Sentencia 1995-00809 de junio 23 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Rad.: 05001-23-32-000-1995-00809-01(19007)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Nora Lucia Alzate Tapias y otros

Demandado: departamento de Antioquia

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C, veintitrés de junio de dos mil diez

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 18 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se resolvió lo siguiente:

“1. Declara no probada la excepción de culpa de la víctima propuesta por la apoderada del departamento de Antioquia y el apoderado de la Compañía Agrícola de Seguros S.A.

2. Declara al departamento de Antioquia administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes, causados en accidente de tránsito acaecido el día 4 de febrero de 1994, por la colisión de la volqueta de placas OL 0871 y la moto de placas CEN – 10, en el paraje Otú, del municipio de Remedios.

3. Como consecuencia de lo anterior, el departamento de Antioquia pagará por concepto de perjuicios morales a la señora Nora Lucía Alzate Tapias, Ángela María Marín Alzate y Mariela de Jesús Gaviria Ramírez, el equivalente en pesos colombianos a mil (1.000) gramos oro para cada una de ellas. El valor del gramo oro será el que determine el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

4. El departamento de Antioquia pagará por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante a la señora Nora Lucía Alzate Tapias la suma de veinticinco millones noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y siete pesos ($ 25’095.647).

5. El departamento de Antioquia pagará por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante a Ángela María Marín Alzate, representada por la señora Nora Lucía Alzate Tapias, la suma de quince millones doscientos seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos ($ 15’206.648).

6. Niéganse el reconocimiento y pago de perjuicios morales a Martha Herolinda, Doris Amparo y Elkin Alonso Gaviria por las razones expuestas.

7. La Compañía Agrícola de Seguros S.A. cancelará las indemnizaciones previstas en esta sentencia de acuerdo con lo establecido en la póliza de seguros relacionada con esta providencia.

8. Las sumas a que se refiere las condenas decretadas en esta sentencia, generaran intereses moratorios a partir de su ejecutoria” (fls. 224 y 225 cdno. 1).

I. Antecedentes

1. En demanda presentada el 30 de mayo de 1995, Nora Lucía Alzate Tapias, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, Ángela María Marín Alzate; Mariela de Jesús Gaviria Ramírez; Martha Herolinda; Doris Amparo y Elkin Alonso Gaviria, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable al departamento de Antioquia, por la muerte de su hijo, hermano y esposo, Guillermo León Marín Gaviria, que ocurrió el 4 de febrero de 1994, en el paraje Otú del municipio de Remedios, Antioquia.

En consecuencia, pidieron que se condenara a la demandada al pago, por concepto de perjuicio moral, a la suma equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro, para cada uno. Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente los gastos de inhumación del cadáver; por lucro cesante, $ 297’592.721, el 25% para la progenitora de la víctima y el resto para la esposa y la hija.

Como fundamento de sus pretensiones narraron que en la fecha y municipio citados, el señor Guillermo León Marín Gaviria se desplazaba en su motocicleta de placas CEN- 10 por el paraje Otú, del municipio de Remedios, Antioquia, cuando fue atropellado por una volqueta de placas OL- 0871 conducida por Jaime Alberto Díaz Valencia; vehículo que se encontraba al servicio de la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Antioquia, y como consecuencia del accidente, el señor Marín, falleció.

Se presentó una falla del servicio porque el vehículo era conducido por un empleado al servicio del departamento de Antioquia, quien adicionalmente se encontraba en estado de embriaguez.

2. La demanda fue admitida en auto de 16 de junio de 1995 y notificada en debida forma.

El departamento de Antioquia, en la contestación propuso como excepción la culpa de la víctima. Manifestó que según el informe de tránsito, ambos conductores se desplazaban con exceso de velocidad, es decir, que se presentó una concurrencia de culpas, atenuante de la responsabilidad de la entidad demandada.

La entidad formuló llamamiento en garantía a la Compañía Agrícola de Seguros, en virtud de la póliza de seguros 25762, que amparaba la volqueta internacional de placas OL 871, así mismo llamó en garantía al señor Jaime Alberto Díaz Valencia, conductor del vehículo tipo volqueta de las placas ya referidas; llamamientos que fueron aceptados en providencia de 17 de diciembre de 1995, sin embargo no se logró vincular al señor Díaz Valencia.

La Compañía Agrícola de Seguros contestó la demanda y el llamamiento en garantía, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

Además, solicitó que en el caso de no prosperar la excepción planteada, se redujera el monto de la indemnización por cuanto la víctima con su conducta contribuyó a la producción del daño, toda vez que ejercía una actividad peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta, sin el cuidado y precaución necesarios.

Asimismo, manifestó que en el evento de resultar condenada la entidad demandada se tuviera en cuenta el monto asegurado en la póliza, que para el caso de muerte de una persona tenía un límite de $ 5’000.000, motivo por el cual no podía ser mayor la obligación de la aseguradora.

3. Concluida la etapa probatoria, iniciada por auto del 18 de abril de 1996, y fracasada la conciliación, se dio traslado para alegar.

El Ministerio Público guardó silencio.

La parte actora señaló que se encontraba probado que Guillermo León Marín Gaviria falleció como consecuencia de un accidente de tránsito, por la imprudencia del conductor del vehículo de propiedad del departamento de Antioquia.

La Compañía Agrícola de Seguros S.A., en los alegatos indicó que el juzgador, además de realizar un análisis sobre los elementos de la responsabilidad, debía prestar especial atención a la conducta desplegada por la víctima, y su incidencia en la producción del daño, ya que con ella aumentó el estado del riesgo creado, por lo que se debía exonerar a la entidad demandada.

La apoderada del departamento de Antioquia reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

II. Sentencia de primera instancia

El tribunal declaró la responsabilidad en los términos transcritos al inicio de esta providencia. Consideró que con las pruebas que obran en el proceso se demostró que Jaime Alberto Díaz Valencia fue el autor a título de culpa del homicidio de Guillermo León Marín Gaviria y en consecuencia el departamento de Antioquia era responsable por los daños ocasionados a los demandantes, con motivo de la colisión de la volqueta de placas OL 0871 con la moto de placa CEN 10; adicionalmente, ni la entidad demandada ni el llamado en garantía probaron la conducta culposa de la víctima, razón por la cual negó la excepción propuesta.

En consecuencia, se condenó al pago de los perjuicios morales causados a la hija, la esposa y la progenitora, los que tasó en 1000 gramos oro para cada una de ellas y los negó para los demás demandantes. Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, reconoció la suma de $ 25’095.647 para la esposa y $ 15’206.648 para la hija. Negó los perjuicios por daño emergente porque no se acreditaron.

III. Recurso de apelación

1. Las partes interpusieron recursos de apelación contra la anterior providencia, los cuales les fueron concedidos el 10 de abril y 19 de junio 2000; admitido el de la parte demandada el 7 de noviembre de 2000 y declarado desierto el de la parte actora en ese mismo proveído.

2. La parte demandada, en la sustentación, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se declarara proba la excepción del hecho exclusivo de la víctima o en subsidio se redujera la condena en un 50% en virtud de la graduación de la responsabilidad.

Igualmente, solicitó que se fijara de manera expresa la cantidad que debía pagar la Compañía Agrícola de Seguros S. A., y se actualizara al momento del fallo.

3. En el traslado para presentar alegatos de conclusión, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. Consideraciones:

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 18 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para lo cual se analizará el caso concreto a partir del material probatorio allegado al proceso.

Debe precisarse que la copia simple del informe de accidente de tránsito Nº 941623 de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín; la copia simple de la póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito del vehículo de placas OL 871 y la copia simple de la póliza de seguros de automóviles de la Compañía Agrícola de Seguros S.A., no fueron aportados en los términos que dispone el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(1).

Por lo anterior, tales documentos no dan certeza sobre su autenticidad, en consecuencia, no tienen la naturaleza ni la calidad de medios probatorios idóneos, conforme a la ley, motivo por el cual la Sala se abstiene de valorarlos.

2. Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. El 4 de febrero de 1994, el señor Guillermo León Marín Gaviria murió en hechos ocurridos en el municipio de Remedios, por sección del vaso femoral izquierdo por avulsión, según da cuenta el certificado del registro civil de defunción (fl. 5 cdno. 1).

2.2. El 14 de abril de 1994, el Juzgado Penal del Circuito de Segovia, Antioquia, declaró penalmente responsable a Jaime Alberto Díaz Valencia, como autor del delito de homicidio culposo de Guillermo León Marín Gaviria, por los hechos ocurridos en el municipio de Remedios, el 4 de febrero de 1994, con el vehículo de placas OL-871 al servicio de obras públicas departamentales de Antioquia, providencia que quedó ejecutoriada el 9 de mayo de 1994, de conformidad con la certificación expedida por ese juzgado y copia auténtica de la sentencia condenatoria (fl. 94 a 112 y 189 cdno 1).

En cuanto al valor probatorio de la sentencia penal en el proceso de responsabilidad extracontractual del Estado, la Sala ha manifestado que puede ser el fundamento de la decisión cuando constituya la única prueba, en efecto señaló:

“Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad”(2) (negrillas adicionales).

2.3. El señor Jaime Alberto Díaz Valencia para el día de los hechos prestaba sus servicios en la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Antioquia como conductor, de acuerdo con la certificación expedida por la Directora de Apoyo Administrativo del departamento de Antioquia (fl. 113 cdno. 1)

3. Con los documentos relacionados, para la Sala se tiene por acreditado el daño alegado en la demanda, pues se demostró que el señor Guillermo León Marín Gaviria falleció como consecuencia de un accidente de tránsito al ser arroyado por un vehículo del departamento de Antioquia y conducido por un funcionario de ese mismo ente territorial.

Es preciso indicar que en cuanto a la conducción de vehículos, la Sala tiene por establecido que es una actividad peligrosa(3) y que como tal, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo, toda vez que el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos(4). No obstante lo anterior, la entidad responsable puede exonerarse alegando las causales de fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero. 

De otro lado, a efectos de establecer el responsable de los daños derivados de una actividad riesgosa, es preciso identificar quién ejerce la guarda material sobre la actividad o la cosa peligrosa(5). Y, en cuanto concierne al título de imputación del daño alegado por los demandantes, resulta oportuno destacar algunos apartes de la providencia del 14 de junio de 2001, Exp. 12696, en la que se puntualizó: 

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. “Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó: 

‘(...) Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un ‘riesgo de naturaleza excepcional’ que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio (...)’(6)

Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración solo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad. 

A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política (…)(7).

No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(8) (negrillas adicionales).

Por su parte, resulta de interés mayúsculo, destacar como en reciente fallo la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia abandonó la hermenéutica del artículo 2356 del Código Civil, según la cual la disposición consagraba una presunción de responsabilidad(9) que solo se desvirtuaba con la acreditación de la causa extraña, para acoger el riesgo como criterio o fundamento de responsabilidad derivado de ese precepto. Sobre el particular, se trascriben in extenso algunos apartes del referido pronunciamiento(10)

“Con estas premisas, para la Sala, el régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento.La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño. Desde este punto de vista, tal especie de responsabilidad, por regla general, admite la causa extraña, esto la probanza de un hecho causal ajeno como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, sin perjuicio de las previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte aéreo, la fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (art. 1880 del Código de Comercio), más si el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (cas.civ. de 14 de abril de 2008, radicación 2300131030022001-00082-01). 

Forzoso es concluir que, toda persona que en ejercicio de una actividad peligrosa cause un daño, está en la imperiosa obligación de repararlo y solo podrá eximirse probando la causa extraña, esto es, demostrando que no es autor, en tanto el daño no pueda imputarse al ejercicio de su actividad peligrosa ni a su conducta. 

7. En lo que concierne a los daños generados con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas concurrentes, considera la Corte, estricto sensu que el régimen jurídico regulador de la responsabilidad no se desplaza a regímenes diferentes de ‘culpa probada’ o de ‘culpa presunta’. 

Por el contrario, se regula por la disciplina que le es propia, gobernándose por regla general, por el artículo 2356 del Código Civil y por las normas jurídicas singulares de la actividad existente, esto es, la disciplina específica que le es propia. Por ejemplo, si se trata de daños derivados de la circulación de vehículos, aplican también las reglas propias de su regulación normativa.

En esta especie de responsabilidad, concurriendo la actividad del autor y la de la víctima, no se presenta ‘compensación de culpas’, ‘neutralización de actividades’ ni de ‘presunciones’.

Ninguna presunción consagra el legislador.

La ‘presunción de culpa’, como se dijo, cae en el vacío, de un lado por no avenirse a la lógica, al sentido común y a elementales reglas de experiencia, sentarla per se, de suyo, ante sí por el solo ejercicio de una actividad peligrosa, de ordinario lícita y permitida por el ordenamiento y, de otro lado, porque presumida, la prueba de su ausencia o de la diligencia y cuidado, impediría constituir la responsabilidad o bastaría cuando menos para exonerarse. Además, no se observa la utilidad de la presunción en el plano probatorio, so pretexto de dispensar a la víctima de la prueba de lo que no es elemento estructural de dicha responsabilidad o cuya probanza inversa es insuficiente para romper el nexo causal. La contradicción que envuelve esta concepción, aparece con todo relieve, cuando la reiterada e inalterada jurisprudencia civil, acertadamente exige la prueba del elemento extraño para demostrar que el evento dañoso no es imputable a la actividad y conducta del sujeto. En rigor, la culpa carece de toda relevancia para el surgimiento de la responsabilidad por actividades peligrosas y, también, para romper la relación de causalidad.

Tampoco el asunto se desplaza a la denominada responsabilidad por ‘culpa probada’, desde luego que se trata de un régimen jurídico singular, concreto y específico gobernado por reglas propias.

No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la ‘culpa’. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin esta.

Empero, no escapa a la Corte la posibilidad de una conducta culposa o dolosa del autor, de la víctima o de uno y otro en el ejercicio de una actividad peligrosa; así en los daños generados con la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá infringir las normas de tránsito, omitir las revisiones obligatorias, desplazarse a alta velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro automotor, etc., y, el otro, incurrir en similares comportamientos.

En tales hipótesis, esas conductas apreciadas en su exacto sentido, encarnan la exposición o elevación de los riesgos o peligros del ejercicio de la actividad peligrosa, los deberes de precaución o los inherentes a la posición de garante, según la perspectiva que se acoja, más no desplazan la responsabilidad al régimen general de la culpa, desde que esta ninguna relevancia ostenta para estructurarla ni excluirla.

La conducta, sea o no culposa o dolosa, se apreciará objetivamente en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del daño según el marco fáctico de circunstancias y los elementos probatorios, para determinar si es causa única o concurrente y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio.

(…) Por supuesto, en la especie de responsabilidad por actividades peligrosas, imputado por entero el daño a la conducta de un solo sujeto, sea o no dolosa o culposa, este será exclusivamente responsable de su reparación; siendo imputable a la conducta de ambos, sea o no dolosa o culposa, cada uno será responsable en la medida de su contribución y, tales aspectos, los definirá el juzgador de conformidad con las reglas de experiencia y la sana crítica, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, para cuyo efecto, el ordenamiento jurídico le atribuye al juez amplitud en la valoración de las probanzas, en todo cuanto respecta a la determinación de la responsabilidad e incidencia de las conductas concurrentes.

El aserto precedente explica con suficiencia el acertado criterio expuesto de vieja data por la jurisprudencia con arreglo al cual, en determinadas hipótesis, quien ejerce una actividad peligrosa responde por los daños ocasionados, aún a pesar de su diligencia y cuidado y, en otras, no obstante su actuar, aún reprochable, no es responsable al no constituir su conducta la causa determinante del menoscabo. Es igualmente, el fundamento racional de los eventos en los cuales, subsiste el deber resarcitorio del autor del daño, a pesar de la culpa de la víctima, desde luego, cuando su conducta no es la causa relevante, determinante o decisiva del daño.

(…) Es más, en la responsabilidad civil por actividades peligrosas concurrentes, es preciso advertir, la imperiosa necesidad de examinar la objetiva incidencia del comportamiento para establecer su influjo definitivo o excluyente, unitario o coligado, en el daño, o sea, la incidencia causal de las conductas y actividades recíprocas en consideración a los riesgos y peligros de cada una, determinando en la secuencia causativa, cuál es la relevante en cuanto determinante del daño y cuál no lo es y, de serlo ambas, precisar su contribución o participación.

En esta última hipótesis, esto es, cuando la conducta recíproca del agente y de la víctima confluye en el quebranto, la reparación está sujeta a reducción conforme al artículo 2357 del Código Civil y, en aquélla, o sea, cuando el comportamiento de la víctima es causa exclusiva de su detrimento, se rompe la relación de causalidad (LXXVII, 699), es decir, no puede predicarse autoría de la persona a quien se imputa el daño.

(…) Ni el asunto se desplaza hacia la regla general consagrada en el artículo 2341, sino que se gobierna por el artículo 2356 del Código Civil, aplicado a las actividades peligrosas concurrentes y, en su caso, por las reglas específicas de la concreta actividad (…).

(…) e) En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico aplicable es el consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas jurídicas que existan sobre la actividad concreta.

La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o deviene en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa del autor o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva de la conducta y en la secuencia causal que se haya producido para la generación del daño, para determinar, en su discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, cuando es causa única o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su incidencia, para definir si hay lugar a responsabilidad o no;.

Tal aspecto es el que la Sala ha destacado y querido destacar al referir a la graduación de ‘culpas’ en presencia de actividades peligrosas concurrentes, esto es, el deber del juez de examinar a plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los elementos de convicción allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garantías procesales y legales.

Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro. 

A este propósito, cuando la causa del daño es la conducta o actividad que se halle en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, este será responsable único y a contrario sensu, concurriendo ambas, se determina su contribución o participación para mitigar o atenuar el deber de repararlo.

De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal.

Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la estructuración de la responsabilidad por actividad peligrosa y en su exoneración, existen directrices diferenciales concretas, pues, de otra manera, no existiría fundamento plausible para entender por qué de acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni tampoco porqué subsiste aún en circunstancias de una ‘culpa’ concurrente de la víctima.

Ello es así, en tanto, constituye una modalidad específica de responsabilidad cuyos parámetros son singulares y concretos.

Por lo reseñado, encuentra la Corte que el ad quem incurrió en los yerros atribuidos por el casacionista al aplicar en un asunto relativo al ejercicio de actividades peligrosas el régimen de culpa probada de responsabilidad civil extracontractual, omitiendo el régimen especial contenido en el artículo 2356 del Código Civil, razón por la cual el cargo prospera y sin necesidad de analizar los restantes, conduce a la casación del fallo, correspondiendo a la Corte proferir, en sede de instancia, el que ha de reemplazarlo.

Aún bajo la perspectiva de la responsabilidad por ‘culpa presunta’, es palmario el desatino del juzgador al desplazar el asunto a la ‘culpa probada’ cuando colisionan dos actividades peligrosas” (Negrillas y subrayado adicionales de la Sala – cursivas del original).

En esa línea de pensamiento, para la Corte Suprema de Justicia el artículo 2356 del Código Civil no contempla una presunción de responsabilidad, a diferencia del entendimiento tradicional que de tiempo atrás esa alta corporación le había dado a la norma, sino que, por el contrario, descansa sobre la idea del riesgo y, por lo tanto, es a partir de ese régimen de responsabilidad que se debe definir la imputación en los supuestos en los que el daño tiene su origen en el desarrollo de una actividad peligrosa.

Así las cosas, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o peligrosa, resulta oportuno analizar la controversia desde el título objetivo del riesgo excepcional, en los términos señalados, con la salvedad de que, en el asunto sub examine se presentó una colisión de actividades peligrosas, como quiera que tanto Guillermo León Marín Gaviria como el departamento de Antioquia, Secretaría de Obras Públicas desarrollaban, al momento del accidente, la conducción de automotores sin que esta específica circunstancia suponga que se cambie o traslade el título de imputación a la falla del servicio. 

En efecto, si bien esta corporación ha prohijado la llamada “neutralización o compensación de riesgos”(11), lo cierto es que en esta oportunidad reitera la Sala precisa su jurisprudencia en el mismo sentido en que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva. 

En consecuencia, al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente(12) a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño. 

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico.

Al respecto, la doctrina ha indicado:

“Reiteramos la idea de que la neutralización o compensación de presunciones carece de sustento normativo y responde exclusivamente a la voluntad del intérprete. Constituye, si se quiere, un argumento endeble, que procura limitar injustificadamente los alcances de la doctrina del riesgo creado, procurando reducirla a su mínima expresión. Ello no se compadece con la amplitud de los términos del art. 1113 del Código Civil.

La doctrina del riesgo creado es el factor de atribución que debe regular la responsabilidad por el hecho de las cosas; es el principio rector de la materia, siendo dable propiciar las interpretaciones extensivas para cubrir todo supuesto en el cual se controvierta su aplicación. Por eso, resulta inaceptable y arbitrario pretender excluirla cuando se trata de daños causados por la colisión de vehículos automotores. Si la presunción de responsabilidad que pesa sobre el dueño y guardián juega cuando es un automóvil en movimiento el que causa el daño a un peatón o a bienes de un tercero, no puede ser diferente la solución cuando el detrimento se produce como consecuencia de haberse producido una colisión con otro vehículo (…).

(…) Adviértase que cuando existe concurrencia de culpas probadas a nadie se le ocurriría sostener la aplicación de un factor de atribución diferente. ¿Hay alguna razón que pueda justificar una solución distinta cuando la responsabilidad es imputable a título de riesgo creado? Pensamos que no.

La tesis que rechazamos parece ignorar la realidad que se advierte día a día en casi todos los accidentes de automotores, en donde la prueba del reproche subjetivo suele ser en extremo difícil. Basta con pensar en lo complicado que resulta determinar, muchas veces, al culpable en un choque a ruta abierta, cuando transcurren varios minutos hasta que llega un tercero que pueda prestar auxilio; la carencia de testigos y, posiblemente, la falta de dictamen pericial concluyente, suelen llevar, dentro del pretendido régimen de culpa probada, a dejar los daños sin resarcimiento, lo cual, amén de ser inaceptable, está en pugna con la idea central que surge del art. 1113, párrafo segundo, e implica un retroceso en esta materia(13).

(…) Eso conduce a rechazar no solo el sistema de la neutralización, que acude al artículo 1382 del Código Civil y exige la prueba de la culpa, sino también aquellas tesis que, aun admitiendo la aplicación acumulativa de las presunciones de responsabilidad, y combatiendo por tanto la neutralización, pretenden que cada uno de los guardianes no debe reparar sino una fracción del daño sufrido por el otro.

Es inexacto todo sistema que no condene a cada uno de los guardianes a la reparación de la totalidad del daño sufrido por el otro. Poco importa el modo de reparación adoptado: constitución de una masa de perjuicios y reparto de esa masa por la mitad (1); constitución de una masa y distribución desigual, derivada del examen del vínculo de causalidad (2); u obligación de reparar cada uno la mitad o una fracción variable sufrido por el otro”(14).

En esa perspectiva, en cada caso concreto, el juez apreciará en el plano objetivo cuál de las dos actividades peligrosas fue la que concretó el riesgo creado y, por lo tanto, debe asumir los perjuicios que se derivan del daño antijurídico. En ese orden de ideas, el operador judicial a partir de un análisis de imputación objetiva determinará cual de los dos o más riesgos concurrentes fue el que se concretó y, en consecuencia, desencadenó el daño; a estos efectos, la violación al principio de confianza(15) y elevación del riesgo permitido(16) se convierte en el instrumento determinante de cuál fue la actividad que se materializó. En otros términos, el régimen, fundamento, o título de imputación de riesgo excepcional, cuando existe colisión o simultaneidad de actividades peligrosas se configura y delimita a partir de un estudio de riesgo creado en sede de la imputación fáctica, que supone un examen objetivo, desprovisto de cualquier relevancia subjetiva (dolo o culpa), dirigido a identificar la circunstancia material que originó la concreción del peligro.

En el presente caso es aplicable el régimen objetivo señalado, por tratarse de una colisión de automotores, uno de los cuales era de propiedad del departamento demandado.

Así las cosas, se encuentra probado que el 4 de febrero de 1994, en el municipio de Remedios, Antioquia, Guillermo León Marín Gaviria murió arrollado por la volqueta de placas OL 0871, conducida por Jaime Alberto Díaz Valencia, empleado del Estado, vehículo del departamento de Antioquia, que invadió el carril por el que se desplazaba Guillermo León Marín Gaviria, quien conducía una motocicleta de placas CEN 10. Así lo acredita la sentencia de 14 de abril de 1994 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Segovia, Antioquia, en la que se condenó a Jaime Alberto Díaz Valencia, por el delito de homicidio culposo, en ella se expuso:

“La verdad histórica de estos luctuosos hechos se revela de la siguiente manera: Jaime Alberto bajaba a gran velocidad de remedios a Otú, invadiendo el carril contrario (izquierdo) por lo rizado de la vía hacia su lado derecho, cuando en una curva se encuentra con una moto que se orilla a lo máximo, entonces intenta frenar; pero como los frenos están muy desgastados y tiran para el lado izquierdo (donde se encontraba la moto orillada) y además tenía anuladas las bandas y el aire de las llantas de atrás, atropella y arrolla a los tripulantes del velocípedo, causándole la muerte a uno de ellos y al otro lesiones personales. De todo lo anterior es claro que Jaime Alberto no tenía la intención de causarle daño a Guillermo y a Héctor, pero su temeridad e imprudencia lo llevó a cometer el injusto por el que se le acusó; de ahí que el elemento subjetivo reactor del comportamiento desplegado por él, es indefectiblemente la culpa, como lo pregona la probatura. La conducta externada por Díaz Valencia es típica, antijurídica, ya que lesionó y puso en peligro el bien jurídico tutelado por la Ley, como lo es el de la vida y la integridad personal y culpable en los términos del artículo 37 del C.P., ya que el encartado obró temerariamente (se desplazaba a gran velocidad en vía destapada, rizada y en curva) e imprudentemente (por el carril contrario), ejecutando el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible o confiado en que lo podía evitar, lo que no sucedió; realizando el injusto, sin que estuviera para ello amparado por ninguna causal de justificación o de inculpabilidad del hecho punible” (fls. 105 a 106 cdno. 2).

En efecto, del razonamiento anterior se concluye que, la única causa del accidente fue la conducta contraria a la normas de tránsito por parte del conductor declarado penalmente responsable, pues como quedó claro, la volqueta invadió en forma irreglamentaria el carril por el cual se desplazaba la motocicleta, la que se encontraba transitando por la calzada que le correspondía; adicionalmente, esta última hizo todo lo posible para evitar el choque, pues se orilló a un lado de la vía; sin embargo, ello no fue suficiente para contrarrestar la acción del conductor de la volqueta, motivo por el cual el daño le es imputable al departamento de Antioquia. Se cumple así, el razonamiento expuesto por la Corte Suprema en cuanto: “De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal”(17).

4. Ahora bien, la entidad demandada manifestó que el daño se causó por el hecho exclusivo de la víctima, pues la misma actuó en forma imprudente y desprevenida.

Sin embargo, lo anterior no pasa de ser una afirmación, ya que el ente demandado no allegó prueba alguna tendiente a evidenciar que el accidente se debió a la imprudencia del afectado, es decir, no cumplió con la carga de probar lo que alegaba de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en efecto en la contestación de la demanda las únicas pruebas que solicitó fueron las siguientes:

“Oficios

Al jefe zona nordeste, división conservación de vías. Oficina 1037 de la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Antioquia, para que se sirva informar acerca de las instrucciones dadas a los conductores de volquetas marca internacional sobre la diligencia y cuidad en la conducción de las mismas.

A la oficina de personal de obras públicas departamentales, Of. 902 de la Gobernación de Antioquia, para que se sirvan informa si para el día 4 de febrero de 1994, el señor Jaime Alberto Díaz Valencia, estaba laborando al servicio del departamento en el cargo de Conductor de la Volqueta O-871, igualmente dirá si aún permanece vinculado” (fl. 58 cdno. 1)

De lo anterior se desprende que la actividad probatoria de la entidad demandada no se encaminó en ningún momento a demostrar el hecho exclusivo de la víctima.

Así las cosas, la Sala confirmará la providencia impugnada, como quiera que del escaso material susceptible de ser evaluado, no es posible deducir la culpa exclusiva de la víctima o la concurrencia de culpas.

5. En consecuencia, la Sala se limitará a actualizar la suma determinada en la sentencia apelada:

Lucro cesante para Nora Lucía Alzate

Valor Presente = Valor histórico Índice Final

_______________________

Índice Inicial

Reemplazando se tiene:

VP = $ 25’095.647 Índice final – mayo de 2010 (104,40)

__________________________________

Índice inicial – noviembre de 1999 (56,70)

VP = $ 46’207.858

Lucro cesante para Ángela María Marín

VP = $ 15’206.648 Índice final – mayo de 2010 (104,40)

___________________________________

Índice inicial – noviembre de 1999 (56,70)

VP = $ 27’999.542

El total de la indemnización por perjuicios materiales actualizado a la fecha, es de $ 74’207.400.

Ahora bien, la Sala procederá a hacer la equivalencia de los gramos oro reconocido por perjuicios morales a salarios mínimos legales mensuales:

Nora Lucía Alzate (esposa): 1000 gramos = 100 SMLV

Ángela María Marín (hija): 1000 gramos = 100 SMLV

Mariela de Jesús Gaviria Ramírez (madre): 1000 gramos = 100 SMLV

6. En cuanto a la solicitud de la parte demandada de señalar el monto exacto que debe pagar la Compañía Agrícola de Seguros S.A. en virtud de la póliza de seguros suscrita con el departamento de Antioquia, encuentra la Sala que no es procedente por cuanto como se indicó al inicio de esta providencia, la póliza fue aportada en copia simple la cual no presta valor probatorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE los ordinales 3º, 4º y 5º de la sentencia de 18 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su lugar se decide:

3. Como consecuencia de lo anterior, el departamento de Antioquia pagará por concepto de perjuicios morales a la señora Nora Lucía Alzate Tapias, Ángela María Marín Alzate y Mariela de Jesús Gaviria Ramírez, la suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos.

4. El departamento de Antioquia pagará por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante a la señora Nora Lucía Alzate Tapias la suma de cuarenta y seis millones doscientos siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($ 46’207.858).

5. El departamento de Antioquia pagará por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante a Ángela María Marín Alzate, la suma de veintisiete millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos ($ 27’999.542).

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Ruth Stella Correa Palacio—Enrique Gil Botero—Mauricio Fajardo Gómez—Gladys Agudelo Ordóñez.

1 Dispone el artículo 254 Código de Procedimiento Civil, que: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:
1. Cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.
2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.
3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, radicación: 17001233100019950602401 (16.533), actor: Libardo Sánchez Gaviria y otros.

3 “(...) reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es esta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.
La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquéllas. En efecto, la conducción de vehículos automotores ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa.
No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de julio de 2000, expediente 11.842.

4 “Tanto la jurisprudencia de la Sala como la de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación civil y la doctrina, han ensayado distintos criterios para definir cuándo una actividad es peligrosa. Así, se afirma que una actividad es peligrosa cuando rompe el equilibrio existente, colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de previsión o resistencia común de los seres humanos, son las características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y por lo tanto, solo puede ser establecido por el juez en atención a las circunstancias particulares del caso concreto”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el diez de agosto de 2000, expediente 13.816.

5 “En este supuesto, todos los sujetos asumen el carácter de guardianes, ejercitando el poder de gobierno y dirección de la cosa o sirviéndose de ella en conjunto. La pluralidad de guardianes puede presentarse de diferente modo; es factible que existan dos guardianes que de manera compartida se sirvan de la cosa y la tengan a su cuidado, ejercitando sobre ella el poder autónomo de gobierno, control y dirección; así, por ejemplo, cuando dos personas reciben un inmueble en comodato, actúan de manera conjunta como guardianes pues se sirven de ella y la tienen a su cuidado.
En otras oportunidades, en cambio, la pluralidad de guardianes puede presentarse de distinta manera, pues es uno de los sujetos el que se sirve de la cosa, aunque sin tener circunstancialmente sobre la cosa un poder de hecho autónomo que se traduzca en aquellas facultades de dirección, control y cuidado, y otro, distinto de aquel, es quien tiene estas prerrogativas aunque sin servirse de la cosa. Tal lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto del contrato de depósito, al que hemos hecho referencia en el punto anterior”. PIZARRO, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por el Riesgo o Vicio de la Cosa”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, Pág. 405.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

7 Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, expediente 10024.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696.

9 Formulada desde la sentencia del 18 de abril de 1939, en la que se expuso: “La Corte ha sostenido la doctrina de que conforme a la disposición del artículo 2356 del C.C., existe una presunción de responsabilidad en contra del agente respectivo, en los casos de daños causados por ciertas actividades que implican peligros, inevitablemente anexos a ellas, responsabilidad por la cual no se exonera de indemnización, sino en cuanto se demuestre el caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elementos extraños.” Postura que recientemente fue reiterada en providencia del 22 de febrero de 1995, expediente No. 4345.

10 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 24 de agosto de 2009, exp. 2001-1054.

11 Al respecto, se pueden consultar las sentencias del 3 de mayo de 2007, exp. 16180, M.P. Ramiro Saavedra Becerra y del 26 de marzo de 2008, exp. 14780, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esta última providencia se señaló: “(…) Un segundo evento estará referido a la colisión de dos vehículos en movimiento. En tales casos se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional.
“Cabe señalar que tratándose de la colisión de dos o más vehículos que se encuentren en movimiento, la Sala ha considerado que es necesario establecer si estos tenían características similares o si, por el contrario, se diferenciaban en su tamaño, volumen o potencial para desarrollar velocidad, etc., de tal manera que uno de ellos representara un mayor peligro, y si el vehículo oficial que intervino en el accidente superaba en esos aspectos al del particular que reclama la indemnización, habrá lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional”.

12 “Karl Larenz, partiendo del pensamiento de Hegel, desarrolla una teoría de la imputación objetiva para el derecho civil (…) Larenz acuñó el concepto “imputación objetiva” para hacer notar que la cuestión de la imputación puede discutirse en primer lugar, independientemente del problema del valor moral de una acción (…) Larenz, además de criticar las teorías que pretenden explicar los fenómenos jurídicos con base en conceptos provenientes de la naturaleza, considera que la misión de la imputación objetiva ha de ser “(…) el juicio sobre la cuestión de si un suceso puede ser atribuido a un sujeto como propio (…)” Así, entonces, para Larenz “(…) la imputación objetiva no es más que un intento por delimitar los hechos como propios de los acontecimientos accidentales (…)” Cuando se señala que alguien —dice Larenz— es causante de un determinado hecho, se está afirmando que ese acontecimiento es su propia obra, su propia voluntad, y no un suceso accidental. Pero, ¿qué circunstancias permiten imputarle a un sujeto un suceso como obra propia? Si se acude a la relación causal se fracasaría, porque conforme a la teoría de la condición no puede tomarse una sola de ellas, pues todas las condiciones tienen idéntico valor”. López, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, pág. 52 y 53.

13 PIZARRO, Ramón Daniel “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, pág. 549 a 551.

14 Mazeau, Henri y León y Tunc, André “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil”, Ed. Ediciones Jurídicas Europa – América, Tomo II, Vol. II, Buenos Aires, 1963, pág. 140.

15 “El principio de confianza encuentra uno de sus fundamentos en el principio de autorresponsabilidad. La principal consecuencia es la de que el ámbito de responsabilidad de cada uno se limita a su propia conducta, y solo bajo especiales circunstancias se extiende a las actuaciones de otro. Por regla general, cada uno debe orientar su conducta de tal forma que no lesione bienes ajenos; pero no es su deber preocuparse por que los demás observen el mismo comportamiento. En virtud del principio de autorresponsabilidad, generalmente solo se responde por el hecho propio, mas no por el hecho ajeno.
En todo contacto social es siempre previsible que otras personas van a defraudar las expectativas que se originan en su rol. No obstante, sería imposible la interacción si el ciudadano tuviese que contar en cada momento con un comportamiento irreglamentario de los demás. Se paralizaría la vida en comunidad si quien interviene en ella debe organizar su conducta esperando que las otras personas no cumplirán con los deberes que les han sido asignados. El mundo está organizado de una forma contraria. Pese a que se presentan frecuentes defraudaciones, quien participa en el tráfico social puede esperar de las otras personas un comportamiento ajustado a sus status; él puede confiar en que los otros participantes desarrollarán sus actividades cumpliendo las expectativas que emanan de la función que le ha sido asignada” López Díaz, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Pág. 120 y 121 (negrillas adicionales).

16 “Ciertamente, los avances tecnológicos que ha venido consiguiendo el ser humano desde sus orígenes han repercutido en un mejor nivel de vida social pero con ellos también ha aumentado en similar proporción los riesgos a los cuales diariamente se expone la comunidad (…). Para que un riesgo pueda ser considerado como permitido no basta tan solo que la actividad de la cual emana represente considerables beneficios sociales frente a un mínimo de peligrosidad sino que es indispensable la absoluta indeterminación de las potenciales víctimas de ese riesgo residual (…). Como postulado general puede entonces decirse que todas aquellas actividades desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera un riesgo permitido no pueden dar lugar a reproche jurídico de ninguna naturaleza, aun en el evento de que generen lesiones a particulares; por el contrario, son desaprobadas todas aquellas conductas que exceden el riesgo permitido, lo cual cobija no solo aquellas actividades que han sido desplegadas a pesar de ser socialmente prohibidas, sino también las que siendo toleradas han sido ejecutadas sin la observancia de las normas de cuidado previamente establecidas para la minimización del riesgo (…). Contra lo que un sector minoritario de la doctrina sostiene, la inclusión de una conducta dentro del riesgo permitido es absolutamente independiente del aspecto subjetivo que haya motivado al autor a desarrollarla… el aspecto subjetivo no es lo determinante al momento de establecer la permisión de un riesgo que puede verse claramente en otros ejemplos de nuestra vida diaria (…)” Reyes, Yesid “Imputación Objetiva”, Ed. Temis, Bogotá, 1996, pág. 90 y s.s.

17 Ibídem 10.