Sentencia 1995-00303 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-1995-00303-01 (29.317)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Olga Lucía Cano Cortés y otros

Demandado: Instituto de Seguros Sociales (ISS) y ESE Hospital Manuel Uribe Ángel

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2004, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que el caso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación, en atención a la cuantía(1).

2. Previo a abordar el fondo del asunto, deben hacer las siguientes precisiones:

2.1. Sea lo primero señalar que al contestar el llamamiento en garantía formulado por el Hospital Manuel Uribe Ángel, la doctora María Patricia Moll Agudelo, señaló que como consecuencia del proceso penal que cursó en su contra en el Juzgado Penal Municipal de Envigado (Ant.), por el delito de lesiones personales, ya indemnizó los perjuicios a favor de la señora Olga Lucía Cano Cortés, por lo que no está llamada a responder en el proceso adelantado ante esta jurisdicción.

Al respecto, obra en el proceso penal, dictamen pericial rendido por el doctor Gustavo Alonso Bustamante H., según el cual los perjuicios sufridos por la señora Olga Lucía Cano, ascendían a $ 299.350 (fls. 176 y 177). En vista de ello, en memorial calendado el 21 de abril de 1994, el defensor de la llamada en garantía solicitó al juez precluir la investigación, con fundamento en “el pago integral, por parte de [su] defendida [se refiere a la doctora María Patricia Moll], de los perjuicios que fueron fijados mediante dictamen pericial” (fl. 143, proceso penal), para lo cual adjuntó copia del depósito realizado en el Banco Popular, por la suma señalado, a favor de la señora Cano Cortés y por concepto de indemnización de perjuicios (fl. 180). Como consecuencia de ello, el Juzgado, en resolución del 29 de abril de 1994, precluyó la investigación a favor de la doctora Moll Agudelo (fls. 147-150, proceso penal).

Ahora bien, la Sección Tercera, se ha pronunciado en casos similares para señalar que aun cuando la parte demandante se haya constituido como parte civil dentro del proceso penal, está facultada para demandar a la entidad estatal que con su conducta causó el daño, ante la jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de obtener la indemnización plena de los perjuicios, salvo que se logre demostrar que el servidor investigado en el proceso penal pagó en su totalidad el monto de los daños o en el caso de que hubiere hecho un pago parcial, el mismo será descontado. Sobre el tema se pronunció la corporación en sentencia del 7 de noviembre de 2002, con ponencia del Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros:

“Frente a la circunstancia de la constitución de parte civil en un proceso penal, la Sala en sentencia de 25 de octubre de 2001 rectificó y precisó su pensamiento en el sentido de considerar que quien se ha constituido en parte civil dentro de un proceso penal, igualmente puede demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin de perseguir la plena indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima, y en ese sentido, la entidad demandada estaría obligada a pagar la totalidad de la indemnización impuesta por el juez administrativo, en una conciliación o en cualquier otra providencia, salvo que la entidad pruebe que el funcionario citado en el proceso penal, pagó totalmente el monto de los daños tasados por el juez penal y si fueron indemnizados, podría descontar la suma cubierta por aquel”(2).

En los hechos de la demanda, se señaló que “La médica Patricia Moll, en reiteradas ocasiones le ha ofrecido en nombre del Hospital Manuel Uribe Ángel y en su propio nombre y del Seguro Social, a la señora Cano Cortés, la suma de $ 700.000,00, a fin de indemnizarla, suma quela (sic) paciente no marras no ha aceptado por considerar queel (sic) daño sufrido es de incalculables consecuencias” (fl. 96, cdno. ppal.). Sin embargo, como quedó demostrado, la doctora Moll, en el proceso penal, procedió a pagarle la suma de $ 299.350, a través del depósito judicial que hizo en el Banco Popular, por lo que de la afirmación hecha en la demanda, se infiere que si bien la accionante no los recibió, ello se debió a que ella misma rechazó el pago.

Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia que se acaba de citar, se descontará el monto de $ 299.350, de la indemnización que se ordene en este proveído, para lo cual primero se actualizará con base en la siguiente fórmula:

 

1995-00303 ecu1.jpg
 

 

Donde:

Ra: renta actualizada

Rh: renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (abril de 1994 - fecha del depósito judicial):

Índice final (enero de 2014)

Entonces, el lucro cesante será el siguiente:

 

1995-00303 ecu2.jpg
 

 

En consecuencia, de la condena que se imponga en el fallo, se deducirá la suma de $ 1.436.428,53

De la tacha de sospecha formulada por la parte demandante. En el trámite de primera instancia, se recibieron las declaraciones de las enfermeras Amparo Benjumea Espinosa y María Falconery Serna Úsuga, quienes participaron en la cesárea que se le practicó a la señora Olga Lucía Cano Cortés el 22 de agosto de 1993. En la misma audiencia, la parte demandante tachó de sospechosos ambos testimonios, bajo el argumento de que las deponentes tenían una relación de subordinación frente al Hospital Manuel Uribe Ángel.

El artículo del Código de Procedimiento Civil, se refiere a los testigos sospechosos en los siguientes términos:

ART. 217.—Testigos sospechosos. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627>. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

Y a su vez, el artículo 218 del mismo estatuto, que regula lo concerniente a la tacha del testimonio, preceptúa que “El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

No obstante, la Sala quiere señalar que los vínculos que puedan tener los testigos con cada una de las partes del proceso no son óbice, por sí mismos, para no valorarlos. De hecho, la prueba testimonial, regulada en el artículo 294 Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 187 Código de Procedimiento Civil, se rige en cuanto a su apreciación, por el principio de la sana critica, de manera que el juzgador, según su buen criterio, le dará o no la credibilidad debida, lo cual aplica, incluso, tratándose de personas que tengan intereses marcados con alguna de las partes. En este sentido señala la doctrina de manera elocuente:

“El medio radical de impedir los errores consiste en excluir los testimonios que ofrezcan garantías insuficientes. Esto parece sencillo: un testimonio vale esencialmente según la confianza concedida al testigo; si el deponente resulta indigno de ella, ¿no es más seguro descartarlo de golpe? Más, ¿qué testigos son los sospechosos hasta el punto de no quererlos oír? ¿Y cómo determinar, incluso antes de verlos y oírlos, su falta de credibilidad? Para merecer una exclusión total, la incredibilidad debe ser bastante completa, versar sobre todo el conjunto del testimonio, y no solamente sobre cual o tal de sus partes. Ahora bien, sabemos que ese supuesto resulta excepcional, que la mayoría de los errores son relativos o parciales y que hasta las mentiras son con frecuencia compartimentos estancos. La exclusión practicada por anticipado debe, por lo tanto, constituir un procedimiento muy limitado. No por eso hay que dejar de estudiarlos; porque ha formado el principal aspecto negativo del sistema de la prueba legal, más o menos subsistente en todas las legislaciones”(3).

De hecho, no existe norma que ordene al funcionario judicial desechar las declaraciones de quienes tienen alguna relación con una de las partes del proceso judicial. Lo que ocurre es que el juez debe considerar estas circunstancias adecuadamente, y darles el valor que correspondan(4). Esta situación no desacredita a tales testigos, per se, ni la ley procesal descalifica, a priori, al testigo sospechoso, sino que, al tenor del artículo 218, advierte que el juez debe apreciarlo “de acuerdo con las circunstancias de cada caso”, lo que significa que debe examinarlo con mayor cuidado, pero puede merecerle plena credibilidad, tal como ocurrió en el sub iudice.

Ahora bien, en el caso concreto, conforme al escrito del 8 de noviembre de 1993, suscrito por el doctor Rafael Navas, médico coordinador del Hospital Manuel Uribe Ángel (fl. 23, proceso penal), los médicos y enfermeras que asistieron el parto por cesárea de la señora Olga Lucía Cano Cortés, el 22 de agosto de 1993, fueron los siguientes:

— Doctora Patricia Moll Agudelo: ginecobstetra.

— Doctor Luis Fernando Isaza: anestesiólogo.

— Doctor Jorge Humberto Espilateta Gómez: médico interno.

— María Falconery Serna Úsuga: auxiliar de enfermería.

— Amparo Benjumea Zapata: auxiliar de enfermería.

Como bien puede verse, tanto la señora Serna Úsuga, como la señora Benjumea Zapata, intervinieron en la cesárea que se le practicó a Olga Lucía Cano, como auxiliares de enfermería, circunstancia que le resta credibilidad a sus declaraciones, toda vez que al haber estado directamente involucradas en los hechos que dieron origen a la demanda, es muy poca la credibilidad que las precede, máxime teniendo en cuenta que es precisamente el cumplimiento de sus funciones la que se está poniendo en tela de juicio. Por lo tanto, prospera la tacha formulada por los demandantes.

2.2. De la objeción por error grave formulada frente al dictamen pericial. En el proceso, se decretó como prueba, la práctica de un dictamen pericial, con el fin de determinar si a raíz de la presencia de un objeto extraño en su cuerpo, la paciente perdió su capacidad reproductiva. El experticio fue rendido por los galenos Luis Armando Cambas Zuluaga y John Jairo Chica Gutiérrez, mediante escrito del 24 de agosto del 2000 (fls. 370-372). Contra el mismo, la parte demandante formuló objeción por error grave, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Lo informado por los médicos, no trae nada nuevo de lo que hasta ahora hay en las pruebas y que [por] ello son objeto de debate jurídico entre las partes accionante y accionados. Comoquiera (sic) que los galenos en su procedimiento no han practicado examen técnico científico a la directamente afectada señora Cano Cortés, para determinar con toda certeza tanto al fallador como a las partes involucradas en el proceso. Considero que para poder demostrar la gravedad de las consecuencias sufridas por la demandante, después de una operación cesárea, donde se le dejaron gran cantidad de gasas que le produjeron el grave daño en su salud. Se hace necesario mediante pruebas científicas como lo puede ser una laparoscopia, y otros medios, como ellos mismos lo consignan dentro de su experticio.

“Consultando personalmente con otros galenos, sostienen que para la complejidad del concepto que los peritos emitieron, no es suficiente leer la historia clínica obrante al plenario, sino recurrir a un seguimiento, examen a la paciente y las pruebas técnico científicas de las cuales dispone la medicina moderna.

“En conclusión el concepto dictaminado por los nombrados peritos, no colman las expectativas a través de cuestionario de uno de los abogados acreditados dentro del proceso, por no haber utilizado un procedimiento acorde con los avances de la ciencia moderna. De allí que el concepto de los auxiliares dela (sic) justicia, sea vago e impreciso, y como consecuencia de ello, estoy proponiendo la objeción por error grave” (fls. 374 y 375).

Al respecto prescribe el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil:

“ART. 241.—Apreciación del dictamen. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627>. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

“Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.

Es evidente que este medio de prueba no es pleno y no obliga al operador judicial, por lo tanto, debe apreciarlo en su conjunto y fijar su mérito probatorio, valiéndose de las reglas que conforman la sana crítica y el principio de la valoración integral de la prueba(5). Lo anterior, comoquiera que resultaría absurdo que el juez se viese obligado por un dictamen dudoso, contrario a la lógica, a las reglas generales de la experiencia, o a los otros medios de prueba obrantes en el proceso(6).

De otro lado, la doctrina ha sostenido como necesario que el dictamen pericial, para ser apreciado por el juez reúna una serie de requisitos de fondo o de contenido para poder ser valorado, entre ellos, que esté debidamente fundamentado, de manera que si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el experticio carecerá de eficacia probatoria y lo mismo ocurrirá si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Es por ello que, es necesario que las conclusiones sean claras, firmes y consecuentes, pues si el juzgador considera que estas contrarían las normas generales de la experiencia, o hechos notorios, o una presunción de derecho, o la cosa juzgada, o las reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no tiene respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen, o que bien, están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, lo rechazará(7).

La objeción por error grave es la fórmula de contradicción contemplada para el dictamen pericial, la cual prospera demostrando la existencia del error grave, esto es, de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Es necesario evidenciar que el concepto del perito se contrapone a la verdad, o lo que es lo mismo, que se dé una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el experto.

Resulta pertinente precisar que para que se configure el “error grave”, en el dictamen pericial, se requiere de la existencia de una equivocación en materia grave por parte de los peritos, una falla que tenga entidad suficiente para llevarlos a conclusiones igualmente equivocadas, tal y como lo exigen los numerales 4º y 5º del artículo 238 Código de Procedimiento Civil.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(8) ha precisado, respecto de la objeción por error grave contra el dictamen pericial y sus especiales condiciones, lo siguiente:

“(...) si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos...”(9) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...” (resaltados no son del texto).

Con base en estos criterios la Sala concluye que en el caso sub examine, la objeción formulada por los demandantes no está llamada a prosperar, pues de un lado carece de un argumento sólido, toda vez que según ellos mismos lo afirmaron, se basaron en consultas personales realizadas con otros médicos, que no cuentan con ningún respaldo probatorio y además no constituyen propiamente un error grave, sino más bien una inconformidad con las conclusiones que se obtuvieron en el experticio. Si lo que pretendía la parte era determinar cuáles fueron las secuelas que le quedaron a la señora Olga Lucía Cano Cortés, como consecuencia de la gasa que le fue dejada en su organismo, para tal efecto debía acudir a la junta de calificación de invalidez regional, órgano competente para emitir un dictamen de esa clase, conforme al artículo 3º del Decreto 2463 de 2001 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”(10).

Por otra parte, como se verá más adelante, leído y analizado el dictamen, se tiene que el mismo, es útil para concluir que en efecto a la paciente le fue dejado un cuerpo extraño mientras le practicaron la cesárea, por lo cual no prosperará la objeción y será valorado.

2.3. Finalmente, en relación con las pruebas contenidas en el expediente del proceso penal que fue adelantado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Envigado, por el delito de lesiones personales(11), se advierte que de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(12), solo pueden valorarse las pruebas documentales allí incorporadas, en razón a que estuvieron a disposición del Instituto de los Seguros Sociales y del Hospital Manuel Uribe Ángel y por ende fueron sometidas a contradicción, más no ocurre lo mismo frente a los testimonios, comoquiera que no fueron ratificados en el proceso adelantado ante esta jurisdicción y además la parte demandada tampoco se adhirió a las mismas(13).

3. Conforme a las pruebas que fueron practicadas y recaudadas en el proceso, especialmente la historia clínica, están demostrados los siguientes hechos:

3.1. La señora Olga Lucía Cano Cortés, fue sometida a una cesárea el 22 de agosto de 1993 en el Hospital Manuel Uribe Ángel, procedimiento que fue realizado por la doctora Patricia Moll, según se registró en el informe quirúrgico (fl. 188). De acuerdo con la nota operatoria visible a folio 265 visto, no se presentaron complicaciones. Ese mismo día, la paciente salió para hospitalización, “con herida cubierta con gaza (sic) limpia y seca, con sonda vesical funcionando, orina colúrica; sangrado vaginal normal...” (fl. 264).

3.2. Al día siguiente, es decir, el 24 de agosto de 1993, la señora Cano Cortés manifestó dolor en hipogastrio tipo cólico y posteriormente, fue dada de alta, según se registró en anotación de esa fecha:

“Sale pte. para su casa, caminando, acompañada de su familia, se entrega historia del Instituto de Seguros Sociales y constancia de nacimiento del RN, se da información sobre la leche materna, sobre cuidados con hda. quirúrgica [ilegible], si presenta fiebre, hda. roja y drenando materia purulenta debe ir al médico, debe hacer vacunar al RN puntualmente...” (fl. 263).

3.3. En anotación del 24 de agosto se consignó:

“Paciente precesareada del 22 VIII que consulta por fiebre y dolor vajitos (sic), flujo fétido color rojo...” (fl. 200).

3.4. Según nota del 27 de agosto, ese día refirió dolor en el hipogastrio, irradiado a la región lumbar, fiebre subjetiva y molestia general.

3.5. En nota del 28 de agosto a las 6:00 de la mañana, se señaló:

“señora q’ (sic) duerme x intervalos cortos dice que siente dolores como los del parto y se le encalambra el M.I. Izq. Con mamas secretantes con poco sangrado vaginal con venoclisis permeable, herida Qx cubierta con microporo limpio y seco sin signos de infección; presenta cefalea q’ (sic) cede después de merendar...” (fl. 200 vto.)

3.6. El 20 de septiembre de 1993, se indicó:

“32 años cesárea el 22/08/93 en Hosp. Envigado MC y fiebre desde hace 3 días intermitente y cefalea. También manifiestan dolor en hemoabdomen inferior...” (fl. 199).

3.7. Según nota del 21 de septiembre, llevaba hospitalizada 5 días, como consecuencia de una infección —endometritis—(14), que llevaba 7 días de evolución (fl. 199).

3.8. El 23 de septiembre de 1993, fue sometida a una cirugía de laparotomía exploratoria(15). En nota de esa misma fecha, a las 6:10 de la mañana se registró:

“Se prepara para cirugía laparotomía exploratoria, por gazoma (sic) en región pélvica” (fl. 238 vto., negrilla de la Sala).

Y a las 6:35 se indicó:

se extrae gasa con secreción purulenta. Se hace lavado con SSN en región infectada” (fl. 238 vto., negrilla de la Sala).

Igualmente, en el registro de anestesia, concretamente en el diagnóstico pre-operatorio, se consignó: “Cuerpo extraño: gazoma (sic)” (fl. 239).

3.9. En el proceso adelantado ante esta jurisdicción se recibieron los siguientes testimonios:

3.9.1. El doctor Héctor Javier Cortés Molina, quien atendió a la señora Olga Lucía Cano Cortés luego de que fuera intervenida el 23 de septiembre de 1993, manifestó que la paciente fue diagnosticada con un absceso pélvico. Al preguntársele por la posible causa de ese fenómeno, señaló:

“Son muchas las causas de los abscesos intraabdominales pero en este caso, hay un antecedente importante que es la intervención anterior de la paciente por una cesárea. La causa más frecuente de infección de este tipo después de un procedimiento quirúrgico por cesárea son las infecciones post operatorias debido al mismo proceso en sí; procesos inherentes al acto quirúrgico, procesos inherentes al estado de la paciente, tanto en el momento de la cirugía como estados previos a la cirugía; el estado inmunológico de la paciente para defenderse de posibles infecciones, incluso cuerpos extraños que hayan quedado en procesos quirúrgicos, o infecciones adquiridas posterior a las (sic) cirugía (...) si hay un cuerpo extraño se anota o si hay una víscera rota también se podría encontrar el origen allí” (fls. 249 y 250, negrillas de la Sala).

Además, explicó que de acuerdo con la historia clínica el absceso se encontraba en la región paraumbilical izquierda y en cuanto a la relación entre la ubicación de este y una posible esterilidad de la paciente, manifestó:

“Yo pienso que es difícil establecer un causal directo (sic) de unaposible (sic) infertilidad por la sola ubicación del absceso, de hecho el abseso (sic) está muy localizado y no hay una descripción si hay compromiso o no de órganos que tienen que ver con el proceso reproductivo” (fls. 249-250).

3.9.2. El doctor José Miguel Toro Villegas, médico ginecobstetra y quien le practicó la laparoscopia a la paciente, manifestó:

“En base a la descripción quirúrgica del 22 del mes 9 de 1993 de puño y letra mío, encuentro un área de absceso (pus) debajo del ombligo y según esto no estaba dentro de la cavidad abdominal porque mi descripción dice que llega hasta epiplón; el epiplón es un tejido que está cubriendo y defendiendo la cavidad intra abdominal y si yo abrí y no pude pasar de epiplón y no revisé cavidad intra abdominal era un absceso que estaba muy limitado y muy (sic) superficial” (fl. 252).

Sobre las posibles causas del absceso, afirmó:

“Esto es especulando: un abseso se puede producir por factores intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos: estado socioeconómico de la paciente; estado nutricional de la paciente; debilidad de los tejidos, etc.; extrínsecos: tejidos contaminados, un mal aseo prequirúrgico; una fístula intestinal; una sutura contaminada; cualquier otro cuerpo extraño como gasas, agujas, equipos de cirugías” (fls. 252 y 253, negrillas de la Sala).

En relación con el caso concreto de la paciente, dijo:

“(...) yo no sé a qué se debió el absceso y no tengo certeza, en la historia la hubiera descrito y yo en este momento no puedo decir a que se debe un absceso, eso fue hace 4 años” (fl. 253).

Sobre las consecuencias que pudo traerle el absceso a la señora Olga Lucía Cano, manifestó:

“Este absceso como lo describí al principio es muy superficial. La paciente presentó un absceso en la parte media del abdomen pero la paciente en ningún momento presentó ni peritonitis un abseso (sic) pélvico. Si la señora hubiera tenido un abseso pélvico es probable que hubiera tenido algún factor de esterilidad pero no todas, y depende del abseso (sic) pélvico, porque algunas terminan en histerectomía y en pérdida de trompas y ovarios. De todos modos yo veo aquí- se refiere a la historia clínica- la paciente luego de la cirugía tuvo buena evolución y no presentó ni abseso pélvico ni peritonitis” (fl. 253).

3.10. Ahora bien, en el proceso penal se practicó un dictamen pericial por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses regional Noroccidente (Medellín), en el que se despejan todas las dudas en relación a si la paciente tenía alojado un cuerpo extraño dentro de su organismo:

“(...) A la paciente en mención, se le realizó cesárea tipo mediana el día 22 de agosto del corriente año por presentar feto en posición transversal y sufrimiento fetal agudo. En el procedimiento se presentó una complicación, al quedarse una gasa intraabdominal, lo que llevó a una segunda intervención quirúrgica el día 22 de septiembre de 1993, acto que no tuvo complicaciones, lo que hace prolongar su incapacidad”.

“Por lo anterior y basados en el examen físico se conceptúa una incapacidad definitiva en (80) ochenta días, como única consecuencia natural.

A los rayos X AP y lateral de abdomen, observamos a nivel pélvico imagen regular apolillada, que corresponde a cuerpo extraño tipo gasoma” (fl. 34, proceso penal; negrillas de la Sala).

3.11. Finalmente, del dictamen pericial practicado dentro del proceso por los doctores Luis Armando Cambas Zuluaga y John Jairo Chica Gutiérrez, se infiere que en efecto, en la cirugía de laparoscopia, fue encontrado dentro del organismo de la señora, un gasoma. Véase:

“1. Del estudio de la historia clínica se puede establecer que en la nota del cirujano no se hace referencia al hallazgo de ningún cuerpo extraño, solo de un absceso paraumbilical izquierdo muy limitado y superficial; adicionalmente en la nota de enfermería del 228/09/1993 a las 6:35 se anota: ‘se extrae gasa con secreción purulenta...’ (fl. 100), además en el folio 101 en la hoja de anestesiología se anota como diagnóstico ‘Cuerpo extraño. Gasoma” (negrillas de la Sala).

“2. Los hallazgos operatorios indudablemente corresponden a un absceso; en lo referente a su drenaje depende de la profundidad del mismo, en este caso era necesaria la intervención dado que de no definir claramente su tamaño, ubicación y evacuar eficazmente su contenido, no podría cicatrizar...

(...).

“5. Un gasoma es una colección purulenta y abscesada secundaria a una gasa que por ser un cuerpo extraño es repelida por el sistema inmune. Un absceso es ‘una colección localizada de pus causada por una supuración localizada en un tejido, órgano o espacio circunscrito. Los abscesos suelen depender de la siembra profunda de bacterias piógenas en un tejido” (negrillas de la Sala).

(...).

“7. Por la localización del absceso, paraumbilical izquierdo, es sumamente improbable que limite su vida sexual, dado que la dispaurenia (dolor con el acto sexual) si bien es cierto puede ser una causa de infertilidad, tiene un componente emocional muy alto y en este caso se podría descartar como secundaria al absceso”.

4. De acuerdo con las pruebas que se acaban de traer a colación, está demostrado que durante la práctica de la cesárea a la que fue sometida la señora Olga Lucía Cortés Cano, le fue dejada una gasa en su organismo, que finalmente le ocasionó un absceso. A esta conclusión se arriba, pese a lo equívoco de la descripción operatoria (fl. 201), con fundamento en las anotaciones registradas en la historia clínica, en especial aquellas que datan del 23 de septiembre de 1993, según las cuales la paciente se preparó para cirugía de laparotomía exploratoria por gasoma en la región lumbar, procedimiento en el cual se le extrajo a la paciente una “gasa con secreción purulenta”. Así, aunque los galenos que declararon en el proceso, señalen que en la historia clínica no se registró expresamente la presencia de un cuerpo extraño en el informe quirúrgico, ello se infiere razonablemente de las notas traídas a colación. Además, nótese que la paciente fue diagnosticada con un absceso, y de acuerdo con las declaraciones de los médicos, ese fenómeno puede sobrevenir como consecuencia de la presencia de cuerpos extraños en el organismo, que hayan quedado luego de procesos quirúrgicos, tales como gasas o agujas, lo que en efecto ocurrió en el caso sub judice. Por otro lado, como ya se mencionó, el dictamen practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no deja lugar a equívocos, pues en él se señala expresamente que al examen de rayos X, se encontró “a nivel pélvico imagen regular apolillada, que corresponde a cuerpo extraño tipo gasoma”.

Bajo la lógica anterior, carece de relevancia que no se haya señalado expresamente en la nota operatoria que se encontró un cuerpo extraño, pues a falta de ello, se anotó en el informe de anestesiología, al indicar como diagnóstico: “cuerpo extraño: gazoma (sic)” y en las anotaciones previas a la realización de la laparoscopia.

Ahora bien, por ser neurálgico para dar por demostrada la imputación y para una mayor ilustración, es pertinente traer a colación la definición que de gasoma ha dado la literatura médica:

“Introducción

“El Gossypiboma, término derivado del latín gossipium que significa algodón y del Kiswahili boma, que significa a “place of concealment,” (conceal, ocultar, disimular; sitio donde se oculta y/o disimula algo; lugar de confinamiento) también conocido como textiloma o gasoma, es utilizado para describir una masa dentro del cuerpo que implica material quirúrgico olvidado y su correspondiente reacción tisular a cuerpo extraño. Otros sinónimos son corpus allienum (del latín), oblitoma y gasa o textil olvidado. Este último es un eufemismo, ya que condiciona la idea de que el paciente hubiera decidido quedarse con él y que el personal responsable quirúrgico no tuviera influencia sobre la complicación (negrillas de la Sala).

“Los médicos tratantes frecuentemente se enfrentan a una gran variedad de complicaciones en el período postoperatorio. Un Gossypiboma o textiloma es una masa dentro del cuerpo que está compuesta por una matriz de algodón y que corresponde a una gasa dejada accidentalmente después del evento operatorio”(16) (negrillas de la Sala).

También resulta diáfana la descripción realizada en el artículo “Gasomas: su diagnóstico ecográfico”, publicado en la Revista Argentina de Radiología:

“El gasoma (también llamado textiloma o gossypiboma) es una complicación infrecuente de la cirugía. Constituye el tipo más frecuente de oblito (cuerpo extraño olvidado en el interior de un paciente) y consiste en una formación producida por la retención de una gasa quirúrgica, la cual genera una reacción en el órgano que la aloja”(17) (negrillas de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, el gasoma —que fue precisamente el cuerpo encontrado en el organismo de la demandante—, es una formación que obedece a la retención de gasa quirúrgica y como se señaló expresamente en los artículos citados, constituye uno de los casos más recurrentes de objetos dejados accidentalmente dentro del cuerpo luego de un procedimiento quirúrgico. En ese orden de ideas, no cabe ninguna duda que nos encontramos frente a un típico caso de oblito quirúrgico, pues, se itera, conforme a los registros de la historia clínica, era un gasoma lo que se encontraba dentro del cuerpo de la señora Cano Cortés, razón por la que fue necesario someterla a una laparotomía exploratoria. Lo anterior, también encuentra respaldo en el dictamen, según el cual “un gasoma es una colección purulenta y abscesada secundaria a una gasa que por ser un cuerpo extraño es repelida por el sistema inmune...”.

En consecuencia, la anotación según la cual “se extrae gasa con secreción purulenta...”, no quiere significar como lo concluyó el a quo, que “una gasa que se utilizó en la cirugía practicada por el Dr. José Miguel Toro Villegas, se sacó impregnada de secreción infectada”, sino que al practicarle la laparotomía a la paciente, le fue encontrado este elemento. Igualmente, en nada cambia el supuesto que la nota haya sido realizada por una de las enfermeras circulantes, toda vez que de acuerdo con el Manual de Funciones del Hospital Manuel Uribe Ángel(18), esa era precisamente una de las funciones de la circulante 1: “Registrar el procedimiento, toma de signos vitales, drenajes, eliminación, gasas en cavidades vagina o en recto, muestras para estudio anatomopatológico” (fl. 306).

Los casos de oblito quirúrgico, son reputados como una mala ejecución de los cuidados médicos o quirúrgicos; frente a este tipo de olvido, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que se trata de una culpa o falla probada:

“Entendemos por oblito quirúrgico aquellos casos en los cuales con motivo de una intervención quirúrgica, se dejan olvidados dentro del cuerpo del paciente instrumentos o materiales utilizados por los profesionales intervinientes. Por lo común los elementos olvidados son instrumental quirúrgico (pinzas, agujas, etc.) y, más frecuentemente, gasas o compresas.

“Este tipo de irregularidades quirúrgicas —a veces justificadas— por lo general ocasionan un daño al paciente, quien con seguridad deberá como mínimo someterse a una nueva intervención al solo efecto de la extracción del material olvidado...

“Estos supuestos, en consecuencia, se han transformado en frecuente causa de responsabilidad civil médica, por lo que han sido objeto de tratamiento por la doctrina en forma reiterada(3).

“Bueres, en la primera edición de su clásica obra sobre responsabilidad de los médicos, recordaba que en Francia originariamente los tribunales admitieron, en ciertos casos, la exoneración de la responsabilidad médica, partiendo de la base de que en el estado en que se encontraba la cirugía no resultaba factible utilizar procedimientos infalibles para evitar este tipo de accidentes, pero luego la justicia se fue mostrando cada vez más severa en situaciones de esta índole, por entender que existen mecanismos adecuados a fin de evitar los olvidos(4).

(...).

“Respecto a la frecuencia de este tipo de olvidos, en un fallo, con cita de un tratado de medicina legal se ha dicho que “... lo que acabamos de manifestar no es una exención de culpa para todos los casos de olvidos de gasas. Hay casos en que el olvido será un error, pero hay otros, y los hemos visto en nuestra práctica, que son indiscutibles casos de responsabilidad médica, por la impericia, la imprudencia o la negligencia demostrada por el médico tanto durante la intervención quirúrgica como después, durante el postoperatorio, frente a la sintomatología del paciente progresivamente agravada sin aparente causa, y en donde el todo arrancaba no solo de la existencia de una gasa o compresa olvidada sino, y en grado más importante aún, en no haberse preocupado por esclarecer las causas de esa deficiente evolución y en no haber llevado a cabo, en última instancia, una reintervención para aclarar el porqué de esa evolución atípica...”(19).

Y la oblito quirúrgica, o sea el olvido de gasas, compresas, tetras, ganchos, pinzas, etc., en el interior del paciente son conductas reveladoras de culpa o falla en sí mismas, toda vez que los hechos hablan por sí solos.

Situaciones donde se han dejado objetos al interior de los pacientes al ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, han sido decantadas por la Sala, v. gr., en las sentencias del 3 de septiembre de 1992, Expediente 7221(20), y 3 de noviembre de 1992, Expediente 7336(21), donde se dijo:

“El hecho de haber dejado una aguja quirúrgica en el cuerpo de la paciente, constituye sin lugar a dudas una evidente falla en la prestación del servicio médico, porque esa situación no puede obedecer sino al descuido con que se actuó en tal intervención y no obra en el proceso prueba que pueda exonerar a la administración de la responsabilidad que le corresponde”.

Y en decisión más reciente, del 16 de marzo de 2000, Expediente 11.890, con ponencia del Consejero doctor Germán Rodríguez Villamizar, puntualizó:

“Sobre el particular, encuentra la Sala que las entidades demandadas en ningún momento desvirtuaron la negligencia que predican los actores, la cual tuvo lugar en la cirugía de la víctima al dejar dentro de su humanidad cuerpos extraños “gasas y agujas” (fl. 28, cdno. ppal.), que dieron lugar a una peritonitis abdominal, shock séptico, insuficiencia renal aguda y trombolismo pulmonar (fl. 5, cdno. ppal.).

“Afirmación que se corrobora con el testimonio del doctor Carlos Escobar Gónima, ginecólogo del Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, quien atendió de urgencia a la paciente en esa institución cuando fue remitida por el hospital San Juan de Dios de Yarumal, y el cuál manifestó que aquella:

“...ingreso al servicio de urgencias de ginecología en malas condiciones y a quien se le encontró hallazgos pulmonares y una masa abdominal. El diagnóstico de quien la ingresó que fui yo, fueron tres diagnósticos: un hematoma abdominal por anticoagulación o “souvenir” que es el nombre que damos a un cuerpo extraño y una sepsis o infección generalizada. La señora ese mismo día en las horas de la noche, fue intervenida quirúrgicamente, encontrándose un cuerpo extraño en el abdomen. La cirugía fue la extracción de la gasa y una recepción intestinal y de colón izquierdo y lavado de la cavidad” (resalta la Sala, fls. 155 y 156, cdno. ppal.).

En consecuencia, al encontrarse demostrado que durante la cesárea que le fue practicada a la señora Olga Lucía Cortés el 22 de agosto de 2008, le fue dejada una gasa dentro de su cuerpo, se impone revocar la sentencia de primera instancia, por lo que se reconocerán los perjuicios que se encuentren debidamente demostrados.

Por otro lado, es menester advertir que no se acreditó que como consecuencia de haber dejado la gasa dentro de la región abdominal de la paciente, esta quedó estéril o con dificultades para procrear o tener relaciones sexuales, pues según los galenos y el dictamen pericial el absceso que presentaba era muy superficial y de acuerdo con la historia clínica no comprometió otros órganos. Además, se advierte también que la ausencia de prueba sobre este tema, es atribuible a la parte demandante, pues nótese que mediante memorial del 26 de agosto de 2001, la parte demandante solicitó fijar fecha y hora para la audiencia de conciliación “como que quiera que ya se han evacuado las pruebas solicitadas dentro de este proceso”, de donde se deduce que renunció a la práctica de cualquier otra prueba con la cual pudiera acreditar el daño alegado en ese sentido.

Finalmente, debe precisarse que el fallo será confirmado en cuanto declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva frente al Instituto de Seguros Sociales, toda vez que esta entidad no desplegó ninguna de las actuaciones que dieron origen en la demanda, pues la cesárea se practicó en el Hospital Manuel Uribe Ángel, entidad que goza de personería jurídica, a partir de la Resolución 90 de 1964, expedida por el gobernador de Antioquia(22).

5. De los perjuicios.

5.1. Perjuicios materiales. Se solicita la suma de $ 830.000 a favor de los demandantes, por concepto de daño emergente, correspondiente a los gastos de transporte en que incurrió todos los días para transportar a su hijo recién nacido desde su casa, hasta el hospital, con el fin de alimentarlo; y los gastos de aseo y manutención de su hogar mientras estuvo hospitalizada.

Al respecto, declararon los señores William de Jesús Palacio Osorio y Luz Stella Arenas de Cano —su cuñado—, Gabriela del Socorro —su hermana— y María Teresa Cortés de Cano —su madre—, quienes afirmaron que en efecto la demandante incurrió en varios gastos de transporte y alimentación para poder ver a su hijo todos los días. Sin embargo, dicha prueba no ofrece ninguna certeza, pues de un lado, proviene de familiares y parientes cercanos a los demandantes y además, no cuenta con otro elemento que la respalde. En consecuencia, no se reconocerá ninguna suma de dinero por este rubro.

5.2. Perjuicios morales. Reclaman por este concepto, la suma de $ 10.000.000 para cada una de los demandantes.

Según el certificado expedido por la Notaría Única de Itagüí (Ant.) —fl. 107—, demostrado que los señores Armando de Jesús Palacio Osorio y Olga Lucía Cano Cortés, contrajeron matrimonio el 19 de diciembre de 1987 y a su vez, que los menores Luisa Fernanda Palacio Cano y David Julián Palacio Cano, son sus hijos, como se señala en los certificados expedidos por la Notaría Catorce de Medellín u la Notaría Primera de Envigado, respectivamente (fls. 108 y 109).

Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral de los demandantes en su calidad de esposo e hijos de la afectada, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que los daños antijurídicos sufridos por un pariente cercano causan dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida o afectación física o psíquica de un ser querido, se siente aflicción. En efecto, en la sentencia de 17 de julio de 1992, sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico y se consideró:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º, señala que Colombia como Estado social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

“Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes” (subrayas fuera de texto) (sic).

“La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del Código Civil, que es del siguiente tenor:

“En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue:

“1. Los descendientes legítimos;

“2. Los ascendientes legítimos;

“3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes legítimos;

“4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1º, 2º y 3º;

“5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1º, 2º, y 4º;

“6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores;

“7. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados.

“Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos”.

“También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza:

“La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución”.

“La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio.

“Así las cosas, la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

“Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo anormal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien” (negrillas de la Sala) (sic).

Así las cosas, como la entidad demandada no desvirtuó la presunción de la aflicción causada a los demandantes por las afectaciones de su pariente en primer y segundo grado de consanguinidad, de acuerdo con los registros civiles allegados al proceso, la Sala da por probado el daño moral con fundamento en la presunción judicial o de hombre, que constituye un criterio de valoración; en el derecho americano a dichas presunciones judiciales se les llama “inferencias”; la presunción es un razonamiento que está basado enteramente en la lógica y en la experiencia, por ello no se puede confundir con el indicio ya que este es un hecho. Sin embargo, en su estructura lógica-deductiva, participa de la naturaleza de los indicios, comoquiera que el juez las deriva de premisas mayores y de inferencias lógicas.

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que a raíz del descuido de la entidad condenada, la señora Olga Lucía Cano Cortés sufrió una incapacidad de 80 días, según el dictamen de Medicina Legal y atendiendo a que no se demostró que a raíz del oblito, haya sufrido secuelas de ningún orden, se ordenará a su favor, el pago de treinta (30) SMLMV; y para su esposo e hijos, Armando de Jesús Palacio Osorio, Luisa Fernanda Palacio Cano y David Julián Palacio Cano, se ordenará el reconocimiento de quince (15) SMLMV para cada uno de ellos.

6. Del llamamiento en garantía.

Al contestar la demanda, en escrito separado, el Hospital Manuel Uribe Ángel, llamó en garantía a la médica ginecobstetra, María Patricia Moll Agudelo (fls. 135-137), quien atendió el parto por cesárea de la señora Olga Lucía Cano Cortés.

6.1. Al respecto, el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo, señala que “sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones” y a su vez, el artículo 78 ibídem, establece que “los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”.

Ahora bien, para efectos de establecer si la doctora Moll Agudelo está llamada a responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes, debe acudirse a las disposiciones del Código Civil que regulan lo concerniente a la culpa y el dolo, comoquiera que para la fecha en que ocurrieron los hechos, aún no había sido expedida la ley 678 de 2001. En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 63 del Código Civil, prescribe:

ART. 63.—<Culpa y dolo>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

Sin embargo, es pertinente traer a colación la sentencia proferida por la Sección Tercera en sentencia del 20 de septiembre de 2007(23), en la que se señaló que no basta para analizar la conducta del servidor público, con limitarse a las definiciones consagradas en el Código Civil, sino que es necesario armonizarlas con los artículos 6º y 91 de la Carta, junto con el principio de buena fe y además, tener en cuenta cuáles eran las funciones que debía desempeñar el agente. Además, en esa providencia, la sección señaló los casos en los cuales se había considerado de acuerdo con la jurisprudencia de la corporación, que se había configurado culpa grave o dolo. Véase:

“La Sala ha concluido la existencia de conducta dolosa, entre otros, en los siguientes eventos:

“— Cuando el superior jerárquico, prevalido de tal condición, acosa a sus subalternos en una muestra de abuso de poder y de extralimitación en el ejercicio de sus funciones, pues “desconoce abiertamente los deberes que su condición de agente estatal le impuso; más aún, lejos de ser una conducta desprevenida y aislada, fue intencional, querida y permanente, ya que sometió a la señora... a un trato degradante, discriminatorio y humillante, y ni siquiera vaciló en hacer públicas sus intenciones”(24).

“— Cuando un soldado asesinó a otro compañero con el intercambio de palabras y la riña previa “que constituyó el detonante del hecho funesto, las conductas tan dicientes del victimario, parte integrante del iter criminis, en fase preparatoria, como haber hecho amague de terminar la pelea para inmediatamente retornar armado y en actitud de persecución silenciosa y soez contra la víctima”(25).

“— Cuando un agente de policía empleó un medio de fuerza, que si bien está autorizado por la Constitución Política y la ley, en esa situación no era de aquellos con los que se pretende causar el menor daño a la integridad de la personas. La reacción desproporcionada del policía permitió inferir que su conducta fue dolosa, con fundamento en que conocía las normas y reglamentos que lo regían y aún así, utilizó su arma de dotación oficial contra una persona desarmada(26).

“La Sala ha encontrado configurada la culpa grave, entre otros, en los siguientes casos:

“— Cuando los agentes del Estado incurrieron en negligencia e incumplimiento frente a las instrucciones de seguridad impartidas por las autoridades de la fuerza pública en relación con el control de ingreso de “personas y vehículos al Palacio de Justicia en la época de la toma guerrillera(27).

“— Cuando un funcionario público no solo desconoció flagrantemente una prohibición de tránsito, sino que dadas las circunstancias particulares que rodearon el caso no evitó el daño pudiendo hacerlo(28);

“— Cuando el médico tratante, quien frente a los signos y síntomas que presentaba el paciente, no lo dejó en observación durante el tiempo necesario para descartar alguna enfermedad grave, ni lo remitió oportunamente a otro hospital, de mejor nivel, donde habría podido recibir el tratamiento adecuado(29).

“— Cuando una entidad recibe una suma de dinero como producto de un fideicomiso y al momento de hacer la entrega del dinero a su propietario, el paquete en que se depositaba el dinero no contenía la suma que en él se indicaba, existiendo un faltante, situación que demuestra el incumplimiento de la obligación de custodia sobre dichos valores(30).

“— Cuando los magistrados del Tribunal de Distrito Superior, a quienes se les exige conocimientos en derecho para ocupar dichos cargos, adoptaron la decisión de nombrar a otros jueces sin tener en cuenta las normas vigentes para ese momento y tampoco atendieron las peticiones del funcionario afectado con la decisión, conducta imprudente y descuidada que configura la culpa grave; declararon una insubsistencia desconociendo las normas legales que claramente regían la carrera judicial, incurriendo en un error inexcusable, toda vez que no previeron los efectos nocivos de su actuación, habiendo podido hacerlo, y porque su calidad de magistrados hace que sus omisiones y errores se consideren graves, en los términos de los artículos 6º y 121 de la Carta Política, que permiten deducir que cuentan con un alto nivel profesional, gran experiencia en el trámite de los asuntos a su cargo y, por ende, en el manejo de las normas que regulan el debido proceso y el derecho de defensa(31).

“En consideración a lo anterior, la Sala(32) ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o exagentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aun así no lo hizo, o confió en poder evitarlo —actuación culposa—” (negrillas de la Sala).

“Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta (negrillas de la Sala).

“Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o exfuncionarios, solo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública”.

6.2. En el caso sub examine, como ya se mencionó, está demostrado que la doctora María Patricia Moll, fue quien atendió el parto por cesárea de la demandante, procedimiento en el que le fue dejada la gasa que un mes después se le encontró alojada en su cuerpo. Sin embargo, aunque en acápite precedentes se dijo que el oblito quirúrgico, ponía de manifiesto una falla en el servicio, tal aserto se predica frente a la responsabilidad del Estado, que se recuerda, es anónima, más no siempre frente al galeno que practicó el procedimiento. Ello se dice por cuanto los procedimientos quirúrgicos, en no pocas ocasiones son ejecutados por un equipo médico, dentro del cual existe una división clara de funciones.

Es así como en el manual de funciones del Hospital Manuel Uribe Ángel, se infiere que la médica ginecobstetra tenía la responsabilidad de atender los partos y curetajes, mientras que la labor de contar las gasas estaba en cabeza de la instrumentadora y de la circulante 2. Así, frente a la instrumentadora, señala el manual:

“Conteo de compresas y gasas antes de iniciar el acto quirúrgico y antes de cerrar la fascia en coordinación con la circulante 2” (fl. 301).

Y a su vez, respecto a la circulante 2, indica:

“Conteo de compresas y gasas antes de iniciar el acto quirúrgico y antes de iniciar el cierre de las fascia en coordinación con la instrumentadora” (fl. 309).

En atención a lo anterior, pese a que el procedimiento de la cesárea como tal fue ejecutado por la doctora Moll Agudelo, no puede dejarse de lado que las funciones accesorias al mismo estaban a cargo de otros funcionarios y dado que se trata de un equipo médico, es lógico concluir que cada uno de sus miembros confía legítimamente en que cada uno de sus miembros va a cumplir diligente y cabalmente con las labores que tiene asignadas, pues de lo contrario sería imposible realizar cualquier procedimiento médico, por lo que mal haría al radicar alguna responsabilidad personal en cabeza de la llamada en garantía. En nada cambia la conclusión, el hecho de que en el proceso penal, la galeno haya indemnizado los perjuicios a la señora Olga Lucía Cortés, pues de un lado, en el memorial presentado por su defensor, se aclaró que ello se hizo únicamente con el propósito de dar fin al proceso y por otro, no puede perderse de vista que las decisiones que se adopten en los procesos adelantados en las diferentes jurisdicciones, son autónomas e independientes, por lo cual no siempre serán en el mismo sentido, conforme lo ha señalado en reiteradas oportunidades esta corporación(33). En consecuencia, se absolverá a la doctora María Patricia Moll Agudelo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia del 10 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al Instituto de los Seguros Sociales (ISS).

No prospera la objeción por error grave, formulada contra el dictamen rendido por los médicos Luis Armando Cambas Zuluaga y John Jairo Chica Gutiérrez.

Prospera la tacha formulada contra los testimonios de las señoras Amparo Benjumea Espinosa y María Falconery Serna Úsuga.

Declárase patrimonialmente responsable a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado (Ant.), por los daños ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la gasa que le fue dejada a la señora Olga Lucía Cano Cortés en su cuerpo, luego de practicarle una cesárea el 23 de agosto de 1993.

Condénase a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado (Ant.), a indemnizar los siguientes perjuicios:

— El equivalente de treinta (30) SMLMVM a favor de la señora Olga Lucía Cano Cortés.

— A favor del señor Armando Palacio Osorio y los menores Luisa Fernanda y David Julián Palacio Cano, el equivalente de quince (15) SMLMV para cada uno de ellos.

De las sumas que resulten al momento del pago, se descontará el monto de $ 1.436.428,53, en razón a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Absolver de toda responsabilidad a la doctora María Patricia Moll Agudelo.

2. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

3. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

5. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De acuerdo con la demanda, el valor de la pretensión mayor ascendía a $ 40.000.000, suma que excedía para el año en que fue presentada —mar. 1º/95— la establecida en el numeral 10 del artículo 132 del Decreto 1 de 1984, subrogado por el Decreto 597 de 1988.

(2) Número interno 13669. Sobre el tema de la compensatio lucri cum damno, pueden consultarse los procesos 14.207, C.P. María Elena Giraldo Gómez y 30340, C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Gorphe, Francois. De la apreciación de las pruebas. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1955, p. 412.

(4) En esa misma línea, continúa el autor en comento: “El testigo tachado en el interrogatorio es oído pese a todo; pertenece al tribunal apreciar el mérito de la tacha formulada. Aparte los casos especificados por la ley, suele admitirse una tacha por interés personal del testigo en el pleito o por animosidad contra una de las partes. Códigos más recientes otorgan todavía mayor amplitud a los jueces. El código procesal penal holandés se contenta con recomendarles el “tener presente cuanto pueda contribuir a aumentar o a disminuir la fe que los testigos merecen” (art. 399). En el Cantón de Ginebra, los parientes hasta el tercer grado están dispensados de prestar juramento, como también en el cantón de Vaud; y las partes formulan libremente tachas no previstas por la ley. Hace ya mucho tiempo que el derecho inglés suprimió todas las tachas por falta de independencia o de honorabilidad del testigo, hasta el punto de que autoriza a declarar a las partes; confía al jurado el cuidado de tener en cuenta tales consideraciones. Mencionamos, finalmente, la juiciosa prescripción de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, que recomienda a los jueces apreciar siempre el valor de los testimonios “conforme a las reglas de la sana crítica” y de acuerdo con las circunstancias (art. 659): ese principio encierra todo un programa; y, si está bien trazado, vale lo que un gran número de normas legales.

“Aquí, como en los demás aspectos de la apreciación de las pruebas, la reglamentación legal, por fundada que parezca ser a veces, no proporciona nunca sino un resultado muy restringido, y con frecuencia no da en el blanco. Ante todo, no puede actuar más que de manera negativa, por vía de eliminación. Ahora bien, de ese modo solo puede comprender algunos casos típicos de testimonios sospechosos; para la pretensión de ser casi completa, ¿qué lista nos haría falta? Ya se ha visto bien en ciertas tentativas de antiguas legislaciones. Si hubiera que prescindir de cuantos testimonios pudieran parecer sospechosos en algún aspecto, ¿qué subsistiría en determinados supuestos? A la inversa, se corre el riesgo de rechazar a buenos testigos. No cabría fijar por anticipado una noción tan compleja y variable como la de la credibilidad o incredibilidad, dependiente de tantos factores y que implica numerosos grados. La división de testigos en buenos y malos es, aparte casos extremos, superficial y facticia. Al igual que los documentos, las deposiciones tampoco forman un todo indivisible y del mismo valor: en su interior es donde debe ejercerse principalmente la criba de la crítica, para aceptar lo que merezca confianza, rechazar lo sospechoso y mantener en suspenso lo incierto. Existen poquísimas deposiciones que no contengan una parte de verdad y que no resulte utilizables. Bentham, reaccionando con violencia contra el exceso de exclusiones legales del siglo XVIII, proclamaba que cabe sacar deducciones instructivas de todas las deposiciones, verdaderas o falsas” (ibídem, pp. 418-419).

(5) Artículo 187, Código de Procedimiento Civil. “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

(6) Al respecto, la doctrina ha señalado: “... Esa sujeción servil haría del juez un autómata, lo privaría de su función de fallador y convertiría a los peritos en los jueces de la causa, lo cual es inaceptable... el juez jamás está ligado por conclusiones de los peritos y debe apreciarlas a la luz del conjunto de elementos probatorios, y como advierte Louis Mallard, el dictamen ayuda al juez, sin ligarlo...”. “Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquel no puede tener plena eficacia probatoria...”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba, Medellín, Editorial Dike, 1ª edición, tomo II, 1977, págs. 339, 348, 351 y 352.

“... El juez no está atado a la concepción del perito; su deber es someterla a un concienzudo examen y solo deberá aceptarla si lo convence plenamente”. Erich Döhrign, La prueba su práctica y apreciación, Buenos aires, ediciones Jurídicas Europa América, 1972, pág. 248.

(7) En este sentido. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de junio de 2008. Radicación 25000-23-31-000-1994-00177-01 (15911) C.P. Mauricio Fajardo Gómez

(8) Corte Suprema de Justicia, auto de 8 de septiembre de 1993, Expediente 3446, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

(9) Gaceta Judicial, t. LII, pág. 306.

(10) ART. 3º—Calificación del grado de pérdida de la capacidad laboral. Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad:

1. Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuación será como peritos asignados en el proceso. Las juntas de calificación de invalidez también actuarán como peritos en los casos de solicitudes dirigidas por compañías de seguros cuando se requiera calificar la pérdida de capacidad laboral.

2. Las juntas regionales de calificación de invalidez actuarán como segunda y última instancia, en la calificación tanto de los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como de los servidores públicos de Ecopetrol, cuando se presenten controversias relacionadas con los dictámenes emitidos por los profesionales o entidades encargadas de la calificación de pérdida de la capacidad laboral de estas personas.

3. Las entidades promotoras de salud y las entidades administradoras del régimen subsidiado, podrán calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en el evento previsto en el artículo 163 de la Ley 100 de 1993.

4. Las entidades administradoras de riesgos profesionales, solo cuando se requiera determinar la incapacidad permanente parcial de sus afiliados.

5. Las juntas regionales de calificación de invalidez en primera instancia, en los siguientes casos:

a) Cuando se solicite la calificación de la invalidez, para el pago de prestaciones asistenciales y/o económicas por parte de las entidades administradoras del sistema de seguridad social y entidades de previsión social o entidades que asuman el pago de prestaciones;

b) Cuando se presenten controversias relacionadas con los conceptos o dictámenes sobre incapacidad permanente parcial, emitidos por las entidades administradoras de riesgos profesionales;

c) Cuando se presenten controversias relacionadas con los dictámenes emitidos por las entidades promotoras de salud o entidades administradoras del régimen subsidiado, respecto de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, en el evento previsto en el artículo 163 de la Ley 100 de 1993;

d) En la calificación de pérdida de la capacidad laboral de trabajadores de empresas privadas no afiliados al sistema de seguridad social, cuando se encuentren en proceso de reclamación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

e) En la calificación de pérdida de la capacidad laboral, para solicitar el pago de subsidio familiar ante las cajas de compensación familiar;

f) Para efectos de calificación de pérdida de la capacidad laboral de las personas, en la reclamación de beneficios para cotización y pensiones por eventos terroristas otorgados por el Fondo de Solidaridad Pensional y en la reclamación de beneficios en casos de accidentes de tránsito y eventos catastróficos otorgados por el Fondo de Solidaridad y Garantía;

g) Cuando se requiera calificar la pérdida de la capacidad laboral de las personas para reclamar los beneficios otorgados por la Ley 361 de 1997.

La anterior calificación no se requiere cuando una entidad administradora de riesgos profesionales, entidad promotora de salud o entidad administradora del régimen subsidiado, la hubiera calificado previamente, si esa calificación sirviera para efecto de la reclamación u otorgamiento de estos beneficios.

6. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez en segunda instancia, cuando se haya interpuesto recurso de apelación contra los dictámenes emitidos por las juntas regionales de calificación de invalidez.

(11) Aportado en copia auténtica por la parte demandante, mediante escrito recibido el 24 de noviembre de 1997.

(12) ART. 185.—Prueba trasladada. Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

(13) Sobre la posibilidad de valorar las pruebas testimoniales trasladadas de otros procesos, cuando la parte contra la cual se aducen se hubiere adherido a las mismas o se hubiere basado en ellas para estructurar su defensa, pueden consultarse entre otras, las sentencias proferidas dentro de los procesos 30.424 (C.P. Enrique Gil Botero), 27.123 (C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz), 25.878 (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera).

(14) Es una inflamación o irritación del revestimiento del útero (el endometrio) y no es lo mismo que endometriosis. La endometritis es causada por infecciones como clamidia, gonorrea, tuberculosis o mezclas de bacterias vaginales normales. Es más probable que se presente después de un aborto espontáneo o un parto, especialmente después de un trabajo de parto prolongado o una cesárea (tomado de la página web http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001484.htm).

(15) Es la cirugía para examinar los órganos y las estructuras del área del vientre (abdomen).

(16) “Material quirúrgico olvidado: Gossypiboma, textiloma, gasoma.” En revista Anales de Radiología México, consultada en la página web: http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2007/arm074e.pdf, el día 19 de septiembre de 2013.

(17) 2007. Volumen 71, Nº 4. Consultada en la página web http://www.rard.org.ar/numeros/2007_4/11_gasomas.pdf, el 19 de septiembre de 2013.

(18) Remitido por esa entidad, mediante escrito del 20 de enero de 1998, en respuesta al exhorto 1311.

(3) (sic) Adosrno-Garrido, El artículo 1113 del Código Civil. Comentado. Anotado, cit., pp. 252 y ss.; Bueres, Responsabilidad civil de los médicos, cit., p. 244; Mosset Iturraspe-Lorenzetti, Contratos médicos, cit., p. 199; Trigo Represas, Félix, Responsabilidad civil de los médicos por el empleo de las cosas inanimadas en el ejercicio de la profesión, LL, 1981-B-777 y siguientes.

(4) Bueres, Responsabilidad civil de los médicos, cit., pp. 244-245.

(19) Vázquez Ferreyra Roberto, Dalos y perjuicios en el ejercicio de la medicina, 1ª edición colombiana 1993, Editorial Dike, Pág. 199 a 201.

(20) C.P. Julio César Uribe Acosta, actor: Luz Marina Ramírez Ríos.

(21) C.P. Daniel Suárez Hernández, actor: Gloria Inés Cadavid de Vargas.

(22) Consultado en la página http://www.hospitalmanueluribeangel.com/index.php/el-hospital/mua/historia.html.

(23) Expediente 26708. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(24) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 10 de noviembre de 2005. Expediente 26977, actor: Ministerio de Minas y Energía. Demandado: Samuel Antonio Urrea Castaño. C.P. Alier Hernández Enríquez.

(25) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2005. Expediente 23.218. Demandante: Nación (Ministerio de Defensa). Demandado: Ernesto Medina Hernández.

(26) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 6 de diciembre de 2006. Expediente 22.189. Demandante: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Demandado: Ricardo Villamil Hernández. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(27) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 19 de diciembre de 1995. Expediente 10.773. C.P. Daniel Suárez Hernández.

(28) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 31 de agosto de 1999. Expediente 10865. Actor: Emperatriz Zambrano y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(29) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 27 de abril de 2006. Expediente 15.655. Actor: Pedro José Burbano y otros. Demandado: Departamento del Cauca, Servicio Seccional de Salud. Hospital Universitario San José de Popayán. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(30) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 25 de julio de 1994. Expediente 8483. Actor: Anselmo España Quiroz. Demandado: Nación, Superintendencia de Control de Cambios. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(31) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 27 de noviembre de 2006. Expediente 18.440. Demandante: Nación, Ministerio de Justicia. Demandados: Herbert H. Mendoza y otros. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(32) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 27 de noviembre de 2006. Expediente 23.049. Actor: Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Inurbe”. Demandado: Gabriel Jaime Giraldo Gaviria. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(33) Al respecto pueden consultarse los procesos 16319 (C.P. Myriam Guerrero de Escobar); 18850 (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo); 22079 (C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz);