Sentencia 1995-00655 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz (E)

Radicación: 05001-23-31-000-1995-00655-01 (28.827)

Demandante: María Eustelly Arroyave y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y obras públicas, Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el llamado en garantía, contra la sentencia del 25 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Para adoptar la decisión en el asunto sub examine, será necesario analizar, de forma previa, la excepción de transacción en relación con el menor Santiago Andrés Betancur Arroyave, a fin de determinar si el documento firmado por sus curadores legales —María Eustelly de los Dolores Arroyave Cataño y Ramón de Jesús Arroyave Cataño— y SAM, constituye cosa juzgada para el presente caso.

1. De la transacción

A folios 274 y siguientes del cuaderno 1, obra el contrato de transacción suscrito por el representante legal de SAM, por una parte; y por los señores María Eustelly de los Dolores Arroyave Cataño y Ramón de Jesús Arroyave Cataño, quienes actuaron como curadores legales, principal y suplente, del menor Santiago Andrés Betancur Arroyave. En este punto, el contrato señala expresamente lo siguiente:

“Entre los suscritos a saber: JAIME ANTONIO BAENA PALACIOS, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 3.228.325 de Usaquén, quien en su calidad de representante legal, obra en nombre y representación de SOCIEDAD AERONÁUTICA DE MEDELLÍN CONSOLIDADA S.A., que en este documento en adelante se denominará ‘SAM’, por una parte y por la otra: MARÍA EUSTELLY DE LOS DOLORES ARROYAVE CATAÑO y RAMÓN DE JESÚS ARROYAVE CATAÑO, mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanías números 32.411.394 y 8.247.448, respectivamente, quienes obran en su propio nombre y en calidad de hermanos de la fallecida DORA ALBA DEL SOCORRO ARROYAVE CATAÑO, y en nombre y representación, y en calidad de curadores legales, principal y suplente de SANTIAGO ANDRÉS BETANCUR ARROYAVE, menor de edad, hijo de los fallecidos BERNARDO DE JESÚS BETANCUR BETANCUR con cédula de ciudadanía número 8.455.150 y de DORA ALBA DEL SOCORRO ARROYAVE CATAÑO, con cédula de ciudadanía número 32.480.568…” (Mayúsculas en original) (Fl. 274 cuad. 1)

En ese orden, en un aparte de la cláusula tercera se dejó estipulado lo siguiente:

“LOS RECLAMANTES declaran ser causahabientes de la persona fallecida y titulares del derecho a recibir la indemnización de los perjuicios causados por la muerte de su hermana, madre e hija, de conformidad con las normas pertinentes de la República de Colombia. Por consiguiente, LOS RECLAMANTES dejan expresa constancia de que si en cualquier fecha en el futuro llegaren a surgir uno o más solicitantes o demandantes con iguales o mejores derechos, se comprometen a reembolsar a ‘SAM’ cualquier suma que ésta se viere obligada a pagar a dichos solicitantes o demandantes a título de indemnización por todos los perjuicios y pérdidas, ya sean pecuniarios o no pecuniarios, que se originen o deriven de la muerte de DORA ALBA DEL SOCORRO ARROYAVE CATAÑO, ocurrida en el accidente mencionado en la Cláusula Primera de este documento, devolución que se hará hasta por la cuantía de la presente transacción.” (Mayúscula en original) (Fl. 274 vto. cuad. 1).

Asimismo, sobre el objeto de la transacción, el contrato expresa, en sus cláusulas cuarta y sexta, lo siguiente:

“Sin que el presente convenio implique aceptación de responsabilidad por parte de ‘SAM´, esta sociedad pagará a LOS RECLAMANTES y éstos aceptan la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($139’000.000.oo), como indemnización de todos los daños y perjuicios sufridos por el pasajero DORA ALBA DEL SOCORRO ARROYAVE CATAÑO y por LOS RECLAMANTES por la muerte de este pasajero. En consecuencia, esta indemnización comprende los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, personales y hereditarios, contractuales y extracontractuales, pasados, presentes y futuros, y en general cualquier daño o perjuicio moral o material que se derive de la muerte del pasajero.(…) En virtud de la indemnización aquí pagada, cuyo recibido declaran los RECLAMANTES, éstos afirman haber sido completamente indemnizados por todos los perjuicios sufridos con motivo de la muerte del pasajero DORA ALBA DEL SOCORRO ARROYAVE CATAÑO. En consecuencia, renuncian a toda acción indemnizatoria contra ‘SAM’, quedando en tal virtud, liberados de toda responsabilidad frente a LOS RECLAMANTES, no solamente ‘SAM’, sino también la tripulación de la aeronave accidentada y cualquier transportador contractual que hubiere celebrado contrato de transporte con el pasajero fallecido.” (Mayúsculas en original) (Fol. 275 cuad. 1).

En el aparte de los derechos a los que renuncian los reclamantes, específicamente se acordó lo siguiente:

“…LOS RECLAMANTES renuncian a cualquier acción indemnizatoria, bien sea en territorio colombiano o en territorio de otro estado, contra las siguientes entidades: ‘SAM’, BOEING CORPORATION, UNITED TECHNOLOGIES PRATT AND WHITNEY CORP., INTERNATIONAL AIRCRAFT PARTS, NORHT AMERICAN AIR SERVICES COMPANY, INC., LATIN AMERCIAN AIR SERVICES, AVIANCA S.A., SUS ASEGURADORES, MATRICES, AFILIADAS, SUS ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES, AGENTES, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS, que en este documento se denominará, conjunta o separadamente “LAS ENTIDADES”, las cuales quedan a paz y salvo con LOS RECLAMANTES por todo concepto de naturaleza civil, comercial, penal, de responsabilidad contractual y extracontractual, o cualquier otro concepto derivado de la muerte de DORA ALBA DEL SOCORRO ARROYAVE CATAÑO y LOS RECLAMANTES renuncian aquí al ejercicio de toda acción o a la presentación de cualquier reclamación contra LAS ENTIDADES que pudiera originarse en los mismos hechos. En consecuencia, declaran que renuncian: (I) Al ejercicio, contra ‘LAS ENTIDADES’ o cualquiera de ellas, de todas o cualesquiera acciones a que tengan derecho, sea cual fuere la naturaleza de las mismas, que se originen en o se deriven de la muerte de DORA ALBA DEL SOCORRO ARROYAVE CATAÑO, ocurrida en el accidente mencionado en la cláusula primera de este documento. (II) A todos y cualesquiera derechos consagrados a su favor y contra ‘LAS ENTIDADES’, o cualquiera de ellas, sea cual fuere la naturaleza de los mismos, que se originen en o se deriven de la muerte antes citada. (III) A todas y cualesquiera pretensiones contra ‘LAS ENTIDADES’, o cualquiera de ellas, sea cual fuere la naturaleza de tales pretensiones, que se originen en o se deriven de la muerte antes citada. (IV) A la facultad de iniciar, promover, impulsar o continuar, contra ‘LAS ENTIDADES’, o cualquiera de ellas, cualquier clase de procesos, juicios, pleitos, demandas, reclamaciones, sea cual fuere la naturaleza y finalidad de los mismos en relación con la muerte antes citada.” (Mayúsculas en original) (Fl. 275 vto. Cuad. 1)

Como se observa, es claro que los demandantes suscribieron un contrato de transacción con la empresa transportadora, en el que acordaron el pago de los perjuicios causados con ocasión de la muerte de su hija, hermana y madre en el accidente aéreo. Y como contraprestación, se pactó la renuncia a todas las reclamaciones o acciones que pretendieran la indemnización del daño producido por ese hecho, por demás, característica esencial de ese tipo de contrato.

En efecto, el contrato de transacción es una forma de evitar un litigio o de acabar con uno que ya ha empezado, de conformidad con el artículo 2469 del Código Civil. En ese sentido, implica un acto de disposición, porque en ella cada una de las partes cede una porción del derecho que cree tener(1).

Sobre los efectos de la transacción, el artículo 2483 del Código Civil establece que ésta produce el de cosa juzgada en última instancia, aspecto apenas lógico si se tiene en cuenta que la finalidad esencial de esta forma contractual es la terminación o anticipación del proceso judicial.

Asimismo, el artículo 2484 de la codificación civil contempla los efectos relativos de la transacción, en estos términos:

“La transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros; salvo, empero, los efectos de la novación en el caso de solidaridad”.

La norma precitada positiviza, para el caso de la transacción, el principio de relatividad de los contratos, según el cual, el contrato sólo debe producir efectos entre las personas contratantes, y por ende, por regla general, son inoponibles a terceros las obligaciones contractuales, pues los efectos de éstas se agotan en las partes. En ese orden de ideas, ha sido lugar común, en la doctrina de los contratos, admitir que un contratante no puede vincular a un extraño a la ley contractual, salvo eventos excepcionales como la estipulación a favor de otro y la convención colectiva de trabajo.

Teniendo en consideración lo anterior, procede la Sala a considerar si el contrato de transacción entre SAM y los demandantes: (i) constituye cosa juzgada en el caso sub examine, si (ii) sus efectos comprenden al hijo menor de edad, quien actuó representado por sus curadores legales, y (iii) si la Aeronáutica Civil puede beneficiarse del acuerdo celebrado entre las partes.

Frente al primer interrogante, la Sala habrá de responder negativamente. Como quedó expuesto, los efectos de la transacción, en principio, sólo comprenden a las partes contratantes. A pesar de que la norma, en los eventos en los que el negocio interese a muchos, consagra una excepción a la imposibilidad de que los demás se aprovechen o se vean perjudicados por el acuerdo celebrado por uno de ellos, en este caso no se presenta el fenómeno de la solidaridad entre SAM y la Aeronáutica Civil, pues la responsabilidad de la autoridad aeronáutica no es objetiva como la de la empresa, y sólo surge, con la declaratoria judicial respectiva por haber existido falla en el servicio. En otras palabras, al momento de la celebración de la transacción, la Aeronáutica Civil no era deudor solidario de los perjuicios irrogados a los reclamantes, puesto que no había sido declarada su responsabilidad en el accidente aéreo, declaratoria que se realiza, en principio, a través del título de imputación de falla del servicio. Adicionalmente, no se podría hablar de cosa juzgada en este caso, comoquiera que, según el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, son requisitos de la cosa juzgada la identidad de objeto y causa, y la identidad jurídica de partes, requisito éste del que carece la transacción del caso sub judice, toda vez que la demandada principal, Aeronáutica Civil, no fue parte del contrato de transacción.

En ese orden, se itera, el acuerdo de transacción celebrado entre SAM y los demandantes no constituye cosa juzgada en este caso; no obstante, ante una eventual declaratoria de falla del servicio de la autoridad aeronáutica, no sería posible reconocer indemnización de perjuicios a favor de quienes suscribieron el contrato, ya que su daño ha sido plenamente indemnizado, y la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento, efecto que se presentaría si la Aeronáutica Civil tuviera que pagar perjuicios a favor de ellos.

Ahora bien, abordando el segundo interrogante, esto es, la posibilidad de que los efectos del contrato de transacción le sean extensivos a Santiago Andrés Betancur Arroyave, la Sala responde positivamente. Respecto a este tópico, el a quo consideró que los efectos del contrato no podían hacerse extensivos a la menor, toda vez que era necesaria una autorización judicial previa, en aras del respeto y garantía del derecho superior de los menores sobre el resto de la sociedad.

No obstante, en el proceso obra la decisión judicial adoptada por el Juzgado Noveno de Familia de Medellín, el 16 de septiembre de 1993, en la que se decretó la curaduría legítima del menor Santiago Andrés Betancur Arroyave y se nombró a la señora María Eustelly de los Dolores Arroyave Cataño en calidad de principal, y como curador sustituto al señor Ramón de Jesús Arroyave Cataño (Fl. 8 cuad. 1).

Así las cosas, para el momento de la celebración de la transacción, el menor Santiago Andrés Betancur Arroyave se encontraba debidamente representado, toda vez que sus curadores legítimos obraron en su nombre y representación, de acuerdo a la autorización judicial correspondiente y conforme lo establecen los artículos 428 y siguientes del Código Civil.

Es claro entonces, que dentro de las facultades de los curadores se encuentra la representación judicial y extrajudicial del menor, y salvo las prohibiciones legales, quien ejerza esas facultades tiene la capacidad para velar por los intereses de éste, como ocurrió en el sub judice, pues los señores María Eustelly de los Dolores Arroyave Cataño y Ramón de Jesús Arroyave Cataño en uso de esas facultades transigieron en su propio nombre y en el de su pupilo, los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte de su hermana y madre. Y es que el contrato de transacción representa la solución anticipada de un proceso judicial, sin duda alguna, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como lo es el arbitramento o la conciliación.

Así las cosas, frente al segundo interrogante planteado, la Sala concluye que los efectos de la transacción son extensibles, con plena validez jurídica, al menor Santiago Andrés Betancur Arroyave.

Finalmente, la respuesta al tercer interrogante es positiva, pues independientemente de quien haya realizado el pago, lo importante es la verificación del objeto transado, y en este caso, es evidente, con un simple cotejo de las pretensiones de la demanda y el objeto del contrato de transacción, que los perjuicios solicitados ya fueron indemnizados.

En conclusión, al margen de que el contrato de transacción no constituye cosa juzgada en el caso sub examine, su existencia y plena validez no le permite al juez de la reparación directa realizar un juicio de responsabilidad sobre la demandada, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en razón a que los perjuicios que se le reclaman ya fueron indemnizados por SAM. En ese orden de ideas, el efecto que genera el contrato de transacción frente a este proceso es la ausencia de un objeto indemnizable, pues, se itera, la causa de la reparación es la misma. A igual conclusión se arribó en un caso con las mismas características:

“En resumen, el contrato de transacción suscrito entre SAM y dos de los demandantes, no constituye cosa juzgada para el caso, porque no hay identidad de partes; en consecuencia, el convenio no se puede hacer extensivo a la Aeronáutica Civil, sin embargo, de ser demostrada su responsabilidad, quedaría absuelta de pagar a los firmantes, en atención a que en su caso particular, el daño ya ha sido indemnizado; y finalmente, los hermanos de la víctima, en atención a que no fueron parte de la transacción, no quedaron indemnizados en virtud del acuerdo, y por tal razón, el análisis de la falla del servicio se hará en función de sus perjuicios, pues, se reitera, en relación con los padres no hay objeto a indemnizar.”(2)

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 25 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se decide:

PRIMERO: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. Sin costas.

En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Al respecto, el procesalista Hernando Devis Echandía considera: “Como todo contrato, solo puede celebrarlo la persona que sea capaz y que además pueda disponer de los objetos comprendidos en la transacción. El mandatario o apoderado extrajudicial no puede transigir sin autorización especial en la cual se especifiquen los bienes, derechos y acciones sobre los cuales se quiera transigir (C.C., arts. 2470 y 2471). Pero es suficiente que en el poder para el proceso se faculte para transigir. Naturalmente, no se puede transigir cuando se trata de derechos irrenunciables o no enajenables, como los de estado civil (C.C., arts. 2473, 2474 y 2477), pero sí sobre los beneficios económicos que de ellos se deduzcan.”

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de noviembre de 2012, expediente 25.179, C.P. Enrique Gil Botero. En igual sentido, sentencia del 21 de noviembre de 2013, expediente 27.046, C.P. Enrique Gil Botero.