Sentencia 1995-00971 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Exp.: 27302

Rad.: 050012331000-1995-00971-01

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero.

Demandante: Jesús Alonso Angarita Jiménez .

Demandado: Departamento de Antioquia —Servicio Seccional de Salud—.

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá, D. C, veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS «IV. Consideraciones.

1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 11 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el caso sub examine.

2. Es importante resaltar que, como anexos de la demanda, fueron aportados una serie de documentos —facturas, recibos de pago y vales de salida de instituciones hospitalarias—, con los cuales la parte demandante pretende acreditar el daño emergente, al ser éstos, los soportes de los gastos a los que se vio obligado a incurrir para hacer frente a sus lesiones orgánicas y a los daños de su vehículo. Ahora bien, se advierte que la respectiva valoración probatoria de los documentos en mención, se hará en el acápite de perjuicios materiales, y al efecto, se determinará la viabilidad o no de los mismos, para proceder a su reconocimiento.

3. Con fundamento en las pruebas practicadas en el proceso, se advierte lo siguiente:

3.1. Respecto a la propiedad del vehículo tipo motocicleta, del demandante, marca Kawasaki KH100, de placas VZK20, modelo 79, se tiene que la misma viene debidamente acreditada, mediante la tarjeta de propiedad Nº 94-690338, de la dirección del tránsito departamental de Antioquia, que obra a folio 30 del expediente.

3.2. En lo que concierne a los daños corporales del señor Jesús Angarita Jiménez, están probados en debida forma; por un lado, en el documento médico aportado, contenido en la historia clínica elaborada por la Institución Hospitalaria Clínica de Medellín, que describe el proceso médico asistencial desplegado a raíz del accidente sufrido por el mencionado paciente; y por el otro, en los certificados de incapacidad expedidos por la Clínica de Medellín, por fractura de tibia; el primero, de diciembre 24 de 1994, que informa una incapacidad dada desde el 20 de noviembre de 1994 hasta el 20 de febrero de 1995; y el segundo, del 20 de febrero de 1995, que prolonga la incapacidad desde esta fecha hasta el 15 de abril del mismo año. Se extrae lo pertinente de estos documentos:

“Notas de evolución

Jesús Alonso Angarita Jiménez, 25 años. nat de Medellín, residente en bello. Casado. 1 hija.

Pcte que hace 1 hora en accidente de tránsito, mientras conducía moto fue atropellado por ambulancia del Hospital Marco Fidel Suárez, y al parecer el paciente llevaba una botella de vidrio con la que se produjo herida en abdomen”.

(…)

Hay vidrios pequeños en área inguinal.

Extrem; en 1/3 proximal de tibia izda

Deformidad, edema, y herida de 3 cms2 por donde sale moderada sangre y “bolitas” de grasa. (fl. 136 cdno. ppal. Tribunal).

“Ortopedia y Traumatología

Diciembre 20 de 1994

Hago constar que el señor Jesús Alonso Angarita Jiménez c.c. 98500265 de Bello, se encuentra incapacitado por Fractura de Tibia; provisionalmente desde el 20 de noviembre del año en curso hasta febrero 20 de 1995.

Firma, Dr. Álvaro Toro Posada”. (fl. 32 cdno. ppal. Tribunal).

“Fracturas y Rayos x de Antioquia

Febrero 20 de 1995

Solicito prolongar incapacidad del 20/II/95 al 15/04/95, por fractura de tibia izquierda.

Firma, Dr. Álvaro Toro Posada. (fl. 23 cdno. ppal. Tribunal).

3.3. En lo que respecta al estado en el que quedó el automotor de propiedad del demandante, no obstante a que no se aportó lo que a ello concierne en la investigación del tránsito, aparece demostrado en un documento, los arreglos a los que fue sometido el vehículo por el impacto sufrido. (fl 36, cdno ppal. Tribunal).

3.4. Haciendo referencia a aspectos circunstanciales de tiempo y modo, se tiene que el día 20 de noviembre de 1994, siendo las 11:00 pm, a la altura de la carrera 45 con calle 20D del municipio de Bello, en una intersección, ocurrió un accidente entre dos vehículos, uno —tipo ambulancia—, perteneciente al municipio demandado, y destinado al servicio seccional de Salud; y otro, del cual era titular el actor, y que se vio comprometido parcialmente por el impacto, evento que le causó lesiones a su conductor, Jesús Angarita Jiménez, según informe de accidente de la Secretaría de Tránsito del Municipio de Bello (fls. 4 y 5, cdno. ppal. Tribunal).

3.5. En lo que se refiere a la propiedad del vehículo del demandado, identificado con placa OM 7037, se advierte que se encuentra debidamente acreditada, lo que viene confirmado por el certificado de diciembre 28 de 1994, expedido por el municipio de Medellín (fl. 35 del principal). Del que se destaca:

“Secretaria de Transportes y Tránsito Municipal

Sección archivo parque automotor

El jefe de la sección archivo parque automotor certifica sobre el vehículo de las siguientes características:

Placa: OM 7037 Servicio: Oficial

Clase: Campero Empresa: XXX

Marca: Land Rover Motor: E31619562b

Modelo: 1986 Chasis: VSELBCAH2AZ103271

Color: amarillo y crema Serie: CAH2AZ103271

Matriculado en febrero 2 de 1987 a nombre de Servicio Seccional de Salud de Antioquia, actual propietario con NIT 90.980.740.

Firma,

Francisco Franco Londoño

Jefe Sección Archivo

Parque Automotor”. (Fl. 35. Cdno ppal. Tribunal).

3.6. Sobre la forma como ocurrieron los hechos, si bien, no se levantó croquis del accidente, por movimiento de los vehículos, según se indica en el informe de accidente Nº 93-0214111, elaborado por la oficina del tránsito del municipio de Bello(1), la resolución contravencional Nº 6831 del 16 de diciembre de 1994, de la Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Bello —Antioquia—, da cuenta de los mismos, al decir que el siniestro consistió en un accidente-choque entre dos vehículos, causado por el automotor identificado por placas OM 7037, de propiedad del demandado, el que infringió una norma de tránsito, al llevar a cabo una maniobra indebida, la que consistió en hacer un giro hacia la izquierda para tomar la calle, sin hacer el pare de rigor, lo que le impidió ver a la motocicleta que venía en su vía, propiciando con ello la colisión(2).

4. Con los medios suasorios relacionados, se tiene por acreditado el daño alegado en la demanda, ya que se demostró que el señor Jesús Angarita Jiménez sufrió lesiones físicas y patrimoniales, consistiendo las primeras, en golpes y fractura de tibia izquierda; y las segundas, en las averías del vehículo de su propiedad, como consecuencia de la colisión con el automotor tipo ambulancia del ente demandado, conducido por un agente de este último.

En lo que respecta al daño alegado, se advierte que el mismo tiene la connotación de antijurídico, pues quien lo padeció no estaba en el deber jurídico de soportarlo.

Ahora bien, la antijuridicidad del daño va dirigida a que no solo se constate la materialidad y certeza de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de padecerlo.

El daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se edifica la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos elementos a saber: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material, y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(3). Al respecto esta corporación ha señalado:

“(…) el daño antijurídico lejos de ser un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga”(4).

5. En ese orden, probada la afectación de los bienes corporales y materiales de la parte demandante, y la entidad jurídica de ellos, se procede a llevar a cabo un análisis de imputación, tendiente a verificar si los mismos son atribuibles a la entidad demandada bajo el título de responsabilidad que en derecho corresponda, en atención a las particularidades del caso.

Pues bien, se encuentra probado que el 20 de noviembre de 1994, en la calle 20D del municipio de Bello, a la altura de la carrera 45, se presentó el accidente automovilístico en el que resultó lesionado Jesús Alonso Angarita Jiménez(5).

En la Resolución 6831 del 16 de diciembre de 1994, con la que se puso punto final al proceso contravencional del accidente en mención, se señaló que la causa del mismo, fue la infracción a la norma de tránsito en que incurrió el señor Jorge Luis Álvarez Calderón, conductor del vehículo tipo ambulancia —de propiedad del demandado—, quien no se percató de la moto que transitaba en la calle y llevó a cabo un giro prohibido, pues debió detener completamente la marcha y asegurarse de que podía hacer la maniobra para ingresar a la calle, evitando así las consecuencias ocurridas(6). El acto administrativo lo declaró como contraventor de la norma de tránsito, sancionándolo en consecuencia, con el pago de una multa de dos salarios mínimos legales diarios, suma igual a $6.600, y absolvió de toda responsabilidad a Jesús Angarita Jiménez.

Se resalta lo pertinente de la resolución:

Analizadas las pruebas que obran en el despacho, como son el informe del guarda del procedimiento, la revisión técnica del vehículo # 2, lo mismo que la versión inicial del conductor del Land Rover, así como las declaraciones de ambos conductores en el desarrollo de la audiencia pública. Este despacho identificó plenamente a Jorge Luis Álvares Calderón como el responsable de la contravención a la norma de tránsito, ya que como él mismo lo manifiesta en su declaración se considera como responsable, puesto que no vio la moto cuando iba a hacer el giro hacia la izquierda para tomar la calle. Claramente se deduce, que el conductor del vehículo #2, debió parar completamente su vehículo y asegurarse de que podía hacer la maniobra para ingresar en la calle, sin las consecuencias que aquí estamos analizando. Le faltó prudencia y mesura, y no tuvo en cuenta la moto que venía por su vía, lo que ocasionó la colisión (…).

RESUELVE:

1. Declarar contraventor del artículo 177 numeral 2 del Decreto 1344 del 70 a Jorge Luis Álvares Calderón.

(…).

3. Absolver de responsabilidad a Jesús A. Angarita Jiménez. (fls. 6 y 7, cdno ppal. Tribunal).

6. Conforme a lo anterior, se acreditó que el daño sufrido por el demandante, es imputable a la entidad demandada, Departamento de Antioquia —Servicio Seccional de Salud—, toda vez que, a la luz de los hechos probados, se está en presencia de una falla del servicio, por las razones que pasan a exponerse.

La demandada incumplió una obligación a su cargo, pues realizó una conducta que, para la normativa de tránsito es considerada como una contravención. Al respecto, el artículo (177) del Código Nacional de Tránsito (D.L. 1344/70), aplicable al momento de los hechos, consagraba lo siguiente:

“ART. 177.—Será sancionado con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

1. Transitar sin las protecciones establecidas para evitar salpicaduras.

2. No respetar las prelaciones de tránsito de otros vehículos.

La resolución de sanción, que obra a folios 6 y 7 del cuaderno principal, revela la comisión de una imprudencia en la vía por parte del conductor del vehículo tipo ambulancia de placas OM 7037, infracción que consistió llevar a cabo un giro hacia la izquierda sin hacer el pare de prelación que le era exigido en esa intersección. Tal conducta, evidentemente peligrosa, fue la determinante en la ocurrencia de la colisión, ya que al invadir la vía por la que transitaba el vehículo del demandado, de manera intempestiva, se generó del siniestro.

Es evidente, entonces, que lo sucedido tuvo origen en la realización de una conducta prohibitiva, por lo tanto, el conductor, sujeto activo de este evento, debe asumir las consecuencias de su actuación.

No hay duda que esta conducta anómala, fue la causante del accidente en el que resultó con lesiones el joven Jesús Alonso Angarita Jiménez, comoquiera que el conductor de la ambulancia de la demandada llevó a cabo un giro sin la precaución del caso, ocasionando el choque entre los dos vehículos comprometidos. De esta infracción, por lo demás, deviene claramente esperable, conforme a las reglas de la experiencia, el accidente ocurrido, lo que permite considerarla en el caso concreto, la causa del resultado. En consecuencia, se encuentra demostrada la falla de la administración, pues frente a los hechos, resulta claro, que violó una disposición del Código Nacional de Tránsito, posibilitando con ello el siniestro en el que se vio lesionado Jesús Angarita Jiménez.

7. Ahora bien, en la sentencia de primera instancia se absolvió a la entidad demandada, al tener como acreditada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, considerándose como causa única del accidente, el hecho de que el joven Jesús Angarita Jiménez estuviera bajo los efectos del alcohol, soportando el argumento en el examen de alcoholemia que obra a folio 72 del expediente, el que informa que el demandante presentaba una embriaguez aguda positiva.

Esta Sala recuerda que, en lo que respecta a la culpa exclusiva de la víctima, como impeditiva de imputación, para su procedencia, se requiere de lo siguiente: la presencia de un actuar: positivo o negativo, esto es, de una acción u omisión por parte de quien alega padecer el daño; y ese actuar, viene a ser el determinante y exclusivo del hecho que materializa el acontecer de las lesiones infligidas.

Sin duda, como lo ha señalado la Sala, el demandado se libera si logra acreditar que fue el comportamiento del propio afectado determinante y decisivo en la generación del daño, así lo precisó en sentencia del 13 de agosto de 2008:

“Desde la perspectiva general, es claro que el hecho de la víctima a efectos de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor, como quiera que no existe disposición jurídica que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hechos de la víctima y, más aún, de evitarlos.

En efecto, el demandado solo se encuentra obligado a evitar los daños padecidos por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante(7) frente a aquélla, casos en los cuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoria debe acreditar la imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga. A contrario sensu, en las demás circunstancias, el demandado se libera si logra acreditar que fue la consecuencia del comportamiento de la propia persona que sufrió el daño.

En ese sentido, la Sala debe precisar y desarrollar la posición jurisprudencial vigente, como quiera que en reciente oportunidad se señaló:

“En este caso, la entidad demandada y las llamadas en garantía alegaron como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible para la Administración. De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad, se revela una falla del servicio en el entendido de que dicha entidad teniendo un deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor(8).

El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”(9).(10) (Destaca la Sala)”.

Sobre el particular, debe advertirse que los propios hermanos Mazeaud rectificaron la doctrina que sobre el particular habían trazado en su obra “Lecciones de Derecho Civil” (1960), cuando en su tratado de “Responsabilidad Civil” (1963), en relación con la materia objeto de análisis manifestaron:

1462. ¿Debe ser imprevisible e irresistible el hecho de la víctima? – La irresistibilidad y la imprevisibilidad son, por lo general, consideradas como necesarias para que haya fuerza mayor; pero no para que el hecho de la víctima sea una causa liberatoria. Desde el momento en que el hecho no es imputable al demandado, eso basta. No cabría obligar al demandado, según se dice, a precaverse contra los hechos de la víctima, como no cabe obligarse a que se prevenga en contra de los acontecimientos naturales.

(…)(11) (Negrillas de la Sala).

Lo anterior no quiere significar en modo alguno, que el hecho de la víctima en ocasiones pueda ser total o parcial, en cuanto se refiere a la materialización del resultado dañoso, motivo por el cual será el juez quien en cada caso concreto el que valorará el curso o cursos causales existentes, para determinar la imputación fáctica del daño antijurídico, lo que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una concausa, situación ésta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según el grado de participación de cada sujeto, el monto del perjuicio padecido.

Ahora bien, no significa lo anterior que toda conducta de la víctima tenga la suficiente dimensión o entidad para excluir o enervar la imputación frente al presunto responsable; el comportamiento de aquella para poder operar como causal exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que sea evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la generación del daño.

El principio de confianza conlleva implícito la tranquilidad que tienen las personas que integran la sociedad, de que el Estado prestará adecuadamente sus servicios públicos, por lo que, no cualquier tipo de participación de la víctima, en una actividad riesgosa, reviste la estatus necesario para excluir la responsabilidad de la administración.

En síntesis, no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación.

Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis”(12).

Sin embargo, desde otra perspectiva, para la Sala es inhesitable que el accidente ocurrió por el hecho exclusivo y determinante del demandado, en la medida en que se encuentra claramente probado el origen del mismo, consistente en la infracción realizada por el conductor del vehículo oficial. Y, si bien, el conductor de la motocicleta —hoy demandante— se encontraba con un grado de alcohol del 130%(13), circunstancia que, a pesar de ser evidentemente irreflexiva, en tanto conducir en grave estado de embriaguez deja librado al azar un eventual accidente, no es óbice para posibilitar la imputación del daño a la administración, comoquiera que su actuar fue la génesis del evento.

En el caso sub exámine, el señor Angarita Jiménez condujo un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, esto es, con sus capacidades motoras y mentales seriamente disminuidas(14), tal decisión, a todas luces insensata, demuestra falta de cuidado, precaución y previsión de su parte, lo cual es entitativo de culpa y, por ello, su conducta deviene censurable desde todo punto de vista; sin embargo, pese a la existencia de la culpa en sí misma, esta circunstancia no tuvo incidencia en la producción del daño o resultado, el cual sólo le es atribuible al conductor de la ambulancia que hizo el giro prohibido impactando la motocicleta.

Así las cosas, la mal denominada “causa extraña” se refiere a la verificación de circunstancias que tornan inimputable el daño a la administración pública, bien porque es producto de una fuerza mayor, un caso fortuito, ora por el hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero. Como se aprecia, la configuración de una o varias circunstancias exonerativas de responsabilidad se hace en sede de la imputación fáctica del daño. En otros términos, al momento de establecer el autor del daño es preciso identificar a quién le es imputable de manera plena, concurrente o graduada, para lo cual es pertinente acudir a los elementos de la imputación objetiva.

En el caso sub examine, es indiscutible que el comportamiento que incrementó el riesgo permitido fue el comportamiento del conductor del vehículo oficial, ya que materialmente el giro realizado fue el factor determinante y exclusivo en la producción del daño, motivo por el que es imputable en el plano fáctico a la entidad demandada.

Sea la oportunidad para reiterar que en el derecho de la responsabilidad es imprescindible que se verifique la concreción o materialización de una lesión antijurídica para que pueda predicarse el derecho al resarcimiento. De modo que, la simple realización de una conducta culposa —manejar un vehículo en estado de ebriedad— no supone, per se, la operatividad de un escenario propio del derecho de daños.

Es preciso que la responsabilidad extracontractual —a diferencia de lo que viene ocurriendo con el derecho penal, a partir de la influencia del funcionalismo alemán— no se contagie por lo que la filosofía moderna ha denominado popularmente como el “neopuritanismo”, es decir, derivar consecuencias jurídicas a circunstancias que si bien son reprochables aún no han producido daños o modificaciones en el mundo exterior.

Por lo tanto, el derecho de daños no puede —bajo ningún modo— ser un elemento sancionatorio de conductas peligrosas consideradas en sí mismas; a contrario sensu, es imprescindible que el operador judicial valore el acervo probatorio para determinar si el comportamiento de la víctima —por más reprochable que haya sido— fue realmente esencial en la producción del daño. Una postura contraria supondría trasladar a la víctima total o parcialmente las consecuencias negativas del daño, cuando lo cierto es que su acción no fue definitiva en la materialización del hecho.

En esa línea de pensamiento, en el derecho moderno de daños las causales exonerativas de responsabilidad están exentas de cualquier valoración subjetiva o culposa, ya que lo relevante es que se establezca el autor del daño, para lo cual habrá que acudir a la teoría de la imputación objetiva en aras de establecer si el mismo es atribuible a la administración pública demandada, a un factor externo de la naturaleza, a un hecho interno de la actividad o de la cosa, o a un hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero.

A partir de la identificación del autor del daño, se podrá seguir con el juicio de imputación jurídica para identificar si existe un fundamento normativo que compela al demandado a la reparación integral del daño, evento este último en el que sí tendrá relevancia —salvo los escenarios de responsabilidad objetiva— la naturaleza del comportamiento desplegado.

En esa línea de pensamiento, la responsabilidad extracontractual del Estado se construye a partir de un razonamiento escalonado de la siguiente forma: i) la constatación de un daño antijurídico, que no tiene nada que ver con el comportamiento del victimario, sino con si la víctima estaba o no en la obligación de soportarlo, ii) la imputación fáctica, esto es, el juicio de atribución material que lleva a cabo para identificar al “autor” del hecho, iii) la imputación jurídica, que es el juicio normativo que se adelanta para determinar cuál es el fundamento jurídico de la responsabilidad, esto es, si es un comportamiento culposo, riesgoso o que rompe de manera grave y especial la igualdad frente a las cargas públicas, y iv) la valoración del daño, es decir, el esclarecimiento de la magnitud del daño y, por lo tanto, las medidas idóneas para repararlo.

En el caso concreto, se advierte de manera palmaria que con independencia al comportamiento culposo, irregular y peligroso de la víctima, no fue este el que produjo el daño sino que, por el contrario, el giro prohibido e intempestivo dado por el conductor de la ambulancia fue determinante en la materialización del mismo.

Mutatis mutandi, es posible que se verifiquen escenarios en los que exista una indiscutible falla del servicio que no sea el factor material o fáctico en la producción del daño; eventos en los que se dan situaciones donde el agente estatal incurre en una falla del servicio pero la misma no se vincula o relaciona con el daño y, por lo tanto, es irrelevante en materia de la responsabilidad porque no contribuyó a ocasionar el resultado(15).

Ahora bien, no obstante la conducta advertida, señalándose con ello lo reprochable de la actuación del demandante, al ente municipal demandado le corresponderá asumir el 100% de la condena, pues se encuentra plenamente probado el origen del accidente, cuya causa determinante y adecuada viene a ser la violación a la norma de tránsito llevada a cabo por el demandado, el que fue posteriormente sancionado y declarado contraventor, al concluirse en la investigación del tránsito que el giro imprudente realizado, fue lo determinante en el acaecimiento de la colisión.

En una decisión con supuestos fácticos similares, la Sala discurrió de la siguiente manera:

“A lo largo del proceso, la entidad demandada dedicó todo su esfuerzo a probar una supuesta culpa de la víctima en la producción del daño. El análisis que hace la entidad encartada, parte del estado de embriaguez que presentaba la víctima al momento del accidente, circunstancia que, a su juicio, fue la determinante para la ocurrencia del accidente de tránsito en que perdió la vida el conductor del carro particular.

En este punto, la Sala advierte que, si bien es cierto la víctima (conductor del vehículo particular), al momento del accidente se encontraba en estado de embriaguez según el reconocimiento médico legal que se le practicó después del accidente, también lo es, que esa circunstancia en nada fue determinante para la ocurrencia del accidente.

En efecto, las pruebas allegadas al expediente, determinan que el conductor del vehículo particular conducía su automotor por el carril correspondiente, a la velocidad permitida y en momentos en que el semáforo ubicado a la altura de la avenida Boyacá, junto a la entrada al terminal de transportes, le daba la vía, pues se encontraba en luz verde. Por el contrario, los testigos presenciales de los hechos señalaron con precisión que la causa del accidente fue la negligencia del conductor del carro oficial, quien, a gran velocidad y sin respetar una norma de tránsito, consistente en detener la marcha ante una señal de semáforo en rojo, siguió su camino atropellando violentamente al vehículo del señor Urbina Muñoz, ocasionándole la muerte, casi de manera inmediata.

No hay duda que la condición en que se encontraba el conductor del vehículo particular al momento del accidente, es reprochable y posiblemente constitutiva de una culpa grave, pero en el caso concreto, esa circunstancia, no tiene relación de causalidad con el daño, pues el factor preponderante para la producción del perjuicio fue la conducta negligente del conductor oficial, al haberse pasado un semáforo en rojo, cuando su obligación era hacer el pare. Dicho de otro modo, la conducta de la víctima no fue la causa eficiente e idónea del daño o concausa del mismo, circunstancias que hubieran liberado de responsabilidad a la entidad encartada, o disminuido su obligación reparatoria.

El hecho de la víctima, tal y como lo advierte el Dr. Javier Tamayo Jaramillo, es importante para exonerar, parcial o totalmente al demandado que ha causado un daño; su influencia definitiva será determinada en la medida en que ese hecho haya sido causa exclusiva o parcial del perjuicio(16). O como lo señalan los Hermanos Mazeaud y Tunc,“ el hecho de la víctima no puede ser tenido en cuenta más que con la condición de poseer un vínculo de causa a efecto con el daño. ¿Qué importa la acción, incluso culposa, de la víctima si nada tiene que ver con la realización del perjuicio? El principio es indiscutible”(17).

En el caso sub judice, está demostrado que la conducta del conductor del vehículo particular (conducir en estado de embriaguez), carece de relación de causalidad con el perjuicio, pues el hecho determinante para la producción del daño, lo constituyó la culpa del conductor oficial que, violando una norma de tránsito, colisionó su automotor contra el carro del señor Urbina Muñoz”(18).

En virtud de lo expuesto se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará responsable al Departamento de Antioquia —Servicio Seccional de Salud de Antioquia—.

8. En cuanto a la indemnización de perjuicios, el demandante aportó —como lo dejó expuesto en la demanda—, una serie de facturas y constancias de pagos hospitalarios, por lo que se hace necesario evaluar el lleno de requisitos de cada título que se pretende hacer valer, con miras a su liquidación.

En primer lugar, el Código de Comercio establece los requisitos generales para los títulos valores, es decir aquellos que son de su esencia, discriminados así:

“ART. 621.—Requisitos para los títulos valores.Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes:

1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y

2) La firma de quién lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega”.

Como se puede apreciar, en un primer momento, la normativa comercial señala dos requisitos que debe observar un documento para poder tenerse como título valor —sin perjuicio del cumplimiento de los demás, considerados particularmente para cada especie—, de donde se concluye, de manera correlativa y sin duda alguna, que el documento que se pretenda hacer valer y que no contenga la mención del derecho que incorpora y la firma de la persona que lo crea —la cual se podrá sustituir por una mecánicamente impuesta, más no prescindir de ella—, acarreará como consecuencia su inexistencia, de allí que aquel que adolezca de alguno de estos requisitos preliminares, le será desechada cualquier fuerza de convicción.

Posteriormente, el artículo 624 establece puntualmente:

ART. 624.—Derecho sobre título-valor.El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada”. (Negrillas fuera del texto original).

Es claro, entonces, que la exhibición del título valor original constituye un requisito sine qua non para el ejercicio del derecho que en él se incorpora; de allí que, para el efecto del que aquí se ocupa la Sala, los documentos que se pretendan hacer valer debieron haber sido presentados en original, so pena de restarles el valor probatorio cuya atribución pretende darle el interesado. Si la copia, duplicado o similar del documento fuera suficiente para ejercitar el derecho que en él se contiene, tal supuesto habría sido de elemental alusión por parte del legislador. No siendo ello así, la prueba del derecho que se pretende, incorporado en un título valor, debe tener carácter de plena certeza, verosimilitud que sólo se alcanza mediante la presentación del documento original.

Así lo confirma el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, al regular lo concerniente al proceso ejecutivo singular:

“ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Evidentemente, tratándose de documentos que incorporan el derecho que se pretende hacer valer, no puede tener mérito probatorio alguno el título que se aporta en copia o que, en suma, carece de los requisitos de su esencia. Así también lo expresó el académico Henry Alberto Becerra León, quien al disertar sobre los requisitos de validez de los títulos valores se refirió al fenómeno de la ineficacia —regulada por el estatuto de comercio—, precisando que éstos se componen de un instrumento —llámese documento— y de la obligación que en ellos se incorpora, siendo ambos elementos susceptibles de la afectación:

“(…) En ese orden de ideas, debe advertirse que la ineficacia ataca en algunas ocasiones al instrumento y, en otras, a la obligación cambiaria, razón que obliga a clasificar las especies de ineficacia propuestas por el Código de Comercio, Así:

1. Ineficacias que perturban los efectos del instrumento, pero no atacan los efectos de la obligación: a) la ineficacia liminar, y b) la inexistencia (…).

1.3.1. La ineficacia liminar.

Está prevista en el Código de Comercio, así: “ART. 897.—Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial (…).

La ineficacia liminar o de pleno derecho atacó el instrumento, pero no perturba los efectos de la obligación, la cual sigue siendo una obligación civil (…).

1.3.2. La inexistencia.

Corresponde al grupo de las ineficacias que perturba la producción de efectos del instrumento, pero deja incólume la obligación.

Igual a como ocurre en la ineficacia liminar, la inexistencia no puede ser declarada por el juez; simplemente, el negocio jurídico inexistente nunca nació y, por ende, nunca produjo efectos (…).

El artículo 898 que nos ocupa, contempla dos causales de ineficacia por inexistencia: 1) La falta de formalidades sustanciales y, 2) La ausencia de elementos esenciales.

En punto de los títulos-valores, puede afirmarse que la formalidad sustancial es, sin lugar a dudas, le presencia del documento escrito. No existe un título valor que no conste en documento escrito. Pero, además, ese documento debe contener los requisitos esenciales generales que impone el artículo 621 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1501 del Código Civil, y los esenciales particulares que, para cada título-valor en especial, nuestra legislación exige (…)” (negrillas fuera del texto original).

Pues bien, dado que gran parte de los documentos aportados son facturas cambiarias —o se pretenden hacer valer como tales—, es de resorte indispensable referirse a la regulación contenida en el Código de Comercio, anterior a las modificaciones que introdujera la Ley 1231 de 2008 —por la cual se unificó la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictaron otras disposiciones—.

“ART. 774.—La factura cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes:

1) La mención de ser 'factura cambiaria de compraventa';

2) El número de orden del título;

3) El nombre y domicilio del comprador;

4) La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material;

5) El precio unitario y el valor total de las mismas, y

6) La expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero ésta perderá su calidad de título-valor”. (Texto original del Código de Comercio, vigente al momento de presentación de la demanda.)

Hecha la anterior aclaración —a la luz de las disposiciones citadas—, después de realizar el respectivo análisis de los documentos aportados con la demanda, encuentra la Sala que aquellos presentados en original, cuyos restantes requisitos son susceptibles de ser evaluados para efectos de liquidar la indemnización, son los que a continuación se relacionan:

VENDEDORCOMPRADORTÍTULOFECHAVALORREQUISITOSFOLIO
Clínica de MedellínJesús A. Angarita J.Facturación24/11/94$1.645.000.0011
Clínica de MedellínJesús A. Angarita J.Comprobante de Ingreso15/12/94$15.866.00SI13
Clínica de MedellínJesús A. Angarita J.Cargo por servicios24/11/94$19.087.00SI15
Clínica de MedellínJesús A. Angarita J.Comprobante de Ingreso18/03/95$35.055.00SI17
MetrosaludJesús A. Angarita J.Prestación de servicio16/03/95$7.800.00SI18
Fracturas Antioquia S.A.Jesús A. Angarita J.Factura02/02/95$21.600.00SI21
Drogas NovaclínicaJesús A. Angarita J.Factura24/11/94$20.200.00SI29
Reparación de Motos Elías P.Jesús A. Angarita J.Factura5/12/94$368.000.00SI36
Hospital San Vicente de PaulJesús A. Angarita J.Factura15/09/95$204.980.00SI55

Así las cosas, se concluye que, la totalidad de documentos incluidos en el cuadro, cumplen con los requisitos de ley a efectos de su declaración como título que incorpora un derecho a reconocer, teniendo en cuenta que los mismos dan fe de su creador; de la fecha de su creación; de un pago efectuado; su valor, y de quien satisface la obligación de pagar, que para el caso que nos ocupa es el señor Jesús Angarita Jiménez.

8.1 Daño emergente.

a. Con base en las facturas en mención, se procederá a cuantificar el daño emergente, para lo cual se sumarán los distintos valores consignados en los documentos transcritos.

Total indemnización por daño emergente = $2´337.588

Ahora bien, determinado el valor de los gastos en los cuales tuvo que incurrir Jesús Angarita Jiménez, se procederá a su actualización:

XXXXX.JPG

8.2. Lucro Cesante.

Como para el reconocimiento del lucro cesante en favor del lesionado, Jesús Alonso Angarita Jiménez, se aportó prueba del valor del salario que recibía al momento del accidente(19), esto es, $250.000, se procederá a liquidarlo con base en esa suma. Por tanto, se tendrá como salario, el devengado al momento de la ocurrencia de los hechos, el que actualizado arroja una suma de 1´105.298, valor que será incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, arrojando con ello, la suma de $1´036.220

La Sala decretará a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, las sumas que Jesús Angarita Jiménez debió percibir durante el período comprendido entre la fecha del hecho, esto es, el 20 de noviembre de 1994 y el 15 de abril de 1995(20), que corresponde a 6 meses.

Ahora bien, para liquidarlo, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para tal efecto. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia.

Lucro cesante consolidado a favor de Jesús Angarita Jiménez:

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S= $ 6´293.461

Total perjuicios materiales a favor de Jesús Alonso Angarita Jiménez: $16´628.394

8.3. Con relación a los perjuicios morales, se advierte que, de acuerdo a la gravedad de la lesión del bien jurídico, y la consecuente aflicción que se presume tuvo que padecer el señor Jesús Angarita, se decretará el monto de 40 SMMLV.

9. Por último, en lo que atañe al llamamiento en garantía efectuado por el ente territorial demandado a la Compañía Aseguradora La Previsora S.A., es pertinente analizar su situación en el proceso, es decir, la calidad que ostenta, según el pacto contractual previo; y de allí, determinar si tiene obligaciones para con el Departamento de Antioquia —Servicio Seccional de Salud— por razones indemnizatorias.

La vinculación al tercero tuvo lugar en el proceso, toda vez que la entidad demandada suscribió póliza de cumplimiento Nº 0036688, que cubría riesgos en los que eventualmente se podía ver inmersa la entidad, con ocasión a daños causados con el vehículo de placas OM 7037, en el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 1994 y el 16 de febrero de 1998(21).

Ahora bien, revisada la póliza en mención, y comoquiera que los hechos que dieron origen al sub exámine tuvieron ocurrencia en noviembre de 1994, esto es, en el tiempo de cobertura del seguro, se procederá a hacerla efectiva, en aras de que la compañía concurra al pago de la condena que se impone; no obstante, se limitará el pago al monto máximo protegido en el contrato de seguro, siendo éste el de $10.000.000(22), valor que será actualizado(23), arrojando la siguiente variación:

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 11 de noviembre, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negaron las súplicas de la demanda, y, en su lugar:

1. Declárase al Departamento de Antioquia —Servicio Seccional de Salud— patrimonialmente responsable por los perjuicios causados al demandante con ocasión de los hechos narrados en la demanda.

2. Condénase al Departamento de Antioquia —Servicio Seccional de Salud—, a pagar al señor Jesús Alonso Angarita Jiménez las siguientes sumas:

2.1. Por concepto de perjuicios materiales —daño emergente—, la suma de diez millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos ($10´334.933).

2.2. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado—, la suma de seis millones doscientos noventa y tres cuatrocientos sesenta y uno ($ 6´293.461).

2.3. Por concepto de perjuicios morales, la suma de 40 SMMLV.

3. La compañía aseguradora La Previsora pagará al Departamento de Antioquia —Servicio Seccional de Salud— el valor de lo cancelado por esta, de acuerdo a la Póliza de cumplimiento Nº 0036688 de la cual es beneficiaria la segunda.

4. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 115, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

 

(1) Folios 4 y 5 cdno ppal. Tribunal.

(2) Folio 6 cdno ppal. Tribunal.

(3) Cf. DE CUPIS, Adriano “El Daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de marzo de 2012. Radicación 20.734 C.P. Enrique Gil Botero.

(5) Folios 4 y 5 del cdno. ppal. Tribunal.

(6) Folio 6 cdno. ppal. Tribunal.

(7) Acerca del concepto de posición de garante, así como su aplicación en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado, se pueden consultar las siguientes sentencias: de 4 de octubre de 2007, Exp. 15567, de 4 de diciembre de 2007, Exp. 16894, y 20 de febrero de 2008, Exp. 16696.

(8) Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosch, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(9) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, Exp. 16235, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Mazeaud, Henri y León, y TUNC, André “Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil”, Tomo Segundo, Volumen II, Ed. Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1963, pág. 40.

“Pero la doctrina y la jurisprudencia discuten sobre la necesidad de que ese hecho exclusivo de la víctima sea imprevisible e irresistible. Los Mazeaud sostienen que la “imprevisibilidad y la irresistibilidad no son necesarias al hecho exclusivo de la víctima, para que este exonere de responsabilidad”. Tamayo Jaramillo, Javier “Tratado de Responsabilidad Civil”, Ed. Legis, Tomo II, pág. 61.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Expediente: 17.042, actores: Stella Castaño Franco y otro, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

(13) Folio 72, cdno ppal. Tribunal.

(14) “Las principales alteraciones por el efecto del alcohol son del sistema nervioso central, ya que el alcohol actúa como depresor de él, dependiendo de la cantidad ingerida.

El paciente embriagado no puede ocultar o alterar los signos y síntomas neurológicos porque no depende de la voluntad de la persona.

(…).

Los principales {síntomas} son:

—Pérdida de la conciencia, inicialmente en forma leve (somnolencia), luego entra en confusión, estupor y coma hasta llegar a la muerte.

—Incoordinación motora que pasa de leve, a moderada y grave, siendo incapaz de realizar movimientos finos.

—Trastornos del lenguaje por la acción del alcohol sobre los núcleos basales del cerebro, manifestados en disartria cada vez más notoria, hasta que ya no es capaz de articular palabras.

—Pérdida de la coordinación ocular. Por el efecto del alcohol sobre los núcleos basales cerebrales se pierde el control sobre los movimientos oculares presentando nistagmus, es decir, alteración sobre los movimientos horizontales de los ojos, además hay estrabismo. Las pupilas presentan miosis, es decir, contracción pupilar, pero en las intoxicaciones graves hay midriasis (se dilatan las pupilas).

—El paciente pierde el equilibrio, teniendo que aumentar el polígono de sustentación (miembros inferiores abiertos), por el efecto del alcohol sobre el sistema cerebeloso.

—El sistema parasimpático produce rubicundez facial o palidez, inyección conjuntival, hiperhidrosis (sudor exagerado)

—Aliento alcohólico dado por la volatibilidad del etanol que se elimina por la respiración.

—Manifestaciones psicológicas con locuacidad, verborrea, euforia inmotivada, confianza con el examinador, jocosidad, llanto, agresividad…” Solórzano Niño, Roberto. Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. Editorial Temis. 2009, págs. 606 y 607.

(15) Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: del 7 de noviembre de 2012, Exp. 37046 y 15 de febrero de 2012, Exp. 21109, M.P. Enrique Gil Botero.

(16) De La Responsabilidad Civil, Tomo I volumen II, Temis, 1996, página 248.

(17) Tratado teórico y práctico de la Responsabilidad Civil, Hermanos Mazeaud Tunc. Tomo II, página 38.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2000, Exp. 11190, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(19) Folio 2 del cdno. ppal. Tribunal.

(20) Día en que culminó la incapacidad por fractura de tibia, según certificado que obra a folio 23 del cdno ppal. Tribunal

(21) Folio 76 del cdno. ppal. Tribunal.

(22) Según póliza Nº 0036688 del 17 de marzo de 1993. Folio 76 cdno. ppal. Tribunal.

(23) Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2011, Exp. 21854, M.P. Enrique Gil Botero.