Sentencia 1995-00563 de mayo 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Proceso: 180012331000199500563-01 (22165)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Gonzalo Garzón Medina y otros

Demandado: Hospital María Inmaculada de Florencia

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil trece.

II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por los llamados en garantía, en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por los llamados en garantía, contra la sentencia de 2 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con miras a determinar la responsabilidad del Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia y de los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha. Establecida la primera se procederá a analizar si los galenos actuaron con culpa grave o dolo en la atención brindada a la señora Magnolia Garzón Rodríguez, habida cuenta de que los recurrentes insisten en que actuaron conforme los parámetros médicos que exigía el estado de salud por el que atravesaba la paciente.

También se precisa que, si bien las partes demandante y demandada llegaron a un acuerdo, aprobado por la Sala, que hizo tránsito a cosa juzgada, como no intervinieron los llamados en garantía, el mismo no les resulta oponible, de manera que la Sala estudiará la responsabilidad de la administración, sin perjuicio de la conciliación, únicamente con el ánimo de resolver de fondo el llamado, para lo cual, es menester, además, determinar si los médicos León Carrero y Mahecha Mahecha actuaron con culpa grave o dolo.

Es de anotar que la conciliación se habrá de considerar en todo caso, para establecer el monto de la condena.

2.2.1. Resolución de excepciones.

El Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia formuló las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que la entidad demandada fue la Unidad de Salud María Inmaculada de Florencia, que no tiene identidad con el hospital; y (ii) enriquecimiento sin causa, porque demandan personas que no tienen derecho a pedir indemnización de perjuicios según la jurisprudencia, para el efecto los suegros de la occisa y la esposa de su padre, quienes en el proceso penal adelantado por los mismos hechos, en contra de los médicos llamados en garantía, habrían sido beneficiarios con 250 gramos de oro por perjuicios morales (fls. 32-37, cdno. 1).

Al respecto, la Sala considera acertadas las consideraciones a las que acudió el a quo para declarar infundadas las excepciones propuestas, fundado en i) la identidad entre la persona jurídica que prestó el servicio, aquella que fue demandada y la que otorgó poder para que se ejerciera su defensa, sin que afectara la legitimación el hecho de que la parte actora se haya referido a la Unidad de Salud del Hospital María Inmaculada de Florencia; (ii) que en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación la puede interponer cualquier persona que se crea perjudicada, al margen del parentesco, dado que la causa para exigir no es el vínculo de consanguinidad, sino la condición de damnificado, además de que, el análisis sobre el derecho de los demandantes a reclamar la indemnización de perjuicios, corresponde al fondo del asunto y (iii) que, como los ofendidos entablaron la presente acción en contra del hospital, este debía pagar integralmente la indemnización y luego repetir contra los funcionarios en lo que les corresponda.

Ha señalado la Sala que la decisión que profiera el juez penal en contra de los servidores estatales no enerva la acción de repetición o el llamamiento en garantía que se formule en contra de los mismos, a menos que se hubiera dictado a su favor sentencia absolutoria, con fundamento en una de las causales previstas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos (D. 2700/91), esto es, que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, obró en cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

Además, se ha considerado que, cuando en la sentencia penal se condene a los servidores estatales al cubrimiento de una indemnización, el juez administrativo podrá establecer que estos deban reintegrar a la entidad estatal a la que ellos prestaban sus servicios una suma superior, pero podrán descontar de esa suma lo que hubieran pagado, en acatamiento de la sentencia penal, a quienes figuren como demandantes en el proceso de reparación(2):

(...) es diferente aquella situación en la que el servidor público ha sido llamado en garantía dentro del proceso de responsabilidad contra el Estado, porque en este evento ha tenido la oportunidad de intervenir en el debate procesal y defenderse de las acusaciones que se le realicen respecto de su conducta y, en consecuencia, la sentencia que pone fin al proceso no solo se pronunciará respecto de las pretensiones de la demanda incoada por la víctima sino también de la responsabilidad personal del agente llamado en garantía y la repetición que le corresponda al Estado respecto de aquél, en cuyo caso de existir prueba de pago total o parcial de la indemnización, ordenará el juez administrativo las deducciones correspondientes si llegare a encontrar probada dicha excepción de mérito(3).

También se ha señalado que, así en el proceso penal que se adelante en contra de los servidores estatales se los condene por los mismos hechos que dan lugar a la acción de reparación, en la modalidad de culposo, esa decisión no impide exonerarlos de responsabilidad en la acción de repetición o el llamamiento en garantía, porque en el proceso penal no hay graduación de la culpa, pero para deducir responsabilidad patrimonial sí se requiere demostrar la grave negligencia.

En consecuencia, así se haya proferido sentencia penal condenatoria en contra de los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha, por el delito de homicidio culposo y dispuesto que los mismos debían pagar solidariamente una indemnización de 500 gramos oro a “quienes demuestren tener derecho a ello”, la Sala deberá revisar su conducta, con el fin de establecer si incurrieron en culpa grave o dolo, para así resolver el llamamiento, teniendo presente, en todo caso, que la parte actora no impugnó la decisión.

2.2.2. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal y los testimonios recibidos en el curso del presente asunto, pues se trata de pruebas decretadas y practicadas dentro de las oportunidades procesales.

No podrán valorarse las declaraciones que rindieron los médicos en este proceso (fls. 374-380 y 397-403 y 414-418, cdno. 7), precisamente, porque solo se resuelve el llamamiento, de ahí que no les está permitido declarar, salvo para provocar la confesión, a solicitud de la parte contraria, lo que no sucedió en el presente asunto.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.2.1. El 7 de julio de 1993 murió la señora Magnolia Garzón Rodríguez, debido a una “falla multisistémica-endomiometritis aguda”. De ello da cuenta el registro civil en el que consta la inscripción de su defunción (fl. 152, cdno. 1) y el protocolo de necropsia médico legal, en el que se registran las causas del deceso:

1. Peritonitis fibrinopurulenta secundaria a infección de histerectomía (cesárea), practicada por atonía uterina.

2. Síndrome de Waterhouse Friderichsen. Insuficiencia suprarrenal aguda secundaria a necrosis hemorrágica bilateral.

3. Septicemia, peritonitis, hígado con filtración por polimorfonucleares, insuficiencia suprarrenal aguda.

4. Hemorragias pulmonares alveolares.

5. Daño alveolar difuso.

6. Síndrome mieloproliferativo crónico.

En la necropsia se constató, además, presencia en la médula ósea de “infiltración leucémica, con presencia de células madres de las líneas mieloide megacariocitico y eritroide. BAZO: se observa infiltración leucémica” (fls. 358-361, cdno. 7).

2.2.2.2. El acervo probatorio que reposa en la actuación permite establecer que aproximadamente a las 7:00 a.m. del 23 de junio de 1993, la señora Magnolia Garzón Rodríguez acudió al servicio del Hospital María Inmaculada de Florencia, para recibir asistencia médica en el parto de su primer hijo. Ese mismo día le fueron practicadas una cesárea por estrechez pélvica y, minutos más tarde, histerectomía por atonía uterina. Tres días después de las intervenciones, se le dio de alta. El 29 de junio de 1993, la paciente reingresó al servicio en mal estado de salud. Al día siguiente se le hizo valoración por medicina interna, con diagnóstico de “sepsis abdominal aguda”, atendida en el centro asistencial hasta el 6 de julio siguiente y remitida, a solicitud de sus parientes, al Hospital Materno Infantil de Bogotá (historia clínica fls. 31-67, cdno. 7). En este último centro asistencial se le hizo diagnóstico de shock séptico, miometritis y falla renal multisistémica y fue sometida a laparotomía exploratoria (historia clínica, fls. 335-361, cdno. 7). La paciente falleció al día siguiente, según el registro civil de la defunción (fl. 152, cdno. 1).

De la historia clínica manuscrita del Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, se logran descifrar las siguientes anotaciones —se destaca—:

— 23-06-93, 19:00 horas: edema en párpados; a las 24:00: vómito color verde.

— 24-06-93, 7:00 horas: calmada, en buenas condiciones. 13:30 horas: paciente que pasa calmada la mañana, pero en la tarde pasó en muy mal estado, se tomó temperatura: 38.5º, vomitó, muy decaída; 18:13 horas: temperatura 38º; 19:00 horas: paciente en cama, en regular estado. 7:40: presenta temperatura 38.5º, presentó vómito con sangre, “se le hace consulta telefónica al Dr. León, el cual recomienda antitermosis y seguir tratamiento igual”.

— 25-06-93: 7:00: paciente calmada, en mejor estado, durmió a intervalos; 12:30: la paciente manifiesta sentirse mejor y haber presentado vómito, ligeramente pálida, con mucosas húmedas; temperatura: 37º, evoluciona lentamente; 13:00 horas: calmada, sin cambios; tolera bien la dieta, no elimina; 19:00 horas: en buenas condiciones, se observa calmada, pasó la noche sin cambios especiales.

— 26-06-93: 7:00 horas: está calmada, fue dada de alta.

El deterioro progresivo que mostró la paciente entre el 29 de junio y el 6 de julio de 1993, fecha en la cual fue remitida el Hospital Materno Infantil de Bogotá, a solicitud de los parientes, aparece documentado en la historia clínica, así:

La paciente acudió al servicio de urgencias del Hospital María Inmaculada de Florencia el 29 de junio de 1993, a las 5:00 p.m.: se ordenó su traslado a ginecología. En esa fecha fue examinada a las 18:30, por los médicos Cubillos, Mahecha y el médico interno. En las hojas de evolución se anotó edema generalizado y temperatura de 38º; a las 19:00 horas colorada, febril, con edema generalizado, temperatura 38º C; fue atendida por la médica Mireya Mahecha, quien al examinarla la encontró con fiebre y secreción fétida vaginal y diagnosticó “infección puerperal quirúrgica, falla renal”. Se le suministró tratamiento antitérmico. La paciente presentó vómito y no respondió al tratamiento.

— 30-06-93, 7:00: se observó pálida, con edema, se le suministró oxígeno permanente. A las 13:00 horas presentó hipertermia: 39º; 16:40: fiebre, edema. A las 19:00: vómito color bilioso y temperatura de 38.8º, bastante regular.

— 01-07-93, 7:00 horas: se le vio calmada, se le retiraron puntos y se le hizo limpieza; a las 14:00: temperatura: 38.5º, pasó mala tarde. Recibió visita del Dr. Cubillos. A las 19:00: presentó vómito verdoso en poca cantidad.

— 02-07-93, 7:00: paciente en mejor estado. Fue valorada por la ginecóloga y por el internista. A las 13:00: se vio más animada, se le aplicó tratamiento indicado, no presentó cambios especiales; a las 19:00 horas se observó muy decaída; en la noche presentó vómito, durmió muy poco.

— 03-07-93, 19:00: presentó temperatura de 38.5º, se observó muy pálida.

— 04-07-93, 20:00: regulares condiciones, bastante distendida, durmió a intervalos, presentó vómito alimenticio abundante.

— 05-07-93: Recibió visita médica. Se le hizo curación; a las 19:00 horas se observa el tejido de la herida quirúrgica de color oscuro, muy distendido; febril, vomitó toda la noche; a las 3:00 a.m. se anotó que la paciente no durmió ni un momento.

— 06-07-93: 14:30: salió paciente por orden médica.

El médico León Carrero, llamado en garantía, consignó en la hoja de resumen de atención del 26 de junio de 1993, que la evolución de la paciente en los días subsiguientes a las intervenciones quirúrgicas fue favorable y que por eso ordenó su salida del hospital:

Paciente femenina de 20 años de edad, a quien se le practica cesárea, obteniendo producto masculino. Posterior a la cesárea presenta sangrado genital masivo. Se decide intervenir nuevamente por atonía uterina y se hace extirpación quirúrgica del útero. La paciente tolera todo el acto quirúrgico sin ninguna complicación. Ha evolucionado satisfactoriamente, no ha presentado cefaleas, ni mareos. No sangrado genital, no fiebre, no vómito... Se decide darle salida a la paciente el día de hoy.

En el resumen de la evolución de la paciente —epicrisis—, aparece consignada la evolución desfavorable de la paciente, durante el tiempo en el que permaneció en el Hospital María Inmaculada de Florencia:

La paciente regresó al sexto día postquirúrgico, con cuadro de diarrea, fiebre, distensión abdominal, dolor abdominal en hipocondrio. Es valorada por médico internista, quien diagnostica sepsis abdominal. Ya se le había instaurado tratamiento con ampicilina, gentamicina, prostatilina, keflin, metrodinazol. Se ordena ecografía abdominal. Se ordenan los siguientes paraclínicos: cuadro hemático completo...; la paciente presentó falla renal, se ordena dosificar la garamicina y reducir la dosis; la paciente mejora de su edema y de su falla renal y comienza a presentar vómito de contenido bilioso, que no cede a antieméticas, comienza a presentar episodios febriles; se le ordenan antígenos febriles y gota gruesa en pico febril. Los datos obtenidos no confirman fiebre tifoidea. La paciente continúa con distensión abdominal. Posteriormente, la paciente agrava su cuadro. Los vómitos se hacen herrumbrosos y los familiares piden que se le remita a Bogotá. La paciente sale en regular estado general, consciente, orientada y disneica.

En la hoja de remisión de la paciente al Hospital Materno Infantil de Bogotá se agregaron las siguientes observaciones:

El día 30 la paciente presenta mejora subjetiva..., aleteo leve, ruidos cardíacos rítmicos, bien timbrados, escasos estertores tercio medio derecho, dolor abdominal difuso, defensa voluntaria, fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, blúmer insinuado, FIII, íleo flanco derecho. Se le hace diagnóstico de: (i) sepsis abdominal agudo.

El día 02-07-98, la paciente refiere emesis, fiebre, taquicardia galope, estertores en bases pulmonares, abdomen blando, edema pretibial y petequias. Se encuentra insuficiencia ventrículo izquierdo y foco séptico no identificado. Plan: hemocultivo, cultivo hemático completo, parcial de orina, pruebas de coagulación...Se obtiene el día 6 resultado de ecografía. La paciente de su cuadro ginecológico ha evolucionado bien, pero continúa con fiebre y vómito de aspecto bilioso, resistente a tratamiento.

En la ecografía se reporta: abundante líquido libre en cavidad abdominal, con presencia de membranas flotantes, hígado tamaño normal, sin lesiones ocupantes, riñones ecográficamente normales. Continúa con vomito de aspecto bilioso.

Se hace IDx: Bridas intestinales.

Se remite la paciente por sugerencia de los familiares, quienes quieren que se trate en Bogotá (fls. 97-98, cdno. 3).

La paciente fue recibida en el Hospital Materno Infantil de Bogotá, el 6 de julio de 1993, a las 12:50 p.m., según la historia clínica abierta en el servicio de urgencias, al ingreso presentó edema generalizado, sangrado por bordes, abdomen distendido, doloroso, en forma difusa; se ordenó hospitalizar en séptica y preparar para laparostomía. Al examen de ingreso por el especialista, se consignó: malas condiciones generales, con aleteo nasal, cianosis leve, perfusión distal lenta, frialdad en rodillas, quejidos, palidez mucocutánea generalizada, mucosa gingival, no ingurgitación yugular, abdomen blando, distendido, con dolor generalizado, con bordes necróticos, no supurativos, loquios fétidos, edema generalizado. Se hizo diagnóstico inicial de: shock séptico, miometritis, falla renal aguda, falla orgánica multisistémica.

Ese mismo día, a las 20:30 horas fue intervenida quirúrgicamente. Le practicaron extracción del cuello residual y exploración con resección de infundíbulos pélvicos. Se confirmó el diagnóstico inicial y además, el de miometritis de cuello uterino. En el postoperatorio se dejó a la paciente con ventilación mecánica; se adicionó al tratamiento: dopamina, adrenalina, penicilina cristalina, cloranfenicol; se solicitó cama en unidad de cuidados intensivos; evolución tórpida, en shock, oliguria y sangrado por boca y nariz.

El 7 de julio, a las 9:18 horas, la paciente presentó paro cardiorespiratorio. Se encontró sin signos vitales, pupilas midriáticas bilateral, no reactiva. Se practican maniobras de reanimación, sin obtener respuesta.

2.2.2.3. La señora Magnolia Garzón Rodríguez fue atendida en el Hospital María Inmaculada por los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha, según lo certificó el director de ese centro asistencial (fl. 66, cdno. 1).

2.2.2.4. El material probatorio evidencia las causas de la muerte:

a) Prueba testimonial

Sobre el estado y deterioro mostrado por la señora Magnolia Garzón durante el tiempo en el que permaneció hospitalizada, declararon los señores John Fredy Torres Cuellar, Justo Rosebelt Muñoz Jiménez, Nubia Yanet Rojas Murcia y Astrid Hincapié Galeano quienes aseguraron haberla visitado en el Hospital María Inmaculada de Florencia y observado sus malas condiciones y la actitud displicente de los médicos (fls. 365-367, 385-387-393, cdno. 7).

En el proceso penal declaró el señor Hernán Gómez Hermida, quien prestaba sus servicios como especialista en gineco-obstetricia en el hospital demandado y ayudó al médico León Carrero a practicar la histerectomía a la señora Magnolia Garzón. Según el criterio del testigo, en razón de las intervenciones practicadas a la paciente, debía considerarse como crítico su estado de salud y, por lo tanto, se le debió prestar atención en una unidad de cuidados intensivos y a falta de esta, disponer un seguimiento médico muy estricto. Al respecto, se destaca:

(...) considero que es un caso de alto riesgo y es un paciente en estado crítico que en una institución de nivel superior implicaría encontrarse en una unidad de cuidado intensivo, que no existe en el Hospital María Inmaculada, lo cual hace que el médico tratante... debe poner al máximo sus capacidades profesionales con el fin de suplir esa falta de elementos de apoyo para evitar cualquier complicación mayor o deterioro del estado del paciente y apoyarse en elementos sencillos, o darle la importancia que ellos tienen como es el pulso, temperatura, estado de resequedad o humedad de la mucosa, color de la piel, o los procedimientos previos que haya tenido la paciente, puesto que las causas de fiebre son bastantes, lo cual se hace que sea necesario hacer un manejo integral entre los conocimientos del médico y las facilidades de tecnología para el manejo del paciente... (fls. 260-263, cdno. 3).

El señor Jorge Enrique Cubillos Mariño, en la declaración que rindió en este proceso, aseguró que para la época de los hechos laboraba en el hospital demandado, como médico internista; que a solicitud del servicio de gineco-obstetricia valoró a la señora Garzón Rodríguez en dos oportunidades y la encontró “en mal estado, con un cuadro clínico de irritación peritoneal”, razón por la cual recomendó la revaluación por la ginecóloga tratante, con el fin de definir si requería o no reintervención quirúrgica. Señaló que “ninguna enfermedad exime de una opción quirúrgica a un paciente que está con una irritación peritoneal”; que la conducta a seguir ante una peritonitis es una exploración quirúrgica (fls. 369-371, cdno. 7) y que, dado su estado, diagnosticó infección peritoneal:

(...) primero: en un postoperatorio inmediato, en donde la fiebre se debe asociar siempre con una infección postoperatoria, por encima de las 72 horas del postoperatorio; segundo: la paciente estaba febril; tercero: la paciente estaba distendida; cuarto: tenía una sensibilidad abdominal muy grande; quinto: tenía una leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos y en esas condiciones se debe siempre considerar la infección como el elemento prioritario a descartar en forma inmediata.

En la declaración rendida en el proceso penal, el testigo fue más explícito. Señaló que el cuadro clínico, en el momento de su reingreso al Hospital María Inmaculada de Florencia, develaba peritonitis, lo que requería un drenaje quirúrgico —se destaca—:

Valoré una paciente en postoperatorio inmediato, con evidencia clínica de peritonitis y septicemia secundaria; la valoración se hizo seis días después de haber sido operada. La conducta ante un foco séptico abdominal es el drenaje quirúrgico y está implícito en el diagnóstico, lo cual no se hizo, de conformidad con la historia clínica...; el manejo quirúrgico estaba a cargo de la gineco-obstetra que estaba a cargo de la paciente. La paciente continuó con signos de irritación peritoneal, según la nota de epicrisis anexa, hasta que se produce su remisión; sin embargo, en ese lapso se anota viraje en el carácter del vómito ‘herrumbroso, aspecto rojizo pardo’, que sugiere compromiso de mucosa gástrica, secundario a la sepsis infección generalizada (fls. 124-127, cdno. 3).

b) Pruebas técnicas

En relación con la necesidad de practicar las cirugías para preservar la vida de la madre y de la criatura, el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, en el dictamen que rindió en el proceso penal, afirmó:

La paciente ingresó a urgencias el 23 de junio de 1993 a las 8:45 y de acuerdo a la H.C. de urgencias, presentaba un embarazo a término, un trabajo de parto en fase activa, una desproporción cefalopélvica (por pelvis estrecha), una tensión arterial en límite superior al normal (120/90) y un feto vivo en buen estado. La conducta tomada fue la adecuada y consistió en hospitalizar en sala de partos, aplicar enema, suspender la vía oral, colocar líquidos endovenosos, reservar sangre y solicitar valoración por obstetra. De acuerdo a esto y dadas las características de un servicio de urgencias, esta HC es adecuada.

(...).

La desproporción pélvica es indicativa de cesárea. Si existe una atonía uterina que no responde a tratamiento convencional, está indicada la histerectomía como medida de emergencia (fls. 172-175, cdno. 3).

El mismo criterio fue compartido por el médico Santiago Emilio Campbell Silva, internista del hospital, quien aseguró que, a su juicio, la actuación del médico León fue correcta, porque practicó las cirugías para preservar la vida de la madre y de la criatura (fls. 381-382, cdno. 7).

No obstante, como pasa a explicarse, hay pruebas que demuestran que no se hizo seguimiento adecuado a la paciente en el postoperatorio.

En el dictamen rendido en el proceso penal por el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía (fls. 176-177, cdno. 6), revisada la historia clínica, en la primera oportunidad en que la señora Garzón Rodríguez estuvo hospitalizada, se advirtieron las siguientes omisiones:

1. Folios 46 a 53, control prenatal. El único hallazgo de interés es una infección urinaria.

2. Folios 28 a 45, primera hospitalización. Es hospitalizada por orden del Doctor Rodríguez, el 23 de junio de 1993, el mismo día llevada a cirugía por estrechez pélvica, presentándose como complicación atonía uterina, por lo cual se realiza cesárea e histerectomía, siendo el cirujano el doctor León. Se consideró una posible coagulopatía sobreagregada, no hay historia clínica de ingreso a piso, no hay notas de especialista, no hay nota de análisis de los laboratorios solicitados. Hay una anotación de consulta telefónica al doctor León, no es presencial. Hay datos de un postoperatorio tórpido, dado por fiebre cuantificada, vómito verdoso y vómito de sangre. Se da salida el 26 de junio de 1993, después de un día de fiebre.

3. Folios 1 al 27, segunda hospitalización. Reingresa el 29 de junio de 1993 por edema y fiebre. No aparece reporte ni análisis de radiografías de abdomen ni de tórax. El 30 de julio del 93, se hace diagnóstico de abdomen agudo, aunque había indicación, no se realizó una revisión quirúrgica. La ecografía abdominal del 6 de julio de 1993 reportó importante cantidad de líquido con membranas.

El 6 de julio de 1993, se remite la paciente con diagnóstico de sepsis abdominal y bridas intestinales (resaltados fuera de texto).

Según el concepto rendido en el proceso penal por el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, “considerando el tipo de cirugía y el que la paciente presentara las membranas rotas, sí estaba indicado iniciar antibioticoterapia. Lo normal en los tratamientos en antibióticos es una administración continua durante un mínimo de diez días”. E interrogado por “en este caso cuantos días se realizó la antibioterapia”, respondió “durante dos días”.

El perito anotó, además, que en la historia clínica no figuran “valoraciones del Dr. León ni de ningún otro gineco-obstetra. Solo se hace mención a una opinión telefónica, la cual no se puede considerar como valoración”.

En el dictamen practicado en este asunto por el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se destacó también la necesidad de suministrar antibióticos a la paciente, por un término mínimo de una semana, en consideración a que el tipo de cirugías a que fue sometida, favorecía la aparición de infecciones:

(...) el uso de antibióticos profilácticos durante una cesárea no complicada, aún con una ruptura de membranas de 6 horas es opcional, es decir, su uso no es obligatorio. En el caso de que ocurran complicaciones, como en este caso el sangrado masivo, se recomienda el uso de antibióticos terapéuticos por el término de por lo menos una semana, debido a que el shock hipovolémico, y más si este es prolongado, favorece las complicaciones de orden infeccioso (fls. 465-469, cdno. 7).

Según el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, debieron practicarse a la paciente exámenes de: “cuadro hemático, frotis de sangre periférica y aspirado de médula ósea”, anotando, además, que “el tratamiento no fue efectivo”, debió practicarse “un antibiograma el cual no aparece ordenado”. Sostuvo, por último, que ante la presencia de abdomen agudo “es una indicación de cirugía” e interrogado por si “(...) hubiera mejorado las posibilidades de vida de la paciente el manejarla en una unidad de cuidados intensivos o el remitirla antes de la fecha en que efectivamente se hizo a un centro más especializado”, respondió que “(...) ambos procedimientos habrían mejorado las posibilidades de vida de la paciente, siempre y cuando se hubiera aislado el foco séptico abdominal para lo cual se requería de reintervención”.

El perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por su parte, señaló que, en su criterio, ante el diagnóstico presuntivo de coagulopatía sobreañadida no era necesario practicar aspirado de médula ósea, ni de frotis de sangre periférica, porque la mayoría de los sangrados ocurridos en esos casos se deben a problemas mecánicos por trabajo de parto o expulsivo prolongados; que a la paciente se le practicó examen de “tiempo parcial de tromboplastia, tiempo de protrombina y el recuento de plaquetas”; pero que en cambio, el hallazgo de linfocitos atípicos sí ameritaba estudio hematológico apropiado para la confirmación o descarte de “cualquier entidad mieloproliferativa”.

Según el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, “el abdomen agudo es una indicación de cirugía. Favorecían esa decisión el diagnóstico de abdomen agudo, el presentar foco séptico a nivel abdominal y el progresivo empeoramiento de la paciente, a pesar del tratamiento convencional”. Sin embargo, no obra en el expediente prueba alguna sobre los motivos que pudieron asistir a la gineco-obstetra Mireya Mahecha Mahecha para abstenerse de realizar el drenaje quirúrgico.

Sobre este aspecto, se advierte que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con apoyo en la historia clínica, señalaron, en consideración a su estado en el segundo ingreso, que como la paciente presentaba abdomen agudo con foco infeccioso, el tratamiento ha debido ser quirúrgico:

(...) no todo abdomen agudo es de tratamiento quirúrgico. Si el abdomen agudo es consecuencia de un ‘foco abdominal’, es mandatoria (sic) la extirpación de dicho foco infeccioso. Es imposible determinar el porqué no se pensó que el abdomen agudo fuera de tratamiento quirúrgico y no solo médico, debido a la pobreza de las notas existentes en la historia de la segunda hospitalización.

En relación con una posible atención en una unidad de cuidados intensivos, los peritos del Instituto de Medicina Legal, manifestaron:

(...) el control y manejo de todo paciente con shock hipovolémico e insuficiencia renal, de origen prerrenal serían de mejor pronóstico en una unidad especializada en el manejo de pacientes en riesgos. Así mismo, la vigilancia de una paciente en sepsis, con compromiso de diferentes órganos (hay constancia de compromiso renal y hepático) sería ideal en una unidad especializada. La remisión con mayor anterioridad hubiera asegurado el manejo de esta paciente en una unidad adecuada al tipo de complicaciones médico-quirúrgicas que presentaba. Debe tenerse en cuenta que la unidad de cuidado intensivo que requería esta paciente debería ser altamente especializada, por lo cual fue remitida a Bogotá.

2.2.2.5. El director general certificó, el 30 de junio de 1994, que en el hospital demandado no se contaba con unidad de cuidados intensivos (fl. 294, cdno. 3).

2.2.2.6. El Tribunal de Ética Médica no encontró culpa en la conducta de los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha, que intervinieron en el tratamiento de la paciente, pues se abstuvo de llamarlos a descargos. Consideró que no se contaba con pruebas sobre el desconocimiento de la lex artis. En palabras del aludido tribunal:

1. Debe anotarse que la causa de la muerte descrita en el certificado de defunción no coincide con el estudio anatomopatológico del útero extraído, en lo que se refiere a la presencia de endomiometritis aguda y endomiometritis post cesárea.

2. Al analizar la atención médica dispensada a la paciente Magnolia Garzón Rodríguez de 20 años de edad, en el Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, se encuentra en los siguientes hechos:

— La cesárea practicada a la paciente estaba indicada ante la estrechez pélvica que presentaba.

— Al presentarse la severa hemorragia existió la necesidad de practicar la histerectomía, operación que fue efectuada de inmediato.

— Dadas las condiciones clínicas de la paciente, esta fue remitida a su casa 72 horas después. La historia clínica evidencia condiciones de evolución satisfactorias.

— 72 horas más tarde, la paciente regresa al Hospital María Inmaculada, con cuadro de infección peritoneal, el cual requería manejo en unidad de cuidado intensivo y más especializado, razón por la cual la remisión que se hizo se encuentra dentro de los términos de la prudencia.

— La paciente venía recibiendo la antibioticoterapia que se ordena ante sus condiciones clínico patológicas.

— Del análisis de todas las pruebas no surge ningún indicio que permita concluir con carácter de certeza que existió imprudencia, negligencia, o impericia sancionables a la luz de la ética médica, o de la Ley 23 de 1981 (fls. 543-549, cdno. 7).

2.2.2.7. Con ocasión de la muerte de la señora Magnolia Garzón Rodríguez, la fiscalía adelantó investigación en contra de los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha, condenados por el delito de homicidio culposo, concluidas las etapas procesales correspondientes.

Dentro de la instrucción se destacan, por orden cronológico y entre otras, las siguientes actuaciones que interesan al proceso así:

a) El 9 de mayo de 1994, la fiscalía décima de Florencia impuso medida de aseguramiento en contra de los galenos, consistente en detención preventiva, fundada en la “(...) despreocupación de los sindicados en su actividad médica profesional respecto de una paciente o la acción tardía por inercia o por no poner todo el cuidado y aplicación que eran necesarios para evitar la muerte de Magnolia Garzón Rodríguez”, además, “por grave negligencia en los sindicados al no realizar cuidadosamente los exámenes paraclínicos exigidos”.

En la decisión, la fiscalía destacó que el médico León Carrero “(...) no valoró a la paciente en su postoperatorio siendo él el médico tratante [lo que] equivale a negarse a brindar una atención médica que realizada en forma oportunidad hubiera evitado las complicaciones que presentó Magnolia o por lo menos hubiera habido un diagnostico temprano que habría salvado la vida de su paciente”.

Respecto de la médica Mahecha, la fiscalía evidenció su “(...) obstinación en ordenar la remisión de la paciente a otro centro especializado, que en últimas esta obedeció a la insistencia de los propios familiares de Magnolia, que a una decisión medica, pues a folio 185 se aprecia que la paciente se remite por sugerencia de los familiares quienes quieren que se trate en Bogotá, cuando ya presentaba sepsis general y fallas multisistémicas” (fls. 202-216, cdno. 3).

b) Con similares argumentos, el 22 de septiembre de 1994, la fiscalía profirió resolución de acusación en contra de los sindicados (fls. 319-340, cdno. 3).

c) En la sentencia de 4 de julio de 1995, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia, Caquetá condenó a dos años de prisión y suspensión de un año en el ejercicio de la profesión a los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha, por el delito de homicidio culposo, en la señora Magnolia Garzón Rodríguez, con fundamento en las siguientes consideraciones:

(...) esta judicatura concluye y determina en cabeza del Dr. León Carrero responsabilidad por el hecho punible, de homicidio culposo, a título de culpabilidad culposa, puesto que obró imprudentemente al darle la salida a la paciente Magnolia Garzón prematuramente, fue apresurada tal determinación, amén de no haber hecho un estudio de evolución postquirúrgico adecuado, máxime cuando la paciente presentó estados febriles que no fueron anotados oportunamente en la historia clínica y más aún cuando sus familiares así lo hacían ver.

Hubo negligencia por parte del Dr. León Carrero al no solicitar exámenes prequirúrgicos, como son los más elementales: pruebas de coagulación, cuadro hemático y parcial de orina, donde dependiendo de ellos se hubiese procedido adecuadamente a intervenir quirúrgicamente... y en ninguno de los folios que componen la historia clínica se hicieron anotaciones respecto de exámenes de laboratorio, entonces nunca se supo pre y postquirúrgico el estado real de la paciente.

Igualmente, podemos predicar que existió negligencia por parte de la doctora Mireya Mahecha Mahecha al no haber suministrado el tratamiento médico adecuado y diligente a Magnolia Garzón, cuando reingresó al centro hospitalario, si se tiene en cuenta que presentaba infección puerperal quirúrgica, según su diagnóstico, como lo manifestó en su injurada, pues a pesar de ello, solicitó valoración por medicina interna, la que se llevó a cabo por el médico internista Dr. Cubillos..., anotando él mismo en la historia clínica, con fecha 30 de junio de 1993, donde refirió sepsis abdominal aguda, por qué razón no erradicó inmediatamente el foco infeccioso, a partir del momento de la valoración y más teniendo conocimiento de que necesitaba una unidad de cuidados intensivos, como lo menciona en su versión de descargos, máxime cuando, según ella, observando los antecedentes clínicos de la paciente, había sido intervenida en dos ocasiones, aumentando el riesgo; entonces por qué no ordenó la remisión a Bogotá, cuando el Hospital María Inmaculada carece de unidad de cuidados intensivos, como ella misma lo afirma, y aún más si los familiares de la paciente así se lo solicitaban, manteniendo imprudentemente durante siete (7) días a Magnolia en el centro hospitalario local, conllevando a su gravedad por la sepsis abdominal aguda que presentaba, para ordenar su traslado a Bogotá, cuando ya nada había que hacer, solo por esperar el resultado de una ecografía que también solicitó tardíamente (fls. 188-228, cdno. 1 y 461-499, cdno. 3).

d) La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Caquetá - Sala Penal, el 7 de octubre de 1996. Los fundamentos de esa decisión fueron los siguientes:

Hubo, pues, descuido o negligencia en el trato a la paciente Magnolia por parte de los especialistas que la atendieron, porque una remisión a tiempo hubiera podido prolongar la vida útil de la paciente, pues si no se ha conseguido el remedio eficaz para la totalidad de los casos, el ochenta por ciento con leucemia linfoblástica aguda pueden reanudar su vida normalmente por un tiempo prudencial. Y a pesar de que la leucemia mieloblástica aguda es mortal, se pueden controlar los síntomas y alargar la vida del paciente, especialmente en el período vital útil. Entonces, la sentencia de los defensores y vocero de que la paciente tenía que morir porque tenía leucemia, no es exculpante de la negligencia como fue tratada Magnolia Garzón Rodríguez... (fls. 230-334, cdno. 1).

e) La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, al abstenerse de casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Caquetá, consideró:

(...) no hay motivo para desvincular al procesado León Carrero de la responsabilidad que le corresponde por la muerte de Magnolia Garzón, porque la infección que invadió sus órganos tuvo origen en la histerectomía que dicho profesional le practicó, quien no tomó las debidas precauciones antes y después de la intervención quirúrgica que le garantizara una completa recuperación a la paciente, con lo cual ocasionó que su salud desmejorara por la propagación de la infección. Sostener lo contrario, es desconocer los hechos y las pruebas que sustentan la sentencia y de esa manera aparece contrario a la lógica, pretender demostrar su ilegalidad...

La negligencia que se le atribuyó a la Dra. Mahecha Mahecha, contrario a lo que piensa su defensor, estuvo cimentada en no haber suministrado el tratamiento médico adecuado y diligente a la paciente cuando esta reingresó al centro hospitalario, porque presentaba infección puerperal quirúrgica, según su diagnóstico, conforme lo manifestó en su injurada, y según la valoración que se llevó a cabo por el médico internista Dr. Cubillos, quien diagnosticó sepsis abdominal aguda, entonces no erradicó de inmediato el foco infeccioso. Ni conociendo los antecedentes de la paciente ordenó la remisión a Bogotá, una vez hizo la valoración, a sabiendas de que el Hospital María Inmaculada carece de la unidad de cuidados intensivos como ella misma lo afirmó y aún más si los familiares de la paciente así se lo solicitaban. Mantuvo a la paciente en el centro hospitalario imprudentemente durante siete (7) días, lo que condujo a su gravedad por la sepsis abdominal aguda que presentaba.

Ahora: señala el tribunal que en la historia clínica no aparecen cultivos a la sangre y orina de Magnolia Garzón y que si se le hubieran hecho, los antibióticos habrían controlado la infección, porque ya eran específicos y no de tanteo. Entonces, el descuido y la negligencia que predica el fallador en el trato de la paciente, los radica en que una remisión a tiempo hubiera podido prolongar su vida útil, pues en el ochenta por ciento de los casos de leucemia aguda se puede reanudar su vida por un tiempo prudencial, controlando los síntomas. Entonces, la leucemia no sirvió como excusa de la negligencia con que fue tratada la paciente Garzón Rodríguez (fls. 336-398, cdno. 1).

2.2.2.8. A tiempo de la atención de la víctima, los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha estaban vinculados al Hospital María Inmaculada de Florencia, como consta en las actas de nombramiento y posesión de los llamados. El primero fue nombrado el 29 de abril de 1988 y tomó posesión del cargo de gineco-obstetra el 1º de mayo siguiente. La doctora Mahecha, por su parte, fue nombrada y posesionada el 20 de abril de 1993, para desempeñarse en igual especialidad (fls. 62-65, cdno. 1).

2.2.2.9. Por razón de la muerte de la señora Magnolia Garzón Rodríguez su padre, compañero, hijo y hermanos resultaron afectados moralmente.

Esto es así, porque los registros civiles que reposan en el plenario demuestran que la señora Magnolia fue hija del señor Gonzalo Garzón Medina, así como lo son Stella, Joffrey, Ninfa, Ana Isabel, Fredy y Diomart Garzón Rodríguez y también Diana Yamile Garzón Céspedes, hija del mencionado con la señora Liria Céspedes Prada (fls. 6-10, cdno. 1 y 332-334, cdno. 7). De igual forma, el menor —para la fecha de presentación de la demanda— Santiago Forero Garzón acreditó su condición de hijo de la víctima con el señor Orlando Forero Urbano (fl. 11, cdno. 1).

Nada le corresponde a la Sala manifestar respecto de las pretensiones de reparación de los señores Orlando Forero Urbano y Blanca Lilia Urbano Hoyos, suegros de la víctima, pues el tribunal no encontró probado el dolor moral alegado por los mismos y, por este aspecto, no se interpuso recurso. Lo mismo respecto de la señora Liria Céspedes Prada.

2.2.3. La responsabilidad de la entidad pública demandada, presupuesto de la prosperidad del llamamiento en garantía.

2.2.3.1. Cuestión previa.

Debe la Sala considerar la responsabilidad de la administración, con el propósito de resolver el llamamiento, comoquiera que, de una parte, la conciliación no le es oponible a los agentes estatales que no concurrieron a la misma, en cuanto nadie puede ser juzgado sin fórmula de juicio y, de otra, solo establecida la responsabilidad de la administración procede entrar a estudiar la imputación a los funcionarios públicos, comprometidos en los mismos hechos.

En Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996(4), la Corte Constitucional precisó que no era posible equiparar la conciliación a una condena a cargo de la respectiva entidad pública, comoquiera que se trata de una medida que rebasa el contenido del artículo 90 superior, en cuanto este condiciona su aplicabilidad, justamente, al hecho de que el Estado haya sido judicialmente encontrado responsable de un daño antijurídico, cometido por la acción o la omisión de uno de sus agentes. Destacó que la conciliación no podía asimilarse a una condena y que, de ser ello así, también debería aplicarse en esos eventos el artículo 248 del estatuto fundamental(5). Anotó, además, que de admitirse la equiparación de que se trata, se vulneraría el derecho fundamental al debido proceso del servidor público, a quien se imputa la causación del daño, comoquiera que estaría obligado a pagar la suma acordada entre las partes, sin haber tenido oportunidad para defenderse.

Y, en Sentencia C-338 de 3 de mayo de 2006, la Corte(6) reiteró que, si el llamado en garantía no participa en la conciliación, no le es oponible el acuerdo al que lleguen eventualmente las partes. Al respecto, se destaca:

Sin embargo, si el agente generador del daño no participa en el trámite de la conciliación, es evidente que ninguna decisión vinculante podrán adoptar las partes intervinientes en la misma, en cuanto atañe específicamente a la responsabilidad patrimonial de dicho agente, y tampoco en relación con el dolo o la culpa grave que eventualmente pudieren imputársele, y todos estos aspectos habrán de ser controvertidos y establecidos a través del posterior ejercicio de la acción de repetición, en el que debe estar citado el agente estatal, procedimiento que igualmente está sujeto al cumplimiento de todas las garantías que conforman el debido proceso.

(...).

Y, si el servidor o exservidor público fue llamado en garantía en el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado, es decir, se trata de un proceso en el que están presentes tres partes, la conciliación que pueda resultar en este proceso no le será oponible al agente estatal, salvo cuando este hubiere participado en ella y haya aceptado expresamente los términos de la conciliación. Cabe recordar, que en este caso, el proceso del llamamiento continúa para demostrar la culpa o el dolo del agente estatal hasta culminar con la sentencia respectiva (resaltados y subrayas fuera del texto).

Acerca de la conciliación como mecanismo de solución de conflictos, ha dicho la Corte:

Para esta Corte es de meridiana claridad que la conciliación se instituye con miras a procurar la celeridad procesal y la eficaz solución de los conflictos, todo lo cual se traduce en una pronta y eficiente administración de justicia.

(...).

Es pertinente anotar que la conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad. Porque, siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir(7).

Específicamente sobre como la conciliación no enerva la acción de repetición, esa corporación se pronunció así:

12.1. Que el Estado demandado en un proceso de responsabilidad patrimonial realice una conciliación con el demandante, por sí mismo y mientras esa conciliación se ajuste a la ley y no menoscabe el patrimonio público, no quebranta la Constitución.

12.2. En ese orden de ideas, si se concilia con respecto a la pretensión patrimonial ejercida contra el Estado, no se extingue por ello la acción de repetición ejercitada por este contra el servidor público que hubiere procedido con dolo o culpa grave y dado origen con su conducta a aquella pretensión y, en tal caso, lo que se ajusta a la Constitución es la continuidad del proceso para que se resuelva con respecto a la obligación del llamado en garantía de reembolsar al Estado, así termine la otra pretensión en virtud de la conciliación.

12.3. Siendo esto así, es claro que la pretensión de la víctima contra el Estado para el resarcimiento del daño si fue objeto de conciliación, puso fin en ese punto al proceso de manera anormal, con anticipación al proferimiento de la sentencia respectiva.

12.4. En virtud de ello, no hubo entonces oportunidad de debatir hasta su culminación en torno a sí la actuación del servidor público llamado en garantía fue dolosa o gravemente culposa y, entonces, nada se opone a que sobre el quantum que este habría de reembolsar al Estado si hubiere sido condenado, pueda llegarse a una conciliación, sin que ello vulnere la Constitución Política(8).

2.2.3.2. Caso concreto.

El constituyente de 1991 consagró en el artículo 90, la cláusula de responsabilidad del Estado, al señalar que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y de sus agentes, señalando que el primero, a efectos de cumplir sus fines, desarrolla sus funciones por medio de órganos a cargo de personas que son agentes, funcionarios o autoridades públicas, cuyos actos, en relación con el servicio, resultan imputables directamente al ente público.

Responsabilidad patrimonial del Estado que se presenta cuando se produce un daño antijurídico causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En este evento tiene como fundamento el “principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, consagrados en los artículos 2º, 58 y 90 de la Constitución”(9).

En relación con dichos presupuestos, la Corte ha señalado:

(...) el sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado, vale decir que no hay responsabilidad subjetiva del servidor público de manera directa con la víctima de su acción u omisión, sino una responsabilidad de carácter institucional que abarca no solo el ejercicio de la función administrativa, sino todas las actuaciones de todas la autoridades públicas sin importar la rama del poder público a que pertenezcan, lo mismo que cuando se trate de otros órganos autónomos e independientes creados por la Constitución o la ley para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. De la misma manera, la norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Carta, exige como presupuesto necesario para la existencia de la responsabilidad patrimonial a cargo del Estado que la acción u omisión de las autoridades públicas ocasione un daño antijurídico, con lo cual queda fuera de duda que no es cualquier daño el que acarrea dicha responsabilidad sino única y exclusivamente el que no se está obligado a soportar, pues, en ocasiones, puede existir un daño que, sin embargo, jurídicamente constituya una carga, o una molestia que en beneficio del interés general halle justificación constitucional(10).

En el presente caso, el acervo probatorio que reposa en la actuación permite establecer que la muerte de la señora Magnolia Garzón Rodríguez fue consecuencia directa de una falla en la prestación del servicio médico suministrado en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.

En efecto, las pruebas indican que, si bien a la paciente se le practicaron las intervenciones quirúrgicas que ameritaba su estado de salud, no se adelantaron los controles postoperatorios que requería la sintomatología que presentaba la víctima, luego de las cirugías. Así mismo, se evidencian irregularidades en la historia clínica, como la falta de anotaciones respecto de las valoraciones realizadas por el personal médico, obligados por la ley a hacerlo, dada de alta cuando la paciente ameritaba atención hospitalaria, así como la ausencia de práctica de los exámenes que requería el estado de salud de la paciente, la omisión de practicar una intervención necesaria y la remisión tardía a un centro asistencial de mayor nivel, que contara con unidad de cuidados intensivos, vital para el tratamiento y recuperación de la señora Magnolia Garzón Rodríguez.

Está plenamente demostrado que el 23 de junio de 1993, la señora Garzón Rodríguez ingresó al Hospital María Inmaculada de Florencia para trabajo de parto, donde fue atendida por el servicio de urgencias de la institución y, posteriormente, intervenida quirúrgicamente por el doctor José Vicente León Carrero, quien le practicó cesárea por estrechez pélvica y que, una vez realizada y debido al sangrado persistente y atonía uterina, fue necesaria una segunda cirugía —histerectomía o extirpación del útero—.

Luego de las intervenciones, el estado de salud de la paciente empeoró y era evidente las malas condiciones en las que se encontraba. Presentaba fiebre alta y vómito. Se le suministró antitérmicos que el médico llamado en garantía recomendó telefónicamente, también este dispuso seguir con el tratamiento y dispuso su salida el día 26 siguiente. Pasados tres días la señora Garzón Rodríguez regresó al hospital en grave estado, habiendo sido atendida por el internista Jorge Enrique Cubillos Mariño, quien diagnosticó “sepsis abdominal agudo”, al tiempo que recomendó la reevaluación de la ginecóloga tratante doctora Mireya Mahecha.

La especialista Mahecha, no obstante el estado febril y distendida con sensibilidad abdominal, con aumento de los glóbulos blancos y fiebre, no tomó ninguna medida y, pasando por alto el diagnostico del doctor Cubillos, omitió el suministro de antibióticos, no intervino a la paciente y retardó su remisión a un centro hospitalario de mayor nivel, sin perjuicio de que el hospital no contaba con unidad de cuidados intensivos, la paciente lo requería y los familiares lo exigían, al punto que se remitió demasiado tarde, cuando la víctima presentada sepsis-peritonitis. Siendo esta la causa del deceso en el Hospital Materno Infantil de Bogotá.

Complicación esta que, como se señala en la doctrina médica, “(...) es una situación clínica grave con manifestaciones sistemáticas de una infección (la más frecuentes, urinarias, peritonitis por perforación, etc.). hay multitud de procesos sépticos abdominales que pueden producir sepsis, pero los más frecuentes son las peritonitis por perforación de colon, apéndice o intestino delgado, dado que estos órganos son los que contienen en su flora normal un número mayor y más variado de gérmenes agresivos”(11). Consistente en “(...) inflamación difusa, o más o menos localizada del peritoneo visceral y parietal por una infección o irritación de la cavidad peritoneal. Es una situación grave que, habitualmente, requiere cirugía urgente para tratar tanto la infección como su causa”(12). Intervención que la médica tratante no dispuso, no obstante ser el procedimiento indicado.

El análisis en conjunto de los medios de pruebas que obran en el proceso permite concluir que a la señora Magnolia Garzón Rodríguez le fue vulnerado su derecho fundamental a la salud, razón por la cual el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia fue condenado a responder por el tribunal y debió hacerlo, pues en segunda instancia las pretensiones fueron conciliadas y el convenio aprobado por esta corporación.

Lo anterior, pues, dado el procedimiento y el estado de salud por el que atravesaba la señora Garzón Rodríguez, tenía que haber sido observada y tratada en el post operatorio y, como no se observó la diligencia debida, no queda duda sobre la responsabilidad de la administración.

2.2.4. Responsabilidad de los llamados en garantía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas y, también dispone que la entidad deberá repetir, en el evento de ser condenada a la reparación patrimonial, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo.

Ahora, en lo que tiene que ver con la conducta de los agentes, es menester señalar que corresponde al llamante en garantía probar que incurrieron en culpa grave o dolo, dando lugar a la condena; al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil norma que, siguiendo el principio generalmente aceptado en materia probatoria, dispone que incumbe a cada una de las partes probar los supuestos de hecho que alega.

La culpa grave o el dolo exigen una manifestación de reproche sobre la conducta del sujeto y excluyen la corrección sobre los deberes de conducta impuestos por el ordenamiento, en tanto implican un comportamiento de tal negligencia que se asemejan a la intención de causar daño, pues las acciones y omisiones son de tal gravedad que excluyen toda justificación. Se trata, entonces, de adelantar un juicio que más que descuido, conlleve negligencia de aquella que no admite comparación ni siquiera con la que emplean las personas de poca prudencia en los asuntos propios. Se concluye entonces que no cualquier conducta, así fuere errada, compromete la responsabilidad de los servidores públicos.

Señala respecto de la culpa y el dolo el Código Civil:

ART. 63.—<Culpa y dolo>.La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

Sobre el particular, la doctrina ha sostenido(13):

El concepto de culpa hace referencia a un estándar genérico y flexible de la persona prudente y diligente. La determinación de la regla de conducta que habría observado esa persona en las circunstancias del caso es una tarea judicial por excelencia. Sin embargo, esos deberes pueden estar también tipificados por la ley (como característicamente ocurre con el tráfico vehicular) o pueden estar establecidos convencionalmente por reglas sociales, formales o informales. A falta de la ley o de usos normativos, el juez no tiene otro camino que discernir como se habría comportado una persona prudente en las mismas circunstancias.

(...).

Valor de los usos normativos como criterios de diligencia: a) Si se concibe el derecho como una realidad social de carácter normativo, que excede el ámbito de la ley, naturalmente se tenderá a concebir los deberes de conducta como una expresión de usos normativos, de expectativas recíprocas que señalan lo que asumimos se puede exigir de los demás(14). A falta de una norma legal que defina el ilícito, se podrá decir que la culpa consiste en infringir una regla establecida por la costumbre(15). El criterio empírico de “lo normal” se puede justificar por razones de seguridad jurídica, que remiten a lo que según la costumbre se puede esperar de los demás y, en consecuencia, cautelan que el derecho de la responsabilidad civil asegura la protección de la confianza(16). Sin embargo, siempre permanece latente que el juicio relativo a la culpa supone adoptar las perspectivas normativas de justicia (o de la eficiencia), en cuya virtud es necesario juzgar la razonabilidad de los usos normativos, antes de darlos por aceptados. b) Cualquiera sea la doctrina jurídica que asuman los jueces, ocurre que los usos normativos, especialmente en una sociedad tan diferenciada como la actual, son en general imprecisos y difíciles de probar. Por ello, lo usual será que el juez, a falta de reglas legales que definan el ilícito, se vea obligado a construir prudencialmente el deber de cuidado. En esta tarea, sin embargo, no se debiera olvidar que una función importante del derecho privado es dar forma al tráfico espontáneo al interior de la sociedad, de modo que difícilmente se puede prescindir de aquello que con naturalidad esperamos de los demás como conducta debida.

En relación con los conceptos de dolo y culpa grave, para efectos de la acción de repetición, la jurisprudencia de la Sala ha señalado:

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico.

(...).

De la norma que antecede (C.C., art. 63), se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “... obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110)(17) y agregan que “... reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente...” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, Tomo I, Volumen II, pág. 384).

Ahora bien en cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado.

Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer...”(18), de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y cognoscitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino deseado.

(...).

Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, de manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir voluntariamente lo provoca(19), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.

En suma, mientras la culpa es la falta de diligencia o de cuidado en la conducta por imprevisión, negligencia o imprudencia, el dolo como dice Eneccerus “Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse un derecho o un deber”(20).

No obstante, esta corporación también ha sostenido que para determinar la culpa y su gravedad, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino armonizar las características particulares del caso con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos, como la buena fe, contenido en la Constitución Política(21) y en la ley, a propósito de algunas instituciones.

En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que para establecer la responsabilidad personal de los agentes, exagentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones comporta, necesariamente, el estudio de las funciones asignadas, para así establecer el incumplimiento y su gravedad(22). Esta última, desde la perspectiva del comportamiento del agente.

Es claro, entonces, que “(...) se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, exagente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta”(23).

Es decir, se trata de determinar si el agente comprometido actuó con intención de causar daño, pues los elementos de convicción dan lugar a establecer una falta de diligencia extrema, equivalente a la señalada intención. Es decir, al margen de la legalidad o ilegalidad de la actuación, se habrá de determinar si la conducta de los servidores se sujetó a los estándares de corrección(24) o los desbordó hasta descender a niveles que no se esperarían ni siquiera del manejo que las personas negligentes emplean en sus propios negocios; de manera que lo acontecido no encuentre justificación(25).

En el caso concreto, considera la Sala que la conducta de los médicos llamados en garantía fue constitutiva de culpa grave, en tanto actuaron con gran negligencia en la atención que le brindaron a la señora Magnolia Garzón Rodríguez, en el Hospital María Inmaculada de Florencia, ya que pasaron por alto su grave situación médica, inconcebible dada su condición de especialistas, ante patologías claramente reconocibles y tratables. Esto es así porque el desenlace no habría ocurrido de no haberla expuesto al riesgo de una salida apresurada y, más adelante, la omisión en el suministro de medicamentos, práctica de exámenes y de la intervención urgente para erradicar el foco infeccioso. Aunado al retardo en su remisión a un centro donde se le habría brindado la atención adecuada. Deficiencias que tornaron ineficaz la atención que finalmente se le brindó en el Hospital Materno Infantil de Bogotá.

Se aparta, entonces la dala del Tribunal de Ética Médica, pues, este, contrariando las evidencias probatorias sobre su falta de diligencia, se abstuvo de llamar a descargos a los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha. Consideró que no se contaba con pruebas que demostraran con certeza que aquellos hubieran contrariado la lex artis, las que sí reposan en la actuación, pues se cuenta con la historia clínica, testimonios e informes técnicos trasladados del proceso penal, que sin duda demuestran la culpa grave, cercana al dolo, de los facultativos, comprometidos con la atención médica de la víctima y, así mismo, con su deceso.

Ahora, se demostró en el expediente que la conducta inicial del médico José Vicente León Carrero al practicar la cesárea y la histerectomía a la paciente se ajustó a los requerimientos, conforme al desarrollo de la ciencia y de la técnica de ese momento y a los recursos con que debiera disponerse en la entidad hospitalaria, ni que existieran opciones menos gravosas para la misma.

Sobre el particular, el médico Santiago Emilio Campbell Silva, médico internista del hospital, calificó la actuación del médico León como correcta, porque practicó las cirugías para preservar la vida de la madre y de la criatura (fls. 381-382, cdno. 7). De ese criterio fue también el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, en el dictamen que rindió en el proceso penal (fls. 172-175, cdno. 1).

No obstante, lo mismo no puede decirse del seguimiento realizado después de las intervenciones, en el que las pruebas demuestran con certeza que el doctor León desatendió el post operatorio infeccioso y la doctora Mahecha no prodigó los cuidados y el tratamiento adecuado ante el desarrollo del proceso, pasando por alto el riesgo que se concretó.

De ello dio cuenta el dictamen rendido en el proceso penal por el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía (fls. 176-177, cdno. 6), en el que se advirtieron serias omisiones, como la ausencia de historia clínica de ingreso de la paciente a piso, la falta de notas de especialista y de la realización de análisis de los laboratorios solicitados. Si bien la historia clínica se registra una anotación de consulta telefónica al doctor León, ella no fue presencial. El CIT evidenció datos de un postoperatorio tórpido, “dado por fiebre cuantificada, vómito verdoso y vómito de sangre”, no obstante se dispuso la salida de la paciente el 26 de junio de 1993, después de un día de fiebre.

En efecto, no consta en la historia clínica de la señora Magnolia Garzón Rodríguez, seguida en el Hospital María Inmaculada de Florencia que la paciente hubiera sido valorada por el gineco-obstetra durante los días subsiguientes a las intervenciones que se le practicaron. Únicamente se dejó consignado que el 24 de junio de 1993 se le consultó telefónicamente, porque presentó cuadro febril y vómito. En las demás anotaciones que obran en las hojas de evolución solo aparece nota de atención de los médicos internos.

Cabe señalar que en relación con esta omisión, el perito del Instituto de Medicina Legal que rindió dictamen en este proceso señaló que el hecho de que no existiera anotación de visita alguna en la historia clínica no significaba necesariamente que esta no se hubiera realizado; que esa omisión podía corresponder también a deficiencias relacionadas con la elaboración de la historia misma. El perito destacó, además, que en la historia clínica obraba constancia de que al médico León Carrero se le consultó telefónicamente sobre el procedimiento a seguir con la paciente y que este dio instrucción, situación que en su criterio, no significa necesariamente que hubiera omisión o falta de interés, aunque destacó que, en todo caso, “la valoración médica a cualquier paciente debe ser preferiblemente de manera personal y directa”.

Considera la Sala que basta que en la historia clínica no figure la valoración, para concluir que la misma no se realizó, es decir que el médico León Carrero no actuó con la diligencia exigible, si se tiene en cuenta que fue él mismo quien intervino a la señora Magnolia Garzón en dos oportunidades el 23 de junio y, por lo tanto, tenía conocimiento del riesgo que la misma corría, sumado a que presentó fiebre y vómito. En consecuencia, el especialista, antes de ordenar la salida de la paciente debió prever que esta se hallara en óptimas condiciones.

Considera la Sala que la mejoría que presentó la paciente el día 26 debió ser objeto de verificación por parte del médico tratante, quien no solo conocía la relevancia médica de las intervenciones que se le habían realizado, sino también su evolución desfavorable en los días subsiguientes. Manejo este a todas luces negligente, pues no se explica cómo ordenar la salida del hospital de una paciente que el día anterior presentaba las condiciones médicas a las que se hace referencia.

Al parecer de la Sala, entonces, la responsabilidad del médico León Carrero tiene que ver con el desarrollo del proceso infeccioso, hasta llegar a una sepsis abdominal, complicación que, de haberse tratado correctamente, la infección no se habría presentado.

El inadecuado manejo médico dado a la señora Magnolia Garzón por el gineco-obstetra León Carrero se concretó, además, en el suministro de antibióticos, pues, según el concepto rendido en el proceso penal por el perito del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, “considerando el tipo de cirugía y el que la paciente presentara las membranas rotas, sí estaba indicado iniciar antibioticoterapia. Lo normal en los tratamientos en antibióticos es una administración continua durante un mínimo de diez días”.

En la prueba pericial practicada en el proceso por el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se destacó también la necesidad de suministrar antibióticos a la paciente, por un término mínimo de una semana, en consideración a que el tipo de cirugías a que fue sometida favorecía la aparición de infecciones, empero anotó que en el caso de la señora Magnolia Garzón Rodríguez solo lo fue por el lapso de dos días.

Las notas de la historia clínica y el criterio de los peritos permite a la Sala concluir que la antibioticoterapia prescrita a la paciente no fue adecuada, si se considera el riesgo conocido de las intervenciones practicadas.

Adicionalmente, se reprochó al médico llamado en garantía no haberle practicado estudios complementarios a la paciente para confirmar la “posible coagulopatía sobreañadida” diagnosticada, teniendo en cuenta que el cuadro hemático mostró un 7% de linfocitos atípicos.

Considera la Sala, de acuerdo con los criterios científicos señalados, que si bien podía prestarse a discusión el tipo de exámenes que debieron ser practicados para confirmar el diagnóstico presuntivo de “coagulopatía sobreañadida”, hay acuerdo en que las pruebas de sangre mostró un problema de base relevante, que finalmente se confirmó en la necropsia, pero al que el médico responsable de la paciente, llamado aquí en garantía, no prestó importancia alguna, por lo que se considera que su omisión por este aspecto también fue constitutiva de culpa grave.

En resumen, considera la Sala que el médico José Vicente León Carrero actuó con culpa grave, porque no hizo seguimiento estricto a la señora Magnolia Garzón Rodríguez en el postoperatorio, a pesar de haberle practicado cesárea, por estrechez pélvica e histerectomía por atonía uterina y de la evolución desfavorable en el postoperatorio, dado que, no obstante haber presentado fiebre indicativa de infección y vómito, en algunas ocasiones con sangre, ordenó su salida sin haberle suministrado un cuadro de antibióticos, como era de esperarse y tampoco ordenó la práctica de exámenes para determinar la causa de la coagulopatía sobreañadida, de la cual se hizo diagnóstico presuntivo y que finalmente se confirmó en la necropsia.

También considera la Sala que la médica Mireya Mahecha Mahecha incurrió en culpa grave, en tanto tuvo bajo su responsabilidad a la señora Magnolia Garzón Rodríguez durante la segunda oportunidad en la que permaneció en el Hospital María Inmaculada de Florencia y, sin perjuicio de haber diagnosticado en razón de la valoración por reingreso “infección puerperal quirúrgica, falla renal”, se abstuvo de adelantar la intervención que el estado de la paciente requería para erradicar el foco infeccioso, a pesar de que este era el indicado, para limitare a tratar con antibióticos, siendo un cuadro que se fue agravando día a día, omitió revaluar el tratamiento, cuando lo pertinente tenía que ver con remitirla en forma oportuna a una unidad de cuidados intensivos, siendo ello necesario para salvar la vida de la señora Garzón Rodríguez y con la cual no se contaba en el hospital demandado.

En síntesis, considera la Sala, de acuerdo con la historia clínica, el dictamen pericial y el testimonio del médico internista Jorge Enrique Cubillos Mariño, quien, conjuntamente con la llamada en garantía diagnosticó a la paciente, que la negligencia de la médica varias veces nombrada, superó todo límite, al punto de que no quede sino considerarla grave, esto es cercana al dolo. Esto es así porque diagnosticada la gravedad de la paciente y conocido el procedimiento, la gineco-obstetra Mahecha Mahecha se abstuvo de practicar la intervención, sin que aparezca documentado las razones que pudieron asistirle para su omisión.

Tampoco se acreditaron en el proceso los motivos que pudo tener la médica llamada en garantía para abstenerse de remitir a la señora Magnolia Garzón a un centro asistencial que contara con una unidad de cuidados intensivos, donde habrían brindado la atención que requería, teniendo en cuenta el diagnóstico, al que tanto ella, como el médico internista llegaron; el deterioro progresivo del estado de salud de la paciente y la carencia de esos recursos en el hospital demandado.

En relación con las ventajas que hubiera representado para la paciente el hecho de haber sido atendida en una unidad de cuidados intensivos, los peritos del Instituto de Medicina Legal aseguraron que el control y manejo de todo paciente con shock hipovolémico e insuficiencia renal, de origen prerrenal se consideran de mejor pronóstico en una unidad especializada para su manejo. Así mismo, determinaron que la vigilancia de una paciente en sepsis, con compromiso de diferentes órganos —como era el caso de la señora Magnolia Garzón Rodríguez— requería de una unidad especializada. Anotaron, además, que la remisión oportuna de la paciente “hubiera asegurado el manejo de esta paciente en una unidad adecuada al tipo de complicaciones médico-quirúrgicas que presentaba”.

En consecuencia, considera la Sala que la gineco-obstetra Mireya Mahecha Mahecha, llamada en garantía, incurrió en culpa grave, en tanto omitió injustificadamente realizar el drenaje quirúrgico a la señora Magnolia Garzón Rodríguez y/o remitirla a un centro médico donde se contara con unidad de cuidados intensivos. Más aún, se advierte que dicha remisión se hizo finalmente a iniciativa de la familia, de manera tardía, por lo que resultó inútil la intervención que de manera inmediata se le practicó para salvarle la vida.

Los llamados en garantía señalaron que no fueron sus actuaciones u omisiones las causas de la muerte de la paciente, sino la leucemia que la misma padecía, que tornaba ineficaz cualquier tratamiento.

Considera la Sala que el hecho de que la paciente padeciera leucemia y por lo mismo de mayor envergadura su proceso infeccioso, de ello no se sigue que no fuera tratable, de tal suerte que ello compromete, aún más a los llamados en garantía. Al doctor León Carrero, dado que diagnosticado una posible coagulopatía sobreagregada, no se dispuso los exámenes para su confirmación; el cuadro infeccioso no se trató debidamente y se dispuso la salida. Y a la doctora Mahecha Mahecha, pues, sumado a lo anterior, ningún interés demostró en preservar la vida de la paciente.

Omisiones que, al margen de sostener que de haberse procedido correctamente el desenlace habría sido otro, pues la ciencia médica no permite tal certidumbre, no se puede desconocer, eso sí, que los llamados en garantía fueron en extremo negligentes, con su compromiso de procurar, acudiendo al estado de la ciencia, proteger la vida de la señora Magnolia Garzón Rodríguez. No puede perderse de vista que según la necropsia, la causa última de la muerte de la paciente fue “insuficiencia suprarrenal aguda”, secundaria a “peritonitis y cuadro de Waterhouse Friderichsen”. Cuadro infeccioso presentado casi de manera concomitante a la intervención cesárea, con fiebre y vómito, que se agravó sin haber recibido en el hospital demandado la atención adecuada, a tal punto que la atención que finalmente se le brindó en la Clínica Materno Infantil de Bogotá resultó inútil por lo avanzado del cuadro infeccioso.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra acreditada la responsabilidad de los llamados en garantía, por culpa grave en la atención que brindaron a la señora Magnolia Garzón Rodríguez, dado que la causa de la muerte de la paciente estuvo relacionada con i) la omisión del médico León Carrero en valorar adecuadamente a la paciente, a pesar de conocer los antecedentes, disponer su egreso, sin perjuicio de la desfavorable evolución; (ii) no prescribir los antibióticos durante el tiempo necesario, a pesar del riesgo de infección inherente a las mismas intervenciones y (iii) omitir la práctica de los exámenes pertinentes para establecer las causas de la “coagulopatía sobreañadida”, las cuales hubieran permitido identificar la leucemia que padecía la paciente, para brindarle así un tratamiento adecuado.

La omisión de la médica Mahecha Mahecha tuvo que ver con el drenaje quirúrgico, a pesar de que ese procedimiento estaba indicado para la infección abdominal y haber retardado la remisión de la señora Magnolia Garzón Rodríguez a un centro médico que contara con unidad de cuidados intensivos donde pudieran atenderla debidamente, en lugar de aguardar el resultado de un tratamiento con antibióticos al que la paciente nunca respondió.

La Sala aclara que aunque las decisiones adoptadas en el proceso penal no tienen carácter vinculante en este proceso, se comparten los razonamientos que en las mismas se hicieron en relación con la conducta de los llamados en garantía, la cual, se insiste, se considera constitutiva de culpa grave.

2.2.5. Condena a los llamados en garantía.

Tal y como se estableció en forma precedente, el acuerdo conciliatorio al que llegaron la parte actora y el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, de 1º de agosto de 2002, no es oponible a los llamados en garantía, en la medida en que no fueron parte del mismo.

No obstante, al margen de dicho acuerdo, lo cierto es que la responsabilidad del Hospital María Inmaculada de Florencia está demostrada y, así mismo, la culpa grave de los llamados en garantía, pues la Sala encuentra que los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha fueron gravemente negligentes, razón por la cual deberán responder con su patrimonio, cada uno en un 40% del valor acordado por la entidad con los demandantes, hasta el monto efectivo de la suma pagada por el hospital accionado, esto, teniendo en cuenta que el demandado convino en la suma única de setenta y cinco millones seiscientos veintiocho mil pesos mcte. ($ 75.628.000).

Lo anterior, significa que cada uno de los llamados responderá por la suma de treinta millones doscientos cincuenta y un mil doscientos pesos mcte. ($ 30.251.200).

Así mismo, la Sala dispondrá que se descuente de la suma que deban reintegrar los llamados en garantía a la entidad pública demandada, el valor de lo que hubieran pagado a los demandantes, en cumplimiento de la sentencia penal proferida por el Tribunal Superior del Caquetá - Sala Penal, el 4 de octubre de 1996.

2.2.6. Medidas de justicia restaurativa(26). 

Aunque en principio no cabe hacer más gravosa la situación del apelante único, conforme al principio de la no reformatio in pejus, dicho límite se fisura frente al deber estatal de reparar en integridad la afectación significativa de un derecho fundamental, con proyección objetiva, caso en el que resulta posible decretar de oficio medidas de justicia restaurativa, restringidas a la garantía de no repetición, dado, además, que las partes conciliaron sus diferencias en materia de reparación, lo que conlleva la integralidad de la misma.

Lo anterior porque en el presente asunto se vulneró gravemente el derecho fundamental a la salud de una mujer gestante, que tenía derecho a ser tratada a acorde con su situación y se hace necesario que lo acontecido no se repita.

Cabe advertir que la jurisprudencia ha señalado que es posible decretar de oficio medidas de justicia restaurativa, al margen de los principios de congruencia y de no reformatio in pejus, posibilidad que en este caso cobra mayor fuerza si se considera que se trata de emitir un llamado de atención respecto de la situación que afrontan las niñas adolescentes y, en general, las mujeres que requieren atención médica apropiada a su estado y condiciones.

La Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la mortalidad materna(27) y, para el efecto, ha traído a colación la publicación que sobre el tema ha realizado la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial “Mortalidad materna: otra cara de la violencia contra las mujeres. Un análisis desde la perspectiva jurídica”, trabajo que incluye la ponencia “La responsabilidad del estado por muerte en el parto”, del cual se destacan las siguientes conclusiones:

Las políticas públicas de salud deben garantizar dos principios basilares a partir de los cuales se disminuirá la producción de daños antijurídicos en materia de mortalidad materna en el parto:

a) Garantizar el acceso efectivo de toda la población al servicio de salud, en términos de alta calidad y servicio.

b) Asumir la práctica obstétrica como una especialidad que reviste particulares características de riesgo y que, por lo tanto, amerita la construcción y destinación de departamentos, unidades y personal médico altamente capacitado.

Es que ante la grave vulneración de los derechos humanos, que compromete a un grupo significativo de la población, no cabe anteponer una conciliación y así mismo soslayar las medidas de no repetición, pues ha de señalar la Sala que el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes de Colombia, a recibir la atención médica que merecen, no admite disposición.

En el caso concreto, la Sala observa que la inexcusable negligencia de la entidad pública demandada y de los profesionales de la medicina que estuvieron a cargo de la atención de la señora Magnolia Garzón Rodríguez, evidencia la persistencia de una actitud de menosprecio a los problemas propios de la sexualidad femenina y la maternidad y, por tanto, de un modelo patriarcal y de discriminación por causa del sexo(28).

La Sala reiterará su jurisprudencia sobre la pertinencia de la aplicación de medidas de reparación integral en los casos en los que se evidencia discriminación de género y, por tanto, ordenará al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan. Así mismo, el demandado deberá disponer, en su página web, un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. Para tal efecto, la entidad demandada, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de información.

Adicionalmente y, teniendo en cuenta que la deficiencia en la atención en gineco-obstetricia ha demostrado ser un problema recurrente, se ordenará al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia diseñar estrategias eficaces tendientes a crear conciencia sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños recién nacidos. Así mismo, se exhortará al municipio de Florencia a diseñar políticas públicas tendientes a la garantía de estos derechos y, así mismo, a apoyar al centro asistencial en el cumplimiento de las órdenes impartidas.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 2 de noviembre de 2001 para, en su lugar, disponer:

1. DECLARAR no fundadas las excepciones propuestas por la entidad pública demandada.

2. DECLARAR estarse a lo resuelto en la providencia de 21 de noviembre de 2002, que aprobó el acuerdo conciliatorio de 1º de agosto de 2002, celebrado entre la parte actora y el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.

3. DECLARAR, con el objeto de hacer efectivo el llamamiento en garantía, administrativa y extracontractualmente responsable al Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la muerte de la señora Magnolia Garzón Rodríguez, en hechos ocurridos entre el 23 al 26 de junio de 1993 y el 29 de junio al 6 de julio de 1993 en Bogotá, dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se dejaron analizadas en los considerandos de este fallo descritos en esta providencia.

4. DECLARAR responsables patrimonialmente a los médicos José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha, llamados en garantía, a título de culpa grave, por los hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales falleció la señora Magnolia Garzón Rodríguez.

5. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a los señores José Vicente León Carrero y Mireya Mahecha Mahecha, a reembolsar a favor del Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, cada uno el 40% del valor pagado por el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, Caquetá, esto es la suma de treinta millones doscientos cincuenta y un mil doscientos pesos mcte. ($ 30.251.200), una vez acreditado el pago por parte de la demandada.

6. DISPONER que se descuente de la suma que deban reintegrar los llamados en garantía al Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, el valor que los mismos hubieren pagado a los demandantes, en cumplimiento de la sentencia penal proferida por el Tribunal Superior del Caquetá - Sala Penal, el 4 de octubre de 1996.

7. ORDENAR al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan. Así mismo, el demandado deberá disponer, en su página web, un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. Para tal efecto, la entidad demandada, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de información.

8. ORDENAR al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia diseñar estrategias eficaces de información, vigilancia y educación que garanticen que todas las mujeres que acceden al servicio de ginecología y obstétrica, así como los recién nacidos, sean atendidos por personal especializado y reciban un trato acorde con su dignidad.

9. EXHORTAR al municipio de Florencia (Caquetá) a adoptar políticas tendientes a crear conciencia en las instituciones de salud a él adscritos, sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños recién nacidos y, así mismo, a apoyar al centro asistencial en el cumplimiento de las órdenes impartidas.

10. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 5 de julio de 1995, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 9.610.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativos subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en $ 11.433.270, que equivalían 1.000 gramos de oro para esa fecha, valor solicitado como indemnización por el daño moral a favor de cada uno de los padres, el compañero e hijo de la fallecida.

(2) Ver sentencia de 13 de agosto de 2008, Exp. 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Exp. 15046, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, sentencia de 13 de mayo de 2009, Exp. 17038, de la misma ponente.

(4) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta oportunidad, la Corte Constitucional declaró inexequible el inciso segundo del artículo 71 del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, cuyo texto disponía que “lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación equivaldrá a condena”.

(5) La norma es del siguiente tenor:

ART. 248.—Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.

(6) M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esta oportunidad, la Corte conoció de la demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “conciliación u otra forma de terminación de un conflicto”, “conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley” y “hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo”, contenidas en los artículos 2º y 8º de la Ley 678 de 2001 y 31 inciso 2º, parcial, de la Ley 446 de 1998, por considerar que desconocen los artículos 4-1, 29 y 90-2 de la Constitución. Previo análisis del asunto, la Corte declaró exequibles las normas acusadas.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-165 de 1993.

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-484 de 2002.

(9) Sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(10) Sentencia C-484 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(11) Diccionario de Medicina, Espasa, Siglo XXI, pág. 1097.

(12) Diccionario de Medicina, Espasa, Siglo XXI, págs. 958-1097.

(13) Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile 2009.

(14) Carbonnier 2000.

(15) Carbonnier 2000.

(16) Bydlinski 1996.

(17) [11] Cfr. Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. La jurisprudencia de la Sección antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 se apoyó en esta doctrina para precisar el alcance de la culpa grave.

(18) [12] Alfonso Reyes Echandía, Culpabilidad, Tercera Edición, Editorial Temis, 1998, pág. 43.

(19) [13] Alessandri R., Arturo; Somarriva U, Manuel; y Vodamic H., Antonio, Tratado de la Obligaciones Volumen II, Segunda Edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, pág. 265.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 5 de diciembre de 2006, Exp. 23953, C.P. Ruth Stella Correa, y de 7 de abril de 2011, Exp. 19.801, C.P. Ruth Stella Correa.

(21) El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

(22) Sección Tercera, sentencia de agosto 25 de 2011, Exp. 20117, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de abril de 2011, Exp. 19.192, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y 22 de julio de 2007, Exp. 16038, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(24) José Luis de los Mozos. El principio de la buena fe. Bosch, Casa Editorial Barcelona. 965 Pág. 57 “Por eso la hemos calificado en contraposición a la buena fue objetiva, de buena fe sublegítimamente. Refiriéndose a la conducta del sujeto, en relación con la propia situación, o con la ajena, de la que se deriva su derecho, según los casos. En el primer supuesto, consiste en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho, lo que se manifiesta en las relaciones no solo de los derechos reales, sino también en las más diversas (...)”.

(25) Sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 23670, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(26) Lo aquí expuesto es reiteración de lo decidido en un asunto similar frente a un procedimiento de extracción de los órganos sexuales femeninos: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2012, M.P. Enrique Gil Botero.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de septiembre de 2011, Exp. 20138, con ponencia de quien proyecta en el presente fallo. En igual sentido, cabe citar las sentencias de 9 de febrero, Exp. 16934; de 27 de abril, Exp. 19761 y de 27 de septiembre del mismo año, Exp. 28860, M.P. Danilo Rojas Betancourth y de 26 de junio de 2012, Exp. 24727, con ponencia de quien elabora la presente providencia.

(28) Sobre discriminación de género, la Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones, entre las que se destacan: sentencias de 10 de agosto de 2011, Exp. 20209; de 29 de agosto de 2012, Exp. 24093; de 28 de febrero de 2013, Exp. 24460 y 26303 con ponencia de quien proyecta el presente fallo.