Sentencia 1995-00669 de septiembre 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Expediente: 05001-23-25-000-1995-00669-01 (22.082) acumulado

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Referencia: acción de reparación directa

Actor: Gloria Amparo Montoya Diez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Obras Públicas y Transporte - Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir los recursos de apelación oportunamente interpuestos por la parte actora y por la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A., contra la sentencia proferida el 29 de marzo de 2001 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 9’610.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 11’082.070(2), solicitada por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

De otro lado, es menester anotar que el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala que la apelación se entenderá interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que, en razón de la reforma, fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”; de esta manera, la Sala desatará únicamente los puntos de la litis en que se sustentan los recursos de alzada que fueron presentados y admitidos.

El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, vigente para el momento de la interposición de los recursos de apelación, disponía lo siguiente:

“ART. 212.—En el Consejo de Estado el recurso de apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento:

“Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por el término de tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el recurso no se sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del mismo.

“Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes”.

El recurrente del proceso 1995-00279 presentó su escrito de apelación con el fin de dejar “interpuesto y sustentado brevemente el recurso”(3); así, el traslado a que alude la norma mencionada no resultaba necesario respecto de este apelante; sin embargo, del escrito de alzada presentado por los demandantes del proceso 1995-00646 no se puede advertir su voluntad de dar por sustentado el recurso, máxime que en él no se esbozan mayores argumentos que lo sustenten; lo mismo sucede respecto del recurso interpuesto por SAM S.A., ya que en su memorial manifestó estar presentando la apelación, “sin perjuicio de la sustentación del recurso en el término respectivo ante el Honorable Consejo de Estado”.

Una vez concedidos los recursos por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante el auto del 17 de septiembre de 2001, esta corporación obvió el traslado a que se refiere el mencionado artículo 212 del Código Contencioso Administrativo y, en su lugar, ordenó su admisión mediante auto del 14 de marzo del 2002; así las cosas, los demandantes del proceso 1995-00646 y la Sociedad Aeronáutica de Medellín SAM S.A. no tuvieron la oportunidad procesal de sustentar sus recursos.

Sin embargo, si bien es cierto que se trata de una alteración procesal en el trámite del presente asunto, también el cierto que el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala las causales de nulidad, indica que “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”; por consiguiente, teniendo en cuenta que ninguna de las partes que se podrían ver afectadas por tal irregularidad se pronunció al respecto, ni solicitó la reposición del auto que admitió los recursos, la Sala entiende que las mismas convalidaron la omisión, de manera que tal situación fue saneada, pues no se trata, además, de ninguna de las causales insaneables de nulidad de que trata el inciso final del artículo 144 ibídem.

El caso concreto

Teniendo en cuenta los puntos de discusión expuestos en cada uno de los recursos de apelación, la Sala abordará su análisis en el siguiente orden: i) responsabilidad de la Nación - Ministerio de Transporte ii) responsabilidad de la llamada en garantía, Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A. iii) los contratos de transacción suscritos por SAM S.A. y algunos familiares de las víctimas y iv) la indemnización de perjuicios.

1. Responsabilidad de Ministerio de Transporte.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio del Transporte, por estimar que el control, vigilancia y administración del uso del espacio aéreo y el mantenimiento de la infraestructura de aeronavegación le corresponde a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil y no al citado ministerio.

La Sala comparte la decisión anterior, pues, según el Decreto 2171 de 1992(4), aplicable para la época de los hechos, lo que le correspondía al Ministerio del Transporte era la coordinación y articulación general de las políticas de los organismos y dependencias que integraban el sector transporte, conforme a las orientaciones del Gobierno Nacional; así, los artículos 5º (nums. 1º y 2º) y 6º (nums. 11 y 12) del Decreto 2171 de 1992 establecieron que el Ministerio de Transporte es un organismo meramente normativo, encargado de definir las políticas generales en materia de transporte y su infraestructura, en los siguientes términos:

“ART. 5º—(Derogado por el D. 101/2000, art. 49). Objetivos del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte es el organismo rector del sector transporte y tiene los siguientes objetivos:

“1. Definir, orientar y vigilar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, transporte y su infraestructura.

“2. Formular, coordinar, articular y vigilar la ejecución de las políticas de planeación de los organismos que integran el sector transporte.

“ART. 6º—(Derogado por el D. 101/2000, art. 49). Funciones del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tendrá las siguientes funciones generales:

“(...).

“11. Preparar los planes y programas de construcción y conservación de la infraestructura de todos los modos de transporte, de conformidad con la ley.

“12. Preparar los planes y programas de financiamiento e inversión para la construcción, conservación y atención de emergencias de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación”.

La misma disposición normativa, en sus artículos 69 y 70, señaló la competencia y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, así:

“ART. 69.—Jurisdicción, competencia, objetivo.Compete a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio aéreo colombiano por la aviación civil y las relaciones de esta con la aviación de Estado, formulando y desarrollando estrategias, políticas, normas y procedimientos sobre la materia, de conformidad con las políticas y lineamientos generales que fije el Ministerio de Transporte.

“Le corresponde también la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar la infraestructura requerida para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, le corresponde administrar directa o indirectamente los inmuebles de los aeropuertos de su propiedad o los de propiedad de la Nación, para lo cual podrá celebrar los respectivos contratos de administración.

“Igualmente, autorizará y vigilará la construcción de aeródromos, actividad esta que continuarán desarrollando las entidades territoriales, las asociaciones de estas o el sector privado.

“Con ello buscará garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, la utilización segura y adecuada del espacio aéreo y contribuir al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional”.

“ART. 70.—Funciones.Para el cumplimiento de su objetivo, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tendrá las siguientes funciones:

“1. Organizar, coordinar, regular, controlar y asistir la navegación aérea en todo el espacio aéreo nacional y ejercer soberanía sobre el mismo.

“2. En lo de su competencia, prestar los servicios necesarios para garantizar la operación segura y eficaz del transporte aéreo. Para tal efecto, se dará aplicación a los sistemas de contraprestación respectivos.

“3. Desarrollar, interpretar y aplicar en todos sus aspectos las normas sobre aviación civil y transporte aéreo y ejercer vigilancia sobre su cumplimiento.

“(...).

“5. Efectuar los estudios y ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, administrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica que sea de su competencia, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo anterior.

“(...).

7. Velar por el desarrollo ordenado y seguro de la infraestructura aeronáutica. En ejercicio de dicha función le corresponde autorizar toda obra o actividad vinculada con este aspecto y tomar todas las medidas que estime necesarias para impedir o evitar acciones que tiendan a generar situaciones de riesgo en la operación aérea. En virtud de lo anterior, podrá obligar la suspensión de cualquier obra no autorizada o que estándolo se aparte de los términos autorizados por la entidad.

“(...).

“14. Celebrar contratos con los usuarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o con las entidades que tengan relación con esta, para la compra o venta de servicios.

“15. Proveer los recursos requeridos para la realización de los estudios y de las obras necesarias para conformar la infraestructura aeronáutica de su competencia, para su adquisición, adecuación, mantenimiento o conservación y vigilancia, y celebrar los contratos que se requieran para tales efectos”.

Así, teniendo en cuenta que tanto la regulación, administración, vigilancia y control del uso del espacio aéreo colombiano como la ejecución de las actividades necesarias para conformar, mantener, administrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica del país, entre otras funciones, le corresponden a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y no al Ministerio de Transporte, resulta ajustada a derecho la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de este último.

2. Responsabilidad de la llamada en garantía, Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A.

Los requisitos y el trámite aplicables al llamamiento en garantía no están regulados en el Código Contencioso Administrativo; por lo tanto, por la remisión de que trata el inciso tercero del artículo 146 de esa codificación, debe acudirse a las reglas que sobre la materia prevé el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 57, el cual dispone:

“ART. 57.—Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir de un tercero la indemnización de un perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a los dos artículos anteriores”.

De conformidad con lo anterior, esta forma de vinculación procesal es una figura que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual que relaciona al llamante con el llamado y le permite a aquel traer este al proceso como tercero, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir como producto de una sentencia.

Se trata, entonces, de una relación de carácter sustancial, esto es, de una relación de garantía previa entre el demandado y el llamado en garantía, que emerge de un contrato o de una disposición legal y en virtud de la cual aquel está facultado para exigirle a este el pago de una indemnización o el reembolso de una condena impuesta, y que le permite, por lo tanto, hacer comparecer a este último al proceso que se adelanta en contra del primero, con el fin de que, en el mismo, se juzgue la pertinencia de la reclamación de este frente al llamado en garantía.

Al respecto, esta corporación ha sostenido:

“(...) con arreglo al artículo 57 del Código de Procedimiento Civil la figura procesal de llamamiento en garantía, como su nombre lo indica, supone la titularidad en el llamante de un derecho legal o contractual por virtud del cual pueda, quien resulte condenado al pago de suma de dinero, exigir de un tercero, la efectividad de la garantía o el reembolso del pago que tuviere que hacer el demandado, como consecuencia de la sentencia de condena. En otras palabras, el derecho sustancial por virtud del cual se le permite a la parte demandada que se vincule al proceso a un tercero, para que, en caso de sobrevenir sentencia de condena, se haga efectiva la garantía y por lo mismo el tercero asuma sus obligaciones frente al llamante o reembolse el pago a que aquel resultare obligado. Así las cosas, el llamamiento supone la existencia de una relación jurídico sustancial diferente a la que es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda aunque entre ambas exista una dependencia necesaria, pues claro resulta que solamente cuando se produzca una sentencia de condena, habrá lugar a estudiar si el llamado debe asumir en virtud de la existencia de la garantía, dichas obligaciones objeto de la condena. Es presupuesto indispensable para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones objeto de la garantía por virtud de la cual se produjo el llamamiento del tercero garante, el que el llamante resulte condenado al pago de la obligación indemnizatoria originada en el daño antijurídico causado”(5).

En el caso concreto, las entidades demandadas, es decir, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte llamaron en garantía a la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM. S.A., propietaria y explotadora de la aeronave HK-2422X que resultó accidentada mientras cumplía con el vuelo 501, en la ruta Panamá-Rionegro, para que asumiera las posibles contingencias económicas derivadas de una condena en su contra; no obstante, dicho llamamiento estuvo fundado en consideraciones que hicieron las demandadas respecto de la responsabilidad de la llamada en garantía en el siniestro, esto es, sin apoyo en un vínculo legal o contractual con la entidad llamada que la obligara a responder por las contingencias que resultaran de la sentencia, o que la forzara a reembolsar las sumas de dinero a las que aquellas fueran condenadas a pagar en favor de los demandantes, a título de indemnización.

Entonces, si bien las entidades demandadas formularon llamamiento en garantía respecto de la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A., lo cierto es que dicha vinculación requiere de una prueba sumaria que acredite la relación contractual o legal existente entre ambas partes y que permita extender los efectos de la posible sentencia judicial de condena al tercero llamado, con el fin de causarle una posible afectación patrimonial. Como en el presente asunto no se demostró la existencia de la relación a la que se ha hecho referencia, no procede el llamamiento formulado respecto de SAM S.A.; por lo tanto, no recae responsabilidad alguna en cabeza de esta sociedad en el presente asunto.

Sobre el particular, esta corporación ya se ha pronunciado en los siguientes términos (se transcribe tal como está en el texto, incluso con errores):

“19. De conformidad con lo expuesto, resulta evidente la improcedencia del llamamiento en garantía formulado en contra de SAM S.A. toda vez que no existe entre esta sociedad y el Unidad Especial de Aeronáutica Civil ningún vínculo legal o contractual en virtud del cual esta pueda exigir a aquella el reembolso de las sumas de dinero que fue condenada a cancelar a los demandantes a título de indemnización.

“20. Se reitera que en materia de responsabilidad estatal cuando exista llamamiento en garantía deben diferenciarse dos relaciones jurídicas y juicios de responsabilidad patrimonial: una, la relación en la cual se controvierte y se persigue la responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico ocasionado por la acción u omisión de las autoridades públicas y cuyas partes son la entidad pública en calidad de demandada y la víctima en calidad de demandante, y la otra, la que existe entre el llamante y la persona natural o jurídica llamada en garantía, en la que se debe definir la existencia de la relación sustancial que haga procedente el reintegro del valor de la indemnización que la demandada llegue a cancelar a la víctima del daño en razón de la condena(6).

“(...).

“22. En la medida en que los demandantes en este caso, teniendo la posibilidad de dirigir su demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y contra la empresa SAM S.A. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil(7), optaron por demandar a aquella y no a la empresa transportadora, el Tribunal no podía aceptar el llamamiento en garantía formulado por las entidades demandadas porque, de una parte, la solidaridad no sirve de fundamento al llamamiento en garantía y, de la otra, la titularidad de la pretensión indemnizatoria está radicada en la víctima, de manera que el ‛coautor’ demandado no está facultado para vincular a los terceros no demandados por la vía del llamamiento(8).

“23. Para tramitar el litigio propuesto por los demandantes y proferir un fallo de fondo a las pretensiones de la demanda, el tribunal ni siquiera estaba legalmente compelido a solicitar la comparecencia de SAM S.A. al proceso pues la empresa transportadora tenía, frente a la entidad demandada, la calidad de litis consorte facultativo, no necesario.

“(...).

“27. Así las cosas, se concluye que el tribunal a quo se equivocó al vincular al proceso, como llamada en garantía, a la sociedad SAM S.A., y que, como consecuencia de ello, se pronunció sobre un aspecto que no fue planteado en la demanda y que tampoco podía tenerse como fundamento del llamamiento, a saber: la responsabilidad solidaria de la empresa transportadora en el accidente aéreo que cobró la vida del señor Bernardo de Jesús Betancur. Por esta razón, se revocará la decisión proferida por el a quo respecto de la responsabilidad de SAM S.A. por el daño padecido por los demandantes, sin necesidad de efectuar un análisis de los argumentos que ella misma planteó en el recurso de apelación”(9).

Sobre lo anterior, en otro pronunciamiento de esta corporación se aclaró lo siguiente:

“Sin embargo, la Sala no niega la posibilidad de que exista solidaridad entre la autoridad aeronáutica y la empresa de transporte, pues verificada la falla del servicio y en aplicación de la norma comercial o demostrada una falla del operador de la nave, pueden ser condenados solidariamente, siempre y cuando hubieren sido demandados principales, porque la relación de exigibilidad, en cuanto a la indemnización del perjuicio sufrido por el pasajero o sus familiares, se da, de un lado, entre el transportador y el usuario; y de otro, entre la autoridad aeronáutica y el usuario. Y son relaciones y responsabilidades diferentes, ya que como se ha visto, la primera surge en una relación contractual y por estipulación legal es objetiva, y la segunda solo opera ante la existencia de una falla en el servicio de la administración.

“En este caso, comoquiera que la demanda fue dirigida exclusivamente contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil será condenada por la falla del servicio a ella imputable. El llamamiento en garantía no prosperará, habida consideración de que no existe un vínculo legal entre llamante y llamado, que le permita al primero repetir en contra del segundo. Aunque se deja claro, que de haber sido demandados principales, la condena solidaria hubiera sido procedente, no solo en virtud del artículo 1880 ibídem, sino también en razón de un actuar negligente de la tripulación, hecho que no es del caso analizar en el sub judice (sic) porque SAM no fue demandado”(10).

3. Contrato de transacción de SAM S.A. con el padre y los hijos de María de la Luz Monsalve (proceso 1995-00646).

La definición contenida en el artículo 2469(11) del Código Civil le otorga a la transacción el carácter de negocio jurídico extrajudicial, es decir, de acto dispositivo de intereses con efectos jurídicos sustanciales y, de existir un conflicto pendiente entre las partes que lo celebran, con efectos procesales de terminación del respectivo litigio; en efecto, en virtud de la transacción, como negocio jurídico, las partes (que no hayan sometido sus diferencias a los jueces o que estén pendientes de decisión judicial) pueden precaver el litigio o terminarlo, siempre y cuando se observen concesiones recíprocas por ambas partes(12).

Dicho lo anterior, la Sala observa que, a folios 520 a 522 del cuaderno 1 del Expediente 0646, obra en original el contrato de transacción suscrito entre la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A., por una parte y, por la otra, el señor Darío de Jesús Giraldo Ramírez, quien allí actuó en nombre propio y en representación de sus hijos menores Andrés Giraldo Monsalve y Manuel Giraldo Monsalve, en calidad de reclamantes, en el cual convinieron, entre otras, las siguientes cláusulas:

“Tercera: mediante la presentación de los registros civiles de nacimiento y matrimonio, los reclamantes han demostrado ser causahabientes de la persona fallecida y titulares del derecho a recibir la indemnización de los perjuicios causados por la muerte de su esposa y madre, respectivamente, de conformidad con las normas pertinentes de la República de Colombia. Por consiguiente, los reclamantes dejan expresa constancia de que si en cualquier fecha en el futuro llegaren a surgir uno o más solicitantes o demandantes con iguales o mejores derechos, excepto Hernán Monsalve Ortiz y Juan Pablo Giraldo Monsalve, padre e hijo de la pasajera fallecida, se comprometen a reembolsar a ‘SAM’ cualquier suma que esta se viere obligada a pagar a dichos solicitantes o demandantes a título de indemnización por todos los perjuicios y pérdidas, ya sean pecuniarios o no pecuniarios, que se originen o deriven de la muerte de María de la Luz Monsalve Herrera, ocurrida en el accidente mencionado en la Cláusula Primera de este documento, devolución que se hará hasta por la cuantía de la presente transacción. Cuarta: sin que el presente convenio implique aceptación de responsabilidad por parte de ‘SAM’, esta sociedad pagará a los reclamantes y estos aceptan la suma de cincuenta y tres millones trescientos treinta y tres mil pesos m/cte. ($ 53’333.000.oo), como indemnización de todos los daños y perjuicios sufridos por la pasajera María de la Luz Monsalve Herrera y por los reclamantes por la muerte de esta pasajera. En consecuencia, esta indemnización comprende los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, personales y hereditarios, contractuales y extracontractuales, pasados, presentes y futuros, y en general cualquier daño o perjuicio moral o material que se derive de la muerte de la pasajera (...). En virtud de la indemnización aquí pagada, cuyo recibo declaran los reclamantes, estos afirman haber sido completamente indemnizados por todos los perjuicios sufridos con motivo de la muerte de la pasajera María de la Luz Monsalve Herrera. En consecuencia, renuncian a toda acción indemnizatoria contra ‘SAM’, quedando en tal virtud, liberados de toda responsabilidad frente a los reclamantes, no solamente ‘SAM’, sino también la tripulación de la aeronave accidentada y cualquier transportador contractual que hubiere celebrado contrato de transporte con la pasajera fallecida” (se resalta).

Igualmente, a folios 524 a 526 del mismo cuaderno, obra en original el contrato de transacción suscrito entre la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A., por una parte, y los señores Hernán Monsalve Ortiz y Juan Pablo Giraldo Monsalve, por la otra, en calidad de reclamantes, en la que acordaron, entre otras, las siguientes cláusulas:

“Tercera: mediante la presentación de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, los reclamantes han demostrado ser causahabientes de la persona fallecida y titulares del derecho a recibir la indemnización de los perjuicios causados por la muerte de su hija y madre, respectivamente, de conformidad con las normas pertinentes de la República de Colombia. Por consiguiente, los reclamantes dejan expresa constancia de que si en cualquier fecha en el futuro llegaren a surgir uno o más solicitantes o demandantes con iguales o mejores derechos, excepto Manuel José y Andrés Giraldo Monsalve, hijos menores de la pasajera fallecida, se comprometen a reembolsar a ‘SAM’ cualquier suma que esta se viere obligada a pagar a dichos solicitantes o demandantes a título de indemnización por todos los perjuicios y pérdidas, ya sean pecuniarios o no pecuniarios, que se originen o deriven de la muerte de María de la Luz Monsalve Herrera, ocurrida en el accidente mencionado en la cláusula primera de este documento, devolución que se hará hasta por la cuantía de la presente transacción. Cuarta: sin que el presente convenio implique aceptación de responsabilidad por parte de ‘SAM’, esta sociedad pagará a los reclamantes y estos aceptan la suma de veintiséis millones seiscientos sesenta y siete mil pesos m/cte. ($ 26’667.000.oo), como indemnización de todos los daños y perjuicios sufridos por la pasajera María de la Luz Monsalve Herrera y por los reclamantes por la muerte de esta pasajera. En consecuencia, esta indemnización comprende los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, personales y hereditarios, contractuales y extracontractuales, pasados, presentes y futuros, y en general cualquier daño o perjuicio moral o material que se derive de la muerte de la pasajera (...). En virtud de la indemnización aquí pagada, cuyo recibo declaran los reclamantes, estosafirman haber sido completamente indemnizados por todos los perjuicios sufridos con motivo de la muerte de la pasajera María de la Luz Monsalve Herrera. En consecuencia, renuncian a toda acción indemnizatoria contra ‘SAM’, quedando en tal virtud, liberados de toda responsabilidad frente a los reclamantes, no solamente ‘SAM’, sino también la tripulación de la aeronave accidentada y cualquier transportador contractual que hubiere celebrado contrato de transporte con la pasajera fallecida” (se resalta).

Se evidencia, entonces, que los señores Hernán Monsalve Ortiz, Juan Pablo Giraldo Monsalve, Andrés Giraldo Monsalve y Manuel Giraldo Monsalve, demandantes en este proceso, suscribieron un contrato de transacción con la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A., en el que, previo pago de una suma de dinero por parte de SAM S.A., recibida —según reza en los respectivos contratos de transacción, a diferencia de lo que se afirma en el recurso que acá se resuelve— como indemnización de los perjuicios causados con la muerte de su hija y madre, señora María de la Luz Monsalve Herrera, estos, como reclamantes, renunciaron a toda acción dirigida a buscar una indemnización del daño producido por ese mismo hecho, tal como lo establece el artículo 2469 del Código Civil; por lo tanto, reconocer una indemnización a su favor degeneraría en un medio de enriquecimiento injustificado.

Ya lo ha dicho la Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos en los que ha resuelto la misma situación, así:

“Como quedó expuesto, los efectos de la transacción, en principio, solo comprenden a las partes contratantes. A pesar de que la norma, en los eventos en los que el negocio interese a muchos, consagra una excepción a la imposibilidad de que los demás se aprovechen o se vean perjudicados por el acuerdo celebrado por uno de ellos, en este caso no se presenta el fenómeno de la solidaridad entre SAM y la Aeronáutica Civil, pues, como se observará más adelante, la responsabilidad de la autoridad aeronáutica no es objetiva como la de la empresa, y solo surge, con la declaratoria judicial de responsabilidad por haber existido falla en el servicio. En otras palabras, al momento de la celebración de la transacción, la Aeronáutica Civil no era deudor solidario de los perjuicios irrogados a los reclamantes, puesto que no había sido declarada su responsabilidad en el accidente aéreo, declaratoria que se realiza a través del título de imputación de falla del servicio. Adicionalmente, no se podría hablar de cosa juzgada en este caso, comoquiera que, según el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, son requisitos de la cosa juzgada la identidad de objeto y causa, y la identidad jurídica de partes, requisito este del que carece la transacción del caso sub judice (sic), toda vez que la demandada principal, Aeronáutica Civil, no fue parte del contrato de transacción.

“En ese orden, se itera, el acuerdo de transacción celebrado entre SAM y los padres de la víctima no constituye cosa juzgada en este caso, sin embargo, de resultar probada la falla del servicio de la autoridad aeronáutica, no sería posible reconocer indemnización de perjuicios a favor de los últimos, ya que su daño ha sido plenamente indemnizado, y la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento, efecto que se presentaría si la Aeronáutica Civil tuviera que pagar perjuicios a favor de ellos”(13).

4. Perjuicios morales y materiales.

Respecto de los perjuicios inmateriales que resultaran probados en los procesos de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, el Consejo de Estado adoptó el criterio según el cual estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, el cual disponía una fórmula para tasar el monto de la indemnización por perjuicios morales en gramos de oro, de manera que la máxima liquidación correspondía a la cantidad equivalente al valor de 1000 gramos de ese metal.

No obstante, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001(14), esta Sala abandonó dicho criterio, a efectos de acoger nuevos lineamientos según los cuales tal reconocimiento, esto es, la condena por concepto de perjuicios morales, debe hacerse con base en el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en que se profiera la sentencia y su valor ha de acogerse a la prudente, razonada y fundada valoración que realice el juzgador, según el caso. De esta manera, se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que el daño se presente en su mayor grado de intensidad.

La Sala observa que, en el sub judice, el tribunal de primera instancia, a fin de indemnizar los perjuicios morales de los demandantes, condenó en gramos de oro; pero, atendiendo a la actual posición del Consejo de Estado, lo procedente en este caso será condenar en salarios mínimos mensuales legales vigentes, según corresponda, es decir, 100 smmlv para cada uno de los padres de las víctimas y 50 smmlv a favor de cada uno de los hermanos.

En lo que respecta a la indemnización de perjuicios morales de los señores Carlos Martínez y Mercedes Basallo de Martínez (padres de Jaime Eduardo), esta Sala ordenará el pago correspondiente a favor de la sucesión de cada uno de ellos, comoquiera que en el proceso se acreditó su fallecimiento, con los respectivos registros civiles de defunción (fls. 117 y 118, cdno. 1, Exp. 279).

— Perjuicios morales a favor de los hermanos de Jaime Eduardo Martínez Basallo (proceso 1995-00279)

El Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció 500 gramos de oro a favor de cada uno de los hermanos de Jaime Eduardo Martínez Basallo; sin embargo, dicho monto fue motivo de inconformidad por parte de los demandantes, ya que, según lo expuesto en el recurso de apelación, estas personas deben recibir una indemnización mayor.

Al respecto, es preciso advertir que, en observancia de los parámetros establecidos por esta corporación a partir de la mencionada providencia del 6 de septiembre de 2001, el máximo valor a reconocer a favor de los hermanos del fallecido es de 50 smmlv, de modo que Ana Isabel Martínez de Castro y Tito Simón Martínez Basallo recibirán dicho monto como indemnización de perjuicios morales.

— Perjuicios morales a favor de las sobrinas de María de la Luz Monsalve (proceso 1995-00646)

Ana María y Paula Andrea Monsalve Arbeláez demandaron en calidad de sobrinas de la señora María de la Luz Monsalve Herrera, con el objeto de obtener indemnización por los perjuicios morales que habrían padecido con ocasión de la muerte de su tía. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia les reconoció una suma de dinero equivalente a trescientos (300) gramos de oro para cada una; sin embargo, la Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A. se opuso a dicho reconocimiento, por cuanto, a su juicio, el perjuicio que se pretende resarcir no fue demostrado en el proceso.

Con los registros civiles de nacimiento que obran a folios 4, 13, 16 y 18 del cuaderno 3 del expediente 646 se acreditó el parentesco existente entre Ana María y Paula Andrea Monsalve Arbeláez con María de la Luz Monsalve Herrera.

La Sala, en reiterados pronunciamientos, ha sostenido que en las acciones de reparación directa, la legitimación en la causa por activa la tiene todo aquel que alega la condición de damnificado con el hecho que se imputa al demandado, siendo esta la que se debe acreditar en el curso del proceso para tener derecho a la indemnización que se reclama. Asunto distinto es que la jurisprudencia ha inferido el dolor moral en relación con los parientes de grado más próximo a la víctima(15), esto es, los padres, los hijos, los hermanos, los abuelos y el cónyuge o compañero, en tanto que en los demás eventos debe probarse el perjuicio.

Verificado bajo esta óptica el material probatorio arrimado al proceso, la Sala no encontró un solo testimonio u otra prueba que diera cuenta de la condición de terceras damnificadas de las demandantes mencionadas, razón por la cual debe concluirse que no se encuentran legitimadas en la causa por activa en relación con las pretensiones de la acción.

— Perjuicios materiales a favor de los padres de Jaime Eduardo Martínez Basallo (proceso 1995-00279)

Los señores Carlos Martínez y Mercedes Basallo de Martínez solicitaron indemnización por la pérdida económica o el empobrecimiento que habrían padecido como consecuencia de la muerte de su hijo Jaime Eduardo; sin embargo, la ausencia de pruebas en el expediente que den cuenta de tal detrimento patrimonial obliga a la Sala a confirmar lo decidido sobre el particular en la sentencia de primera instancia, en el sentido de negar el reconocimiento de esta indemnización.

En razón de lo expuesto, la Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Condena en costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia de 29 de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar:

1. DECLÁRASE la ausencia de legitimación en la causa por activa de Paula Andrea Monsalve Arbeláez y Ana Maria Monsalve Arbeláez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. DECLÁRASE la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Transporte, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

3. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por la muerte de los señores Bernardo de Jesús Betancur Betancur, María de la Luz Monsalve Herrera y Jaime Eduardo Martínez Basallo, en hechos ocurridos el 19 de mayo de 1993.

4. Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNANSE a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

a. Por la muerte de María de la Luz Monsalve Herrera

 

Gabriela Herrera Arbeláez de Monsalve (madre)100 SMLMV
Hernán José Monsalve Herrera (hermano)50 SMLMV
Héctor Ignacio Monsalve Herrera (hermano)50 SMLMV
Luz Estella Monsalve Herrera (hermana)50 SMLMV
Diego Iván Monsalve Herrera (hermano)50 SMLMV
Darío Monsalve Herrera (hermano)50 SMLMV
Gloria María Monsalve Herrera (hermana)50 SMLMV
Gladys del Socorro Monsalve Herrera (hermana)50 SMLMV
Ligia Beatriz Monsalve Herrera (hermana)50 SMLMV
Gabriel Jaime Monsalve Herrera (hermano)50 SMLMV
Martha Claudia Monsalve Herrera (hermana)50 SMLMV

 

b. Por la muerte de Jaime Eduardo Martínez Basallo

 

Ana Isabel Martínez de Castro (hermana)50 SMLMV
Tito Simón Martínez Basallo (hermano)50 SMLMV

 

5. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de la sucesión del señor Carlos Martínez, y otro tanto a favor de la sucesión de la señora Mercedes Basallo de Martínez, padres de Jaime Eduardo Martínez Basallo.

6. EXONÉRASE de toda responsabilidad a la sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada SAM S.A.

7. DENIÉGANSE las demás pretensiones de las demandas.

8. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

9. Una vez en firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

10. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Suma que resulta de multiplicar $ 11.082,07, valor del gramo de oro al momento de la interposición de la demanda más antigua (oct. 26/94) por 1.000 (fls. 9 a 61, cdno. 00279).

(3) Folio 779, cuaderno principal.

(4) “Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de septiembre de 1997, Expediente 11514, C.P. Daniel Suárez Hernández. En similar sentido, véanse los autos de 26 de marzo de 2007, expediente 32723, y de 19 de julio de 2007, Expediente 33226, ambos con ponencia de Ruth Stella Correa Palacio.

(6) “Ver al respecto las sentencias de 31 de agosto de 2006, Expedientes 17482 y 28448, ambas con ponencia de Ruth Stella Correa y que se refieren a las distintas relaciones derivadas del llamamiento en garantía de servidores públicos”.

(7) “Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que ‛un accidente aéreo puede imputarse tanto a la empresa transportadora como a la autoridad aeronáutica, evento en el cual su responsabilidad será solidaria (...)’, siempre que la parte actora logre demostrar que tanto las acciones u omisiones de aquella como la falla del servicio de la administración concurrieron a causar el daño. Sección Tercera, sentencia de 12 de septiembre de 1997, Expediente 11.224, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 6 de mayo de 1992, Expediente 5940 y de 22 de marzo de 1988, Expediente 3360, ambas con ponencia de Carlos Betancur Jaramillo”.

(8) “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de septiembre de 1997, Expediente 11.514, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase el auto de 30 de marzo de 2006, Expediente 30980, C.P. Ruth Stella Correa y el auto de 24 de enero de 2007, Expediente 30.015, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, Expediente 21863.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de noviembre de 2012, Expediente 25179.

(11) Dicha norma define:

“La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

“No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”.

(12) Valga anotar que la definición prevista en el artículo 2469 del Código Civil ha sido criticada por la Corte Suprema de Justicia, por dos razones: la primera, porque este negocio jurídico no crea, per se, obligaciones sino que las extingue y, en segundo lugar, porque en la definición legal no se incluyó expresamente el elemento de las “concesiones recíprocas de las partes”, la cual se ha establecido doctrinaria y jurisprudencialmente, ni se distingue de otras figuras afines (CSJ, S. de Cas. Civil, sent., mayo 6/66, en GJ, t. LXV, 634, y XC, 67).

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de noviembre de 2012, Expediente 25179.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 13232-15646, C.P. Alier Hernández.

(15) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 18 de marzo de 2010, Expediente 18884, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.