Sentencia 1995-00925 de marzo 28 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001232500019950092501

Exp.: 20.580

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Williplast de Colombia Ltda. y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, veintiocho de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 24 de noviembre de 2000, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Caldas y Chocó, en el caso sub examine.

2. Con fundamento en las pruebas practicadas, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. El 6 de mayo de 1994 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado profirió sentencia en el proceso adelantado por José Otoniel Zuluaga Pineda y Nelson Zuluaga contra Williplast de Colombia Ltda., por competencia desleal, en la que denegó las pretensiones de la demanda y las del escrito de reconvención (fls. 194 a 212, cdno. ppal.).

2.2. Contra la sentencia la empresa Williplast de Colombia Ltda., interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto el 30 de septiembre de 1994 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, confirmando la decisión impugnada (fls. 214 a 220, cdno. ppal.).

2.3. La sociedad Williplast presentó recurso extraordinario de casación, el que fue concedido el 25 de octubre de 1994, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín y notificado por estado el 27 de octubre de ese mismo año (fls. 225 a 227 vto., cdno. ppal.).

2.4. El 1º de noviembre de 1994, esto es, dentro del término de ejecutoria del auto anterior, la empresa Williplast allegó un memorial en el que indicó:

“(...) atentamente le manifiesto que estoy dispuesto a cancelar el porte triple correspondiente al envío y regreso del expediente para el trámite del recurso de casación, con destino a la honorable Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., de conformidad con lo previsto por el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 228, cdno. ppal.).

En esa misma fecha se surtieron las actuaciones de aceptación de dicha petición por parte del secretario del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, el traslado del expediente a la administración postal para el peso y determinación de porte del expediente, de ello se dejó constancia en los siguientes términos:

“Se acepta la petición que hace el señor apoderado, Dr. Jesús Elías Jaramillo Jaramillo, en el sentido de estar dispuesto a pagar el porte triple de este proceso, para ser enviado a Santafé de Bogotá, a la honorable Corte Suprema de Justicia, para surtir el recurso de casación. Al efecto, se dispone enviar el expediente con un empleado de la secretaría, a la administración postal, para que allí se diga cuanto es el peso y el valor del proceso. Lo anterior de conformidad con los dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 228 vto., cdno. ppal.).

Más adelante se consignó:

“Constancia. El día primero de noviembre de 1994, se peso este proceso en la administración postal de Medellín, tal como se dispuso en auto anterior y su peso fue de 6.300 gramos, valor $ 40.040 porte triple - para ser enviado a Santafé de Bogotá. Se cobra triple, por así exigirlo la administración postal, según C. (sic) de julio 30 de 1991. Expídase al interesado el correspondiente recibo”. (fl. 228 vto., cdno. ppal.).

2.5. El 3 de noviembre de 1994, el interesado en el recurso extraordinario de casación pago el porte señalado, esto es, la suma de $ 40.040, de lo que se dejó la siguiente certificación:

“Constancia secretarial

El día tres de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, suministró el apoderado de la parte demandada recurrente la suma de $ 40.040, para estampillas de correo Nacional correspondientes a 6.300 gramos de porte triple de ida y regreso a Santafé de Bogotá. Se cobra porte triple por así exigirlo la administración postal nacional en cumplimiento a comunicación de julio 10 de 1991 y circular de la honorable Corte Suprema de Justicia de julio del mismo año. El dinero fue suministrado por el Dr. (...), apelante en el proceso”. (fl. 229, cdno. ppal.).

2.6. Mediante el Oficio 810 del 8 de noviembre de 1994 el secretario del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que se conociera el recurso de casación (fl. 230, cdno. ppal.).

2.7. El 13 de diciembre de 1994, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible y en consecuencia desierto el recurso extraordinario de casación interpuesto por Williplast de Colombia Ltda. con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Descendiendo al caso de este proceso, ninguna dificultad ofrece constatar cómo, pese al envío y contenido de la circular ya referida, el secretario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín recibió de la parte recurrente en casación el valor de los portes para la remisión del expediente a la Corte, sin que aquella le hubiese manifestado su intención de valerse de un medio más rápido, seguro y distinto del correo postal, conducto este último a través del cual terminó remitiéndose por ese secretario la actuación. En estas condiciones, ni se dio cumplimento al artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. en punto al pago de portes para la remisión especial o excepcional allí prevista, ni se observó tampoco el procedimiento señalado para la remisión ordinaria, pues, a despecho (sic) de las prevenciones del legislador y de las orientaciones de la Corte en orden a su cabal obedecimiento, el secretario de la citada corporación con la complacencia de la parte recurrente, hizo un compuesto de uno y otro procedimiento, que dieron al traste con el mandato de ley” (fl. 13, cdno. 1).

De las pruebas que obran en el expediente se encuentra acreditado que la parte actora fue demandada por competencia desleal, y esta formuló a su vez demanda de reconvención; en el proceso en el que se negaron las pretensiones de la demanda inicial y las de la demanda de reconvención, en primera y segunda instancia, posteriormente la sociedad Williplast de Colombia Ltda., interpuso recurso de casación el cual fue inadmitido y declarado desierto.

En cuanto a la forma en la que se remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, está acreditado que dentro del término de ejecutoria del auto que concedió el recurso de casación la parte indicó que pagaría el porte triple correspondiente al envío y regreso del expediente, solicitud a la que se accedió y en consecuencia este se remitió con un funcionario del tribunal a la oficina postal para que se pesara y se determinara el valor del correo, una vez establecido lo anterior, se procedió al cobro y pago del importe por parte del interesado ante el secretario del tribunal.

3. De acuerdo a lo señalado en la demanda y en el escrito de apelación, la entidad demandada es responsable de los daños causados a los demandantes, por cuanto el Tribunal Superior de Medellín, omitió la aplicación del procedimiento establecido para la remisión de los expedientes a la Corte Suprema de Justicia con el fin de conocer del recurso extraordinario de casación.

Así mismo, según lo expresado en el acápite denominado “Disposiciones violadas y concepto favorable”, la demanda se encaminó a censurar la falla del servicio en la que incurrió la entidad demandada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar desierto el recurso, lo que le impidió al actor acceder a la administración de justicia, cuando finalmente el expediente, por la vía que fuera, llegó a la Corte Suprema de Justicia, así se indicó en el líbelo demandatorio:

“A su vez el magistrado viola directamente la constitución nacional en su artículo 228 al dar prioridad al derecho adjetivo sobre el derecho sustantivo cuando, de una u otra forma el expediente llegó a la Corte, denegar justicia, no solo es un daño para el accionante, el cual se materializa económicamente sino para toda la sociedad”.

“(...) en el caso en estudio lo que prevaleció fue el derecho sustancial (sic), por lo tanto hay otra falla en la administración de justicia que soporta este caso y que en su totalidad genera responsabilidad del Estado” (fl. 98, cdno. 1).

Es pertinente precisar, que si bien este último evento no se consignó expresamente en las pretensiones de la demanda, se impone la necesidad de hacer una interpretación integral de la misma con el fin de no hacer nugatorio el derecho de acción,(1) esto es, el derecho que le asiste al actor de que se resuelvan sus peticiones y el deber del juez de pronunciarse sobre los aspectos sometidos a su conocimiento.

Ahora bien, las pretensiones de la demanda son el parámetro sobre el cual se ha de pronunciar la sentencia que decida el fondo del asunto, sin embargo, el juez de conocimiento debe hacer un esfuerzo por precisar todos los asuntos que se debaten en el proceso, aun cuando ciertos aspectos no estén contenidos expresamente en las pretensiones, pero sí en el cuerpo de la demanda, tales como los hechos o los fundamentos de derecho.

En ese orden de ideas, es claro que el actor pretende que se declare la responsabilidad del Ministerio de Justicia, por el error de procedimiento en el que se incurrió al enviar el proceso para conocer del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, como por la decisión que tomó esta última de declarar indamisible y en consecuencia, desierto el recurso.

En efecto, para la Sala está acreditado el daño sufrido por los demandantes, y en eso difiere con las apreciaciones del a quo, puesto que él consiste en la imposibilidad de acceder a una decisión judicial, cualquiera que fuera el sentido de la misma, es decir, que no se requiere para su determinación, tener la certeza de que la decisión acogiera los planteamientos del recurso de casación, sino que por el contrario, este se evidencia con certeza cuando se está ante la imposibilidad de que el recurso sea estudiado y decidido.

En otros términos, el daño sufrido por los demandantes es la vulneración a su derecho de acceder a la administración de justicia,(2) consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política,(3) máxime si se tiene en cuenta que se trataba de un recurso extraordinario de casación, el que, si bien no constituye una tercera instancia y por esa misma razón no era la continuación del proceso ordinario, si representaba, de conformidad con sus fines, además de “unificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realización el derecho objetivo”, una circunstancia adicional para “procurar reparar los agravios inferidos a la partes por la sentencia recurrida”(4).

En ese sentido la Corte Constitucional se ha referido a que se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, no solo cuando no se le da trámite inicial al proceso, sino también, cuando en el desarrollo del mismo no se otorgan las garantías necesarias tendientes a hacer efectivo el derecho sustancial:

“5.1. La Constitución consagra el derecho de toda persona de “acceder a la administración de justicia” (art. 229). De acuerdo con un entendimiento formal y estrecho, la Constitución en este precepto contempla un derecho de mero acceso a la justicia, que se concreta en el derecho a presentar una demanda y a que esta le sea admitida. Según esta interpretación, el ámbito de protección del derecho de acceso a la administración de justicia se agota tan pronto el juez admite la demanda. Sin embargo, en virtud del principio de unidad de la Constitución, ninguna disposición de las que aparecen en el texto de la Carta debe leerse aisladamente. Cada norma constitucional debe ser interpretada en función del todo, para evitar que algunas de sus partes se vean sacrificadas injustificadamente(5). Porque si bien en ocasiones concretas puede haber un conflicto entre normas constitucionales aplicables, un imperativo de transparencia y sinceridad en la aplicación del derecho obliga a las autoridades públicas y, en especial, al juez, a poner de manifiesto todos los argumentos que concurren a favor o en contra de determinada solución del problema de suerte que si ha de preferir algunos de ellos en detrimento de los otros, lo haga argumentadamente.

“En ese sentido, debe recordarse que entre los fines esenciales del Estado están los de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y de “asegurar (...) la vigencia de un orden justo” (C.P., art. 2º). Si esas son finalidades esenciales del Estado, todos los derechos relacionados con el proceso judicial deben ser leídos en función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales, porque de lo contrario esas aspiraciones serían letra muerta a pesar de que, según la Carta, son esenciales. Ese entendimiento es concordante con el artículo 229 de la Carta, que a la letra dispone que en las actuaciones de la justicia “prevalecerá el derecho sustancial”.

“En ese contexto, el derecho de acceso a la administración de justicia aparece, ciertamente, como el derecho formal a acceder a la justicia, pero además a acceder a una justicia que busque, en la mayor medida posible, proveer una decisión de fondo para el asunto presentado(6). Así, una violación del derecho a acceder a la administración de justicia se presenta no solo cuando al actor se le dificulta o imposibilita tal acceso, sino también cuando la administración de justicia le permite acceder, pero no evalúa sus pretensiones o las evalúa tan solo en apariencia, pues acaba tomando en realidad una decisión con base en consideraciones superficiales o de carácter excesivamente formal, que no tienen valor instrumental en la garantía de otros derechos fundamentales, en un caso en que es posible adoptar una decisión diferente con fundamento en una interpretación orientada a la protección efectiva de los derechos fundamentales(7)(8).

En efecto, el derecho de acceder a la administración de justicia no solo comprende la posibilidad de que el juez se pronuncie de fondo sobre un asunto que se ha sometido a su consideración, sino que debe, en primer lugar, permitir que el ciudadano acuda al aparato jurisdiccional para hacer posible la resolución de sus conflictos o el control de las actividades de los poderes públicos. Por tanto, de acuerdo con la doctrina constitucional, la regulación de este derecho puede llevar a su vulneración: i) cuando se consagran impedimentos irracionales para acudir al aparato jurisdiccional; ii) cuando no se contemplan los instrumentos procesales necesarios para que los afectados puedan resolver sus conflictos, y; iii) cuando se autorice la indefinición de los conflictos(9).

Como puede observarse, una de las manifestaciones más importantes del derecho de acceder a la administración de justicia es precisamente la posibilidad que se otorga a los ciudadanos de plantear un problema ante el Estado,(10) comoquiera que este monopoliza la función de resolución de conflictos. Se trata, entonces, de una manifestación propia del Estado de derecho, en la que se permite que dos contendientes lleven su problema ante un tercero investido de autoridad, para que él encuentre una solución luego de haber escuchado los extremos de la relación y valorado cada uno de los argumentos esgrimidos. No se trata de un derecho menor, si no de un verdadero derecho de connotación fundamental, presupuesto del derecho al debido proceso, toda vez que su función es la de ser la puerta de entrada para la efectividad de los restantes derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico; como señala la jurisprudencia, su desconocimiento conlleva a “...la consiguiente vulneración de los demás derechos fundamentales que ante ella se hacen efectivos”,(11) por lo que, se itera, se encuentra acreditado el daño sufrido por la parte demandante.

4. Así las cosas, se procede a examinar si se incurrió en el consabido defectuoso funcionamiento en la administración de justicia y en el error judicial señalado. Es pertinente aclarar que si bien los hechos por los que se demanda ocurrieron antes de la expedición de la Ley 270 de 1996, ello no es óbice para conocer del presente asunto, ya que se presentaron con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, la cual dispone de una cláusula general de responsabilidad en el artículo 90, donde se señala que, el Estado responderá patrimonial por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, y allí se pueden enmarcar los daños antijurídicos causados con el ejercicio de la función judicial.

Ahora bien, sobre el particular, el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“ART. 132.—Remisión de expedientes, oficios y despachos. La remisión de expedientes dentro del mismo lugar se hará con un empleado del despacho. La remisión a un lugar diferente se hará por correo ordinario.

“La parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días siguientes al de la llegada a esta del expediente o de las copias. Cuando los portes (sic) sean a cargo de varias partes, basta que una de ellas los cancele.

“Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que solo tiene reposición.

“Cuando una parte solicite al secretario el envío a otro lugar por el medio más rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá entregarle a aquel la totalidad del valor del porte, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

“(...)”.

De la norma anterior, se concluye que existen dos formas de remisión de los expedientes cuando se trata de enviarlos a ciudades diferentes de la sede del despacho de origen, a saber: i) la que podría denominarse ordinaria, que consiste en que el secretario lo remita a la oficina postal, y si dentro de los diez días siguiente a su entrega la parte interesada no cancela el valor del envío, no se cumple con esa carga, y el jefe de la oficina de correos lo debe devolver a despacho correspondiente y el juez podrá declarar desierto el respectivo recurso; y ii) una especial, que tiene lugar a iniciativa de la parte recurrente, quien deberá informarlo así al secretario, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que concede el recurso, al igual que deberá cancelar el valor del traslado del expediente ante ese funcionario.

En el sub examine se tiene que la parte interesada en el recurso extraordinario de casación, dentro del término de ejecutoria(12) del auto que lo concedió le indicó en forma escrita al secretario del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, que estaba dispuesto a cancelar el porte triple correspondiente al envío y regreso del expediente de conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil.

Así mismo, al segundo día de haber quedado ejecutoriado el proveído en mención, esto es, el 3 de noviembre de 1994, realizó el respectivo pago y posteriormente el 8 de noviembre de 1994, el secretario remitió el expediente con el Oficio 810.

Las actuaciones que se vienen de señalar, en concepto de la Corte Suprema de Justicia, según las consideraciones contenidas en el auto de 13 de diciembre de 1994, mediante el cual se declaró desierto el recurso de casación interpuesto por Williplast de Colombia, no se ajustaron a lo previsto legalmente, pues que el secretario recibió el valor del porte para la remisión del expediente, lo que es procedente cuando el interesado solicita que se envíe por un medio más expedito, supuesto con el que no se cumplió, y adicionalmente, porque a pesar de que la parte interesada no efectuó esa petición aquel se remitió por medio diferente al correo postal.

En criterio de la Sala, la actuación desplegada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín no conllevó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues a pesar de que no se dio estricto cumplimiento a la norma citada, relativa a la forma en la que se deben enviar los expedientes, se tiene que tal actuación cumplió con el fin procesal y procedimental que se buscaba, como era la efectiva remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, a pesar de que la norma establece diferentes mecanismos para el envío de los expedientes, el fin último, es precisamente el traslado del respectivo proceso para que se de continuidad a las actuaciones planteadas por los interesados, aspecto con el que se cumplió cabalmente, toda vez que el proceso efectivamente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia y recibido en esa corporación, por lo que salta a la vista que no se puede hablar de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De otra parte, en cuanto al error judicial endilgado a la Corte Suprema de Justicia, es preciso examinar la controversia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, que establece que es “[a]quel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Adicionalmente, el artículo 67(13) establece como presupuestos para su configuración: i) que el afectado haya interpuesto los recursos ordinarios de ley contra la providencia contentiva del error y; ii) que tal decisión esté en firme.

Ahora, este error se estructura, simplemente, cuando la providencia sea contraría a derecho, condición en todo caso distinta a la vía de hecho, pues, la primera se configura cuando se desatiende la realidad procesal o la ley, mientras que la segunda exige un examen respecto a la gravedad del error, previa realización de un juicio subjetivo sobre la conducta del fallador, por ende, sumado a una vulneración de orden legal, se requiere que esta cumpla determinadas condiciones de flagrancia y arbitrariedad. En este sentido, esta Sección ha expuesto:

“En efecto, en Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional concluyó que ‘el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y de las pruebas aportadas’. Mientras que, a partir de la sentencia del 4 de septiembre de 1997, la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que el error jurisdiccional no podía identificarse con el concepto de vía de hecho en tutela porque se desconocería el artículo 90 de la Constitución que es la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, según la cual ‘este deberá indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa’. Esta última tesis, reiterada por esta Sección en otras oportunidades, entiende que el error jurisdiccional que puede generar responsabilidad patrimonial del Estado se presenta cuando con una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado. Dicho de otro modo, se reitera que la antijuricidad de la conducta o de la omisión que origina el error jurisdiccional no siempre es relevante para la reparación del daño antijurídico, pues debe diferenciarse la causa del error con el error mismo”(14).(15)

Visto lo anterior, como se expuso supra, la Sala constata que el acto controvertido por el demandante, al contener un supuesto error, es una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia, que declaró desierto el recurso extraordinario de casación.

Igualmente, se encuentra acreditado que ese proveído se notificó por estado, el 15 de diciembre de 1994 (fl. 16, cdno. 1), y que el mismo está ejecutoriado (fl. 244, cdno. ppal.), sin embargo, se advierte que contra esa providencia procedía el recurso de reposición, de conformidad con los artículos 132(16) y 348(17) del Código de Procedimiento Civil, el cual no se ejerció. En ese orden de ideas no se cumple con uno de los presupuestos necesarios para que proceda la responsabilidad de la administración por error judicial.

El hecho de que la sociedad Williplast no haya interpuesto el recurso de reposición contra el auto que declaró inadmisible el recurso y en consecuencia desierto, conlleva a encontrar acreditado el hecho exclusivo de la víctima, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996:

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

En ese sentido la doctrina nacional se ha pronunciado en los siguientes términos:

“La interposición de recursos contra la providencia que contiene el error y el que esté en firme, tiene un claro mensaje de autocorrección dirigido a los jueces; así se deduce de los casos en los cuales, la Sección Tercera del Consejo de Estado, no ha declarado la responsabilidad, porque las decisiones erradas fueron revocadas, al momento de decidir los recursos interpuestos contra ellas(18):

“Se tiene entonces que en el presente caso no se configuró un error judicial en los términos ya expuestos, porque a lo largo de los procesos ejecutivos se profirieron decisiones judiciales equivocadas que fueron revocadas por la misma jurisdicción cuando resolvió los recursos ordinarios interpuestos por las partes(19)”.

“Correlativo a lo anterior, la no interposición de recursos, por parte del afectado, permite que se consolide la situación y que la administración no enmiende su error, por lo que se ha considerado que esa situación le sea atribuible y configure la culpa exclusiva de la víctima:

“[...].

“Esta falta de impugnación de la providencia del tribunal, erróneamente motivada, deja sin piso cualquier motivo de imputación de responsabilidad contra la administración por cuanto, si bien es cierto se observa el error judicial provocado, el administrado no agotó los medios de impugnación que tenía a su alcance, esto es, el recurso de súplica de la providencia proferida por la magistrada sustanciadora del proceso, ante la Sala respectiva.

“Con esta omisión el propio demandante consolidó la situación jurídica en su contra, ya que impidió que se agotara el cauce de impugnación mediante el cual el tribunal ha podido enmendar el error.

“Considera la Sala que el demandante, en estos eventos en los cuales puede recurrir dentro del mismo proceso las providencias que consideran no se ajustan a la ley, debe agotar las vías de impugnación, como ocurre con el agotamiento de la vía gubernativa de los actos de la administración pasibles del recurso de apelación.

“Cuando no se agotan las vías de impugnación posibles pertinentes en el seno de la administración de justicia, o en sede judicial puede hablarse que el error judicial se consolida en cierta forma por culpa del damnificado quien pudo conformase en su momento con el error, o dejó vencer los términos de impugnación”(20).

“Por esa razón, la omisión de impugnación de la providencia que contiene el error es sancionada por el artículo 70 de la ley: “El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

“Justamente, la Corte Constitucional, en la enunciada Sentencia C-037 de 1996, lo ha considerado así porque el artículo 70 contiene una sanción “por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7)”, y porque se reclama de los ciudadanos un mínimo de interés y compromiso en los asuntos que someten a conocimiento de los jueces. Agregó, finalmente, que la norma es expresión del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”(21).

En consecuencia, de las pruebas que obran en el expediente, para la Sala es indudable que aun cuando se configuró un daño antijurídico, el mismo no le es imputable a la administración sino al hecho exclusivo de la víctima, toda vez que no desplegó actuación alguna tendiente a corregir el error en el que había incurrido la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto, la entidad demandada no debe responder patrimonialmente por el mismo. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada, pero por las razones que se vienen de exponer.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 24 de noviembre de 2000, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Caldas y Chocó, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sobre el derecho de acción, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos: “Este derecho —cuyo origen, dicho sea de paso, debe verse en el derecho de petición del artículo 23 de la Constitución— faculta a toda persona para exigir de la rama judicial la resolución de un proceso, y a fortiori si se trata de la defensa de derechos fundamentales. De ahí que entre los deberes de los jueces (CPC, art. 37, num. 8º) esté el de “decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal”. Auto 016 del 1º de septiembre de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.

(2) “El acceso a la administración de justicia tiene tres pilares que lo conforman, a saber, i) la posibilidad de acudir y plantear el problema ante el juez competente, ii) que el problema planteado sea resuelto y iii) que tal decisión se cumpla de manera efectiva. Estos presupuestos tienen sustento en los principios democráticos y los valores que guían la debida administración de justicia y por tanto el Estado social de derecho porque no solo los encargados de administrar justicia tienen la responsabilidad de hacer todo aquello que corresponda para solucionar un litigio y restablecer los derechos conculcados, sino también todas aquellas autoridades que tienen a su alcance propender por el acceso, la práctica de pruebas y finalmente cumplimiento de los fallos”. Corte Constitucional, Sentencia T- 295 del 26 abril de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(3) “ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

(4) Artículo 365 del Código de Procedimiento Civil.

(5) Cfr., Konrad Hesse: “La interpretación constitucional”, en Escritos de derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, página 48.

(6) Sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(7) Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ella al resolver una tutela contra sentencia, la Corte manifestó que “el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la garantía de la obtención de una respuesta de fondo por parte de los jueces, quienes, a su vez, se hallan obligados a evitar a toda costa fallos que, basados en obstáculos formales, impidan la vigencia del derecho material o de los derechos subjetivos. Esto ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios de forma manifiesta como en aquellos que lo son de forma implícita, es decir, bajo la apariencia de un pronunciamiento de mérito”.

(8) Corte Constitucional, Sentencia T-654 del 17 de septiembre de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

(9) Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 31 de julio de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(10) Corte Constitucional. Sentencia T-365 de 8 de abril de 2005. M.P. Clara Inés Vargas.

(11) Corte Constitucional. Sentencia T-114 de 22 de febrero de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(12) En efecto el auto que concedió el recurso extraordinario de casación se notificó por estado el 27 de octubre de 1994, y el término de ejecutoria de esa providencia corrió del 28 de octubre al 1º de noviembre de ese mismo año.

(13) Artículo 67, Ley 270 de 1996: “Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

(14) Sentencia de abril 27 de 2006, Expediente 14.837.

(15) Así mismo, la doctrina ha afirmado lo siguiente: “Creemos, por tanto, que no puede confundirse el error judicial con la causa o circunstancia que lo haya podido producir, por más que esta se identifique con hechos o pruebas equivocados. Porque, como el error comentado incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador.

“Si, según escribe Gorphe, partiendo de ‘una concepción racional de la justicia y especialmente de las pruebas, el convencimiento que implica de decisión debe ser la resultante lógica de un examen analítico de los hechos y de una apreciación crítica de los elementos de prueba’, cualquiera que sea el vicio determinante de la resolución, el error judicial no estará en los hechos o en las pruebas, en sí mismo considerados, sino en el modo de subsumirlos en el ordenamiento jurídico, cuya aplicación concreta en cada caso es obligada.

“Es en este modo de enjuiciar los supuestos fácticos donde radica, a nuestro juicio, la esencia del error judicial. Porque puede darse el caso de hallarnos en presencia de unos hechos inexistentes pero formalmente probados y que el juez les aplique una solución jurídica que, por conforme con el derecho positivo, no puede calificarse de injusta, por ser legalmente adecuada. A menos que se confunda el error judicial con las circunstancias que lo originan.

“Ciertamente, esta distinción entre causa de la decisión errónea y el error judicial como resultado, no podía escapar a algunos autores que del problema se ocupan. Pues si para Poded, ‘el error existe cuando, por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de tales hechos y que, por lo tanto, merece el calificativo de injusta’, para Almagro, el error supone ’un resultado equivocado’ no ajustado a la ley, ‘bien porque no se haya aplicado correctamente el derecho, bien porque se hayan establecido unos hechos que no se corresponden con la realidad’ “—Cursiva original— (Reyes Monterreal, José María: La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia, 2ª edición, Colex, Madrid, 1995. Páginas 24 y 25).

(16) “ART. 132.—Remisión de expedientes, oficios y despachos. (...). Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que solo tiene reposición. (...)” (se resalta).

(17) “ART. 348. Procedencia y oportunidades. ‘Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente’: Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen” (negrillas adicionales).

(18) Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.164.

(19) El artículo 67 numeral 2º de la Ley 270 de 1996 establece como uno de los presupuestos del error jurisdiccional que “la providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

(20) Sentencia del 6 de noviembre de 1997, Expediente 12835.

(21) Gil Botero Enrique. Responsabilidad extracontractual del Estado. Ed. Temis. Quinta edición. Bogotá.

Salvamento de voto

Con el respeto y consideración acostumbrada, manifiesto que me aparto de la decisión tomada por la Sala en sentencia de 28 de marzo de 2012, mediante la cual se resolvió confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Caldas y Choco el 24 de noviembre de 2000, en la que se desestimaron las pretensiones de la demanda.

Mi postura disidente, la expongo en los siguientes términos: 1) Valoración inicial de los hechos 2) Alcance del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, y 3) Caso concreto.

1. Valoración inicial de los hechos.

Se estableció dentro de los hechos probados, que la sociedad Willipast Ltda. fue demandada por competencia desleal ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, quien, a su vez, interpuso demanda de reconvención, proceso que fue desatado el 6 de mayo de 1994 mediante sentencia que denegó las pretensiones de ambas demandas. Decisión confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia el 30 de septiembre de 1994.

En atención a lo anterior, la sociedad demandante, interpuso el recurso extraordinario de casación que fue concedido el 25 de octubre de 1994 y notificado mediante estado del 27 de octubre del mismo año. Para el efecto el 1º de noviembre de 1994 Willipast, mediante memorial, informó al tribunal su disposición para cancelar el porte triple, correspondiente al envió y regreso del expediente a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los previsto en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, petición que el mismo día fue aceptada por el tribunal y enviado el expediente a la administración postal para que se determinara su peso y porte, cuyo resultado fue de un peso de 6300 gramos con un valor de porte de $ 40.040.

El valor del porte fue cancelado por el interesado el 3 de noviembre de 1994 y el 8 de noviembre de 1994, el tribunal remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el 13 de diciembre de 1994, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmitido y desierto el recurso extraordinario de casación, considerando que:

“Descendido al caso de este proceso, ninguna dificultad ofrece constatar cómo, pese al envío y contenido de la circular ya referida, el secretario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín recibió de la parte recurrente en casación el valor de los portes para la remisión del expediente a la Corte, sin que aquella le hubiese manifestado su intención de valerse de un medio más rápido, seguro y distinto del correo postal, conducto este último a través del cual terminó remitiéndose por ese secretario la actuación. En estas condiciones, ni se dio cumplimiento al artículo 132 del Código de Procedimiento Civil en punto al pago de portes para la remisión especial o excepcional allí prevista, ni se observó tampoco el procedimiento señalado para la remisión ordinaria, pues, a despacho (sic) de las prevenciones del legislador y de las orientaciones de la Corte en orden a su cabal obedecimiento, el secretario de la citada corporación con la complacencia de la parte recurrente, hizo un compuesto de uno y otro procedimiento, que dieron al traste con el mandato de ley”.

2. Alcance del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil.

El apelante considera que se encuentra establecida la falla en el servicio consistente en el desconocimiento del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, por parte del secretario del tribunal Superior de Medellín. Al respecto, la Sala de Descongestión del Tribunal de Antioquia, Caldas y Choco, en su providencia a quo, encontró que el Secretario del Tribunal de Medellín desconoció, o mejor, no acató dicho precepto y pasó por alto la circular de esa corporación que impartía las directrices sobre la remisión de los expediente a la Corte Suprema de Justicia.

En relación con lo anterior, es necesario analizar los elementos contenidos en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, para posteriormente revisar si en el caso concreto la conducta desplegada por el secretario del Tribunal Superior de Medellín configura o no la existencia de una falla en la administración de justicia. El texto de la norma objeto de discusión es el siguiente:

ART. 132.—Remision de expedientes, oficios y despachos. La remisión de expedientes dentro del mismo lugar se hará con un empleado del despacho. La remisión a un lugar diferente se hará por correo ordinario.

La parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días siguientes al de la llegada a esta del expediente o de las copias. Cuando los portes sean a cargo de varias partes, basta que una de ellas los cancele.

Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que solo tiene reposición.

Cuando una parte solicite al secretario el envío a otro lugar por el medio más rápido que ofrezca suficientes garantías, deberá entregarle a aquel la totalidad del valor del porte, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto que dispuso la remisión, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

Solamente podrá entregarse a la parte interesada que los haya solicitado, despachos y oficios para los siguientes fines: práctica de medidas cautelares, expedición de copias de documentos o de certificados, registro de demanda o de documentos, y traducción y pago de timbre de documentos presentados por la misma parte. La devolución del despacho para la práctica de medidas cautelares, la hará directamente el comisionado.

Cualquier interesado podrá pedir que se repita el oficio de cancelación de medidas cautelares y que por conducto de la secretaría se haga llegar al destinatario.

Del citado precepto se deduce que la remisión de expedientes opera de diferentes formas, una de ellas se presenta cuando es remitido a otro despacho ubicado en el mismo lugar de origen, lo cual no ofrece ninguna dificultad. Pero otro evento se da cuando la remisión debe hacerse de un lugar a otro, en cuyo caso el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil impuso al recurrente la carga del pago del porte del expediente, es decir de su valor de ida y de regreso, y diseñó dos procedimientos, calificados por la Corte Suprema de Justicia, el primero de ellos como ordinario o común y, el segundo, como especial.

Así ha dicho la Corte Suprema de Justicia,

“Una, que bien pudiera ser calificada como especial, por cuya virtud a la parte interesada se le facultad para que elija un medio más rápido y seguro que el ordinario. De esta opción es posible hacer uso hasta dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del auto en donde se dispone la remisión del expediente. De lo que ocurra a este propósito debe dejarse constancia en el expediente por parte del secretario”.

“Y la otra, que es la ordinaria o común, consiste en que, si vencido el término anterior sin que se haya invocado la sobredicha posibilidad, el expediente debe ser llevado a la oficina postal del lugar para que allí, dentro de los diez días siguientes, se pague el valor de los portes de ida y de regreso. Si al cabo de este término la carga no ha sido satisfecha en su totalidad, el jefe de la oficina postal retornará el expediente al despacho de origen acompañado de oficio explicativo”(1).

Como bien se observa, la elección del medio postal corresponde al interesado y debe efectuarse mediante petición escrita y con observancia de los rigores establecidos en la norma, de lo cual se derivan importantes consecuencias para la suerte del recurso interpuesto.

Sin embargo, estos rigores no se encuentran establecidos, únicamente, en cabeza del interesado sino que comprometen la actividad del despacho judicial, a su turno que, mientras el recurrente dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que dispuso la remisión del expediente debe efectuar una petición para elegir el medio más rápido y seguro, el secretario debe dejar constancia de ello en el expediente y, caso contrario, es decir, cuando no se hizo uso de este procedimiento el secretario debe enviar el expediente a la oficina postal para que el interesado dentro de los 10 días siguientes pague el valor de los portes, so pena de retornar el expediente al despacho de origen y la declaratoria de deserción del recurso.

Finalmente, es importante para el asunto que aquí se estudia resaltar que la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en señalar que la petición del procedimiento especial corresponde al recurrente y no puede el secretario efectuar la remisión por el medio que él considere, sino que su actuación debe estar guiada por el interesado.

“En efecto, el entender que se trata de una petición, es decir, de una solicitud o postulación, y no de una ofrecimiento, presentación o invitación, conduce a que con toda nitidez se destaque el carácter de carga que aquella refleja, carácter que resulta incuestionable si se recuerda que su no atención en los términos de la ley se traduce en la declaratoria de deserción del recurso. De ahí que al elevar la petición sea necesario individualizar el medio que se pretenda utilizar para la remisión del expediente, y que, con arreglo al medio escogido, vengan a quedar cubiertos o satisfechos los portes en su totalidad. Si todo se redujera a un simple ofrecimiento, el secretario, en verdad, podría aceptarlo o rechazarlo a su antojo, conforme lo arguye el recurrente, y, por lo mismo, suya sería la responsabilidad. Más no es este el alcance que la figura tiene, como que, según es palmar, el interés de que las cosas se desenvuelvan en uno y otro sentido —o sea, de que el expediente llegue ante el superior más tarde o más temprano y de manera más o menos segura—, no puede residir en el funcionario, sino en quien ha interpuesto el recurso. Por eso no aparece del todo fiel al querer de la norma decir, sin las precisiones del caso, que queda a juicio del secretario aceptar o no el ofrecimiento. En sana lógica, el secretario le deberá dar curso a la solicitud, en tanto que estimo que el medio que se pretende utilizar reúne las condiciones pedidas en el precepto y, que, de acuerdo con ese medio, se le suministre el valor total de los portes, de manera que estos lleguen a ser cubiertos con toda exactitud, sin que quede nada pendiente, pues lo contrario se traduce, necesariamente, en el incumplimiento de la carga”.

Por lo demás, y aun cuando esté ya consignado en lo acabado de exponer, conviene insistir en que no es al secretario a quien, ad limitum, le corresponde escoger el medio. Su función, en el punto, reside, primero, en admitir o rechazar el que la parte señala. Y, luego, si lo acoge, debe recibir la totalidad de los portes dentro del término indicado en la norma.

3. Caso concreto.

En el sub lite, la sociedad Willipast pretendió que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la demandada por los defectos que hizo recaer sobre la actuación del secretario del Tribunal Superior de Medellín, por el error de procedimiento en el que incurrió al enviar el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que ella conociera del recurso extraordinario de casación, y de la misma Corte Suprema de Justicia que inadmitió el recurso extraordinario de casación y lo declaró desierto.

Al respecto, estoy de acuerdo con la decisión mayoritaria de la subsección, al considerar que los hechos expuestos en la demanda ocurrieron antes de la expedición de la Ley 270 de 1996,(2) aspecto de suma relevancia por cuanto la inaplicabilidad de este ordenamiento implica la debida legitimación en la causa por pasiva en cabeza de la Nación - Ministerio de Justicia, sin que se haga exigible la comparecencia de la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, como acertadamente lo sostiene el fallo, estos hechos no pueden ser analizados a la luz de la mencionada ley sino que el juicio de responsabilidad debe realizarse, directamente, bajo los postulados del artículo 90 Constitucional.

De la misma forma, coincido con la mayoría, en que el daño sufrido por los demandantes se encuentra acreditado, por lo que acertadamente difiere de la apreciación del a quo, pues dicho daño, evidentemente, consiste en la vulneración del derecho a acceder a la administración de justicia, consagrado por el artículo 229 de la Constitución Política, y obtener una decisión favorable o desfavorable de la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria.

No ocurre lo mismo, en cuanto al juicio de imputación y los fundamentos que allí se expusieron, por las consideraciones que paso a detallar.

En los hechos demostrados se estableció que dentro del término de ejecutoria del auto que concedió el recurso extraordinario de casación, el actor presentó un escrito en el cual manifestaba estar “dispuesto a cancelar el porte triple correspondiente al envío y regreso del expediente” a la Corte Suprema de Justicia, ante lo cual el secretario del Tribunal Superior de Medellín aceptó la “petición” y dispuso su envío a la oficina de administración postal para que allí se dijera el peso y valor del porte, como efectivamente se hizo.

Efectuado lo anterior, la sociedad recurrente canceló el valor del porte, de lo cual se dejó constancia secretarial y, posteriormente, el secretario del tribunal remitió el expediente a la ciudad de Bogotá con destino a la Corte Suprema de Justicia, donde se declaró inadmisible y desierto el recurso extraordinario de casación, con fundamento en las consideraciones citadas ad initio, pero que es necesario re-citar:

“Descendiendo al caso de este proceso, ninguna dificultas ofrece constatar cómo, pese al envío y contenido de la circular referida, el secretario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín recibió de la parte recurrente en casación el valor de los portes para la remisión del expediente a la Corte, sin que aquella le hubiese manifestado su intención de valerse de un medio del cual terminó remitiéndose por ese secretario la actuación. En estas condiciones, ni se dio cumplimiento al artículo 132 del Código de Procedimiento Civil en punto al pago de portes para la remisión especial o excepcional allí prevista, ni se observó tampoco el procedimiento señalado para la remisión ordinaria,pues, a despacho (sic) de las prevenciones del legislador y de las orientaciones de la Corte en orden a su cabal obedecimiento, el secretario de la citada corporación con la complacencia de la parte recurrente, hizo un compuesto de uno y otro procedimiento, que dieron al traste con el mandato de ley”.

De las consideraciones expuestas, resulta claro concluir, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia al inadmitir el recurso, que sí se presentaron fallas en el procedimiento adelantando para el pago del porte y la remisión del expediente, que el tramite ofrecido no fue el indicado en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil sino que este se realizó mediante la mezcla indebida de los mecanismos allí establecidos.

Lo anterior se explica, en primer lugar, porque si bien el recurrente presentó su escrito dentro del término de ejecutoria del auto que ordenaba la remisión, aparentemente en uso de la modalidad especial, esta no cumplía con lo deferido en el inciso 4º del 132 procesal, por cuanto no solicitaba expresamente la aplicación de este modelo ni indicaba el medio “rápido y seguro” por el cual había optado, sino que se limitaba a manifestar su disposición en la cancelación del porte. Frente a lo anterior, correspondía al secretario del Tribunal Superior de Medellín verificar si la solicitud, que en realidad no era tal, reunía los requisitos legales, para en su defecto dar aplicación al procedimiento ordinario, es decir, el establecido en los incisos 2º y 3º del, varias veces referido, artículo 132 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, el secretario del tribunal, con desconocimiento de tal precepto, aceptó la petición, que, se repite, no era tal, y ordenó llevar el expediente a la oficina postal para que se determinara el peso y valor del porte, aplicando el procedimiento correspondiente de la remisión ordinaria. Luego dejó constancia del peso y valor de porte informado por la oficina postal, recaudó el valor correspondiente, volvió a dejar constancia y remitió el expediente a la Corte de destino, aplicando, aunque imperfectamente, el procedimiento establecido para la remisión especial. Por lo cual la Corte Suprema de Justicia, consideró que el secretario y el recurrente “hicieron un compuesto de uno y otro procedimiento”.

En este sentido, conviene precisar, como se dijo antes, que del procedimiento establecido por el artículo 132 Procesal Civil se desprenden unas obligaciones normativas en cabeza del despacho judicial, concretamente del secretario del despacho judicial, cuya inobservancia, indefectiblemente, conlleva la imputación de una falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De manera, pues, que no es cierto, como erróneamente lo interpretó el fallo sobre el cual recae mi salvamento, que la actuación desplegada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín no conllevó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues el solo hecho de no haberle dado un estricto cumplimiento a la norma procesal, conlleva el desconocimiento del principio de legalidad contemplado en el artículo 6º constitucional, según el cual los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución o las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de donde se desprende, adicionalmente, la responsabilidad objetiva de la administración por incumplimiento de sus deberes normativos y la consecuente obligación de reparar los daños antijurídicos causados, de conformidad con el artículo 90 de la Carta Magna.

Del mismo modo, no considero que la actuación del secretario del tribunal haya dado cumplimiento al fin procesal y procedimental del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil ni que este resida en la simple remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia, por cuanto no debe perderse de vista que el fin último de las normas procesales o procedimentales será siempre efectivizar un derecho sustancial, en este caso, garantizar el acceso a la administración de justicia, en busca de una decisión judicial de la máxima corporación y órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, de manera que no se trataba solamente de remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia sino de asegurar el trámite del recurso extraordinario de casación, mediante la aplicación de un procedimiento adecuado, previamente, previsto y dispuesto por el legislador.

Ahora bien, en cuanto a la decisión del tribunal de casación y el cargo que en su contra radica el actor, es de precisar que ha sido reiterada su jurisprudencia en el sentido de afirmar que el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos dispuestos por el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil para el porte y la remisión del expediente, conduce a la inobservancia del precepto y, de contera, a la deserción del recurso,(3) criterio que debe ser plenamente conocido por los operadores judiciales y, principalmente, por los despacho judiciales y por quienes recurren en casación extraordinaria. Por lo cual, cabe afirmar que esta corporación no incurrió en error alguno sino que actuó dentro de sus competencias funcionales.

De otra parte, no puede olvidarse la participación del apoderado de la sociedad demandante en la inobservancia de las formas previstas en el procedimiento civil para la remisión del expediente, pues, indudablemente, este no se ciñó a las cargas allí impuestas ni a los criterios fijados por el máximo órgano de la jurisdicción civil. Aquí se configura una culpa concurrente de la víctima porque omitió los deberes procesales dispuestos en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, pero no por desconocimiento de la Ley 270 de 1996, la cual, aunque se había dicho que no era aplicable, terminó, erradamente, empleándose para absolver de responsabilidad a la administración y radicar toda la culpa en cabeza de la víctima.

En mérito de lo anterior, considero que el daño sí es imputable a la administración, aunque en concurrencia con la culpa de la víctima, y en estos términos debió declararse la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado.

En este sentido dejo presentado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

(1) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 2011, Expediente 05376 3103 001 2004 00139 01

(2) Página 12 de la sentencia.

(3) Corte Suprema de Justicia, sentencia de 13 de diciembre de 1994, Expediente 5276, auto de 28 de junio de 2005, Expediente 199400029 01, y sentencia de 31 de octubre de 2011, Expediente 05376 3103 001 2004 00139 01.