a la consecuencia como efecto, pero no interviene ningún acto humano o sobrehumano. En la ley moral, religiosa o jurídica la relación entre condición y consecuencia se establece por actos humanos o sobrehumanos”.(22)

“Es por lo anterior, que lo itero una vez más, el análisis de éstas controversias debe hacerse en el entendimiento que se deja planteado, de no hacerlo así, la Sala estaría manteniendo una postura que ya ha sido superada en el ordenamiento jurídico (art. 90 C.P.).

“2.7. Aunado a lo anterior, debe precisarse que el anterior entendimiento ha sido avalado por la jurisprudencia extranjera, específicamente la española, la cual, partiendo de similares contenidos normativos a los existentes en nuestro país, ha explicado los elementos de la responsabilidad en los siguientes términos:

“(…) Segundo: La responsabilidad del Estado que con carácter objetivo se configura por primera vez en 1954 dentro de la Ley de Expropiación Forzosa (art. 121) y se alberga tres años después en la de régimen jurídico de la Administración (art. 40), ha adquirido relieve constitucional en los arts. 9.º y 106, párrafo 2.º, como garantía fundamental en la órbita de la seguridad jurídica, aun cuando su entronque más directo lo tenga con el valor «justicia», uno de los pilares del Estado de Derecho, social y democrático, que proclama el art. 1.º de la misma Constitución.

“En el esquema de este concepto, el primero y principal de sus elementos estructurales es la lesión patrimonial, equivalente por su contenido a cualquier daño o perjuicio, en la doble modalidad, clásica desde la antigua Roma, del lucro cesante o del daño emergente. En este caso, no cabe la menor duda de que la rebaja del margen comercial correspondiente a los farmacéuticos en la venta o dispensación de los medicamentos implicaba necesariamente, sin más averiguaciones, una disminución de sus beneficios o ganancias en la misma proporción. Ahora bien, no es suficiente el menoscabo económico, factor material, sino que se requiere simultáneamente la concurrencia de otro factor cualificativo, consistente en que sea antijurídico y, por lo tanto, el afectado o la víctima no tenga el deber de soportarlo. En definitiva, la lesión se define como un daño ilegítimo y tal calificación conviene perfectamente a la Orden de 10 de agosto de 1985 desde el mismo instante en que nuestra Sentencia de 4 de julio de 1987 comprobó y declaró que era nula de pleno Derecho.

“En otro plano ha de situarse el vínculo entre la lesión y el agente que la produce, entre el acto dañoso y la Administración que es su autora, y por tanto implica la necesidad de que pueda serle imputado o atribuido, en su actuación propia, como poder y en el uso de sus potestades públicas…

“(…)”(23) (cursivas del original - negrillas adicionales).

“2.8. Al margen de todas las consideraciones sobre la materia, y que se han expuesto, en relación con los elementos que configuran la responsabilidad del Estado, lo cierto es que la Sala debe asumir una posición definitiva sobre el asunto objeto de análisis, como quiera que el 30 de agosto de 2007, esta misma Sección profirió una sentencia (expediente 15.932) en la cual el capítulo denominado “daño antijurídico e imputabilidad” fue aprobado sin ningún tipo de observación y en forma unánime.

“2.9. Bajo las anteriores precisiones, dejo sentada mi posición en lo que concierne a la forma como se abordó el análisis de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, materia sobre el cual recae esta aclaración de voto”.

Atentamente,

ENRIQUE GIL BOTERO

Fecha ut supra

1 Kelsen - Cossio, problemas escogidos de la teoría pura del derecho. Buenos Aires. Editorial Guillermo Kraft Ltda. 1952. Pág. 12.

2 Kant los asimila a mandatos de la razón que denomina imperativos. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Editorial Ariel, Barcelona, Primera Edición, 1996, pág. 62.

3 Revista de derecho de la Universidad de Antioquia. Homenaje a Hans Kelsen, B. Mantilla Pineda. El principio de retribución y la ley de causalidad. Pág. 358 y 359.

4 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.

5 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129.

6 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 exp. 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez Villamizar.

7 “27. Hayek señala a este propósito que solo así “la regla de no perjudicar a otro cobra algún sentido para un grupo de hombres que tienen el derecho a perseguir cada uno sus propios objetivos”; de otra forma, si todas las personas tuviesen que atenerse continuamente a lo que los otros esperan o presuponen de su comportamiento, “el resultado sería, en breve plazo, el descalabro del orden” (cfr. Hayek, F.A.: Droit, legislation et liberté, París, 1981,t. I,pp. 122 y 124, respectivamente). Vid., en el mismo sentido, Carneiro da Frada, M.A.: Contrato e deveres de proteccao, Coimbra, 1994, p. 130”. Citado en Busto lago, José Manuel. La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual. Ed. Tecnos S.A. Madrid. 1998. pag 45.

8 Busto lago, José Manuel. Ob cit. Pag 50.

9 Ponencia para segundo debate - Plenaria Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional 112 de 3 de julio de 1991, pág. 7 y 8.

10 Al respecto ver, entre otras, las sentencias: C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-533 de 1996; C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.

11 Sentencia C-533 de 1996.

12 Sentencia C-043 de 2004. En la misma decisión sostuvo: “No se trata de saber si hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un “daño antijurídico”, es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar” (negrillas fuera del texto original).

13 Sentencia C-333 de 1996.

14 Esta Corporación, en Sentencia C-333-96, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, resaltó la armonía existente entre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 90 de la Carta y el Estado Social de Derecho: “Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Esta concepción de la posibilidad de indemnización de un daño antijurídico incluso originado en una actividad lícita del Estado armoniza además con el principio de solidaridad (CP art. 1º) y de igualdad (CP art. 13), que han servido de fundamento teórico al régimen conocido como de daño especial, basado en el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas. En efecto, si la Administración ejecuta una obra legítima de interés general (CP art. 1º) pero no indemniza a una persona o grupo de personas individualizables a quienes se ha ocasionado un claro perjuicio con ocasión de la obra, entonces el Estado estaría desconociendo la igualdad de las personas ante las cargas públicas (CP art. 13), pues quienes han sufrido tal daño no tienen por qué soportarlo, por lo cual éste debe ser asumido solidariamente por los coasociados (CP art. 1º) por la vía de la indemnización de quien haya resultado anormalmente perjudicado. Se trata pues, de un perjuicio especial sufrido por la víctima en favor del interés general, por lo cual el daño debe ser soportado no por la persona sino por la colectividad, por medio de la imputación de la responsabilidad al Estado. Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

15 Sentencia C-832 de 2001.

16 Consejo de Estado. Sentencia de 13 de julio de 1993, loc. cit.

17 Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995, Expediente 8118, Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.

18 Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

20 “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 expediente 14215.

21 Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 12 Edición, 1974, pág. 20.

22 Kelsen - Cossio. Obra cit pag. 22.

23 Tribunal Supremo Español - Sala de lo Contencioso, sentencia de 11 de noviembre de 1993, rad. STS 11664, M.P. Ángel Alfonso Llorente Calama. Ver igualmente: sentencia de 10 de julio de 1992, rad. STS 11010.

ACLARACION DE VOTO

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Aunque compartí la decisión adoptada en sentencia de 9 de junio de 2010, me permito aclarar voto en cuanto al alcance que se da al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se entiende que frente al recurso de apelación formulado únicamente por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, la competencia de la Sala se circunscribe al pronunciamiento sólo sobre los cargos del recurso, que se centran en solicitar que se modifique la sentencia de primera instancia para que se reconozca por concepto de perjuicios morales la suma de 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes y la suma de 4.000 gramos oro a favor de la lesionada por perjuicio fisiológico, que se reconozca el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante con fundamento en la disminución de la capacidad laboral de la lesionada y que se resuelva la objeción por error grave formulada en contra del dictamen pericial rendido por medicina legal.

Entiendo que tal interpretación circunscribe inadecuadamente los alcances del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción por no existir norma que regule el tema en el Código Contencioso Administrativo, dado que el artículo 181 de este código, al consagrar el recurso de apelación contra autos y sentencias, se limita a establecer las providencias pasibles de este medio de impugnación, así como el efecto en el cual se concede, y los artículos 212, 213 y 214 apenas establecen el trámite a seguir con ocasión de la apelación de sentencias y autos, sin referirse a los límites que tiene el juez ad quem. Por tanto, en acatamiento a la disposición contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, al no estar contemplado en este código el tema de los límites del juzgador de segunda instancia, debe acudirse a lo prescrito sobre este aspecto en el Código de Procedimiento Civil.

Y el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que regula los límites del juzgador de segunda instancia, consagra varias eventualidades. En el primer inciso se refiere a los límites del juzgador ad quem tratándose de la apelación de sentencias; en el segundo inciso establece las reglas para determinar la competencia del juzgador de segunda instancia al resolver la apelación de autos; y, en el tercer inciso, regula la competencia del juez de la alzada, para cuando lo apelado es una sentencia inhibitoria.

Frente a los límites del ad quem con ocasión de la impugnación de sentencias, la norma de manera explícita y como criterio general determina que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, sin establecer como límite al juez de segunda instancia, referirse sólo a aquellos aspectos que habiendo sido adversos al recurrente, fueron materia de apelación.

Y cuando la norma prohíbe al juzgador de segunda instancia, modificar la providencia en la parte que no fue objeto de apelación, tal prohibición está referida a las modificaciones que puedan afectar al apelante único para salvaguardar la garantía de la reformatio in pejus como con claridad lo evidencia la redacción de la norma, en tanto dispone que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella.

Es decir, por disposición legal aplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, el contenido de la sustentación de la apelación no limita como lo interpreta la sala, la decisión de segunda instancia, en tanto la sentencia que decide la apelación, bien puede referirse a aspectos que beneficien al apelante único, aunque no hayan sido objeto de la impugnación.

Creo que la diferencia en la interpretación que da la Sala y aquélla que entiendo corresponde al inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, deviene de que la Sala lee aisladamente el segmento normativo del artículo analizado, en tanto incida que “por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso” cuando tal segmento hace parte de un párrafo que comienza por establecer como premisa general, que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante “y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, consagrando así la garantía de la reformatio in pejus, y no la prohibición de decidir sobre aspectos que aunque no hayan sido materia de la impugnación, favorezcan al apelante único.

Diferente es la situación que se presenta cuando lo apelado es un auto, en ese evento, el inciso segundo del artículo 357, determinado claramente por el principio dispositivo, señala que el ad quem solo tiene competencia para tramitar y decidir el recurso, con lo cual circunscribe a los puntos objeto de apelación, la competencia del ad quem, lo cual se explica en que el proceso ha seguido su curso ante el juzgador de primer grado y mal haría el ad quem en decidir sobre aspectos que son de competencia de aquél.

En la misma línea, cabe anotar que al regular de manera diferente la competencia del juzgador de segunda instancia en relación con la apelación de sentencias, la ley procesal laboral trae un condicionamiento similar al que dispone el ordenamiento procesal civil para la apelación de autos. En efecto, en claro apartamiento de la regulación que sobre la competencia del ad quem trae el código de procedimiento civil, la ley 715, determinó sobre el punto:

“Principio de consonancia: La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.”

Norma sobre la que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 29 de junio de 2004, destacó su diferencia con la regulación establecida en el Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

“Para la Sala yerra el Tribunal al asumir competencia funcional completa de revisión de la totalidad del objeto del litigio, desbordando la que le corresponde según las reglas que gobiernan el recurso de apelación en la jurisdicción laboral, que son precisas en circunscribirla a las materias respecto de las cuales el apelante o los apelantes hayan manifestado inconformidad y cumplido con la carga procesal de fundamentar sus reparos.

“La Sala ha asentado la tesis según la cual:

“Con la expedición de la Ley 712 de 2001, varió sustancialmente la situación, pues de acuerdo con el nuevo texto, es a las partes a quienes les corresponde delimitar expresamente las materias a que se contrae expresamente el recurso de apelación, en tanto reza la norma: …

“Del mismo modo, si es deber del apelante limitar el recurso de apelación a determinados y especiales temas, sobre los cuales sólo se podrá pronunciar la segunda instancia, es obligación suya manifestarse respecto a todas las pretensiones de la demanda, sean estas autónomas o condicionadas respecto de las otras, de las que discrepe”(1)..

En igual sentido ha sido el alcance que a los límites del ad quem en la apelación de sentencias, ha dado la doctrina:

“Son diferentes las facultades del superior en los casos de apelación de autos interlocutorios o de sentencias. En efecto, la apelación de la sentencia otorga al superior competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia, y por lo mismo tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva el litigio; en cambio, cuando se apela de un auto interlocutorio el superior no adquiere competencia sino sobre el punto incidental o especial y que fue materia del recurso, porque la instancia continúa ante el inferior, y por esto no puede ocuparte de los demás aspectos del proceso.

“… otro efecto peculiar de la apelación, que también comparte la casación, es que el superior no puede agravar la situación del apelante único, porque se entiende que la interpuso solo en lo desfavorable de la providencia. Esto se conoce como reformatio in pejus y significa una especie de limitación de la competencia del superior en la revisión de la providencia apelada.”(2)

Por otra parte, la exigencia de la sustentación del recurso, que tiene como fin ubicar al juez de segundo grado en las razones de la inconformidad, no tiene la virtualidad de restringir su competencia sólo a los puntos objeto de apelación, como si sucede hoy en materia laboral, dado la claridad del tenor literal del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en tanto establece que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante. Por ello, no existe impedimento alguno para que al decidir el recurso de apelación, el juez, en caso de encontrarlo demostrado, pueda decidir sobre un punto que no fue objeto de la apelación, pero que favorece al apelante único, la única limitación frente a ese apelante, está determinada por la reformatio in pejus.

Cabe precisar que la congruencia de la apelación está referida, mas que a los motivos de la impugnación, a la prohibición de agravar la situación del apelante único, porque insisto, es el mismo legislador quien de un lado, marca como límite de la decisión de segunda instancia, cuando el apelante ha sido único, no empeorar su situación, y por otro lado, y mas relevante si se quiere, perentoriamente señala que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, lo cual marca la exigencia del interés en quien recurre, en una clara manifestación del principio dispositivo.

En síntesis, varias reglas pueden extraerse del artículo 357 comentado:

1. Cuando se trata de apelación de sentencia, y el apelante es único, el ad quem solo tiene como límite, no empeorar la situación del apelante único, por tanto, al decidir la apelación podrá referirse a aspectos que no fueron objeto de la apelación, siempre que con tal decisión favorezca la situación del apelante.

2. Si de entrada apelan ambas partes, o una adhiere a la apelación de la otra, el ad quem no tiene límites en la decisión, es decir, esta puede afectar o beneficiar, sin restricción alguna a cualquiera de las partes.

3. Si el fallo fue inhibitorio, y es revocado como consecuencia de la apelación, la decisión puede ser desfavorable al apelante, en tanto la inhibición puede ser sustituida por una sentencia totalmente adversa a los intereses del recurrente.

4. Si se trata de la apelación de autos, el ad quem limita su competencia al punto objeto de apelación, y solo es posible disponer en relación con la liquidación de costas, decreto de copias y desgloses.

En este sentido dejo presentada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra

Ruth Stella Correa Palacio

1 Sentencia de 23 de mayo de 2006, radicación 26225.

2 Devis Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, sexta edición, 1978, pag. 507.